Editoriales y Opiniones

El jueves 7 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador. Los argumentos esgrimidos para justificar la medida son incrementar la productividad, generar empleos de calidad y promover exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, estas razones contrastan con la falta de evidencia de éxito de la estrategia de exenciones fiscales vigente.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en su estudio “Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica”, publicado en 2023, apunta más bien en dirección contraria al optimismo oficial. En sus conclusiones, este informe plantea que “las estrategias de promoción de inversiones basadas en el otorgamiento de privilegios fiscales no han producido el efecto económico revolvente deseado en los países de Centroamérica (…) por lo que prácticamente estos mecanismos se convirtieron en estrategias de traslado de recursos públicos a ciertos grupos empresariales privados”.

El uso de la política fiscal para fines de enriquecimiento privado en Centroamérica también fue develado por el Icefi en el libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. En el texto señala que las medidas fiscales para favorecer a los grandes capitales pueden ser constructivas, es decir, medidas que construyen marcos tributarios a la medida de los intereses del gran capital; y también medidas destructivas, cuyo objetivo es reformar o derogar la legislación tributaria que entorpece el enriquecimiento de grupos económicos. Ambas medidas responden, finalmente, a los objetivos de posibilitar, facilitar o ampliar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos. Desde esta óptica, el régimen especial aprobado hace unos días puede clasificarse como una medida constructiva a favor del gran capital.

Otro aspecto que se evidencia en el régimen especial recién aprobado es la normalización de una estructura tributaria regresiva, que carga más a quienes tienen menos. En este caso en particular, no estará libre de impuestos la población asalariada que cubrirá los puestos que se generarán a partir de los incentivos. Así lo expresó el diputado oficialista Mauricio Ortiz: “El país también podría beneficiarse en otras áreas como la generación de empleo masivo y recaudación de impuestos por salarios.”

Finalmente, aparte de las renuncias tributarias del Estado salvadoreño, no debe perderse de vista los costos sociales y económicos de esas inversiones, la erosión de los recursos naturales requeridos por esas actividades económicas; recursos que difícilmente serán reconstituidos o compensados: el agua, la tierra, la biodiversidad. Si se comparan los costos que la sociedad salvadoreña asume para atraer y mantener grandes inversiones bajo regímenes tributarios de privilegio con los beneficios que de ellos se espera, es aún más evidente que, en este asunto, la mayoría de la población sale perdiendo.

José M. Tojeira

La semana pasada se cumplieron 80 años del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Aunque en aquel momento no se consideró un delito de lesa humanidad, hoy sería evidente que se catalogaría como tal la masacre masiva e indiscriminada de población civil, aunque se juzgara importante para terminar pronto una guerra y salvar vidas de los soldados del bando vencedor. Sin embargo no parece que hayamos reflexionado adecuadamente sobre ese pasado estremecedor. Las actuales guerras en Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía y otras muchas han promovido una corriente armamentista de una dimensiones impresionantes. En 2024, tras una tendencia permanente a aumentar el gasto en armas desde hace diez años, la inversión en armamento ascendió a la cantidad de dos billones con 718 mil millones de dólares. Para hacernos una idea, esta cantidad equivale a 76 veces el producto interno bruto de El Salvador ese mismo año, que anduvo por los 35 mil millones de dólares. Mientras continúa habiendo hambre, pobreza, marginación y ausencia de oportunidades para muchos, las armas continúan creando muerte, dolor y hambre en muchas personas, y no solo en los países en guerra.

Al mismo tiempo se está dando un rearme atómico en los 9 países que poseen ya bombas de esa naturaleza. En total se calcula que hay en torno a 12.000 bombas atómicas, 10.000 de ellas repartidas casi por igual entre Rusia y Estados Unidos. La prolongación de las guerras, el recrudecimiento de las mismas, la diversidad de alianzas y de intereses puede llevar a la tragedia. Varios de nuestros propios países centroamericanos, en cuenta El Salvador, han triplicado su inversión en armas y ejército en los últimos 15 años. La misma relevancia y peso de los ejércitos, cada vez más armados, crea un factor de peligro. Los nacionalismos, los proyectos de corte imperialista, el debilitamiento de los controles internacionales, el menosprecio creciente de los Derechos Humanos añaden peligro y riesgo a la actual situación del mundo en que vivimos.

En El Salvador, aunque en los últimos años hemos aumentado en exceso el gasto militar en detrimento del gasto en seguridad, gracias a Dios llevamos más de 30 años sin guerra. La guerra civil la superamos desde el diálogo y la negociación y no cabe duda de que eso es un hito positivo en nuestra historia del que debemos sentirnos orgullosos, aunque el proceso haya tenido algunos defectos. Pero en la actualidad, aunque no hay guerra, nos encontramos con una tendencia a la descalificación no solo de todo el que manifiesta oposición al poder, sino incluso de quienes le hacen notar al poder los errores o dificultades que puede haber en la implementación de algunas leyes. Ese espíritu de descalificar toda crítica y toda oposición no es legítimo ni sano en una democracia. Si la guerra es la expresión más cruel, dura e injusta de toda violencia, toda forma de violencia, aunque sea verbal, pone semillas de maldad que pueden convertirse en una espiral de violencia que no sabemos a donde nos puede llevar. Recordar la necesidad de diálogo, de búsqueda conjunta del bien común, de escucha a la sociedad civil, es necesario para impedir el acercamiento a las semillas de autoritarismo y represión que conducen hacia la violencia.

Las guerras son siempre malas, y cada vez peores en la época actual. La capacidad de destruir vidas y dañarlas ha aumentado exponencialmente. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki nos muestran la brutalidad y la irracionalidad a las que podemos llegar los seres humanos. El mundo necesita lograr que los conflictos, sean internos o entre naciones, se resuelvan siempre desde el dialogo y desde el respeto a los Derechos Humanos. Lo contrario es entrar en una dinámica irracional e injusta que no nos depara ni libertad, ni justicia, ni respeto a la dignidad humana. Los hibakusha japoneses, testigos supervivientes de la bombas atómicas, se han convertido en verdaderos trabajadores a favor de la paz y testigos de la irracionalidad de las guerras. Escucharlos a ellos es escuchar a quienes el Evangelio llama felices hijos de Dios porque trabajan en favor de la paz.

Los partidos tradicionales de El Salvador solían hacer cambios legales fuertes sin consulta previa y justo antes de que iniciara algún período de vacación. Por ejemplo, cambiaron el colón, la moneda nacional, por el dólar un 30 de noviembre, poco antes de las vacaciones de Navidad. Nuevas Ideas ha superado esta táctica con creces. El Ejecutivo decidió un cambio mayor antes de las vacaciones de agosto sin realizar ni la más mínima consulta a la sociedad civil. Las protestas en contra de este modo de proceder han sido constantes. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el camino antidemocrático que se está recorriendo y han recordado la transgresión de los compromisos y los tratados internacionales, que son ley en el país. La Carta Democrática Interamericana, firmada y asumida por el Estado salvadoreño, insiste en que “el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad”. Tanto la participación de la ciudadanía como el respeto y promoción de los derechos humanos son la base de ese tratado internacional al que el país se ha comprometido.

En la actualidad, la tradición, ya de larga data, de tener buenas leyes y normativas que no se cumplen adecuadamente se está cambiando por la arbitrariedad de proceder en contra de la legalidad fundamental del país. En efecto, la Constitución dice claramente que en caso de que una ley secundaria entre en conflicto con un tratado internacional, prevalecerá el tratado. No establecer consultas previas a los cambios constitucionales y mantener por años el régimen de excepción viola tratados internacionales. Tanto la débil oposición política como algunos sectores de la sociedad civil han reclamado con energía los últimos cambios constitucionales, orientados claramente hacia el fortalecimiento de la deriva autoritaria que experimenta El Salvador.

En las Iglesias es notable la inquietud y el descontento por la toma de decisiones inconsultas que alteran las leyes y restringen la participación democrática. Es de común acuerdo que la sociedad civil está por encima de la sociedad política y que esta última se deriva de la capacidad de aquella de entender y proteger la vida social como proyecto positivo común. La Iglesia católica afirma taxativamente que “la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil” y que, por tanto, esta tiene preeminencia. Aunque la mayoría de los diputados se suelen calificar a sí mismos como demócratas y miembros de una fe cristiana, no muestran conocimiento adecuado ni criterios claros sobre ninguna de las dos áreas. No hay ignorancia más peligrosa en la política que aquella que desconoce los principios racionales de la convivencia social. Y dado que esa ignorancia cunde en las diferentes esferas de la administración del Estado, la consulta a la sociedad civil debería ser paso obligado a la hora de dictar leyes y gobernar el país. Legislar y gobernar arbitraria y caprichosamente, de espaldas a la ciudadanía, es caldo de cultivo para crisis no solo políticas, sino también sociales.

La reciente reforma que habilita la reelección presidencial indefinida en El Salvador sigue generando fuertes críticas dentro y fuera del país.

En el evento también participó Ricardo Navarro, del CESTA, quien indicó las afectaciones al ambiente con este tipo de proyectos. Navarro hace una propuesta: Que el nuevo CIFCO se construya en el espacio asignado para el nuevo estadio de fútbol.

En El Salvador nos estamos acostumbrando demasiado a los cambios constitucionales a la carta. Como en un restaurante se piden los alimentos ofrecidos en la carta y se los traen con relativa rapidez, así da la impresión que se producen los cambios en nuestra Constitución. Sabiendo que la Constitución recoge lo más importante de los derechos y deberes ciudadanos, así como el orden político y la regulación democrática, los cambios rápidos y acelerados no son aconsejables.

La Constitución es el marco de convivencia aceptado por todo un país. Y por eso los países democráticos tienen tiempos largos y consultas extensas antes de cambiar un texto Constitucional, aunque sea parcialmente. Siempre repetimos que la soberanía está en el pueblo.

Para la Iglesia, la comunidad política se deriva y nace de la sociedad civil y debe estar al servicio de ella y “de las personas y de los grupos que la componen”. En ese sentido, tomar decisiones sin consultar con la sociedad civil es, desde el punto de vista de la Iglesia, una negación del pluralismo social y de la democracia.

Ya estábamos acostumbrados a las interpretaciones arbitrarias y faltas de racionalidad que se han ido haciendo de la Constitución, pues no solamente en este tiempo se ha caído en la arbitrariedad jurídica. Ahora, además de la negación a cualquier tipo de participación en el diálogo sobre un tema constitucional tan importante como lo es el de la alternancia en el poder, o la posibilidad de permanecer por largo plazo en la presidencia de la república, nos encontramos con la tendencia a la eliminación de todo mecanismo estatal de control del poder.

La mezcla de ausencia de mecanismos estatales de control con la prolongación del período presidencial y con la reelección indefinida crean un ambiente profundamente proclive al autoritarismo. Ya estamos sufriendo distintas formas de abuso de Derechos Humanos en el campo de la libertad de expresión, así como formas de persecución de defensores de derechos.

La Constitución tiene poco peso en lo que es más importante: los valores humanos y democráticos, así como los derechos básicos de la ciudadanía. Las palabras de nuestro arzobispo en este contexto hay que entenderlas no solo como una llamada a la consulta antes de cambiar textos constitucionales, sino como una invitación a un verdadero diálogo nacional y a una actitud más participativa dentro de la pluralidad de opiniones existentes en nuestro país. Y una llamada al diálogo, tan pacífica y racionalmente expuesta, no debería ser desoída.

En El Salvador de Bukele es más probable caer en la pobreza y es más difícil salir de ella que antes de 2019, según las estimaciones del Banco Mundial. Los ingresos de los más pobres se redujeron desde el comienzo de la era de Bukele. Aunque la pandemia aumentó la posibilidad de caer y de permanecer en la pobreza extrema, esto no ha cambiado después de ella. Por tanto, esa tendencia se ha estabilizado y no cambiará sin políticas consistentes y viables, hasta ahora desconocidas. El abismo entre la mayoría aprisionada en la pobreza extrema y la minoría que acapara la riqueza nacional tiende a ser cada vez más profundo.

En este caso, Bukele no puede culpar a sus antecesores, como suele hacer, porque la pobreza prospera a partir de 2019. El Banco Mundial distingue tres periodos. Entre 2000 y 2009, pese a la crisis financiera de 2008, la pobreza experimentó una reducción moderada, impulsada por el retroceso de la pobreza extrema (cuando los ingresos del hogar son menores que el costo la canasta básica alimentaria). En la década siguiente (2009-2019), la tasa de la pobreza perdió 17 puntos. Solo la pobreza extrema retrocedió 9 puntos. Además, la recuperación del retroceso causado por la variación del costo de la vida y los desastres climatológicos es rápida. Todo ello pese a un crecimiento moderado del PIB per cápita.

Pero en 2019 esa tendencia se revirtió: la pobreza extrema aumentó. En 2021, también creció la relativa. Más hogares no pudieron adquirir la canasta ampliada. En principio, el retroceso se debió a la pandemia. Pero a finales de 2024, la pobreza total y la extrema eran superiores a las registradas antes de la epidemia, pese al crecimiento económico. En 2023, casi el 10 por ciento de la población total (600,000 personas) vivía en hogares extremadamente pobres.

En estos años, las familias pobres perdieron salarios, protección social y remesas. La mayor pérdida se registró en los salarios. Entre 2019 y 2023, solo hubo un ligero ajuste. En 2023, los salarios experimentaron un aumento promedio anual del 1 por ciento. En cambio, en la década 2009-2019, se multiplicaron por cinco. La reducción de la protección social agudizó la pobreza. Aunque en esa década el porcentaje de hogares pobres beneficiarios de los programas de protección social disminuyó (al pasar del 8 al 3.7%), el monto de las transferencias subió de 15 a 30 dólares. Pero en 2023, estas se redujeron a 19 dólares, así como también la cobertura de los programas de protección social, que disminuyó al 1.6 por ciento.

Las remesas muestran un comportamiento similar. En la década 2009-2019 crecieron a un ritmo anual del 4.5 por ciento en los hogares con menos ingresos y del 1.4 por ciento en el resto. Sin embargo, desde 2019, cayeron a una tasa promedio del 4.3 por ciento anual en los hogares más pobres y del 1.6 por ciento en los demás.

Los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población. Lo más grave es que no hay indicios de que esa situación se vaya a revertir en un plazo razonable. Al contrario, todo apunta a que la pobreza será cada vez más extensa y profunda. Las condiciones impuestas por el FMI para facilitar la viabilidad financiera del régimen de Bukele demandan, entre otras cosas, elevar los impuestos. Sería una auténtica novedad que los más castigados no fueran los ingresos medios y bajos, sino los más altos.

La pobreza es reversible. Ya ocurrió entre 2000 y 2019. A partir de entonces, Bukele ha patrocinado un crecimiento económico que olvidó a los más débiles y fortaleció a los más ricos y poderosos. Mientras estos pocos crecen de forma abrumadora, y escandalosa, el resto se hunde irremediablemente en la pobreza. Sin embargo, un crecimiento inclusivo, que distribuya equitativamente la riqueza nacional y las oportunidades puede erradicar la pobreza extrema y ampliar la clase media.

La deriva actual de la pobreza no se contiene con remiendos, porque el mal es estructural. Socorrer a una familia necesitada aquí y a otra allá como hacen los funcionarios es inmoral, porque manipula la miseria para promover intereses políticos particulares. El desafío consiste en promover la igualdad, el desarrollo sostenible y la inclusión social, aumentando los salarios y las transferencias internas, lo cual está al alcance de Bukele, y de las remesas, lo cual depende de su socio Trump.

Emprender una transformación de esa naturaleza requiere de capital político, algo que Bukele posee en abundancia, y de una voluntad de ejecución que no tiene. Ninguna superinteligencia artificial, ni siquiera una divina, libera de la pobreza sin la colaboración humana.

Los pocos espacios seleccionados por la dictadura para exhibir su gloria esconden una realidad sombría. No es oro todo lo que reluce. Esos brillos esconden una multitud de vidas deprimidas y deprimentes.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuanto más poder quiere tener, más obligado se ve el político a mentir. No hay dictadores que hablen con la verdad a sus pueblos. Hitler y Stalin son dos modelos opuestos de dictador, pero ambos coincidían en la necesidad de mentir. La superioridad de la raza aria, una mentira obvia, era útil a la política criminal de Hitler. La dictadura del proletariado ejercida individualmente por Stalin era otra fórmula falsa que permitía el abuso, el asesinato y el control casi absoluto de la población. Son ejemplos del pasado que muestran a dónde puede llegar la brutalidad de quien miente. Más reciente en el tiempo es el caso de Pol Pot, obsesionado con una purificación ideológica total de su país, que se tradujo en un genocidio que exterminó en cuatro años a casi el 20% de los camboyanos. La mentira convertida en verdad oficial justificó todo tipo de brutalidad.

Este tipo de hechos terribles dio origen a esfuerzos y mecanismos de control que pasaron a formar parte de la democracia. Los derechos humanos se proclamaron como reacción a los crímenes del poder. Sin embargo, recientemente han proliferado gobiernos autoritarios que acentúan el poder del Ejecutivo en detrimento del judicial y el legislativo. En Estados Unidos, el caso del presidente Trump es muy claro, aunque se encuentra con la resistencia de un sistema democrático con división de poderes de larga tradición. En los países centroamericanos, con democracias más débiles y con la presencia de formas culturales autoritarias en la mayoría de la gente, la mentira ha alcanzado en la política unos niveles cada vez mayores. Nicaragua lleva la delantera, justificando con embustes encarcelamientos injustos, confiscaciones arbitrarias de propiedades y privación caprichosa y rencorosa de la nacionalidad a los opositores.

También en El Salvador la mentira ha cobrado una fuerza desmedida. Se recurre a ella para defenderse y para atacar, para confundir y para conseguir fines inconfesables. Kant decía que la “posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón”. Hoy no faltan quienes asumen que todo lo dicho en el pasado es falso o manipulado si así lo dice el poder. Quienes a sí mismos se consideran intelectuales y desde la simpatía con los que mandan tratan de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío olvidan fácilmente que una tarea básica de quien tiene formación y pensamiento crítico es trabajar por que el monopolio de la fuerza no se convierta en monopolio de la verdad. En la política, la mentira busca siempre manipular a las personas, dividirlas, confundirlas. Y convierte la tendencia universal al saber y a descubrir la verdad en simple elección de falsedades a conveniencia.

La verdad no es un objeto de consumo utilitario, cuya perversión o negación sirve para navegar cómodamente entre las contradicciones históricas del presente. Si la razón y la crítica se llevan a cabo desde la opción por el bien y la virtud, construyen sociedades sólidas y armoniosas. En cambio, las versiones de la realidad destinadas al consumo cómodo favorable al poder tienden a dividir, a enfrentar a unos con otros, a acrecentar la desigualdad y a romper la cohesión social. Cuando el Quijote repetía la frase bíblica de que con frecuencia el mal se disfraza de ángel de luz, no hacía otra cosa que recordar que hay mentiras que se disfrazan de verdad. Hoy día, las mentiras de la política provocan un daño social cada vez más grave. Pero por mucha credibilidad que coyunturalmente se les dé, nunca sustituirán el afán humano de verdad y la capacidad crítica de buscarla.

En el centro del canje de 252 venezolanos, retenidos, incomunicados, maltratados y abusados en el Cecot por diez ciudadanos estadounidenses y residentes en Estados Unidos más un número desconocido de presos políticos de Maduro figura Bukele. El guion del intercambio le asignó un papel que, de hecho, no tuvo. Washington y Caracas negociaron el intercambio. San Salvador quedó fuera de las conversaciones hasta el momento de repatriar a los venezolanos. Sin embargo, Bukele fue recompensado por sus servicios.

En abril le propuso a Maduro intercambiar a los venezolanos por los presos políticos, lo cual aquel rechazó por estimarlo cínico. Una oferta de esa naturaleza no se lanza en X. Bukele contaba con el rechazo. El propósito no era liberar a los presos políticos, sino ganar puntos frente a Maduro. El canje lo negociaron directamente Washington y Caracas. Se retrasó por discrepancias entre los funcionarios de Trump sobre el futuro de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela.

El canje, sin embargo, dejó al descubierto la confabulación de Trump y Bukele. Ninguno se responsabilizó por la suerte de los venezolanos. Trump alegó que estaban en poder de Bukele y este respondió que solo alquilaba celdas. En cualquier caso, no pondría en libertad a unos criminales peligrosísimos. La conspiración falló en el caso del salvadoreño Ábrego, devuelto a Estados Unidos por orden judicial, y en el de los venezolanos, repatriados por orden de Trump, incluso pasando por encima de la aparente oposición de Bukele que, a última hora, habría intentado impedir el despegue de los aviones.

La relativa facilidad con la que Washington y Caracas alcanzaron un acuerdo muestra que los venezolanos repatriados no son los asesinos, ladrones, violadores y “criminales en general” que dice Bukele. Es inconcebible que Trump haya convenido en liberar a miembros de una organización criminal internacional como el Tren de Aragua. Fuentes independientes que investigaron el historial de los venezolanos encontraron que solo unos pocos tienen cuentas pendientes con la justicia. Washington no deja en libertad a criminales de altos vuelos. Retuvo a los líderes de la MS-13 hasta que Bukele los pidió y extradita a los jefes de los carteles mexicanos y, recientemente, del Ecuador. La retórica de Bukele queda mal parada. Los venezolanos fueron liberados porque así lo ordenó Trump. El Salvador de Bukele no fue más que una pieza de su engranaje.

Pese a ello, sus servicios fueron recompensados de manera hermosa y grande, al estilo de Trump. Los diez rehenes de Maduro, entre los cuales hay un criminal reconocido, en lugar de ser trasladados directamente a Estados Unidos, fueron llevados ante Bukele. En su presencia, un alto funcionario del Departamento de Estado lo saludó como actor clave de la liberación de los rehenes. Estos, agradecidos, le entregaron la bandera de Estados Unidos. Y Bukele los declaró oficialmente “libres”.

La solidez de las relaciones de Trump y Bukele es dudosa. Si aquel lo considera una pieza clave de su política exterior, por qué este no intercede a favor de la diáspora. Si la conexión es tan fuerte y fluida, por qué Bukele no ha pedido garantías para los salvadoreños y la exención del impuesto sobre las remesas. Si tanto le interesa la economía nacional, por qué no ha solicitado la dispensa del arancel que está a punto de gravar las exportaciones salvadoreñas. Tal vez en las relaciones con Washington, como en todo, lo único que cuenta es la figura de Bukele.

Ni a Trump ni a Bukele le importan los venezolanos y los presos de Caracas. Estos no son más que piezas negociables para satisfacer sus intereses. Ninguno lucha contra fuerzas oscuras y satánicas. Las invocan para legitimar su poder autoritario. Mientras sean creídos, dicho poder está asegurado. Ninguno lucha contra el orden establecido corrupto ni dice las cosas como son. Ninguno tiene las manos limpias. Por eso dicen y se desdicen sin dificultad. Y si el panorama se les complica, introducen temas atractivos para distraer.

La eficacia de este truco no está garantizada. A veces falla el día menos pensado. Bien haría Bukele en tomar nota de los aprietos de Trump, quien, al igual que su colega salvadoreño, ha propagado teorías conspirativas durante su carrera política. Ahora, de forma inesperada, se encuentra en peligro de ser devorado por una de esas teorías. Intenta defenderse abundado en ellas, pero más se hunde. El movimiento que lo apoyaba se revuelve en su contra y le pide cuentas de su relación con un abusador de niños convicto, muy vinculado con ricos y famosos.

Sus seguidores realizan que Trump encarna lo que tanto desprecian y la razón por la cual lo siguieron. Los ha despojado de algunas de sus libertades, utiliza el Estado para enriquecerse y acabar con sus enemigos, y protege a los ricos. Cuando se pierde la inocencia, el encanto se hace añicos. Es un punto de no retorno.

Señalar los abusos de poder no debería causar autocensura, cárcel o exilio. Sin embargo, en El Salvador, la política de acoso y persecución hacia personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y periodistas ha impuesto esos tres escenarios como respuesta a su labor. No se trata de rumores, ni de exageraciones, ni de discursos victimistas; se trata de hechos con consecuencias profundas y dolorosas.

En el país, la instrumentalización de la justicia ha llevado a la detención arbitraria y la inexistencia del debido proceso para decenas de personas que han denunciado abusos gubernamentales o disentido de la versión oficial; personas que han terminado en la cárcel sin garantías mínimas. En los últimos meses, esa instrumentalización se ha agudizado, dando paso al acoso sistemático contra quienes ejercen la libertad de expresión y defienden los derechos humanos. Cuando al poder no le gusta ser controlado, responde al escrutinio y la exigencia de justicia con amedrentamiento.

Policías y militares se han prestado a la tarea de hostigar no solo a quienes denuncian las injusticias del régimen, sino también a sus familias, como mecanismo de intimidación y castigo. El objetivo es claro: infundir temor y silencio. Este patrón de persecución ha generado un clima de miedo y de riesgo, que ha obligado a más de 30 personas defensoras de derechos humanos y a más de 40 periodistas a salir del país en condiciones de inseguridad, desarraigo e incertidumbre.

El exilio no es una elección antojadiza. Difícilmente alguien abandona su hogar, su red de afectos y apoyos, su vida profesional y su país por voluntad propia. Las personas que han salido del país no lo han hecho para evadir responsabilidades, sino para proteger su integridad ante un Estado que utiliza sistemáticamente el aparato represivo para criminalizar la disidencia.

Esta situación ha provocado graves impactos: precariedad económica, desintegración familiar, afectaciones psicosociales profundas. En paralelo, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros abre la puerta para la criminalización de personas y organizaciones de la sociedad civil. Su uso potencial como herramienta para cerrar el espacio cívico es alarmante, pues cuando la institucionalidad no funciona y no hay a quien acudir, son las organizaciones de la sociedad civil las que asumen el quehacer del Estado, como lo han hecho por décadas en el país.

El cierre progresivo del espacio cívico es muestra clara del deterioro del sistema político salvadoreño. La persecución de voces críticas, la amenaza a las libertades y la imposición del miedo por parte del Estado dan cuenta de un grave retroceso como sociedad. Una sociedad donde disentir se castiga, donde la defensa de derechos se criminaliza y donde el periodismo se convierte en profesión de riesgo es una que se aleja de los valores propias de una convivencia social sana, justa, armoniosa.

La historia enseña que no se puede construir un país sobre los cimientos del miedo y la represión. Pretenderlo es repetir errores que conducen a la polarización y a la violencia estructural. Ignacio Ellacuría señaló que “un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura, o un tiro en la nuca”. Lo mismo aplica para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La esperanza, la solidaridad y la construcción colectiva, con la certeza de que solo nos salvamos en racimo, es lo que permite seguir adelante. Solo el diálogo y la integración de las distintas voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en una situación cada vez más amenazante.