Editoriales y Opiniones

El 8 de mayo, UCA Editores presentó el libro Convivir a través de las fronteras, de la estadounidense Lynnette Arnold. Entre las innumerables virtudes del libro hay algunas que conviene remarcar. Por un lado, la obra contribuyen desmontar estigmas sobre la migración; y, por otro, combate narrativas ideologizadas sobre el papel del migrante. En esta línea, Arnold pone en evidencia cómo los discursos dominantes sobre la migración en El Salvador maximizan el rol proveedor de las personas migrantes, otorgándole un significado ético-moral a este rasgo de la identidad migrante. Así, el migrante que envía remesas es un buen salvadoreño que no olvida a su familia, mientras que el que no lo hace es egoísta.

Estas narrativas ocultan que las clases dominantes en los países de origen se ven beneficiadas de esta representación. Es decir, ocultan que a través de las remesas se subsidia a Estados que no garantizan derechos sociales básicos, como el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno y a una alimentación adecuada. El envío de remesas es premiado socialmente por los discursos dominantes porque evita o reduce el impacto del encarecimiento del costo de la vida, la ausencia de oportunidades de trabajo digno y la precariedad creciente de los sistemas de protección social. Con ello se evita el surgimiento de crisis humanitarias y de conflictividad social que pueden hacer tambalear la estabilidad política.

Esto es posible observarlo en la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, aprobada en 2025. La normativa da facilidades administrativas y procesales a los migrantes que traen dinero y bienes materiales, mientras que a aquellos que regresan sin recursos se les dedican muy pocos artículos y no se define con precisión el trato que les brindará el Estado. Por otra parte, las más recientes reformas electorales que le asignan escaños a la diáspora facilitan otra acción unidireccional: los migrantes dan sus votos y con ello suman poder político a un partido. Esto mientras el Estado salvadoreño no se pronuncia sobre la persecución que sufren los migrantes a manos del ICE ni sobre el próximo vencimiento del TPS para nuestros connacionales.

Ciertamente, estos discursos sobre la migración no son nuevos, han estado presentes en los últimos treinta años. Ese plazo nos permite entender que, igual que en Estados Unidos, el discurso sobre migración no es consecuencia de una agenda de los partidos políticos, sino de algo más profundo: el beneficio que obtienen las élites globales del trabajo de los migrantes, una mano de obra barata sin beneficios sociales.

Lynnette Arnold muestra que la comunicación entre los migrantes y sus familiares que permanecen en el país de origen constituye un espacio de resistencia en el que se combate estos discursos dominantes. Una resistencia que se realiza a través de prácticas de cuido diversas y multidireccionales, en las que el objetivo prioritario es mantener los lazos familiares a través de las fronteras, no el dinero.

El abordaje es inspirador porque evidencia, una vez más, que es la gente, las familias y las comunidades las que muestran el camino para resistir y transformar las desigualdades, mientras que las clases dominantes y el Estado las reproducen.

* Jorge Rodríguez, coordinador del Servicio Jesuita con Migrantes.

La construcción de un centro de ferias y convenciones en El Espino, una zona de recarga hídrica estratégica y, por eso, protegida, suscitó protestas y polémica. El oficialismo entró al quite. Uno de sus ministros alegó que no deforestarían. Pero las imágenes muestran lo contrario. La embajada de China, patrocinadora del proyecto, especificó que solo afectarían una tercera parte del bosque y prometió zonas verdes. El ministro apareció entonces sembrando arbolitos junto con sus fans. Mientras tanto, las autoridades responsables de cuidar el impacto ambiental declararon que en este caso ese estudio es “inexistente”. El oficialismo, por tanto, reacciona a las protestas de manera improvisada.

La intervención de uno de los hermanos de Bukele imprimió un carácter delirante a la polémica. Molesto con unos protestantes incapaces de ver lo que a él le parece evidente, señaló que las milpas y las frijoleras de las laderas han deforestado mucho más y, además, rinden poco. Razón no le falta, pero el argumento se queda en las apariencias. El minifundio de las laderas es un fenómeno generalizado desde que la plantación de café, de caña de azúcar y de algodón despojó a los campesinos de la tierra agrícola y los empujó a la tierra marginal, poco apta para la agricultura de subsistencia. La agroexportación no les dejó otra opción.

Otra consecuencia de la concentración de la tierra fértil por la plantación fue la emigración masiva a los suburbios de las ciudades grandes. Aquí tampoco abundaba el empleo formal, pero sí el trabajo informal. Muchos de estos marginados, sobre todo las mujeres, se dedicaron al comercio informal en los antiguos centros de esas ciudades. En la actualidad, la creciente gentrificación de esos espacios los ha vuelto a expulsar. La marginalidad urbana ofreció también la oportunidad de malvivir de la delincuencia, que alcanzó dimensiones insospechadas con la llegada de las pandillas.

Los campesinos no ocuparon las laderas y emigraron a los suburbios urbanos, ni los marginados invadieron sus centros por capricho. No les dejaron alternativa. Tampoco se alimentan de maíz y frijoles por gusto. La dieta balanceada recomendada por el hermano de Bukele no está a su alcance. Los grandes favorecidos por estos desplazamientos siempre han sido una minoría, pero el daño humano y medioambiental causado es incalculable. No solo los campesinos han depredado el medioambiente, también y en mucho mayor medida la plantación. Acaparó y sobrexplotó unos recursos escasos para una población en expansión. El insecticida y los fertilizantes empleados para aumentar la producción dejaron como secuela deficiencia renal crónica en sus trabajadores.

Destanteado por el alcance de la protesta en vísperas de elecciones, el oficialismo es incapaz de comprender las nocivas consecuencias humanas y medioambientales de la agroexportación. Seducido por una nueva modalidad de desarrollo económico, el oficialismo repite el patrón de los agroexportadores del pasado. Persigue y expulsa a las masas marginadas que se refugiaron en la informalidad sin ofrecerles alternativas reales para vivir dignamente. Su marginalidad le incomoda y estorba por ser la otra cara de ese modelo. Los marginados afean, ensucian y degradan los espacios destinados a ser exhibidos como éxitos del modelo de Bukele.

En El Espino o el valle El Ángel se actualiza la exclusión de las mayorías en beneficio de inversionistas deseosos de encontrar nuevas fuentes para aumentar la rentabilidad de sus capitales. El argumento es el mismo de la plantación. El estrés hídrico, las sequías y las inundaciones se ensañarán, tal como suele ocurrir, con las mayorías vulnerables. Todo en nombre del desarrollo, la modernidad y la acumulación acelerada de capital.

La solución propuesta por el hermano de Bukele es tan inconsistente como el análisis. En efecto, en primer lugar, pide concentrar la tierra e introducir tecnología para “sembrar bosques de comida”. Pero para eso necesita una reforma agraria, medida que descarta, quizás por ser de un pasado supuestamente superado. En cualquier caso, omite mencionar que en siete años ninguna dependencia gubernamental ha promovido la agricultura y la ganadería nacional. Tal vez por eso, en segundo lugar, se resigna a seguir importando la inmensa mayoría de los alimentos, lo cual hace al país aún más dependiente del exterior.

La polémica evidencia la consolidación de la desigualdad y la exclusión social. Cada vez es más claro la existencia de dos países muy diferentes. La discusión sobre El Espino delimita claramente sus fronteras. Los menos concentran los medios para llevar una vida cómoda y despreocupada, mientras que los demás son descartables. Ideal sería que desaparecieran y así dejaran de estorbar. En El Salvador de Bukele no tienen posibilidades para vivir dignamente.

Sin embargo, en los tiempos prelectorales que corren, el oficialismo visita sus “territorios” cargado de pequeños obsequios, necesarios porque falta de todo, pero insuficientes, dado que la precariedad es estructural. Busca congraciarse con sus habitantes, pues sus votos son requeridos para mantener la ficción democrática.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El delegado socioambiental de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, padre Agnaldo Junior, advirtió que la minería y la deforestación constituyen algunas de las principales amenazas ambientales que enfrenta la región, en un contexto marcado por el agravamiento del cambio climático y sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables.

Ha llegado el turno de la ley y el orden. Así lo anunció el mismo Bukele en la inauguración de otra infraestructura. Una vez cerrado el capítulo de las pandillas y elevada la educación y la salud pública a niveles nunca vistos, Bukele se dispone ahora a convertir a El Salvador en “el país de la ley y el orden”. Una deuda pendiente con la ciudadanía y una aspiración de muchos, nacionales, expatriados e inversionistas. Pero la experiencia con la retórica presidencial recomienda cautela. Es más fácil proclamar el imperio de la ley y el orden que llevarlo a cabo.

Los presupuestos de este imperio aconsejan reserva. Es cierto que el hurto de artículos de poco valor, la estafa, la contaminación ambiental y la corrupción persisten. Pero no es cierto que “el crimen violento” haya sido eliminado. El homicidio, el feminicidio, la violación y la desaparición tienen menos incidencia, pero todavía ocurren. Las estadísticas oficiales y la denuncia pública así lo demuestran. El que hayan sido tratados con displicencia no significa que hayan desaparecido. A veces, los mismos fiscales, a quienes Bukele ha encomendado implantar la ley y el orden, desatienden las denuncias y maltratan a los denunciantes.

Tampoco se han esmerado en perseguir las estafas como lo evidencian las cooperativas de ahorro saqueadas, alguna de ellas vinculada a las municipalidades y los funcionarios del régimen. El crimen ambiental lo desconocen. Más aún, el mismo poder ejecutivo facilita la deforestación para abrir espacio al cemento y al asfalto. La contaminación de las aguas y el aire es irrelevante. La corrupción, ya ni se diga. Es difícil pensar que un discurso de ocasión pueda transformar la condescendencia actual en una persecución del delito tan implacable como la desatada contra las pandillas. Si estas son terroristas, los delincuentes en gran escala no están lejos.

Sin embargo, Bukele pretende “eliminar todos los delitos”, es decir, recrear el paraíso antes de la caída del país. El deseo responde a una aspiración profundamente humana, pero está fuera de su alcance. Dado que reproducir el paraíso es una quimera, la propuesta puede interpretarse como una licencia retórica, lanzada en un arranque de entusiasmo.

Siempre habrá homicidas, estafadores, corruptos y toda clase de crímenes. El desafío consiste, por tanto, en prevenirlos y en perseguirlos. Un primer paso indispensable es levantar el tupido velo que cubre la actividad gubernamental para que reluzca la realidad, lo cual evitaría la especulación y las burlas. La escueta publicación del patrimonio de los altos funcionarios —forzada por el FMI, no por compromiso con la transparencia— ha sido suficiente para suscitar preguntas inquietantes. Algunas de esas declaraciones están claramente maquilladas.

En estas declaraciones, los fiscales tienen pistas para poner manos a la obra y cumplir el encargo de Bukele. También encuentran indicios en las investigaciones de la prensa independiente y en las revelaciones que circulan en las redes digitales para abrir expedientes contra algunos de los delincuentes más connotados. Conviene comenzar por los grandes para que no quede duda alguna del compromiso de Bukele con la erradicación del delito.

Sin embargo, la ley y el orden solo imperarán si superan dos obstáculos gigantescos. El primero pone a prueba la voluntad política, ya que, sin duda, la lucha contra el delito sentará en el banquillo de los acusados a altos funcionarios y empresarios poderosos. Por lo general, cercanos a la familia gobernante. La exposición pública de sus enredos, intrigas y negocios turbios atenta contra uno de los pilares que la sostienen. ¿Está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en la imposición de la ley y el orden? La acción policial y fiscal tiene la palabra.

El segundo obstáculo es el régimen de excepción, otro de los fundamentos del orden establecido. En sí mismo, el régimen está reñido con la ley y el orden, porque opera de forma arbitraria y violenta. La lucha contra el delito en todas sus formas requiere independencia de poderes, observancia estricta de la institucionalidad y respeto de la dignidad y la libertad humanas. Si el compromiso con la ley y el orden son auténticos, el régimen de excepción debe ser derogado de inmediato y los desaguisados constitucionales y jurídicos introducidos bajo su protección deben ser corregidos. Esto no significa liberar a los criminales detenidos, pero sí cambiar radicalmente la manera de gobernar.

Imponer la ley y el orden de forma ejemplar para el mundo es una empresa demasiado radical para ser creíble. Sería el final de la arbitrariedad y del desorden reinantes desde 2019. No sería extraño que Bukele no haya sopesado las consecuencias del contenido de su discurso. Quizás le pareció que el tema de la ley y el orden era sugerente para inaugurar el nuevo edificio de una Fiscalía que fiscaliza poco y retorcidamente. Un acto más de propaganda. Una de tantas promesas de los tiempos preelectorales.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Uno de los poemas más conocidos de Robert Frost, “El camino no elegido”, plantea la imagen de dos vías divergentes. Si bien buena parte de sus lectores interpretaron los versos como una defensa de la decisión de buscar el propio destino, algunos críticos señalan un posible trasfondo irónico: cada camino tiene elementos similares al otro, por lo que siempre permanece la duda sobre lo que se perdió al optar por una ruta y no otra.

Este 15 de mayo, el papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica humanitas, en la que señala que, gracias a los avances digitales y la globalización de la inteligencia artificial, la humanidad se encuentra ante dos caminos: uno conduce a Babel, una ciudad deshumanizada y sin Dios, cuando se priorizan las ganancias sobre la equidad y la dignidad, y se reduce a las personas a meros datos. Con voz firme, el papa advierte sobre una dinámica de polarización que divide comunidades, elimina los límites éticos y está al servicio de la concentración del poder. Frente a este camino, el papa señala otro. Lo denomina el camino hacia Jerusalén, una urbe en la que Dios está en el centro, donde se reconocen la diversidad como una riqueza, y el diálogo, la escucha y la fraternidad como dones.

Al igual que otros países, El Salvador se enfrenta a esa disyuntiva. De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2023), es muy marcada la diferencia de acceso a internet entre el área urbana, donde el 51% de los hogares tiene conexión, y las zonas rurales, en las que apenas el 13% la tiene. Si se considera que buena parte de la educación y de los servicios de salud del futuro dependerán de ese acceso, es necesario que el Estado facilite una conexión gratuita y de calidad; sin ello, se profundizarán las desigualdades en el acceso a la salud y la educación.

Pero el camino a Jerusalén, hacia una tecnología que recupera lo mejor de la naturaleza humana, requiere no solo conexión. Implica también una discusión profunda de los recursos naturales necesarios para generar y mantener las tecnologías. La tecnología digital requiere explotar la tierra, minar cobre y tierras raras... El calentamiento global es una muestra de las consecuencias de explotar intensivamente los recursos naturales. Le corresponde a la ciudadanía exigirle a las autoridades que formulen y sometan a debate políticas públicas y cuerpos legales que regulen las tecnologías en función de una sociedad más humana.

En los últimos cinco años, El Salvador ha aprobado al menos cinco leyes relacionadas con el ámbito digital y tecnológico: la Ley Bitcoin (2021), la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data (2021), la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (2021), la Ley de Emisión de Activos Digitales (2024) y la Ley de Creación de la Autoridad Nacional Digital (2025). Pese a su aprobación —sin debate multisectorial—, las estafas digitales se han multiplicado y muchos datos personales circulan sin mayor restricción.

El papa insiste en el peligro de que las tecnologías del universo digital queden al servicio de los sectores privilegiados, sirvan para explotar a los sectores vulnerables y empeoren la situación de los excluidos por el sistema. León XIV llama a tomar el camino que protege la dignidad humana, no concentra la tecnología en pocas manos y exige construir códigos éticos compartidos en comunidad.

La mayor fortaleza de una autoridad electoral es la credibilidad y la mejor garantía de unos comicios, la integridad electoral. Pero, de momento, ambos elementos están bajo mínimos. Diversas decisiones recientes han debilitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus áreas mejor capacitadas y con más experiencia en la organización de comicios han sido desmanteladas; las escasas voces que ocasionalmente hablan en nombre de la autoridad electoral han evidenciado inconsistencias o vacíos en temas técnicos vinculados a la organización electoral.

Por otra parte, desde el fin de la guerra, nunca antes el Plan General de Elecciones había sido objeto de reserva de información. Ahora se ha limitado el acceso a datos específicos del presupuesto y de los participantes en los 24 programas que se pondrán en marcha en las próximas elecciones. Esta información era pública en anteriores administraciones; ahora permanece clasificada, al igual que cientos de documentos de otras carteras de Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.

La integridad electoral es característica de todo proceso que garantiza, antes, durante y después de las elecciones, transparencia administrativa, una campaña en igualdad de condiciones para todos los participantes e imparcialidad de la autoridad electoral, de manera que el resultado de los comicios responda a la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. El Salvador se ha alejado de esos estándares. En las elecciones de 2024 se hicieron reformas legales y constitucionales que derivaron en una concentración de poder. Y el proceso para las elecciones de 2027 sigue la misma línea, acentuándola.

A menos de un año de las elecciones, se han aplicado reformas al Código Electoral, a la Constitución de la República y a otras leyes. La Asamblea Legislativa reformó el 14 de mayo pasado el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, para crear una circunscripción electoral en el extranjero que asigna seis plazas a diputados de la diáspora. De acuerdo con el discurso oficial, esto se hace para darle representación a los compatriotas que viven en el exterior. Para no aumentar el número de curules (60), se le restarán cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad; así, el primero pasará a tener 11 diputados y el segundo, 6. Según se argumenta, esto responde a que son los departamentos más poblados.

El derecho a la participación de la diáspora en las decisiones del país no se discute, pero hasta el momento ninguno de los diputados que votaron por la reforma ha explicado cuáles fueron los criterios con base en los cuales se tomó esa decisión. El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales dijo no conocerlos porque no participó en la decisión y el proponente de las reformas, un ministro, ni siquiera fue invitado a la sesión de los diputados para que explicara. Ante esta falta de argumentos técnicos o legales, cabe interpretar que la decisión responde más bien a criterios políticos.

La bancada oficialista también reformó el artículo 208 de la Constitución, que contiene el mecanismo de elección de los cinco magistrados del TSE. El argumento fue la despartidización del Tribunal. La reforma establece que ya no serán los tres partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial los que propongan a los tres primeros magistrados (incluyendo al presidente). Ahora será el pleno de la Asamblea Legislativa el que los proponga y elija. A los dos magistrados restantes los seguirá proponiendo la Corte Suprema de Justicia. La despartidización siempre ha sido una aspiración de los actores democráticos de la sociedad civil. El problema es que, por su propia naturaleza, la Asamblea Legislativa es partidaria y la deliberación y el debate plural tienen escasa presencia en su dinámica interna.

En definitiva, por efecto de continuas y profundas reformas legales y constitucionales, el sistema político parece avanzar hacia un esquema de partido hegemónico. En este contexto, es poco realista depositar expectativas de cambio en las próximas elecciones.

Tema: San Salvador Centro, principales necesidades y retos desde la gestión municipal

Invitada : Alejandro Nóchez, concejal de ARENA por San Salvador Centro

⏰Transmisión en vivo - 7:00 A.M

La canción de amor a la diáspora tiene notas falsas. En vísperas de las elecciones de 2027, Bukele ordenó concederle representación legislativa. La justificación es una declaración de amor. Le otorgó seis escaños en reconocimiento por sus “aportes” para “influir en temas graves como migración, inversión, derechos ciudadanos y vínculos con los países donde reside”. Además de canalizar las demandas de la diáspora, los legisladores que la representen le rendirán cuentas de su gestión.

El régimen, según su exposición de motivos, desea que los representantes de la diáspora participen en la elaboración de la legislación. Podrán opinar sobre la gestión gubernamental y discutir, reformar o rechazar los anteproyectos de ley de Casa Presidencial o presentar los propios. Bukele ofrece a la representación de menos de un millón de salvadoreños registrados unas libertades que niega a la de los seis millones residentes en el país. Incluso deberán rendir cuentas a sus electores, cosa que estos últimos no hacen. Ni siquiera tienen la cortesía de recibir sus peticiones.

El reconocimiento de la diáspora es una farsa. Es dudoso que el régimen tolere libertad de pensamiento y de expresión a sus diputados. No solo porque el poder absoluto sería puesto en entredicho, sino también porque algunos legisladores locales podrían seguir su ejemplo y, en ese caso, la Asamblea se le saldría de las manos. La diáspora está invitada a participar en “la construcción del futuro del país”. No en la que sus representantes pudieran desear, sino en la de Bukele, el único constructor. Esa es la respuesta a la pregunta por la agenda de los diputados de la diáspora.

Prueba de ello es la reforma de la Constitución para crear el llamado “Departamento 15”. La modificación no fue consultada, estudiada, ni mucho menos discutida. La aprobación fue inmediata y desde la ignorancia. Los diputados crearon la circunscripción sin conocer cuántos representantes le asignarían y de dónde procederían. Al final, redujeron la representación de los dos departamentos más poblados. Tampoco consideraron la espinosa cuestión de la representación proporcional. Detalles insignificantes para quienes su cometido es satisfacer los deseos de Bukele.

Una prueba adicional es la profundización partidista del órgano rector de las elecciones. Al igual que en la novedad anterior, el partido oficial, el único que cuenta, se adjudicó el control total de dicho órgano. Así, el oficialismo dejó pasar una oportunidad para separar las funciones administrativas y las jurisdiccionales de dicho tribunal, una reforma pedida desde hace tiempo. La institucionalidad no interesa, sino el control total para mantener las riendas del Estado en manos de la familia gobernante.

Esta es la razón de fondo de la inclusión de la diáspora en la legislatura. Bukele no tiene ningún interés en “ampliar y profundizar la participación política” de los expatriados. Tampoco aprecia sus experiencias en una sociedad del primer mundo. Desprecia su formación académica y su experticia en las nuevas tecnologías, su capacidad empresarial y su potencial para invertir, y su visión del desarrollo territorial, crucial para el bienestar de la familia que dejaron atrás.

A Bukele solo le interesa preservar la mayoría legislativa. La representatividad es una excusa. Prueba de ello es que los seis escaños asignados provienen de los dos únicos departamentos donde la oposición tiene representación en la actualidad. No es extraño tampoco que más de un diputado oficialista, no residente en el exterior, ya haya lanzado su candidatura para ocupar uno de esos escaños. La curul liberada será ocupada por otro alfil de Bukele.

Si acaso alguno se siente tentado y acepta la invitación con la idea de introducir novedades políticas, sociales o económicas en el país, pronto descubrirá su error. En todo caso, es poco probable que un expatriado bien establecido, aun con ambiciones políticas, esté dispuesto a abandonar sus comodidades para trasladarse al país y participar en las plenarias semanales solo para puyar un botón. El amor a Bukele no da para tanto.

Los salvadoreños residentes en Estados Unidos no necesitan esa representación. A ellos les afecta la legislación estadounidense, no la salvadoreña. Viven, trabajan, ahorran, invierten y pagan impuestos en Estados Unidos, no en El Salvador, a donde vienen de visita o deportados. La mayoría, amenazada por la deportación, que se desvive para sobrevivir y enviar remesas no está interesada en una política que la ignora. A pesar de las mutuas simpatías, Bukele no ha abogado por ella ante Trump. Solo negoció la repatriación de los líderes de las pandillas, esto es, de dirigentes terroristas.

En el mejor de los casos, la representación del Departamento 15 será sui generis. Bukele no está interesado en la diáspora, sino es impedir el avance de la oposición en la legislatura. Se ha vuelto hacia ella porque quizás presiente un descenso sensible en la simpatía y un aumento de la abstención. La lejanía la haría más receptiva a los cantos de sirena.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El jueves 30 de abril, un estudiante de bachillerato de un instituto de una zona semiurbana del departamento de Ahuachapán se presentó puntualmente por la mañana a su centro de estudios.

Como ya es costumbre, en la entrada se encontraba una maestra revisando a los estudiantes el corte de pelo, que llevaran el cincho, las uñas limpias y el uniforme completo. Cuando tocó el turno a este estudiante, la maestra le llamó la atención porque no llevaba los zapatos que le habían dado como parte del paquete escolar.

Según testimonio del muchacho, él le explicó a la maestra que no llevaba dichos zapatos porque eran muy calientes, porque son “como ahulados” y no los aguantaba por el calor. Además, le hizo ver que los que llevaba eran de color negro, de lustrar, como exige el uniforme. Sin embargo, la maestra le replicó que no podía entrar porque no llevaba el uniforme completo.

El estudiante, según cuenta, comenzó a replicarle a la maestra y se enfrascaron en una discusión. A continuación, la maestra llamó a un policía que estaba en el lugar —como también se ha vuelto costumbre— y le dijo que el estudiante era un desobediente, que no andaba vestido como se debe y, además, que era un muchacho malcriado. El policía se llevó al estudiante y lo subió a una patrulla, donde lo tuvieron algún tiempo. Posteriormente, lo trasladaron a las bartolinas de la delegación policial, donde lo encerraron con otros detenidos por diversas razones.

Al darse cuenta del hecho, los familiares fueron apresurados a la estación y comprobaron que estaba detenido. Desde ese jueves se encargaron de llevarle comida en cada tiempo, como les indicó la policía. Preguntaron varias veces a los agentes cuál era el motivo de tenerlo detenido y la respuesta fue escueta: “Por usar palabras inadecuadas”.

Desesperado por la situación de su hijo y temeroso de la suerte que pudiera correr en estos tiempos de incertidumbre, el padre del estudiante buscó el apoyo de un abogado para que le ayudara.

El abogado se mostró dispuesto a hacerlo a cambio de una suma de dinero inalcanzable para la familia, de escasos recursos económicos. Además, le dijo que, para comenzar a trabajar en el caso, necesitaba un adelanto del dinero.

El padre, desesperado, comenzó a buscar dinero entre amigos y conocidos, pobres como él, pero dispuestos a colaborar de acuerdo con su capacidad. Así logró reunir, de poquito en poquito, los honorarios profesionales que el abogado le había solicitado. Con el adelanto solicitado, el abogado puso manos a la obra.

Finalmente, gracias a la gestión del profesional del derecho, el estudiante fue liberado el lunes 4 de mayo por la tarde. La familia recobró la paz, aunque con una deuda que saldar con los amigos que les apoyaron en esos momentos difíciles.

Este hecho real es un ejemplo de las arbitrariedades que se pueden cometer en estos tiempos. Seguramente, algunas personas lo aprobarán, siempre y cuando no se trate de algún familiar cercano suyo.

Con la ley en la mano y en el plano ideal, lo ocurrido con el estudiante es un abuso de autoridad y una detención ilegal.

Ningún reglamento escolar está por encima de la Constitución. No usar los zapatos del paquete escolar no es un delito ni una falta penal. La policía no tiene facultad para detener a una persona por una discusión sobre el uniforme ni por palabras inadecuadas.

En el país, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), ahora “Ley Crecer Juntos”, protege a los menores de detenciones arbitrarias. Además, la privación de libertad que sufrió el estudiante sí es un delito contemplado en la legislación nacional.

Quizá lo más injusto de todo, además del recurso a la policía por parte de la maestra, es el abuso, por parte del abogado, de la desesperación, el sufrimiento y el desconocimiento de la familia del estudiante, que ahora quedó endeudada.

Sin delito, el joven tenía que ser liberado al cumplirse el plazo administrativo o al intervenir una instancia como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, todos estos argumentos serían válidos en un país en el que funcionara la institucionalidad y se respetara la ley. En un país así, la familia del estudiante no tendría que haberse endeudado.

El caso del estudiante es un buen ejemplo de los abusos y las injusticias que se cometen amparados en un Régimen de Excepción y en el cuento de que, militarizando la educación, el país avanzará.

Las comunidades rurales que se hacen cargo de conservar en buen estado sus calles de acceso estarían así demostrando su “agradecimiento al presidente”, a quien le estarían enviando el siguiente mensaje: “Nos encargaremos de nuestros problemas, mientras usted se encarga de darnos seguridad”. A primera vista, la actitud de estas comunidades es una muestra de elevado civismo y de confianza total en Bukele. La interpretación de estas iniciativas comunitarias se atribuyó al ministro de Obras Públicas. Sean o no de él estas afirmaciones, expresan fielmente el sentir y el pensar del régimen. En su brevedad, estas líneas dicen más de lo que parece.

En primer lugar, el portavoz, claramente progubernamental, acepta que esas calles están abandonadas. La cartera de obras públicas no les ha dado mantenimiento, porque la vida de esas comunidades no figura en la agenda presidencial. Ahí no llegan los turistas. El abandono obliga a estas comunidades a hacerse cargo de la conservación de las vías de acceso al exterior. Ellas son las principales afectadas y, por tanto, las más interesadas en contar con accesos transitables.

En segundo lugar, si las comunidades “se encargan de sus problemas” y dado que la seguridad es un hecho consumado, el presidente y sus funcionarios sobran. Asimismo, las comunidades debieran quedar exoneradas de toda clase de impuestos. En un contrasentido que contribuyan con una administración que se ha desentendido de ellas. El dinero liberado lo podrán invertir en su propio bienestar. El abandono de las calles es también abandono de un régimen que no atiende sus demandas ni satisface sus necesidades.

En tercer lugar, estas comunidades son un ejemplo de compromiso, de voluntad y de creatividad. En buen salvadoreño, no solo saben rebuscarse, sino también emplear sus escasos recursos de una forma más eficaz y transparente que el régimen. Es una muestra del poder popular al que tanto teme el oficialismo. Sin embargo, este no las olvida del todo. Pronto las visitará para pedirles el voto. Les repartirá baratijas, como el conquistador del siglo XVI, y les hará promesas imposibles de cumplir. Si al menos les proporcionara los medios, esas comunidades harían un mejor trabajo que los funcionarios.

Defender lo indefendible lleva a posiciones absurdas y delirantes. En este caso, el vocero del régimen convierte la mala gestión del Ministerio de Obras Públicas en una exaltación de Bukele por parte de unas comunidades que se han levantado para llenar el vacío dejado por los funcionarios del régimen. Todo el quehacer gubernamental, incluida la inutilidad, es para la mayor gloria de Bukele.

La misma torpeza equipara abogar por los derechos humanos con defender a terroristas. Según esa lógica surrealista, Mons. Romero sería uno de sus defensores más destacados, ya que abogó por las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Clamó contra la tortura, las desapariciones y los asesinatos. Su compromiso es público y notorio. La ONU declaró el 24 de marzo Día Internacional por el Derecho a la Verdad sobre las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y por la Dignidad de las Víctimas. Es el mismo Mons. Romero que preside el salón principal de Casa Presidencial, bajo el cual Bukele dirige reuniones, pronuncia discursos y agasaja a acaudalados inversionistas extranjeros.

El papa León XIV se acaba de apuntar en la lista de los defensores de los terroristas del oficialismo, pues en su reciente visita a Camerún declaró que las autoridades están llamadas a ser “un puente, nunca un factor de división, incluso ahí donde parece reinar la inseguridad. La seguridad es una prioridad, pero debe ejercerse siempre respetando los derechos humanos, uniendo rigor y magnanimidad, con especial atención a los más vulnerables”. Y agregó: “La paz auténtica nace cuando cada uno se siente protegido”.

Esto no es todo, en el mensaje que dirigió en Illinois con motivo del aniversario de la abolición de la pena de muerte, afirmó “que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera tras la comisión de delitos muy graves”. En consecuencia, pidió “sistemas de detención eficaces que protejan a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no priven por completo a los culpables de la posibilidad de redención”.

La tarea de los defensores de lo indefendible es ardua. Les pagan para intentar sellar las fracturas que se abren constantemente en el modelo de Bukele. No paran nunca. Las crisis son repetitivas. Quizás por eso pierden la perspectiva, incluso la sensatez. No puede ser de otra manera, porque la dirección del modelo es reactiva, no proactiva. Esas energías estarían mejor empleadas en emprender una aproximación constructiva a una realidad nacional que hace agua por varios flancos.

De momento, las construcciones retóricas infundadas e ilógicas son recibidas por quienes se resisten a aceptar una realidad perturbadora, dura y frustrante. Prefieren soñar despiertos, aun cuando vivan engañados.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.