Editoriales y Opiniones

Por José María Tojeira, SJ

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El crecimiento económico y la redistribución de la riqueza deben estar relacionados positivamente para que nuestras sociedades avancen en bienestar y relaciones sociales armónicas. Sin embargo la relación entre ambos factores está en franca contradicción. Las élites económicas insisten en la importancia del crecimiento económico aduciendo que en la medida en que haya más inversión, más trabajo y mayor exploración de los recursos, la redistribución se dará automáticamente. Eso es mentira.

En El Salvador vivimos una situación de desigualdad enraizada en la propia historia. Tanto en tiempos de la colonia como en la independencia las élites económicas se han apoyado en la desigualdad de recursos para continuar enriqueciéndose. El control de la tierra, los favores políticos, la corrupción han generado élites con una enorme capacidad de someter la política a sus intereses. Más allá de las calificaciones ideológicas, cuando han surgido fuerzas sociales, o incluso sectores relativamente pequeños que reclaman una mejor redistribución de la riqueza, las élites han trabajado intensamente por crear un discurso claramente adverso, cuando no un represión de los reclamos.

Desarticular movimientos, sean sindicales, juveniles o incluso inspirados en el pensamiento social cristiano, ha sido una tarea permanente de las élites o de los gobiernos controlados por las mismas. El control gubernamental de las élites ha diseñado un tipo de Estado con baja capacidad de redistribución de la riqueza.

Frente a esta situación resulta indispensable crear conciencia de que la desigualdad lleva siempre a formas graves de fracaso de los Estados. El Salvador es uno de los países con menor rechazo de la desigualdad en América Latina. El discurso de los poderosos prometiendo un futuro glorioso de crecimiento económico que beneficiará a todos, junto con algunas medidas populistas y la relativa disminución de la pobreza producida por las remesas, posibilitan esa especie de indiferencia frente al problema de la desigualdad.

La propia debilidad institucional del Estado de cara a la redistribución de la riqueza, disminuye su capacidad de gestionar la democracia. Porque quien es incapaz de redistribuir con justicia una riqueza producida por todos se encuentra desangelado y solitario cuando hay que defender estructuras democráticas de libertad y participación. Si realmente se desea defender o construir un estado auténticamente democrático, quien lo desee realmente tiene que tener en mente el fortalecimiento del estado en el ámbito de la redistribución de la riqueza.

En el liberalismo económico en que vivimos la riqueza se produce social y colectivamente. Pero la redistribución de la misma se realiza individual y privadamente. Al Estado le corresponde eliminar las injusticias graves del sistema y equilibrar los derechos al bienestar desde formas justas de redistribución de la riqueza.

Evidentemente ese avance no se dará mientras no haya en el país estructuras sólidas e instituciones independientes. La debilidad, fracaso y vulnerabilidad de los partidos políticos, un sistema judicial débil, cooptado y dependiente, la falta de transparencia y rendición de cuentas, son obstáculos queridos y diseñados por las élites para poder manejar un estado débil en su propio beneficio. El análisis social, la reflexión sobre nuestra situación, el diseño de un futuro más solidario y de un estado más social y democrático de derecho resulta en las actuales circunstancias más indispensable que nunca. De lo contrario la desigualdad continuará en aumento y generará crisis que terminarán dañando a todos.

Tanto el Papa Juan Pablo II como Francisco, insistían en que “el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario”. Solo un estado social y democrático de derecho, fuerte y bien estructurado, puede lograr que ese “primer principio de todo el ordenamiento ético-social” se convierta en realidad y frene la tendencia creciente a la desigualdad en la que nos vemos inmersos.

El jueves pasado, Cristosal, la reconocida institución defensora de derechos humanos, anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador debido a sentirse amenazada, acosada y, por el caso de Ruth Eleonora López, grave e injustamente golpeada. Cristosal continuará trabajando desde fuera, pero evidentemente el peso y la incidencia en el país será menor. Para quienes desconfían o no creen en los derechos humanos, la salida de la organización es vista como un triunfo gubernamental, pero en realidad es un golpe para nuestra sociedad. Los derechos humanos constituyen una especie de moralidad externa al poder gubernamental y estatal. La defensa de la dignidad humana, por poner un ejemplo, es una obligación moral de cualquier persona y de cualquier nación, más allá de las determinaciones del derecho. Los defensores no solo protegen personas, sino también valores básicos. En este sentido, amenazarlos o utilizar el sistema de justicia para perseguirlos destruye los principios básicos de la moralidad del país.

Ante la actual situación internacional de guerras, violencia y menosprecio de los derechos individuales, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, dijo que es necesario “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. Por su parte, la Iglesia católica insiste en que “la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública”. Ya en 1963 el papa Juan XXIII afirmaba que todo ser humano “es persona dotada de inteligencia y libre albedrío, y que tiene derechos y deberes que dimanan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”.

Valorar como un triunfo el exilio de una organización o comunidad de defensa de derechos humanos es un grave error. En realidad, cualquier acción consentida o alentada en contra de los derechos humanos es una derrota para la sociedad donde tal acción se lleva a cabo. Este tipo de situaciones debería mover a la ciudadanía consciente a comprometerse en la defensa de los derechos básicos de las personas. El canje de los venezolanos detenidos en el Cecot por estadounidenses y presos políticos en Venezuela no fue una idea genial de los presidentes implicados en la injusticia de mantener privadas de libertad a personas inocentes. Si lo hicieron es porque se dieron cuenta de que las arbitrariedades cometidas hacían daño a sus posiciones políticas, pues toda detención arbitraria e injusta desprestigia a quienes la perpetran o la toleran. Cuando se ataca a comunidades u organizaciones que defienden derechos, le corresponde a los ciudadanos alzar la voz para defenderlos. No solo porque violar derechos es injusto, sino porque es también inmoral.

Por Rodolfo Cardenal

La seguridad ciudadana es apreciada y agradecida por la opinión pública. La novedad de esa experiencia, después de varias décadas de violencia pública, pierde de vista sus límites. La seguridad actual es posible por el encarcelamiento de los pandilleros, que aterrorizaron a los habitantes de las colonias, los barrios y los pasajes. Gracias al dominio que ejercieron sobre esos territorios y sus habitantes, influyeron decisivamente en las elecciones que dieron el poder municipal y presidencial a Bukele. Es comprensible, entonces, que su desaparición diera paso a una libertad desconocida.

Ahora bien, más allá de eso, la seguridad es bastante relativa; en algunos casos, inexistente. La violencia de la pandilla fue reemplazada progresivamente por la de los agentes del régimen de excepción, que utilizan su poder impune para extorsionar, acosar y atropellar a la población. La amenaza de enviar a la cárcel indefinidamente vence cualquier resistencia. Utilizan el estigma del pandillero a sus anchas. Sus jefes también se valen de él para justificar el régimen de excepción. La opresión de las pandillas fue sustituida por la de las fuerzas de seguridad. Quienes se felicitan al verse libre de los pandilleros están ahora a merced de los agentes de seguridad.

La desaparición y el asesinato persisten, aunque en menor medida que antes del régimen de excepción. Sin embargo, la dictadura rehúye investigar las desapariciones, las actuales y las de la época de las pandillas, porque encontrar e identificar cadáveres en fosas clandestinas enturbia su récord de seguridad. Por la misma razón, disimula los asesinatos con diversas artimañas. Así puede pregonar el eslogan de “cero homicidios”. El abuso de autoridad por parte de los funcionarios gubernamentales es cotidiano, un reflejo del autoritarismo predominante.

La seguridad económica, esto es, el empleo formal con un salario y prestaciones para vivir dignamente, es privilegio de minorías. La mayoría se rebusca en la informalidad, mientras el costo de la vida sube y la economía nacional se desacelera. El deterioro económico se refleja en el acceso limitado y deficiente a la salud pública y la seguridad social. La niña atropellada en Ahuachapán tuvo la fortuna de que, por la razón que sea, Bukele se fijara en ella y recibiera cuidados médicos esmerados. Una atención que está negada a la mayoría. El acceso a una vivienda decente es imposible para la generalidad; suprimir los parqueos para abaratarla es un pretexto para potenciar la rentabilidad del inversionista inmobiliario. La desprotección frente a las catástrofes medioambientales es norma.

En las calles y las carreteras prevalece la ley del más fuerte. En consecuencia, son extremadamente violentas e inseguras para peatones y conductores. La seguridad de Bukele se contenta con unos cuantos controles puntuales de velocidad, rótulos, luminarias más decorativas que eficaces y poco más. La anarquía de la circulación vial tiene elevados costos medioambientales, económicos y personales.

Estas inseguridades tienen en común la ausencia del Estado, una ingeniosidad introducida por Arena en la década de 1990 para dinamizar la economía. Irónicamente, ese repliegue del Estado marca los límites de la seguridad de Bukele, quien se concentró en las pandillas y la oposición social y política, y se desentendió del resto de la realidad. Es más de lo mismo de siempre. En estos regímenes, la originalidad es casi imposible.

Si los pandilleros están encerrados y la seguridad es tan segura, por qué un régimen que era excepcional se volvió normal. Por qué las residenciales, las colonias y los pasajes siguen atrincheradas detrás de portones vigilados por agentes de seguridad privada. Qué temen los altos funcionarios que se desplazan resguardados por contingentes con armas de guerra. Es incoherente adquirir vehículos, armamento y equipo dignos de un país en guerra, innecesarios en uno pacificado. La exhibición del militarismo, muy propia del régimen autoritario, contradice el discurso de la seguridad.

A pesar de estas inseguridades, la seguridad experimentada a raíz de la erradicación de los pandilleros es tan poderosa que relativiza lo demás. La desaparición de las pandillas, hasta entonces impensable, excusa los límites evidentes de la seguridad de Bukele. Y este, satisfecho con ese reconocimiento, no parece tener arrestos para extender la seguridad más allá. Solo se ocupa de sus críticos, en quienes encuentra una amenaza aparentemente temible. La seguridad de Bukele es poco segura.

En Roma, León XIV parecía pensar en el país cuando el pasado 26 de junio observó acertadamente que “con demasiada frecuencia, en nombre de la seguridad se ha librado y se libra una guerra contra los pobres, llenando las cárceles con aquellos que son solo el último eslabón de una cadena de muerte. Aquellos que tienen la cadena en sus manos, por otro lado, logran tener influencia e impunidad”. Y añadió que, para romper esa “cadena de muerte”, “nuestras ciudades no deben liberarse de los marginados, sino de la marginación; no deben limpiarse de los desesperados, sino de la desesperación”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por primera vez en más de dos décadas, el número de autocracias supera al número de democracias en el mundo, según muestra el informe 2025 del Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia), de Suecia. La autocracia es la forma de gobierno en la que la voluntad de una persona es ley suprema, por encima de todo y de todos. Por eso mismo, por lo general, los autócratas se valoran como muy inteligentes y capaces, y desprecian, basados en su supuesta superioridad, a quienes los rodean. Alfred Adler fue el primer psicólogo que estudio este fenómeno.

Adler afirma que el complejo de superioridad surge como mecanismo de compensación de sentimientos de inferioridad. En algunos casos, el complejo puede deberse también a trastornos de la personalidad, como sucede con los narcisistas, que se ven a sí mismos como portadores de lo mejor, ignorando otras perspectivas y las necesidades ajenas. Las personas con complejo de superioridad, al creer que siempre tienen la razón, mandan con autoridad inapelable, aunque, en contra parte, necesiten constantemente de la aprobación de los demás. Si bien este fenómeno psicológico no es exclusivo de mandatarios, casi siempre lo padecen los que hacen a un lado la ley para gobernar a su antojo. Los autócratas creen que su desempeño como líderes es impecable. Un autócrata no tiene compañeros o iguales, solo súbditos, que deben limitarse a obedecer.

Hoy en día, no pocos líderes autoritarios aspiran a llegar al poder. Por eso, es útil saberlos identificar. Primero, este tipo de personas tienen necesidad de dominio, carecen de empatía y de consideración por los sentimientos de los otros, y son inseguros e intolerantes a la crítica. Reaccionan con virulencia a los señalamientos que cuestionan su actuación y se afanan por los elogios y la aprobación. Casi por norma, una de las primeras acciones de un autócrata es eliminar la oposición. Además, no admiten errores. Se trata de personas egocéntricas que creen que los logros de su administración solo son suyos y que tienden a tener el control de todo y de todos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quien cree en la democracia debe temer de los autócratas.

Hace ya algunos años un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, reflexionaba sobre el resultado en las sociedades europeas en las que de hecho se había sustituido la religión por el consumismo. Y llegaba a una conclusión muy semejante a la del escritor ruso Dostoyevsky que decía “Si Dios no existe todo está permitido”. Y en efecto, el afán de consumo se sobrepone de tal manera a una esperanza trascendente, que hace olvidar la opción de trabajar en el largo plazo por el significado de la propia vida. El capitalismo concreto en que vivimos ha impuesto el consumo como el sentido fundamental de la vida, dejando en un lugar secundario la ética, la generosidad y la solidaridad.

Hoy resulta fácil para mucha gente contemplar en la televisión un reportaje sobre los crímenes sistemáticos cometidos contra la población civil en la franja de Gaza, y después de decir algunas frases contra el ejército israelí, seguir cenando tranquilamente. Y al día siguiente ir de compras o a la playa como si no hubiera pasado nada el día anterior. La compasión humana dura un instante, pero el consumo continúa siendo el objetivo vital más importante. En países con grandes desigualdades socioeconómicas, el dolor de muchos no afecta sensiblemente al placer de pocos. Por supuesto hay excepciones, pero no las suficientes para cambiar las perspectivas vitales dominantes ligadas al consumismo.

Ante esta situación las iglesias reaccionan de diferentes formas. Las hay que se rinden ante el consumo anunciando un evangelio de la prosperidad. La riqueza aparece como una bendición divina a cambio de una conversión emocional y una participación en el culto. El entusiasmo de la salvación individual, acompañado de algunas obligaciones éticas de tipo personal dominan en otras denominaciones. No falta la religión de la salvación individual de los seres humanos buenos, acompañada de buenas intenciones hacia el prójimo y algunas obras de misericordia. Con frecuencia se establece un baremo de personas buenas y “malas” y se trabaja con las calificadas como buenas mientras se ignora a las supuestamente malas.

La Iglesia Católica tiene una excelente “Doctrina Social” que ciertamente tiene el valor de alternativa frente a la sociedad consumista, pero que con frecuencia los propios cristianos la ven como una especie de teoría del buen ser y buen hacer, interesante pero lejana, que no compromete a cambios radicales. Quien así piensan están equivocados. Olvidan el Evangelio de Jesús, que criticaba a los que se creían buenos y se acercaba a los pecadores, despreciados y marginados por la propia sociedad, amando más a los más olvidados. No todo es así en las iglesias y en la religión, pero el consumismo ha tenido la suficiente fuerza para limitar el acceso a los dinamismos proféticos del Evangelio y sustituirlos en el mejor de los casos por una caridad indolora.

Frente a esta situación ¿habrá que rendirse ante el dios vacío del consumismo? De ninguna manera. El consumismo produce vacío y falta de sentido, aísla y crea resentimientos en quienes se ven privados de consumir, mientras observan el derroche de otros. Si a alguien que tiene un carro en El Salvador de setenta u ochenta mil dólares le dijéramos aquello de San Agustín, “posees lo ajeno cuando posees lo superfluo”, probablemente no nos comprendería. Y si entendiera la frase en su sentido real, de que está cometiendo una especie de hurto, no dudaría en pensar que quien defiende esa postura tiene ideas comunistas, o algo por el estilo.

La superficialidad de los comprometidos con el alto consumo suele ser demasiado grande, a pesar de títulos y honores que puedan tener o recibir. El mismo mundo en que vivimos no resiste físicamente el consumismo depredador al que estamos siendo llevados. Las graves desigualdades sociales producidas por este tipo de sociedad hiperconsumista, el deterioro ambiental y el vacío vital al que conducen, si bien pueden producir fenómenos políticos en los que la deshumanización domina, llevan también a muchas personas a reflexionar y a buscar estilos de vida distintos, con valores comunitarios más desarrollados, con dinamismos más solidarios y con esperanzas más trascendentes.

Los cristianos estamos llamados a confiar en el futuro, a anunciar y aceptar en nuestras vida el Reino de Dios, y a colaborar en la construcción del mismo.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos.

El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar.

El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo.

Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU.

La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos.

Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades.

A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El relato de la dictadura enfatiza su superioridad sobre la democracia como la mejor forma de gobierno. Aduce como prueba irrefutable que la supresión de la independencia de los poderes del Estado y su concentración en el Ejecutivo hizo posible erradicar a las pandillas, al despejar el camino para el régimen de excepción; sin obstáculos ni controles institucionales, este opera desenfrenadamente. El libertinaje permitió incluir la persecución política, cuyas víctimas son asimiladas a los pandilleros. Esa voluntad última, inapelable y despótica hizo realidad la seguridad ciudadana, hasta ahora su logro más sustantivo. Asimismo, liberó los fondos públicos de los controles de la sana administración, los cuales quedaron así a su disposición. El descontrol propició el despilfarro y la corrupción, el aumento de la deuda pública y la crisis financiera.

Visto así, el mayor logro de la dictadura es la supresión de la institucionalidad democrática. Convencida de haber acertado, ya ni siquiera se molesta en encubrir o disimular su verdadero talante. Sin embargo, el envalentonamiento, destacado por la prensa internacional, tiene mucho de apariencia. La seguridad a la que el relato se aferra como carta de presentación no es tan grandiosa y hermosa, como dice Trump. Si lo fuera, la satisfacción de la misión cumplida no prestaría atención a las críticas.

Pero no es el caso. La dictadura que emergió como fenómeno insuperable, resulta ser extremadamente sensible a las opiniones contrarias. Se revuelve contra los organismos internacionales que tomaron nota de su éxito y no vacilan en colocar al país entre los mayores transgresores de derechos humanos. Un primer lugar vergonzoso por lo que implica de crueldad e inhumanidad. Embiste a la prensa que denuncia sus contradicciones e inconsistencia, en especial, el pacto corrupto con las pandillas. No castiga al lobo para defender a las ovejas como sostiene el relato, sino que lo usa para depredar el rebaño revestida de decencia.

El flujo constante de revelaciones ha despojado de respetabilidad a la dictadura. El relato del pastor responsable no se sostiene. El desfile de más de treinta modelos como prisioneros del Cecot en la semana de la moda de París fue de denuncia y desprecio. La reacción sarcástica de la dictadura reconoce implícitamente el impacto nocivo de la protesta. Una contradicción más, porque la prisión es visita obligada para sus invitados VIP.

Enseguida intervino el New York Times, que no solo corroboró el pacto con las pandillas, sino también informó que uno de los colaboradores más cercanos de Bukele y, por tanto, con conocimiento directo de las conversaciones con los pandilleros, el responsable del sistema carcelario, acudió a la embajada de Estados Unidos en dos ocasiones para solicitar asilo “a lo grande” a cambio de proporcionar detalles sobre la conspiración de su jefe. En ese momento, Bukele ya estaba en la mira de una investigación federal, pedida por Trump. Uno de los investigadores lo descalificó por “sucio” y “corrupto”.

En realidad, Bukele no llegó al poder por razones teóricas o políticas, sino por una mezcla de casualidad, oportunismo y pragmatismo. El fracaso del pacto con las pandillas y la popularidad instantánea del encarcelamiento masivo e indiscriminado fueron el comienzo. El autoritarismo represivo sintonizó con una sociedad que, desde tiempos inmemoriales, añora la mano dura que impone disciplina, orden y respeto. Esta pretensión pasa por alto que la disciplina férrea y la represión despiadada se traducen en violencia doméstica y social. En este contexto sociocultural, Bukele emergió como el gobernante ideal.

La debilidad del Estado, cultivada desde siempre por la oligarquía y los militares, una alianza para acumular capital y cultivar el militarismo, facilitó el ascenso de Bukele al poder. El FMLN desperdició la oportunidad de robustecer la institucionalidad democrática. La independencia de poderes, el control de la administración pública y la persecución del delito hubieran sido revolucionarios, en sentido estricto. Pero en lugar de enfrentar a los poderes de facto, sus líderes se acomodaron al orden establecido, se olvidaron de sus bases y medraron. Si hubieran sido fieles a sus principios, habrían reforzado el Estado de derecho y así habrían cerrado la puerta a la dictadura.

El relato de la dictadura de Bukele es pobre y frágil. De lo contrario, se regodearía en su propia narrativa. Abundaría en éxitos deslumbrantes e inigualables. La satisfacción por la misión cumplida sería tan embriagante que despreciaría las críticas por irrelevantes. Pero no puede desentenderse de ellas, porque no reaccionar ante el desvelamiento de la impostura es condenarse de antemano.

El relato pierde terreno ante el empuje de la realidad. La dictadura actual no es mejor que la democracia. Es una versión revisada de las dictaduras pasadas, que enriquecieron a la oligarquía, satisficieron la ambición de poder de los militares y humillaron a las mayorías.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ante el progresivo desmantelamiento de las condiciones para la vida democrática en el país, el grueso de las críticas y las advertencias sobre los riesgos de este deterioro se ha concentrado en las medidas que impulsa el actual Gobierno y en el manodurismo de quien lo lidera. Esto conlleva el riesgo de perder de vista otros elementos que también inciden en la coyuntura que atraviesa el país. Percibir con claridad lo que ocurre exige ampliar el campo visual. Implica poner atención, por ejemplo, en aquellos factores que posibilitan que un mandatario y un Ejecutivo autoritarios no solamente sean tolerados, sino incluso bien valorados. Uno de ellos es la actitud política de la población.

En la más reciente encuesta del Iudop, que abordó las percepciones ciudadanas sobre el sexto año de la gestión de Nayib Bukele, se le preguntó a la población si estaba de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: “Es necesario sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad”; “Si hubiera huelgas o protestas que causaran desórdenes en el país, se justificaría que las autoridades usen la fuerza contra ellas”; “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático”; y “Es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura”.

Con propósitos de análisis comparativo, a partir de los resultados se hizo el ejercicio de conformar tres grupos dependiendo de lo que expresaron las personas ante estas frases. En el primer grupo se incluyó tanto a las personas que dijeron estar en desacuerdo con todas esas frases como a aquellas que expresaron estar de acuerdo con una, y se le designó como el segmento con bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias; al grupo que dijo estar de acuerdo con dos de las frases se le denominó de autoritarismo moderado; y a quienes dijeron de estar de acuerdo con tres o cuatro de las frases se les nombró como el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias. Con base en esta agrupación, el 42% de los encuestados refleja un alto nivel de actitudes autoritarias; el 26%, un nivel moderado; y el 32%, un bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias.

Luego se exploraron las diferencias en las opiniones sobre algunos aspectos del desempeño presidencial y gubernamental dependiendo de en cuál de estos tres grupos estaban ubicadas las personas. Dentro del grupo con un alto nivel de actitudes autoritarias, el 72% dijo que la imagen que tenían del mandatario en su sexto año de gobierno había mejorado. En cambio, para casi la mitad del grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, la imagen había empeorado. Además, en el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 65% expresó mucha confianza en Bukele, mientras que en el grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, solo el 25% externó que confiaba mucho en él.

Al respecto de si el Gobierno está haciendo las cosas bien o mal, dentro del grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 74% opinó que está haciendo las cosas bien. En contraste, dentro del grupo menos autoritario, solo el 37% tuvo esa opinión. Otro dato llamativo tiene que ver con el sentimiento de cercanía o distancia hacia el mandatario: casi la mitad de personas con un alto nivel de actitudes autoritarias expresó que se siente cercana o muy cercana a él, mientras que en el grupo menos autoritario, aproximadamente el 69% dijo sentirse distante o muy distante. Finalmente, al analizar la calificación otorgada a Bukele en su sexto año de gobierno, destaca que el grupo con un mayor nivel de actitudes autoritarias le otorgó una nota promedio de 9.04, superando la calificación que le dio el grupo menos autoritario: 6.77.

La tendencia observada en estos datos es que entre más alto el nivel de actitudes autoritarias, más favorable es la opinión sobre el actual mandatario y su administración; y entre más bajo el nivel de actitudes autoritarias, más exigentes y críticas son las personas en sus opiniones sobre ambos. En este marco, es importante no perder de vista que un sector considerable de salvadoreños (según los datos de la encuesta, un tercio de la población) no parece identificarse con el autoritarismo. Preservar y fortalecer las actitudes políticas de este grupo y, en general, las posturas que favorezcan una convivencia democrática es decisivo en un momento en que la apuesta gubernamental va en la dirección contraria.

Al pensar en los años venideros, es fundamental contar con una visión amplia sobre los desafíos que enfrenta El Salvador, sin reducir todo a la posibilidad de un cambio de Gobierno. La mirada debe abarcar otros espacios desde donde puede surgir el cambio, incluyendo las actitudes políticas de la ciudadanía, las cuales, sin importar lo arraigadas que estén, no son inalterables.

Por José María Tojeira, SJ

El Gobierno de El Salvador tiene una Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Se supone que el tejido social está roto y hay que reconstruirlo. En otras palabras se presupone que en el país la cohesión social es escasa y se debe trabajar desde el Estado para aumentarla. Más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo la mencionada Dirección, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, contempla también en sus estudios y análisis que la falta de cohesión social en nuestros países latinoamericanos es uno de los factores que dificultan el crecimiento económico y lo vuelve más lento. Y entre las causas de esa carencia pone la desigualdad económica y social. Porque en efecto la desigualdad, cuando es fuerte, crea en muchas personas resentimientos, sospechas de enriquecimientos ilícitos, desconfianzas y sentimientos de marginación y de incapacidad de superar las barreras sociales impuestas desde los privilegios de los sectores con poder económico o social. Con pobres moviéndose hacinados en los buses urbanos y ricos moviéndose en vehículos de 50.000 dólares para arriba, la amistad social, que es base fundamental de cohesión, difícilmente podrá darse. Como tampoco se puede dar el encuentro.

Al igual que otros países latinoamericanos, nuestra desigualdad se refleja de un modo grave en los ingresos, en la educación, en el acceso a los servicios de salud, en la vivienda, en las pensiones, en la alimentación, en la capacidad de incidir en la política o de defenderse en los tribunales. Y siendo mayoría los que sufren la desigualdad es imposible la cohesión social necesaria para el desarrollo y la productividad. El discurso, generalmente bien aprendido por los políticos, puede hablar maravillas sobre la cohesión. Distintas actividades gubernamentales pueden mostrarse, edulcoradas con la adecuada propaganda, como pasos importantes hacia la cohesión social. Pero mientras la desigualdad separe y humille, las personas tenderán a salir adelante como puedan y el discurso no convencerá. Ante la desigualdad, la solidaridad tiende a desaparecer o a limitarse. Se comienzan entonces a repetir las frases consabidas de que primero hay que ver por uno y luego por los demás. El individualismo, ya de por sí fomentado culturalmente, toma en medio de las necesidades generadas por la desigualdad un cariz egoísta y poco colaborativo.

La desigualdad provocó en El Salvador una guerra civil. Y a pesar de que a lo largo de este siglo XXI hubo algunas pequeñas reducciones de las diferencias económicas, fundamentalmente después de los Acuerdos de Paz, la desigualdad ha vuelto a crecer y ha continuado en niveles graves sin que se hayan encontrado caminos de una superación seria y continuada de la misma. Nos conformamos con triunfos individuales, como si eso solucionara los problemas. Sabemos que la desigualdad no provocará una nueva guerra porque la gente quedó harta de la crueldad. Y tampoco existe un campesinado masivo, como en aquellos años, que sufría una opresión feroz y que tenía una profunda cultura comunitaria. Hoy, con el capitalismo consumista voraz que domina nuestro país, lo que ha quedado es la falsa cultura del sálvese quien pueda. Frente a ello, solo la conciencia de nuestro estancamiento a causa de la desigualdad podrá sacarnos adelante. Conciencia y ponerse en serio a invertir en la gente. Para los millonarios como el señor Kriete es muy fácil decir que todo está bien en El Salvador. Pero para los ancianos sin pensión (el 75% de los que tienen más de 60 años) o para los comerciantes informales, la cuestión es más difícil. El subempleo continúa siendo una lacra y el sistema educativo no prepara para los desafíos del futuro inmediato. La prevención del desastre, aunque haya mejorado, y no solo en este gobierno, no está lista para proteger a los pobres de las desgracias cada vez más cercanas de un futuro de cambio climático que los poderosos no parecen temer. Invertir más y con seriedad en las mayorías pobres o vulnerables es el único camino.

Hace más de tres meses, Estados Unidos deportó a 234 venezolanos y los envió al Cecot, gracias a un acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño. Se dijo que los deportados eran criminales pertenecientes al Tren de Aragua. Desde su llegada a El Salvador, quedaron incomunicados, sin que nadie supiera cuál era su situación jurídica. No tardó en saberse que la mayoría no eran delincuentes, sino simplemente migrantes. Incluso algunos de ellos habían huido del régimen autoritario y represivo de Maduro, y estaban solicitando asilo cuando la policía migratoria estadounidense los capturó. Los esfuerzos de los familiares, que pusieron abogados para defenderlos y que llegaron al país para visitarlos y saber de ellos, fueron inútiles. Recientemente, doce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas le escribieron a Nayib Bukele pidiéndole que aclare la situación jurídica y de salud de los venezolanos. Y advirtiéndole que se puede estar incurriendo en el delito de tortura y desaparición forzada.

La total falta de información sobre la situación de los venezolanos encarcelados en el Cecot y sobre los detalles del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos permite hablar de detenciones ilegales y de una violación sistemática de la Constitución salvadoreña y de tratados internacionales ratificados por nuestro país. La situación se ha complicado todavía más debido a que la Sala de lo Constitucional, ante peticiones de habeas corpus en favor de los venezolanos, ha contestado con prevenciones dilatorias y absurdas; por ejemplo, preguntó a los abogados de los detenidos si habían consultado en Estados Unidos la situación jurídica de sus defendidos, a pesar de que el problema jurídico en cuestión está claramente acá.

La preocupación por el Estado de derecho aumenta ante el encarcelamiento de personas que defienden la necesidad de una mayor fidelidad a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Las irregularidades vividas por los venezolanos se han extendido hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con poca sustancia en las acusaciones, los casos contra los defensores son declarados en reserva total, se les suspende en la práctica la presunción de inocencia, se les mantiene encarcelados y se dificulta la defensa técnica. El Estado salvadoreño parece no saber que la personalidad jurídica de los detenidos no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra o desastre, como bien dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El régimen de excepción es utilizado de tal manera que debilita e incluso rompe en ocasiones el marco jurídico constitucional y convencional de El Salvador. Ante esta situación, ¿qué hacer? La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió suspender el régimen de excepción, cesar la persecución de defensores de derechos humanos y evitar que el país se convierta en una cárcel internacional.

No debe olvidarse que la tortura es un delito de persecución internacional y que la desaparición forzada, aunque sea temporal, no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. La alta popularidad en las encuestas y la habilidad de mantenerla no eliminan las consecuencias que ciertas medidas tienen en el Estado de derecho y en el futuro de quienes las promueven. Reflexionar, dialogar, respetar la seguridad jurídica de las personas y restaurar el orden constitucional son tareas tan pendientes como necesarias. Los marcos jurídicos rotos solo ofrecen desorden, abusos e incertidumbre.