Editoriales y Opiniones

Evidentemente, no es nada “sencillo” determinar si las capturas del régimen de excepción están o no justificadas. En esto no se equivoca uno de los responsables de la ejecución del régimen carcelario de la dictadura. No es tarea simple, porque, además de pandilleros, se captura a activistas del medioambiente, a líderes destacados de las comunidades, a los que se resisten a la expropiación de sus tierras por parte de Bukele y sus socios, y a los que hacen bulto para llenar la cuota asignada por los directores de la represión a sus agentes.

La averiguación de la culpabilidad de los capturados se complica aún más por la falta de interés en comprobar fehacientemente los hechos de los cuales son acusados. El régimen de excepción no dispone de los medios técnicos indispensables ni del conocimiento mínimo para usarlos de forma eficaz. La dictadura enfatiza la cantidad. Entre más capturados, más seguridad. Si algunos fallecen en el camino o caen asesinados por los torturadores en las cárceles, mala suerte. No hay policías “perfectas”, se excusa la dictadura. Estos muertos son daños colaterales, sacrificados por un bien mayor: crear la sensación de seguridad en un amplio sector social.

En un nuevo esfuerzo por mostrar la corrección y la seriedad del régimen de excepción, la dictadura, sin quererlo, pone al descubierto su ineptitud. El vocero de la dictadura asegura haber identificado y localizado a los ocho mil pandilleros que aún gozan de libertad. Más aún, sus perfiles “están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden”. Si dice verdad, cómo explica que todavía estén en libertad. El régimen de excepción, el mayor logro de la dictadura, adolece de la misma incapacidad operativa que el resto de las instancias estatales.

La represión es poco rigurosa. El manejo de los datos, como la gestión de toda la operación, es caprichoso. Los ocho mil pandilleros localizados, pero no capturados, es un decir de la dictadura. Carece de datos que respalden la afirmación. La cifra es útil para justificar la prolongación del régimen de excepción como instrumento para aterrorizar a la sociedad. Tampoco tiene claridad sobre los culpables y los inocentes. Por un lado, investiga la posición que ocupaban en la jerarquía de las pandillas; por otro, admite que todos son pandilleros, ya que solo pone en libertad, después de un examen concienzudo, a quienes fueron obligados a formar parte de ellas. En consecuencia, el “trabajo responsable” de la dictadura consiste en determinar si la pertenencia a la pandilla fue libre o forzada.

Los directores del régimen de excepción están tan seguros de sí mismos que prescinden de la lógica, y la contradicción, incluso en una misma intervención, les tiene sin cuidado. Dan por hecho que la opinión pública acepta sus afirmaciones sin más por provenir de funcionarios que gozan de la confianza de Bukele. La misma altanería se observa en este nivel de la burocracia dictatorial. Los ejemplos no faltan. Los responsables del tráfico terrestre impusieron unos límites de velocidad en la Monseñor Romero sin considerar el diseño del bulevar. El “descuido” se ha traducido en información confusa y en una ejecución errática. La aplicación de la norma es selectiva. Amparados en esa práctica, los buseros piden rebaja de las sanciones por violar las normas de tráfico.

Los legisladores de más jerarquía suelen insistir en lo mucho que trabajan. Pero el trabajo lo hace Casa Presidencial. Ellos se contentan con ratificar sin más lo que ella decide. Ni siquiera se molestan en disimular su indiferencia. Aprobaron la minería metálica a partir de las opiniones infundadas de unos pocos funcionarios. El ministerio responsable del medioambiente no tiene empacho en aceptar que no tiene estudios sobre la cantidad de oro existente ni sobre el impacto de la minería en el ecosistema. Tanto la opinión calificada como la popular han sido despreciadas. La única voluntad que cuenta es la de Bukele. Las legislaturas anteriores al menos tenían un poco más de vergüenza.

La seguridad de Bukele desprecia la justicia. No obstante, cada cierto tiempo, sus directores se sienten obligados a dar explicaciones. Quizás movidos por la mala conciencia. Pero esas intervenciones exponen con lucidez creciente la incapacidad gubernamental. El régimen de excepción no se rige por criterios de justicia, sino por intereses políticos perversos.

Una madre de 63 años con un hijo detenido lo expresó de forma contundente: “Noche y día le pido a Dios que haya una persona que me ayude y que le den la libertad a mi hijo, porque yo no tengo dinero o influencias”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

15/01/2025

Los Acuerdos de Paz representan un punto de inflexión en la historia nacional. Solo su trascendencia explica los grandes esfuerzos por negarlos y descalificarlos. Al menos tres son las razones por las que la firma de la paz constituye un hito para El Salvador. La primera, los Acuerdos pusieron fin a la guerra fratricida, es decir, pararon las muertes del conflicto y la destrucción del país. La guerra costó más de 70 mil muertos (la mayoría, civiles), 10 mil desaparecidos, un millón de desplazados y una economía en ruinas. En segundo lugar, fueron exitosos, pues cumplieron su cometido: detuvieron la guerra por la vía diplomática e iniciaron el camino hacia la democracia a través de reformas institucionales y constitucionales que cambiaron el rol de la Fuerza Armada en la vida nacional, crearon la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, y marcaron la pauta para la transformación del sistema de justicia. Y en tercer lugar, los Acuerdos fueron ejemplo a seguir para otras naciones en guerra; demostraron que es posible detener la lucha armada a través del diálogo y la negociación entre las partes en conflicto.

Los Acuerdos de Paz fueron producto de una serie de factores internos y externos. El primer factor que los hizo posible fue que el anhelo de paz era compartido por la mayoría de salvadoreños. Las Iglesias y el movimiento social se aglutinaron en torno al logro de la paz, supeditando a este las agendas particulares. En segundo lugar, llegada a un punto, la Fuerza Armada ya no fue capaz de defender los intereses de los sectores más ricos del país; la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 demostró que la guerra iba para largo. Además, la masacre en la UCA deslegitimó a nivel internacional a los militares y desató enormes presiones para que las partes se sentaran a negociar. Otro factor importante fue el concurso de países amigos de El Salvador, sobre todo Francia, México y España, que lograron que la comunidad internacional, representada en las Naciones Unidas, pusieran en el centro de su agenda el proceso de paz salvadoreño. También a nivel internacional, la caída del muro de Berlín en 1990 y el consecuente fin de la Guerra Fría facilitaron la salida negociada a la guerra.

Por supuesto, los Acuerdos no fueron perfectos: dejaron fuera temas y sectores relevantes, y no todo sus objetivos se cumplieron. Ni en el proceso de negociación, ni en la implementación de los Acuerdos las víctimas fueron tomadas en cuenta; una grave injusticia que se ha mantenido hasta el presente. Además, el informe de la Comisión de la Verdad fue engavetado y la impunidad se mantuvo incólume. Los Acuerdos confiaron a los actores de aquel entonces la creación de mecanismos para luchar contra la injusticia estructural que concentra la riqueza en pocas manos, pero ningún Gobierno hasta la fecha ha querido cumplir esa tarea.

Sin embargo, los Acuerdos de Paz sentaron las bases para un país distinto. Gracias a ellos se eliminaron los antiguos cuerpos de seguridad, caracterizados por violar sistemáticamente los derechos humanos, y nació la Policía Nacional Civil. El diálogo y el debate sustituyeron a las armas como medios para resolver las diferencias. Quienes descalifican los Acuerdos son las mismas personas que hoy destruyen lo poco que el país avanzó gracias a ellos. El irrespeto a la Constitución, la desnaturalización del Tribunal Supremo Electoral y de la Policía Nacional Civil, la inoperancia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información Pública, el protagonismo de la Fuerza Armada en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública son obra de esas personas; acciones que ponen al país en un escenario semejante al que se vivía antes de la guerra.

Por José María Tojeira, SJ

Desde el ámbito de los Derechos Humanos se puede fácilmente sacar la conclusión de que nuestro sistema judicial es inicuo. Con el régimen de excepción los detenidos pueden pasar cinco años o más en la cárcel sin llegar a juicio. Y por supuesto sin medidas alternativas a la prisión. No hay “habeas corpus”, ni visita familiar, ni acceso al abogado durante esos años.

Cuando la violencia se apoderaba del país, la fiscalía y otros abogados y gente del mundo de la opinión, se quejaban de las normas y las leyes, que consideraban demasiado liberales. Pero rara vez se hacía una evaluación seria de la Fiscalía, tanto en formación, como en organización o en medios y financiamiento. Todavía hoy y en las actuales circunstancias, la fiscalía no da de sí, al igual que el sistema judicial, y va dejando en retardo permanente los casos de los detenidos durante el hasta ahora permanente régimen de excepción.

Aun reconociendo la buena voluntad y calidad de algunos jueces o fiscales, lo cierto es que nuestro sistema judicial se ha ido transformando en un nefasto entramado de irresponsabilidad, ideas de

castigo duro, desprecio del pobre y desinterés por la justicia. Si ya antes del régimen de excepción no era raro encontrar jueces corruptos, en la actualidad encontrar jueces decentes, con criterio propio y con capacidad de aplicar la legislación con libertad se ha convertido en la excepción en vez de ser la regla. Hay impunidad y los jueces y fiscales saben claramente con quien se pueden meter y con quién no.

Ante la detención de inocentes no sirve decir que en todos los sistemas se condena a veces a personas sin culpa. Pues aunque esa realidad se dé de vez en cuando en algunos países, no se mantiene a los privados de libertad sin contacto con sus abogados, ni se les juzga en grupo, ni se les tiene 4 o cinco años encerrados e incomunicados, ni se obliga a los familiares que deseen proteger la salud de sus deudos a pagar dinero para mejorarles muy ligeramente, al menos eso dicen, la comida. Oyendo a diversas organizaciones de Derechos Humanos, acaba quedando la convicción de que si en nuestra tierra se aplicara de un modo independiente el Protocolo de Estambul, ya se habrían documentado diversos casos de tortura.

La Propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un excelente documento en el que se fijan “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad”. Otro documento en el que no hubiéramos salido aprobados. Y es que si se quiere que tengamos una Policía bien organizada y decente, además de invertir más en ella, se debería suspender ya el régimen de excepción y ponerle como reto a la PNC el mantener la situación de seguridad que hemos logrado.

Bajarle el presupuesto al tiempo que se le sube a los militares, dar la facultad y acostumbrar a la Policía a actuar con arbitrariedad, no conduce a un cuerpo policial del que nos podamos sentir orgullosos o en el que podamos confiar plenamente.

Evaluar seriamente las necesidades de la Fiscalía y educar a los jueces para el apego a las leyes y para la independencia judicial son actividades que podrían llevarse a cabo precisamente en estos tiempo en los que tenemos menor presión criminal. Mantener el régimen de excepción es simplemente perder oportunidades de mejorar el sistema judicial y fiscal así como a los cuerpos auxiliares.

Cuando el más fuerte ataca, generalmente arrasa. La historia está llena de guerras de expansión, de eliminación de los débiles y de carcajadas triunfales de los poderosos. No faltan quienes aprovechan una ofensa para iniciar una guerra veinte veces más dura que el daño recibido, la cual incluso puede conducir a la destrucción total del país percibido como enemigo. Las guerras civiles, de grupos que quieren resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, completan el panorama absurdo e inhumano de los conflictos armados. “La guerra es mala y bárbara […] las almas entigrece”, dice uno de los poemas de Antonio Machado. Pese a esa maldad y barbarie, siempre abundan intereses, personas y colectivos dispuestos a derramar sangre, a oponerse a todo esfuerzo de paz, a declarar guerras contra otros. Quienes usan la palabra “guerra” tienden a ser autoritarios y excluyentes.

Recientemente, Donald Trump ha hablado de un posible uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, y del canal de Panamá. Las amenazas van no solo contra estos dos países, sino contra el sistema internacional de reglas que garantiza la convivencia pacífica y pone límites al uso de la fuerza entre las naciones. Si Trump emprendiera una aventura militar contra alguno de los países mencionados, su acción sería equivalente a la invasión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein. Tanto Dinamarca como Panamá tendrían derecho a defenderse. Aunque nadie puede dudar de que Estados Unidos terminaría imponiéndose (invierte en militares y armamento 700 mil millones de dólares al año), los costos políticos serían enormes. Según los abusos que se cometieran en la invasión, Trump hasta podría ser catalogado como criminal de guerra.

Que los líderes políticos hablen con frivolidad de invasiones militares y de guerra es siempre una irresponsabilidad. Si el uso de la violencia entre personas debe controlarse, con mucha más razón debe evitarse la agresión entre naciones. La guerra es siempre la expresión más brutal de la violencia. El papa Francisco citó recientemente una afirmación que Pío XII formuló en 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial: “Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra”. Más allá de los eufemismos que los políticos utilizan para reducir la gravedad de sus acciones, invadir militarmente un país es iniciar una guerra. Víctimas directas del intervencionismo estadounidense, los países centroamericanos deberían rechazar con energía cualquier posición imperialista que amenace con invasiones, guerras o sustracción de territorio.

Por Rodolfo Cardenal, SJ

En el centro de San Salvador se exteriorizó un país próspero y feliz, sonriente y alegre. Un país, según Bukele, en “paz, libertad, optimismo y esperanza”. Una producción de Casa Presidencial, impuesta en cadena nacional de radio y televisión, ratifica esa visión. Las muchedumbres, necesitadas de diversión, acudieron a presenciar un espectáculo que las dejó con la boca abierta.

Pero esos espacios maravillosos, inundados de luz y de música, no son todo el país. Muchos de los espectadores lo saben por experiencia propia. Acudieron para disfrutar de un paréntesis que les diera ánimo para continuar con la pesada carga que llevan sobre sus hombros. Tampoco la actividad presidencial de Bukele es toda la realidad nacional. El video reproduce lugares ya conocidos, cuidadosamente seleccionados, que exhiben a un Bukele deslumbrante. La construcción de esos espacios desplazó a miles de salvadoreños que se rebuscaban en sus calles y plazas, e ignoró a muchos otros que solicitaban desesperados una ayuda.

Las maravillas del país de Bukele no son para ellos, ni él se entretiene atendiendo sus peticiones. Los descartados no tienen tiempo para disfrutar de la diversión, porque encontrar el sustento diario los apremia. Tampoco la pueden pagar, porque a duras penas tienen para lo indispensable. Estos ciudadanos no tienen motivos ni ánimo para regocijarse con las creaciones presidenciales.

Pasadas las fiestas, apagadas las luces, silenciada la música y desmontadas las estructuras del espectáculo, la vida retorna a la rutina. Desvanecido el encanto, cabe preguntar si en este año recién comenzado Bukele dará pasos para que “el país feliz” sea de todos y de todos los días. O si seguirá siendo un montaje de fin de año para mantener vivas unas expectativas infundadas de una vida más desahogada.

La concreción de esas expectativas pasa por mejorar sustancialmente las condiciones materiales de la vida de las mayorías. El nivel y la calidad del vivir no entienden de mundos maravillosos, construidos artificiosamente para deslumbrar. La realidad económica no entiende de apariencias. La FAO ha colocado a El Salvador de Bukele en la lista mundial de los países con hambre. El año 2025 encuentra a la mitad de la población salvadoreña con dificultades para comer todos los días. El hambre es acompañada de una mayor degradación de los servicios sociales del Estado. Las resplandecientes clínicas del video presidencial son excepciones raras. Esa no es la realidad de la infraestructura de la salud pública actual.

La economía de El Salvador de Bukele es la que menos ha crecido en la región en los cinco últimos años, los mismos que lleva en el poder. El país importa bastante más de lo que exporta o produce. El astronómico déficit de la balanza comercial es cubierto, en gran medida, por las remesas de la diáspora. La iliquidez gubernamental es proverbial, así como el abandono de la educación y la salud. Las apuestas económicas de Bukele no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. Primero fue el bitcoin. Después, el turismo del surf y los espectáculos. El último recurso es el despido masivo de empleados públicos y la reducción del gasto social, una “medicina amarga” para las mayorías, incluso para las que acudieron atraídas por “el país de las maravillas”.

La mina de oro que Bukele dice haber encontrado abandonada en el subsuelo se le antoja un regalo del cielo para su “milagro económico”. La cantidad de oro de la que habla es tan fabulosa que es materialmente imposible. Aparte la perversidad intrínseca de la minería metálica, el cuento del tesoro escondido no está respaldado por ningún estudio. Y si acaso este lo confirmara, su explotación y la riqueza que pueda generar no serán inmediatos. Además, nadie en sus cabales puede garantizar que redundará en prosperidad general ni que se distribuirá de forma equitativa. Igual que las apuestas anteriores, la riqueza está reservada al clan de la familia Bukele y sus socios.

Mientras tanto, el nivel de vida de las mayorías languidecerá aún más. El “país de las maravillas” de Bukele alimenta unas expectativas que se las prometen muy felices, pero que no se concretarán. El despertar de este profundo sueño será estremecedor. Una pequeña muestra del despabilamiento es la aplicación arbitraria de la legislación de tránsito reformada. Bukele no entiende de educar, sino de garrotear.

Los voceros más destacados del régimen, comenzado por Bukele, están ansiosos por “pasar a la historia”. Seguramente pasarán, la cuestión es cómo. Muchos otros en esa misma posición ya han pasado como prototipos de inhumanidad, de crueldad y de perversidad. No pueden esperar pasar de una manera diferente a la de “los mismos de siempre”, porque no solo hacen lo mismo que ellos hicieron, sino que incluso los superan.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Entender el año nuevo como novedad implica asumirlo como proyecto y formular propuestas. El papa Francisco, en su mensaje de la paz del 1 de enero, después de insistir en la obligación cristiana de combatir la injusticia, lanzó tres propuestas de alcance mundial: la condonación de la deuda de los países pobres y con pocos recursos, la eliminación mundial de la pena de muerte y la creación de un fondo solidario construido mediante la imposición de un porcentaje fijo a los presupuestos militares. La condonación de la deuda la considera un acto de justicia solo condicionable a la protección del medioambiente en los países que apliquen a ella. La eliminación de la pena de muerte la ve como un compromiso con la vida y como expresión de la confianza en que toda persona puede cambiar y rehabilitarse. Y el porcentaje sobre el gasto militar lo concibe como una forma de priorizar el desarrollo humano sobre la confrontación y las guerras. Sobre este último punto, vale la pena señalar que el 5% de la suma de los gastos militares de los diez países que mayor presupuesto dedicaron al rubro en 2023 asciende a 70 mil millones de dólares.

Por la dimensión mundial de su misión y su servicio, el papa plantea sus propuesta a nivel global, pero toda persona e institución, desde las empresas hasta los gobiernos, debe plantearse opciones solidarias. Más allá de los deseos de obtener un buen trabajo, o acrecentar las ganancias empresariales, o mantener la aceptación política de la ciudadanía, es necesario formular objetivos que apunten a la mejora de la convivencia social y el desarrollo humano. Si eso falta, ni la propaganda, ni las regalías, ni los discursos tienen auténtico valor moral. De cara a la realidad de El Salvador, son tareas básicas invertir más en la gente, disminuir el cada vez más abultado gasto militar, suspender de una vez el régimen de excepción y revisar toda situación reñida con los derechos humanos y con la ley.

Si bien hay paz social y mayor inversión en infraestructura, la disminución presupuestaria en educación y salud, el incumplimiento de la revisión del salario mínimo y la eliminación de personal en servicios básicos para la gente son hechos injustos y ofensivos para la legítima aspiración ciudadana de desarrollo. El respeto a los derechos humanos es indispensable para fortalecer la seguridad de la que hoy se goza. Si las propuestas del papa de crear un fondo solidario y condonar la deuda se llevaran a cabo, El Salvador difícilmente sería candidato a aplicar a ellas. La nueva ley de minería, promovida por Nayib Bukele sin importar el sentir de la población, va en contra de programas que buscan tanto el desarrollo humano como la protección del medioambiente.

El nuestro es un país vulnerable. A las recurrentes inundaciones y deslaves se sumarán las sequías propias del cambio climático. Además, de no tomarse las acciones requeridas, de insistir en el abandono de los planes de prevención y gestión del riesgo, un futuro terremoto podría implicar un serio retroceso en el proceso de desarrollo nacional. Y aunque se haya crecido en paz social, en el ambiente social y político se promueve la falta de transparencia; y en las redes, el odio y la crispación. La militarización de la seguridad ciudadana no es de buen augurio, como tampoco la forma autoritaria de gobernar. La percepción de corrupción continúa siendo alta. Y la falta de soberanía alimentaria abre la puerta a crisis serias. Programar el desarrollo de un modo abierto, transparente y evaluable; avanzar en el respeto a los derechos humanos; planificar la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad son necesidades de toda sociedad que desea estabilidad, paz y justicia. 2025 será realmente nuevo solo si se inician cambios en las actitudes poco dialogantes y autoritarias, y se emprende proyectos que tiendan al bien de las mayorías.

Cada vez que en el contar del tiempo se termina un período, llamamos nuevo a lo que le sucede y viejo al período terminado. Así pasa con esa contabilidad del tiempo que llamamos años. Año viejo, y por tanto caduco, el que termina, y nuevo y supuestamente mejor, el que inicia cada primero de enero. Sin embargo lo nuevo nunca es sinónimo de mejor. Si la novedad trata de asuntos humanos, todo depende de nuestro compromiso con valores positivos y solidarios. Y en el campo cristiano, de nuestra coherencia con el Evangelio de Jesús, que implica también un compromiso con valores solidarios y fraternos.

Así nos lo dice el Papa Francisco en su mensaje de la paz para el año 2025, recordándonos que el aniversario del nacimiento de Jesús “es un evento que nos impulsa a buscar la justicia liberadora de Dios sobre toda la tierra”. Los cristianos, insiste, estamos “llamados a romper las cadenas de la injusticia y, así, proclamar la justicia de Dios”. No queremos un año más asolado por las guerras y por los crímenes que se repiten sistemáticamente en ellas, ni deseamos un mundo golpeado por la pobreza, la desigualdad o la soberbia explotadora de quienes se creen superiores a los demás. Ansiamos un mundo renovado y en ese sentido nuevo de verdad y no repetitivo de abusos e injusticias.

En ese contexto, además de invitar al fin de las guerras que golpean al mundo actualmente, el Papa Francisco hace una triple invitación universal a todos los países. Dado que los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres, pues son los principales causantes del calentamiento global que daña más a los países pobres, el Papa invita a la condonación de la deuda de las naciones que sufren pobreza. Invita también a todos los países a eliminar la pena de muerte como un “gesto concreto que pueda favorecer la cultura de la vida” y genere “esperanza humana de perdón y de renovación”.

Y finalmente insiste en deducir un porcentaje fijo de los gastos en armamento de todos los países para la “constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Estas propuestas papales son en realidad tres grades pasos hacia una convivencia mundial justa y pacífica que ojalá el mundo no eche en el saco del olvido.

Mirando hacia nuestro país, esta triple invitación del Papa tiene también importantes derivaciones. Es difícil pedir la condonación de la deuda que está golpeando al país y que lo tiene medio ahogado si al mismo tiempo atentamos contra el medio ambiente permitiendo que las compañías mineras contaminen el agua y el aire, dañen la salud de las mayorías y deserticen nuestro territorio. Aunque no tenemos pena de muerte en El Salvador, sí tenemos una cultura del castigo que en las cárceles ha llegado para algunos a convertirse en real pena de muerte. Las palabras del Papa nos llaman a reaccionar contra la satisfacción o la indiferencia ante los tratos crueles y degradantes tanto para los privados de libertad como para los familiares de los mismos.

Y respecto a entregar un porcentaje de nuestros gastos militares para un fondo mundial de desarrollo del que seríamos beneficiarios, la conclusión que debemos sacar es que solo reduciendo gastos militares e invirtiendo más en el desarrollo humano de nuestra gente desfavorecida lograremos la convivencia pacífica y el futuro fraterno que todos deseamos. El mensaje mundial de la paz, que el Papa ofrece todos los años el primero de enero, nos marca horizontes de novedad y renovación, tanto para el mundo en su conjunto como para nuestros países pobres. Escucharlo y deducir consecuencias es fundamental para que el año nuevo sea realmente nuevo.

Detrás de todo proyecto político, siempre hay un proyecto económico que se promueve.

Por José María Tojeira

Este es un axioma de la historia. Quienes llegan al poder político, son promovidos, apoyados y manipulados para usar al Estado y hacer las reformas jurídicas necesarias que faciliten la acumulación de riqueza del grupo de poder. En el camino, se van esparciendo migajas para tener cooptados y contentos a los funcionarios.

Esa ha sido la historia también en El Salvador. Desde la independencia hasta la actualidad, el país ha sido gobernado por proyectos de élites económicas que usan al Estado como un botín para beneficiar sus intereses.

Las artimañas de gobiernos anteriores para favorecer a la cúpula de turno se repiten en la actualidad. Una de ellas es recurrir a las empresas de economía mixta.

Un tema que ilustra esta situación fue el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el holding turco Yilport para administrar durante 50 años los puertos de Acajutla y de La Unión. Para nadie es un secreto que recurrir a este tipo de empresas se hace con la intención de no rendir cuentas.

En los gobiernos de Arena se creó la empresa Inversiones Energéticas, INE, que generaba ganancias netas de más de cien millones. Con razón se dijo que en los gobiernos anteriores al actual, la CEL funcionó como una especie de caja chica. Sin ningún control de auditoría.

Más recientemente, la actual Administración creó la empresa Chivo S.A. de C.V. con una inversión inicial de 60 millones de dólares del dinero público sin la obligación de cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información y puede limitar el trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas.

También el actual gobierno echó mano de la CEL para tener su propio medio de propaganda. La Perforadora Santa Bárbara, una de las empresas de LaGeo, propiedad del grupo CEL, constituyó la sociedad anónima El Diario Nacional (EDN) que registró la marca Diario El Salvador. Nacer como sociedad anónima, bajo la sombrilla de una subsidiaria de Grupo CEL, le permite al nuevo diario estar fuera del radar de instituciones que fiscalizan la transparencia en el uso de recursos públicos.

¿Son herramientas legales? Quizá. Sin embargo es un modo corrupto de administrar fondos públicos porque, más allá de la legalidad o ilegalidad, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas. En ninguno de los casos anteriores el beneficiado ha sido el pueblo salvadoreño, sino el grupo de poder que está detrás del gobierno. No hay signos que indiquen que ahora con los puertos será distinto. Todo indica que el país sigue repitiendo los vicios de siempre, aunque el discurso haya cambiado.

Respetará Bukele la voluntad y la salud del pueblo salvadoreño

En estos días cercanos a la Navidad, tiempo de celebrar el nacimiento del niño Jesús que vino al mundo para mostrarnos que la plenitud se alcanza en el amar y servir, se está concretando un plan gubernamental que amenaza al país desde hace meses: la derogatoria de la prohibición de la minería metálica, una ley que fue resultado del esfuerzo colectivo de personas, comunidades y organizaciones en defensa de la vida y el medioambiente. Con la prohibición de la minería no “se denegó la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños”, como afirma el oficialismo, sino que se priorizó la salud de la ciudadanía y el bien común frente al interés de las industrias extractivas.

La aprobación del dictamen de la ley general de minería metálica por parte de la bancada cyan es una acción propia de un gobierno deshonesto y profundamente materialista, y se ha justificado recurriendo a falsedades obvias sobre la minería metálica: que entraña múltiples beneficios, que crea empleos de calidad, que desarrolla las economías locales, que de sus ganancias se obtienen recursos para remediar el desastre ambiental que deja a su paso. Lo que plantea el oficialismo es un oxímoron, una unión de contrarios, pues la protección del medioambiente y la extracción minera son opuestos; no existe la minería verde.

La administración Bukele está echando adelante su proyecto prescindiendo de la consulta pública y el análisis ambiental que son de rigor para una ley de este calado. Con ello refleja su falta de visión a largo plazo, profundo desinterés por el sentir y pensar ciudadano, y total desconexión con las realidades ecológicas y sociales que afectan a la población. La prohibición de la minería no es absurda, lo absurdo es permitirla cuando, como muestra la última encuesta del Iudop, a nueve de cada diez personas no les gustaría trabajar en una mina; cuatro de cada cinco están muy preocupadas por los problemas medioambientales del país y consideran que es muy peligroso vivir cerca de una mina; y dos terceras partes opinan que en El Salvador existe ya una crisis de agua y que no es un territorio apropiado para hacer minería metálica.

La minería metálica representa una amenaza directa para la salud pública, los ya menguados recursos hídricos y la biodiversidad; como da fe la experiencia en Argentina, Brasil y Perú, por solo citar tres ejemplos, la industria contamina de manera irreversible. En la encíclica Laudato si, el papa Francisco nos recuerda que “todo está interconectado” y que “la naturaleza no es un simple conjunto de bienes a ser explotados”, sino parte integral de nuestra casa común. En este sentido, la minería metálica no solo atenta contra la naturaleza, sino contra la humanidad: al dañar el entorno, compromete el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ello, el papa cuestiona: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”.

El Salvador requiere de políticas públicas alineadas con la solidaridad, la justicia distributiva, la protección ambiental y la equidad intergeneracional. La derogatoria de la ley que prohíbe la minería metálica va en contra de esa necesidad. Como afirmó la Conferencia Episcopal de El Salvador hace algunos días, “la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo”.