Editoriales y Opiniones

El modelo Bukele es tan atractivo como inimitable. Los autocráticos lo admiran y lo envidian. Quisieran reproducirlo en sus países. Pero la imitación no es tan sencilla como parece. No es solo una cuestión de voluntad política. Implica desmontar la institucionalidad democrática e implantar una dictadura. Puestos a ello, la empresa no es imposible, incluso en países donde esa institucionalidad es sólida como Costa Rica, Chile o Estados Unidos. Lo que no es viable es una actividad económica vigorosa sin garantías democráticas.

Por otro lado, las razones esgrimidas para imitar el modelo de Bukele son falsas. Sus promotores alegan el descontrol de la delincuencia y la inmigración. Asimilan la delincuencia común con el crimen organizado y la inmigración con el caos. Sin fundamento les atribuyen el origen de los males de sus países, obviando su origen estructural. Los líderes autocráticos dramatizan el impacto de la delincuencia y la inmigración para explotar el miedo del electorado, porque carecen de propuesta para enfrentar el estancamiento económico y la frustración sociopolítica.

En cualquier caso, el modelo de Bukele no es política y éticamente sano. Es, sin duda, atractivo, pero engañoso. Se empeña en romper con el pasado, porque imagina que el presente heredado es obsoleto e irrecuperable, y que puede reemplazarlo por otro totalmente nuevo, libre de los vicios antiguos y de la dominación de terceros, y dotado de una identidad y una moral superiores. Las criptomonedas y las multinacionales tecnológicas son las primeras señales de lo que estaría por llegar.

El modelo de Bukele adolece de una distorsión cognitiva, que deriva en espirales de pesimismo catastrofista. Una tendencia compartida por una elite multimillonaria vinculada a las tecnologías emergentes. Estos magnates se sienten acorralados por enemigos, que les provocan ansiedades insoportables. Aspiran a construir una sociedad basada en la tecnología sin regulaciones ni control alguno. En consecuencia, tienden a dejar en libertad a la inteligencia artificial, en la que confían ciegamente. Bukele les ha entregado la educación y la salud públicas. La responsabilidad social es un estorbo insoportable.

Lo que las multinacionales tecnológicas y los libertarios no dicen es que estos experimentos les reportan ganancias abultadas. En la práctica, el proyecto es tan totalitario como aquel del que dicen querer escapar. Rechazan la intervención externa en sus negocios, pero aplauden la aventura imperialista en Venezuela. La consistencia no es su fuerte.

Esta elite, desorientada y confundida, afirma haber encontrado en El Salvador de Bukele un lugar seguro para escapar de las amenazas y las atrocidades del mundo actual. Tiene razones para pensar que ha dado con el sitio ideal. La señal luminosa que les indicó que Bukele era el elegido fue la legalización del bitcoin. Está convencida de que El Salvador de Bukele es un refugio inmejorable para desarrollar sus negocios y agrandar su riqueza con total libertad. Por el momento, se les antoja como el lugar idóneo para echar raíces.

Las ideas más descabelladas encuentran eco en Bukele o en alguno de sus hermanos, dependiendo de qué se trate. Estos les han abierto las puertas del país, les han facilitado contactos, les han ofrecido oportunidades para establecerse y vender sus servicios y productos, y les han dado toda clase de facilidades, incluso legales como en los casos de las criptomonedas, la inversión y la salud pública, cuyas leyes fueron elaboradas a la medida por algunos de estos magnates extranjeros.

No es claro si estos utilizan a Bukele para poner a prueba sus ideas extravagantes y aumentar sus millones, o si aquel se vale de estos para realizar sus sueños de grandeza. Los magnates ganan si sus experimentos son exitosos. Si no satisfacen sus expectativas, abandonan el país y buscan otro sitio. Algunos llegaron atraídos por los cantos de sirena de la dictadura. Cuando descubrieron que habían sido seducidos, se fueron así como llegaron. Si los Bukele fracasan, tampoco perderán, porque los recursos empeñados no son los suyos, que están a buen recaudo, sino los del país.

El modelo de Bukele no es tan sólido como parece. Su vigencia depende de la conservación del poder acumulado. El modelo es un régimen de excepción permanente. Por eso, los Bukele priorizan la lealtad sobre la competencia. Son convincentes en la promoción y la promesa, pero han demostrado poca capacidad para la ejecución. Incapaces de proyectar a mediano y largo plazo, improvisan sobre la marcha, siempre cuidando de no poner en peligro su poder.

El resultado de la deriva autoritaria es la implantación de una de las versiones más salvajes del capitalismo neoliberal, que facilita a los escogidos multiplicar aceleradamente su riqueza. El modelo no está diseñado para las masas. Difícilmente mejorará su nivel de vida actual. Las masas excluidas deben conformarse con admirar el triunfo de los Bukele, mientras les agradecen la diversión inagotable que les proporcionan, aun cuando viene sin frijoles y tortillas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El discurso de los troles de Bukele discurre por la vertiente del insulto, del ataque personal y de la afirmación acrítica de su prédica. Son trampas retóricas para evadir la crítica, desviar la discusión y persuadir irracionalmente. Les pagan por acorralar a los adversarios en lugar de responder a sus argumentos y por contentar a los conformistas y a quienes disfrutan odiando lo diferente.

El insulto, entre más grosero y vulgar, parece más convincente. La agresión verbal menosprecia, humilla y ofende al adversario, pero no desautoriza su opinión. El insulto cumple su cometido cuando provoca al otro y este responde irritado en los mismos términos. La reacción colérica calienta la confrontación y entusiasma a los adeptos, pero no dilucida la verdad del argumento.

El ataque personal busca desacreditar la posición del contrario, arremetiendo contra su personalidad, su carácter o sus circunstancias. Al parecer, el descrédito del mensajero invalidaría el mensaje. El trol lo descalifica por hipócrita. La agresión es exitosa cuando la persona desacreditada se defiende, en lugar de abundar en sus argumentos. De esa manera, ella misma contribuye a desviar la atención de su opinión o crítica. Por muy hiriente que pueda ser, el ataque personal es irrelevante para la validez o la falsedad del parecer contrario.

Los troles a sueldo repiten acríticamente el discurso de Bukele. Basta con que lo haya afirmado para darlo por verdadero o por hecho. Atribuyen a su palabra una omnipotencia humanamente imposible. La firma del convenio con Finlandia para adoptar su modelo educativo les dio pie para afirmar que la educación nacional ya es similar a la finlandesa, obviando las complejidades de un sistema inalcanzable a corto plazo y que, a mediano y largo plazo, exige una reforma estructural radical para la cual no existen recursos. Levantar la voz, incluso gritar, no convierte los deseos en realidad.

Al prescindir de la lógica y la sensatez, los troles corren el riesgo de hacer el ridículo. Carecen de imaginación, de ingenio y de formación para ser originales. Ni siquiera crean buenos memes. Algunos no saben leer y escribir. Su fuerza estriba en la insistencia incansable en un mundo fantástico. En realidad, no se les puede pedir mucho. No tienen educación ni capacidad para comprender los razonamientos del contrario y para formular una respuesta persuasiva. Carecen de perspicacia para encontrar inconsistencias en el argumento del contrario y para responder agudamente.

Tampoco les interesa. No les pagan para eso. Ganan bien por repetirse. Casa Presidencial es poco exigente, paga mucho por poco. Pese a ello, no puede garantizar su fidelidad. El trol expulsado de su nómina se revuelve contra Bukele con la misma convicción con la que hasta entonces lo había defendido.

Es prácticamente imposible entablar una discusión inteligente o relevante con la dictadura. No vale la pena intentarlo. Tampoco caer en la provocación. Los impacientes pierden los estribos y entran al trapo. Al no haber argumento que rebatir, caen en la trampa y reproducen insultos, descalificaciones y reprobaciones,que no hacen avanzar la discusión. Al contrario, enrarecen aún más el clima social. Siembran odios y rencores, desde la otra orilla y, sin pretenderlo, alejan todavía más la posibilidad del encuentro y la reconciliación alrededor de un proyecto de nación, comprometido con la igualdad, el respeto de los derechos ciudadanos y el cuidado del medioambiente.

Sin embargo, la inversión resulta productiva para la dictadura, no por la habilidad argumentativa de estos altavoces, sino por la repetición abrumadora de injurias, difamaciones y trivialidades, y por la placentera comodidad de la fantasía. Muchos se dejan arrastrar hacia el mundo de lo irreal e improbable, donde encuentran una reconfortante sensación de seguridad y bienestar, que los desvincula de la precariedad, las frustraciones y la amenaza de una vida sin futuro.

La pobreza y la vulgaridad de los troles desmerece de un régimen presuntamente interesado en el uso correcto del idioma nacional en el sistema educativo. No puede exigir a la juventud algo que uno de sus principales voceros desconoce. El bajo nivel intelectual, político y ético de la dictadura se traduce en una gestión desacertada, ineficiente y negligente.

Los troles de la dictadura han contribuido a empobrecer la discusión de los desafíos del país y a deteriorar la convivencia. La única reacción legítima es acatar sin más las decisiones de Bukele. Sus órdenes son espléndidas, oportunas y justas. Por tanto, inmejorables e incuestionables. En consecuencia, el desacuerdo, la propuesta alternativa y la disidencia son superfluas.

En El Salvador de Bukele no hay cabida para la diferencia, la disidencia y mucho menos para la oposición. Es el mejor de los mundos imaginables. El descarte, el sufrimiento y la miseria de los excluidos son costos inevitables, compensados con creces por el disfrute, la comodidad y la buena vida de las minorías.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando los países ricos del norte destierran de las aulas los dispositivos electrónicos, El Salvador los distribuye generosamente, mientras digitaliza apresuradamente la educación pública. Caben dos explicaciones para este contrasentido. La primera es una fascinación ingenua e imprudente con las tecnologías emergentes. Los incautos tienden a pensar que ellas poseen la respuesta para todos los problemas personales y sociales. Pasan por alto que su eficacia depende de la programación específica ejecutada por un programador, es decir, por un ser humano. Hasta ahora, esas tecnologías no van más allá. La segunda explicación es el aislamiento y la ignorancia. El Salvador de Bukele, confiado en su autosuficiencia, más imaginada que real, prescinde del mundo exterior, que percibe como una amenaza. Replegado en sus sueños, ignora lo que acontece fuera de sus fronteras.

Los países nórdicos están restringiendo el uso de la tecnología desde la escuela hasta la educación superior, porque facilita el fraude generalizado y fomenta la distracción masiva. Inicialmente, apostaron fuerte por las tecnologías emergentes para ofrecer una formación de alto nivel. Pero desde comienzos de la década de 2020, Suecia, Dinamarca y Finlandia, los países con la educación pública de mejor calidad, empezaron a prohibir las herramientas digitales en las aulas. Incluso algunos estados de Estados Unidos han adoptado medidas similares.

Los especialistas en educación han avisado que las computadoras portátiles y de escritorio, las tabletas y los teléfonos son distractores que no se pueden ignorar. Estudios serios han concluido que la tecnología puede ayudar con las matemáticas, pero, en las otras áreas del conocimiento, la evidencia de un mayor rendimiento es escasa. Existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de retornar al libro de texto físico, a la lectura, a la escritura a mano y a los exámenes presenciales, orales o escritos. Los beneficios de la escritura a mano para la cognición, no solo en humanidades, son ya indudables. Escribir y sistematizar a mano las notas de clase ayuda a la retención y al pensamiento crítico. Ahora bien, regresar al proceso de aprendizaje tradicional demanda, como es natural, más recursos humanos con una formación sólida y, sobre todo, con vocación.

En cambio, El Salvador de Bukele va en sentido contrario. Ignora la mala experiencia de los países con trayectoria comprobada en excelencia educativa y apuesta fuerte por la digitalización, confiado en sus virtualidades —y quizás con la idea de reducir la plantilla docente—. El nuevo “maestro” será un facilitador, una especie de extensión de la tecnología. El peso del proceso de enseñanza-aprendizaje estará a cargo de una máquina, relegando la interacción entre el docente y el estudiante. El invento no es nuevo. Hace décadas, un proyecto rompedor introdujo la televisión en el aula. Los docentes de la televisión educativa eran excelentes, pero los del aula no estaban a la altura por falta de formación, y el proyecto fracasó. No obstante, igual que ahora, los resultados en matemáticas y ciencias no fueron despreciables.

La experiencia demuestra que la tecnología —la televisión entonces, la digitalización ahora— es solo una herramienta, cuya trascendencia depende de los docentes y los estudiantes, es decir, de las personas. Algo parecido sucede con los planes de estudio. Pueden estar desfasados, pero un buen docente sabe cómo sacarles provecho. Y, al revés, los planes actualizados pueden fracasar si no son asumidos por un magisterio con vocación, mística y reconocimiento social. El factor humano es fundamental.

El reciente convenio firmado con Finlandia para introducir sus prácticas educativas en el país aparentemente busca recuperar dicho factor. Pero una reforma educativa al estilo finlandés supone reducir la cantidad de estudiantes por aula, estimular sus capacidades intelectuales, promover su creatividad, respetar sus inclinaciones, cultivar su ingenio, contar con docentes capacitados para dirigir estas prácticas, contratar muchos más profesores y replantear el uso de las tecnologías emergentes. Si esta es la opción, la apuesta es de mediano y largo plazo, y exige una inversión muy superior a la del ejército.

Curiosamente, los objetivos del convenio contradicen el discurso educativo de Bukele, que se entrega sin vacilar a las tecnologías emergentes. Aparentemente, él va cuando los que ya estuvieron ahí están de regreso. Pero esto no es inconveniente para convenir adoptar el modelo educativo de uno de esos países. Es común que donde dijo “digo”, diga “diego”.

Las tecnologías emergentes son herramientas creadas por y para seres humanos. Pueden ser utilizadas con fines benéficos o maléficos, según sean las motivaciones. Las multinacionales tecnológicas, en concreto, la inteligencia artificial, están reconfigurando el mundo de manera impredecible, hostil y poco fiable. No construirán El Salvador que Bukele predica, sino el que ellas decidan, según sus intereses. Hasta ahora, solo se ocupan de sus ganancias, su crecimiento y su poder. Dejar en sus manos el país es temerario.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos.

En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país.

Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación.

Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción.

Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

Hablar de la pobreza en El Salvador es urgente por ser la realidad cotidiana de las mayorías. La pobreza es dinámica. No tiende a disminuir, sino a engrosar sus filas. La estadística oficial no la ignora, aunque sus informes son incompletos. Ciertamente, la pobreza no es nueva, pero, en lugar de retroceder, se profundiza. Mientras los organismos internacionales alertan sobre ello, Bukele distrae a los pobres con espectáculos de ricos.

La diversión masiva entretiene y convence de que la pobreza no es tan grave, uno de los mensajes repetidos por las voces a sueldo. Hablar de pobreza es cosa de “resentidos”, excluidos del poder y del dinero. Les pagan para cultivar falsas expectativas. Destacan algunos aspectos aislados llamativos para pedir paciencia, mientras las fuerzas invisibles del neoliberalismo distribuyan la riqueza nacional. Su amo recetó “medicina amarga” y paciencia, pues avanza “poco a poco”, pero sin plazo.

Los países, por lo general, no son pobres. Su riqueza es la que está distribuida de forma muy desigual. El Salvador no es la excepción. Las ganancias asombrosas de unos pocos alimentan exponencialmente su capital, mientras que los ingresos de la mayoría se reducen hasta el punto de no permitirle adquirir la canasta básica. En una sociedad donde los pobres son cada vez más numerosos, una minoría atesora cada vez más riqueza. Posee más de lo necesario para vivir confortable y lujosamente en un mundo completamente diferente al resto.

Los pobres no caben en ese mundo. Pero su masividad impide evitarlos. De todas maneras, la cultura dominante se esfuerza para ocultarlos. Son tan visibles y molestos que los expulsa de los espacios gentrificados como el centro de San Salvador, reservados para quienes disfrutan de mayor poder adquisitivo. Los pobres son sucios, ingobernables y afean los sitios emblemáticos de la dictadura. Los pobres no son dignos de estima, de compasión y de atención. En la recién pasada asamblea de la FAO, León XIV volvió a denunciar, como ya lo hizo el papa Francisco, que los pobres son sobrantes que ni siquiera son explotados.

La ideología que defiende esta realidad es falsa. Los mercados y la especulación financiera no son libres. Los líderes autoritarios meten la mano para favorecer a los poderosos con menoscabo de los débiles, provocando desequilibrios cada vez más pronunciados. Es falso que un día el vaso rebalsará. Es insultante recetar “medicina amarga” y pedir paciencia a los empobrecidos para lograr unos objetivos que solo benefician a los poderosos. Estas posturas se defienden como racionales, pero más bien son excusas para invisibilizar la imposición unilateral e implacable de una tiranía.

La obsesión actual con la felicidad concibe la vida como acumulación de riqueza y de éxito social a cualquier costo porque, de otra manera, esa felicidad es inalcanzable. Esa felicidad es reclamada como un derecho inalienable. En la práctica es la mejor manera de deshumanizarse y de ser infeliz. La acumulación no hace feliz, mientras hunde a las mayorías en la miseria.

Sobrevivir malamente en la pobreza, denunció el papa León XIV en la FAO, no es una elección, ni una casualidad, ni obra del destino. En contra de la evidencia, los poderosos y sus aliados así lo sostienen para tranquilizar su mala conciencia. La inmensa mayoría de los pobres, hombres, mujeres y menores de edad, se rebusca de sol a sol en lo que se ofrezca, con lo cual obtiene algo para malvivir, nunca para mejorar su vida. No debe extrañar entonces que entre los pobres haya quienes se niegan a trabajar. Sus antepasados, pese a trabajar durante toda su vida, murieron en la miseria. Los pobres no merecen vivir en pobreza. Son pobres porque han sido despojados. Tampoco la riqueza y la buena posición social son merecidas. Suelen estar contaminadas con la deshonestidad y la inmoralidad.

Los líderes populares constituyen la contrapartida de los líderes autoritarios. Son populares no por ocupar el primer puesto en las encuestas de opinión, sino por su capacidad para incluir a todos en los beneficios de la gestión pública. El bienestar no está destinado a unos pocos, sino que es un derecho de todos, comenzando por los menospreciados y vulnerables. El papa Francisco decía que lo que afecta a todos debe ser decidido por todos. No creía en los liderazgos iluminados. Los líderes populares no temen el parecer diferente. Al contrario, consideran la diversidad de opiniones un valor, porque de lo que se trata es de encontrar el bien general, no el privilegio de unos pocos.

La dignidad de la persona humana debe ser respetada desde ahora, no en un futuro incierto, insistió León XIV. La miseria de la muchedumbre a la que se niega su dignidad interpela la conciencia, obliga a denunciar la dictadura de una economía que mata al mismo tiempo que divierte y a actuar audazmente para revertir esa tendencia asesina.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Otro anuncio asombroso desde un escenario estilo despacho oval de Trump desplazó la crisis de seguridad. Entre dorados en fondo negro, cómodos sillones de cuero y luz indirecta, DoctorSV hizo su aparición de la mano de una de las multinacionales tecnológicas. La medicina digital entró en escena justamente cuando el sistema público de salud decae por falta de personal, de equipo, de instrumental y de medicamentos. DoctorSV se presentó como “un salto hacia adelante”, único en el mundo mundial.

La plataforma, potenciada por la inteligencia artificial de Google, puede aliviar la pesada carga de la consulta externa, al discriminar a pacientes con dolencias leves de aquellos que deben pasar por el especialista. Hasta aquí el aporte positivo de la innovación. El DoctorSV no sustituye la consulta con un médico en el centro de salud, el hospital o el seguro social. Así lo reconocieron fuentes gubernamentales en voz baja después de la presentación de la plataforma.

Las expectativas de Google sobre su creación deben ser tomadas con cierto escepticismo. El Salvador no es pionero en medicina digital. En la región, tres países ya la tienen y, más allá, otros la adoptaron hace tiempo. Así, pues, la novedad no es tan excepcional como asegura la multinacional tecnológica. Su entusiasmo no parece genuino. Está subvencionado por 500 millones de dólares.

Afirmar que DoctorSV creará igualdad al brindar un servicio universal de alta calidad tanto a pobres como a ricos, ya no es simple entusiasmo. La desigualdad en el acceso a la salud es consecuencia directa de la desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, la raíz de todas las desigualdades. Por otro lado, la universalidad de la plataforma es cuestionable. La conexión exige un dispositivo “inteligente”, acceso a internet y un vocabulario específico. Los sectores empobrecidos no disponen de esos dispositivos, ni de internet, al igual que muchas escuelas de la periferia. Los giros idiomáticos de los más necesitados de atención son tan ricos y flexibles que es dudoso que hayan sido registrados por la base de datos de la multinacional.

La madre angustiada de Morazán, a la que se aludió en la presentación, es un buen ejemplo. Los creadores del DoctorSV no consideran las precarias condiciones de vida de los habitantes de las zonas más deprimidas del país. El acceso a la salud de Google no las superará. En las prioridades gubernamentales no figura cerrar el abismo que separa a los ricos de los pobres.

La prioridad del DoctorSV no es la salud del pueblo, sino su privatización, una medida típica del capitalismo neoliberal. Hecho el diagnóstico, la plataforma enviará al usuario al laboratorio clínico o le expedirá sin más una receta. Los exámenes y los medicamentos serán proveídos por una nutrida red de laboratorios y farmacias privadas, dado que el Estado no tiene esa capacidad. Los grandes favorecidos del “salto hacia adelante” serán, por tanto, los integrantes de esa red. Google, además de la subvención inicial, enriquecerá su base de datos con los usuarios salvadoreños, a quienes les pide más información de la necesaria.

La larga presentación del DoctorSV no informó sobre el costo estimado de la privatización de los exámenes clínicos y los medicamentos ni de donde provendrá su financiamiento. Si en la actualidad el sistema público de salud no puede atender a una limitada cantidad de pacientes, no es claro cómo, o en virtud de qué, atenderá a toda la población. En el mejor de los casos, los usuarios del DoctorSV obtendrán un diagnóstico correcto, pero tendrán que asumir el costo de los exámenes y los medicamentos, porque los recursos del Estado son limitados.

Identificar la inteligencia artificial con el ser humano es equívoco, porque nunca reemplazará la interacción personal. No es más que una herramienta a disposición de seres humanos. El papa León XIV acaba de alertar a los gerentes de la salud sobre los riesgos de manipular “perversamente” a las personas, al clasificarlas según sus enfermedades, tratamientos y costos, “convirtiéndolas en objetos, en datos, en estadísticas”. La cosificación de la inteligencia artificial, continúa el papa, deshumaniza al enfermo al negarle “el trato humano, la caricia, el reconocimiento… en su fragilidad y su dignidad”.

La exageración de las virtualidades del DoctorSV alimenta la vanidad de sus patrocinadores y creadores, y, de paso, la hace aceptable a la opinión pública. Google lo presentó como una contribución al avance de la ciencia, a lo cual cabe agregar, por honestidad, que también engrosará sus ganancias.

Dan por hecho que, con el DoctorSV, el país dio un colosal salto, algo que nadie más ha logrado. En realidad, la plataforma solo ha comenzado su andadura. Repiten la expectativa del bitcoin, otro salto que no llegó lejos. Los deseos no deben confundirse con la realidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En cada aniversario de los mártires de la UCA, su memoria y legado convocan a miles de personas, tanto nacionales como extranjeras, que acuden a la Universidad para recordarlos y rendir homenaje a su compromiso con la construcción de un mundo mejor. A los mártires se les conmemora en la fecha de su injusta muerte, con la conciencia de que ese final fue el resultado de la vida que eligieron vivir. En ese marco, el aniversario de este año ha estado inevitablemente unido al reciente fallecimiento de dos jesuitas muy queridos, el padre José María Tojeira y el padre Rafael de Sivatte, quienes supieron encarnar el legado de los mártires y hacerlo parte fundamental de la identidad universitaria de la UCA.

Cuatro décadas después de la masacre en nuestro campus, la situación del país cada vez se asemeja más a la que les tocó enfrentar a Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas. Los mártires vivieron en medio de un pueblo mayoritariamente empobrecido, víctima del miedo y del horror de la guerra, en un tiempo en que la justicia solo mordía a los descalzos. Hoy sigue habiendo muerte, injusticia, desigualdad. Los fallecidos en los centros penales se cuentan ya por cientos; sin embargo, parece recibir más atención gubernamental el cuidado de perros y gatos que el esclarecimiento de esas muertes. Como antes, los más vulnerables y excluidos siguen siendo las principales víctimas de las decisiones de los poderosos y de la indiferencia social.

Según las últimas estimaciones, casi dos millones de salvadoreños son pobres, más de 600 mil se debaten en la extrema pobreza, y todo parece indicar que el número de los que viven precariamente seguirá creciendo ante el incremento del costo de la vida y la falta de protección social. Peor aún, no se hace nada estructural para aliviar su situación. Al contrario, a los pobres se les mantiene fuera de la vista pública; se ha prohibido la presencia de vendedores callejeros y se ha negado permiso al reparto de café y pan a los indigentes que pernoctan a la intemperie en las calles aledañas al centro histórico de la capital.

En parte por esta similitud del contexto, la conmemoración del aniversario es cita obligada para quienes buscan luces para el presente. Ellacuría y sus compañeros son ejemplo de búsqueda incansable de la verdad, de compromiso irrenunciable con la justicia y de capacidad de generar y transmitir esperanza. Sus vidas se recuerdan porque son un aliciente para aportar dignidad a la sociedad y luchar por la justicia.

La ausencia de justicia erosiona los derechos y limita la posibilidad de resolver los conflictos conforme la ley; sin justicia, la corrupción florece y se multiplica. Pero precisamente por no haber hoy institucionalidad que vele por los derechos humanos, los mártires son un ejemplo que fortalece y anima al compromiso por defenderlos. La UCA recibió, y sigue recibiendo, vida de ellos. El testimonio de estas mujeres y hombres valientes anima a no guardar silencio frente a los abusos imperantes y brinda esperanza en que una sociedad más humana, más participativa y más justa es posible.

El disparo certero de un francotirador asesinó a una mujer del pueblo en el bastión emblemático del nuevo El Salvador en construcción, enfrente del mismísimo Palacio Nacional. La víctima y su hermana visitaban el lugar para hacerse fotografías. La bala de alto calibre impactó también en el núcleo de la seguridad del régimen de excepción. El corazón de la seguridad es inseguro.

Conmocionada, la dictadura borró rápida y eficientemente las huellas del asesinato. Levantó el cadáver sin las formalidades debidas, lavó la sangre y cerró y pintó el agujero dejado por la bala. Con la misma celeridad, desmontó el altar y recogió las flores que manos anónimas solidarias colocaron en el sitio donde cayó la víctima. Ninguna de las múltiples cámaras que vigilan la zona registró el hecho. El arma homicida está desaparecida. La dictadura no dejó ningún rastro. El homicidio no existe en el país de Bukele.

Junto con el equipo de limpieza apareció el régimen de excepción, que, sin ninguna evidencia, capturó y exhibió a otra mujer como responsable del crimen. En un segundo momento, presentó a un joven soldado, al que acusó y condenó por “homicidio culposo”. Sin más diligencias, imposibles por la contaminación de la escena del crimen y la desaparición de la evidencia, el régimen cerró el caso. Las estadísticas oficiales no registraron el homicidio por haberlo declarado “accidental”. El régimen de excepción se basta a sí mismo, no necesita fiscal, defensor, ni juez.

Mientras los generadores de opinión a sueldo responsabilizaban del homicidio a la oposición e insultaban a las mujeres solidarias que colocaron flores en el sitio del crimen, el comandante en jefe del ejército se ocupaba de cómo disponer compasivamente de los perros callejeros, de saludar a jugadores retirados del futbol español y del cumpleaños de su hija menor. Sus subordinados tampoco dieron la cara. Todos se escondieron en la impersonalidad de las redes digitales, desde donde pidieron disculpas y prometieron una compensación económica a la familia de la víctima.

Desautorizada la primera versión, las voces asalariadas del oficialismo se esforzaron para intentar poner racionalidad en un crimen brutal. Una relativizó su gravedad al expresar que “una no es ninguna”. Al caer en la cuenta del disparate, agregó, a modo de explicación, que una sola vida es irrelevante cuando no hay ninguna. En esa misma línea, otra sentenció que un accidente le pasa a cualquiera y, por tanto, al final, solo Dios sabe por qué ocurre. Así, pues, el centro histórico sigue siendo seguro. La diversión podía y debía continuar con las estrellas jubiladas del futbol español y la Navidad, que ya llega.

El homicidio no fue un simple accidente. Las altas jerarquías militares deben una explicación a la familia de la víctima y a la ciudadanía en general. La ética profesional exige aclarar por qué destacan soldados con armamento de guerra en el centro de la capital, donde, según ellas, la seguridad es total; y cómo fue posible que a un soldado de un cuerpo elite, entrenado como francotirador, se le haya escapado una bala. Si Bukele y su familia corren tal peligro que es necesario protegerlos con armamento pesado, la seguridad que predica es un cuento para los ingenuos y los crédulos.

La exhibición de una transeúnte como responsable del asesinato tampoco fue un error. Ella simboliza a todas las personas inocentes capturadas habitualmente por el régimen de excepción sin pruebas y sin defensa. La dignidad mancillada de esta mujer no ha sido reparada. El régimen de excepción no entiende de esas “sutilezas”.

El mutismo presidencial y militar ahonda la desconfianza y la proliferación de rumores. El régimen de excepción no garantiza que no habrá más balas perdidas. En cualquier lugar, en cualquier momento, cualquiera puede caer fulminado por una bala perdida. El negacionismo oficialista facilita la repetición de la tragedia. La militarización extrema de la dictadura, más propia de un país en guerra que no de uno seguro, abre la posibilidad para más homicidios “accidentales”.

La bala salió de las interioridades del régimen de excepción e impactó en las entrañas de la dictadura, en uno de sus lugares más sensible, el sitio más seguro y representativo. En lugar de esclarecer las circunstancias del crimen y de asumir sus responsabilidades, cerró el caso, desapareció a la víctima, borró el hecho y, como en el pasado, pasó la página rápidamente.

La vida del pueblo, en particular, de la mujer, sigue valiendo poco, a pesar del régimen de excepción. Quizás es más apropiado decir que, precisamente, a causa de dicho régimen, que no ha traído la seguridad deseada. De ello pueden dar testimonio las ya incontables víctimas de las tropelías de sus tropas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Históricamente, las municipalidades han sido espacios clave para la articulación del desarrollo local en El Salvador. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se promovió un modelo de descentralización que buscaba fortalecer la autonomía territorial, la participación ciudadana y la capacidad de respuesta a las necesidades comunitarias. Sin embargo, en los últimos años, este modelo ha experimentado transformaciones profundas; reformas institucionales, cambios en la asignación de recursos y nuevas dinámicas de gobernanza han modificado el papel de las alcaldías, generando una percepción ciudadana cada vez más crítica sobre su desempeño.

Entre 2021 y 2023, El Salvador experimentó una reorganización significativa de su sistema municipal: se eliminó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que históricamente había sido la principal fuente de financiamiento para las alcaldías; y la Ley Especial para la Reestructuración Municipal redujo el número de municipios de 262 a 44. Estas decisiones implicaron una redistribución de funciones, recursos y competencias, que afectó directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales.

Además, se fortaleció el papel de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una institución creada por el Ejecutivo para impulsar proyectos de infraestructura en todo el país. La DOM asumió funciones que antes estaban en manos de las alcaldías, como la construcción de calles, escuelas y espacios públicos. Aunque esta centralización ha permitido una ejecución más rápida de ciertas obras, su desempeño también ha generado interrogantes sobre el futuro de la autonomía municipal y la participación ciudadana en la definición de prioridades locales.

Los datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA muestran una tendencia clara en la evaluación ciudadana del trabajo municipal. Desde 2019 hasta 2025, las calificaciones promedio otorgadas por la población a las municipalidades han sido consistentemente reprobatorias. En 2019, la nota fue de 5.68, y desde entonces ha descendido con altibajos: 4.93 en 2020, 4.79 en 2021, una leve recuperación en 2022 con 5.47, seguida por una nueva caída en 2023 (4.80) y el punto más bajo en 2024, con apenas 4.08. En 2025, la calificación subió ligeramente a 5.13, aunque sigue por debajo del umbral de aprobación.

Los datos sugieren un malestar ciudadano creciente, caracterizado por la insatisfacción con los servicios municipales y con la información disponible sobre las obras locales, y una persistente sensación de abandono en ciertos territorios. Al consultar a la población sobre la calificación que otorga a la DOM tras cuatro años de funcionamiento, el resultado revela una aprobación modesta, con una nota promedio de apenas 6.21. Esta cifra sugiere una percepción crítica y una expectativa insatisfecha respecto al impacto de la institución en la vida cotidiana de las comunidades.

La transformación del modelo municipal tiene implicaciones importantes para el desarrollo territorial. En primer lugar, la reducción del número de municipios ha generado desafíos administrativos, especialmente en las áreas rurales, donde la distancia entre comunidades y cabeceras municipales ha aumentado. Esto puede afectar el acceso a servicios básicos, la representación política y la articulación comunitaria, debilitando los vínculos entre ciudadanía e instituciones locales. En segundo lugar, la eliminación del Fodes y —más recientemente— del Fondo de Apoyo Municipal ha limitado la capacidad financiera de las alcaldías, dificultando la ejecución de proyectos propios y la atención a demandas locales. Aunque la DOM ha asumido parte de estas funciones, su enfoque centralizado puede no responder de manera adecuada a las particularidades de cada territorio.

Según la encuesta del Iudop realizada en 2025, el 46.6 % de la población considera que la reducción de estos fondos ha afectado de forma significativa el trabajo de las comunas, especialmente en áreas relacionadas con servicios básicos, becas y ayudas familiares. El mismo estudio señala que el 78?% de las personas encuestadas considera que su alcalde, alcaldesa o concejo municipal no ha cumplido las promesas de campaña en este primer año de gestión. Finalmente, la percepción ciudadana de insatisfacción hacia las municipalidades puede debilitar el tejido democrático local. La participación en cabildos abiertos, consultas comunitarias y procesos electorales municipales podría verse afectada si la población no percibe a sus gobiernos locales como espacios legítimos de interlocución.

Es claro que la situación actual de las municipalidades refleja una etapa de transición institucional; las reformas recientes han modificado el mapa territorial y la forma en que se ejecutan las políticas públicas locales. Sin embargo, la persistente reprobación ciudadana indica que el retroceso del desarrollo territorial es grande y hay mucho por hacer para fortalecer la gobernanza local, recuperar la confianza de la población y garantizar un desarrollo territorial equitativo y sostenible. Reconocer estos desafíos es el primer paso para construir un país donde lo local vuelva a ser sinónimo de cercanía y participación.

La renovación de la infraestructura escolar es cosa buena para el país. Sin embargo, el discurso que acompaña el anuncio peca de simplismo y ligereza. El enfoque es vago y el uso de los datos es frívolo. Sus números no coinciden con las estadistas oficiales. Infla el desempeño sin vergüenza. Si los presupuestos son equívocos, las expectativas no puede ser sino engañosas. El punto de partida de la educación de la dictadura es la delincuencia y su finalidad, por tanto, impedir que los jóvenes se conviertan en delincuentes.

El origen del fenómeno de las pandillas no es la ausencia de educación, sino la negación de oportunidades a varias generaciones de jóvenes. El capitalismo neoliberal impuesto en la década de 1990 se las cerró y, hasta el día de hoy, permanecen cerradas. No es casualidad que las pandillas cobraran fuerza en esa década. Es iluso pensar que becar a los bachilleres las abrirá. Eso no sucederá mientras no se reforme la estructura capitalista neoliberal, que divide la sociedad entre quienes acaparan las oportunidades y quienes no tienen futuro. Las decenas de miles de encarcelados que Bukele retiene son desechos, descartados por el orden neoliberal. La cultura del descarte, denunciada por el papa Francisco, tolera sin inmutarse que millones de seres humanos mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas.

Mientras la cultura del descarte no sea revertida por otra de la inclusión, no habrá oportunidades. La atención a la infancia y la adolescencia, de la que presume Bukele, no crea esas oportunidades. Cuida el comienzo de la vida, pero luego la abandona a su suerte. Ni siquiera ha sido capaz de asentar sólidamente dicho cuidado. La beca universal tampoco es una buena solución. Pretende colocar el techo sin tener bien asentadas las bases del edificio. Probablemente, muchos becados se frustrarán cuando descubran que el bachillerato no los ha preparado para enfrentar el desafío de la educación superior.

La indisciplina de la juventud es, en gran medida, el reflejo de una sociedad donde prevalece la ley del más fuerte, comenzando por el mismo régimen de excepción que procede indiscriminada, arbitraria y violentamente. El mismo comportamiento se observa en todos los ámbitos de la vida nacional. Una muestra del libertinaje social es la investigación de un medio digital que detalla las operaciones de un escuadrón de la muerte donde figuran policías al servicio de un alcalde del oficialismo. Este ha recibido la información como si se tratara de una actividad común y corriente. En cierto sentido, lo es. El régimen de excepción tiene sus excepciones. Los jóvenes crecen y se desarrollan en este ambiente. No debiera extrañar entonces que se comporten igual que sus mayores.

Por otro lado, es imposible ofrecer una educación pertinente sin una planificación nacional, que explicite el rumbo del país a mediano y largo plazo. Decidir qué estudiar sin conocer la demanda laboral del país en el corto y mediano plazo es una apuesta de alto riesgo. La educación, al igual que el resto de la actividad gubernamental, discurre a ciegas, víctima de la improvisación. Pero el desarrollo no se improvisa. Uno de los atractivos de la inversión extranjera directa es el nivel educativo de la población.

Educar es mucho más que distribuir equipo tecnológico y material educativo. El discurso sobre la educación omitió los planes de estudio y el magisterio, elementos indispensables para garantizar una buena educación. Sin planes de estudio actualizados y pertinentes para los desafíos actuales, y sin un magisterio sólidamente formado y reconocido, la educación no supera la mediocridad. La evaluación anual de los bachilleres apunta en esa dirección. La tecnología, por muy avanzada que sea, no sustituye la interacción con un docente entregado a sus estudiantes.

La inconformidad y la rebeldía de la juventud es síntoma de un malestar profundo causado por la falta de oportunidades. La disciplina de corte militar somete, pero no erradica ese malestar existencial. El desengaño y la frustración aparecen cuando descubren el sinsentido de prepararse para un futuro inexistente. Entonces, la emigración y el crimen organizado se ofrecen como alternativas.

La educación no cultiva la paz en un orden neoliberal, por definición excluyente y violento. Es contradictorio desear la paz cuando el oficialismo siembra la división, el insulto, el odio, la venganza y la violencia. La paz no es compatible con la dictadura neoliberal. La paz verdadera exige redistribución equitativa del ingreso nacional, generación de empleo digno y bien pagado, seguridad jurídica e inversión pública en educación y salud, no en militarización.

La educación no es el tema del último discurso de Bukele, tampoco la infraestructura escolar renovada, sino él mismo. Las futuras generaciones y la educación son un pretexto para destacar una vez más que no él es como los demás. Pero, muy a su pesar, gobierna tan neoliberalmente como ellos, descarta a las mayorías como ellos y se aprovecha del poder como ellos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.