Editoriales y Opiniones

Una semana después de que el Estado salvadoreño fuera señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción -el cual está próximo a cumplir cuatro años en vigencia- y de la denuncia de la existencia de la persecución y criminalización política de personas consideradas opositoras al discurso oficial a partir de 2019, el oficialismo eliminó la prohibición de la cadena perpetua en el país, contenida en el inciso N°2 del artículo 27 de la Cn. De la República.

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su art. 5 así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 10 establecen que la finalidad esencial de las penas privativas de libertad es la reforma y la readaptación social. En esa misma línea, las Reglas Mandela señalan que el sistema penitenciario no debe agravar el sufrimiento inherente a la privación de libertad y debe orientarse a la rehabilitación, garantizando acceso a la salud, educación y trabajo para contribuir a su resocialización. La jurisprudencia interamericana de la Corte IDH ha sostenido que la finalidad resocializadora tiene objetivos concretos como el favorecer el contacto familiar y condiciones que hagan posible la reinserción. Por su parte el mismo marco legal salvadoreño, ha subrayado la readaptación como el eje central del sistema penitenciario.

El día 17 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite aprobó con 59 de 60 votos una reforma al art. 27 de la Cn. de la República la cual elimina la prohibición de las penas perpetuas, afectando “solo a los homicidas, violadores y terroristas”. Esta reforma, como es costumbre desde que Nayib Bukele entró al Ejecutivo en 2019 y, particularmente desde mayo de 2021 con la pérdida del sistema de pesos y contrapesos, fue aprobada sin estudio ni debate previo, y aunque aún está pendiente su ratificación, como es de esperar, esta es inminente. Cabe señalar que la pena máxima de varios delitos fue reformada en 2025, llegando a 60 años para el homicidio agravado, de manera que se elevó el enfoque punitivo del sistema judicial previo a este salto de castigo perpetuo.

Según la sala de prensa de la Asamblea Legislativa el artículo reformado quedaría de la siguiente forma: “Se prohíbe la prisión por deuda, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”. Además, se agregó también que realizarán los cambios pertinentes al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologarlas y “garantizar que no existan vacíos” (Asamblea Legislativa, 2026).

Leyendo entre líneas algunos de los mensajes divulgados por diputados del oficialismo se observan falacias argumentativas que vislumbran el carácter punitivo de la reforma, alejado del orden jurídico respetuoso del Estado de derecho y de derechos humanos, obedeciendo al carácter autoritario del aparataje estatal actual:

“al permitir las penas de cadena perpetua en el país se corrigen décadas de injusticias contra la población que fue víctima de las pandillas. Además, se les devuelve a los ciudadanos el derecho a vivir en paz y sin miedo… El Salvador ha dejado atrás esta era de impunidad. Esta reforma constitucional es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles. Se acabó ese desequilibrio donde se protegían más las garantías del criminal que la vida de las personas honradas” (Declaraciones de Suecey Callejas, Asamblea Legislativa, 2026).

Una reforma de este tipo, que absolutiza el encierro para siempre, vacía de sentido a los sistemas penitenciarios que en la teoría no deben agravar el sufrimiento inherente a la prisión y que deben de proveer de condiciones para la rehabilitación y resocialización, eliminando cualquier incentivo para el cambio personal, educativo o laboral. Esta reforma superpone el carácter irreversible “que jamás vuelvan a caminar por nuestras calles” y lo eleva al rango constitucional, desdibujando el objetivo resocializador del artículo 27 de la Constitución.

Ante este tipo de reformas que se enmarcan aparentemente en la lógica “penal” es necesario ir más allá y obliga a plantearnos cómo se vincula este carácter punitivo vitalicio con la cultura de violencia estructural que ha caracterizado a El Salvador. Si se tiene en cuenta por un lado, que la historia salvadoreña está marcada por la violencia política que ha dejado graves violaciones a derechos humanos impunes hasta la fecha, la violencia social y la perpetrada por los grupos de pandillas, y por otro, una Memoria individual y colectiva debilitada debido a la cultura del negacionismo de la historia muy presente en la actualidad, nos lleva a deducir que la promoción y aceptación de este tipo de reformas, caracterizan a una sociedad que no ha hecho las pases con su pasado violento porque ha preferido “olvidar” aunque esto conlleve más bien, dejar congelada una gran parte de la historia del país la cual requiere de acceso a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.

Es por ello que, las afirmaciones de los diputados en la medida que contravienen la razón de ser de los mecanismos privativos de libertad, posicionan una cultura del olvido impune, ya que este tipo de medidas nos llevan a preguntarnos, ¿qué se está entiendo por justicia? Y yendo más allá: ¿en qué lugar se encuentran las medidas de reparación?

Con todo esto, no se trata de minimizar el daño causado por los homicidios, las violaciones o el terrorismo, sino más bien, cuestionar si este tipo de medidas responden integralmente o no al dolor de las familias y a la necesidad de justicia. En tal sentido, se trata de cuestionarnos qué clase de sociedad queremos ser frente a esos hechos que trastocan las vidas de las poblaciones en condiciones de desigualdad estructural: ¿una abierta a esclarecer la verdad, que protege, previene y repara los daños apegada a los marcos normativos de derechos humanos o, en cambio, una que congela a la persona en su peor acto tanto espacial como temporalmente?

Ante el actual contexto por el que transita El Salvador, esta pregunta podría responderse con facilidad: muchas personas pueden aplaudir la segunda opción, pero ésta contraviene el mandato jurídico internacional y despoja de cualquier principio ético al sentido de la prisión y las penas. Decir, que nadie puede cambiar es un acto de política punitiva que renuncia a la esperanza y a las posibilidades de reinserción.

Cabe señalar que estas reformas se enmarcan en un contexto en el que las detenciones masivas efectuadas contabilizan más de 91,000 en el marco del régimen de excepción, con un saldo de 8,000 personas liberadas con medidas alternas a la detención provisional. Esto se ve agravado con la implementación de juicios masivos ya que podrían dar lugar a la atribución de delitos y una pena perpetua de manera arbitraria a personas inocentes.

La cadena perpetua no es solo una medida punitiva, sobre todo es un indicador de quiénes somos y de qué tipo de sociedad hemos construido pese al histórico de violencia que nos antecede. Si decimos que nadie merece jamás otra oportunidad, se da lugar a la instauración de penas sin horizonte despojando a las personas de su dignidad humana y de su derecho a su rehabilitación a la resocialización. La política criminal puede y debe ser firme, sin embargo, una la firmeza sin horizonte termina llamándose desesperanza. Y ningún Estado que tenga al centro al ser humano, podrá ser respetuoso de los mismos al escoger el castigo vitalicio por sobre la rehabilitación y reinserción social.

En El Salvador, las violaciones de derechos humanos han sido un problema recurrente. Todos los Gobiernos de la posguerra se han resistido de forma sistemática a admitir su existencia, aceptar su responsabilidad directa o indirecta, reconocer sus graves falencias a la hora de proteger a las víctimas y, en suma, asumir su deber de investigar estos graves hechos.

En 2014, por ejemplo, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, negaba la existencia de grupos de exterminio, integrados por agentes policiales y militares dedicados al asesinato de personas acusadas de pertenecer a pandillas. Afirmaba que dentro de las pandillas había grupos que usaban armas largas y operaban con uniformes de la PNC y el ejército. En los años siguientes, diversas instancias comprobaron la existencia de un patrón de actuación dentro de la PNC que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales. Dos administraciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y una relatoría especial de Naciones Unidas confirmaron esta realidad. La misma Fiscalía General de la República desarticuló entre 2016 y 2019 alrededor de 10 estructuras integradas por policías, militares y civiles dedicadas a la eliminación de personas acusadas de ser miembros de pandillas.

Algo similar sucedió con el desplazamiento forzado interno. Durante años, Mauricio Ramírez Landaverde, el entonces ministro de Seguridad, argumentó que en El Salvador no se podía usar ese término “porque no se configuran las características del mismo según el derecho humanitario”. El Estado salvadoreño tardó algunos años en reconocer su existencia, obligado por las abundantes pruebas aportadas por las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a las víctimas. Su reconocimiento fue gradual: primero, a través de una sentencia de 2017 de la Sala de lo Constitucional; luego, el Ministerio de Justicia en 2018; y finalmente, la Asamblea Legislativa en 2020, a través de la emisión de una ley especial que no fue implementada.

Más recientemente, en 2021, el ministro Gustavo Villatoro, el fiscal general y otros funcionarios del oficialismo negaron sistemáticamente la gravedad del problema de la desaparición de personas. Además de negar su importancia, se promovió una narrativa estigmatizante y deslegitimadora: se culpó a las víctimas al decir que la responsabilidad de las desapariciones era de sus padres, se usó el término “ausencias voluntarias” para manipular los datos y se dijo que todo era parte de “una campaña contra las autoridades”.

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue escenario de un nuevo capítulo de negacionismo. Una delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores y el procurador general de la República negaron rotundamente que en El Salvador se criminalice la labor de defensa de derechos humanos, se ejerza coerción hacia las organizaciones de derechos humanos y se cometan desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. Ambos se suman al listado de funcionarios que han desempeñado esta deshonrosa labor: la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Nayib Bukele y Félix Ulloa, entre otros.

Al igual que los del pasado, los actuales funcionarios rechazan la abrumadora evidencia que han aportado las organizaciones de derechos humanos y los señalamientos de los organismos internacionales. Los informes se acumulan a la puerta del Estado, fortaleciendo una verdad que terminará por imponerse.

* Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita con Migrantes.

En El Salvador la desaparición forzada ha estado presente en diferentes contextos históricos y ha sido utilizada tanto por el Estado como por el crimen organizado para reprimir disidencias o generar terror en la población.

En la década de los setenta y ochenta fue una violación de derechos humanos utilizada principalmente por el Estado y sus estructuras paralelas para perseguir y eliminar a todas aquellas personas con ideas contrarias a las oficiales o que pertenecieran a movimientos sociales considerados subversivos. Este hecho violatorio también fue usado por el FMLN, aunque el número de casos identificados fue menor. El Informe de la Comisión de la Verdad registró cerca de 5,000 denuncias de desaparición forzada entre 1980 y 1991, sin que este número deba interpretarse como el universo completo de personas que fueron desaparecidas en este periodo de la historia.

En la posguerra, la desaparición de personas fue usada principalmente por las pandillas como una estrategia de terror ejercida contra la población y también como un mecanismo para evadir la judicialización de los casos de violencia extrema. Funcionó como una válvula de escape en momentos en los que las pandillas tenían un pacto con el gobierno de turno que les comprometía a bajar los homicidios. Solo entre 2009 y 2021, la PNC registró 21,138 denuncias de personas desaparecidas, lo que promedia 1,626 denuncias al año. Aunque se desconoce qué porcentaje de estas personas siguen desaparecidas, actualmente hay muchos colectivos de familiares que siguen en labores de búsqueda.

La desaparición de migrantes en la ruta migratoria hacia Estados Unidos es otro de los flagelos de nuestro país. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) ha registrado 471 casos de migrantes salvadoreños no localizados desde 2010, por otro lado, también reporta 84 personas salvadoreñas localizadas sin vida. Por su parte, la Organización Mundial de Migración (OIM) registra 274 salvadoreños desaparecidos o fallecidos desde 2014 hasta 2025. Sin embargo, por la misma naturaleza del contexto de estas desapariciones, es decir ocurridas en el marco del tránsito irregular donde las personas buscan evadir a las autoridades para evitar ser detenidos, es claro que el número debe ser considerablemente más alto.

Más recientemente, el Régimen de Excepción ha sido el escenario en donde el Estado vuelve a asumir un papel activo en esta grave violación de derechos humanos. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) registró en su informe la existencia de 540 casos de desaparición forzada entre marzo de 2022 y febrero de 2025. Al respecto de estos casos, las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas denunciaron que existen diversos patrones de actuación de las autoridades como, por ejemplo, la captura de su familiar, seguida de la negación de información a las familias, el no reconocimiento de la detención, lo que se traduce en la incertidumbre sobre el paradero de la persona detenida. A ello se suma, el régimen de incomunicación al que son sometidas las personas privadas de libertad y sus familias y la existencia de fosas comunes donde son sepultados algunos privados de libertad fallecidos sin que sea informado oportunamente a las familias.

Finalmente, la desaparición de migrantes en el retorno ha sido una realidad emergente en los últimos dos años. En un artículo reciente se evidenciaba cómo más de 30 salvadoreños habían sido totalmente invisibilizados en el marco de la deportación y detención arbitraria a la que fueron sometidos los migrantes venezolanos entre marzo y abril del 2025. Sin información clara sobre los procedimientos aplicados con ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaba sobre el grave riesgo de daño irreparable en el que se encontraban cinco de estos migrantes detenidos.

No faltará quien diga que la mayoría de estas desapariciones “son cosa del pasado”, que ahora en El Salvador “estos problemas han sido superados”. Nada más alejado de la realidad, por definición la desaparición forzada es un delito continuado, perdura en el tiempo mientras la persona no sea localizada, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Independientemente de si la desaparición inició en los setentas como parte de las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado, o si fue en los años 2000 fruto de la violencia generalizada ocasionada por las pandillas, o si fue más recientemente en el marco del régimen, existe una responsabilidad compartida entre aquellos que permitieron estas desapariciones al fallar en su deber de protección y quienes ahora fallan por su negligencia a la hora de investigar y esclarecer todos los casos de desaparición forzada.

Mientras las víctimas no sean localizadas, los perpetradores no sean juzgados y existan familias incompletas en El Salvador, habrá miles de deudas pendientes con la justicia y la verdad.

Hasta ahora, uno de los principios básicos de Bukele había sido que El Salvador es libre, soberano e independiente. Se vendía, pues, como un nacionalista puro. En Miami, como ya es usual en él, hizo lo contrario. Trump le dictó, junto a otros once mandatarios latinoamericanos, lo que debe hacer y cómo hacerlo. Todos aceptaron sumisamente sus órdenes. Todos son ideológicamente afines a él, es decir, tienden al absolutismo y confían ciegamente en el uso de la violencia pública. Todos sonrieron cuando se mofó del español y guardaron silencio cuando se refirió a América Latina como “nuestra región”. Y todos se alinearon con él desde el comienzo. México, Colombia y Brasil, más dignas e independientes, no fueron invitadas, pese a que las dos primeras han colaborado estrechamente con Washington para combatir los carteles de la droga y que necesitará de todas ellas para alcanzar sus objetivos.

Trump impuso tres tareas a sus invitados. En primer lugar, les ordenó integrar una alianza militar para desatar el poder de fuego de sus ejércitos contra los carteles de la droga y sus redes terroristas, en una guerra de aniquilación total. Por su parte, les prometió entrenamiento militar y movilizar a los ejércitos aliados a terceros países. En consecuencia, el ejército salvadoreño ha quedado bajo las órdenes de Trump. Será interesante comprobar cómo combate a las fuerzas armadas de los carteles de Ecuador, las cuales no se entregarán sin luchar tal como lo hicieron las pandillas nacionales. En Haití, no se ha destacado militarmente.

En segundo lugar, les exigió detener la emigración y aceptar a los inmigrantes capturados y deportados por la fuerza represiva estadounidense, un trabajo que Bukele ha hecho satisfactoriamente. Frenar la emigración nacional hacia el norte es bastante más complicado, porque para cumplir con el encargo Bukele tendría que dar motivos creíbles a los miles que acarician la idea de abandonar el país, como elevar sustancialmente su nivel de vida e infundirles confianza en unas fuerzas de seguridad que temen tanto como a las pandillas y en una administración de justicia desacreditada.

En tercer lugar, les mandó detener la expansión de la inversión y la ayuda de China. En los últimos años, el intercambio de bienes y servicios entre América Latina y China ha alcanzado cotas inéditas. La orden representa un desafío grande para un Bukele que depende de China para construir megaestructuras como la nueva biblioteca, orgullo del centro de la capital, y el estadio más grande de Centroamérica, o de donaciones como dispositivos electrónicos para las escuelas. Las actuales relaciones cercanas y cálidas deberán enfriarse, a pesar de que Washington no es tan generosa como Beijín. Trump dejó claro a sus invitados que “deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental”, es decir, de China.

La entrega de la soberanía nacional fue recompensada con creces. Trump se deshizo en halagos a Bukele. Ninguno de los otros mandatarios presentes, ni siquiera el argentino, fue honrado como él. Lo colocaron a la derecha de Trump en la fotografía oficial de la cumbre, desplazando a un lugar secundario al presidente chileno, y aquel lo llamó “cercano”, “amigo”, “apuesto” y, sobre todo, que gobierna tal como a él le gusta. Tal vez no sea casualidad que Bukele haya sido el primero en proponer la construcción de un escudo de las Américas durante la visita del presidente de Costa Rica en noviembre pasado. Bukele no podía pedir más. En Miami, fue declarado formalmente el presidente ideal del imperialismo de nuevo cuño.

El reconocimiento es, sin embargo, exclusivamente personal, una exaltación del ego presidencial. Bukele no ha usado su envidiable posición para abogar por la diáspora vulnerable a una deportación violenta. Quizás por temor a que la reprimenda de Trump haga añicos su imagen ejemplar. Quizás porque él también piensa que estos inmigrantes son gentes malas, criminales y traficantes, que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Por tanto, merecen la deportación y la cárcel. Al parecer, Bukele y los suyos solo se sienten a gusto con la diáspora próspera y legal, que los admira y les da el voto, pero que no tiene la intención de residir en el país.

América Latina no se ha librado de la destrucción de su institucionalidad regional. Trump, igual que Bukele, la desprecia. Prefiere rodearse de mandatarios afines y obedientes, como los reunidos en Miami. Los doce mandatarios presentes más los otros cinco que suscribieron la alianza deben tener claro que Trump no la creó para promover el bienestar y la seguridad de sus naciones, sino para servirse de ella según sus conveniencias.

El imperio estadounidense está de regreso, pero en una versión más brutal que la del siglo pasado. Y, al igual que entonces, con la colaboración activa de latinoamericanos que ingenuamente se entregan en sus brazos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Según los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), al cierre del año 2025, 61 de cada 100 salvadoreños opinaron que el país estaba mejor en comparación con 2024. No obstante, la percepción sobre la situación económica del país muestra otro panorama: solo 32 de cada 100 salvadoreños consideraron que la economía mejoró, 29 de cada 100 opinaron que empeoró y 38 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual.

Ante este escenario es importante preguntarse quiénes se están beneficiando de los actuales planes económicos. Aunque la economía está creciendo a un mayor ritmo que en las administraciones anteriores, la situación de muchas familias apunta a que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera equitativa.

Al respecto, la encuesta revela diversidad de percepciones sobre la situación económica familiar. Al cierre de 2025, 31 de cada 100 salvadoreños percibieron mejoras en la economía de su hogar, 14 de cada 100 consideraron que su situación empeoró y 55 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual. Un hallazgo importante es que incluso entre los que perciben mejoras en la economía del país, solo la mitad considera que su economía familiar también mejoró, mientras que la otra mitad considera que su situación no cambió o incluso empeoró.

Además, la encuesta señala diferencias importantes entre los hogares al compararlos según sus ingresos. Entre las familias de mayores ingresos (más de $2,000 al mes), 43 de cada 100 afirmaron que la situación económica familiar había mejorado, mientras que entre los hogares de menores ingresos (menos de $180 al mes), solo 22 de cada 100 consideraron lo mismo. Esta diferencia sugiere que las mejoras en la economía no necesariamente se traducen en beneficios para toda la población y que son los sectores más vulnerables los que menos se benefician.

Asimismo, la encuesta muestra que algunos hogares han tenido que recurrir a medidas para mitigar su frágil presupuesto: uno de cada cuatro tiene un negocio de subsistencia; uno de cada cinco cría animales o cultiva algún alimento para consumo del hogar; y uno de cada 10 hogares tiene al menos un miembro con un segundo trabajo para aumentar los ingresos familiares. En este sentido, no sorprende que la economía siga siendo la principal preocupación de la población. Los datos señalan que 48 de cada 100 salvadoreños identificaron el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida y otros aspectos económicos como los principales problemas que enfrenta el país.

A lo anterior se suma el hecho de que tres de cada 10 encuestados mencionaron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes. Esta situación es más aguda en el área rural, donde cuatro de cada 10 personas afirmaron que sus ingresos no son suficientes. Y esta realidad es aún más crítica entre los hogares de menores ingresos, que representan un cuarto de todos los hogares encuestados: seis de cada 10 señalaron que no logran cubrir sus gastos mensuales.

En buena medida, esta opinión ciudadana está relacionada con el incremento sostenido de los precios. Según la encuesta, 64 de cada 100 entrevistados indicaron que el costo de la vida aumentó durante 2025 y 68 de cada 100 afirmaron que el precio de la canasta básica se incrementó. Esto a pesar de que en 2025, según el Banco Central de Reserva, los precios de los alimentos aumentaron solo 1.29%. Sin embargo, esta percepción puede explicarse en parte por el efecto acumulado de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares, ya que entre 2019 y 2025 los precios de los alimentos acumularon un aumento del 28.6%.

En definitiva, la encuesta del Iudop muestra un panorama económico complejo: por un lado, existe una percepción relativamente positiva de la economía del país, pero, por otro, muchas familias continúan afrontando dificultades económicas que comprometen su bienestar. Aunque parte de estas dificultades se inscriben en un contexto internacional complejo, ello no libra al Estado salvadoreño de su deber de garantizar el bienestar económico de toda la población. Ante esto, es importante recordar que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para enfrentar los desafíos estructurales del país. Es clave contar con políticas públicas adecuadamente planificadas que permitan mejorar la situación económica de las familias salvadoreñas, priorizando a quienes han estado históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo.

Rodolfo Cardenal

05/03/2026

La reducción del impuesto al güisqui, al gin y a la ginebra es desconcertante. Las finanzas del Estado no están para reducir ingresos. Los diputados aprobaron la ley en cuestión de horas, sin análisis ni discusión, lo cual deja el campo libre a la especulación sobre la finalidad de la medida. Aparentemente, acomoda las tasas locales a los estándares internacionales, pero pasa por alto, como si fuera un detalle sin importancia, el impacto en la recaudación.

Esta forma de proceder obliga a preguntar para qué y para quién gobierna Bukele. Si el oficialismo hubiera explorado la voluntad del pueblo, probablemente habría encontrado que este preferiría que bajara los impuestos a los licores más populares. Si hubiera ampliado la pregunta, la gente hubiera opinado que sería mucho mejor reducir los impuestos de la canasta básica y los medicamentos.

Este es un caso típico de cómo gobierna la familia Bukele. Reducir el impuesto de licores caros no alivia a unas mayorías que pasan apreturas para llegar a fin de mes. Cualquiera que haya sido el porqué, existen razones de mayor peso para reducir la carga tributaria del pueblo agobiado. En El Salvador de Bukele, como en el de antes, pagan más los que menos ingresos perciben con el pretexto de no desincentivar la inversión.

La desigualdad tributaria clama por una reforma que la haga menos regresiva. En la actualidad, la recaudación es sostenida por los impuestos indirectos —en especial, el impuesto al valor agregado— y por el impuesto directo sobre el salario del trabajador formal. Aun cuando el año pasado la recaudación aumentó, es insuficiente para cumplir con los compromisos financieros adquiridos, los cuales, además, serán mayores en 2027, al vencer el período de gracia de los millones tomados del sistema de pensiones. Por cada cien dólares producidos, el Estado debe 80. No es necesario aguardar al próximo año para comprobar que la falta de liquidez impide financiar de forma adecuada los servicios públicos. La retórica electoral recién pasada prometió que estos servicios serían mejores que los privados.

Esto no es todo. Existen limitaciones internas y externas que reducen aún más el margen de maniobra. Internamente, la economía es más bien pequeña, poco diversificada y muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos y de las remesas. Externamente, es muy vulnerable a desastres naturales y a crisis económicas como las que puede provocar la guerra en el Medio Oriente. El Estado no tiene capacidad para absorber estos impactos. Dicho de otra forma, el modelo de Bukele hace equilibrios en una cuerda floja para no caer al vacío.

La reforma de sistema de pensiones, inviable a corto plazo en los términos actuales, es particularmente crítica, porque, al golpear a los trabajadores formales, puede repercutir en la popularidad de Bukele y en el resultado de las próximas elecciones. Pero sin ella, el FMI puede retirar el salvavidas financiero que lo mantiene a flote. Es inevitable elevar la edad de jubilación, los años de cotización y el aporte del trabajador para, al final, percibir una pensión que no alcanza para adquirir la canasta básica. El pensionado es el gran perdedor.

En 2020-2023, el uno por ciento más rico concentró casi la cuarta parte de la riqueza nacional, mientras que el 10 por ciento se quedó casi con la mitad. En cambio, la mitad de la población se debió conformar con poco menos del 5 por ciento. Esta desigualdad, indiscutible y escandalosa, es al mismo tiempo una oportunidad para comenzar a sanar las finanzas del Estado y a mejorar los servicios públicos. Gravar, por ejemplo, el patrimonio y los activos superiores a cinco millones de dólares solo afectaría a unas 110 personas y aportaría entre unos 500 y 1,500 millones de dólares. El apoyo popular está garantizado, también la cólera de los “perjudicados”.

Los recursos existen; si no se gravan es por falta de voluntad política. La familia Bukele no da el paso porque da por descontado que cuenta con un respaldo popular a toda prueba y porque no puede permitirse que el poder real, enfurecido, decida que ya no la necesita. Sin embargo, este no puede argüir que pagar más ahuyentará la inversión, porque esta no llega, a pesar de que Bukele le ha reducido los impuestos y le ha dado facilidades para operar libremente. Al parecer, el obstáculo no son los impuestos, sino la inseguridad jurídica, la improvisación y la turbiedad de la familia gobernante.

El modelo de Bukele se encuentra en un callejón sin salida. No puede esperar grandes inversiones en una realidad incierta e inestable. Tampoco puede decidirse por uno de esos extremos, porque significaría su fin.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos.

En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país.

Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación.

Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción.

Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

El espectáculo de “la residencia de la Loba” fue reflejo fiel de la realidad nacional. Diversión para las masas e intimidación militar para los inquietos. Sin diversión, la miseria de la vida diaria de esas mayorías sería aún más insoportable y podría poner en peligro la estabilidad del régimen. El despliegue militar es aviso para revoltosos.

Indudablemente, la concentración de multitudes demanda medidas básicas de seguridad, tanto para conciertos como para el futbol. Sin embargo, esa tarea no es competencia del ejército. En los medios se encuentran ejemplos abundantes de ello en países supuestamente mucho menos seguros que El Salvador. Es contradictorio que el cuidado de la multitud en el país más seguro del mundo requiera de un despliegue militar grandioso.

El motivo no es garantizar la vida de la fanaticada, sino la necesidad irresistible del régimen de excepción de aprovechar la concentración de los amantes de la música para mostrar su cara más auténtica, sin remordimientos ni vergüenza. Si multitudes descontentas llegaran a tomarse las calles y plazas, esas mismas fuerzas que brindaron “seguridad” les dispararán sin contemplaciones. El país está militarizado y la diversión también.

Y es que la diversión por atractiva que sea no pone comida en la mesa, ni ofrece empleos dignos, ni garantiza salud, educación y pensiones aceptables. Irónicamente, durante la semana de residencia de la Loba, circularon millones de dólares, en gran parte de fuera. Sin embargo, “el derrame económico”, como el oficialismo ha dado en llamar al negocio del espectáculo, no alcanzó a llegar a los confines de la sociedad. La Loba facturó más de seis millones a su paso por el país. La productora del espectáculo hizo un jugoso negocio. Las empresas de transporte, hostería y restauración, y el comercio tuvieron una semana excepcional.

Las masas también participaron de la fiesta gracias a los pases de cortesía y el transporte facilitados por el Gobierno. Así, llenaron los graderíos de la sección general, mientras que los funcionarios, también con pases gratis, ocuparon la zona VIP. El lleno total de los cinco conciertos ha sido exhibido como prueba irrebatible de la aceptación general del régimen.

Este también acumuló capital político. Usó el paso de la Loba para convertir los conciertos en actos de intensa propaganda. Decoró espacios públicos, desplegó abundante publicidad, proporcionó fuerza de trabajo cautiva y dio toda clase de facilidades. El espectáculo fue cuidadosamente concebido e impecablemente ejecutado. La nutrida concurrencia de turistas centroamericanos, entusiasmada, se deshizo en expresiones de admiración y reconocimiento al régimen de excepción. Las redes digitales se encargaron de multiplicar los elogios en la región. Una dictadura como la de Bukele es buena.

El abultado aporte gubernamental está, pues, justificado. El régimen de excepción exhibió músculo dentro y fuera del país, confirmó a los convencidos, tal vez atrajo a algunos escépticos y previno a los díscolos. Pero la Loba se mantuvo al margen. Guardó distancia del régimen y de Bukele. No residió en el país ni se dejó ver en los lugares emblemáticos de la dictadura. No visitó el despacho presidencial. No hubo sesión de fotografías. Esta frialdad contrasta con la intensa interacción con la multitud. El desplante ha sido silenciado. El régimen se conformó con las ganancias políticas.

Muy distinta fue la reacción ante Honduras, que, inesperadamente, en medio de la fiesta, dio una nota discordante al deslegitimar la universalidad del modelo de Bukele. El ministro de seguridad hondureño lo desechó por no ajustarse a las condiciones territoriales, demográficas, sociopolíticas e institucionales de su país, y por violar los derechos humanos. A juzgar por la reacción, Bukele pretende que su modelo sea adoptado por el mundo mundial. Reclama independencia absoluta para sí, pero demanda seguimiento a los demás.

Desde Roma, León XIV lanzó otra nota disonante; en concreto, para quienes se declaran creyentes, rezan en público y dicen dar gloria a Dios. En su alocución a la Academia Pontificia para la Vida denunció que no todas las vidas son iguales ni respetadas. La salud y la educación no son promovidas ni protegidas de la misma manera para todos. Afirmar lo contrario, dijo, “es hipócrita si ignoramos simultáneamente las causas estructurales y las decisiones operativas que determinan las desigualdades”.

Diversiones como la de la Loba ocultan la realidad. Generan conformidad y, sobre todo, suscitan agradecimiento profundo. Hacen olvidar, al menos por un rato, las penurias de la vida diaria. Y persuaden de que la dictadura es la mejor opción. La aceptación indefinida y el voto que la ratifica parecen asegurados.

El régimen dispone ahora de un valioso capital político que puede invertir confiadamente en la anunciada, y temida, reforma del sistema de pensiones. Tal vez incluso subir los impuestos, en concreto, el del valor agregado, el más regresivo. La medicina amarga pasa más fácilmente envuelta en las mieles de un espectáculo como la residencia de la Loba.

La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado.

Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas.

Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos.

Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas.

La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica.

Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social.

Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo.

Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.

Rodolfo Cardenal

12/02/2026

La popularidad de Bukele tiene vida útil limitada. La transformación repentina del país es casi imposible a corto y mediano plazo. El territorio es pequeño, no dispone de petróleo ni de tierras raras, el medioambiente está devastado y las finanzas públicas bordean la ruina. Las políticas actuales difícilmente pueden superar esos obstáculos. En el momento menos pensado, el desgaste político y social obligará a reconfigurar el poder. No necesariamente con criterios democráticos. La experiencia de la posguerra es aleccionadora.

El desgaste es real, aunque imperceptible para la mayoría confiada en que el rumbo del país es correcto. El deterioro se observa en el sistema educativo y sanitario, según Fudecen, una fundación especializada en el desarrollo regional. El aumento sostenido del gasto en ambos sistemas es innegable, pero no ha redundado en un mejor servicio. Por tanto, el problema no es la inversión, sino la eficiencia. En esto, como en otras áreas, El Salvador muestra un notable retraso en relación con los otros países de la región.

En educación, la distribución de los recursos y la política educativa son ineficientes. En la última década, se redujo la inversión en educación básica para privilegiar programas como Mi Nueva Escuela y su administración. Además, la mayor parte del presupuesto está destinada a salarios, lo cual limita invertir en materiales didácticos o en la alimentación de los estudiantes. La propaganda oficial, muy agitada con el comienzo del año escolar, dice otra cosa. Pero el bajo nivel del aprendizaje es indiscutible.

La ineficiencia del sistema educativo es clara en el campo tecnológico. El capital digital y el acceso a internet son relativamente altos. Sin embargo, no se usan eficazmente en el proceso de aprendizaje. El acceso a la tecnología no redunda en una educación de calidad. No se trata solo de comprar dispositivos, equipos y plataformas, sino también de integrarlos en el proceso de aprendizaje, de capacitar a los docentes y de actualizar los programas a partir de la evidencia y las mejores prácticas internacionales.

En salud ocurre algo parecido. El gasto ha aumentado desde 2017, pero no se refleja en los servicios sanitarios ni en indicadores como la esperanza de vida saludable. El país tiene el sistema más ineficiente de la región, en parte, por la mala asignación del gasto, concentrado en la atención hospitalaria. Mucho más eficaz sería orientarlo a la prevención, la vacunación y la atención primaria, lo cual no requiere aumentar el presupuesto actual. Es una cuestión de eficiencia administrativa.

También en el sistema sanitario tiene dificultades para integrar y aprovechar el cambio tecnológico, lo cual incide en su baja productividad. La inversión en tecnología ha aumentado, pero el sistema no ha podido asumirla eficientemente. Si bien la productividad ha caído en todos los sistemas de la región, el salvadoreño combina el rezago tecnológico con la ineficiencia estructural crónica, lo cual profundiza sus debilidades.

Así, pues, el problema no es la cantidad de dinero asignada a educación y salud, sino en cómo se usa, cuáles son las prioridades y cómo se decide en qué gastar. En educación, el gasto no incide de forma clara en el aprendizaje, pues no llega a las aulas. Se pierde en la estructura administrativa. En salud, el patrón es similar. El gasto se concentra en la atención hospitalaria, quizás por ser más vistosa, pero el impacto de la prevención, la vacunación y la atención primaria es mucho mayor a largo plazo. Una publicidad inteligente puede destacarlo.

Estos datos indican que, suponiendo la existencia de buena voluntad, los responsables de la educación y la salud no están capacitados para desempeñar las responsabilidades asignadas. La inversión óptima requiere organización ágil y uso eficiente de los recursos, incluida la rendición de cuentas. Pero la prioridad del régimen es conservar el poder. Ha sacrificado la eficiencia, inseparable del pensamiento independiente y crítico, en aras de la lealtad incondicional, pese a los elevados costos para la población. La visión de la realidad nacional es cortoplacista y miope.

La aceptación de Bukele está amenazada permanentemente por la ineficiencia de su gestión, aun cuando la lealtad sumisa de sus colaboradores hipoteca su futuro a mediano y largo plazo. Cuando la diversión ya no haga tolerable el peso creciente de la pobreza y la exclusión, y cuando los sectores empobrecidos y descartados pierdan el miedo al régimen de excepción, como en el Irán actual, los estallidos de descontento popular pondrán en entredicho la viabilidad de la dictadura familiar.

Entonces, el poder que la sostiene deberá decidir si la reemplaza. No por ética política ni por amor al pueblo, sino por su disfuncionalidad. En ese momento, el relato actual cambiará. Los que hoy la aceptan ciegamente, así como lo hicieron con los regímenes anteriores, hablarán, como en Venezuela, de transición, de estabilidad, de institucionalidad, de orden constitucional y de democracia. Así suele ser el final del poder absoluto de una sola persona.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.