Editoriales y Opiniones

Entre Bukele y Trump se observan algunas coincidencias interesantes. No es una relación entre iguales o aliados. Los separa un abismo infranqueable y ninguno tiene socios, sino subordinados. La relación es similar a la del emperador romano con el gobernador de una provincia imperial.

Los dos comparten la misma visión de la criminalidad. Trump considera criminal al indocumentado residente en territorio estadounidense, independientemente de si tiene empleo, paga impuestos y contribuye con la comunidad. Bukele cataloga como criminal a todo aquel que está o parezca estar relacionado de alguna manera con las pandillas, a los líderes comunitarios independientes y a sus enemigos personales. Ambos socializan la criminalidad, sin distinguir grados de culpabilidad y exigen cuotas de capturados para exhibir su éxito. Las redadas de Trump maltratan a los latinoamericanos, documentados o no, y también a los estadounidenses. Las de Bukele actúan con la misma arrogancia en las poblaciones con los ingresos más bajos.

Los dos dan el mismo tratamiento vejatorio e inhumano a los catalogados como criminales. Trump los deporta como animales, encadenados y humillados. Bukele da a sus criminales el mismo trato y, además, los tortura. Trump pretende imitar a Bukele y convertir Guantánamo en una megacárcel para encerrar a unos 30 mil de “los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, entre ellos a los salvadoreños. Bukele no ha levantado un solo dedo para defender a la diáspora salvadoreña, aun cuando, según dice, aportó buenas cantidades de dólares para sus campañas electorales.

Trump y Bukele olvidan que, un día no lejano, sus antepasados inmediatos fueron inmigrantes. Según la lógica del primero, las poblaciones originarias sobrevivientes bien pueden tratar como criminales a la mayor parte de la ciudadanía estadounidense. Los apellidos los delatan. Bukele ha olvidado el profundo desprecio de la oligarquía agroexportadora tradicional a los inmigrantes de origen árabe, católicos y musulmanes.

El discurso del emperador y su gobernador siembra división y odio. Hay latinoamericanos nacionalizados estadounidenses tan ensoberbecidos que aborrecen a sus compatriotas indocumentados y los denuncian para ser deportados. Los creyentes no debieran olvidar que Dios ordena no maltratar ni oprimir a los extranjeros, “pues extranjeros fueron ustedes en el país de Egipto”.

Trump considera genios empresariales a los multimillonarios tecnológicos, a quienes atribuye una creatividad, una audacia y una experiencia únicas. Bukele también siente debilidad por ellos. Recibe a los multimillonarios extranjeros con exhibiciones de una opulencia que no posee y se ha rodeado de promotores fanáticos de las criptomonedas. Sin embargo, no dispone aún del capital que da acceso al exclusivo círculo de los multimillonarios. Aunque el clan Bukele se afana para alcanzar esa meta. El Estado es para ellos, y para Trump también, un negocio muy rentable. Tanto Trump como Bukele abusan de la posición que les da la riqueza para promover inescrupulosamente sus intereses económicos. Los dos persiguen furiosamente a sus enemigos personales, a quienes acusan de corrupción, mientras ignoran cándidamente los delitos de sus amigos. La riqueza y el poder demostrarían su grandiosa capacidad para los negocios, su valor supremo. En la práctica, derrochan arrogancia y siembran inestabilidad.

Trump pretende expulsar a los palestinos de la franja de Gaza para transformarla en “la Riviera del Oriente Medio”. Bukele construye la suya, mucho más modesta, en el litoral pacífico, para lo cual expulsa a los campesinos pobres. Trump suprimió de un plumazo Usaid, una importante agencia de ayuda humanitaria y también fuente de financiamiento de la agenda de Washington en el mundo desde su fundación. Bukele aplaude la supresión, porque habría financiado a los periodistas y los medios independientes, que lo incomodan con sus críticas y denuncias. Los dos mandatarios alientan la desinformación y ambos permanecen cautivos de sus propios fantasmas.

Una diferencia importante es que Trump, aunque ordena vociferante e ininterrumpidamente, está sometido a los controles de los poderes legislativo y judicial, mientras que Bukele los anuló de un plumazo para hacer a su gusto. Voces cercanas a Trump le sugieren seguir el ejemplo del salvadoreño. No les será nada fácil. Podrán corromper y debilitar la institucionalidad estatal, pero está es más poderosa que sus deseos.

El emperador y su gobernador provincial son al mismo tiempo cercanos y lejanos. El poder y la riqueza son inmensamente desiguales. Más importante aún, el gobernador está sometido a la voluntad del emperador. Si lo contraría o lo defrauda, es defenestrado.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el poder judicial y la Asamblea Legislativa a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos “a un régimen jurídico especial”.

Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no. Y añadió que no cree en la “rehabilitación de terroristas independientemente de la edad”. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo, no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar “violencias y muerte contra los discípulos del señor” e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y, por tanto, la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos.

El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el poder judicial y la Asamblea Legislativa a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos “a un régimen jurídico especial”.

Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no. Y añadió que no cree en la “rehabilitación de terroristas independientemente de la edad”. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo, no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar “violencias y muerte contra los discípulos del señor” e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y, por tanto, la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos.

La subcontratación de la gigantesca cárcel modelo es una idea peregrina. El mensajero de Trump la recibió con entusiasmo, pero rápidamente retrocedió, al advertir problemas de competencia y jurisdicción. Trump es tan imperial como Bukele, pero, a diferencia de este, sus despropósitos están sujetos a controles legislativos y judiciales. La ristra de órdenes ejecutivas da la impresión de que el estadounidense puede hacer su voluntad, pero no es así. En este punto, la diferencia entre ambos es grande.

El negocio no lo es todo. Aun cuando la tarifa por recluso “en el mejor sistema penitenciario del mundo” sea muy inferior a la de Estados Unidos, es descabellado encerrar a sus propios ciudadanos en un territorio extranjero como El Salvador, donde ni las autoridades estadounidenses, ni las salvadoreñas tendrían jurisdicción legal sobre ellos, donde el régimen carcelario violenta sistemáticamente los derechos de los detenidos, donde el inglés no es idioma común —excepto entre las élites— y donde los estadounidenses estarían bajo las órdenes de un funcionario de Bukele a quien Washington ha sancionado por corrupción. Bukele no suele detenerse un momento a considerar las consecuencias de sus ocurrencias. En esto es como Trump que, repentinamente y sin motivo claro, suelta estupideces.

Existe, sin embargo, una posibilidad que puede complacer a los dos mandatarios. Si Bukele cede a Estados Unidos la soberanía de una porción del territorio nacional, Trump puede construir en ella una cárcel, resguardada por personal militar estadounidense, al estilo de Guantánamo. La inconstitucionalidad de la cesión no es impedimento para alguien que gobierna dictatorialmente. Tampoco el nacionalismo, que es inexistente. La rentabilidad económica está por encima de cualquier otra consideración. Si Trump y Bukele convienen en crear una colonia, la compensación económica debiera ser elevada, dada la magnitud de la concesión.

El ofrecimiento de Bukele no buscaba solo congraciarse con Trump, sino también hacer un negocio redondo. La crisis económica que atraviesa a la dictadura incluye al sistema carcelario, que, pese a promocionarse como el mejor del mundo, financieramente no es viable. La subcontratación, en palabras del propio Bukele, es “significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”. Su vocera en Washington agregó que el negocio daría “un respiro” fiscal que redundaría en beneficio de la educación y la salud. En conclusión, el sistema carcelario con la mayor tasa de presidiarios del mundo, 1,659 por cien mil habitantes, no es sostenible a mediano y largo plazo. La seguridad pública de Bukele, el logro más admirado, se tambalea sacudido por una deuda pública superior al 90 por ciento del PIB del año pasado y por un crecimiento económico cada vez más lento.

De momento, Trump recompensará “los tremendos niveles de cooperación” de Bukele impulsando la energía nuclear pacífica para bajar los costos de la minería bitcoin. No es claro si Washington colaborará con Moscú, con el que El Salvador ya tiene un acuerdo similar, o si Bukele lo repudiará para quedarse con el de Trump. La claridad no es lo suyo. Tampoco es claro de dónde sacará el personal especializado para desarrollar semejante empresa.

A diferencia de El Salvador, Guatemala consiguió asistencia técnica y financiera, incluso ingenieros del ejército estadounidense, para desarrollar su infraestructura, incluidos dos puertos marítimos, a cambio de aceptar a los deportados guatemaltecos. Costa Rica logró apoyo en ciberseguridad, migración y narcotráfico. El contraste es grotesco.

Las imágenes de “los encuentros cercanos” entre el mensajero de Trump y Bukele y sus funcionarios no consiguieron esconder el absurdo de los intercambios. No era fácil conseguirlo. La estupidez y la incompetencia son atrevidas. Ninguna es consciente de sus desvaríos. Las dos se tienen por sabias y competentes. Sus obras se mueven al ritmo de la popularidad. Están convencidas de tener todas las respuestas. Los argumentos razonables no cuentan. Las pruebas en contra tampoco. Los datos son irrelevantes. Las dos se deleitan en el desgobierno. Si tratan de inducirlas a la racionalidad, se irritan y reaccionan agresivamente.

Iluminar el desgobierno desde la razón es casi imposible. Solo retrocede cuando la popularidad tiende a descender. Entonces, abandona la causa del retroceso sin mayor reparo y busca otro tema con potencial para revertir esa tendencia. Sin embargo, no todo está perdido. La estupidez y la incompetencia son buenas por el caos que crean. Entre más caótico el desgobierno, mejor. Tal vez es lo único que puede despertar a la sociedad de su profundo sueño de insensatez e inhumanidad. A pesar de ello, la indiferencia siempre es peligrosa, pero los reclamos, las protestas y los gritos de la hora actual pueden despabilar a las fuerzas sociales adormecidas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

12/02/2025

Aunque la propaganda busque convencer de lo contrario, El Salvador va en retroceso. El “país del milagro”, como se le promociona, está involucionando a etapas de su historia que se creía superadas. Algunos ejemplos dan fe de ello.

La descentralización de la administración pública se impuso como tendencia a fines de los años ochenta del siglo pasado. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el objetivo primordial de descentralizar el poder es aproximar el gobierno a la gente y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, permite mejorar la prestación de servicios públicos y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. En definitiva, la descentralización, en cualquiera de sus modalidades, refuerza la democracia porque acerca el nivel de toma de decisiones a quienes se ven directamente afectados por las medidas gubernamentales. Lo poco que El Salvador avanzó en este camino se ha desandado en la última administración.

Ahora se han concentrado el poder de decisión y el uso del dinero. Después de ofrecer en campaña aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), este se redujo a su mínima expresión. Para llenar este vacío se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). Además, se aprobó una ley especial que quita a los municipios la mitad de lo recaudado en concepto de recolección de basura debido a que ese servicio se centralizará. La principal consecuencia de esta centralización del poder y del dinero es el abandono de las localidades. Pese a que se ha reducido el número de municipios, el desarrollo no llega a la gente.

Por otro lado, uno de los frutos más valiosos de los Acuerdos de Paz fue sacar al país de la sombra de la dictadura militar que imperaba desde 1932. Antes de la guerra, los militares decidían todo y por todos; presidían las instituciones más importantes; tenían jerarquía sobre los cuerpos de seguridad; eran protagonistas de la vida pública. Los Acuerdos redefinieron el rol constitucional de la Fuerza Armada, limitándolo a la defensa de la soberanía nacional y de la integridad del territorio, y crearon la Policía Nacional Civil para que velara por la seguridad pública. El Ejército volvió a los cuarteles y la Policía ocupó su lugar en las calles.

Aunque la remilitarización de la seguridad pública inició en los gobiernos de Arena, ha sido la administración Bukele la que les ha devuelto a los militares el papel protagónico que tenían antes de la guerra, hasta el grado de legalizar su actuación en materia de seguridad ciudadana. Asignar labores de seguridad pública a los soldados es un error, ya que los militares están preparados para la guerra, no para proteger a los ciudadanos. La dictadura militar del pasado se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, por la represión a cualquier tipo de disidencia y por cometer asesinatos selectivos y colectivos.

Antes de la guerra, el país no tenía elecciones libres; los comicios eran un trámite en el que se desoía la voluntad popular. Con la firma de la paz, El Salvador dio pasos importantes hacia la integridad electoral. Pero desde el 1 de mayo de 2021, cuando la bancada de Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, e inició un proceso de demolición de los mecanismos de control del poder, el proceso electoral comenzó a contaminarse. Los comicios de 2024 confirmaron el retroceso del país en esta materia; las viejas trampas de la dictadura militar se vieron en el escrutinio final. Ahora, en la clasificación internacional de regímenes políticos, El Salvador figura como dictadura electoral.

Estos retrocesos tienen y tendrán consecuencias graves para todos los salvadoreños, especialmente para los más vulnerables. Tarde o temprano será imposible compaginar el discurso que encandila y las fotos de luces rutilantes con la dura realidad cotidiana del país y la marcha hacia un futuro aún más desigual, conflictivo y excluyente.

n El Salvador tenemos demasiados problemas pendientes. Demasiadas amenazas que pueden generar mucho dolor para muchos. Es cierto que en algunos problemas hemos avanzado. Como por ejemplo en la desarticulación y condena de grupos de exterminio en los que había policías. Pero incluso en ese terreno quedan deudas, como la detención del grupo de exterminio que asesinó al P. Walter. Por eso es necesario prevenir o responder a las amenazas. Una relación de las amenazas vislumbradas en solo la semana pasada, nos hace ver lo vulnerables que podemos ser y la necesidad de prevenir con mayor seriedad los problemas que nos pueden golpear.

Los frijoles de la cosecha salvadoreña alcanzan hasta junio y no nos quedará más remedio que importar el complemento. Es posible que encarezcan y que con ello aumente el hambre. Ya hay insuficiencia nutricional. Que disminuyan los alimentos tradicionales afectará más a los menos pudientes. Traer más presos y considerar eso un negocio es en cierto modo un despropósito. Pensar que vamos a tener unas cárceles que no le cuesten al estado y que simultáneamente sean bastante mejores es muy difícil de creer viendo como nuestro liderazgo político desprecia a los privados de libertad.

Retirar como préstamo el 80 % de los fondos de pensiones abre unas impresionantes posibilidades de crisis con nuestros ancianos y un colapso del injusto, débil de cobertura y poco solidario sistema de pensiones que tenemos. La economía no está bien en el pensamiento y el sentimiento de la gente y el discurso del oro como solución tiene una dosis muy alta de falsedad.

Por otro lado hay denuncias graves contra instituciones indispensables para conseguir al menos una base de solidaridad que nos permita desarrollarnos éticamente. Las denuncias por omisión de funciones contra las dos Procuradurías son una manera de denunciar el poco aprecio de nuestro Estado hacia el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la República tiene un número insuficiente de abogados. Los presos pobres, que son la gran mayoría, se encuentran en la práctica si el derecho de defensa.

Y sabiendo que quedan muchos inocentes en las cárceles, a causa del régimen de excepción, las posibilidades de injusticia judicial se suman a las injusticias cometidas con detenciones arbitrarias. La Procuraduría de Derechos Humanos está en un situación parecida. Ofrece a diferentes instituciones cursos de Derecho Humanos, pero es incapaz de denunciar violaciones de los mismos. Con ello se convierte, de nuevo por omisión, en cómplice de las arbitrariedades y las actuaciones irregulares de diferentes instituciones estatales.

Por otras parte, la Asamblea Legislativa ha refrendado reformas jurídicas que contradicen tratados suscritos por el Estado salvadoreño. Juntar menores con adultos en centro penitenciales, es muy problemático por posibles conexiones entre menores y adultos, junto con la extensión de los malos tratos que se están dando en las cárceles. Contradice además la legislación internacional aceptada por El Salvador a través de tratados debidamente firmados y ratificados.

Por otra parte, el hecho aprobado recientemente de convertir en prueba las declaraciones de delincuentes contra cómplices durante los juicios abreviados, puede convertir esta modalidad judicial en una especie de caza de brujas. Se puede continuar así, de una forma más peligrosa, la tendencia antigua de rebajar penas a delincuentes consumados mientras se utilizaban sus declaraciones para condenar a otros a partir de intereses ocultos. Todo esto en la semana pasada. Por eso es necesario prevenir criticando.

El pensamiento crítico es indispensable para establecer una convivencia ciudadana armónica y para lograr que las instituciones y las normas legales funcionen en favor del bien común en vez de a favor de intereses particulares. No se puede menos que insistir en un mayor diálogo y un menor autoritarismo. Es la mejor manera de vigilar y responder a las crisis.

Gobernanza es buen gobierno, capacidad de adecuar la gestión de lo público en consonancia con los valores explicitados en la Constitución si se trata de un país o de los derechos humanos si se trata de asuntos que inciden en el conjunto social. Dada la complejidad económica internacional, así como las distintas situaciones en las que son violados los derechos básicos de las personas, sea en guerras, en conflictos étnicos o en el campo del desarrollo, diversas figuras públicas, entre ellas el papa, han abogado por la necesidad de una gobernanza mundial. Francisco, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, ha insistido en la necesidad de edificar estructuras mundiales de solidaridad que podrían ser parte de un futuro gobierno mundial. Así, por ejemplo, proponía que, “con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna”. El apoyo de la Iglesia a Naciones Unidas va en esa línea de construir un mundo en el que la solidaridad y la justicia estén por encima de la soberanía de los Estados.

En la actualidad, hay empresas transnacionales con más poder que algunos Estados y con capacidad de subyugarlos. Una gobernanza mundial resulta indispensable para proteger los intereses de los débiles. Lo mismo respecto a la amenaza del calentamiento global. Países como El Salvador, pequeños y en zonas especialmente vulnerables, necesitan una gobernanza mundial que los proteja de naciones poderosas que desprecian el Acuerdo de París y no les importan los resultados del calentamiento global. Sin un buen gobierno mundial, los países pobres y vulnerables están abocados a un futuro trágico. El papa viene insistiendo desde hace tiempo en que “un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos”. La resistencia y la oposición a esta idea, que no es solo del pontífice, ha crecido en los últimos años.

Donald Trump pretende gobernar al mundo sin tomar en cuenta los derechos de los pobres, las tradiciones, los tratados internacionales y las leyes. Esa especie de gobierno faraónico insulta a los migrantes impunemente, le cambia nombre al Golfo de México, se sale del Acuerdo de París, emprende negocios que fomentan el calentamiento global, castiga a los países que no le son sumisos, sanciona a los jueces del Tribunal Penal Internacional y amenaza a la Unesco por impulsar una educación inclusiva y en apoyo a la diversidad. Incluso se atreve a amenazar la soberanía de otros países insistiendo en comprar o invadir territorio si no se cumplen sus exigencias. Frente a este catastrófico poder duro y cínico, que daña especialmente a países débiles o pobres, los obispos norteamericanos afirman que “algunas disposiciones contenidas en las órdenes ejecutivas, como las que se centran en el trato a inmigrantes y refugiados, la ayuda extranjera, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente, son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros".

Es deber de los católicos exigir, en consonancia con el papa, “alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [que incluya] la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”.

2024 finalizó con el anuncio de un acuerdo a nivel técnico entre la administración Bukele y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI señala que el acuerdo busca “atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno”. En una economía dolarizada, la crisis de la balanza de pagos —incapacidad de ingresar más dólares de los que salen de la economía— se expresa como una crisis de deuda pública y/o privada.

La necesidad del acuerdo con el Fondo es fruto del deteriorado modelo económico y de la poca planificación de política económica durante la primera gestión constitucional y la actual gestión inconstitucional de Bukele. Aunque ha empezado a contraerse, el déficit comercial (la diferencia entre lo que compramos y vendemos al exterior) se amplió durante el último período presidencial. Es posible argumentar que las condiciones particulares de la pandemia y de la inflación global contribuyeron al crecimiento del déficit; sin embargo, el Gobierno no muestra interés en tomar medidas encaminadas a modificar esta vulnerabilidad.

El crecimiento del déficit comercial fue posibilitado por una mayor dependencia de remesas, reflejada en un incremento de su peso en relación con el producto interno bruto. Pero las remesas no han sido suficientes para solventar los problemas de la balanza de pagos, lo que ha provocado la necesidad del acuerdo con el FMI. Si bien este da un respiro a las finanzas públicas y facilita la colocación de deuda, lleva de la mano recortes de demanda agregada a través de la disminución del gasto público y el incremento en las reservas requeridas al sistema bancario, lo que colocará al país en una ruta de menor crecimiento y de vulnerabilidad de las familias.

Teniendo en sus manos el control total del Estado y pasando por encima de la Constitución, las iniciativas económicas del Ejecutivo han sido la Ley Bitcoin, el fomento del turismo y recientemente la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. La Ley Bitcoin no sirvió para los propósitos que fueron anunciados, ni siquiera para colocar los ahora olvidados Bonos Volcán. El fomento al turismo, aunque podría generar entrada de divisas, no resuelve la dependencia de importaciones y tiene seria implicaciones sociales: gentrificación y deterioro ambiental. La aprobación de la Ley de Minería merece especial mención. El rechazo generalizado de la minería acompañado de la reserva de toda la información relacionada muestran que el poder otorgado y apropiado por Bukele no está al servicio de los salvadoreños.

La situación económica que enfrenta el país y las implicaciones que esta tendrá sin un alivio de corto plazo ha hecho que Bukele se incline ante el capital internacional. Pudiendo negociar en mejores condiciones el acuerdo con el FMI en tiempos de pandemia, cuando la economía global ofrecía mejores condiciones de crédito, el Gobierno entorpeció las negociaciones debido a su falta de transparencia y su sospechosa obsesión con la Ley Bitcoin. Ahora, Bukele ofrece al capital internacional recortes de gasto público y la ley de minería, buscando evitar una crisis económica que acelere su pérdida de popularidad y su salida del poder. La coyuntura nos muestra que la supuesta omnipotencia presidencial no es más que otro recurso propagandístico de Casa Presidencial. Una economía pequeña y sumamente dependiente del exterior como la de El Salvador no incrementa su autonomía con técnicas de mercadeo ni con altos puntajes de popularidad presidencial.

* Armando Álvarez, académico del Departamento de Economía.

Nayib Bukele, paladín de la soberanía nacional, entregó más de lo que el imperio del norte exigía. No solo aceptó de buena gana el retorno de los deportados salvadoreños y de otras nacionalidades, sino también puso a su disposición la infraestructura carcelaria para acoger a cualesquiera de los criminales peligrosos que guardan prisión en Estados Unidos. Bukele ofreció lo único y lo mejor que tiene: las cárceles. Ambas partes se felicitaron mutuamente. Washington, porque nadie “ha hecho jamás una oferta de amistad” tan grande; y Bukele, porque es un acuerdo sin precedentes en América Latina.

Desesperado por la falta de liquidez, resultado de una política económica errática, también claudicó ante el FMI, otro poder extranjero. Cedió en dos temas cruciales: el bitcoin y la corrupción. Un texto legislativo oscuro y confuso redujo el bitcoin a “moneda” de uso voluntario y la despojó de valor para pagar los impuestos. El invento tuvo vida corta, pese a que estaba destinado, según Bukele, a ser vehículo de “prosperidad económica y libertad financiera”. A finales de 2024, en “el país del bitcoin” había 55 mil pobres más que en 2023 y menos del 10 por ciento de sus habitantes había usado alguna vez la criptomoneda.

Los muchos millones de dólares invertidos en la ocurrencia (en infraestructura, en una billetera digital y en 200 cajeros automáticos) solo enriquecieron a los extranjeros detrás del plan y al clan presidencial. La vocera de Bukele en Washington intentó despejar las dudas sobre el futuro diciendo que se trata de una simple “adaptación a la coyuntura”, mientras su jefe, como es usual en los temas espinosos, guarda silencio.

Otra ley promete honradez y transparencia en la gestión pública, una condición exigida por el FMI. El nuevo instrumento para combatir la corrupción es, según Bukele, “un paso decisivo”. Una promesa que no se pueda dar por sentada. En la primera campaña electoral prometió combatir la corrupción. Hace unos meses, amenazó a los corruptos con la cárcel. Ahora anuncia disposiciones legislativas claras, rotundas y penas duras. La supresión de la Cicies dio vía libre a la corrupción autorizada. Las amenazas no se concretaron. En sentido estricto, la ley es innecesaria, porque ya existe abundante legislación contra la corrupción, instituciones para verificar la honradez de los funcionarios, para controlar el enriquecimiento ilícito y para interponer denuncias, y ordenamientos como la declaración obligatoria del patrimonio.

Pese a ello, la corrupción goza de buena salud. La legislación es ignorada; la declaración de patrimonio, cuando existe, es engavetada; las investigaciones no concluyen; las denuncias no son escuchadas y las maniobras de los poderosos están resguardadas por riguroso secreto oficial. Sería sorprendente que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, en especial de Bukele y su familia, fueran del dominio público. Así como también las denuncias de corrupción y las averiguaciones de la Fiscalía y la Policía. La limpieza puede comenzar con los altos funcionarios que Washington declaró hace ya tiempo “actores corruptos” y con algunos de los señalados por la prensa independiente, como el primer ministro de agricultura, el ministro de salud o el carcelero mayor, entre muchos otros. Entonces, la nueva ley sí sería “un paso decisivo”.

Otros pasos igualmente firmes consisten en eliminar la impunidad de los corruptos con carné, reforzar la investigación independiente, eliminar el secreto y generar confianza en la opinión pública para que denuncie a los corruptos. La lucha contra la corrupción no es, primariamente, una cuestión de leyes y penas duras, sino de honestidad y voluntad política. Dos condiciones que Bukele no puede satisfacer sin destruirse. No puede erradicar la corrupción, porque su dictadura es corrupta. La nueva ley no es el comienzo de ningún “esfuerzo firme”. Está por verse si el FMI se contenta con una simple declaración de buenas intenciones. En cualquier caso, Trump bien puede corresponder a la claudicación de Bukele forzando al Fondo a contentarse con buenas palabras.

Dos lecciones importantes se pueden sacar de estos hechos. La primera, Bukele no es consistente. Antes se negó rotundamente a ser el patio trasero de un poder extranjero, ahora es vertedero de los desechos humanos de la presidencia imperial de Trump. Antes comió a gusto de la mano de los chinos, ahora come con igual placer de Washington. La segunda lección, Bukele no es invencible por muy alto que se encumbre. Su poder es limitado como lo evidencia su actitud genuflexa ante las exigencias del imperio. Se inclinó humildemente ante un poder más fuerte que el suyo. El movimiento contra la minería metálica tiene potencial para acumular poder y ponerlo en serios aprietos.

El bien general del país no figura en la agenda de su relación con el Washington de Trump, sino el endiosamiento de su figura. No abogó por los salvadoreños indocumentados, sino por los líderes de las pandillas. Ofreció las cárceles en alquiler para aliviar la enorme presión presupuestaria.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Que la movilidad vehicular se ha convertido en un gran problema en el país, está fuera de discusión. De acuerdo a cifras oficiales, en 2024, 1,303 salvadoreños murieron a causa de accidentes de tránsito, 47 más que en 2023. Cuatro personas fallecieron a diario en 2024, uno más que en el año previo. También creció el número de lesionados en 2024 (11,954) con respecto a 2023 (11,015). El aumento de víctimas está en relación directa con el aumento de accidentes. Se registraron 18,463 accidentes en 2023 y 20,301 en 2024, un 10% más. Según las autoridades, las principales causas de muerte en los percances viales en el país son la distracción al conducir, luego la velocidad excesiva y, en tercer lugar, invadir el carril contrario. En otros países, para enfrentar la problemática, se han implementado las fotomultas, con buenos resultados. Las fotomultas contribuyen a disminuir la velocidad en zonas de escuelas, hospitales y viviendas. Lógicamente, cuando los conductores reducen la velocidad, disminuyen las posibilidades de accidentes.

En El Salvador, las fotomultas entraron en funcionamiento el 9 de enero pasado. Colombia, Guatemala y México tienen años de experiencia al respecto. En México, en 2018, cuando Claudia Sheinbaum se aprestaba a tomar las riendas del gobierno de la Ciudad de México, prometió “acabar con las fotomultas, por dos razones. La primera es porque son un problema para la economía familiar, y la segunda, porque en la Ciudad de México las fotomultas son un negocio. No están hechas para cuidar a los peatones, no están hechas para cuidar a la gente. De cada 100 pesos que se pagan de una fotomulta, 46 pesos se van a la bolsa de un privado. Claro que hay que controlar la movilidad en la ciudad […], debe haber un reglamento de tránsito, educación vial, pero no estos negocios que nomás le roban a la gente el dinero”.

En la línea de lo dicho por la hoy presidenta, las fotomultas en sí mismas no son el problema, sino el mecanismo con el cual se implementan y el fin que se persigue con ellas. No hay duda de que es necesario implementar medidas que disminuyan los accidentes, pero para ello hace falta, antes que nada, claridad en los datos. Por ejemplo, en México es posible saber a quién benefician económicamente las fotomultas y en qué porcentaje; en El Salvador, eso es un misterio, a pesar de que el proyecto se venía preparando desde hacía un buen tiempo.

El 28 de junio de 2021, el entonces titular del Viceministerio de Transporte, Saúl Castellar, anunció que antes del fin de ese año esperaban adjudicar el proyecto de las fotomultas y que para mediados de 2022 ya estarían operando. Más de tres años después, no es posible contestar ninguna de las preguntas de rigor: ¿quién maneja las fotomultas en el país? ¿A quién se las adjudicaron? Si fueron adjudicadas, ¿en qué condiciones se concesionó el sistema? ¿Cuánto percibe el Estado por cada fotomulta y cuánto se lleva el concesionario? Estando toda la información en reserva, lo único que cabe decir de las fotomultas es que parecen ser otro mecanismo gubernamental para mantener sometida en el miedo a la ciudadanía y un manera fácil para recaudar dinero para el Estado, pues no hay instancia ante la cual apelar en caso de recibir una injustamente. La receta es ya conocida: fuerza bruta y arbitrariedad.