Editoriales y Opiniones

Invocar el nombre de Dios con la frecuencia de Bukele no significa que la fe sea genuina. En efecto, no pierde ocasión para afirmar que Dios lo guía y lo apoya y, por tanto, sus obras proceden de él. Sin embargo, no es fácil identificar quién es el dios invocado. No es el Dios de las tres religiones abrahámicas —el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dios prometió a Abraham la posesión de una tierra y una descendencia como las estrellas del firmamento por confiar incondicionalmente en él, hasta el extremo de disponerse a sacrificar lo más querido, su único hijo. El Dios de Jesús pide derecho y justicia para el huérfano, la viuda y los pobres, reprueba severamente a los pendencieros, los vengativos y los indiferentes ante la enfermedad y el sufrimiento de los demás.

Evidentemente, la fe es una cuestión muy personal, pero su autenticidad se verifica en la vida, en las actitudes, los sentimientos y las acciones. A eso se refiere el Evangelio cuando avisa que el árbol se conoce por sus frutos, no por unos pocos buenos y muchos inservibles, destinados a la basura. Un funcionario estatal que dice tener en gran estima su fe debiera esforzarse por acreditar su autenticidad, en su vida pública y privada.

Consciente de la veleidad de la naturaleza humana, el Evangelio advierte que no todo el que invoca al Señor habla con verdad, sino aquel que hace su voluntad. Y puntualiza, para dejarlo claro, que los amantes de las riquezas, aquellos que juntan un campo con otro y una casa con otra, los explotadores, los opresores, los mentirosos y los homicidas no prevalecerán. No hay, pues, cómo perderse sobre cuál es la voluntad del Dios de Jesús.

Las bienaventuranzas muestran sus dimensiones fundamentales. La primera es trabajar por el derecho y la justicia, porque abren el camino a la paz, en contraposición a la represión y la violencia. La segunda, enfrentar los conflictos con mansedumbre, no con insultos y agresiones. La tercera, desvelarse para que no haya hambrientos, enfermos, llorosos y perseguidos. La cuarta, tener compasión de los afligidos y practicar la misericordia con ellos, consolándolos y ayudándolos a superar la tribulación. La benevolencia con el débil o el derrotado es intolerancia con la causa de su aflicción. La quinta, cultivar un corazón limpio del tener y del poder para servir lealmente a los demás y a Dios. El corazón limpio ve a Dios en los pobres. No es indiferente y permisivo ante los males del mundo. Finalmente, no buscar las riquezas, sino compartir de tal modo que haya para todos y todos se sientan bienvenidos. El clamor de los pobres llega hasta a Dios, que pide superar activamente la pobreza.

Ninguno de estos preceptos figura en las prioridades de Bukele ni su conducta se ajusta a ellos. En consecuencia, el dios que tanto invoca no es el cristiano, sino uno hecho a su medida. Uno que lo deja en libertad para hacer como le plazca, que no le pide cuentas y que aprueba siempre su conducta. Este dios es una construcción muy útil. No solo legítima sus riquezas y su poder absoluto, sino también, quizás, le permite dormir tranquilo. Este es un dios al servicio del poder y la riqueza. El verdadero creyente, en cambio, se pone al servicio del Dios de Abraham. Un Dios cuya gloria es, como monseñor Romero dijo sabiamente, que los pobres vivan.

La posición de Bukele es única y privilegiada. Tiene a su alcance poner los fundamentos que hagan posible una vida digna para las mayorías empobrecidas y abandonadas a mediano y largo plazo. En sus manos está colocar a su servicio el poder absoluto que detenta. El gran obstáculo no es la oposición política y económica, sino la mentalidad de mesías exitoso. El “triunfador” no entiende qué es servir. Más bien, se sirve de los demás para satisfacer los apetitos más mezquinos. A pesar de sus “triunfos”, corre el riesgo de caer derrotado por sus ambiciones. Aunque satisficiera algunas, su legado no se corresponderá con sus expectativas más queridas. El verdadero triunfador es quien hace más digna y plena la vida de los demás.

Este es el criterio último para determinar si la fe confesada es verdadera. En la práctica, a Bukele y su régimen, la suerte de la gente les tiene sin cuidado, pese a la responsabilidad adquirida. Su dios es un ídolo, en cuyo altar sacrifican a las mayorías, incluso a sus seguidores, para obtener poder y riquezas. Muy seguros de su protección, desconocen que, en el momento menos pensado, el ídolo también los devorará a ellos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y la Ley de Salarios para 2025. El presupuesto alcanza los 9,663 millones de dólares, 970 millones menos que el de este año. De inmediato, la lupa de la opinión pública se centró en las carteras a las que se les reduce la asignación y aquellas otras que experimentan un aumento presupuestario. Por su parte, la propaganda oficial destacó que no habría “necesidad de emitir un solo centavo de deuda para la cancelación de pagos corrientes”. Desde hace ya algún tiempo, organismos financieros internacionales le exigen a El Salvador realizar un ajuste fiscal para ser sujeto de préstamo, ya sea aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Y según lo que está a la vista, la administración de Nayib Bukele ha optado por la alternativa de reducir los gastos.

Para conocer las verdaderas prioridades de un Gobierno, más que fijarse en lo que dice, hay que ver su presupuesto. Este es una herramienta no solo económica, sino de política fiscal. El presupuesto muestra las prioridades y objetivos gubernamentales para un país; y de dónde obtiene los recursos financieros y cómo los redistribuye. Salvo alguna emergencia grave, lo que se presupuesta es lo que hace. Todo lo anterior es válido en un país normal, pero El Salvador de hoy no lo es. En el Salvador, el presupuesto que se ejecuta no es el mismo que se presenta a la Asamblea Legislativa. En 2022, se hicieron 56 reformas a la estructura presupuestaria y en 2023, 57. Hasta el mes de julio de este año, ya se habían hecho 31 modificaciones.

El presupuesto proyectado para 2025 reduce recursos para Salud, Educación, Agricultura, Hacienda y Justicia, y aumenta la asignación a Defensa (Fuerza Armada), a la Presidencia, al Órgano Judicial y a Gobernación y Desarrollo Territorial. Es decir, los recortes impactarán a los sectores sociales que más dependen de los servicios públicos. Salud y Educación son las carteras a las que más se recorta. Además, según proyecciones, 11,176 empleados públicos serán despedidos en 2025. El recorte también incluye medidas como la suspensión de aumentos y nivelaciones salariales, la prohibición de abrir nuevas plazas, y el congelamiento de los escalafones de salud y de educación. Y no hay que perder de vista que la deuda del Estado con los ahorrantes de las AFP ya sobrepasa los 10 mil 230 millones de dólares, 5 mil millones más que en 2019, con el agravante de que por una reforma al sistema de pensiones promovida por el oficialismo, el Gobierno no pagará intereses ni capital de la deuda previsional hasta 2027.

Es otras palabras, el recorte presupuestario lo sufrirá la población que usa los servicios públicos de salud y educación, y los empleados públicos que serán despedidos. Así las cosas, el Ejecutivo está más interesado en cumplir las exigencias de organismos externos, aplicando medicina amarga a los sectores más pobres del país, que en atender las necesidades básicas de las mayorías. Mientras, la nueva élite cyan sigue con su tren de gastos y despilfarros, disfrutando de las mieles del poder.

En armas se gasta demasiado en todo el mundo. El 2023 se gastaron 2.440.000.000.000 dólares. En palabras 2.44 billones de dólares. La guerra de Ucrania ha impulsado el rearme en casi todo el mundo. Es como una epidemia; cuando los más poderosos se arman más, los pequeños se contagian y gustan imitarlos.

El papa Francisco decía en su carta Fratelli Tutti que dada la capacidad letal de las armas “hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible “guerra justa”. Y es que en efecto, el potencial destructivo de las armas actuales es en buena parte la causa de que en las guerras actuales terminen muriendo más civiles que militares.

En el pasado la proporcionalidad de la respuesta a un ataque es lo que podía hacer justa una guerra defensiva. Hoy la desproporción y el dolor injusto a los civiles dominan la mayor parte de las guerras. Y cuando no hay guerras, que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, las armas se acumulan hasta volverse obsoletas y convertirse en chatarra. Hace unos años era frecuente cruzarse con rastras que traían a las fundidoras salvadoreñas desde Nicaragua la chatarra guerrerista que Rusia le había donado al país de los pinoleros para luchar contra los grupos guerrilleros de la así llamada “contra”.

La guerra es un modo de relación de poder obsoleta. Si ya en la antigüedad el poder de la conciencia terminaba ganando la batalla a las armas (vg.: Los mártires de los 3 primeros siglos), los movimiento de Gandhi. Martin Luther King, o el trabajo por la paz en El Salvador nos demuestran que la conciencia tiene mayor eficacia que las armas o el poder físico y causa menos bajas que lo enfrentamientos armados.

Al final las armas sirven para matar en tiempo de guerra o para terminar tirándolas cuando la paz se prolonga. Y mientras se gasta en armas, quedan en muchos países del mundo necesidades sin cubrir y pobreza sin derrotar. Incluso en ocasiones, y especialmente en nuestros países pobres, la utilización de vehículos de guerra ya envejecidos, produce luto y muerte, como hemos visto en el reciente accidente cerca de Pasaquina de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

En este contexto, que a algunos les parecerá demasiado simple, pero al que no se le puede negar un margen alto de realidad, nos encontramos en el Salvador con un presupuesto que a lo largo de estos últimos 20 años de paz ha ido triplicando los gastos militares. En vez de fortalecer a la Policía Nacional Civil se ha preferido darle fondos a los militares para utilizarlos en unas labores de seguridad ciudadana para la que no están preparados. Quienes defienden el derroche suelen decir que gracias al apoyo militar hemos controlado la brutalidad de las maras. Pero nunca han demostrado que la inversión en ejército sea mejor que la inversión en policía para estos temas de seguridad ciudadana.

Con una policía más eficiente, mejor formada, mejor pagada y más numerosa, incluso se superaría el retardo judicial existente actualmente y mejoraría la desproporción existente entre los casos que entran al sistema judicial y los que terminan con sentencia firme. Aunque la responsabilidad de los casos llevados a juicio y que quedan sin resolver es más de la Fiscalía y del sistema judicial, una buena policía, con mayor capacidad de investigación, mejoraría indudablemente las cosas.

El mejor destino de las armas es siempre la basura o la reutilización de sus materiales, fundamentalmente el hierro, para el desarrollo. El aumento en la tenencia de armamento, tanto en manos militares como civiles, no elimina las causas de la violencia. Al contrario, puede aumentarlas y agravarlas. En una región como la centroamericana, en la que hay tantos vínculos institucionales, de amistad e incluso de parentesco entre nuestros países, la existencia de cuatro ejércitos de cuatro diferentes nacionalidades no tiene mayor sentido.

Lo mejor es avanzar hacia la desaparición de los ejércitos convencionales y hacia el fortalecimiento e interconexión de las policías. Lo único que se podría mantener como fuerza armada centroamericana, al menos durante un tiempo, sería la creación de una fuerza militar de paz común que contribuya con las Naciones Unidas en las tareas de solidificar la paz en países con guerras internas. Los cascos azules nos ayudaron en la construcción de la paz en El Salvador, y justo es también que los centroamericanos colaboremos con el esfuerzo internacional de terminar con las guerras.

La fuerza, el valor y la eficacia de la conciencia humana será siempre superior a las guerras. Y por eso es siempre más importante invertir en educación que en ejército.

A pesar de la necia insistencia de algunos funcionarios en negar la vinculación del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU invirtió aproximadamente 99 millones de dólares durante 2023 para que El Salvador avanzara en el cumplimiento de dichos objetivos. En el informe sobre la gestión de esos fondos, se dan datos que merece la pena citar. Según el documento, el año pasado un 11% de la población padeció inseguridad alimentaria; en otras palabras, más de 600 mil compatriotas pasaron hambre o estuvieron en riesgo de sufrirla; las agencias de la ONU que informan sobre El Salvador estiman que en 2024 la cifra será de 942 mil personas. Además, los hogares que afirman encontrarse sin acceso a agua potable ascienden al 21%; es decir, un millón y medio de personas no tienen acceso a algo tan básico. Esta situación resulta escandalosa para cualquier conciencia mínimamente solidaria.

El derecho a la alimentación no supone ser alimentado por otros o por el Estado, sino tener un ingreso que permita adquirir los alimentos requeridos para una vida sana y digna. En esa línea, al Estado le corresponde desarrollar una política de producción agrícola, invertir en ella y garantizar que los sueldos alcancen para alimentarse adecuadamente. Que en El Salvador más del 60% de la población esté subempleada, tenga un trabajo inestable y no esté afiliada a la seguridad social, aumenta el riesgo no solo de caer en la pobreza, sino también de pasar hambre. La persistencia de la pobreza, que afecta al menos a una cuarta parte de los ciudadanos (más de dos millones de personas), aumenta las posibilidades de que un buen número de compatriotas sufran hambre crónica.

El tema es preocupante; la ciudadanía debe exigir políticas públicas y medidas concretas que enfrenten la realidad del hambre y de la pobreza. La revisión y aumento del salario mínimo, que corresponde hacerlo durante este año 2024, no se debe posponer. El costo de la canasta básica alimentaria se ha elevado de tal modo que el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir las necesidades del hogar. El refuerzo alimentario en las escuelas, la pensión no contributiva a ancianos en pobreza, la subida del salario mínimo, la formalización del trabajo informal, el apoyo a comerciantes de dicho sector y a emprendedores, la mejora cualitativa de la educación y el bachillerato obligatorio deben ser responsabilidades gubernamentales prioritarias. El hecho de que la pobreza sea mayor en las zona rurales que en las urbanas muestra la despreocupación estatal por la producción alimentaria. El hambre es una realidad inhumana que debe revertirse. Si a causa de una deuda externa que no para de crecer el país cayera en situación de impago, las repercusiones de la falta de soberanía alimentaria serían brutales para las mayorías.

La información sobre la adquisición de un edificio antiguo en el Centro histórico por uno de los hermanos Bukele descolocó a la familia presidencial. El hermano presidente nunca antes había perdido la compostura como en esta ocasión ni sus hermanos habían polemizado con los críticos en las redes sociales. Los Bukele reaccionaron con “el ladrón juzga por su condición” y “el que las usa, se las imagina”, afirmaciones que aparentan decir todo, sin aclarar nada, para desviar la atención hacia el periodista. Luego, dieron lecciones sobre cómo establecer una empresa, acumular capital o administrar un negocio. Consejos que están fuera de lugar. Al igual que sus diputados, sus intervenciones empeoraron su posición.

Si no desean o no pueden responder directamente a los cuestionamientos, lo más prudente es guardar silencio, como lo hicieron cuando se reveló que casi habían duplicado su propiedad con la adquisición de varios inmuebles, valorados en más de nueve millones de dólares, y como lo hacen constantemente ante las interpelaciones de la gente. La apasionada respuesta de la familia presidencial indica que la denuncia tocó una fibra muy sensible, pero como no aclara las dudas sobre su capital, alimenta la sospecha de que oculta algo muy grueso.

El origen de la contrariedad no es la fuente, sino los hechos revelados. La cuestión no consiste en si el periodista recibió financiamiento, sino si su información es verídica o no. Si los datos son ciertos, la existencia de un pago para perjudicar a la familia presidencial no les resta credibilidad. En todo caso, arroja dudas sobre el motivo detrás de la difusión de un secreto familiar. Si la información es falsa, entonces, sí, se justifica criticar la fuente. La obstinada resistencia a facilitar información y la reacción tan poco presidencial de Bukele apuntan a la primera posibilidad.

El tema no es si la familia Bukele invierte o no en el país, ni si confía o no en las promesas del hermano presidente como para invertir una porción grande de un patrimonio originalmente de dimensiones más bien modestas. Tampoco se discute si usó información privilegiada, sino el origen de más de un millón de dólares para adquirir el inmueble en cuestión y remodelarlo. La legalidad de la transacción no está reñida con las exenciones impositivas decretadas por el hermano presidente dos meses y medio antes.

No se trata de una familia inversionista cualquiera, empeñada en aumentar sus ingresos y su capital, sino de la familia presidencial. En concreto, de un hermano del presidente, quien no puede alegar ser un ciudadano común y corriente, cuyas actividades, por tanto, tienen carácter privado. Si bien no es un funcionario, es uno de los poderes más influyentes detrás del sillón presidencial. Por otro lado, la rápida y abultada expansión del capital de la familia suscita dudas sobre su legalidad. Los hermanos Bukele lo atribuyen a la herencia paterna, lo cual llevó a sus detractores a indagar su procedencia y su legitimidad. Sus averiguaciones arrojan más sombras que luces.

Es irónico que la causa de la polémica sean los mismos Bukele. Si la información fluyera, la controversia actual no tendría sentido. Un presidente que se precia de estimar la honradez por encima de cualquier otra cosa se habría esmerado en dar cuenta de sus ingresos y su patrimonio y del de sus hermanos. La transparencia es la mejor defensa contra los cuestionamientos y, además, permite perseguir a los corruptos con autoridad. Si la familia presidencial es un ejemplo de honestidad, qué sentido tiene ocultarlo.

Los objetivos de Bukele están claros. Su prioridad es su familia y su legado. Más este que aquella. El legado le quita el sueño, la familia no. Tampoco lo altera la postración del pueblo salvadoreño. Su mayor temor es ser recordado como corrupto por las futuras generaciones. La fama y la familia son valores tan firmes que no estaría dispuesto a arriesgarlos por dinero. Uno de los Somoza dijo que todo es comprable si se paga su precio. Un buen “cañonazo” de dólares es irresistible.

Aunque las revelaciones periodísticas pusieron en entredicho las prioridades presidenciales, la solución es relativamente fácil. El honor de la familia y el legado presidencial se redimen con información clara, completa y veraz. La familia Bukele es víctima de sus propias maquinaciones. Levantó barreras para proteger sus tejemanejes de la crítica, pero fue demasiado lejos o demasiado ingenua. Ya está claro “en qué liga estamos jugando”: una donde Bukele comienza a perder un partido tras otro.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Mientras el mundo vive una era en la que las personas hacen público lo que antes era parte de la esfera privada, El Salvador y su Gobierno se rigen por el principio de la máxima reserva de la información que, por ley, es pública. Según la Real Academia de la Lengua Española, “transparente” significa “algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Por el contrario, lo opaco es algo oscuro, poco claro. La transparencia es contraria a la corrupción, que depende de la opacidad para medrar. De hecho, la transparencia que conlleva la rendición de cuentas nace como un mecanismo de control de la corrupción; por eso, en la actualidad, la transparencia es considerada como el principal antídoto contra la corrupción y un requisito para cultivar la confianza ciudadana. Por tanto, es un derecho que le permite a la ciudadanía conocer sobre los procesos, los presupuestos, los contratos y todas las acciones relacionadas con el uso de los recursos públicos.

Es de rigor en materia democrática que el proceso de toma de decisiones esté expuesto al examen de los mecanismos de control y de la ciudadanía, de modo que la gente conozca qué medidas se toman y quiénes son sus responsables. Lo que ha pasado en el país es que la frontera entre lo público y lo privado ha desaparecido. En la actualidad, Nayib Bukele y los suyos gobiernan desde una lógica patrimonialista; es decir, entendiendo al Estado como una de sus propiedades. Antes se decía que el país y sus recursos eran usados como una finca, ahora más bien se dispone de ellos como la empresa privada de la familia gobernante. Y el respaldo social al Gobierno se interpreta como licencia para no rendir cuentas de nada ni a nadie.

Procesar presidentes por corrupción fue posible por las condiciones de transparencia de ese momento. Al llegar la administración de Bukele, la Secretaría de Transparencia fue eliminada y al Instituto de Acceso a la Información Pública se le convirtió en simple adorno. Y así la opacidad pasó a ser política de Estado. Se ha ocultado información sobre la compra de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia, sobre el bitcoin, sobre las grandes construcciones y sobre un muy largo etcétera. Antes los mandatarios debían presentar su declaración patrimonial al comenzar su gestión y al terminarla, ahora eso es parte de la información reservada. ¿Para qué esconder el uso del dinero público si todo de verdad se hace bien? ¿Por qué atacar a quienes cuestionan la falta de transparencia si se tiene las manos limpias?

En el Plan Cuscatlán, en el apartado de modernización del Estado, en el eje 2, que trata sobre gobierno abierto, se afirma que “se aspira a conducir el Estado hacia la fiscalización social y la auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formatos de datos abiertos”. Y más adelante, que “la rendición de cuentas se visualiza como una práctica cotidiana e institucionalizada que debe realizarse no solo por obligación, sino por convicción de parte del servicio público”. Por supuesto, el Plan quedó en papel mojado; El Salvador tiene hoy el Gobierno más opaco de toda la posguerra. Ni Arena, ni el FMLN se atrevieron a tanto. Y por ello la fobia de Nayib Bukele y los suyos a la transparencia es lógica y necesaria: como al parecer todo deben, todo temen.

Editorial UCA

Mientras el mundo vive una era en la que las personas hacen público lo que antes era parte de la esfera privada, El Salvador y su Gobierno se rigen por el principio de la máxima reserva de la información que, por ley, es pública. Según la Real Academia de la Lengua Española, “transparente” significa “algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Por el contrario, lo opaco es algo oscuro, poco claro. La transparencia es contraria a la corrupción, que depende de la opacidad para medrar. De hecho, la transparencia que conlleva la rendición de cuentas nace como un mecanismo de control de la corrupción; por eso, en la actualidad, la transparencia es considerada como el principal antídoto contra la corrupción y un requisito para cultivar la confianza ciudadana. Por tanto, es un derecho que le permite a la ciudadanía conocer sobre los procesos, los presupuestos, los contratos y todas las acciones relacionadas con el uso de los recursos públicos.

Es de rigor en materia democrática que el proceso de toma de decisiones esté expuesto al examen de los mecanismos de control y de la ciudadanía, de modo que la gente conozca qué medidas se toman y quiénes son sus responsables. Lo que ha pasado en el país es que la frontera entre lo público y lo privado ha desaparecido. En la actualidad, Nayib Bukele y los suyos gobiernan desde una lógica patrimonialista; es decir, entendiendo al Estado como una de sus propiedades. Antes se decía que el país y sus recursos eran usados como una finca, ahora más bien se dispone de ellos como la empresa privada de la familia gobernante. Y el respaldo social al Gobierno se interpreta como licencia para no rendir cuentas de nada ni a nadie.

Procesar presidentes por corrupción fue posible por las condiciones de transparencia de ese momento. Al llegar la administración de Bukele, la Secretaría de Transparencia fue eliminada y al Instituto de Acceso a la Información Pública se le convirtió en simple adorno. Y así la opacidad pasó a ser política de Estado. Se ha ocultado información sobre la compra de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia, sobre el bitcoin, sobre las grandes construcciones y sobre un muy largo etcétera. Antes los mandatarios debían presentar su declaración patrimonial al comenzar su gestión y al terminarla, ahora eso es parte de la información reservada. ¿Para qué esconder el uso del dinero público si todo de verdad se hace bien? ¿Por qué atacar a quienes cuestionan la falta de transparencia si se tiene las manos limpias?

En el Plan Cuscatlán, en el apartado de modernización del Estado, en el eje 2, que trata sobre gobierno abierto, se afirma que “se aspira a conducir el Estado hacia la fiscalización social y la auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formatos de datos abiertos”. Y más adelante, que “la rendición de cuentas se visualiza como una práctica cotidiana e institucionalizada que debe realizarse no solo por obligación, sino por convicción de parte del servicio público”. Por supuesto, el Plan quedó en papel mojado; El Salvador tiene hoy el Gobierno más opaco de toda la posguerra. Ni Arena, ni el FMLN se atrevieron a tanto. Y por ello la fobia de Nayib Bukele y los suyos a la transparencia es lógica y necesaria: como al parecer todo deben, todo temen.

El lenguaje tiene las más de las veces una función orientada a la acción. Por eso alguna frases y discursos pueden resultar profundamente peligrosas. Un padre de familia machista y que ejerza como tal puede crear un seria baja autoestima en sus hijas, o convertir a su hijo en un futuro maltratador de mujeres. Todos conocemos las aberraciones brutales de los discursos racistas y antisemitas de Adolf Hitler y a dónde condujo el odio concentrado en las palabras.

Toda persona con poder, desde los estratos más sencillos a los más altos, tiene responsabilidad con su lenguaje. El odio a grupos étnicos, a grupos sociales, o simplemente a opositores, puede llevar a unas situaciones de violencia que niegan valores básicos de humanidad. Hay países en los que ese tipo de lenguaje, a veces alentados por algunas personas con cierto liderazgo ideológico, han llevado a disparar contra inocentes y a causar innumerables muertes.

Poner algunos ejemplos de frases peligrosas nos ayuda a reaccionar frente a ellas, en las últimas semanas el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y actual candidato a la Presidencia de dicho país, se ha lucido lanzando frases de contenido racista tan desaforadas como peligrosas. Afirmar, refiriéndose a inmigrantes, que Estados Unidos sufre “una invasión de salvajes criminales” puede parecer una bufonada de un fulano imbécil, pero en realidad es un acto de agresión racista con evidentes tintes de aporofobia.

Y cuando las frases se repiten diciendo que los migrantes violan a las mujeres norteamericanas, que se comen las mascotas o que vienen de países de mierda, no se puede uno contentar con que se nos diga que es lenguaje político, que no hay que hacer caso, o que al final no pasará nada. La violencia verbal, y Trump la tiene, siempre es un presagio de otras formas de violencia.

Un país como el nuestro, que le debe tanto a los migrantes, y que sabe que la inmensa mayoría de los que han ido a Estados Unidos son gente honrada, solidaria y trabajadora, no puede quedarse ni indiferente ni tranquilo ante este tipo de agresiones a la dignidad de nuestra gente.

Como sabemos que el pueblo norteamericano es en su conjunto mucho más sensato que este millonario senil y malcriado, estamos seguros que sus palabras no llegarán a desencadenar brutalidades como las que Hitler propició. Pero de lo que no hay duda es de que el lenguaje de este ex presidente se parece bastante al del genocida alemán.

Aunque en un tono no como el de Trump, hay también otras frases peligrosas que ponen en riesgo valores básico. Recientemente, en un contexto de enfrentamiento con las acusaciones de mal trato carcelario en El Salvador que vertió Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, nuestro presidente contestó afirmando que “estos organismos de derechos humanos en realidad sólo existen para defender los derechos de los criminales”.

La frase es peligrosa porque en primer lugar no es cierta. El sistema de Derechos Humanos de la ONU ayudó a que finalizáramos la cruel guerra civil que nos sacudió en el pasado. Y ha tenido en Centroamérica una clara actividad en favor de las víctimas de la violencia estatal en momentos de conflicto y de abuso de poder por parte de estamentos militares.

La frase es peligrosa porque indica un actitud repetitiva y hostil a un tema que es básico para la convivencia y que no se arregla simplemente con la verborrea de un comisionado asalariado, encargado de decir que todo camina bien en el campo de los derechos.

En El Salvador hay excelentes instituciones defensoras de Derechos Humanos. No escucharlas o no dialogar con ellas es un error. Atacarlas o sembrar con el lenguaje una estigmatización en perjuicio de personas que defienden derechos no hace más que dañar la democracia y generar riesgos para personas comprometidas en la defensa de la igual dignidad humana.

En la tendencia a dañar y estropear el Estado de derecho y a reducir —cuando no eliminar— derechos ciudadanos, la semana pasada se propuso aumentar los términos máximos de la prisión preventiva en el país, fijados hasta ahora en dos años. La propuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es que la prisión preventiva por un delito equivalga a la mitad del máximo de años de cárcel establecido para esa falta. En otras palabras, si la pena máxima por un homicidio es de 30 años, la prisión preventiva y el plazo para dictar sentencia sería de 15 años. De este modo, si el encausado fuera inocente, podría permanecer 15 años encarcelado por un delito que al final el juez diría que no ha cometido. Considerando que las condenas pueden sobrepasar los 40 años, la propuesta daría pie a la arbitrariedad acusatoria y la pereza judicial.

La propuesta es disparatada desde todos los ángulos y puntos de vista. Ya los anteriores Gobiernos negaron en la práctica la presunción de inocencia; el actual quiere llevar la situación a condiciones semejantes a las de la Inquisición, hace cinco siglos. De hecho, ya se está violando el artículo 12 de la Constitución, que dice claramente que “toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”. Los largos años de cárcel a la espera de juicio no son asunto nuevo en El Salvador, pero la falta de garantías para la defensa y las grave irregularidades en los procesos judiciales a raíz del régimen de excepción muestran a las claras una situación evidente de indefensión y de vulneración de derechos humanos básicos. Si se llega a admitir esa ley que promueve y legitima el castigo anticipado, las denuncias internacionales colocarán al país en una situación difícil.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia advirtió a los diputados del riesgo de que el exceso de tiempo en prisión preventiva pueda considerarse una anticipación de la pena y sugirió la posibilidad de cambiar la propuesta de modo que solo aplique a casos fundados en la normativa legal. Con ello se evidencia que el magistrado conoce la jurisprudencia internacional y desea que el país no caiga en otra violación del Estado de derecho. Pero trasluce también la dependencia de los jueces y su miedo a no atender adecuadamente los caprichos de quienes hoy en día dirigen la política penal. Un juez independiente le habría dicho a los diputados que la propuesta es inconstitucional. Queda claro, pues, que urge recuperar la independencia judicial. Por desgracia, esto carece de importancia para quienes se han acostumbrado a pensar que la obediencia al Ejecutivo es la única manera de conservar puestos y privilegios.

En Argentina, Bukele no pudo presentar la economía nacional como su segundo gran éxito después de la seguridad. El ego y la realidad se combinaron para traicionarlo. Se presentó ante la vicepresidenta argentina como un líder cosmopolita y refinado, sin convencer. El discurso enrevesado y el lenguaje rebuscado no fueron suficientes para imprimir credibilidad a un relato desinformado, inconsistente y contradictorio. La expresión de pasmo de su interlocutora, ultraderechista, pero educada, lo dijo todo. Bukele quiso presentar una realidad económica muy prometedora, pero se perdió e hizo exactamente lo contrario

En efecto, reconoció que el desempleo es general. Las tres excepciones que hizo para matizar esa realidad no están respaldadas por las estadísticas oficiales. La zona rural se vacía a pasos agigantados por falta de empleo y no existe un plan de recuperación. La construcción ha retrocedido y el desempleo ha aumentado. Es falso, por tanto, que se importe fuerza de trabajo hondureña y nicaragüense. En la industria, el desempleo se ha duplicado en un año. El turismo no es diferente. Bukele no se atrevió a analizar el problema. Se contentó con agregar un lacónico “ahí vamos”. No podía decir más, porque no había nada más que decir. La economía no va ni bien, ni mal. Puede ir mejor, pero también puede ir peor.

En esa ambigüedad del “sí, pero no”, Bukele le dijo a la vicepresidenta que la juventud es una “apuesta grande” y, sin más, negó la incidencia de los proyectos directos —el grafiti, las patinetas y el hip-hop— que trajo a cuento como prueba al aclarar que “no hay forma que el gobierno tenga presupuesto para cambiar a una generación de jóvenes”. Mucho menos si recorta el presupuesto de educación y cultura para engrosar el de la presidencia y la defensa. La juventud no es prioridad para Bukele. Al igual que la mayoría de la población, debe aguardar a que, en algún momento, “la economía mejore”, ya que es “la única forma de cambiar todo”. Cuando eso ocurra, los jóvenes se animarán a hacer dinero y a acumular patrimonio.

Eso no ocurrirá. La economía no crece por arte de magia ni multiplica ininterrumpidamente por dos el PIB, desde uno hasta los miles de millones de dólares, tal como un Bukele impertérrito le aseguró a una vicepresidenta estupefacta. Confundió el interés compuesto con una simple multiplicación. Una extravagancia que las redes digitales no le perdonaron. En consecuencia, los desempleados y los jóvenes, continuó Bukele, no deben desesperar. La prosperidad llegará, aunque “no va a pasar de la noche a la mañana”. Eso sí, cuando llegue, no será de “unos pocos, sino la economía de la mayoría”. No obstante, hasta ahora, no ha dado ningún paso para redistribuir el ingreso nacional, que se acumula en los grandes capitales, las multinacionales y su familia.

Abandonada a las fuerzas ciegas y la mano invisible del mercado, la economía crea un capitalismo salvaje, el ideal del neoliberalismo actual. Por tanto, si llega a crecer, no será en beneficio de los desempleados y los jóvenes. Tampoco habrá escuelas, hospitales, infraestructura y “todo lo demás”, tal como promete Bukele. Su presupuesto para el año que viene así lo establece. El ejército de desempleados ya no es el motor de la economía. En su lugar, Bukele ha colocado la infraestructura. Tal vez porque no había descubierto “la función simétrica” de las carreteras, que lo mismo conducen a la escuela que a la playa o al trabajo.

El desarrollo con equidad exige más que un crecimiento económico multiplicado por dos hasta el infinito. Exige decisiones, programas, mecanismos y procesos orientados a una mejor distribución del ingreso, a crear fuentes de trabajo digno y a la promoción integral de los jóvenes, los desempleados y los excluidos en general. Pretender aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral, crea más desigualdad y exclusión.

La invocación del nombre de Dios no faltó en Argentina. Bukele confesó ser un creyente sincero y abundó en sus creencias. Reconoció la misericordia de Dios y la dignidad de todos los seres humanos, imagen e hijos suyos. La profesión de fe de Bukele no es tan piadosa como parece. Se sirvió de ella para justificar la violación sistemática de los derechos humanos de la población penitenciaria. Dios perdona a sus hijos arrepentidos, pero él no. Dios los creó a imagen suya y les confirió una dignidad irreductible, pero sus carceleros y torturadores los tratan como objetos abominables.

La fe verdadera no pisotea la dignidad de los hijos de Dios, incluidos los criminales. Estos no son un error, sino ovejas perdidas, que cometieron errores, algunos muy graves. Nadie es un error y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, algo que Bukele les niega. No actúa como hijo de Dios, sino como ángel exterminador. Cabe recordarle que con la medida que trata a los otros, así será tratado cuando le llegue la hora.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.