Editoriales y Opiniones

Editorial UCA

Los teóricos y propagandistas de la guerra inventaron un término exculpatorio de los crímenes cometidos: “Daños colaterales”. Ya en el siglo XVI, quienes criticaban las guerras reconocían que en ellas podía haber víctimas inocentes. Pero a partir de mediados del siglo XX, los conflictos armados comenzaron a causar sistemáticamente más muertes en personas ajenas a ellos, como mujeres, niños y ancianos. Hoy, por lo general, mueren más civiles que combatientes. Los reclamos de las Iglesias o de las Naciones Unidas ante esta situación de injusticia y violación a derechos caen rápidamente en el olvido. Se ha naturalizado, se ha convertido en algo normal que muera más población civil, especialmente de sectores vulnerables, que combatientes. Los norteamericanos consagraron el término daños colaterales para justificar los abusos de sus guerras. La guerra de Israel contra Hamás es en la práctica una guerra contra la población civil de Gaza. Pero también en Sudán o en Etiopía, entre otros lugares, las guerras internas se convierten en masacres de civiles o incluso en verdaderos genocidios.

Esta naturalización de violaciones a derechos humanos se traslada con frecuencia a otros aspectos de la actividad social. La persecución del delito se convierte en algunos países, como el nuestro, en “guerra” contra la delincuencia y se termina dañando y golpeando a inocentes por la arbitrariedad con la que se procede. La violación a derechos humanos de personas inocentes se ha justificado en El Salvador aludiendo a daños colaterales, considerándolos normales en una guerra contra el crimen. Con el término “guerra” no solo se termina naturalizando que el enemigo carece de derechos, sino que las injusticias contra inocentes son normales por el fin que se persigue. El pensador renacentista Maquiavelo les decía a quienes tenían poder que era mejor “ser temido que amado”. Y para que quedara más claro, le recomendaba al gobernante que aprendiera a “comportarse como bestia y como hombre”. Sin necesidad de acudir a la lectura de los clásicos, muchas autoridades han optado por la mezcla de humanidad populista y uso del poder para infundir miedo y paralizar la acción social frente a los desafueros.

La naturalización del abuso de inocentes, aunque pueda crear miedo y parálisis social, beneficiando con ello a quien ostenta el poder, termina multiplicando la cultura de la violencia y generando conflicto. Un país que quiera vivir en paz tiene que perseguir el delito, pero no desde la violencia, sino desde la investigación y desde un sistema judicial eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Lo contrario lleva siempre a perpetuar tensiones. Priorizar el diálogo y buscar un desarrollo inclusivo siempre es mejor que generar heridas y resentimientos. Los países centroamericanos deben ser vistos y comprendidos por toda la ciudadanía como proyectos de realización común, no como el triunfo excluyente de un sector de la población que se impone autoritariamente sobre los demás. Hace prácticamente cuatro años, en su carta Fratelli tutti, dirigida a todas las personas de buena voluntad, el papa Francisco decía: “Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común”. Las guerras y la minusvaloración de sus víctimas no hacen más que multiplicar los daños a la humanidad.

Las nuevas tecnologías de la información han impactado y cambiado al mundo de diversas maneras, algunas de ellas profundamente. Y en ese marco sobresalen las redes sociales, que permiten la conexión permanente y al momento con el acontecer mundial, y que han pasado a ser parte fundamental de la vida de una inmensa mayoría de la población global. Esto pese a su lado oscuro: las redes sociales se han convertido en la arena privilegiada para dañar a personas, instituciones y gobiernos; sus algoritmos suelen premiar la violencia, barbarie e intolerancia de los usuarios; son fuente inagotable de falsedades y desacreditación. La horizontalidad que propician en la participación ciudadana está aparejada con la abundancia de prejuicios y mentiras, en el mejor de los casos, y daño intencionado, en el peor. Gracias a las redes, toda personas tiene a mano un altoparlante para volcar sus opiniones, juicios de valor y frustraciones sobre quién sea y lo que sea.

El Gobierno de Bukele apostó desde su inicio por la comunicación como principal estrategia. Creó una gigantesca maquinaria mediática que en la actualidad incluye, entre otros, canales digitales, portales, granjas de troles y medios de comunicación convencionales. El objetivo es claro y de doble rasero: por un lado, alabar, sobredimensionar e inventar bondades de Bukele y su administración; y por otro, atacar a toda persona e institución que cuestiona los planteamientos y acciones del régimen. En algunas redes sociales, las mentiras gubernamentales parecen ser parte de una política de Estado para desacreditar e imponer la versión oficial de los hechos. Mediante el engaño y una intensa y omnipresente propaganda se ha manipulado la opinión pública.

Sin embargo, las tecnologías de la comunicación están jugado un nuevo papel en el sino del oficialismo: hoy están siendo utilizadas por diversos actores para desmontar el discurso de Bukele y desvelar realidades que con esmero se ha buscado ocultar. El destape del uso indebido y antiético de los fondos públicos en la Asamblea Legislativa para contratar a parientes, familiares y amigos, y desviar fondos a Nuevas Ideas ha minado seriamente la credibilidad de los cyan. A ello se sumó la filtración de la planilla de los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que expuso el salario desproporcionado de los servidores públicos. Y finalmente, la reciente filtración de grabaciones en las que figuras destacadas del oficialismo planean acciones de espionaje y acoso. Por el momento, Bukele y su Gobierno han perdido la iniciativa; estando contra las cuerdas en el ring de las redes sociales, no les ha quedado de otra que bloquear cuentas que consideran opositoras y guardar un inusual e incriminatorio silencio.

El siniestro del helicóptero militar que se cobró la vida de nueve personas (entre ellas, la cúpula de la policía) pareciera indicar que un enemigo mucho más poderoso que las pandillas acecha a Bukele. Sus reacciones, una mezcla de desconcierto, impotencia y cólera, más la confusión sobre las circunstancias de la tragedia, apuntan en esa dirección. Él fue el primero en reconocer que no fue “un simple accidente”. Por tanto, fue un asesinato. Delante de los féretros y de los familiares de las víctimas admitió su consternación. Había ocurrido algo inimaginable para quien pensaba que controlaba el país. Incapaz de articular un mensaje de pésame y solidaridad, se refugió en el gastado tópico del “país más seguro del mundo”, sin caer en la cuenta que, a sus espaldas, yacían ocho cadáveres que lo negaban. El 15 de septiembre, volvió a lamentar la pérdida de sus héroes, sin aclarar lo ocurrido.

Si no fue un simple accidente, lo cual es muy probable, dado que la información disponible es discordante, la mano criminal es muy poderosa. Actúa desde las profundidades de la dictadura con asombrosa eficacia. A falta de información, se pueden adelantar dos hipótesis no excluyentes: la primera, existe una feroz lucha interna de poder; la otra, se trató de un ataque del crimen organizado contra un puntal de la dictadura. También puede tratarse de una lucha de facciones del oficialismo, vinculada al crimen organizado. Sea lo que sea, ante este enemigo, la llamada guerra contra las pandillas fue un juego de policías y ladrones: los pandilleros se dejaron capturar sin ofrecer resistencia armada. El modelo de Bukele no está a la altura de este otro enemigo, que actúa desde dentro con inteligencia, armamento y eficacia.

La brecha en la seguridad de la dictadura dejó expuestos a unos colaboradores tan cercanos e indispensables que Bukele no sabe cómo reemplazarlos. Tampoco está preparado para esclarecer los hechos con la celeridad con la que presume capturar delincuentes comunes. Desconfiado de sus organismos de inteligencia, solicitó investigadores estadounidenses, una petición a la que Washington accedió de inmediato. El manto de silencio lanzado sobre la tragedia no augura nada bueno. Probablemente, las familias nunca sabrán en realidad qué ocurrió. El miedo y la incompetencia paralizan a la dictadura. La pompa fúnebre pretendió llenar ese vacío. Pero, sepultados los cuerpos de las víctimas, las preguntas sin respuesta, la especulación y la brecha en la seguridad personal de los colaborares permanecen.

El modelo de Bukele tiene mucho de ficción. Días antes de la caída del helicóptero, el líder de una de las pandillas más grandes fue asesinado en una de sus cárceles de máxima seguridad. Las circunstancias de este crimen son tan oscuras como las del helicóptero. A diferencia de las víctimas de este, exaltadas como héroes, la otra ha sido olvidada. Este asesinato nunca ocurrió como tampoco los más de 300 acaecidos en las cárceles de Bukele. No es cierto, pues, que hayan transcurridos 700 días sin homicidios. En todo caso, sin homicidios perpetrados por pandilleros, que, según el registro oficial, son los únicos que cuentan.

No es casualidad que en el discurso del 15 de septiembre Bukele se haya puesto a la defensiva, en una explanada atiborrada de soldados mudos, en lo que quiso ser una demostración de fuerza del señor de los ejércitos. Además de perder a sus héroes, se enfrenta con la filtración de la base de datos del seguro social con los salarios astronómicos de sus funcionarios, la circulación de audios que reproducen conversaciones comprometedoras de varios burócratas de Casa Presidencial con otro colaborador, también asesinado, y con una multitudinaria marcha de protesta, que reunió a un amplio abanico de organizaciones sociales,

Una vez más, defendió su maltrecho modelo de seguridad y la incompetencia de la inversión pública. Atacó duramente a quienes le exigen obras de infraestructura social. Los acusó de no entender que la vida marcha paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y los exhortó a ser pacientes. Todo llegará, a su debido tiempo y de su mano. La solución a la crisis nacional la atribuyó, irónicamente, al “pensar en colectivo” y, en definitiva, a la voluntad divina, que decide directamente el acontecer del país. Bukele hace lo que puede, pero es Dios quien decide en último término, con lo cual se libra de responsabilidades.

Impotente para prevenir las adversidades y derrotar a sus enemigos, Bukele confía ciegamente en que Dios lo librará. En el día de la independencia, el presidente de un Estado oficialmente laico hizo confesión de fe y de confianza en la voluntad divina. Si es honesto, su providencialismo peca de ingenuidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José M. Tojeira

Los que creemos en Dios sabemos que a Él no lo podemos usar ni manipular. Sin embargo, la palabra Dios es usada con demasiada frecuencia en la política. Y conociendo a los políticos lo primero que debemos preguntarnos es si usan o abusan de la palabra. También si lo hacen por ingenuidad o por cinismo, por necedad o por deseo de manipular personas o situaciones. San Agustín, pensador universal de hace varios siglos, solía decir que los hombres buenos “se sirven del mundo para venir a gozar a Dios; pero los malos, al contrario, para gozar del mundo se quieren servir de Dios”.

Servirse de Dios para, supuestamente, fortalecerse es lo que vemos cuando los políticos hablan de Dios o de la tradición cristiana y simultáneamente atacan, mienten y denigran a los migrantes, se enfurecen con las críticas y reprimen a los opositores. Es normal que terminamos pensando que algo humano falla en tales personalidades, por importantes que sean. Y que su cristianismo está severamente averiado.

Otro de los pensadores famosos, pero muy diferente de Agustín, fue Maquiavelo. Él decía que a quien gobierna puede convenirle aparecer como bueno y piadoso. Pero que también “debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario”. O en otras palabras del mismo autor, “un príncipe (gobernante) debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre”. Aunque la política debe ser el campo del gobierno de leyes, sigue habiendo políticos que no dudan en comportarse como bestias, aunque lo disimulen con diferentes razones.

La fuerza bruta es siempre una tentación en política. Basta ver la cantidad de coroneles y generales que se han impuesto como gobernantes en nuestra bicentenaria historia independiente. Irse de un extremo a otro y combinar bestia y hombre simultáneamente no tiene razón de ser en una democracia.

Pero los autoritarismos actuales no nos vienen vestidos con quepis y charreteras. Hoy los enemigos de la democracia suelen venir de dentro de la misma, ganando elecciones y cambiando leyes para perpetuarse en el poder. Y como laicos que son en países de tradición cristiana, no resisten la tentación de referirse a Dios, manipulándolo a su gusto para conseguir la aceptación de la gente. Las negociaciones oscuras, el enriquecimiento ilícito, la despreocupación por la situación de los pobres, diferentes formas de corrupción conviven fácilmente con el deseo de que Dios proteja al país.

Al final terminan hablando de un dios con minúscula, que no exige cambios, ni opción preferencial por los pobres, ni mucho menos justicia y reparación para quienes han sufrido graves violaciones de sus derechos. Un dios con minúscula que no llega ni siquiera a ser un ídolo, porque las idolatrías modernas del poder y del dinero no lo ven como un rival ni como un igual.

Frente al dios irrelevante de los políticos el Dios cristiano llama siempre a la paz, a la justicia y hacia la transparencia y el esplendor de la verdad. Y asume pacíficamente el sufrimiento en esa lucha en favor del bien y del amor. No dice que hay que amar a los buenos y odiar a los malos sino que hay que permanecer fiel en la acción de buscar el amor para todos, aunque esa actitud lleve hacia la cruz. Quienes invocan un dios falso desde el poder, buscan siempre el fracaso e incluso el dolor del enemigo. El Dios verdadero quiere que el malvado se convierta y viva. Y eso solamente lo logran los seres humanos cuando desde la fe en el Dios verdadero buscan la paz desde el diálogo, desde la justicia y desde la resistencia en el bien.

Y quienes así actúan no presumen de ser amigos de Dios ni lo meten en todos sus discursos, sino que lo honran desde la verdad, desde la honestidad y desde la dedicación inclaudicable al bien del prójimo, aun a costa de la propia comodidad. Usar a Dios para fines espurios suele tener el mismo efecto que escupir al cielo: termina uno manchado.

La semana pasada se dio una riña entre jóvenes estudiantes de dos institutos públicos de la capital. La pelea a pedradas dejó heridos, cuatro de ellos de seriedad. Las redes se inundaron de comparaciones con las pandillas, presagios de nuevas violencias y peticiones de castigo y mano dura, como si la buena conducta dependiera exclusivamente del castigo. El hecho, más allá de la barahúnda de las redes, merece una reflexión seria sobre la situación de los jóvenes en El Salvador y la incidencia que puede tener en ellos la educación y la cultura.

Para comenzar, habría que preguntarse por la situación familiar de los jóvenes. Familias desestructuradas, con poco diálogo interno, con violencia intrafamiliar, con abandono y ausencia de uno o de los dos progenitores no constituyen el mejor ambiente educativo. Y si algún apoyo debe dar la institucionalidad pública, no basta con poner en la Constitución que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Si en las escuelas se descuida la sana disciplina, no se da un acompañamiento de consejería a los jóvenes, se carece de atención psicológica y no se dialoga sobre las problemáticas de los adolescentes, es difícil querer cosechar ciudadanos imbuidos de una cultura de paz intachable. Añadir castigos exagerados sobre esta situación familiar y educativa precaria suele redundar en una agudización de la cultura de la violencia.

Muchos jóvenes de los institutos públicos viven en zonas en las que la pobreza o la vulnerabilidad están presentes. En otras palabras, sufren y ven sufrir formas de violencia estructural a sus familiares y amigos. Porque eso son los salarios raquíticos e insuficientes, el hacinamiento en viviendas precarias, la falta de atención en los sistemas de salud o las dificultades impuestas a los comerciantes informales. Los jóvenes experimentan que sus salarios, cuando comienzan a trabajar, son peores que los de sus padres. Son, además, los más afectados por la falta de empleo, por la cárcel, por la migración forzada o por el estigma de la violencia cuando viven en determinados barrios. El consumismo les impulsa a poseer cosas, pero su realidad socioeconómica les impide tenerlas. Emigran porque saben que hay vacío y falsedad en las palabras altisonantes de quienes dicen que los jóvenes son el futuro de la patria. Las agencias internacionales de desarrollo insisten en la necesidad de justicia intergeneracional. Sin embargo, una buena parte de las instituciones educativas públicas y la economía del país están diseñadas para que el que nació pobre o vulnerable continúe siéndolo de adulto. Quienes superan esa condena son más la excepción que la regla.

Ver jóvenes violentos no debe impulsar a la condena y al castigo, sino a un examen de conciencia nacional. Si no se reflexiona sobre la violencia que habita en la cultura y las instituciones, nuestra sociedad nunca comprenderá a los jóvenes. La juventud es una etapa de cambio, y todo cambio significa fuerza y dinamismo frente a la situación anterior. Si el cambio no se acompaña, y si quienes deberían acompañar no ofrecen solidaridad, diálogo y cordialidad, no es raro que aparezcan conductas negativas. Los jóvenes reciben e imitan aspectos de una sociedad que margina, que es desigual, que divide entre superiores e inferiores, y que mantiene, desde el poder económico, social y político, estructuras de violencia contra una buena parte de la población. En el fondo, la violencia juvenil debe ser vista por los adultos como una llamada a cambiar un modo de convivir en el que dominan la injusticia social, el autoritarismo y la exaltación de la solución violenta de los conflictos. Los adultos pedimos siempre a los jóvenes que aprendan a convivir. El compromiso adulto con una cultura de paz y justicia social es el único camino para orientar positivamente el dinamismo y la fuerza juvenil.

El Time desvela algunos aspectos personales del strongman nacional. Reside en “un pueblito” de “las afueras de San Salvador”. No se considera de izquierda ni de derechas, sino un político comprometido con “resolver los problemas de la gente”. Su modelo es el emperador romano estoico Marco Aurelio (121-180), que “medita” sobre el gobierno perfecto en su obra más conocida. En esa misma línea, el strongman, antes de tomar una decisión, analiza, contrasta y filosofa. No decide lo más popular ni “lo que más [le] conviene”, sino “lo que le conviene a mi pueblo y al futuro de mi país”.

En sus análisis, el strongman explora sus fortalezas y debilidades, sus objetivos y las amenazas que lo acechan. En sus cavilaciones, encontró un ejército débil y lo duplicó, una policía sin herramientas y la tecnificó, y un sistema penitenciario controlado por los delincuentes y lo limpió. Empero, el siniestro de un helicóptero militar con la cúpula policial y un prófugo muy buscado, antecedido por el asesinato del líder de una pandilla en una de sus cárceles más seguras, pone en entredicho la solidez de sus análisis y, sobre todo, la seguridad de la que tanto presume. Solicitar ayuda internacional para investigar la caída del helicóptero deja en muy mal lugar a su fiscalía, su policía tecnificada y sus servicios de inteligencia. Estos hechos evidencian que el strongman no es tan poderoso como se podría pensar. Tal vez por eso le dijo al Time que no es filósofo ni rey, aunque en X conserva el título.

El strongman se presenta como un gobernante generoso, que habría cambiado su seguridad por la del país. En efecto, de ser “la persona con más seguridad”, con “guardaespaldas, carros blindados y todo”, pasó a ser la más insegura, buscada por “los narcos, los pandilleros, los criminales, las mafias”. El país, en cambio, recorrió el camino inverso: de la inseguridad máxima pasó a la seguridad total. Además de magnánimo, el strongman se muestra humilde. Aunque acepta que el intercambio de seguridades lo hizo muy popular, al Time le confesó que no se siente responsable de dicha popularidad.

La fama trajo consigo la acusación de autoritarismo, un inconveniente que ha asumido estoicamente, ya que “en la vida, todo tiene un costo”. Le molesta que lo llamen dictador, porque “muchas veces los argumentos […] a la luz de la realidad tienen poco” fundamento. Pero, por otro lado, no le quita el sueño, pues no solo “me gusta lo que hago”, sino también “es una realidad y ni modo”. Que lo tachen de dictador “es demasiado pequeño como para que [le] moleste mucho”. Él es mucho más grande. Lo único que le disgusta es no poder “caminar tranquilo por la calle y salir con mis hijas a pasear”.

Estos sacrificios los halló recompensados en la masiva representación de la comunidad internacional el 1 de junio, pues “pocos gobiernos, muy pocos, son reconocidos por el cien por ciento de los países del mundo”. El interés fue gradual hasta convertirse en una avalancha. Después de haber sido condenado por “todo el mundo”, recibió “más atención de la que esperábamos, pero una atención positiva”. El strongman la atribuye a su grandiosa victoria sobre las pandillas, “sin la ayuda de nadie, más bien con las condenas de todo el mundo”.

Las críticas, “una narrativa muy fuerte en contra”, tampoco lo perturban, porque la democracia es libertad. Más aún, “nos preciamos de ser un país libre en todo sentido. Pocos países del mundo pueden decir tal cosa, nunca hemos reprimido una manifestación, aunque no digo que no lo vayamos a hacer en el futuro”. El partido oficial no es único, sino “hegemónico, muy hegemónico”. El partido único “no es compatible con la democracia”. Por tanto, la ciudadanía puede elegir y eligió libremente. La falsedad de las críticas se manifiesta “cuando la gente viene aquí y ve la realidad” y la contrasta “con lo que se ha dicho afuera”. Lo que no dice es que cuando los turistas ya no puedan hacer ese contraste y dejen de venir, y cuando los de dentro se cansen, arreciará la represión.

El strongman aseguró que no volverá a reelegirse, por no permitirlo la Constitución ni su esposa. El primer argumento no tiene peso. La constitucionalidad nunca ha sido un obstáculo para él. El segundo es más serio, pero, si se le antoja, tampoco lo detendrá. La tentación de permanecer en el poder es fuerte, no solo por la ambición, sino también porque no desea volver al sector privado. Una posibilidad, dado el éxito de su modelo, es emplearse como asesor de otros strongmans interesados en él. No sería el primero en encontrar esa salida. Jefe guerrillero amante de la guerra hay que, dejadas las armas, se empleó como negociador de conflictos en otros países. Hasta en eso sería como los mismos de siempre.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En la actualidad, las campañas anticorrupción son utilizadas por los gobiernos autoritarios para atacar, perseguir y encarcelar a los opositores, mientras sus corruptos son protegidos. En El Salvador, la corrupción dejó de ser un fenómeno para convertirse en una especie de cultura que atraviesa a la sociedad en todos sus estratos y en muchas de sus dimensiones. En lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública, la deshonestidad y la compra-venta de decisiones gubernamentales han sido la norma.

Aunque toda corrupción es dañina, hay niveles de corrupción por el perjuicio que causan. El periodista y pensador Moisés Naím distingue tres niveles. El primero es el más común: la corrupción clásica, que generalmente es transaccional, es decir, que implica el intercambio de favores. Por ejemplo, el automovilista que soborna a un policía para evitarse una esquela o el funcionario que agiliza o aprueba un trámite a cambio de dinero. Esta corrupción, tanto de quien da como de quien recibe, es una enfermedad que debilita a la sociedad. El segundo nivel se da en países gobernados por cleptócratas, es decir, personas enfocadas en el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. En una cleptocracia, el primer ministro o el presidente dispone de los fondos del Estado como si fuesen propios y, para ganar lealtades, reparte dádivas entre su círculo cercano: familiares, amigos, compadres, prestanombres, socios, aliados políticos, altos militares, etc. Este tipo de corrupción puede llevar a la quiebra a un país.

El tercer nivel es el de la corrupción propia de los Estados mafiosos, aquellos en los que el crimen organizado está al frente del Gobierno. La mafia gobernante usa el Estado para alcanzar sus objetivos, que casi siempre redundan en la acumulación de riqueza. En este contexto, la corrupción no solo es una fuente de enriquecimiento ilícito, sino un potente instrumento político. Los gobernantes de los Estados mafiosos usan la corrupción como un arma para acrecentar su poder e influir en las relaciones internacionales. Es esta la escala más alta de la corrupción, pues ya no se trata de que el crimen organizado influya en los gobernantes desde fuera, sino que está instalado en el Gobierno.

La mafia tiene su propio modo de operar. Tiene una estructura jerárquica en la que la lealtad y el respeto al jefe mafioso es fundamental. El secreto y el silencio son parte del código de honor. A la hora de defender sus intereses, la mafia actúa sin escrúpulos, valiéndose de cualquier medio. Usa la violencia y la intimidación para zanjar las diferencias internas, eliminar rivales, controlar territorios y aumentar su poderío. A escala global, la corrupción de los Estados mafiosos constituye una amenaza ante la cual hay pocas respuestas efectivas. Este tercer nivel de la corrupción no solo constituye una amenaza para la democracia, sino también para la seguridad internacional.

En la actualidad se contemplan dos tendencias de gobiernos autoritarios en América Latina, enfrentados a un modelo democrático y respetuoso de las instituciones de control del poder. La primera tendencia tiene las características más tradicionales de las dictaduras, aunque se conserven formalmente algunos aspectos de la vida democrática. Tienen elecciones, pero con maniobras fraudulentas que impiden la libertad de voto o lo manipulan; poseen instituciones propias de un sistema de división de poderes, pero controladas desde el poder ejecutivo; emplean contra la disidencia la fuerza militar, y el control policial duro y represivo contra la población. Son regímenes fuertemente represivos, con graves violaciones a derechos humanos y que no soportan la más mínima crítica. Reprimen la organización social y la libertad de expresión incluso en las redes sociales. Se consideran a sí mismos de izquierda y llevan a cabo alianzas con países de tradición autoritaria. Su lenguaje utiliza una terminología socializante y antiimperialista, pero no tienen ningún problema en convivir con dinámicas de empresa privada neoliberal. La corrupción y el enriquecimiento ilícito del liderazgo es muy evidente. En América Latina hay, con algunas diferencias, países con este tipo de gobierno. Regímenes autoritarios que a la vez que mantienen estructuras semejantes a las de las democracias, proceden con la brutalidad característica de las dictaduras clásicas.

La otra tendencia autoritaria, al igual que la primera, intenta dominar, someter y manipular todas las instituciones de control del poder y facilitar la corrupción a cambio de obediencia ciega. Manejan un lenguaje hostil hacia las agencias de derechos humanos y utilizan tanto al sistema judicial como al ejército y la policía al servicio del fortalecimiento del poder central. Y si es necesario, para detener a sus enemigos. Pero difieren en algunos aspectos del anterior modelo. La presencia civil es más fuerte en la gestión gubernamental. Mantienen una mayor libertad de expresión. Tienen una opción en materia económica estrictamente neoliberal y persiguen selectivamente a quienes piensa que pueden hacerle daño políticamente. Reciben a grupos libertarios y bitcoiners que odian todo intervencionismo estatal, especialmente en el terreno económico. La corrupción, la reserva de información y el reclutamiento de oportunistas de todos los partidos políticos, así como el control del ejército y la policía, les dan la apariencia de un gobierno irresistible. Manejan las redes de comunicación y la propaganda con elasticidad e imaginación, enfocándolas en una narrativa optimista y laudatoria de la actividad del gobierno o del líder, y desarrollando simultáneamente campañas de odio contra quienes piensan, hablan o escriben críticamente. Hacen alianzas según conveniencias políticas y económicas, y se dan el lujo de criticar tanto a los países del primer modelo claramente represivo, como a los que tienen una democracia consolidada.

El primer modelo está quedando cada vez más obsoleto, al menos en este momento. Se corresponde con el clásico militarismo del siglo pasado, aunque manteniendo un rostro civil en la cúspide. El segundo modelo está en auge. Con los militares y la policía en la sombra, pero activos en la represión cuando es necesario, este modelo se presenta como un régimen civil, con unas elecciones ganadas limpiamente. Frente a este doble estilo de regímenes autoritarios está el modelo de respeto a la institucionalidad democrática que en buena parte ha cansado a la población por su lentitud a la hora de impulsar un desarrollo inclusivo. Y es precisamente ese cansancio el que aprovecha el populismo autoritario cool para presentar un mundo de desarrollo neoliberal en el que de la riqueza de los más ricos, siempre en aumento, se desprenderá riqueza para todos. En El Salvador estamos viviendo el drama de la ensoñación producida por el segundo modelo. ¿Será duradero? ¿Se mezclará en algún momento con el estilo represivo del primer modelo? ¿Surgirá un nuevo liderazgo democrático que, a diferencia de nuestro pasado, proponga avanzar más rápidamente hacia el desarrollo inclusivo? El rumbo del país no es en estos momentos el mejor y día con día los datos nos dicen que algo falla en el actual modelo. Pensar en El Salvador, en su desarrollo humano, en su futuro, es tarea urgente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a El Salvador que no renueve el régimen de excepción debido a que ha amparado una sistemática violación de derechos humanos. El régimen, que limitó algunas libertades ciudadanas para combatir la criminalidad, se convirtió muy pronto en un sistema abusivo de otros derechos y de convenciones internacionales. El propio Gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 6 mil personas detenidas por error. Una medida excepcional que, según la Constitución, no debe durar más de un mes, aunque pueda renovarse, lleva ya 30 meses de vigencia ininterrumpida.

Los abusos y violaciones de derechos humanos son múltiples y diversos. Se ha detenido a personas simplemente por ser jóvenes y vivir en barrios pobres. “Estaban en el lugar equivocado”, han llegado a dar como explicación algunos funcionarios, como si vivir en un barrio marginal fuera una equivocación o un delito, achacable a quien no tiene recursos para residir en otra parte. Las acusaciones anónimas se convirtieron en causas válidas de prisión. Los detenidos por el régimen llevan largo tiempo encarcelados sin que se cumpla para ellos el mandato constitucional de una pronta y debida justicia. Esas mismas personas, además de estar en severas condiciones de hacinamiento, no pueden recibir la visita de sus abogados ni de sus familiares. Muchas veces las familias ni siquiera saben en qué cárcel están sus parientes. Confían en que están vivos porque las oficinas penitenciarias les reciben alimentos y productos de aseo para ellos, algo que sus parientes necesitan porque el Estado no lo cubre adecuadamente. En algunas cárceles incluso se han restringido los servicios religiosos. Y se habla de un futuro en el que jueces sin rostro juzgarán en grupos de hasta 900 personas a los acusados de agrupaciones ilícitas. Suspender el régimen de excepción no solamente es una tarea de justicia, sino también un asunto de humanidad.

La criminalidad, en especial los homicidios, se ha reducido drásticamente. Y esa suele ser la razón de muchos para que continúe el régimen de excepción. Sin embargo, esa baja de la criminalidad, además de las injusticias cometidas, debería ser precisamente una de las razones para suprimirlo. Si hay una reducción drástica del crimen y están desarticuladas las pandillas, la Policía puede y debe mantener la situación de tranquilidad social sin salirse del marco legal. Ya no es necesaria una ayuda excepcional que produce tantas injusticias y abusos. Mantener el régimen es desnaturalizar a la Policía para convertirla en un organismo arbitrario y prepotente; una Policía abusiva y cómoda que ya no necesita investigar el delito porque puede detener arbitrariamente a las personas; una Policía a la que nada le impide cometer abusos. Con el régimen de excepción, se está llevando a la PNC, que nació para corregir la brutalidad de los antiguos cuerpos de seguridad, a la negación de sus principios fundacionales. La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo es legítima y apegada a derecho, sino necesaria para frenar una dinámica autoritaria que puede conducir al país a una nueva situación de degradación social. No renovar el régimen de excepción resulta indispensable para promover, aunque sea mínimamente, la cultura de paz que El Salvador necesita.

El origen del salario mínimo se remonta a 1790 en Nueva Zelanda y Australia. Previamente, los empleadores les pagaban tan poco a los trabajadores, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, que estos no podían satisfacer ni lo básico para sobrevivir. El salario mínimo nació con el fin de corregir esa injusticia y garantizar una vida digna para la clase trabajadora. La medida se fue extendiendo por el resto de países. El salario mínimo debe permitir que el trabajador y su núcleo familiar cubran las necesidades básicas de alimentación, salud, educación vivienda y esparcimiento, entre otras. Por ello es entendido como un derecho humano que posibilita el goce de otros derechos. Además, constituye una herramienta fundamental de los Estados para combatir la pobreza y la desigualdad entre la población.

¿Cómo se define el salario mínimo? Primero, se toman en cuenta el costo de la vida y la inflación de modo que la paga permita vivir con dignidad. La Constitución de la República establece que el salario mínimo debe ser revisado de forma periódica; el Código de Trabajo manda a revisarlo cada 3 años. La autoridad responsable de ello es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, adscrito al Ministerio del Trabajo, que está compuesto por representantes de los trabajadores, de la empresa privada y del Gobierno. La última revisión fue en agosto de 2021, cuando se fijó el salario mínimo en $365 mensuales para el sector de industria, comercio y servicios. Han pasado, pues, tres años y el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado sobre el asunto.

Lamentablemente, la fijación del salario mínimo se ha desvirtuado. En la actualidad, el salario mínimo se define como la cantidad más baja que un empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, ya sea por hora o por jornada de trabajo. El salario mínimo es absolutamente insuficiente para llevar una vida digna, pues su monto se define de espaldas a los intereses de los trabajadores y ha devenido en una manera de perpetuar un modelo dañino para sus intereses. Si una persona trabaja 8 horas diarias y lo que gana apenas le alcanza para comer y pagar los servicios, su situación es similar a la de un esclavo.

Según el Centro para la Defensa del Consumidor, el costo de la vida para una familia promedio salvadoreña supera los 500 dólares mensuales, lejos del actual salario mínimo. Además, El Salvador tiene el salario mínimo más bajo de los países centroamericanos, exceptuando Nicaragua. Agrava la situación el tremendo aumento del costo de la vida, mientras los salarios se mantienen estáticos. Al no subir, el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo. Las encuestas confirman que es cada vez más difícil para las familias de menos ingresos llegar a fin de mes. Que la pobreza haya aumentado 4.4% en los últimos 5 años (2019-2023) y que el país tenga cerca de dos millones de salvadoreños (1,923,303) viviendo en la pobreza son datos que confirman que la gente no está en el centro de la preocupación de los gobernantes.

Darle largas a la revisión del salario mínimo es perpetuar una injusticia estructurada y legalizada que solo favorece a los empleadores. Para ser realistas hay que decir que un aumento al salario mínimo legal solo beneficiaría directamente a una cuarta parte de la población económicamente activa, que es la que goza de un empleo formal. Pero el salario mínimo, al igual que las pensiones (solo la tiene y la tendrá un pequeño porcentaje de los trabajadores), tiene un efecto multiplicador en la economía nacional y en el resto de la población. Salarios y pensiones dignas ayudan a que se dignifique la vida de la población en general.

La indiferencia a la situación que viven los y las trabajadores solo es otra confirmación de que las condiciones de vida del pueblo salvadoreño no son prioridad para la presente administración del país, obsesionada por proyectar una buena imagen hacia el exterior, como quien embellece su casa por fuera y esconde la suciedad, pobreza y precariedad en la que vive puertas adentro. Por justicia, por ética, incluso por la imagen que proyectamos, urge revisar y aumentar el salario mínimo.

* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.