Editoriales y Opiniones

La desaparición de migrantes no es, lamentablemente, algo nuevo ni exclusivo de El Salvador. Históricamente ha sido uno de los más graves riesgos a los que se enfrentan todas aquellas personas que, obligados por diversos factores como la inseguridad y la falta de oportunidades, deciden emigrar de su país, de su hogar, en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias.

La desaparición de migrantes en el tránsito hacia el norte, es una grave violación de derechos humanos que es resultado tanto de la acción directa del crimen organizado, y en muchos casos de los actores estatales, así como de la negligencia de los estados de la región en proteger la dignidad y los derechos de nuestros migrantes. Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos han trabajado por años para dar respuesta al grave sufrimiento de las familias que quedan. En El Salvador, organizaciones como COFAMIDE han acompañado a las víctimas y han promovido respuestas integrales y estructurales a este problema, sin que este se haya solucionado debido al insuficiente interés de los gobernantes de turno.

Por si esto fuera poco, lastimosamente, un grupo de salvadoreños migrantes han padecido otras violaciones de derechos humanos en 2025: la desaparición forzada de corta duración y la detención arbitraria durante el retorno-deportación. Como es sabido, entre marzo y abril del 2025, unos 288 migrantes venezolanos y salvadoreños fueron deportados a El Salvador y privados de libertad en el CECOT, acusados de pertenecer a estructuras del crimen organizado como el Tren de Aragua y la MS-13.

Aunque los 252 migrantes venezolanos fueron repatriados a su país de origen en julio de ese año, no hubo información sobre el paradero o el proceso que se les aplicaría a más de 30 salvadoreños deportados en esos mismos vuelos. Según algunos testimonios de los que salieron, los salvadoreños también fueron trasladados a otros centros penales, pero sin informarle a las familias de estos traslados y sometiéndoles un régimen de incomunicación con sus familias.

Posteriormente, entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de cinco de estos migrantes salvadoreños. En el marco de este proceso, el Estado Salvadoreño informó a la Comisión que ellos se encuentran privados de libertad en las cárceles salvadoreñas, pero sin corroborar qué tipo de acusaciones enfrentan en el sistema penal.

Es decir, ha sido necesario que un organismo internacional solicite información al Estado para que la familia pueda tener una mínima idea sobre el paradero de su familiar. Sin embargo, no han sido suficientes las pesquisas de la Comisión para que se esclarezca la situación jurídica de dichos migrantes.

Sin acusación formal, sin investigaciones, incomunicados, mezclados con otros privados de libertad, los migrantes detenidos arbitrariamente, a juicio de la comisión, “se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos”. Ante este escenario parece que ellos no podrán gozar de los beneficios del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029 del Gobierno, todo parece indicar que ellos deberán padecer las arbitrariedades del Régimen de Excepción.

Jorge Rodríguez, Coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.

La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado.

Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas.

Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos.

Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas.

La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica.

Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social.

Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo.

Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.

La más reciente encuesta del el Instituto de opinión pública de la UCA muestra resultados tan desalentadores para el país como positivos para Nayib Bukele, cuya figura sigue gozando de buena salud y envidiables cotas de popularidad.

Los resultados de la encuesta son curiosos por donde se los vea. Hay quejas importantes: nueve de cada diez salvadoreños expresan que el costo de vida está estancado o empeoró, además de expresar que un familiar se ha visto en la necesidad de abandonar sus estudios; ocho de cada diez creen que el desempleo se mantiene en las mismas condiciones o ha aumentado; y según la mayoría de la población, el aumento al salario mínimo es poco o nada beneficioso, señalando buena parte de los encuestados que todo está más caro. A todo esto debe sumarse que entre las instituciones que generan menos confianza destaca la Asamblea Legislativa, un órgano orgullosamente servil a la voluntad del presidente de la República, solo superada en su impopularidad por las alcaldías controladas en su mayoría por el partido de Bukele.

Ahora bien, nada de lo anterior parece importar. El desempeño o la nota de Bukele es de un sólido 8.39, superior a la del año pasado y la segunda mejor desde el año 2020, solo superada por el 8.54 de 2023. La alta confianza hacia la labor del mandatario es inédita como fenómeno político, un espaldarazo que se ha prologando como nunca antes en nuestro país desde la firma de los Acuerdos de Paz. El éxito de Bukele se debe, sin lugar a duda, a su gestión en materia de seguridad. El 62.7% de los encuestados manifestó que lo mejor que está sucediendo en el país es la seguridad, lo que posiblemente explica que el 70.3% de la población sienta “esperanza” y no “temor”.

Este hito en seguridad no puede desconectarse del régimen de excepción, mediante el cual se ha detenido a decenas de miles de salvadoreños, muchos de ellos pandilleros, pero también personas inocentes. Esta es la filosofía del régimen: detener al pandillero, al que parezca pandillero, al que acusen de pandillero y al que esté cerca de todos los anteriores. Buena parte de la población parece intuir esta malévola filosofía, y de ahí que cinco de cada diez salvadoreños sostengan que las personas detenidas deberían ser liberadas o no estar en prisión.

Pero esta no es la mayor contradicción, pues si analizamos con detenimiento las condiciones que sostienen al popular Bukele o a su régimen de excepción, descubrimos que son las mismas que vuelven inviable y peligroso dicho poder: un control férreo sobre el ejército, dominio absoluto de la Asamblea Legislativa, anulación del sistema judicial, nulo respeto a los derechos humanos y a las obligaciones mínimas de rendición de cuentas. Un nefasto sistema protegido por un discurso agresivo y divisorio, donde no cabe el disenso o la pregunta, y en el que las exigencias por transparencia, derechos humanos o diálogo son propias de mareros, de los “mismos de siempre”, del “gorgojo”, del enemigo o de la “oposición”.

Esta es la tragedia final del modelo Bukele: mientras más pule las condiciones de su permanencia y popularidad, más se condena al fracaso. El país necesita urgentemente diálogo, creatividad, educación, transparencia y respeto a los derechos humanos. Pero el actual modelo no conoce estas palabras, solo sabe de violencia, administra lo que quiere y da cuenta de lo que desea. No hay más voces o protagonistas que una o dos personas, y tampoco hay controles, límites o rendición de cuentas. ¿Qué potencia del primer mundo o país con alto nivel de desarrollo ha crecido en semejante aridez?

Por lo que arrojan las cifras y los hechos, el modelo Bukele va para rato. Tal como sucede en la mente de un niño que cree que el mundo gira en torno a su figura infantil, el modelo Bukele seguirá girando para pocas personas, siempre enredado en su tragedia fatal: ser tan perjudicial para las grandes mayorías populares como efectivo para maximizar la popularidad y permanencia en el poder de una sola persona.

* Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

La violencia y la criminalidad están directamente relacionadas con una economía que no proporciona los medios para una vida digna. La encuesta del Iudop registra que la mayoría percibe la precariedad de su economía familiar como el problema mayor. Una opción es resignarse. Otra es emigrar. Dos de cada diez salvadoreños, según la misma encuesta, desean hacer vida en el norte. Prefieren correr los riesgos del viaje a sobrevivir malamente. Y la tercera es delinquir. Está comprobado que la dureza del castigo no detiene la comisión del crimen.

Las remesas, que crecieron más del 17 por ciento el año pasado, hacen llevadera la precariedad de sus receptores, pero al mismo tiempo han creado nuevas desigualdades entre las familias beneficiadas y las excluidas, y nuevos patrones de consumo que agudizan las desigualdades existentes. Sin pretenderlo, han fragmentado y despolitizado a la ciudadanía.

Probablemente el crecimiento de las remesas es consecuencia de la amenaza que se cierne sobre los inmigrantes, a quienes la embajadora salvadoreña se niega a defender por considerar que su permanencia en Estados Unidos es decisión soberana de Trump. Olvida que ella misma declaró que Bukele fue tajante al demandar la deportación de los líderes de las pandillas. Asimismo, Bukele negoció la suspensión de los aranceles, medida que favorece a las empresas exportadoras, pero no la seguridad de los inmigrantes, entre quienes sus legisladores buscan votos y dólares.

La “modernización” de la economía de la posguerra, impulsada por el capital y sus políticos, contribuyó, en gran medida, a consolidar la pobreza y la desigualdad heredadas de las décadas anteriores a la guerra. En nombre de la prosperidad, liberalizaron el comercio, desregularon la economía e incentivaron la inversión reduciendo impuestos. El neoliberalismo abandonó la agroexportación y se concentró en los servicios, las finanzas y la construcción, lo cual provocó la emigración masiva del campo a la ciudad y al exterior. Las ciudades concentraron los desafíos y las oportunidades, y fueron escenario de una competencia feroz y violenta por la sobrevivencia. Una masa demográfica crítica de jóvenes encontró en la pandilla una salida.

Los neoliberales pregonaron que la desregulación, el recorte acusado de los impuestos y mayor libertad para el capital traerían bonanza. El capital se ocuparía del bienestar general. Un argumento absurdo, porque quienes prosperaban obscena y escandalosamente con el nuevo orden redistribuirían la riqueza nacional de una forma inequitativa. Todos los gobernantes de la posguerra sin excepción, los neoliberales de la primera hora y los de nuevo cuño, y los revolucionarios, han conservado el ordenamiento neoliberal, pese a generar descontento, criminalidad y violencia. El papa Francisco decía que esa forma de capitalismo mata.

El Estado indiferente al bienestar general carece de ciudadanía. La lucha por la sobrevivencia diaria, en un medio cargado de diversas amenazas, imposibilita el surgimiento de una ciudadanía activa y creativa, indispensable para el desarrollo de la democracia. Esta realidad explica el surgimiento y la aceptación de la dictadura. El Iudop registró que la mayoría de la población no se identifica con ningún partido político, ni siquiera con el oficial, pero sí con Bukele.

La mano dura de la dictadura es así la opción obvia para unas mayorías frustradas y temerosas de males mayores. Las fuerzas de seguridad militarizadas explotan sus miedos como estrategia política. Sin ellas, los pandilleros retornarían. Ellas son las únicas que pueden garantizar su desaparición. Esta estrategia política ofrece protección contra este temido “enemigo”, donde no solo figuran pandilleros, sino también decenas de miles que no lo son. En efecto, “en menos de una década”, Bukele pondrá en libertad a unos 75,000 de los 107,055 prisioneros actuales.

Al conceder libertad total a las fuerzas de seguridad para hacer uso de la violencia extrema, las mayorías se vuelven autoritarias. Aceptan sin más que, como dijo un alto funcionario, capturar solo a los criminales “no tiene gracia”. El Salvador es así una democracia sin ciudadanía, donde las elecciones son absurdas. Por eso, el modelo de Bukele resulta incompatible con la institucionalidad democrática, tal como señaló varias veces el presidente electo de Chile.

En realidad, la seguridad de Bukele protege los intereses de los poderosos de siempre. Derrotó a un grupo criminal grande e importante, pero no ha capturado a todos los delincuentes. La economía criminal incrustada en los sectores público y privado goza de buena salud. Los poderosos sacan buen provecho de la debilidad del Estado. Desde esta perspectiva, las pandillas son una construcción ideológica exitosa. Los poderosos cuentan con el uso de la violencia extrema para prevalecer.

Consciente de ello, León XIV, en el mensaje para la Jornada de la Paz, afirma que “es necesario denunciar las enormes concentraciones de intereses económicos y financieros privados que van empujando a los Estados” en “una espiral destructiva, sin precedentes”. Pero eso, continua el papa, “no basta, si al mismo tiempo no se fomenta el despertar de las conciencias y del pensamiento crítico”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos.

En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país.

Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación.

Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción.

Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

El más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) en El Salvador, realizado a finales de 2025, ofrece una radiografía compleja de la realidad nacional. Aunque la población reconoce una disminución significativa de la delincuencia, las preocupaciones en torno a la economía y la calidad de vida cotidiana se intensifican y marcan el pulso de la opinión pública. Más del 95% de las personas afirma no haber sido víctima de delitos en el último año, y los niveles de confianza hacia las instituciones armadas y de seguridad se mantienen elevados. Estos datos consolidan la seguridad como uno de los principales logros de 2025. De hecho, el 69.4% de la población identifica la mejora en seguridad y el combate a las pandillas como los sucesos más positivos del año.

Sin embargo, la economía continúa siendo el principal desafío nacional y un verdadero dolor de cabeza para las familias. Nueve de cada diez personas consideran que el costo de vida ha aumentado o se ha mantenido igual, mientras que ocho de cada diez señalan que el desempleo se mantuvo o incluso se incrementó en 2025. Ante esta situación, muchas familias reportan haber reducido el consumo de alimentos básicos o recurrido a préstamos y trabajos adicionales para cubrir sus necesidades, lo que refleja la fragilidad de los ingresos y la persistente vulnerabilidad económica que atraviesa una gran parte de los hogares.

El 44% de las personas declara que los alimentos constituyen el principal gasto dentro del presupuesto familiar, seguido por servicios básicos y medicamentos. Resulta alarmante que el 58.2% de la población afirme que el aumento de precios ha afectado su consumo dentro del hogar, especialmente en productos esenciales como carne de res, leche, frijoles y huevos. Esta reducción en el acceso a alimentos básicos amenaza con tener consecuencias graves en la seguridad nutricional de la población si la tendencia se mantiene o se profundiza, generando un impacto directo en la salud y en el bienestar de las familias más vulnerables. A esta problemática se suman tensiones sociales emergentes, como la mala calidad de los servicios públicos, los conflictos y desalojos en el Centro Histórico de San Salvador, y los despidos laborales.

En contraste, las medidas de alivio económico más reconocidas por la población (el bono agrícola, los paquetes escolares y el pago de recibos de agua y luz a inicios de 2025) muestran que las acciones puntuales de apoyo tienen un impacto tangible y simbólico en la vida cotidiana. No obstante, el aumento del salario mínimo fue considerado poco o nada beneficioso por el 54.6% de las personas. Además, la población declara que dicho incremento ha sido insuficiente frente a la percepción de un aumento generalizado de precios, especialmente en productos de la canasta básica, lo que termina por erosionar cualquier mejora salarial.

También se señala que el salario mínimo debería alcanzar en promedio los $548, lo que evidencia una brecha de al menos $140 respecto al salario mínimo más alto vigente. Este dato subraya la necesidad de respuestas estructurales y sostenibles en el ámbito económico, más allá de medidas coyunturales que, aunque visibles, no logran transformar las condiciones de fondo.

El estudio devuelve la imagen de un país que se siente más seguro, pero que sigue luchando contra la precariedad económica y social. La esperanza hacia el futuro, expresada por 7 de cada 10 personas, demanda cada vez más ser acompañada de políticas públicas capaces de traducir esa expectativa en mejoras reales en ingresos, servicios y calidad de vida.

Finalmente, el nivel de confianza institucional refleja un panorama desbalanceado que favorece a las instancias que protagonizan el tema de seguridad. La población otorga mayor confianza a Nayib Bukele (77%), al gobierno central (69.6%), a la Fuerza Armada (69.1%) y a la Policía Nacional Civil (68.2%). En un segundo nivel de confianza se encuentran, entre otras, la Iglesia católica (58.4%), la Fiscalía General de la República (56.9%), el sistema penitenciario (56.3%), las Iglesias evangélicas (55.9%) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (50.9%). En contraste, la Asamblea Legislativa (43.3%), los empresarios (42.6%), las alcaldías (40.6%) y los partidos políticos (31.4%) reciben los niveles más bajos de confianza. Estos datos muestran una profundización de la fractura entre la ciudadanía y una parte de las instituciones tradicionales, lo que plantea un reto adicional para la gobernabilidad democrática.

En definitiva, el sondeo desnuda los dilemas de un país que reconoce positivamente los avances en seguridad mientras enfrenta una economía venida a menos. La confianza depositada en las instituciones de seguridad y en el liderazgo presidencial contrasta con la desafección hacia los partidos y las instancias territoriales, lo que evidencia un vacío de representación política. En este contexto, la narrativa de estabilidad basada en la seguridad corre el riesgo de debilitarse frente a la persistente precariedad que marca la mesa y el bolsillo de las familias salvadoreñas.

Obviamente, es total. Una segunda cuestión vinculada a la anterior es si el uso de la fuerza brutal, implacable e inhumana es la única forma de conseguirla. De nuevo, la respuesta obvia es afirmativa. La obviedad de estas respuestas depende de cómo se entiendan la seguridad y la inseguridad.

La disputa por el espacio del centro de la capital entre la informalidad y las fuerzas de seguridad que protegen las grandes inversiones del sector revela una profunda crisis de sobrevivencia. La concesión de una quincena de salario adicional a los trabajadores confirma la precariedad vital. El beneficio es cortoplacista e insuficiente. No incluye la informalidad ni el desempleo, que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral.

El apremio por sobrevivir en condiciones adversas hace atractivas tanto la actividad criminal como la respuesta punitiva, incluso justiciera, sin importar cuán arbitraria pueda ser. Las minorías acomodadas, ajenas a las angustias del no tener qué comer, piden mano dura despiadada. Pero, muy a su pesar, esta no garantiza su seguridad. Los criminales se adaptan. La evolución del fenómeno de las pandillas así lo muestra. La violencia, una vez desatada, se reproduce.

La seguridad del modelo de Bukele es muy parcial. La estadística oficial de los homicidios no incluye formas de violencia como los feminicidios y las desapariciones, el abuso de poder y las violaciones, y la corrupción. Los responsables de la seguridad etiquetan como “terroristas” a los pandilleros y a los descontentos, mientras que a los corruptos los tratan con consideración. Según esto, la corrupción es diferente de la criminalidad, pero las dos están vinculadas. El régimen de excepción asimila lingüísticamente a los verdaderos delincuentes con los informales, los desempleados y los adversarios políticos para justificar la represión en nombre de “la seguridad ciudadana”.

El alcance de la seguridad de Bukele es también muy limitado. No protege la vida, la dignidad humana y el acceso a los medios de subsistencia, a pesar de estar amenazados por el desempleo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la crisis ambiental. La “seguridad ciudadana”, en sentido estricto, comprende las dimensiones personal, comunitaria, alimentaria, sanitaria, de género, económica, política y ambiental. La inundación de un complejo de viviendas, autorizado pese encontrarse en una zona de alto riesgo ambiental, es otra muestra de las limitaciones de la seguridad del régimen de Bukele.

En la práctica, el Estado es un factor determinante de la organización, la gestión y la reproducción de la violencia y de la expansión de la criminalidad, diferente a la de las pandillas, pero criminalidad, a fin de cuentas. En un primer momento, utilizó al ejército y a la policía militarizada para expulsar a los pandilleros de los espacios públicos. Concluida esa tarea, en vez de replegarlos, les asignó otra misión, una tan antigua como el mismo Estado salvadoreño: sostener y defender la dictadura de turno.

El Estado siempre ha hecho uso de la violencia pública con permisividad notable, incluso para los estándares latinoamericanos. En la primera mitad del siglo XX, el ejército sostuvo a la oligarquía agroexportadora. En la segunda, controló a la oposición social y política de forma cada vez más violenta, incluso organizando y dirigiendo grupos de exterminio. La tarea del ejército no ha sido defender la república, sino el capital, primero liberal y ahora neoliberal, y de paso, promover los intereses institucionales y personales de su cúpula. Estas actividades violentas nunca han sido condenadas, sino presentadas como “seguridad nacional”.

No es extraño, entonces, que, aun antes del surgimiento de las pandillas, la violencia social mostrara tasas elevadas. Incluso la tasa de homicidios era alta antes de la guerra civil. En la zona rural, el conflicto violento entre hombres armados con corvos, un arma defensiva aceptada, era común. En las zonas urbanas marginadas, donde se libraba una lucha feroz por la sobrevivencia, la violencia era cotidiana. Dicho de otra forma, las pandillas no son más que la expresión de una sociedad estructuralmente violenta.

El modelo de Bukele desconoce que la violencia forma parte de la configuración del Estado. Ignora que él mismo es producto de esa violencia. El Estado y el capital utilizan la violencia para conservar un orden que privilegia sus intereses. Simultáneamente, esta violencia primera se reproduce en otras violencias.

La fuerza es necesaria en algunas situaciones y siempre ejercida de forma comedida, pero no puede solucionar las crisis de sobrevivencia humana y ambiental. Es cierto, no hay Estado que no pueda con los criminales, como repite Bukele, pero si estos proliferan es porque aquel no cumple con su obligación primaria de velar por el bien común. El Estado es cómplice por partida doble: por no garantizar la seguridad ciudadana y por tolerar la criminalidad de los suyos.

Existe, pues, explicación del fenómeno de la violencia. Otra cosa es que, en lugar de buscarla, analizarla y repensar las políticas sociales, se prefiera mirar al cielo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El papa León XIV lamenta, en el mensaje para la Jornada por la Paz de este año, la frecuencia con la que se “arrastra” la fe al combate político. La fe se usa para bendecir el nacionalismo y para justificar religiosamente la violencia y la lucha armada. Eso fue, justamente, el desayuno de oración exhibido hace unos días en cadena nacional. Los jefes de los tres poderes del Estado, encabezados por Bukele, algunos políticos estadounidenses y un selecto grupo de invitados se reunieron en el Palacio Nacional para rezar y desayunar.

En su intervención, Bukele atribuyó directamente a Dios el éxito del régimen de excepción. Dios habría escuchado sus súplicas y las de su equipo de seguridad, y habría tomado en sus manos las riendas de la represión. Prueba fehaciente de que Dios provee cuando hay fe. La seguridad actual sería, pues, un portento divino, que nadie puede cuestionar ni explicar. Ni siquiera los expertos. Un milagro auténtico, cuyo secreto es la oración. Los países que han intentado replicar el modelo de Bukele han fracasado, porque solo tomaron el plan, pero no oraron.

Si Dios es el autor directo de la seguridad, también es responsable del régimen de excepción, que incluye violencia, arbitrariedad e injusticia. Por tanto, las víctimas inocentes, las parejas y los hijos abandonados, y los muertos por causa de la tortura y la falta de cuidados médicos en las presiones del régimen deben resignarse y aceptar la voluntad de Dios. Su conformidad será recompensada infinitamente en la eternidad. Bukele dice que él no es más que el instrumento, el elegido, para hacer realizar esa voluntad divina providente.

El papa, en cambio, pide a los creyentes desmentir “esas formas de blasfemia que opacan el santo nombre de Dios”. La justicia y la dignidad humanas, denuncia el mensaje, están “muy expuestas” al poder de los más fuertes y violentos, quienes han puesto la guerra de moda. Los poderosos del mundo usan el nombre de Dios para justificar sus desafueros. En esa misma línea, Bukele confía en que ese Dios, al que se encomienda, resolverá los problemas de empleo, salud, educación y medioambiente. Y si esas soluciones no llegan o tardan en aparecer, invita a confiar en su providencia. Dios sabe el cuándo y su tiempo es perfecto. Bukele solo reza.

Esta postura es ajena a la tradición bíblica. El Dios de la Escritura actúa a través de enviados, a quienes encomienda una misión. Es el caso de Moisés, de los profetas y del mismo Jesús. Sin embargo, de vez en cuando aparecen impostores diciendo “yo soy”. El Evangelio avisa a la comunidad cristiana no creerles. El criterio del juicio final de Mateo 25 es claro. El discípulo de Jesús da de comer al hambriento y de beber al sediento, acoge al extranjero, viste al desnudo y visita al enfermo y al preso. En realidad, la cuestión ya está planteada en el Génesis, cuando Dios pregunta a Caín por su hermano y este responde que no es su guardián.

El Dios de Jesús es un Dios de paz, que significa, en palabras de León XIV, proteger lo que es santo: la vida humana, sobre todo la más amenazada por un orden configurado por “enormes concentraciones de intereses económicos y financieros”, que “intenta sacar provecho de todo” y empujan a los políticos y a la sociedad a la violencia y la guerra. El Dios bíblico cuestiona ese orden desde el comienzo de la historia, tiene sueños que inspiran a sus profetas y está decidido a rescatar a la humanidad de las esclavitudes antiguas y nuevas.

La justicia y el derecho, el diálogo y la escucha son los caminos que liberan de esas esclavitudes. El desafío consiste, según el papa, en configurar humanamente las relaciones sociales para vivir “una paz desarmada y desarmante”. Una paz que no solo rechaza toda forma de violencia, sino que también se esfuerza para desarmar a los violentos.

El desayuno de oración, exhibido en cadena nacional a un país cuyas mayorías no tienen con qué hacer los tres tiempos, se parece a la oración del fariseo. Jesús se refirió a él para prevenir a sus discípulos. El fariseo entró ostentosamente en el templo para jactarse de no ser como los demás y de cumplir fielmente la ley, pero no salió justificado. Jesús recomienda al orante entrar en su habitación y cerrar la puerta para entrar en comunión íntima y personal con Dios. Y Él, que ve en lo secreto, lo recompensará.

Dios no quiere la gloria de Bukele. La gloria de Dios, como dijo Mons. Romero, es el pobre que vive. En El Salvador de Bukele, las mayorías, que no fueron invitadas al desayuno de oración, no tienen una vida digna. Mons. Romero fue enviado por Dios para defenderlas y para exigir derecho y justicia. El pecado lo aplastó. Pensó que lo callaba, pero su palabra vive.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La dictadura ya no es reprobable, sino bienvenida si está alineada con el poder imperial. El mismo criterio se aplica a los narcotraficantes y los corruptos. Así lo ha decretado la voluntad imperialista que capturó al gobernante de Venezuela y a su esposa. El aura imperial tiene un poder asombroso para glorificar y demonizar. El cambio de perspectiva es buena noticia para Bukele, cuya dictadura queda así confirmada.

La incursión en Venezuela fue una demostración de poder duro para América Latina y el resto del mundo. No cualquier poderío militar tiene capacidad para intervenir o capturar a un déspota con tanta precisión. Pero el hecho debe ser tomado con cautela. Washington solo descabezó la dictadura; la estructura que la sostiene sigue intacta, aunque sometida a sus designios. Trump no busca sustituir la dictadura por la democracia, ni la arbitrariedad del déspota por el respeto de los derechos humanos. Tampoco pretende desmantelar un poderoso cartel del narcotráfico, tal como dijo, un delito que no figura en la acusación fiscal; sino apoderarse del petróleo venezolano. Trump confía en extraer “una enorme cantidad de riqueza del suelo”, la cual, asegura, compartirá, a su discreción, con el pueblo venezolano.

El otro objetivo de la operación militar es afirmar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Trump alega que sus territorios y sus recursos naturales, ahora petróleo, pero también las tierras raras, le pertenecen. No tolerará desafío ni cuestionamiento sobre su dominio hemisférico. Todo ello en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington ha regresado al imperialismo del siglo XIX, pero equipado con las armas del siglo XXI.

Invocar el derecho internacional no tiene sentido. La nueva versión del imperialismo no reconoce ninguna institución, ley o control internacional, por ser contrarias al proyecto estadounidense. La fuerza militar es el derecho. En el nuevo orden mundial, prevalece la voluntad del más fuerte. En la práctica, nadie puede exigir a Estados Unidos observar la legislación internacional.

En realidad, el imperialismo de Trump no es ninguna novedad en el continente. Washington siempre ha intervenido en los asuntos internos de los países americanos de manera egoísta y brutal. Sin embargo, entre aquel imperialismo y el actual existe una diferencia importante. El antiguo hablaba de democracia, de orden interno y de derechos humanos, incluso de desarrollo económico, para intentar disimular sus verdaderas intenciones. El de Trump no las oculta. Las ventila descaradamente y se enorgullece de ellas. Con todo, cabe agradecer su honestidad.

El Salvador de Bukele hizo a un lado su obstinada oposición a la injerencia extranjera en los asuntos internos de otro país y aplaudió la intervención de Washington en Venezuela. Aunque los dos regímenes son igualmente autoritarios y contrarios a la democracia, y en ambos el Estado es instrumento de corrupción, el de Maduro cayó, mientras que el de Bukele permanece. Venezuela atesora inmensos depósitos de petróleo codiciados por el imperio y tenía socios impresentables. Bukele no tiene petróleo, pero cae bien en los círculos de poder de Washington. Es complaciente y diligente.

A la OEA, a la que antes descalificó como “ministerio de colonias de Washington”, le exige “un liderazgo real, decisiones firmes y compromisos con los principios democráticos”. En su seno declaró sin inmutarse que “ninguna persona, por poderosa que sea, está fuera de la ley” y que “todos los pueblos de las Américas merecen una región donde los principios de la democracia, legalidad y respeto a la dignidad humana no sean aspiraciones, sino realidades”.

La diplomacia de Bukele prestó así un buen servicio al Washington imperialista en un foro tradicionalmente desconfiado de la administración estadounidense. Olvidada quedó la arrogancia nacionalista, soberanista y libertaria del primer Bukele. Mejor acogerse a la sombra del imperialismo que compartir destino con Maduro.

El nuevo imperialismo de Washington no solo descabezó la dictadura venezolana, sino también autorizó a regímenes como el de Bukele a actuar contra sus enemigos con la misma intolerancia, brutalidad y crueldad. Pero a diferencia de Trump, Bukele lo disfraza de modernidad deslumbrante, de magnificencia y de liberalidad. Trump está tan seguro de su liderazgo, de su poderío y de sus habilidades negociadoras que no necesita esconderse.

Contrario a las apariencias, los imperios y las dictaduras acaban mal. En su seno llevan el germen de la decadencia. Los imperios colapsan por agotamiento, víctimas de luchas internas de poder y de enemigos externos. Las dictaduras también pasan cuando los valedores del dictador lo descartan por considerarlo una carga improductiva.

Los imperios y las dictaduras caen cuando los sometidos se levantan para liberarse de sus señores. Irán es un recordatorio muy oportuno del destino que los aguarda. En otro tiempo, una teocracia sólida, sostenida por fuerzas represivas implacables, ahora es remecida peligrosamente por crecientes protestas populares. A su paso, los imperios y las dictaduras dejan destrucción y ruina. De sus grandezas, quedan cenizas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El miércoles 7 de enero fue asesinada Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en el marco de un operativo antiinmigrante en la ciudad de Mineápolis, Minnesota. Al día siguiente, otras dos personas resultaron heridas con armas de fuego en Portland, víctimas del accionar de la Patrulla Fronteriza.

En dos días, la principal institución encargada de implementar la política migratoria en Estados Unidos ha evidenciado un uso abusivo de armas de fuego en contra de un sector de la población —los inmigrantes y quienes les defienden— cuyos “delitos imputados” no atentan contra los derechos fundamentales de ninguna persona. De hecho, en los videos sobre el incidente que derivó en el asesinato de Good se observa que ella buscó maniobrar su automóvil para evadir el control que realizaba la agencia estatal; de ninguna manera se puede concluir que buscaba “usar su vehículo como arma” en contra de los agentes.

El ICE pudo disparar a las llantas o pedir apoyo a otras agencias policiales del Estado para impedir la huida de Good. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, establecen que cuando el uso de armas de fuego es inevitable, y este definitivamente no era el caso, debe primar la moderación, de forma proporcional al objetivo legítimo que se persigue, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, y respetando siempre la vida humana. Ninguno de estos principios se cumple en el caso de Good. El suyo es un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza letal.

Igual de preocupantes son las declaraciones de varios funcionarios estadounidenses de alto rango que han salido a defender el accionar del ICE, incluida la secretaria de Seguridad Nacional y el mismo presidente Trump. Defender o justificar acciones de empleados públicos que atentan contra la vida de las personas es un peligroso mensaje político, que podría incrementar los niveles de violencia de la agencia estatal en sus procedimientos en las comunidades. Asimismo, este respaldo evidencia un profundo desprecio por la dignidad humana de aquellos que defienden los derechos humanos de la población migrante.

Esta situación implica un grave de riesgo para la población migrante en Estados Unidos. Una realidad que afecta a El Salvador por razones obvias: de casi tres millones de salvadoreños en Estados Unidos, más de un millón estarían en una situación migratoria irregular, quedando expuestos a ser detenidos por el ICE. El Salvador nos ha demostrado que darle rienda suelta a una institución policial, librarla de controles internos y externos, tiene efectos negativos en la sociedad, en especial en aquellas personas que tienen una o varias condiciones de vulnerabilidad, y lleva a la desnaturalización de la institución.

Por otra parte, aunque muchos salvadoreños deportados afirman haber recibido un buen trato por parte de los equipos profesionales que los reciben en nuestro país, hay excepciones que preocupan: al menos cuatro migrantes salvadoreños deportados en los primeros meses de 2025 sufrieron desaparición forzada a su llegada y luego fueron ubicados en cárceles salvadoreñas sin acceso a comunicación con sus familias y sin saber bien los motivos de sus detención; en suma, fueron víctimas del populismo punitivo y de la inercia institucional a coartar derechos.

* Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.