Editoriales y Opiniones

Lo que está sucediendo con los cinco ambientalistas de Santa Marta es injustificable desde todo punto de vista. Después de ser acusados, encarcelados y procesados por casi dos años, tiempo durante el cual los fiscales no pudieron demostrar su culpabilidad, el 18 de octubre el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretó su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que el 26 de noviembre anuló el juicio y ordenó que se repitiera en otro juzgado. Antes de ello, la Cámara había evitado sentar posición sobre el caso, pero ahora que las juezas del tribunal lo resuelven, ha salido al paso.

Lo que ha hecho la Cámara es equivalente a pitar un penalti inexistente a favor de la Fiscalía. Este tipo de irregularidades en el sistema judicial se producen cuando la corrupción socava sus bases para negarle a la ciudadanía el acceso a la justicia. De acuerdo a Transparencia Internacional, en términos generales, la corrupción judicial se divide en dos categorías: la primera, la interferencia de otro poder del Estado en los procesos judiciales; y la segunda, el soborno. Cuando sucede lo primero, los jueces y juezas independientes son transferidos a localidades remotas, despedidos o presionados para que renuncien.

En un sistema corrupto, los funcionarios judiciales no se nombran con base al mérito, sino en función de su cercanía y obediencia al poder. A los jueces considerados “problemáticos” se les retira de casos delicados, y estos son asignados a jueces o tribunales más complacientes. Todo ello no solo es cuestionable en sí mismo, sino que tiene consecuencias graves para la ciudadanía. Debido a esta corrupción, la voz de los inocentes no es escuchada y los victimarios actúan con total impunidad. Cuando la justicia cede ante la corrupción, la sociedad en su conjunto sale perdiendo.

En ese sentido, el caso de los cinco de Santa Marta no solo les atañe a ellos y a sus familias, sino que es un asunto de todos, porque esta manipulación de la justicia puede golpear a cualquiera. Los jueces de la Cámara de la Segunda Sección de Cojutepeque se han valido de un formalismo para revertir el fallo. El caso confirma que el poder judicial, como en el pasado, está siendo instrumentalizado para la persecución política. Este es el país que tenemos, un El Salvador en el que, como dijo monseñor Romero citando a un campesino, la justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas seguirán viviendo un calvario.

El caso de la masacre de la UCA, conocido como el caso jesuitas, está llegando judicialmente a su final. Terminó el equivalente a la instrucción y se ha decidido que pase a un juez de sentencia. Todos los acusados van a juicio. La mayoría por homicidio y la minoría por encubrimiento y fraude procesal. De los cinco militares denunciados originalmente por la Comisión de la Verdad dos han muerto y los tres que quedan vivos pasan de los 80 años.

En el juicio contra la autoría intelectual iniciado por la UCA a principios del actual milenio, se añadieron dos personas más a los cinco señalados. El caso se cerró y se reabrió varias veces.

En la reapertura del año 2022 la fiscalía añadió a cuatro personas más. El indicio acusatorio fundamental en sus inicios fue tanto la acusación de la Comisión de la Verdad contra cinco militares como el encubrimiento sistemático de la autoría del crimen tanto de parte del ejército como del gobierno de aquel entonces.

En la actualidad, cuando se espera una sentencia, probablemente para el año próximo, conviene reflexionar sobre el caso. En primer lugar es importante decir que se está llegando al final de un caso grave de violación de Derechos Humanos, aunque se llegue a él más de 35 años después. Y no por las mismas razones que se llegó con tardanzas semejantes en Europa, donde algunos criminales nazis alemanes consiguieron ocultarse durante largo tiempo. Entre nosotros los acusados permanecieron siempre a la vista.

En segundo lugar hay que decir también que el paso del tiempo, si bien no ha modificado la brutalidad del crimen, ha introducido otros aspectos dentro de una cultura de justicia transicional que busque verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y reconciliación. Aspectos que estuvieron siempre presentes en el caso, pues continuamente los jesuitas que pedían la apertura del caso contra los autores intelectuales, insistían desde los inicios del caso hace 35 años en que hubiera un proceso que garantizara “verdad, justicia y perdón”.

Aunque algunos aspectos de la verdad, fundamental en el desarrollo de la justicia, quedarán en las manos de la investigación histórica, hay algunos aspectos que pueden mejorarse en el presente. El hecho de que se enjuicie a personas es por supuesto positivo. Pero el juez, o los jueces que juzguen casos como el de los jesuitas, deben tener en cuenta algo más que la sentencia que se vaya a dar. Y es la necesidad de exigir a las instituciones, cuando los crímenes fueron institucionales, que pidan en concreto y directamente perdón a las víctimas. En ese sentido, en el caso jesuitas, el juez debe ordenar al ejército como institución que pida perdón públicamente y en un solo acto a los parientes de los asesinados, a la Compañía de Jesús y a la UCA. Y eso más allá de las sentencias inculpatorias o absolutorias que pueda dar. Porque de lo que no hay duda es que el crimen fue institucionalmente encubierto.

Durante mes y medio después del crimen, tanto la Fuerza Armada como el Gobierno salvadoreño estuvieron culpabilizando a la guerrilla del asesinato colectivo. Y ello cuando ya era evidente desde el primer momento la autoría militar. Y solo cedieron ante la presión internacional e iniciaron finalmente el juicio exclusivamente contra los autores materiales, imponiendo posteriormente, con la ley de amnistía, un manto de impunidad sobre los posibles autores intelectuales.

Un crimen conocido y encubierto por tanta autoridad militar y gubernamental es un crimen con responsabilidad institucional. Basta conocer algunos de los testimonios escritos del propio coronel Benavides, o escuchar las declaraciones del juicio contra el coronel Montano dadas por el capitán (en el momento de los hechos) Luis Parada, para darse cuenta de ello. A parte de otros muchos testimonios que sería demasiado largo enumerar. Y son las instituciones también las que tienen que reconocer sus graves errores y ofrecer disculpas a las víctimas más directas del crimen. El reconocimiento de los hechos y la petición de perdón a las víctimas es además una de las medidas más importantes de cara a la reconciliación y la no repetición de los hechos.

Ya en estos años recientes, ante un crimen injustamente encubierto por la institución policial, un juez obligó al Director de la PNC, Mauricio Arriaza, a pedir disculpas a los familiares de la víctima. Acto que se realizó públicamente, con presencia de medios de comunicación, en las instalaciones de la PNC de Santa Tecla. Que los jueces tengan en cuenta esta posibilidad es ventajoso para el país. Ayudará a las instituciones con poder a ser conscientes de sus responsabilidades y ayudará también a reconsiderar la calidad del sistema judicial, tan implicado en encubrimientos de crímenes del pasado.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos.

Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres.

En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene.

Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso.

El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos.

El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

Reformas a la Constitución y sus posibles efectos.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos.

Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres.

En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene.

Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso.

El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos.

El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

En Costa Rica, el centro de la democracia regional, Bukele sentó su cátedra de dictadura, apadrinado por el presidente de aquel país con ideología similar, pero sin su arrastre. Sin vergüenza, Bukele recetó a la democrática Costa Rica un régimen autoritario como el suyo para controlar su incipiente actividad criminal, que ha ganado terrenos por la incompetencia de su anfitrión. Fácil de palabra, pero pusilánime. Bueno para encizañar, pero corto en la acción eficaz.

Pero eso no tiene ninguna importancia. Bukele utilizó la cátedra que le ofrecieron para vender su dictadura en una sociedad contraria al militarismo y tradicionalmente democrática, y de paso para legitimar la arbitrariedad y la represión. El predicador del autoritarismo exhortó a su auditorio a colocarse incondicional y graníticamente detrás de su presidente y obedecer a pie juntillas sus indicaciones. No tuvo reparo en intervenir en la política interna de Costa Rica al inducir a la ciudadanía a votar en las elecciones de 2026 por un poder ejecutivo centralizado y libre de los otros poderes que lo mantienen “amarrado de pies y manos”.

La cátedra se detuvo en exponer los puntos centrales de la receta de Bukele. El primer ingrediente es un estado de excepción, que suspenda los derechos de la ciudadanía para dejar en libertad al dictador. El segundo, el control total del sistema penitenciario sin intromisión del poder judicial. El tercero, la implantación de un régimen interno despiadado, ya que es imposible administrar las cárceles con “la permisividad” costarricense, la cual da a los detenidos demasiada comida y privilegios. Y, el último, la construcción de una cárcel como la suya, para lo cual dio algunas indicaciones básicas.

La comunión entre los dos gobernantes es tan intensa que hablaron de crear una “liga de naciones” pequeñas, interesadas en salvaguardar la seguridad y promover la prosperidad. Un eufemismo del autoritarismo. A pesar de su entusiasmo, el futuro de la liga está muy comprometido. El colega de Bukele tiene los días contados. Dejará el poder a mediados de 2026. Una posibilidad remota es que lo reemplace un Bukele costarricense. Por lo demás, en la región no se vislumbra otro interesado en ingresar al club. Milei sería un fichaje excepcional, pero no gira en la órbita de los centroamericanos, sino en la de Trump. Fue el primer gobernante en ser recibido por el nuevo presidente estadounidense. Bukele se contentó con una llamada telefónica. Aparte de elogiarse mutuamente, Milei propuso a Trump crear otra alianza, una de naciones libres que custodien “el legado occidental” y combatan “la mal llamada justicia social”.

La cátedra de Bukele no está libre de contradicciones y falsedades. La seguridad que lo afama únicamente protege de la criminalidad de las pandillas. Las desapariciones, los homicidios, incluso en las cárceles, los feminicidios, las violaciones, la corrupción y el narcotráfico son pecados menores, que no cuentan. Ahora bien, si la seguridad es tan sólida, por qué las colonias y los pasajes no abren las calles que mantienen cerradas a los extraños, por qué el mismo Bukele se rodea de un ejército de soldados y guardaespaldas con armas de guerra, y por qué la seguridad privada no se reduce. Si Costa Rica es un país tan peligroso como para recomendar la implantación de un régimen de excepción como el suyo, Bukele se dio un baño de masas y alternó con la prensa sin el aparato militar que estila en El Salvador. Estas contradicciones advierten que el discurso de la seguridad tiene mucho de ideología.

En medio de su discurso seductor y amañado, Bukele dejó escapar dos admisiones notables. La primera es que el alcance de su milagro económico solo beneficiará a unos cuantos. No incluirá, por tanto, a todos aquellos que vivían de la actividad criminal. Admitió que no puede competir con la rentabilidad del crimen. Por tanto, las masas inconformes con su suerte serán reprimidas despiadadamente. En segundo lugar, Bukele admitió sin escrúpulo ni arrepentimiento que ha capturado a miles de inocentes, aunque se apresuró a prometer que pronto los liberará.

El catedrático en dictadura no se caracteriza por la lucidez y la consistencia. La problemática de los derechos humanos le resulta demasiado compleja. No distingue entre la universalidad de los derechos humanos, que reconoce, y su aplicación concreta. Solo hay buenos, que gozan de ellos, y malos, a quienes trata como objetos perversos. La verdad es otra cuestión que se le escapa. Exhortó a la prensa costarricense a decir siempre “la verdad bajo la lógica, bajo el sentido común y, sobre todo, la verdad, no la verdad de un grupo, de una elite, sino la verdad de todos”. Un galimatías que, en realidad, no importa, porque “así como digo una cosa, digo otra”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ningún país está a salvo de los efectos del cambio climático. Los huracanes, las lluvias torrenciales y las largas olas de calor ponen en peligro la supervivencia de la humanidad entera. Pero cuando golpean a zonas de los países ricos, los medios de comunicación y las naciones reaccionan de manera diferente. A mediados de julio, en Alemania, la tormenta Bernd dejó 165 muertos, pero también afectó a Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido. A finales de octubre, España sufrió el impacto de dos temporales seguidos, que dejaron más de 200 muertes, una población en shock y mucha destrucción.

Con todo, los países menos desarrollados son los más afectados; y en ellos, los sectores empobrecidos se llevan la peor parte. Las previsiones estiman que la inundaciones afectarán a 587 millones de personas en situación de pobreza; 132 millones de ellas viven por debajo del umbral de la pobreza extrema. Los fenómenos naturales les afectan desproporcionadamente porque por lo general no cuentan con recursos para tomar previsiones, viviendas seguras donde resguardarse ni condiciones para recuperarse de los daños. En los últimos 10 años, los países pobres sufrieron en torno a ocho veces más desastres naturales que en las últimas tres décadas.

El Salvador es parte de ese grupo de países. Estudios de organismos internacionales estiman que el 87.7% del territorio salvadoreño es considerado de riesgo; en esa área vive el 95.4% de la población. Sin embargo, los desastres golpean con más fuerza en las zonas rural y marginales urbanas. La reciente tormenta Sara volvió a desnudar el rostro vulnerable del país. Todo parece indicar que el rubro más afectado será el agrícola, lo cual incide directamente en la alimentación de la población.

Antes de Sara, se sabía que la primera cosecha de granos había sido mala y que la cosecha de frijol sería inferior a la del año pasado, pues se sembraron 33 mil manzanas menos, lo que representaría una caída de producción del 25%. Después de Sara, las gremiales calculan que el 60% de la cosecha de frijol se perderá. Esta situación agravará la precariedad de la economía familiar salvadoreña, especialmente de la gente más pobre. El Gobierno ha anunciado apoyo con un bono canjeable solo por insumos agrícolas. Aunque la intención sea incentivar la producción, la medida cae fuera de los calendarios de siembra y no fue consultada con los conocedores del tema.

¿Qué tipo de insumos se podrán adquirir con el bono de $300? ¿De dónde sale el número de 1,000 familias a ser beneficiadas con el bono para insumos? Los paquetes de alimentos prometidos sin duda brindarán ayuda y consuelo para las familias que pasan hambre, aunque la intención no sea otra que aprovechar la necesidad de esta población para fortalecer la imagen de Nayib Bukele. Por otra parte, pese a que la tormenta Sara se previó con la suficiente antelación como para intervenir de forma organizada, el sistema de protección civil actúo tarde y mal. En este sentido, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático se ve hoy amplificada por una gestión del riesgo y de los desastres que solo atiende a intereses político-partidistas.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) es la sede de la Semana de la Memoria Histórica, que este año se realiza bajo el lema: “Las huellas del pasado guían nuestro futuro”. Sobre este tema, Sol Yáñez, académica del Departamento de Psicología y Salud Pública de la UCA, destacó que "el pasado es un continuo presente", ya que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra siguen generando impactos físicos y psicológicos.

Yáñez explicó que para muchas víctimas, la falta de verdad, justicia transicional y reparación mantiene las heridas abiertas.

Hace algunos años, en Estados Unidos, la madre de una joven violada y asesinada pedía para el asesino la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua. Cuestionada sobre por qué favorecía de ese modo a quien le había arrebatado a su hija, ella respondió lo siguiente: “El que la mató creyó que matándola arreglaba el problema de que lo descubrieran y le castigaran por su delito. Yo no quiero que la muerte del que mató a mi hija sea la medicina de mi dolor. Ni tampoco quiero parecerme a los que confían en la muerte como castigo o como encubrimiento”. Este caso no es único. En El Salvador, mucha gente ha perdonado ofensas terribles porque no quiere vivir con odio en su interior. Quieren verdad, quieren reparación, quieren que no se repita la barbarie, pero desean vivir en paz.

Al celebrar la fiesta de los mártires de la UCA y recordar de nuevo tanta masacre y dolor clavados en la historia del país, es necesario y justo recordar también los esfuerzos impulsados por la Universidad para lograr la reconciliación del pueblo salvadoreño. Cuando el P. Ellacuría y sus compañeros luchaban en favor del diálogo y la negociación entre las partes en guerra, trabajaban por la reconciliación del pueblo salvadoreño en la verdad y la justicia. Sacrificaron su vida en ese esfuerzo porque había personas y sectores que preferían la victoria militar, no querían ninguna salida pacífica y humana del conflicto. Mataban por eso. La historia, sin embargo, le dio la razón a las víctimas y a los jesuitas asesinados. La paz llegó y con ella los esfuerzos de reconciliación basados en la verdad, la justicia y la reparación. Pero la soberbia de los poderosos no aceptó la verdad. Y ciertas formas de resentimiento, odio larvado y violencia quedaron en los corazones de muchos.

Al recordar a los mártires, surge de nuevo el deseo de reconciliación con base en la verdad. A lo largo de 35 años, quienes han controlado los poderes del Estado se han negado a esclarecer la verdad, asumir responsabilidades y pedir perdón a las víctimas. El ejército, el sistema judicial, los partidos políticos, los que desde la riqueza y el poder explotaron a los pobres primero y callaron después ante las masacres y los abusos están en deuda. Y es precisamente esa deuda la que mantiene en desconfianza y profundamente separados a amplios sectores de la población. Juan Pablo II insistía en la verdad y la justicia como indispensables para el perdón y la reconciliación. Él sabía que cuando “se siembra la mentira y la falsedad, florecen la sospecha y las divisiones”, y que “la corrupción y la manipulación política o ideológica son esencialmente contrarias a la verdad, atacan los fundamentos mismos de la convivencia civil y socavan las posibilidades de relaciones sociales pacíficas”.

También decía que “ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal”; y que “la puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta”. Combinar las exigencias de verdad, justicia y reparación con la necesidad de reconciliación no es fácil, especialmente si perviven el resentimiento y los intentos de instrumentalizar la historia con fines políticos. Ni la impunidad, ni la manipulación de los casos, ni el exceso de justicia punitiva son soluciones. Es tiempo de pensar en una justicia transicional tanto para los crímenes de la guerra civil como para muchos casos del régimen de excepción. De lo contrario, el país continuará preso del resentimiento, la desconfianza y la división.

El autoritarismo ha derivado en absolutismo radical. La apuesta no está exenta de riesgos. La ambición lleva a sobrestimar las fuerzas reales del poder hasta el extremo de introducirlo en un callejón sin salida. La supresión de la institucionalidad democrática y el ejercicio del poder sin equilibrios ni controles ha instaurado una voluntad absoluta.

Esa voluntad decide qué y cuándo informar a una opinión pública que juzga inmadura, ignorante y rebelde, pero que tiene la inmensa suerte de contar con el entendimiento preclaro, la sabiduría insondable y la operatividad inmediata y eficaz de aquella, que suple con creces las limitaciones de su minoría de edad. En consecuencia, debe acatar sus disposiciones agradecida.

Los funcionarios públicos, además de obedecer, ensalzan su sabiduría. Los legisladores no tienen iniciativa de ley. No la necesitan, dado que esa voluntad absoluta decide por ellos, mejor y más rápido. De ahí que aprueben sin leer ni entender lo que les envía, a modo de simple trámite. Por la misma razón, los ha despojado de la facultad para recibir iniciativas de ley o peticiones de la ciudadanía, como la del comercio informal del centro de la capital. Y, por si fuera poco, se enorgullecen de contribuir a la gobernabilidad con su servilismo.

La misma barrera encuentra la población en la institucionalidad estatal. Sorda a sus reclamos, ciega a sus peticiones y, por tanto, muda. Esta tampoco recibe solicitudes de la población y, si acaso acepta alguna, no responde. Las órdenes judiciales que liberan a algunos detenidos no son ejecutadas. El régimen de excepción hace cada vez más exasperante la indiferencia oficial. Captura sin motivo y acusa a partir de expediente falsos.

Si los funcionarios resuelven alguna solicitud es por orden expresa de la voluntad suprema. La respuesta es agradecida públicamente por el beneficiado, que se deshace en elogios ante tanta magnanimidad. Pero estos casos son aislados. En general, la institucionalidad es indiferente ante la suerte de la ciudadanía. La pedantería, la soberbia y el desprecio caracterizan a los funcionarios del absolutismo, desde el primero hasta el último, el soldado o el policía de la calle.

La deriva absolutista del autoritarismo ha infantilizado a una parte significativa del pueblo, que ha aceptado ser tratado como un menor de edad irresponsable. Renunció a ser libre, a pensar y a decidir su futuro. Se encuentra más cómodo y seguro en recibir lo que la voluntad absoluta tenga a bien concederle, convencido de que solo ella puede proporcionarle lo que necesita y todo lo que provenga de ella es forzosamente bueno. Su generosidad es correspondida con gran entusiasmo como un niño deslumbrado el día de Navidad por el juguete nuevo. La voluntad absoluta satisface así el deseo de mucha gente de ser guiada a cambio de entregar su libertad.

No obstante la extensión y el arraigo de la servidumbre, comienza a cobrar fuerza la movilización de los sectores más golpeados por el absolutismo. El atrevimiento es cada vez más audaz, las expresiones de cólera suben de tono y los llamados a la movilización ya forman parte de la agenda nacional. Aparentemente indiferente al malestar y al rechazo, el absolutismo, confiado en sus primeros éxitos, piensa no tener límites. Pero sí, los tiene. El aguante popular y los recursos materiales, incluso para alimentar la corrupción, son limitados.

La ambición de poder y riquezas es tan irresistible que conduce al desquiciamiento. Construir una nueva residencia presidencial al lado de la residencia privada del dictador, mientras pretende reducir el gasto con el despido de decenas de miles de empleados públicos, indica que algo no anda bien en los pasillos del absolutismo. Además, qué sentido tiene ese multimillonario proyecto si no habrá otra reelección. El secreto y “la reserva” ya no pueden ocultar la desmesura del absolutismo. La polémica alrededor de las finanzas y las propiedades de la familia presidencial son un buen ejemplo.

El triunfo electoral de Trump en Estados Unidos llegó justo a tiempo para compensar el repudio de España y Costa Rica. Aquella rechazó la oferta de ayuda de emergencia por inoportuna y oportunista. Un error diplomático garrafal. Más cerca, los poderes legislativo y judicial de Costa Rica se negaron a recibir al dictador, lo cual degradó la visita de Estado a “oficial”. Sin embargo, ahí sí le recibieron la ayuda rechazada por España. Ridículo y afrenta para una voluntad absoluta que presume de ser bien recibida en todas partes. En realidad, solo encuentra eco en los sectores extremistas, amantes de la desinformación y las conspiraciones paranoicas.