Editoriales y Opiniones

Los hombres fuertes están de moda en la política. Son autoritarios porque su voluntad, frecuentemente un capricho, es ley; sus colaboradores no cuestionan sus decisiones (de estos se espera obediencia ciega, no competencias ni pensamiento). Son jefes de temperamento irascible e impredecible. Rencorosos y vengativos. Centralizan en ellos el rumbo gubernamental, con lo cual se hacen directamente responsables. Pero solo se hacen cargo de lo que les sale bien. Lo que les sale mal lo dejan de lado como si nunca hubiera ocurrido.

Están convencidos de que todo lo que piensan, dicen y hacen es extraordinario. Nadie lo hizo antes, porque son genios en el arte de gobernar. Derrochan grandilocuencia. Son aficionados a los adjetivos superlativos absolutos para expresar sus cualidades con la máxima intensidad posible. Todo lo relacionado con ellos es buenísimo, brillantísimo o bellísimo. Tienen gran debilidad por los dorados, la pompa y el oropel de la monarquía absoluta del siglo XVI. Cada uno se considera un ejemplar único en su especie, pero todos son iguales. Todos se comportan de manera similar. Solo los diferencia el poder que detentan: no es lo mismo el gobernante de una potencia mundial que el de un país africano o latinoamericano arruinado.

Estos líderes acuden al cristianismo para alimentar su autoritarismo. La laicidad del Estado y la poca o nula relevancia de la fe en su vida son irrelevantes. Su oración tiene mucho de la plegaria del fariseo en el templo. Solo hablan de sí mismos y de sus méritos, mientras desprecian a los demás por no ser como ellos. Imponen en la sociedad valores morales que no observan. Con la misma frialdad con la que instrumentalizan a quienes los rodean, manipulan el nombre de Dios. Predican paciencia y resignación cristiana, pero olvidan el derecho y la justicia del reino de Dios. Su religión mira solo al cielo para no mirar la crisis de humanidad que los rodea.

El entorno en el que estos personajes se mueven es tan cerrado que no se percatan del caos que causan, tanto nacional como internacionalmente. Hoy dicen y mañana se desdicen. Prometen por vicio. Todos les es debido, pero ellos no deben nada a nadie. Están tan absorbidos por su yo que no son conscientes de la incertidumbre y el desconcierto que siembran a su alrededor. Los mercados y las bolsas lo resienten con graves consecuencias negativas.

El gobernante autoritario llega al poder impulsado por expectativas de novedad, pero acaba creando más problemas que soluciones. La experiencia comprueba una y otra vez que son perjudiciales para los derechos y la dignidad humana. Restringen severamente la libertad de expresión, porque son hipersensibles a la crítica. Acosan a los detractores, los encarcelan con cargos no probados, los exilian y eventualmente los asesinan. La corrupción es rampante. Sus defensores no lo niegan, pero lo justifican como daños colaterales. Algunos alegan que si bien roban, también hacen cosas buenas que antes no se hacían. Y que esta clase de liderazgo es necesario para cohesionar la sociedad y engrandecer a la nación.

Está demostrado que estos alegatos son errados. Los resultados económicos hablan por sí mismos. El Salvador no es la excepción. Informes de varios organismos internacionales registran el estancamiento de la economía, el aumento de la pobreza extrema y la amenaza de una crisis financiera de grandes proporciones. El énfasis en la tecnología, la reducción de los impuestos y la desregulación no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. El país capta más dólares por las remesas que por las exportaciones. Esos dólares constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares más pobres y, por tanto, están destinados al consumo. El ahorro es mínimo. El reducido crecimiento económico se traduce en menos recaudación de impuestos y en más deuda. Un círculo vicioso difícil de romper.

A veces, los líderes autoritarios llegan al poder con buenas intenciones y comienzan a gobernar de forma bastante competente. Pero con el tiempo, su gestión se vuelve cada más ineficiente. La centralización es inviable, la inversión no llega y la economía se paraliza. Simultáneamente, las redes clientelares se estrechan, se vuelven más exclusivas y se valen de los medios a su alcance para aumentar bienes y fortuna. La institucionalidad democrática es declarada obsoleta y reemplazada por un régimen donde la riqueza de unos pocos crece desaforadamente, mientras la mayoría se hunde en la pobreza.

Las sociedades democráticas no son perfectas. Más aún, tienen muchas deficiencias. Pero ofrecen unas garantías que la dictadura niega por su misma naturaleza: respetan la institucionalidad, la independencia de poder y la libertad de expresión y protesta. No pueden evitar el mal gobierno y la corrupción, pero cuentan con medios eficaces para contrarrestarlos. Precisamente, esto es lo que la hace insoportable para la dictadura.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores.

Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo.

Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos.

Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El presupuesto del próximo año no deja dudas sobre las prioridades de Bukele. No reduce el gasto, como aconseja la prudencia, sino lo aumenta en casi todas las dependencias del Estado. Los ministerios de defensa, agricultura y turismo, y Casa Presidencial tienen las asignaciones más elevadas. En 2026, el ejército tendrá el presupuesto más alto de su historia: duplica el de 2019, cuando Bukele llegó al poder. Apuesta por la profesionalización de los soldados en lugar de la de los maestros, claves para el desarrollo del país.

Casa Presidencial es otra dependencia que acumula fondos de la misma manera que centraliza cada vez más las funciones gubernamentales. Otra prioridad es Chivo Pets, cuyo presupuesto es más alto que el de catorce hospitales públicos. Estas asignaciones no son definitivas, pues, como ya es costumbre, son reforzadas a lo largo del año. El presupuesto es una declaración de intenciones que, de ninguna manera, limita el gasto.

La ligereza es desconcertante, porque la posición fiscal es incierta. La recaudación no cubre los gastos. Los indicadores anuncian una crisis fiscal severa. Por tanto, el presupuesto necesitará financiamiento externo e interno, es decir, más deuda. Casi la cuarta parte del presupuesto de 2026 se destinará al servicio de la deuda, la cual, por otro lado, no disminuirá, pues solo se pagarán intereses. No es extraño, entonces, que la calificación crediticia del país sea baja en comparación con el resto de la región.

Mientras tanto, Bukele se prodiga con el gran capital, al cual ofrece toda clase de facilidades burocráticas y de exenciones fiscales, en un intento desesperado por atraerlo. Pero la inversión extranjera directa no solo se resiste, sino que tiene a salir del país. La arbitrariedad de “las reglas del juego” y la inexistencia de seguridad jurídica lo espantan.

Varios organismos internacionales señalan el estancamiento de la economía salvadoreña, una de las menos productivas de América Latina. El valor generado por hora trabajada equivale a la mitad del promedio general. Por cada dólar latinoamericano, El Salvador produce 49 centavos. No es desidia ni pereza. Al contrario, la población trabaja mucho, pero produce poco. En parte, porque su educación y su capacitación son pobres. En parte, porque la innovación, la tecnología y la maquinaria eficiente son escasas. En parte, por la mala organización de las empresas. Y, en parte, porque la infraestructura es insuficiente, el transporte limitado y las fuentes de energía poco confiables.

Estas limitaciones estructurales impiden un crecimiento económico dinámico, sólido y sostenido. El Salvador ocupa el penúltimo lugar de la región después de Belice. No es previsible que esta tendencia se revierta en el corto plazo. Antes de atribuir el pobre desempeño de la economía a sus predecesores, Bukele debe reparar en que ha tenido más de seis años de poder absoluto para comenzar a revertir esa tendencia. En vez de ello, la ha profundizado.

El poco crecimiento económico ha agudizado la pobreza. Ciertamente no es nueva, pero ha aumentado desde 2019, sobre todo, la pobreza extrema, cuyas filas han sido engrosadas por más de 241,000 personas. La pobreza extrema significa indigencia, miseria y hambre. Un millón de salvadoreños experimentó inseguridad alimentaria aguda, es decir, pasó hambre entre 2022 y 2024. Los casos más críticos pasaron varios días sin comer. Otros tres millones no tuvieron asegurado el acceso a los alimentos, lo cual afectó la calidad de su dieta y sus hábitos alimentarios. En la actualidad, uno de cada diez salvadoreños no come tres veces al día.

Contrario a lo que proclama el régimen, el país no puede estar viviendo “una nueva realidad” con esos niveles de pobreza y de hambre. Ni podrá vivirla en el corto plazo, porque no hay indicios de que se esfuerce por revertirlas. Tampoco respeta “los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora”, porque la mantiene hambrienta y sin acceso a servicios básicos de calidad.

El país que construye profundiza la distancia entre los que tienen y los que no tienen, entre los hartos y los hambrientos. Ha favorecido el surgimiento de nuevos ricos, que se suman a los ya existentes, cuyas fortunas se reproducen de manera asombrosa, mientras que al resto de “la gente honrada y trabajadora” la empuja hacia la línea de pobreza.

Los arquitectos del “nuevo país” no edifican lo que pregonan. Están más interesados en controlar compasivamente la proliferación de perros y gatos callejeros que en garantizar la seguridad alimentaria de la gente. El hambre es cruel, niega la dignidad humana, obliga a abandonar el hogar para rebuscarse la vida en el extranjero o en el crimen, y consolida el capitalismo neoliberal más salvaje, que mata silenciosamente, pero no de manera menos eficaz.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En la primera exhortación apostólica del papa León XIV, titulada Dilexi te, es sumamente llamativa la centralidad que se le da a la opción preferencial por los pobres. Como sabemos —y la exhortación lo reitera— la centralidad de los pobres en la fe cristiana tiene un fundamento bíblico: el Dios de la Biblia es un Dios que opta por los pobres; un fundamento cristológico: Jesucristo hizo personalmente una opción por los pobres y los consideró los primeros destinatarios de su mensaje; una motivación apostólica: la Iglesia primitiva se preocupó diligentemente por los pobres; una motivación escatológica: en el juicio final lo que cuenta en definitiva es la actitud de aceptación o rechazo hacia los pobres; y una motivación eclesiológica: en Medellín, por ejemplo, los obispos se pronunciaron en favor de la opción preferencial por los pobres.

Dilexi te subraya la importancia de ser “una Iglesia para los pobres” y advierte que “no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la Revelación”. En esta línea se valora que, en el período posconciliar, en casi todos los países de América Latina se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres. El papa León sostiene que las conferencias del episcopado latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas para toda la Iglesia.

La exhortación tiene una referencia directa a san Óscar Romero, considerado una figura emblemática de la opción por los pobres:

Fue el corazón mismo de la Iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inicuos y estaba obligada a vivir en condiciones miserables. El martirio de san Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Yo mismo [León XIV], misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, que el papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de otras Iglesias particulares, especialmente las del Sur global.

Se dice que la memoria histórica es el presente del pasado, es decir, la evocación de un hecho anterior se hace en la medida en que tiene vigencia en el presente. San Óscar Romero es fuente actual de inspiración y compromiso. Lo es para el papa León XIV, que ve en san Romero un testimonio y una exhortación viva de la opción por los pobres. Hoy, desde luego, hay que hacer un esfuerzo para identificar los rostros actuales de la pobreza. Se habla, por ejemplo, de muchas personas y pueblos marcados por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura, el encarcelamiento, la guerra y la privación de dignidad.

Siguen resonando las palabras del santo mártir cuando señalaba que hay un criterio decisivo para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros: “Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Porque allí está Dios”. Pero, como se afirma en la exhortación, no se trata solo de un asunto de beneficencia, sino de justicia para los empobrecidos. No se trata solo de medidas paliativas, sino estructurales. En esta línea, la exhortación plantea que las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica. En consecuencia, debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza.

Se señala también que todos los miembros del pueblo de Dios deben hacer oír, de diferentes maneras, una voz que despierte, que denuncie y que haga central la realidad de las personas y grupos empobrecidos. San Óscar Romero es un ejemplo de lo que se puede y debe hacer. Es fuente de inspiración permanente para quienes buscan construir una civilización basada en la justicia, la compasión, la verdad, el respeto a la dignidad humana, el cuidado y amor por y con los pobres. Así se reconoce en la exhortación del papa León XIV. Su testimonio y legado sigue siendo una buena nueva.

* Licenciado en Filosofía y maestro en Teología. Actualmente, profesor de Cristología y Eclesiología en California, EE. UU.

La libertad de expresión aterroriza al poder autoritario, pero no por expresar ideas novedosas, disruptivas o peligrosas. El régimen no silencia las quejas que proporcionan información valiosa sobre lo que debiera corregir o el funcionario que convendría despedir, sino aquellas que pueden encontrar eco en la opinión pública, poner en entredicho el discurso oficial y dar lugar a una visión alternativa, que desplace progresivamente la impuesta desde arriba hasta desecharla. En este caso, la movilización masiva contra el orden establecido es una posibilidad real.

Simultáneamente, la petición de ayuda, el reclamo por la promesa no cumplida y la queja por la negligencia gubernamental que circulan en el espacio cibernético suelen ser atendidas. El poder es muy sensible a la exposición que lo exhibe lejano y frío ante las necesidades de la gente. Por otro lado, la respuesta es recompensada por el reconocimiento y el agradecimiento, también cibernético, de los favorecidos. Estas intervenciones confirman la bondad del régimen y quitan argumentos a sus detractores. Si bien no son más que intervenciones puntuales, que satisfacen el apremio de los peticionarios, no de todos los que se encuentran en una situación similar, las redes digitales a su servicio se encargan de elevar a norma lo que no es más que una especie de limosna.

En cambio, el poder reprime duramente la información con potencial para movilizar la protesta. Sus redes digitales se lanzan implacables contra las fuentes, ya que no puede permitir que le arrebaten el monopolio ideológico. No debaten argumentos, porque no los tienen ni les importan. Les pagan para descalificar, tergiversar e insultar despiadadamente. La confrontación es muy violenta, porque se desarrolla al alcance de cualquiera. De esa manera, preparan el terreno para la imputación judicial y la cárcel.

El mensaje en sí mismo es inofensivo. Incluso si es aceptado por un sector, al cual el poder descalifica como minoría izquierdista, extremista o globalista. Su temor es que otros muchos lo acepten, se lo apropien y lo reproduzcan. No tanto por convencimiento, sino porque otros hacen los mismo. La imitación que coloca en la tendencia de moda es lo que importa. Los mensajes que circulan en el espacio cibernético son marcas que los usuarios consumen, porque otros las consideran fascinantes. El principio es válido para toda clase de mercancías, incluidas las figuras y las opiniones.

El valor de estos objetos no estriba únicamente en los miles que los ven, sino también en que estos saben que otros miles ya los han visto. Es el poder de las visualizaciones y los likes. Saber que otros saben algo y que ellos saben que nosotros sabemos es poderoso. La marca Bukele es popular por ser tendencia. Unos se apuntan porque otros, tanto nacionales como extranjeros, también se han apuntado.

Esta es su fortaleza y también su gran debilidad. Bukele no es popular por lo que hace, sino por lo que dice que hace. Que después lo haga o no es secundario. Sus asesores de imagen explotan hábilmente el poder de la imitación para crear la tendencia que se proyecta como realidad. Ahora bien, la comercialización digital de la marca Bukele no tiene el éxito garantizado. Como cualquier otra mercancía, necesita refuerzos constantes para no desvanecerse. Lo mismo sirve la imposición de la moda y del lenguaje escolar, que los perros y gatos callejeros, o la arquitectura de las grandes capitales. Importa la circulación de la marca. Sin refuerzos, la tendencia tiende a debilitarse y abre espacio para que una tendencia alternativa la arrincone.

El primer paso para romper el monopolio del mercado ideológico es la información compartida. La deferencia obsequiosa con el poder se convierte en ridículo cuando alguien advierte en voz alta que el rey va desnudo. Todos lo ven, pero nadie se atreve a verbalizarlo. El encanto se rompe cuando alguien lo expresa en voz alta. Entonces, lo grotesco es del dominio público. De todas maneras, no hay que menospreciar el poder persuasivo del encantamiento ni el disuasivo de la represión despiadada.

La popularidad de Bukele es líquida. Se acomoda a las expectativas. Por eso, hoy dice una cosa y pasado mañana la contraria. Promete sin intención de cumplir. Explota las inseguridades y las frustraciones de las mayorías para prevalecer en las redes digitales. No pretende construir una sociedad más igualitaria y bien avenida. Al contrario, cultiva la división, el insulto y la venganza, porque se venden bien. Los adolescentes pelean fieramente entre ellos por motivos triviales, porque los más brutos necesitan la reputación de que nadie se puede meter con ellos. Necesitan ser reconocidos como intocables.

La popularidad de Bukele está vacía. Cada vez que llueve la infraestructura rural y la urbana recién remozada hacen agua. En lugar de prestar atención a los obsoletos servicios básicos, busca socio extranjero para eliminar a los perros y los gatos callejeros sin crueldad, y admira el diseño arquitectónico de Roma, París y New York.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Está a la vista que los eventos meteorológicos han aumentado en los últimos años, tanto en intensidad como en frecuencia. Y los pronósticos no son nada halagüeños. Los modelos advierten que los días más calientes de hoy en día serán los más fríos dentro de algunas generaciones. La principal causa del calentamiento global son las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada 24 horas se depositan en la atmósfera cientos de millones de toneladas de contaminantes, principalmente de la combustión de petróleo, carbón y gas natural. La industria y la quema de combustibles fósiles han alterado el ciclo natural de regulación del planeta, provocando eventos climáticos extremos.

Frente a este panorama, Naciones Unidas planteó limitar el aumento de la temperatura a entre 1.5 °C y 2.0 °C. Sin embargo, las metas no se han alcanzado; las emisiones globales siguen aumentando. Limitar el calentamiento a 1.5 °C es ya prácticamente imposible; y los 2 °C se alejan cada vez más. Dos preguntas son ineludibles para situar la magnitud del problema: ¿quiénes son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero? y ¿quiénes son y serán los más afectados por el cambio climático?

Si bien todos y todas somos responsables de esta situación, no lo somos en la misma medida. Los principales responsables del calentamiento global son los países industrializados, tanto los que acumularon su riqueza contaminando el planeta en el pasado como los que ahora se erigen como nuevas potencias. Pero ni los de antes (Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo) ni los de ahora (como China e India) se hacen cargo de su responsabilidad ni se emplean a fondo para detener el deterioro ambiental. De hecho, son los países ricos y sus élites económicas los que invierten en proyectos e industrias altamente contaminantes.

Por otro lado, aunque toda la población mundial experimenta los efectos del cambio climático, el grado de afectación no es el mismo ni entre países ni al interior de los mismos. La razón de ello es la desigualdad. No toda la población de un país está en riesgo de perder su casa y sus bienes materiales a causa de inundaciones o deslaves. Los más afectados son los de siempre: los pobres, los excluidos, los marginados. En el caso de El Salvador, la gente se pregunta: ¿por qué esta calle o esta zona antes no se inundaba y ahora sí? La respuesta se encuentra en la suma del calentamiento global y los eventos climáticos extremos que causa, y un modelo de desarrollo que urbaniza a mansalva, sin respetar las cuencas hidrográficas, las zonas de recarga hídrica y las áreas protegidas.

Diversos estudios señalan que el principal problema en América Latina es el cambio de uso de suelos y la deforestación. En nuestro país, suelos de vocación agrícola o forestal se han convertido en zonas urbanizables; actualmente se construye en lugares que hace unos años era impensable. A raíz de ello, El Salvador ya es el segundo país más desforestado y más deteriorado ambientalmente de América Latina, solo después de Haití. El país no tendrá futuro si continúa actuando bajo un modelo que entiende los bienes de la naturaleza como objeto de lucro, mercancía sujeta a las leyes del mercado. Sí, cada vez llueve más intensamente y de improviso, y ello sucede en diversas regiones del globo, no solo acá. Sin embargo, no hay que perder de vista la responsabilidad humana; la responsabilidad tanto de quienes modificaron el marco legal para implementar un desarrollo de concreto y deforestación, como de aquellos que lo aprovechan para lucrarse, en lugar de apostar por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar común.

La desconexión entre El Salvador de Bukele y la comunidad internacional quedó en evidencia al no acudir el mandatario a la Asamblea General de las Naciones Unidas por considerarlo un sinsentido. No pensó así Trump, el segundo en ocupar esa tribuna. Tampoco la mayoría de los presidentes latinoamericanos y los jefes de Estado europeos. Ni siquiera el controvertido primer ministro israelí dejó pasar esa oportunidad: acudió para defender su posición, a pesar del creciente repudio internacional, manifiesto en el reconocimiento del Estado palestino y en multitudinarias protestas populares. Mandatarios de todos los colores acuden a esa tribuna internacional para ventilar sus reclamos, expresar sus preocupaciones y exponer sus propuestas.

La ausencia de Bukele es una excepción rara. Explicó que no había acudido a Naciones Unidas porque la comunidad internacional no solo no retoma sus ideas, sino también le reclama democracia, derechos humanos y libertad de expresión. Resiente profundamente que Occidente pretenda darle lecciones a él, que ha construido un país excepcional. Solo cuenta el Washington de Trump, una apuesta fuerte, pero pasajera. De hecho, Bukele no sintoniza mucho con sus colegas, excepto con el argentino y el costarricense. La falta de afinidad dificulta aún más la promoción de su modelo, el cual, por otro lado, no es replicable, por impedirlo la institucionalidad y la opinión pública.

Fascinado con su obra, Bukele permanece atrapado en su excepcionalidad. La complacencia es tan intensa que desprecia abiertamente lo que sucede más allá de las fronteras nacionales. No tiene opinión sobre la guerra comercial librada por las grandes potencias, la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos, el impuesto sobre las remesas y la inversión extranjera directa que no llega, cuestiones todas que inciden negativamente en el país. Las guerras y la militarización, las masacres, las hambrunas, las epidemias y el cambio climático no le interesan. Tampoco la situación comprometida de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, donde se enfrentan con un crimen organizado equipado con armas de guerra, un enemigo mucho más combativo que las pandillas locales.

El aislamiento en la excepcionalidad es empobrecedor. La misma pobreza se observa en las periódicas cadenas nacionales. La retórica presidencial es monotemática. Bukele solo habla de su excepcionalidad, la cual, más allá de la seguridad asociada a la erradicación de las pandillas, no logra concretar, pese a detentar el poder absoluto durante más de seis años. No es un simple descuido, sino que El Salvador de Bukele no puede ser gobernado sin el régimen de excepción, que ha convertido la anormalidad en normalidad.

Este es el motivo de la ruptura con una comunidad internacional que exige institucionalidad democrática. Y es razón de peso para no comparecer ante ella. Tampoco valía la pena acudir para repetir lo ya dicho, en un auditorio seguramente desolado. A los interesados los remitió a los discursos anteriores. La novedad del presidente milenial y cool está agotada. Los gestos y los comentarios divertidos que llamaron la atención en sus primeras apariciones son irrepetibles. En definitiva, Bukele no está a la altura de los otros presidentes latinoamericanos. Así, pues, la decisión de no comparecer fue sabia.

Ahora bien, pensar que El Salvador puede prosperar al margen de la comunidad internacional es suicida. El aislamiento es perjudicial para el país de Bukele. La Ley de Agentes Extranjeros, que castiga la ayuda internacional por miedo irracional a unas influencias externas perversas no identificadas, ha dejado sin financiamiento a diversas actividades de carácter social, las cuales el Gobierno no puede retomar por carecer de fondos y de personal capacitado. Trágicamente, los sectores más afectados son los más vulnerables. El régimen prefiere castigarlos a dialogar y convivir con opiniones diferentes.

Aborrece “las injerencias ideológicas globalistas”, pero está influenciado por ellas, como muestra el intento por desterrar “el lenguaje inclusivo”. El miedo a dichas injerencias lo llevó a prohibir terminantemente el uso de esos giros lingüísticos en el sistema educativo, sin percatarse de que la orden se inscribe en otro movimiento ideológico igualmente globalista. La dificultad de uso no es el origen de la descalificación del lenguaje inclusivo, mucho menos el uso correcto del idioma nacional, sino la ideologización, la cual siempre es discutible. El aislamiento es incluso perjudicial para la proyección de la imagen del propio Bukele y su modelo. Ciertamente, al no presentarse en Nueva York, dejó pasar una oportunidad para insistir, presuntamente con más experiencia, en su extraordinaria novedad.

La diferencia incomoda e inquieta al régimen; muestra clara de inseguridad. Teme la exposición pública de sus debilidades y contradicciones. No encuentra en ellas una oportunidad para rectificar y fortalecerse. No puede ni quiere superarlas, porque equivaldría a un cambio de rumbo radical. La excepcionalidad es incompatible con la diferencia. La diversidad la pone nerviosa, irritable e intolerante. Sabe bien que no es tan única ni independiente como quisiera. En este sentido, la excepcionalidad es relativa. En su impotencia se aferra a las apariencias.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El miedo es una emoción primaria que surge ante el peligro real o imaginario. El miedo es universal y desagradable, es una de las pocas emociones que incluso compartimos con los animales. Los efectos del miedo en el cuerpo humano son variados: corazón acelerado, respiración agitada, sudor, agobio, insomnio, ansiedad, parálisis, deseo de escape, agresividad. El miedo es asfixiante y agobiante, y cuando se convierte en sentimiento generalizado en una sociedad, se transforma en un cáncer que carcome y enferma a cada sector de la misma, hasta inutilizarla y hacerla colapsar.

Los salvadoreños hemos vivido con miedo desde siempre; nacemos con miedo, vivimos con temor y morimos en medio del recelo y la preocupación. Durante las dictaduras del siglo pasado, vivimos con miedo a la tortura militar o a ser señalados como comunistas. Durante la guerra civil de los ochenta, vivimos con miedo a las balas; a terminar como los miles de muertos de El Mozote; a recibir la bala fatal que se disparó contra monseñor Romero o Rutilio Grande, asesinados para causar más miedo.

Luego vinieron los Acuerdos de Paz, donde conocimos nuevas formas de terror. Creció el miedo a no tener qué comer en una economía desigual y empobrecedora, a quedarse en el mismo país recibiendo un salario de miseria, a la delincuencia y las maras. Roque Dalton escribió que el salvadoreño nace medio muerto. Habría que agregar que también nace totalmente aterrado.

En la actualidad, seguimos viviendo con miedo. Según una encuesta de 2024 del Instituto Universitario de Opinión Pública, el 85.3 % de la población salvadoreña ve normal y probable que una persona o institución sufra consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el Gobierno o los funcionarios. Es decir, 8 de cada 10 salvadoreños teme a quienes, supuestamente, son sus empleados en el Estado.

Debido a este mismo miedo, en los últimos días escuchamos a dos comentaristas de la realidad nacional, de ideologías distintas e incluso encontradas, declarar que no participarán más en espacios públicos por temor a represalias. Un temor que ha motivado a cientos de periodistas, activistas y profesionales a exiliarse. Y qué decir de las múltiples organizaciones que han cerrado sus puertas, como Fespad o Cristosal, o las que han decidido desaparecer de la vida pública, escondidas en el caparazón protector de su silencio.

La política del miedo ha traspasado fronteras. Instituciones como Amnistía Internacional señalan que en El Salvador la cárcel y la prisión son armas para causar miedo y angustia, y que “defender derechos humanos o protestar pacíficamente puede costar la libertad”, tal como les sucedió a los abogados Ruth Eleonora López y Alejandro Henríquez, y al pastor José Ángel Pérez, presos de conciencia, detenidos como advertencia: “Tú puedes ser el siguiente”.

Pero el miedo finalmente cansa y aburre. La política del terror puede ser efectiva a corto plazo, pero al ser vacía y sin más principios o sustancia que la pistola o la amenaza, es incapaz de sostenerse en el tiempo, resquebrajándose ante el terror de un nuevo caudillo o el coraje de los movimientos sociales.

Hitler y Mussolini en Europa, Maximiliano Martínez en El Salvador y Ortega en Nicaragua son muestras de lo que sucede a estos mercaderes del dolor y la angustia, que mueren ahogados en la abundante sangre que han vertido, o son relegados al ostracismo internacional e histórico, donde apenas sirven como ejemplo y caricatura de aquello que da vergüenza.

Frente a los rostros autoritarios se yergue el testimonio de coraje y esperanza que nos han brindado tantos buenos salvadoreños, que nos recuerdan que tenemos derecho a vivir donde se respeten nuestros derechos fundamentales; derecho a opinar, criticar y pedir cuentas a nuestros funcionarios; derecho a reunirnos y organizarnos; a trabajar y recibir un salario justo dentro de una economía que distribuya equitativamente la riqueza.

Tenemos derecho a vivir en democracia, donde se respeten las leyes y las instituciones funcionen lejos del capricho de unos cuantos poderosos. Tenemos derecho a la inclusión y la humanidad, lejos del garrote y la cárcel como destino único. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Mientras más rápido abracemos esa bravura interna que nos da esperanza, más cerca estaremos de heredar a nuestros hijos una sociedad más justa, donde no prime la ley del más fuerte, donde el débil tenga más opción que temblar de miedo escondido en una cueva.

* Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Casi todos los días estamos escuchando quejas de muertes en nuestras cárceles, con frecuencia con signos de mal trato, quejas por la despreocupación estatal respecto a la salud de los privados de libertad así como por la incomunicación y falta de información a los familiares de los presos, tanto vivos como fallecidos. Dentro de los sentimientos de venganza que albergan muchos salvadoreños aquejados por un pasado de violencia y delincuencia, la noticia no acaba de despertar la indignación ciudadana. Se piensa, y a eso alienta el propio Estado, que todos los detenidos son culpables y merecen no solo la privación de libertad sino otros castigos adyacentes, como el hambre, el mal trato o incluso la tortura. Sin embargo, tanto el pensamiento religioso tradicional como el desarrollo de las leyes civiles nos dicen que la persona humana no pierde nunca su dignidad y, aunque este sufriendo un castigo merecido por sus delitos, hay que respetarla y tratarla sabiendo que conserva derechos fundamentales a la vida y la integridad personal. En este contexto resulta importante reproducir aquellas parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos de los privados de libertad. Y es importante hablar de ella, porque dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por El Salvador. Y es por tanto parte de nuestro derecho, e incluso tiene prioridad sobre las leyes internas de El Salvador, según se reconoce en nuestra Constitución.

Lo primero que nos dice la Convención es que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y también que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese sentido, cuando las quejas se multiplican al respecto, la Fiscalía debiera iniciar una investigación exhaustiva sobre la situación de los fallecidos en prisión. No vale decir que en todas las cárceles fallecen personas cuando mueren demasiadas con signos de violencia. Además la Convención añade que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”. Aunque este texto se refiere al respeto a derechos básicos del privado de libertad, es evidente que la pena impuesta a algunas personas trasciende incluso hacia su familia. Los familiares tienen derecho no solamente a conocer la situación de salud de sus familiares en prisión, sino incluso a ayudarles con medicina. Un caso reciente en El Salvador, de un ex asesor de seguridad del gobierno, fallecido en prisión, ha sido denunciado por su madre, a la que en ningún momento se le brindó la información adecuada ni se le permitió que un médico de su confianza analizara la situación de salud de su hijo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al respecto, autorizando la visita médica propuesta por la familia en casos donde la información de la salud del detenido es grave y simultáneamente los familiares no gozan de la información adecuada. El hecho, además, de que demasiados casos de “habeas corpus”, muchos de ellos referidos a personas enfermas, no hayan sido atendidos, señala la grave violación de derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado.

A este respecto no cabe otra opción que la de exhortar a las autoridades estatales, fiscales, jueces y carceleros, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones. En repetidas ocasiones se ha advertido que quienes están en puestos de autoridad lanzan mensajes de odio contra los defensores de Derechos Humanos. Esa actitud y modo de comportarse desde la autoridad no hace más que confirmar que son violadores de derechos básicos y de legislación interna e internacional. En medio de una gran actividad de promoción de derechos, llama la atención el silencio con que la Procuraduría observa las violaciones de derechos que proceden del Estado y, en concreto las muertes en prisión. Solamente la hipocresía, el miedo o la venalidad pueden explicar esa actitud. Reflexionar sobre la muerte de privados de libertad y exigir transparencia y justicia es tarea para todo ciudadano decente.

“¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado?”, se preguntaba no hace mucho un radioyente de YSUCA. Aunque la pregunta parece retórica, expresa una inquietud de algunos sectores sociales. La cuestión implica la popularidad de Bukele, el argumento más importante para continuar en el poder, para mantener el régimen de excepción y, en último término, para consolidar la dictadura. Si la mayoría se siente a gusto con ella, incluso la deslumbra, la crítica y el reclamo están fuera de lugar. Todo lo hace bien y es bueno, y lo que no le sale bien, no es porque no quiera, sino porque fuerzas oscuras y perversas se lo impiden.

No todos son conformistas. El ser humano es constitutivamente inquieto. Muchos investigan y preguntan. No se dan por satisfechos hasta obtener una respuesta convincente. La inteligencia se subleva ante el error y la mentira. La dimensión ética reacciona indignada ante los costos materiales y humanos de los desaciertos del poder. El pago de la deuda consumirá la quinta parte del ingreso nacional y pasarán muchos años hasta que se reduzca a niveles tolerables. El peso de esta carga no recaerá en quienes ahora contemplan impasibles el derroche y la malversación, sino sobre sus descendientes, quienes, sin haber sido consultados, encontrarán reducidas sus posibilidades de desarrollo humano. Ellos sufrirán las consecuencias devastadoras de la deforestación, del desperdicio del agua y del irrespeto al medioambiente, disfrazado de progreso.

Los que no quieren ser ayudados se conforman con muy poco. Se contentan con que el régimen “haga algo”, casi cualquier cosa, y que lo haga “paso a paso”, es decir, a su antojo y no en respuesta a las necesidades apremiantes de la gente. El recibir migajas, mientras unos cuantos, vinculados al poder, acumulan capital, no los perturba. Son extremadamente comprensivos y complacientes con el poder. Es la actitud del resignado con la suerte que otros le han asignado. No pide ni reclama, se conforma con lo que le dan. Es la actitud del acomodado a la mediocridad.

Tristemente, el conformismo es generalizado. Pero el gobernante responsable debe ser mucho más exigente consigo mismo y sus funcionarios. Un mínimo sentido del deber lo compromete a hacer lo imposible para que los gobernados disfruten de un bienestar razonable, garantizado y viable.

Los conformistas y los mediocres se caracterizan por el negacionismo. Eligen negar la realidad para evadir la incomodidad de tomar en sus manos su destino. Ignoran que los usuarios del Hospital Rosales de la tercera edad y los enfermos crónicos peregrinaron de un sitio a otro por la desorganización gubernamental. Desconocen el desabastecimiento de medicamentos y la privatización del Seguro Social. Les parece normal que un tercio de los habitantes del área metropolitana haya estado una semana sin agua potable por falta de mantenimiento de las tuberías madre, a pesar de préstamos millonarios para garantizar el servicio. No es asunto suyo que los puestos renovados del mercado San Miguelito sean más caros, a pesar de lo prometido en la inauguración. Tampoco la crisis de internet en los centros de educación pública ocasionada por la deuda millonaria con los proveedores. No les interesa el paradero de los fondos de Cosavi ni la solidez de las pensiones. La lista podría alargarse.

Admitir estas realidades en el mejor de los mundos posibles les resulta desconcertante y motivo de angustia. Es así como quienes no se dejan ayudar, las rechazan sin más. El hecho de ser verificables, no los convence. Salen del aprieto atribuyendo sus penurias actuales a un pasado oscuro cada vez más lejano. Reconocer las tribulaciones del presente los sacaría de la ensoñación del enajenado.

Los negacionistas no solo rechazan la información, sino también la propuesta, la crítica y la protesta. Prefieren que otro decida y les ordene qué hacer. De alguna manera, los que no quieren ser ayudados son conscientes de que no tienen argumentos para refutar los señalamientos y las denuncias de los inconformes. Inseguros de sus certezas, descalifican y agreden al mensajero para intentar desautorizar el mensaje. El mensajero puede ser indigno, pero, sin análisis, no es razonable descartar el mensaje. Se engañan, pues el silencio del mensajero no necesariamente mata el mensaje. Otro se levantará para cuestionar, denunciar y condenar.

Vivir en un mundo de ensueño como la dictadura de los Bukele es más confortable que pensar, decidir y poner manos a la obra para comenzar a transformar la realidad actual en otra menos desigual. Vivir en la mentira es mucho más cómodo que desvivirse para hacer posible una vida digna para todos.

El negacionista acepta la vida tal como viene, se resigna con el destino asignado por otros y se consuela con los gozos celestiales prometidos a los sufridores del despojo, la opresión y la injusticia. El conformista y el negacionista constituyen una de las obras más logradas de la dictadura.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.