Editoriales y Opiniones

La Constitución salvadoreña es enfática a la hora de decir que el Estado está al servicio de la persona humana. La persona es “el origen y el fin del Estado”. El Estado está por tanto a su servicio y debe brindarle libertad, cultura, salud, bienestar económico y justicia social. Son palabras prácticamente textuales del primer numeral de la Constitución. Sin embargo, se dan desde hace ya muchos años y diversos gobiernos, limitaciones y contradicciones no solo con el artículo primero de la Constitución, sino también con muchos otros numerales de la misma. Recorreremos algunos de esos desafueros desde situaciones actuales. Recientemente se quejaba un sindicato de aproximadamente 400 despidos de trabajadores municipales. El control estatal de la recogida de basura y el inicio de dichas funciones ha sido la causa del múltiple cese laboral. Aunque hay quejas al respecto, podemos suponer que se les ha dado prestaciones. Pero ni este gobierno ni los anteriores han sabido integrar la necesidad y obligación estatal, coherente con el derecho al trabajo, de dar lo que se suele llamar prestación del desempleo. Como por ejemplo, dar mensualmente, durante seis meses máximo, un 60% del salario que recibían los trabajadores despedidos, mientras no consiguen un nuevo trabajo. Los gobernantes, de cualquier partido que sean, son servidores públicos. Tienen que pensar siempre en cómo servir mejor al ciudadano que lo mantiene con sus impuestos

Algo parecido podríamos decir de los vendedores ambulantes, o incluso pequeños empresarios desalojados de sus lugares habituales de negocio. Generalmente se les deja en el aire, sin que el Estado que los desaloja se responsabilice de mejorar su situación. Ofrecerles lugares dignos para sus ventas, formalizar su trabajo con una ley adaptada a este tipo de trabajador autónomo, darles los mismos derechos de cualquier trabajador no es un regalo. Al revés, es un derecho de los vendedores y una obligación estatal. Al menos eso es lo que se deduce de la obligación de brindar a los ciudadanos bienestar económico y justicia social. Las pensiones no contributivas se comenzaron a dar durante los gobiernos del FMLN a los mayores de 70 años que no habían cotizado. Era una cantidad pequeña y hubo meses que no se pagó. Se le dio solamente a una pequeña proporción de quienes estaban en esa situación. En la actualidad, el número de los que reciben esa prestación ha ido descendiendo. Todavía hoy la mayoría de quienes tienen mas de 70 años no reciben ninguna prestación monetaria, aunque haya trabajado toda la vida e incluso continúen haciéndolo más allá de los 70 años. Los campesinos, las mujeres dedicadas al cuido de muchos hijos o nietos, se ven privadas de un apoyo estatal que es cuestión de justicia. Porque todo el que trabaja produce valor y riqueza. Y el Estado debe reconocérselo. No considerar el cuido de niños y ancianos como trabajo es una aberración machista, dado que la mayoría de personas que hacen dicho trabajo son mujeres a quienes no se le reconoce la importancia social, cultural y económica del cuido, más allá de que no coticen a ningún seguro.

La Constitución exige también cultura y educación. Llevamos 40 años estancados en la exigencia de terminar noveno grado. Desde hace tiempo, incluidos gobiernos anteriores, era necesario que el bachillerato fuera obligatorio si queremos avanzar en el desarrollo. Pero la tendencia de quienes han administrado el poder ha sido la de dar de palabra prioridad a la educación y al mismo tiempo, de hecho, no invertir en educación lo suficiente para que esta sea de calidad y universal. Ahora han metido el tema de la urbanidad como prioritario, incluso amenazando con perdida del año lectivo por no dar los buenos días adecuadamente. El tema, que prácticamente viola el interés superior del menor con el que nos comprometimos al firmar la Convención del menor, nos distrae de la necesidad urgente de invertir más en educación y dialogar más con los maestros sobre cómo avanzar en calidad. El gobernante, el funcionario, el empleado estatal son servidores públicos. No puede decirse que todo lo que hagan es malo. Pero tienen que reflexionar sobre cómo avanzar en todos los campos del desarrollo humano. Que algunos funcionarios se llenen la boca diciendo que no quieren saber nada de la agenda 2030 ni de sus objetivos de desarrollo sostenible es escandaloso. Que se despreocupen de hecho de algunas de las necesidades de la población es fatal. Y que se persiga a quienes defienden derechos básicos o fundamentales es llevar al país a un camino que terminará en decepción y fracaso.

En el país, se ha intensificado la imposición de un discurso centrado en la disciplina, la obediencia y el control como pilares del orden público, desplazando así el debate y las políticas estatales para garantizar derechos como la educación, la salud y la seguridad social. El miedo, el encarcelamiento y la militarización son presentados como soluciones definitivas a los problemas estructurales. En síntesis, bajo el paradigma gubernamental, la represión es la medicina definitiva.

Los dos puentes recientemente inaugurados son un portento para el oficialismo. Construidos con la técnica atirantada, una modalidad novedosa en el país, no solo salvan el obstáculo del río Torola, sino también, de acuerdo con la retórica de la inauguración, están destinados a conducir a un futuro extraordinario. En efecto, los puentes de San Antonio y Carolina dejarían atrás “décadas de abandono” al introducir prodigiosamente en un mundo maravilloso. Las comunidades aisladas del otro lado del río verán cómo se levantan infraestructuras hasta ahora negadas y cómo proliferarán el empleo, las oportunidades, el turismo, la educación, la diversión y la dignidad.

Estas novedades no serán inmediatas. Bukele no les puso fecha. Sus habitantes tendrán que armarse de paciencia y aguardar confiadamente el cumplimiento de sus promesas. De hecho, Bukele inauguró los puentes con más de dos años de retraso. Mientras tanto, sus habitantes disponen de un espacio “perfecto para pasar un rato con la familia”, dotado de miradores y plazas para contemplar el atardecer o, si lo prefieren, el amanecer. Incluso encontrarán facilidades para practicar el bungee jumping —en inglés suena más interesante—, un deporte extremo, que consiste en saltar al vacío desde el puente. Y durante la noche, podrán admirar la “iluminación arquitectónica” con luces LED de “este puente tan lindo”.

Las comunidades no deben desesperar. Bukele les dejó claro que “puede que falten algunos años” para disfrutar de la prosperidad y el bienestar. Las décadas de retraso y desidia no se superan “de la noche a la mañana”. Más aún, nunca se superarán completamente, porque “siempre habrá muchas necesidades” a causa de la pobreza y del subdesarrollo. Estos son dos obstáculos demasiado grandes, incluso para él. Por eso solo se comprometió a “ir paso a paso mejorando”. Eso sí, “con muchas ganas”. Las comunidades deben conformarse con su suerte, no hacerse falsas ilusiones y confiar en su liderazgo.

Los puentes nuevos agotan sus posibilidades en la inauguración. En la otra orilla no hay bonanza alguna, sino lo mismo de siempre. En más de seis años, la economía de Bukele no ha alcanzado la estabilidad y la versatilidad de los dos puentes atirantados. Importa más de lo que exporta, la vida es cada vez más cara, el mercado interno languidece, el sistema fiscal es regresivo, la deuda está descontrolada y el fondo de pensiones se agota. El auge de la construcción infla una burbuja. Solo las remesas proporcionan algún alivio. Sin una ubicación geoestratégica, sin petróleo, ni minerales, ni tierras raras, sin inversión pública sostenida y sin política económica viable, las posibilidades de crecimiento son pocas.

El desarrollo económico no surge prodigiosamente. Las ganas no son suficientes. El régimen de excepción y su megacárcel y la creciente centralización de la gestión gubernamental no han dinamizado la economía. El sistema hospitalario controlado por Casa Presidencial no prestará servicios más eficaces y oportunos. El oficialismo asume gratuitamente que el control directo de Bukele es garantía de éxito. Es humanamente imposible que sepa qué retretes están sucios en las dependencias gubernamentales. La creencia en que lo sabe todo, que puede con todo y que todo lo hace bien lo ha convertido en una especie de fetiche.

Los privilegios administrativos y las exoneraciones fiscales a los multimillonarios no han arrojado el resultado esperado. La inversión extranjera directa no solo es una de las más bajas de la región, sino que, el año pasado, disminuyó más del 10 por ciento. Mucho más determinante que suprimir impuestos, simplificar la burocracia o conceder la nacionalidad es la seguridad jurídica, es decir, conocer el rumbo del país, implementar políticas consistentes y viables para concretarlo, y contar con un sistema judicial independiente y serio. Los inversionistas también buscan un nivel educativo alto, lo cual va mucho más allá de la disciplina militar y la apariencia externa.

En lugar de ocuparse de la raíz de los problemas, la dictadura se deslizar por las ramas. Últimamente le ha dado por emplear grandes sumas de dinero en iluminar infraestructuras como los dos puentes o un mercado renovado, en lugar de dirigir las luminarias hacia la realidad nacional. En los puentes, Bukele se jactó de que, a diferencia de la oposición, él camina bajo las luces LED. Sin embargo, no se atreve a dirigirlas hacia los interiores de Casa Presidencial. Mantiene en la oscuridad datos tan insustanciales como la cantidad de fotomultas. Tal vez porque después de tanta publicidad el equipo está fuera de uso. Esta manera de proceder confirma la desconfianza del inversionista.

La inauguración de los puentes fue un espectáculo montado para ensalzar la figura de Bukele, no para celebrar la transformación de las comunidades aledañas. Lo exhibió como luz potente de infraestructuras, pero también como oscuridad densa de Casa Presidencial y de lo que la rodea. La iluminación arquitectónica suscita admiración, pero más allá de ella reina la tiniebla.

Con el agua estamos en deuda. Fuente de salud y vida, pero también causa de destrucción y muerte en ocasiones, no hemos sabido aprovecharla ni pensarla de cara a nuestro futuro. No hemos querido suscribir el Acuerdo de Escazú ni tenemos una política del agua que garantice un futuro digno para todos. Hay mucha gente que carece de acceso adecuado al agua y personas en riesgo ante lluvias intensas y temporales. Colonias de clase media que se asientan sobre importantes acuíferos acaban convirtiéndose en los usuarios exclusivos del recurso. A la vez, el agua es comercializada por las empresas constructoras y restringida para quienes viven al otro lado de las plumas que vigilan la entrada a las colonias. La construcción masiva de viviendas en Valle El Ángel es un buen ejemplo de la depredación empresarial de un bien que debe ser de uso común, no privado. Defendiendo el acceso al agua potable y segura como un “derecho humano básico, fundamental y universal”, el papa Francisco denunciaba la tendencia a privatizarla. Pero en nuestro país, la tendencia permanece. E incluso el agua de todos se ve amenazada por una peligrosa y amplia contaminación si no se revoca la ley de minería y se instala alguna de esas empresas mineras depredadoras del medioambiente.

En contraste con nuestra situación, esta semana, del 24 al 30 de agosto, se celebra la Semana Mundial del Agua. Para América Latina, el tema es importante. En nuestro subcontinente encontramos un tercio del agua superficial del mundo. Sin embargo, la relación con el agua no es la ideal. Entre 2000 y 2019, más de 150 millones de personas latinoamericanas fueron afectadas por desastres vinculados al agua o a su carencia, sean inundaciones, sequías o tormentas. También entre el norte de México y el sur de Chile y Argentina, 160 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a inundaciones. Una investigación de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, financiada por la Fundación Rockefeller, analizó la situación de 188 países con respecto a las amenazas del cambio climático: 65 están en riesgo extremo; 30 de ellos están en América Latina. El Salvador forma parte de esa lista, entre los siete de mayor riesgo.

El estudio cruza dos elementos que resaltan la vulnerabilidad: por un lado, la ubicación geográfica y la organización social; y por otro, las dificultades de obtener crédito para recuperarse del desastre. Por nuestra ubicación geográfica, por la falta de preparación preventiva del desastre y por la dificultad para adquirir préstamos dada nuestra elevada deuda, nos encontramos entre los siete países latinoamericanos más vulnerables ante desastres climáticos. De poco sirve consolarnos diciendo que estamos mejor que Haití, Venezuela, Guatemala u Honduras. Tomar en serio la prevención es necesario. Ver, desde hace más de 40 años, las montañas peladas en las inmediaciones de Apopa, sin que hasta el presente se haya hecho un esfuerzo serio por reforestarlas, es todo un síntoma del abandono y la inercia en la que nos movemos en la prevención medioambiental.

El agua, como el aire, es un bien común y un derecho humano básico. La escasez de agua o su encarecimiento comercial es un atentado contra la vida humana. Por eso, el acceso al agua sana es un derecho inalienable que toda persona puede reclamar. En un país con lluvia más que suficiente para el consumo y el riego, el agua solamente se convierte en problema porque no se la ha cuidado ni se ha trabajado por un acceso amplio y saludable a ella. Y si se convierte en problema destructivo en algunos momentos del año, es también por lo mismo. Hemos sido lentos y remisos para planificar lugares de asentamiento humano, no hemos cuidado los cauces de nuestros ríos ni construido bordos adecuados. El papa Francisco decía en su encíclica sobre el medioambiente que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. Prevenir los efectos del deterioro del agua y el medioambiente es defender los derechos de muchos. Perseguir o encarcelar a quienes defienden el agua o el medioambiente es y será siempre una pésima decisión.

Editorial UCA

Tanto el sentido común como la Constitución salvadoreña dicen que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, en el marco del funcionamiento del régimen de excepción, algunas familias no solo no gozan de protección estatal, sino que sufren diferentes formas de exclusión y violencia. En los desalojos, cada vez más frecuentes, hay familias que pierden de hecho el derecho a la vivienda sin recibir una indemnización adecuada. Por su parte, las familias de los detenidos tienen que pagar para que estos reciban un poco más de alimento del que habitualmente se proporciona en las cárceles. Además, no los pueden visitar, a pesar de que la legislación internacional defiende las visitas familiares como una actividad fundamental en los procesos de rehabilitación. En El Salvador, no importa que la rehabilitación sea uno de los objetivos constitucionales de la detención carcelaria; a los detenidos se les considera culpables desde un principio y a sus familiares se les trata como si fueran presuntos cómplices.

En todas las religiones se considera que la familia es un factor fundamental de humanización y de crecimiento en valores. En todas las legislaciones americanas hay referencias a los valores familiares. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos insiste en que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo, el régimen de excepción corta de tajo la relación entre los detenidos y su familia. En este sentido, resulta totalmente secundario e irrelevante para las autoridades penitenciarias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipule como un principio básico para todos los Estados americanos “la obligación de adoptar medidas orientadas a fortalecer la familia y proteger el vínculo familiar entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Los vínculos familiares no solo ayudan a la reinserción, sino que mejoran el comportamiento en las cárceles. Y para quienes pasan tres, cuatro o cinco años en la cárcel sin juicio y sin defensa, el contacto familiar es el mínimo consuelo que una conciencia humana debería ofrecerles.

Los funcionarios actuales tienen una confianza ciega en el castigo —cuanto más duro, mejor— para solucionar los problemas de la violencia. Aunque algunos de ellos lo vean como un excelente complemento de un castigo arbitrario, el maltrato y estigmatización de las familias de los detenidos es una forma de violencia injusta, generadora de nuevas violencias. Esta forma de tratar a las familias implica, además, sembrar semillas de criminalidad a largo plazo. Porque si el Estado les niega todo tipo de solidaridad, e incluso persigue a las organizaciones que, en concordancia con la Constitución y el derecho internacional, defienden derechos básicos, empuja a los privados de libertad y a sus parientes al resentimiento social. La estigmatización de las familias de los privados de libertad y la aplicación de castigos de forma indiscriminada y extensiva impiden la construcción de una sociedad solidaria capaz de acrecentar la necesaria amistad social y eliminar los mensajes de odio que tanto daño hacen.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) inauguró las XIV Jornadas de Reflexión Económica, dedicadas a la memoria del padre Francisco Javier Ibizate sacerdote jesuita y economista recordado por su sencillez y compromiso con los sectores más desfavorecidos.

Rodolfo Cardenal

21/08/2025

Algo bueno de la dictadura es su capacidad para sorprender. Hay que reconocer que su inventiva y su descaro no conocen límites. Después de la entrada en vigencia de la legislación contra la corrupción, agregó otra sobre valores y espiritualidad. La primera fue más una exigencia del FMI; la segunda pareciera querer reforzar la honestidad que este último demanda para financiar la deuda. En cualquier caso, la novedad no debe llevar a engaño, porque lo más probable es que el régimen no acate estas legislaciones. También es verdad que ninguna es necesaria, porque ya existen normas e instituciones para garantizar la honestidad gubernamental. Aparte, la persona íntegra no necesita imposiciones externas, porque es consecuente con sus principios.

La legislación contra la corrupción obliga al funcionario y a su parentela cercana a declarar anualmente sus posesiones. La declaración es pública, excepto “los datos sensibles”, aquellos que en realidad interesan. De esa manera, la excepción anula la finalidad de la ley y, en consecuencia, todos los funcionarios, sin excepción, son formalmente honestos. La legislación es una simple formalidad.

Justamente, en estos días, la prensa puso a prueba esa voluntad de honestidad. Un medio digital puso en tela de juicio el veloz enriquecimiento de uno de los líderes de la legislatura oficialista. Ya en 2021, el diputado en cuestión ocultó en su declaración de probidad la posesión de una vivienda en San Martín. Testificó no poseer ningún inmueble. Posteriormente, en nueve meses, apareció con seis propiedades, desde un apartamento en la Escalón hasta terrenos en el golfo de Fonseca, valorados en medio millón de dólares aproximadamente. Su liquidez y su salario —nada despreciable, por cierto— no explican tamaño enriquecimiento. Al parecer, el financiamiento proviene de un banco estatal que proporciona préstamos millonarios en condiciones especiales a los altos funcionarios y sus familiares. Un privilegio fuera del alcance de cualquiera.

Simultánea e incoherentemente, la dictadura agregó a Casa Presidencial una dependencia para promover la moralidad en el sector público, un reconocimiento implícito de la inmoralidad reinante. En consecuencia, formará en principios y virtudes. No solo a los funcionarios, sino también al conjunto de la sociedad. La indecencia no se supera con leyes, sino con prácticas honestas y, por tanto, de cara a la opinión pública. El legislador de novedades no ha superado aún el vicio decimonónico de pensar que legislar es gobernar.

La virtud no prevalecerá mientras la dictadura no persiga a los corruptos con la implacabilidad que usó contra los pandilleros. El sermón o la arenga entran por un oído y salen por el otro, porque el corrupto se sabe inmune. En la colonia, los altos funcionarios colocaban sobre su cabeza las órdenes reales, mientras recitaban: “Obedezco, pero no cumplo”. La puesta en práctica de la virtud debe empezar limpiando las dependencias presidenciales. Ensañarse con el estafador o el ladrón de poca monta es insignificante. No convence del compromiso del oficialismo con la honestidad.

La legislación de la espiritualidad, que acompaña a la de la virtud, también tiene notas falsas, comenzando por la incapacidad del legislador para definirla. Habla vagamente del “desarrollo integral del ser humano en su dimensión espiritual y existencial”. Una declaración de intenciones sin consecuencias prácticas, dado que no tiene objeto definido. En todo caso, la espiritualidad bien entendida no es materia legislable. Tampoco tiene cabida cuando hay hambre y enfermedad, abandono y miseria. La prioridad es la vida plena, que solo es posible cuando las necesidades básicas están satisfechas. Entonces, se puede comenzar a hablar de la apertura humana a la dimensión sobrenatural.

No obstante, la dimensión ecuménica de la ley es positiva y, sin duda, será bienvenida por las confesiones religiosas. Las incluye a todas, sin discriminación, en sus beneficios. Les promete becas y financiamiento. Una promesa inverosímil. A pesar de ello, una declaración inclusiva en una sociedad de exclusiones, descalificaciones y enfrentamientos es novedosa.

Un régimen que no pierde ocasión para invocar el nombre de Dios debiera prestar más atención a su palabra. Cabe, pues, recordar aquí algunos principios evangélicos claros y prácticos para crecer en humanidad, en decencia y en profundidad interior. Una dictadura que camina en la oscuridad, porque sus obras no resisten la luz, es ajena al reinado de Dios. En cambio, los constructores de ese reino, los hijos de la luz, caminan de día para que sus buenas obras sean vistas por todos. Aquellos que presumen de rectitud ante los demás no debieran olvidar que Dios los conoce muy bien. Y que lo que la mayoría considera de mucho valor, aplaude y admira, para Dios no vale nada. Y, por último, el mismo Hijo de Dios advirtió que no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se amará al otro; o bien será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.

El autoritarismo avanza a pasos acelerados en el país y, como es lógico, en la medida en que ha escalado, ha crecido el miedo en la población. Para mucha gente, ese es el precio a pagar por tener seguridad, un bien que le fue negado por décadas. Saben que se violan derechos, pero prefieren eso a volver al pasado. Prefieren sentirse libres para trabajar y desplazarse. Ignorar o no reconocer esto impide comprender la base del respaldo social del que goza Nayib Bukele. La seguridad es la piedra angular sobre la que descansa la propaganda oficial y con la que se justifica todo tipo de medidas, hasta las más impopulares. Lo que queda por aclarar es si la gente es consciente de hacia dónde se dirige el país y de que el miedo es solo el comienzo.

La propaganda oficial ha logrado permear en una buena parte de la población. Por ello hay gente que de buena fe cree que la economía de todos mejorará y que las duras condiciones de vida de los más pobres pronto encontrarán alivio. Y ello les lleva a perder de vista que la única situación económica que mejora es la de unos pocos, vinculados al pequeño círculo que hoy en día detenta todo el poder. Por otra parte, puesto que para muchos salvadoreños el Estado de derecho siempre fue un objeto lejano, al alcance solo de minorías, no hay razón para que les alarme la anulación de la institucionalidad pública y de la división de poderes. En la misma línea, acostumbrados a la corrupción gubernamental, un rasgo que ha sido intrínseco a la administración del Estado, no les sorprende el ocultamiento de toda la información pública, incluyendo los gastos.

Pero hay otro grupo de salvadoreños que son conscientes de lo que apoyan o de lo que silencian. Saben para dónde va el país, pero por miedo o por conveniencia callan o respaldan públicamente lo que antes condenaban. Cuando esta página de la historia pase, ¿qué dirán los medios de comunicación que para congraciarse con el poder no reportan el crudo drama de los inocentes que guardan prisión sin derecho a ningún tipo de defensa? ¿Qué argumentarán los académicos que tuercen la realidad en perfecta coherencia con el guion del oficialismo? ¿Qué dirán los grandes empresarios —antaño férreos defensores de lo que llamaban “el sistema de libertades”— que avalan con su silencio la corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos y el desmontaje de la democracia? ¿Qué será de los jueces que interpretan la Constitución para que diga lo que no dice y que obedecen órdenes y no la ley? ¿Dónde vivirán los que usan el Estado para volverse ricos mientras exigen virtud y rectitud a todos los demás? ¿Cómo se explicará a las niñas y niños que sus padres repitieron los errores del pasado para legarles un país sin futuro?

José M. Tojeira

La semana pasada un partido habló de la posibilidad de no presentarse a las elecciones de 2017, Otro dijo que estaban evaluando si se presentarían o no. El adelanto de las elecciones, junto con la posibilidad de reelección indefinida, ha causado preocupación en la ciudadanía. Hay una mezcla de derrotismo y miedo en el ambiente sociopolítico que es a mi juicio tan dañino para la vida democrática como el autoritarismo centralizado hacia el que vamos avanzando. Tanto la sociedad política como la sociedad civil han quedado enormemente debilitadas. Y es probablemente esa debilidad la que conduce a algunos políticos a expresar sus dudas de presentarse o no a las próximas elecciones, pensando que la no participación puede servir para debilitar al gobierno actual. Más allá de las opiniones, que siempre son respetables, conviene reflexionar a fondo sobre el tema. Porque dejarse llevar por el miedo a las dificultades de participar en elecciones cuando el poder establecido tiene un peso excesivo en las instituciones es rendirse por anticipado. Y porque solamente tras una reflexión seria, más que tras una reacción poco pensada, se puede enfrentar la capacidad y habilidad propagandística del actual gobierno para mostrar cualquier decisión ajena en su propio provecho.

Lo primero que deben planificar los partidos existentes, antes de decidir si presentarse o no a elecciones, es cómo fortalecerse. Partidos débiles o irrelevantes no tendrán impacto en la vida nacional se presenten o dejen de hacerlo. Y ciertamente, en este momento, poca gente duda de la profunda debilidad de los partidos existentes, más allá del partido en el gobierno. La historia de nuestros partidos no ha sido exitosa ni en lo que respecta al desarrollo social ni al económico. Y su debilidad en el actuar estuvo siempre acompañada de la ausencia de un planteamiento serio. El peso de los militares y la corrupción política, unidos a unos intereses económicos muy poco abiertos a la democracia y a la solidaridad económica y social limitaron o corrompieron los pocos intentos de construir un país más democrático y con mayor desarrollo y equidad. Fortalecerse implica reflexionar sobre qué tipo de país queremos y tener un proyecto político bien desarrollado, abierto al conocimiento del público.

Los países salen adelante cuando el liderazgo político ofrece un proyecto de desarrollo de realización común que ilusiona a la gente porque lo comprende y lo ve positivo. En vez de eso los partidos han preferido una propaganda llena de promesas y frases sonoras pero que no tienen contenido o lo tienen muy débil y en contraste con la realidad. Decir que no se presentarán en elecciones a causa de las maldades que ellos ven en el gobierno actual no tendrá mayor efecto. Si en algo desean ayudar a la democracia en el país deben presentar proyectos alternativos al gobierno actual que interesen a las personas y asumir las dificultades que dicho esfuerzo incluye. Ya en la reducida oposición política que existe se ven rasgos de que se puede trabajar en esa dirección. Pero falta una voluntad clara de hacer política en serio.

Aunque la sociedad civil siempre ha sido débil en el país, ha tenido pensadores de mucha categoría a lo largo de su breve historia. Y sigue teniendo generaciones de personas con pensamiento propio y con ganas de trabajar por un país mejor. Es un valor que con frecuencia los partidos no han sabido aprovechar, aunque en ocasiones utilizaran a la misma sociedad civil para su propio beneficio. Dialogar con la sociedad civil, comprometerse en su defensa, aprender desde el pensamiento crítico y desde una visión de futuro diferente, daría a los débiles partidos actuales mucha mayor fuerza. Lo que no funciona es decir que se apoya al medio ambiente en el programa del partido y permanecer indiferentes cuando se fustiga o persigue a los defensores del agua o a quienes se oponen a la minería. Posiciones claras y acciones coherentes le dan vida a los partidos. No presentarse a elecciones no sirve de mucho en las actuales circunstancias.

El ministro de Justicia envió recientemente una iniciativa a la Asamblea Legislativa que muestra, una vez más, la creciente contradicción entre la normativa del régimen de excepción y la Constitución de la República. Se propuso y aprobó que la Fiscalía tenga dos años más —con la posibilidad de sumarle uno extra— para presentar la acusación formal contra los detenidos en el marco del régimen de excepción. Con esta medida, quienes fueron detenidos hace tres años podrán pasar en la cárcel cinco —incluso seis— en total antes del inicio de un juicio. Cinco años aislados de sus familiares, de sus abogados y de la información sobre su proceso legal. En El Salvador ha dejado de ser cierto que el derecho penal sea el último recurso para resolver los problemas personales o sociales; en el país, el derecho penal es cada vez más frecuente, más oneroso y más cruel, y se aplica a conveniencia del poder.

Hace años, algunos destacados profesionales del derecho invitaban a los estudiantes a convertirse en juristas, no en “codigueros” manipuladores de la ley al servicio del poder político o el dinero. Si la judicatura en el país pocas veces alcanzó una verdadera independencia del Ejecutivo, hoy el derecho se reduce a ser una especie de recetario decidido desde el poder político. Recetario para leguleyos sin conciencia, no para juristas. La dignidad de la persona y su libertad, pilares fundamentales de una práctica jurídica seria, están ahora ausentes; en su lugar se exalta imponer castigo, prolongar el sufrimiento de los detenidos (sean culpables o inocentes) y extender el dolor hacia sus familiares.

La prolongación del tiempo de detención antes de llegar a juicio genera una serie de preguntas sobre el respeto a la Constitución al que están obligados los jueces. Sería oportuno que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aclararan qué significa para ellos la obligación constitucional de “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia”. ¿Puede haber presunción de inocencia cuando se mantiene privada de libertad y sin juicio a una persona a lo largo de cinco años? Puesto que la Constitución afirma que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”, ¿los jueces condenarán al Estado a indemnizar al menos a los inocentes que pasaron cuatro o cinco años presos a causa de una acusación débil y carente de pruebas? La Constitución insiste en que a nadie se le puede condenar si no es “en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías judiciales para su defensa”. ¿Explicarán los magistrados de la Corte Suprema qué relación tiene con las garantías judiciales la imposibilidad de que los abogados visiten a sus defendidos?

El derecho, la norma y la reflexión sobre la misma son necesarios en la vida social. Si conjugan adecuadamente derechos con deberes, las normas son garantía de amistad social. No es prudente ni humano castigar sin limitaciones. La tortura y el trato cruel o degradante están severamente prohibidos por la legislación internacional. Frente quienes tuercen el derecho desde la lógica del poder y la fuerza, el pensamiento humanista centra la ley en la búsqueda del bien, vivido concretamente en la convivencia. La búsqueda del bien y de la armonía social nunca deben estar separadas del derecho.