Editoriales y Opiniones

El Salvador de Bukele quiso ser conocido en el exterior por los volcanes, el café, el surf y las criptomonedas. La marca se extravío por causa del mismo Bukele. Ahora el país es famoso por su megacárcel de “última generación” con un régimen interno despiadado, donde Trump vierte a los inmigrantes etiquetados como “criminales violentos”, “asesinos confirmados”, “violadores”, “delincuentes de alto perfil”, en una palabra, “terroristas”. Bukele no fue contratado como experto en seguridad, sino por la refinada crueldad de su prisión, que Trump elogia cínicamente como “un lugar tan maravilloso para vivir”. Los titulares de la prensa internacional, en cambio, no dudan en calificarlo como “infierno en la tierra”.

Las deportaciones de Trump son similares a las redadas del régimen de excepción de Bukele. Los dos se apropiaron del derecho de condenar y sentenciar a quienes les repugnan, sin mostrar evidencia alguna de culpabilidad, y de recluirlos en una especie de vertedero, donde son envilecidos y denigrados. Entre los primeros 238 “venezolanos” deportados, solo uno milita en el Tren de Aragua y once tienen récord criminal, mientras que 101 residían ilegalmente en Estados Unidos, razón por la cual fueron expulsados y recluidos en el basurero de Bukele. No todos son venezolanos u hombres. Había un nicaragüense y veintitrés salvadoreños, de los cuales solo uno es pandillero. Las mujeres fueron devueltas, porque la cárcel es exclusivamente para hombres.

En cualquier caso, el Tren de Aragua no es tan poderoso como para apoderarse de Estados Unidos, tal como aseguran Trump y los suyos. El delito de la mayoría de los deportados es haber ingresado ilegalmente en territorio estadounidense para trabajar y enviar remesas. Lo mismo que hacen centenares de miles de salvadoreños desesperados por la falta de oportunidades.

Los deportados por Trump y recibidos por Bukele se encuentran en el limbo jurídico. No tienen acceso a la justicia estadounidense, de cuyos registros desaparecieron, ni a la salvadoreña, donde no figuran. El caso más escandaloso es el de un salvadoreño protegido legalmente de la deportación. La operación por la que tanto se felicitan Trump y Bukele los convierte en autores de desapariciones forzosas, secuestradores y traficantes de personas.

De la misma manera que Bukele amenaza con el régimen de excepción a los díscolos, Trump atemoriza a los inmigrantes indocumentados con enviarlos a la “afamada” cárcel, “por sus encantadoras condiciones”. El refinamiento de la crueldad es celebrado por Trump, cuyos funcionarios se pasean fascinados en medio de los horrores del Cecot. Sin embargo, existen otras cárceles más brutales que la dictadura no se atreve a mostrar a sus admiradores; la perversidad es de tal calibre que no figura en el circuito de los turistas de la barbarie.

La crueldad no se agota en la humillación de las víctimas; se prolonga, además, en producciones audiovisuales muy cuidadas, que hacen alarde de su crudeza. El envilecimiento y la deshumanización de los detenidos es parte del juego de poder de Bukele y Trump. Anuncia a los rebeldes lo que les aguarda si no se someten a sus amos. La brutalidad es mostrada como un implacable poder destructor.

La megacárcel de Bukele, el único éxito reconocido universalmente, le ha merecido repetidos elogios y agradecimientos de Trump, algo a lo que este no es muy dado, menos con un extranjero. Es así como Trump ha saludado a Bukele como “el líder más fuerte en seguridad”, “el modelo regional”, “el gran amigo de Estados Unidos” y “el hijo favorito”. La colaboración con los proyectos imperiales del norte le ha granjeado una audiencia en la Casa Blanca, una distinción reservada a pocos.

Este reconocimiento es mucho más valioso que los pocos millones de dólares que le reportará el arrendamiento de la cárcel. Los réditos políticos del sometimiento al imperio no tienen precio. Trump no le reclamará el haber destrozado la institucionalidad democrática, el autoritarismo dictatorial, ni la violación de los derechos humanos. Seguramente, intercederá por él ante los organismos financieros internacionales. Eso sí, entre las ventajas obtenidas no figura un trato preferencial para la diáspora salvadoreña indocumentada, ya avisada de que será tratada como agrupación de “terroristas”.

El Salvador de Bukele no se caracteriza por un crecimiento económico consistente, ni por unas finanzas públicas sólidas, ni por un gasto social acorde con las necesidades de sus habitantes, sino por la megacárcel acreditada por Trump. A los pocos turistas extranjeros, atraídos por las maravillas de Bukele, se suman así los “monstruos” y los “terroristas” deportados por Trump.

La mala prensa de la creación más exitosa de Bukele, un vertedero de desechos humanos, contribuye a deteriorar su popularidad. Así se lo hizo saber la inteligencia artificial de X. No es el presidente latinoamericano más popular.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

OPINIÓN Acerca de los que se alejan de Omelas

Por Luis Aguilar

Según cálculos periodísticos, 14 mil personas han perdido su trabajo en instituciones estatales. Sin embargo, ha aumentado el número de trabajadores del Estado que tienen un salario mensual de 2,000 dólares o más. La norma de revisar y mejorar el salario mínimo del país cada tres años, teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, no se ha cumplido. Llevamos ya cuatro años sin revisión del salario mínimo y no hay señales, al menos de momento, de que se esté estudiando el asunto. Ello a pesar de que el costo de la canasta básica se ha disparado durante los últimos años . Aunque a la gente ya se le había anunciado lo que en su momento se llamó “medicina amarga”, nunca se ha informado que la paralización del monto del salario mínimo sea parte de ese supuesto remedio a la queja de la población sobre la situación económica del país. Ni tampoco se ha informado cuánto durará la receta. Sea como sea, el que hayan aumentado en el Estado los mejores salarios mientras hay despidos masivos en oficinas estatales y se incumple un compromiso básico de revisión del salario mínimo, muestra no solo incoherencia, sino también despreocupación por los problemas económicos de la población. Se han hecho esfuerzos de cara al control de precios de algunos alimentos, pero la revisión y aumento del salario mínimo continúa siendo una necesidad urgente de los sectores más vulnerables de El Salvador.

El lunes pasado, nuestro arzobispo, en la festividad de san Óscar Romero, pidió avanzar en la corrección de toda una serie de problemas sociales. Mencionó también el salario mínimo, que debe ser sobre todo salario justo, capaz de enfrentar los desafíos familiares. La Iglesia tiene una larga tradición de insistir en que el ingreso por el trabajo sea el adecuado para vivir con dignidad y sea protegido por las autoridades estatales. Y que las redes de protección social, especialmente las de educación, salud y pensiones, sean también justas y adecuadas para mantener dinámicas de desarrollo. La Iglesia está plenamente convencida de que el trabajo es más importante que el capital, porque es una realidad humana que no solo le permite vivir al trabajador, sino que le ayuda a realizarse como persona, asumiendo responsabilidades sociales. En ese sentido, reclamar un salario mínimo decente es una responsabilidad no solo de los trabajadores, sino también de todos los hombres y mujeres fieles a la fe cristiana y al deseo de unas relaciones de amistad social que garanticen paz y seguridad en toda comunidad política.

Si analizamos la producción de riqueza en Centroamérica y Panamá, nos encontramos con que de los seis países, El Salvador fue el tercero con mayor PIB per cápita en 2024. Sin embargo, en el monto del salario mínimo estamos en quinto lugar. Sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros países, sabemos que el actual salario mínimo es insuficiente para salir de la pobreza. Y que si nuestros migrantes, hoy amenazados por la deriva irracional y racista del presidente Trump, no enviaran remesas, los problemas de pobreza aumentarían seriamente en el país. El hecho de que nuestros trabajadores sean más productivos que los de otros países vecinos que tienen un mejor salario mínimo debe ser una llamada urgente a tomarse en serio el tema del hasta ahora relegado aumento del salario mínimo. La austeridad necesaria del Gobierno no debe convertirse en exigencia de austeridad a quienes pasan hambre o dificultades económicas. Atraer grandes inversionistas es conveniente, pero no con base en ofrecer mano de obra barata. Al Estado y al Gobierno les corresponde, según la Constitución, garantizar la justicia social. Y esto supone, entre otra cosas, convertir el salario mínimo en un salario decente, justo y familiar.

Editorial UCA

El régimen de excepción, que comenzó con la justificación de un repunte brutal de homicidios, cumplió tres años de vigencia el 27 de marzo. Como legalmente no puede durar más de un mes, la medida se ha renovado 36 veces. El número de privados de libertad ha aumentado exponencialmente; se sabe que han sido detenidas en torno a 85 mil personas. La cantidad de homicidios, que venía reduciéndose notablemente desde que inició el primer gobierno de Nuevas Ideas, se mantiene a nivel de primer mundo y se ha convertido en el principal recurso propagandístico de Nayib Bukele.

Tres años es mucho tiempo. Al cabo de un año se había conseguido un efecto que le habría permitido a la PNC mantener lo alcanzado sin necesidad de régimen de excepción, sin los abusos que se estaban produciendo de un modo sistemático. Sin embargo, la medida continuó sin que se mejorara el número, la formación, la especialización y los recursos de la Policía. Se comenzó a usar el régimen como amenaza, especialmente en el mundo laboral y en el periodístico; y la enorme cantidad de detenidos paralizó de facto el sistema judicial, obligado constitucionalmente a proveer pronta y debida justicia. Algunas instituciones especializadas en derechos humanos calculan que hay unas treinta mil personas privadas de libertad que no tienen ningún vínculo pandilleril, a pesar de haber sido detenidas por la PNC bajo ese argumento. De ellas, una buena cantidad lleva más de dos años de cárcel sin juicio, sin acceso real a defensa legal, con prohibición de visita familiar y con frecuente maltrato.

El incumplimiento de artículos constitucionales (en especial, el 11 y el12) que consagran derechos básicos y el abandono en la práctica de tratados internacionales de derechos humanos agravan la situación. Y a ello se suma el inhumano encarcelamiento de venezolanos sin causa ni condena pendiente en El Salvador. Por más que se quiera defender lo indefendible, el respeto a los derechos fundamentales y un sentimiento básico de humanidad exigen la pronta revisión de la situación de los privados de libertad en el contexto del régimen de excepción y de los venezolanos presos en el Cecot. Los migrantes expulsados de Estados Unidos solamente por ser migrantes deben ser liberados de inmediato. Y los que tengan deudas pendientes con la ley deben ser juzgados, con todas las garantías legales, en el país en el que cometieron la falta.

El régimen de excepción ya no tiene razón de ser. Es absurdo seguirlo prolongando cuando ya se han conseguido los fines que se pretendían en un inicio. Hacer permanente un régimen de excepción solo lleva a la opresión y al irrespeto impune de los derechos de las personas. Suprimir el régimen de excepción no significaría regresar a la anterior dinámica de criminalidad. Las organizaciones delincuenciales que sembraban miedo y dolor están desarticuladas. La Policía Nacional puede y debe mantener la actual situación de seguridad pública sin recurrir a arbitrariedades y abusos. El cese del régimen daría pie a procesos judiciales creíbles y con garantías, y a la pronta liberación de miles de inocentes que sufren privación de libertad.

El desgobierno no da respiro a Bukele. No había acabado aún de sortear la crisis de los perros cuando se encontró con los desmanes de sus alcaldes. De inmediato, tomó cartas en el asunto. Solo él podía hacerlo. Es la consecuencia obvia de una centralización del poder que no admite márgenes para la decisión y la acción autónomas. Quizás sea cierto que la pesada carga que lleva sobre sus hombros no le permite dormir lo suficiente, lo cual no es consuelo, porque el desvelo nubla el entendimiento.

Así las cosas, Bukele pasó de los perros a los alcaldes: arremetió contra los que habían elevado las tasas, los impuestos, las licencias y las multas municipales. De hecho, tardó lo suyo en caer en la cuenta, cuando ya muchos emperesarios habían cerrado sus negocios por no poder hacer frente a las nuevas exacciones municipales, mientras que otros, más pudientes, ya las habían cancelado. Mucho antes de su intervención, la prensa ya había dado cuenta del hecho y lo había ilustrado con varios testimonios de los afectados por las decisiones municipales. La desconexión con las municipalidades es desconcertante. Bukele no está al tanto de la marcha de la maquinaria gubernamental, tal como se suele vanagloriar.

Desfinanciadas en nombre de mayor eficiencia y menos corrupción, algunas alcaldías, en uso de sus competencias, tomaron la iniciativa y elevaron las contribuciones de la población. El margen de acción de casi todas ellas es muy limitado por la escasez de fondos. No pueden atender las necesidades más sentidas de sus comunidades, pagar abultadas deudas acumuladas y mejorar los servicios. Sin embargo, la penuria no ha impedido que los alcaldes y sus concejos se eleven los sueldos y las dietas; tampoco ha logrado que disminuya la corrupción. Ahogadas económicamente y anuladas políticamente, varias municipalidades, en un insólito arranque de libertad, dispusieron aumentar sus ingresos.

La indisciplina no duró. Bukele entró en acción y cortó por la sano. Regañó públicamente a los alcaldes como adolescentes irresponsables y amenazó a los contumaces con el régimen de excepción. Los culpables agacharon la cabeza y acataron de inmediato la orden de revertir el alza de las contribuciones, los inocentes profesaron obediencia a las directrices presidenciales. Sin duda, los alcaldes aprendieron la lección. No tienen autorización para decidir ni para tomar iniciativas sin la aprobación previa de Casa Presidencial. Ahora todos tienen claro que están al servicio exclusivo de Bukele, al igual que los diputados oficialistas. Pueden consolarse con la idea de que su función consiste en engrandecer la figura del mandatario desde la municipalidad.

El intento fallido de los alcaldes es producto de las contradicciones internas de la dictadura. Por un lado, están urgidos de fondos, tanto para hacer obra buena como para “componerse”. En este sentido, la cultura de la administración pública se conserva intacta. Si los de más arriba se “componen”, por qué no ellos. Si bien el recorte de los fondos no les deja mucho que embolsarse directamente, el cargo da acceso ventajoso a gran variedad de negocios, al mismo tiempo que neutraliza la posible competencia. El margen para medrar es amplio. Nadie se atreverá a frenarlo, hasta que Bukele no intervenga para identificar a los corruptos que deben rendir cuentas.

Por otro lado, Bukele alega como justificación que corrigió a los alcaldes para proteger a la micro, la pequeña y la mediana empresa, ahora declaradas claves del crecimiento económico, y para defender la estabilidad empresarial. Es significativo que el comercio informal, es decir, la pobrería desempleada en expansión por la creciente escasez del empleo formal, no figura en la agenda de Bukele.

Tampoco se hace cargo de que la improvisación y la inseguridad jurídica que caracterizan su gestión ahuyentan la inversión y ralentizan el crecimiento económico, reducen la recaudación fiscal y aumentan la deuda. La industria permanece estancada, la construcción se contrae, las remesas tienden a disminuir, la deuda a aumentar y el crecimiento económico del año pasado es el menor de la región centroamericana.

Una oportunidad inesperada para impulsar el crecimiento económico es el alquiler de la infraestructura carcelaria a Trump, quien, por un precio muy cómodo, ha comenzado a deshacerse de “los monstruos”. Así, Bukele introduce en el país a los integrantes de una organización criminal más poderosa y mejor organizada que las pandillas. Lo que para Trump es “una situación horrible”, para Bukele se perfila como un negocio redondo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

San Óscar Arnulfo Romero es fuente de inspiración inagotable. Ha sido y sigue siendo motivo de canciones, pinturas, literatura, teatro y cine. En el mundo, su nombre resuena en centros de formación, comités de solidaridad, plazas, parques, avenidas y un largo etcétera. A propósito del 45.° aniversario de su martirio, una de las inquietudes más planteadas, sobre todo por quienes quieren ir más allá de la mera conmemoración, es la vigencia del legado de monseñor Romero. ¿Qué diría monseñor ante esta o aquella situación? Su palabra tiene semejanza al Evangelio de Jesús: no pierde vigencia. Por ejemplo, la figura del arzobispo mártir es inseparable de la verdad. Por eso, en su honor, en 2010, la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Sus palabras sobre la verdad parece que describen la situación actual.

“Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira; entre la sinceridad, que ya casi nadie la cree, y la hipocresía y la intriga. No nos asustemos, hermanos, tratemos de ser sinceros, de amar la verdad, tratemos de construirnos en Cristo Jesús. Es una hora en que debemos tener un gran sentido de selección, de discernimiento”, dijo en su homilía del 30 de julio de 1978. En otra de ellas nos recuerda que “la persecución es algo necesario en la Iglesia. [...] Porque la verdad siempre es perseguida”. Hoy, como hace más de cuatro décadas, monseñor sigue poniendo el dedo en la llaga: “Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad”. Y añadía: “¡Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de la radio tienen que comer y se alimentan de la calumnia porque es la que produce! La verdad muchas veces no produce dinero sino amarguras. Pero más vale ser libre en la verdad que tener mucho dinero en la mentira”. Con seguridad, monseñor incluiría a las redes sociales en estos mensajes.

Asimismo, nos sigue interpelando, 45 años después de su asesinato, sobre la situación de los derechos humanos. “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”. En concreto, sobre los y las desaparecidas, dice monseñor: “Pero mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya ese desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz, y seguirán sucediendo los hechos de violencia y sangre”. Y hoy, como antes, el santo nos recuerda que los cambios cosméticos, de imagen, no arreglarán la situación del pueblo: “Las violencias seguirán cambiando de nombre, pero habrá siempre violencia mientras no se cambie la raíz de donde están brotando todas esas cosas tan horrorosas de nuestro ambiente”.

Para cambiar la situación del país y de las mayorías a las que les cuesta llegar a fin de mes con sus precarios ingresos, es necesario poner en el centro del quehacer de las autoridades la dignidad de las personas. Ese es el primer mandato de monseñor, el cual solo se puede seguir teniendo amor al prójimo. Pero, como también monseñor cuestiona, “No se puede cosechar lo que no se siembra. ¿Cómo vamos a cosechar amor en nuestra República si sólo sembramos odio?”.

La deportación de venezolanos y su respectivo encarcelamiento en El Salvador es un tema complejo y digno de analizar. Pero por el espacio de este artículo nos concentraremos en el análisis de un grupo particular de dichos deportados. La semana pasada salió la noticia de que 101 venezolanos, del grupo de más de 200 deportados desde Estados Unidos y depositados en el CECOT, no tenían vínculos con el “Tren de Aragua”. Eran simplemente migrantes sin papeles a los que Estados Unidos deportaba simplemente por no tener legalizada su presencia en Estados Unidos.

En otras palabras, que no se les conocía delito y no tenían causas pendientes con la justicia norteamericana. Supuestamente, según la información pública existente, a estas personas les correspondería pasar un año en el CECOT, pues ya Estados Unidos ha apalabrado un pago de 20.000 dólares por cada uno de ellos. Trump asegura que hubo un análisis riguroso de la pertenencia a grupo terrorista y Diosdado Cabello afirma que ninguno de los deportados es del “Tren de Aragua”. Ambos, Trump y Diosdado, son mentirosos. Pero es importante reflexionar sobre quienes estén detenidos en el país sin causa legal objetiva.

Recientemente, y hablando en general sobre las cárceles salvadoreñas, el Comisionado de Derechos Humanos gubernamental decía que en nuestras prisiones “no hay ningún tipo de violación de derechos humanos”. Al contrario. Decía que se trata a los detenidos “cumpliendo con protocolos internacionales”. Sería interesante que este señor, que dice defender derechos, aclarara a qué protocolos internacionales se refiere. Pues los convenios de Derechos Humanos existentes no autorizan a tener detenidas durante un año a personas que no tienen ninguna acusación criminal y que están en el país porque otro país los ha expulsado y puesto forzadamente en nuestro país a pesar de no tener vínculos de ningún tipo con nosotros.

Negociar con la cárcel de personas no acusadas de delitos, es decir inocentes, suena a tráfico de personas y a privación indebida de libertad. Incluso los gobierno anteriores al actual, que solían mantener en bartolinas a extranjeros sin papeles localizados en El Salvador, cuando se les reclamó judicialmente el exceso de tiempo que mantenían privados de libertad a un número aproximado de 25 ciudadanos chinos, tuvieron que permitirles salir de su encarcelamiento y residir en un centro religioso mientras conseguían los recursos para salir del país.

Aunque ya el hecho de mantener presos en el país a delincuentes que cometieron crímenes en otro país es una realidad compleja que requiere convenios y legislación, hasta ahora inexistente, mantener detenidos a extranjeros inocentes, solo por el hecho de haber sido expulsados de Estados Unidos, ni tiene sentido, ni tiene respaldo legal. Al contrario, es una injusticia flagrante.

Nuestro Gobierno, en ese sentido, además de legislar y publicar una normativa que autorice cumplir en nuestro territorio condenas de cárcel impuestas en otro país, debe revisar urgentemente la situación de los deportados. Si ni hay delito, ni acusación ni sentencia condenatoria, esas personas deben ser reenviadas a su propio país.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional concedió un préstamo importante a El Salvador condicionándolo a una mayor transparencia informativa. El gobierno debe hacer público el acuerdo con Estados Unidos respecto al encarcelamiento de personas condenadas en dicho país. Personas no condenadas ni sometidas a juicio en Estados Unidos, y que no han cometido ningún delito en el país, no pueden legalmente estar detenidas en nuestro país. El artículo 11 de la Constitución, que el Comisionado de DDHH debería leer, prohíbe taxativamente la privación de libertad en el país sin que la persona haya sido previamente “oída y vencida en juicio”.

Ante cualquier acusación la presunción de inocencia, así como también la información “de las razones de su detención” (C. 12) son obligaciones constitucionales. Nuestro Gobierno está obligado a revisar estos casos tanto por la Constitución como por tratados internacionales aceptados que insisten en los mismos derechos. Lástima que la cobardía de nuestro sistema judicial les impida hablar al respecto. Analizar pronto y seriamente la situación de los deportados es una responsabilidad indispensable.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal de El Salvador entregó 150 mil firmas solicitando a la Asamblea Legislativa derogar la ley que permite la minería metálica en todas sus variantes, incluida la minería a cielo abierto, la que peores efectos tiene en el medioambiente. Acompañadas de una carta firmada por todos los obispos de El Salvador, las firmas fueron dejadas en la ventanilla de entrada del edificio de la Asamblea. La amenaza al bien común, la preocupación por el deterioro ambiental y el riesgo de catástrofes se expusieron como razones de fondo para la presentación de las firmas. Además, se exhortó a los diputados a escuchar a la ciudadanía y abrirse al diálogo. El hecho de que las firmas se entregaran en este mes martirial, entre el aniversario del beato Rutilio Grande y sus compañeros, y el aniversario de san Óscar Romero, tiene una dimensión profética que los diputados deberían atender. La indiferencia ante los anhelos y necesidades de la gente conduce al fracaso del poder.

Como acostumbran quienes no tienen argumentos, las contestaciones más vociferantes a la presentación de las firmas se dieron en las redes sociales. Los ataques ya venían dándose desde que los obispos dijeron en diciembre que lamentaban que la ley de minería se hubiera aprobado sin escuchar al pueblo y pidieron que se derogase la normativa. Asimismo, y siguiendo el ejemplo de san Óscar Romero, reafirmaron que la Iglesia estará siempre en defensa de la vida y de los pobres. No hubo en la Iglesia lenguaje agresivo ni ofensa, solo razones avaladas por la ciencia y por la experiencia de muchos países que han sufrido la depredación de las empresas mineras. Del lado de la politiquería, la respuesta fue de odio desde perfiles falsos en las redes. Incluso trataron de desprestigiar a los obispos mostrando los anillos dorados que suelen llevar. Y repetían la consigna oficial de que la minería traerá un desarrollo poco menos que maravilloso.

Un derrame tóxico minero afectó a 22 mil habitantes de Sonora, un estado mexicano ocho veces más grande que El Salvador y con una densidad de población de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En El Salvador, con 300 habitantes por kilómetro cuadrado y un territorio muy pequeño, los efectos tóxicos de una sola mina a cielo abierto (destrucción de la tierra, nubes de polvo contaminado, envenenamiento de las fuentes de agua) serían devastadores. La fiesta de monseñor Romero, que este día se celebra, impulsa a levantar la voz en favor de la vida. Esa vida humana tan desprotegida en nuestras tierras, tan amenazada por los ídolos del dinero y del poder, tan lejana de la justicia social y la convivencia fraterna.

La crisis en un refugio municipal para perros desnudó a la dictadura. Los perros callejeros protagonizaron un episodio de centralización, improvisación y desbarajuste. Bukele se ocupa absolutamente de todo, incluso de los albergues para perros. Después de leer ocho mil mensajes, que denunciaban indignados el abandono de un refugio municipal del área metropolitana, lo privatizó, destituyó al alcalde y lo expulsó del partido oficial por desamparar a los perros, aunque había acumulado varias denuncias por corrupción.

No obstante, Bukele defraudó a quienes, confiados en la centralización, le solicitaron asumir la gestión directa del cuidado de los perros. “Simplemente, no puedo asumir más responsabilidad”, respondió, pues “apenas logro dormir dos horas al día”. La centralización tiene límites, aun para un extremista como Bukele. En su lugar, ofreció tres millones de dólares a organizaciones de voluntarios y, de paso, cerró la dependencia gubernamental encargada del bienestar animal.

No contento, clausuró “la mayor clínica para animales en América Latina”, una de sus infraestructuras extravagantes. En teoría, debía ser financiada por el fideicomiso del bitcoin; en la práctica, se mantiene con los impuestos, lo cual le permite cobrar una cantidad simbólica por sus servicios. La clínica no la cerró por razones económicas, sino por supuestas quejas de muchos usuarios descontentos por el mal servicio y por estar al servicio de los ricos. La decisión provocó otra avalancha de mensajes, que reclamaron la reapertura. Horas después, en el mejor estilo Trump, Bukele no solo cedió, sino también aumentó el presupuesto.

Más allá de lo anecdótico, la toma de decisiones de la dictadura es interesante. Decide impulsivamente y desinformada, arrastrada por impresiones y por la cantidad de “me gusta” y “no me gusta”. La reforma de la ley de tránsito vehicular que prohíbe conducir a quien no está totalmente sobrio tiene un origen similar: la rabia de Bukele al conocer por la prensa la muerte de una mujer atropellada por un conductor ebrio. Los usuarios de la clínica protestaron con amargura su desaparición, pero luego agradecieron su reapertura. Los inversionistas, en cambio, encontraron un argumento adicional para proceder con suma cautela.

No contentos con hacer vacilar a la dictadura, los perros le hicieron otro flaco favor al dejar al descubierto su hipocresía. Los vaivenes de la clínica se debieron, según Bukele, a que “lo correcto es escuchar a la ciudadanía”. Si fuera así, ya habría respondido a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a las mujeres desesperadas por conocer el paradero de sus familiares encarcelados, a los asegurados que reclaman atención y medicamentos, a los cooperativistas que exigen la devolución de sus ahorros malversados, a la oposición a la minería metálica y a otros muchos. Pero el oído de la dictadura es muy selectivo y errático.

Al concentrar en su persona la administración pública, Bukele se hace directamente responsable de su desenvolvimiento, incluso de las perreras. Él designó al alcalde, desconoció los señalamientos de corrupción e ignoró el maltrato animal hasta que las redes digitales rugieron. Nadie más que él es responsable de esta crisis, pero no puede reconocerlo. Sería demasiado para una figura tan egocéntrica. Por eso, disimula. Cierra lo que malogra y privatiza lo que no puede cerrar, y presenta estas decisiones como soluciones geniales.

Algo no anda bien en una colectividad que sufre más por el animal maltratado que por la inmensa multitud de conciudadanos abandonados al hambre, la enfermedad y la ignorancia. Bukele se solidarizó con el dolor de los escandalizados por “las condiciones deplorables” del refugio para perros, pero no se inmuta ante el sufrimiento de los hambrientos y los enfermos, de los sin techo y los abandonados. La superioridad de los animales se refleja en el presupuesto: el cuidado de aquellos tiene asignado más dinero que la mitad de los hospitales públicos. La justicia es intolerante con quien maltrata a un animal, pero complaciente con quien atenta contra la integridad de los seres humanos.

La humanidad siempre se ha sentido atraída por el poder y la autosuficiencia. El poder bastarse a uno mismo y el ser artífice del propio destino ejercen una atracción casi irresistible. Los poderosos, por lo general, muy crueles, viven dominados por esa ilusión. Sin embargo, no tardan en descubrir, forzados por la realidad, que son débiles e impotentes, indigentes y necesitados. Ellos también necesitan de otros, que vengan en su auxilio y los rescaten. Pero los poderosos no suelen estar dispuestos a aceptar la fragilidad de su condición humana. Prefieren seguir intentando realizar sus sueños de poder total.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La vida de una persona no se puede condensar en un solo día. Y la vida de monseñor Romero no la podemos encerrar en una fiesta y olvidarla al día siguiente, en el que la rutina, el trabajo y la civilización del capital tienen el control. Celebraremos los 45 años de su muerte generosa, que como todas las muertes de los profetas generan vida, esperanza, memoria, y transforman criterios, actitudes y realidades. No faltan personas que quieren domesticar a los profetas después de haberlos matado o de ser indiferentes ante su muerte. Se les celebra para olvidarlos, no para prestar atención a sus palabras y relanzar la historia hacia la justicia y el cambio social. Sin embargo, a san Óscar Romero es muy difícil manipularlo. Por más que se haga, aun pintándolo en los escenarios del poder, es imposible olvidar su palabra enérgica condenando la pobreza injusta, denunciando la riqueza opresora y ordenando el cese de la represión a un poder que no dudaba en asesinar y en proteger al asesino.

Hoy continúan teniendo fuerza entre nosotros formas ideológicas opresoras y violentas como el racismo, el machismo o la aporofobia. Padecemos una forma autoritaria de gobierno que absorbe y concentra en el poder ejecutivo la vieja y nunca perfecta separación de poderes, y que somete a las personas a la grave inseguridad jurídica de un poder sin reglas. El prolongado régimen de excepción que vivimos está encaminado, al menos en los últimos tiempos, más a sembrar miedo que a superar plenamente la violencia. La amenaza de la minería se ganaría de nuevo la condena de Romero contra el becerro de oro. La permanencia de una pobreza injusta, de una vulnerabilidad social y económica que angustia y continúa invitando a la migración, el atraso en reconsiderar el necesario aumento del salario mínimo nos muestran una sociedad en la que la propaganda se mezcla con frecuencia con la hipocresía. Cuando, además de lo dicho, denunciar la corrupción o el trato infame que se le da tanto a los presos como a sus familiares puede significar persecución para quien lo hace, ¿cómo debemos recordar y celebrar a monseñor Romero?

Debemos hacerlo siempre como a un salvadoreño que nos invita al cambio social y que nos pide una transformación personal que impulsa hacia valores solidarios. Nos enseña a fijarnos en la realidad y a estar al lado del que sufre, a cambiar estructuras opresoras y toda forma de abuso y prepotencia. Nada le importaba tanto como la vida humana al tiempo que insistía en que “la construcción de la justicia social es la tarea más urgente”. Esa justicia social que está puesta en el numeral uno de nuestra Constitución y que ha sido olvidada por los Gobiernos desde que la Carta Magna se aprobó en 1983. En honor de Romero, la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. ¿Hemos sido capaces de reconocer la verdad ante las víctimas? Romero continúa exigiéndonos sinceridad en vez de falsedad o de propaganda con luces de colores. No basta con decir que era un hombre santo y bueno, o que es el salvadoreño más conocido universalmente.

Recordar es volver a pasar los acontecimientos o las personas con sus significados por la hondura de nuestra interioridad. Si eso no nos mueve a una acción en favor del bien común, de la defensa de los derechos humanos o de la solidaridad activa con los que sufren, algo falla en nuestra manera de festejar y de recordar. San Óscar Romero sigue llamándonos a construir una nueva civilización desde los valores del Evangelio, desde la prioridad del trabajo sobre el capital, desde la construcción de la justicia social entendida como plenitud de los derechos básicos del ser humano. Recordarle es actuar, es servir, es cambiar criterios falsos, es crecer en generosidad y servicio. Prepararnos para la fiesta del 24 de marzo es comprometernos con el trabajo permanente contra la injusticia social. Solo así llegaremos con dignidad a su fiesta y podremos decir que queremos caminar con él.