Editoriales y Opiniones

La malversación de fondos y bienes públicos debe ser perseguida sin cuartel por la autoridad competente. Si la persecución no es universal, pierde eficacia y se devalúa, porque es percibida como una acción motivada por un interés ilegítimo. La víctima más reciente de esa selectividad es una reconocida abogada de Cristosal. Arrestada en su residencia al filo de la medianoche, según el manual al uso del régimen de excepción, fue desaparecida temporalmente. Su crimen no es saquear las arcas públicas, sino denunciar sistemáticamente en el ámbito internacional —donde más duele a un régimen como el de Bukele, celoso de su imagen— las violaciones a los derechos humanos y la corrupción rampante.

La misma acusación endilgó a los empresarios del transporte público. A estos ya los puso en libertad, a la abogada la retiene y la trata como pandillera. El rigor jurídico no es su fuerte. Las capturas de los empresarios, así como la del pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, y su abogado, tienen mucho de venganza de un poder herido en el amor propio. A diferencia de estas, la de la abogada hizo titulares en la prensa internacional y fue ampliamente condenada en el exterior. Mucho desconcierto debe reinar en Casa Presidencial para atentar de forma tan temeraria contra la marca Bukele. La torpeza muestra que la razón del régimen de excepción no es la seguridad ciudadana, sino el poder que otorga para someter a la oposición.

En otro paso desafortunado, la intelligentsia de Casa Presidencial legisló contra lo que llama “agentes extranjeros”, cuyos ingresos gravó con un impuesto del 30 por ciento. El legislador entiende por “agentes extranjeros” no solo a las ONG, que percibe como antagonistas insoportables, sino también a las empresas transnacionales, los inversionistas extranjeros, las agencias de cooperación de otros países y cualquier otra fuente de financiamiento externo, sin importar la cantidad y la modalidad. Semejante imprecisión en un asunto tan delicado como la cooperación internacional y la inversión extranjera deja mal parado a un autoritarismo que presume de modernidad. Quizás sea deliberado. Más probable es que sea improvisación e incompetencia.

La ley invoca la transparencia. Una redundancia, porque las ONG ya son vigiladas por varias instancias estatales. El sector privado es más independiente. Es grotesco que un legislador que se mueve en la oscuridad se erija en adalid de la transparencia. Luego agrega que legisla para resguardar “la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política”, lo cual quiere decir blindar a Bukele de la crítica, del reclamo y de la protesta. En realidad, solo peligra su marca, que navega en aguas turbulentas.

Así se explica que el legislador le otorgue poder discrecional para decidir qué “agentes extranjeros” operarán en el país y cuáles serán exonerados del impuesto. Aunque las multinacionales y los inversionistas pueden solicitar ese beneficio anualmente, su futuro, de hecho, depende de Bukele. El legislador alega en su defensa que su objetivo son las ONG, pero el texto va bastante más allá. En consecuencia, el capital extranjero y su socio nacional están a merced de Bukele, el gran legislador.

La intelligentsia presidencial desnortada ha introducido su marca en aguas tan revueltas que el naufragio es real. El frente digital da señales de agotamiento. Su eficacia es ahora menor. Los agentes de Bukele ya no convencen como antes ni consiguen desprestigiar a la víctima de sus ataques. Más bien desacreditan el producto que promocionan. El agasajo a los legisladores, con foto incluida, dio pie al sarcasmo. El baño de masas, reunidas por el oficialismo con motivo de la entrega de dos escuelas renovadas, no parece haber levantado la imagen de la marca. La cuarta repetición de renovar la infraestructura escolar es material de burlas ingeniosas.

El enemigo más dañino de Bukele no son las ONG, sino él mismo. Posee la curiosa habilidad de cerrar cada vez más el círculo de aceptación, de alimentar el desprestigio y de fomentar el aislamiento. Sobrevivir en soledad, como pareciera pretender, él contra el mundo, excepto los Estados Unidos de Trump, es ilusorio. No vendría mal una dosis de realismo y otra de modestia.

El encanto de los primeros años se extingue rápida e irremediablemente. En lugar de corregir el rumbo, se empecina en navegar en medio de la tormenta. El desgaste de seis años sin otro logro que mostrar que la seguridad ciudadana hace estragos. Incluso esa conquista se deteriora al usarla para suprimir a la oposición. El balance de seis años en el poder arroja decadencia creciente.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Presidencia de la República está a las puertas de cumplir su primer año de mandato inconstitucional. Un año marcado por un modelo de gobernabilidad autoritaria basado en el ejercicio discrecional del poder. Un año en el que el proceso de debilitamiento institucional se ha agudizado y en el que se ha barrido por completo con las garantías a los derechos humanos. Uno de los aspectos que evidencian un Estado de derecho es que todos los funcionarios se someten a reglas claras y públicas, sin excepciones. Cuando estas reglas son reemplazadas por decisiones arbitrarias, la ciudadanía se vuelve vulnerable y el poder deja de tener límites. Esa es la realidad de El Salvador hoy en día.

El inicio del segundo mandato de Bukele estuvo marcado por detenciones arbitrarias dirigidas a veteranos de la guerra y a un firmante de los Acuerdos de Paz. Desde entonces, las capturas sin pruebas de la comisión de un delito han continuado; sus víctimas terminan en un sistema penitenciario en el que se han documentado casos de torturas y muertes bajo custodia estatal. En las últimas semanas, las detenciones se han extendido a exfuncionarios de anteriores Gobiernos, transportistas, abogados, líderes comunitarios y activistas sociales, sin el mínimo atisbo de un debido proceso. Con las más de 85 mil capturas en el marco del régimen de excepción y con la decisión de abrir el Cecot a las deportaciones de Trump, El Salvador se ha convertido en un país-cárcel.

La retórica que ha acompañado todo este proceso ha sido en extremo polarizante; lejos de buscar caminos colectivos orientados a la construcción de una sociedad más justa, el discurso del Ejecutivo ha estado enfocado en dividir, estigmatizar y crear enemigos. Periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han llevado la peor parte. Los efectos son evidentes; por ejemplo, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 2024 fue el año más violento para la prensa salvadoreña.

La aprobación de la normativa que permite la minería metálica y de la Ley de Agentes Extranjeros debe analizarse en el marco de la arbitrariedad y el aumento de la censura y la represión. Aun cuando tratan áreas diferentes, ambas fueron aprobadas de manera inconsulta y acelerada; ambas han suscitado un amplio rechazo de distintos sectores. Y también comparten el propósito de castigar a comunidades y sectores que ya sufren el abandono del Estado. Las repercusiones directas de dichas normativas en personas y víctimas son inminentes.

A todo lo anterior se suma, por un lado, la política de opacidad existente, con el abuso reiterado de las reservas de información (incluso sobre elementos aparentemente inocuos, como el río San Sebastián); y por otro, la improvisación característica en la atención a los problemas de país. Salta a la vista que la preocupación del oficialismo es mantener los niveles de popularidad a cualquier costo, no las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de la población.

Por supuesto, este actuar arbitrario del Gobierno no es inofensivo; tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, incluso irreversibles. Como antaño, antes de la firma de unos Acuerdos de Paz que el oficialismo tilda de inútiles, el miedo, la incertidumbre y el abuso imperan sin que haya alguna instancia a la cual acudir. Construir un país en justicia y libertad vuelve a ser una utopía.

Es una vergüenza que Estados Unidos ponga un impuesto a las remesas. En cierto modo es una ley xenofóbica y racista. Castiga a los extranjeros y mayoritariamente a los latinos. Uno puede ser norteamericano, trabajador, que paga puntualmente impuestos al Estado. Pero si su madre es anciana, vive en América Latina y recibe remesas de su hijo para su manutención, las remesas tendrán que pagar impuestos. Si eres latino, nacionalizado o no en Estados Unidos, tendrás que pagar impuestos por ser generoso con tus propios parientes si estos viven fuera de Estados Unidos. Es un mandato inmoral y por tanto, aunque sea legal, si se puede burlar debe ser burlado.

Nadie puede moralmente multar la generosidad con los pobres. Cometer una inmoralidad legal lo pueden hacer quienes tienen poder. Pues el poder y la moral no siempre van juntos. Al contrario, como decía Aristóteles hace más de 2,300 años,“los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder”. Y peor cuando son ricos, porque citando al mismo filósofo, “las ambiciones de los ricos son mucho más destructivas de las formas de gobierno que las del pueblo”. No es en ese sentido incomprensible que la centralización del poder y la idolatrización de uno o varios millonarios en Estados Unidos, traigan desgracias para países más pobres.

Pero da más pesar cuando en un país como el nuestro, que está en la posición 127 en el índice de desarrollo humano, con problemas serios de desigualdad y pobreza, se pretenda castigar a los pobres. La ley de Agentes Extranjeros, amenazando con un impuesto del 30% a organizaciones de la sociedad civil y personas naturales que trabajan en beneficio de los más pobres, parece ir en esa dirección. Si Ud. no ha cometido ningún delito y ha sido detenido en virtud del régimen de excepción, no podrá ver a sus familiares ni recibir abogados que lo defiendan.

La Procuraduría General de la República no cuenta con abogados suficientes para llevar a cabo una defensa efectiva. Si una organización de la sociedad civil quiere defenderlo, presentar un “habeas corpus” por Ud. y quejarse porque no se tienen en cuenta sus derechos constitucionales y legales, corre el peligro de que el gobierno le ponga un impuesto del 30% del dinero recibido del exterior para realizar servicios básicos legales a personas pobres tratadas injustamente.

Según la ley que se acaba de aprobar, el Estado adquiere la facultad, en la práctica, de considerar la defensa de los derechos humanos como una actividad política subversiva y gravarla con impuestos. Se puede decir y reclamar que esa ley de Agentes Extranjeros es inconstitucional. Pero el sistema judicial está de tal manera cooptado y controlado por el poder ejecutivo que presentar recursos de inconstitucionalidad ante un juez es como tirar barquitos de papel en el océano. No llegan a ninguna parte.

El Salvador necesita mucho diálogo, más debate serio y menos propaganda. Con medidas restrictivas y de control no se va muy lejos. Al contrario, se crea una cultura del poder de los más fuertes que no sólo va en contra de los deseos democráticos de las mayorías, sino que además acaba fomentando la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo cultural. Si la educación autoritaria es uno de los obstáculos más fuertes para el desarrollo humano, como hoy se reconoce universalmente, la negativa al diálogo, a la reflexión, a la crítica o a la defensa de los pobres, conduce siempre al fracaso de los pueblos. Es cierto que no es fácil gobernar democráticamente países que tienen una tradición autoritaria.

Pero querer gestionar la democracia sin respetar el diálogo con las minoría (o a veces incluso con las mayorías) es un absurdo y tiene siempre malas consecuencias. A nadie ayuda el poner impuestos al dinero que viene de fuera y que se dedica tanto al pago del trabajo digno y honrado como a la ayuda a los pobres y a la defensa de sus derechos. El hecho de que el gobernante de un país, desde su nacionalismo corto de miras y su racismo ponga impuestos a las remesas, que son dinero para los pobres, no justifica que aquí hagamos algo parecido agravando la situación de la gente menos favorecida.

En la actividad política, el poder excesivo conduce con facilidad al error. En efecto, cuanto más poder tiene un político, menos reflexiona sobre la calidad de sus acciones y sus consecuencias. Manda sabiendo que la mayoría de los que le rodean bajarán la cabeza y alabarán la decisión tomada. En el caso de El Salvador, si bien el oficialismo dispone de medios para mantenerse en sus decisiones pese a estar equivocado, la suma de yerros ha comenzado a debilitarlo. Ciertamente, la propaganda, la presentación fantasiosa de acciones, reduce la erosión de su imagen, pero el dolor causado por las malas decisiones y la permanente contradicción con la verdad y la honestidad van carcomiendo la confianza ciudadana, lo cual podría llevar a que el Gobierno enfrente, de pronto, un grave déficit de apoyo.

Alargar el régimen de excepción desaforadamente ha visibilizado las injusticias. La venta anticonstitucional de servicios carcelarios al Gobierno de Donald Trump, junto con la decisión de encerrar a personas sin proceso ni acusación judicial, ha escandalizado a la opinión mundial. Y el empecinamiento de mantener preso acá a Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado ilegalmente de Estados Unidos, intensificó la controversia. Con la cooperativa El Bosque, otro caso en el que se suman errores, hubiera sido fácil dialogar, tal como se hizo hace años con la comunidad expulsada de las tierras de la familia Dueñas. La detención de un pastor evangélico y de un abogado ambientalista que acompañaban a la cooperativa en la defensa de sus derechos ha generalizado la indignación. Y luego llegó la detención de Ruth Eleonora López y la imposición de un 30% de impuesto a las donaciones recibidas desde el extranjero por organizaciones no gubernamentales. No es inteligente acumular errores cuando se mantiene en zozobra a los comerciantes informales, se expulsa del trabajo a empleados públicos y se reducen los médicos y medicinas en el sector de la salud pública.

El ideal en la convivencia política pasa siempre por el diálogo y la tolerancia, así como por la ayuda a los sectores más desfavorecidos. A los pobres no se les puede condenar a estar cada vez peor en lo que respecta al goce de sus derechos básicos. Golpear a quienes defienden a las víctimas de injusticias hace siempre odioso al poder. La popularidad de Nayib Bukele se creó sobre una hábil y alta capacidad de propaganda, y sobre el aprecio de mucha gente que veía en él una mayor sensibilidad ante los problemas de las mayorías. Pero la acumulación de errores en el trato a las personas con problemas económicos rompe una de las fuentes de su popularidad. Ser duro con los pobres y con quienes los defienden es la negación más clara de lo que se entiende por bondad. Y eso, por más que se trate de remediar con propaganda, debilita gravemente a quienes están en el poder. Reaccionar a la falta de autoridad moral con más poder represivo atrasa el proceso de desarrollo ético y democrático del país. Dialogar con las instituciones de la sociedad civil, liberar a los detenidos injustamente, trabajar con más ahínco en la eliminación de la pobreza y fortalecer las redes de protección social son tareas pendientes que empiezan a cobrar factura. Si no se rectifica el rumbo, el costo político y social no solo será inevitable, sino creciente.

Tarde o temprano, toda autocracia hace uso de la fuerza para callar la disidencia. Mientras más respaldo social pierde un régimen autoritario, más necesidad tiene de recurrir a la persecución y a la represión para sostenerse. Es parte del libreto del autoritarismo. En El Salvador, la deriva autoritaria ha cobrado nuevos bríos; diversos hechos recientes han causando una erosión de la popularidad del oficialismo, y la reacción de este no se ha hecho esperar.

El caso Cosavi, la aprobación de la ley que promueve la minería metálica, el alquiler del Cecot para migrantes deportados desde Estados Unidos, las deficiencias de las obras en Los Chorros, la investigación periodística que confirma los vínculos entre funcionarios de Bukele y las pandillas, la violenta disolución de la protesta de las familias de la cooperativa El Bosque son hechos que estarían impactado negativamente en la opinión ciudadana sobre el Gobierno, lo cual se suma al descontento por la aguda crisis de la economía familiar. En reacción, el Ejecutivo ha recurrido tanto a medidas populistas (por ejemplo, dar transporte público gratis en todo el país) como al uso de la intimidación y la fuerza. De esto último son ejemplos claros la detención del pastor evangélico José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez y de la jefa de Cristosal, Ruth López, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

En un Gobierno democrático, las críticas se responden con argumentos, no con persecución; los señalamientos de delitos cometidos por funcionarios originan una investigación seria; la corrupción se combate con rendición de cuentas y transparencia; las protestas pacíficas de la población dan pie al diálogo y la búsqueda de soluciones. Esos son los caminos que hay que seguir para que El Salvador no se convierta en otra Nicaragua. Hay que evitar a toda costa entrar en una dinámica de desprestigio-represión que reviva las horas más trágicas de la historia nacional. Las escenas y disposiciones de los últimos días ya las vivió el pueblo salvadoreño el siglo pasado, y lo que siguió no fue bueno para nadie, ni para la población, ni para el país, ni para los gobernantes.

Monseñor Romero, ferviente defensor de la paz y la justicia social, siempre se opuso a toda forma de violencia y clamó por un diálogo constructivo para evitar un conflicto mayor. Sus palabras siguen teniendo vigencia y deben ser tomadas en cuenta por quienes dirigen el país: “Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, fiel a su compromiso con la realidad, la excelencia académica, el respeto a los derechos humanos y la democracia, expresa su preocupación por la detención de Ruth Eleonora López Flores, abogada, docente de esta casa de estudios, defensora de los derechos humanos y jefa anticorrupción y justicia de Cristosal.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, de criminalización de la libertad de expresión y de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como también contra aquellas personas y colectivos que alzan su voz en favor de las poblaciones más desfavorecidas.

La UCA, en tanto espacio de reflexión, análisis y compromiso con la transformación social, reitera que la defensa de los derechos humanos es una labor esencial para alcanzar una sociedad más justa e integradora, que tienda a la realización de la persona humana y del bien común.

El Estado, conforme a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia de derechos humano de los cuales es parte, está obligado a garantizar los parámetros universales del debido proceso, el ejercicio pleno del derecho de defensa y la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales. En este sentido, le corresponde asegurar que ninguna persona sea privada de libertad sin causa penal legítima y que, en caso de que esto suceda, sea puesta en libertad de inmediato por las autoridades competentes.

La UCA hace un llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la integridad personal de toda persona bajo la custodia del Estado; y a cesar cualquier acción que afecte por medios directos o indirectos el derecho a la protesta, a la organización pacífica y a la exigencia de justicia.

Solo la defensa de los derechos humanos, la formación de una ciudadanía comprometida con la democracia y la justicia, y la protección de los principios democráticos conducirán a la construcción de un El Salvador libre, inclusivo y justo.

Antiguo Cuscatlán, 19 de mayo de 2025

La inmensa mayoría de los cristianos hemos quedado satisfechos con la elección de León XIV como obispo de Roma y sucesor de Pedro en la Iglesia católica. Es una persona con tradición acrisolada de servicio, de espiritualidad, de pensamiento humanista y con un claro sentido de justicia social. Quedan algunos críticos, muy pocos, con actitudes negativas, construidas muchas de ellas desde una opción trasnochada: espiritualidad alienante, tradiciones retrógradas y negativa al diálogo entre la Iglesia y el mundo, así como a la opción preferencial y activa en favor de los pobres. Sin embargo, es importante hacer algunas observaciones sobre la participación de los cristianos en la elección del papa, de los obispos y de los cargos de autoridad. La participación de la mujer en el liderazgo de la Iglesia es escasa, a pesar de que su compromiso con el trabajo eclesial de base es enorme y de gran calidad. En menor escala podríamos decir algo parecido de los laicos varones, no siempre tenidos en cuenta cuando se les percibe muy creativos. Aunque es cierto que Jesús le dijo a Pedro apacienta mis ovejas, también hay que tener en cuenta que dichas ovejas no son de Pedro, sino de Jesús. Y, por tanto, gozan también de la libertad y la realeza del Señor a las que nos hemos adherido por el bautismo .

En ese contexto debemos analizar las formas de elección del papa. Durante muchos años, la aclamación popular en la ciudad de Roma determinaba el nombramiento del papa. Es hacia inicios del segundo milenio del cristianismo cuando se decide que sean los cardenales los electores, para evitar las múltiples y a veces brutales interferencias de reyes y señores feudales en la elección del obispo de Roma. Desde entonces, aun con la influencia de familias nobles y de sus parientes nombrados cardenales, y a pesar del derecho a veto de algunos reyes europeos, el colegio cardenalicio ha sido el encargado de nombrar al papa. Salvo algunas elecciones realmente lamentables, los cardenales han sido garantes de una mejora clara de los nombramientos. Tras el veto del emperador austrohúngaro en 1903, Pío X prohibió taxativamente esa costumbre.

En la actualidad es lógico que se plantee el tema de una mayor participación del Pueblo de Dios en el nombramiento del obispo de Roma, dado su carácter de pastor universal en la Iglesia católica. Es cierto que no podemos decir que la Iglesia es una democracia. Tampoco se puede afirmar con frivolidad que es una monarquía absoluta. Pero el tema de la elección de los obispos y del mismo papa ha tenido una historia lo suficientemente diversa como para que en tiempos en los que la misma Iglesia alaba la democracia como sistema de gobierno, se amplíe la participación del pueblo de Dios en la elección del papa. La presencia de mujeres con mayores responsabilidades dentro de la Iglesia y como electoras en las futuras elecciones de los pontífices terminará imponiéndose por pura lógica, no solo racional, teológica y numérica, sino, sobre todo, evangélica. El camino sinodal abrirá puertas a una mayor participación del laicado, ya iniciado desde el Concilio Vaticano II, y romperá las barreras del clericalismo que todavía quedan entre nosotros. Aunque podamos y debamos decir que la Iglesia no es una democracia, el espíritu de comunión y participación evangélica que la caracteriza implica diferencias básicas de una monarquía autoritaria y clerical.

El papa León XIV, acostumbrado a impulsar la vida comunitaria unida en un solo corazón y una sola alma en el Señor, como dice la regla agustiniana, y como lo ha vivido en su experiencia episcopal en Perú, sabrá llevarnos por los caminos de cordialidad y participación que Jesús nos recuerda siempre cuando nos pide que nuestra actitud social y comunitaria sea siempre la del que sirve, no la del que manda.

Por José María Tojeira, SJ

Cuando los profetas de Israel pensaban en un mundo renovado, soñaban con armas convertidas en instrumentos de labranza. En nuestro mundo actual el liderazgo de las naciones creen necesario multiplicar el armamento a niveles cada vez más absurdos. El informe de SIPRI, una institución sueca que trabaja la paz y que investiga el armamentismo, ha mostrado un aumento récord en el gasto militar mundial : En 2024 el gasto en armas y ejército asciende a 2.7 billones (numeración europea) de dólares. Un aumento de 300.000 millones de dólares frente a los 2.4 billones gastados en 2023.

Europa por su parte se apresta a aumentar su gasto en armamento presionada por Estados Unidos, que desde finales de la segunda guerra mundial es el país con mayor inversión en armamento. El clamor de las Iglesias y de numerosos grupos pacifistas, que quisieran que una parte del gasto en armas se trasladara a la inversión solidaria en los países empobrecidos, no ha tenido eco en quienes presumen de tener el liderazgo mundial. El nacionalismo exacerbado de personalidades como el Presidente Trump de los Estados Unidos, ha influido en el desarrollo de políticas armamentistas y anti inmigrantes.

Para los católicos, que deben tomar en serio las propuestas de la doctrina social de la Iglesia, así como para las personas de buena voluntad, es importante recordar las palabras del papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de la paz en este año 2025. Ahí pedía a las naciones que “utilicemos al menos un porcentaje fijo del dinero empleado en los armamentos para la constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”.

Aunque para muchos sería muy ambicioso proponer un 10% del gasto mundial en armamento dedicado al desarrollo, es importante hacer números, aunque se como ejemplo, para ver lo que significaría esa cantidad aplicada al gasto en armamento y ejércitos. La operación es sencilla; se trataría de 270.000 millones de dólares. Una cantidad que si se repartiera entre los 100 países con más dificultades económicas y con márgenes relativamente importantes de población con hambre, significaría una ayuda anual de 2.700 millones de dólares.

Los datos que damos no son una propuesta. Cómo usar esa tremenda cantidad de dinero necesitaría mucho pensamiento, organización adecuada y buena voluntad. Pero lo que es evidente es que el descuento para desarrollo de un 10 % en los gastos de armamento de todos y cada uno de los países, no los hace ni más débiles ni más pobres. Tampoco crearía una crisis económica mundial. Molestaría a lo que el antiguo presidente Eisenhower de los Estados Unidos llamaba el “complejo militar industrial” y probablemente a personas ciegas en el campo de la solidaridad. Porque en efecto, una persona que prefiera más armas en vez de menos pobreza o menos hambre, carece de la moralidad básica que exige el hecho de ser todas las personas humanas miembros de la misma especie.

O dicho en términos religiosos, ser parte de la misma dignidad y fraternidad universal de los seres humanos es más importante que la acumulación de armas. Insistir en el propio país en el recorte del presupuesto militar en favor de la lucha contra el hambre es una opción política humanitaria que sin duda trascendería las fronteras de los países que lo hicieran e iría, poco a poco, creando la posibilidad de que se convirtiera en una práctica mundial dedicada a erradicar el hambre y fomentar el desarrollo. No hacerlo solo demostraría la incapacidad de los políticos para enfrentar con racionalidad los problemas sociales, sino también el miedo a los militares y el desbordado peso que se les puede dar tanto en las democracias como en los regímenes autoritarios. Los que pensamos que una nueva civilización es posible no debemos cansarnos en el reclamo.

León XIV tiene un perfil interesante. Fue uno de los últimos nombramientos del papa Francisco. Tanto en la dirección de los dicasterios o congregaciones romanas como en el cardenalato, su designación no pasa de los tres años. Podría decirse que pertenece al grupo seleccionado por Francisco para el relevo generacional. Como muchos de los así elegidos, fue traído de un lugar donde no estaba haciendo carrera. Nacido en Estados Unidos, es miembro de una orden, los agustinos, inspirada en uno de los más grandes pensadores tanto de la Iglesia como de la reflexión humanista; trabajó en América Latina como sacerdote y como obispo durante una buena cantidad de años. De ese contexto, tan vinculado a las experiencias pastorales, lo llevó Francisco a un puesto clave en la Iglesia, el Dicasterio para los Obispos, responsable de analizar y proponer a los mejores candidatos para el episcopado.

Su conocimiento del mundo latino le ayudó a León XIV a entender a los migrantes y a solidarizarse con ellos. Su capacidad de decir claramente su opinión, su amor a los pobres y su cercanía al diálogo lo preparan para ser un buen guía de una Iglesia que necesita mantener una palabra evangélica clara en el convulsionado y beligerante mundo actual. Los valores agustinianos, sin duda fuertemente vividos tanto en sus estudios como en su oración, lo disponen para enfrentar los retos de la Iglesia. “Habitar en la casa unánimes y con un solo corazón y una sola alma dirigidos hacia Dios”, norma básica agustiniana, impulsa al amor, la fraternidad y a cuidar la casa común. La conocida frase de san Agustín en sus reflexiones sobre la Trinidad: “Busquemos como buscan los que aun no han encontrado y encontremos como encuentran los que aún han de buscar”, marca una actitud indispensable para el gobierno de la Iglesia actual. La respuesta a los desafíos que la historia hace a la Iglesia no puede consistir en cerrarse en el pasado, sino en buscar respuestas que abran a nuevas realidades y a nuevas búsquedas.

León XIV tiene claro que la comunión entre los seres humanos está reñida con el egoísmo de las grandes potencias y con el discurso xenófobo. Sus breves mensajes como cardenal, corrigiendo las afirmaciones erróneas del presidente y vicepresidente estadounidenses sobre temas migratorios, han sido claros. Sabe que la ambición depredadora de los poderosos está en la base de diferentes y peligrosas situaciones medioambientales. Su elección del nombre León empalma con una historia de transformación en la Iglesia. Después de una larga etapa eclesiástica en el siglo XIX, en la que la jerarquía, acostumbrada a hablar desde el poder, no encontraba el modo de relacionarse con el mundo, León XIII abandonó la peligrosa tendencia a la condena sistemática y comenzó a hablar de las nuevas realidades del mundo desde la inspiración evangélica y la sabiduría de la experiencia. Surgió con él, y continuó desarrollándose con sus sucesores, la doctrina social de la Iglesia, que traducida al ámbito latinoamericano por el episcopado del subcontinente ha dado frutos de desarrollo y múltiples testimonios martiriales. Elegir el nombre de un papa que abrió la Iglesia al diálogo con el mundo es comprometerse a continuar el camino del Concilio Vaticano II. Un camino de reforma interna permanente, en el que se vive y anuncia el Evangelio; un camino de diálogo orientado a construir un mundo más fraterno, más justo y más cuidado por todos en beneficio de todos.

En la actualidad, un gran número de acontecimientos saturan la cotidianidad de la sociedad salvadoreña, los cuales son amplificados y enturbiados por las redes sociales. La variedad es amplia: desde la llegada vía deportación de supuestos criminales venezolanos desde Estados Unidos, decomisos de miles de sacos de cocaína, cierres de carreteras que vuelven una pesadilla la movilización hacia y desde la capital, revelaciones periodísticas sobre procesos de corrupción.

Ante ello, la comunicación gubernamental ha buscado distintas estrategias. La propuesta de canje de presos con Venezuela, el aumento del salario mínimo, la captura de empresarios del transporte, el anuncio del pago de mil millones de dólares que el Estado adeuda a distintos proveedores... Cada día, una novedad; cada día, una nueva respuesta. Y la discusión pública termina presa de la dictadura de las redes sociales.

En medio de ese ruido, es posible documentar la profundización de las medidas antidemocráticas impulsada por el oficialismo. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA muestra que en 2024 el derecho a la libertad fue el más vulnerado. En este sentido, los datos generados por el Observatorio no son un buen presagio para el futuro de país, su población y su gobernanza. Se vive en la cultura de la ilegalidad, del incumplimientos de las normas. Peor aún, las normas son creadas a medida para cumplir con los deseos e intereses del régimen. Y si no hay tiempo para ese tipo de formalismos, simplemente se ignora el proceso de formulación de ley y se actúa según voluntad.

La arbitrariedad y la represión en El Salvador van en aumento. El Gobierno debe explicar la negociación con pandilleros a cambio de votos. Es fundamental saber qué está de fondo en el trato con Estados Unidos que avala que migrantes sin proceso judicial en el país terminen en cárceles salvadoreñas. Cómo es que el Gobierno decreta la gratuidad del transporte a través de las redes sociales sin ninguna fundamentación legal. Además, ha capturado a empresarios del transporte sin seguir el debido proceso y apelando a un estado de excepción que ya no se justifica.

A la base de estas irregularidades está la dictadura de las redes sociales y el abuso del poder. La sociedad salvadoreña está inmersa en una dinámica totalmente anómala, en la que se gobierna por capricho, los controles no funcionan, las instituciones responden a las órdenes de una persona y su círculo, y la única legitimidad en el ejercicio del poder es la popularidad.

Un mejor país no se construirá inventando enemigos ni metiendo a las personas a las cárceles sin ningún fundamento. El futuro no será mejor allanando viviendas, intimidando organizaciones o estigmatizando periodistas, activistas sociales y disidentes. Es necesario soñar y defender una sociedad en la que se respeten las normas, se busque el diálogo y se garanticen los derechos humanos para toda la población.