Editoriales y Opiniones

Nataly es una joven de 26 años que estudió ingeniería informática en Caracas. Vive desde hace dos años en España porque en Venezuela devengaba un salario equivalente a un par de dólares al mes. Cuando la conocí, me contó que, sin embargo, “la política le daba igual”, “que le da lo mismo si gobernaba Maduro o la oposición”, que lo que ella quería era “trabajar y devengar un salario justo para cubrir sus necesidades y las de su familia”. Al punto de terminar nuestra primera conversación, la joven informática, que ahora trabaja para una empresa encargada de diseñar videojuegos, me contó que en cuanto termine la dictadura regresará a su natal Caracas porque no le gusta vivir en España, pero es por ahora su mejor opción. Confiesa que tiene esperanza. Quiere regresar y aportar en su país.

He vuelto a conversar con aquella joven entusiasta y soñadora. Después del pasado fraude electoral orquestado por el oficialismo en Venezuela, Nataly me confesó que ahora la política no le da tan igual como antes, que ella pensaba que Maduro respetaría el voto popular y que habría una transición ordenada y pacífica. Ahora teme por la salud de su madre que aún vive en Venezuela, pues con las últimas protestas no ha podido acudir al médico como debiese hacerlo. Recuerda su niñez recorriendo el parque nacional El Ávila. También recuerda a su padre en la playa, un modesto pescador que con mucho esfuerzo ayudó a sufragar sus estudios de informática. La joven tiene los ojos nublados. Desvía la mirada. Sus ojos color avellana se comienzan a enrojecer y aparece la tormenta. Su complexión rígida y caribeña de pronto se torna débil. Sigue sin entender por qué en su país ocurre todo aquello. Le regalo un verso de César Vallejo: “Tengo fe en ser fuerte”.

El pasado 6 de junio, el célebre escritor y ganador de múltiples premios y reconocimientos internacionales Sergio Ramírez habló sobre el exilio. En un evento académico en el que se congregaron varios jóvenes que acababan de terminar sus maestrías, Sergio se refirió a su experiencia de exilio en Madrid. El escritor nicaragüense abandonó su país en 2021 por el asedio de la dictadura. Sobre él no solo pesa una orden de arresto, sino también el despojo de su nacionalidad. El autor de Margarita está linda la mar, premio Alfaguara de novela en 1998, asegura que tiene el “síndrome de la maleta abierta”; es decir, la esperanza de regresar a su país en cuanto sea posible. Una esperanza que se mezcla con nostalgia, pesar e incertidumbre. Para el también ganador del Premio Cervantes, “la literatura es un oficio peligroso cuando se enfrenta a las desmesuras del poder de las tiranías”. “Por eso es que las palabras se vuelven tan temibles, porque tienen filo, porque desafían, porque no se las puede someter, porque son la expresión misma de la libertad”. De esa libertad carece la dictadura, dice Ramírez, porque “hay lenguas que tienen el país por cárcel, lenguas que terminan donde terminan las fronteras”.

Jóvenes como Nataly son parte de las 7,7 millones de personas que, según la International Organization for Migration (IOM), abandonaron Venezuela hasta abril de 2024. En España, por ejemplo, la cifra de venezolanas y venezolanos se acerca a los 400 mil. Intelectuales como Sergio son parte de los miles de nicaragüenses que han tenido que buscar refugio o asilo en América o Europa. Según Acnur, hasta marzo de 2024, la cantidad de nicaragüenses refugiados era de más de 440 mil.

El destino de muchas de estas personas es Costa Rica, Estados Unidos o España. Otros países receptores, como Colombia, Perú, México o Chile, también se enfrentan a otras problemáticas y dilemas migratorios. Son, a su vez, receptores del desastre de las dictaduras. Algunos de los Gobiernos que suscriben condenas contra el régimen de Maduro debiesen cuestionarse sobre su singular parecido. Se condena una dictadura desde otra dictadura, aunque en la propaganda se sostenga lo contrario y se presente con apariencia democrática. La lista de problemas causados por cualquier tipo de dictadura —del color, bandera o ideología que sea— es bastante extensa y solo conduce a profundizar el drama humanitario de millones de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen.

Nataly fue de las miles de personas que protestaron el pasado 17 de agosto en la Puerta del Sol, en Madrid, para pedir que se reconozca el triunfo de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales. Lucía entusiasta y se percibía su alegría. Me confesó que para ella un sistema democrático sería lo mejor para Venezuela, que no le agradan los discursos de odio y que ahora está leyendo literatura feminista. También sonrió cuando me contó que está leyendo un libro de la artista y creadora de videojuegos Ikumi Nakamura, Project UrbEx, sobre edificios abandonados por todo el mundo. Me confirmó que su trabajo es inspirador y que los sitios fotografiados por Nakamura tienen una estética especial.

Mientras ella hablaba, yo recordaba cuando Sergio se refirió al poder que ejercen las dictaduras que “tiene rostro de piedra y es contrario a la tolerancia, y contrario a las verdades y a la invención, y al humor, y a la risa, que son cualidades cervantinas”. En ella y en él hay una energía que trasciende lo vacío y execrable de las dictaduras. Nataly y Sergio tienen varios aspectos en común, pero lo más importante es que sueñan, imaginan y tienen esperanza. La crueldad de las dictaduras no podrá superar su altura ética ni su voluntad de vivir.

* Óscar Meléndez Ramírez, investigador de la UCA y estudiante de historia en España.

Forzados por la presión de la opinión pública, algunos diputados oficialistas no tuvieron más remedio que informar cómo gastan los fondos adicionales a su ya elevado salario. Prescindiendo de la autenticidad de los informes, sobre los cuales planean dudas razonables, los datos proporcionados abren un resquicio para asomarse al absurdo de la dictadura de los Bukele. Sus diputados emplean a community managers; técnicos y asistentes administrativos; comunicólogos de toda clase: camarógrafos, fotógrafos, diseñadores gráficos; enlaces con las comunidades nacionales e internacionales, las universidades, los profesionales, los diplomáticos y las organizaciones sociales; y encargados de mercadeo, compras e inventarios.

Ante esta lista tan variopinta cabe preguntar qué necesidad tienen los diputados de ese personal cuando ocupan el escaño por obra y gracia de Bukele, solo aprueban lo que este les ordena, su presencia en las comunidades no repercute en su labor legislativa, no dialogan ni discuten con nadie, excepto con otros funcionarios gubernamentales que repiten el mensaje de Casa Presidencial. Los únicos aparentemente necesarios son los creadores de imagen, dado el placer que les causa exhibirse como lo que no son.

En la larga lista de contratos, no aparecen especialistas en los grandes temas de la realidad nacional, como economistas, sociólogos, politólogos o ecologistas. La verdad es que no les hacen ninguna falta. En las comisiones no estudian ni razonan, se contentan con pasar la legislación al plenario sin entenderla. El plenario tampoco analiza ni discute, solo aprueba tal como dispone Casa Presidencial. De hecho, tampoco necesitan tanto creador de contenido. Pese a su abundancia, no han podido contener el daño causado a la credibilidad de sus empleadores, cuya imagen ha quedado embarrada por su libertinaje con los impuestos.

Con tantos asesores en comunicación y enlaces con las comunidades y las organizaciones sociales, el liderazgo de los legisladores debiera ser deslumbrante y fascinante. Pero no es el caso. Eso sería ir en contra de la naturaleza del oficialismo. La Casa Presidencial de Bukele no tolera más liderazgo que el suyo. Ni siquiera en los territorios a los que se dicen vinculados pueden ejercer liderazgo alguno. Su presencia en el quehacer nacional está opacada por Bukele. En consecuencia, no necesitan tanto personal en su alrededor. Basta con algo de talento anodino, pero servil.

Cómo explicar, entonces, esas contrataciones grotescas con salarios exorbitantes. La respuesta se encuentra en la tradición legislativa, compartida por los otros poderes del Estado. Contratan activistas, familiares y compadres con quienes están obligados. Así fue antes y así es ahora: lo mismo de siempre. Además, es práctica bien establecida en los círculos legislativos que una parte de esos abultados salarios revierta en el diputado que contrata. Un ingreso extra. De todas maneras, las explicaciones de los diputados se quedaron cortas. Todavía no han explicado el destino de los otros 5,500 dólares que cada uno alega devolver a la presidencia de la legislatura.

Estas son cuestiones espinosas, que los grandes jefes mantienen bajo el secreto más riguroso. El sorpresivo señalamiento de Bukele y la presión de una opinión pública enfurecida los obligó a revelar lo menos comprometedor, pero sin convencer. La información con la que intentan exculparse carece de respaldo formal y es incompleta. Lo poco que adelantaron puso en evidencia que los integrantes de su pintoresco séquito ganan más que los empleados especializados del sector salud. En lugar de salvar el pellejo, los diputados se hunden más en la ciénaga.

Tal vez crean que el nutrido círculo del que se rodean proyecta su influencia política. Se engañan si piensan que esa curiosa colección de empleados es directamente proporcional a su relevancia social. Son víctimas del mismo espejismo creado por las dictaduras y sus propagandistas. En la práctica, son insignificantes y, sobre todo, prescindibles. Basta con observar cuántas comunidades u organizaciones sociales acuden a ellos para plantearles sus necesidades y solicitarles una solución. Cuántas madres y esposas los buscan para pedirles amparo ante la injusticia de los cuerpos de seguridad, la fiscalía y el sistema carcelario. Nunca se han interesado en la suerte de los desaparecidos o han visitado la consulta externa del sistema público de salud o los centros escolares abandonados.

En las contadas ocasiones en que algunas organizaciones o personas han acudido a ellos con la ilusión de encontrar una respuesta a su aflicción o al menos una palabra de consuelo, no las han recibido. No se deben a la ciudadanía sufriente, sino a Bukele. No tiene sentido, por tanto, perder el tiempo escuchando las miserias de los excluidos y empobrecidos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por Rodolfo Cardenal, SJ

Las últimas reformas a la legislación penal confirman la incompatibilidad de la dictadura con la institucionalidad democrática. No se trata solo de la adicción al poder total, sino, sobre todo, de la incompetencia de su fiscalía, su policía y su administración de justicia. Así lo demuestran los razonamientos esgrimidos para justificar esas reformas.

Es un hecho ya reconocido que la dictadura se ha saltado impunemente las barreras constitucionales establecidas para contener la tentación, siempre actual, de ejercer la presidencia del poder ejecutivo de forma totalitaria. Las reformas penales arrojan luz sobre otro ángulo del ejercicio de ese poder. En sus argumentaciones, sus representantes reconocen que la norma constitucional está muy por encima de sus capacidades. Así, pues, conscientes de su ineptitud, evaden la dificultad con un adefesio jurídico.

En primer lugar, elevan la pena de cárcel por los delitos comunes, con lo cual la dictadura profundiza así su tendencia a encarcelar a quienes etiqueta como “indeseables”. A más encarcelados, menos delitos, reza su lógica trágica y facilitona. En segundo lugar, amplía irracionalmente la detención provisional para impedir que los abogados utilicen los plazos procesales para liberar a sus defendidos. Olvida la dictadura que ese recurso es completamente legítimo. La única forma de impedir que los acusados sean puestos en libertad por el juez es demostrar fehacientemente su responsabilidad penal. Pero eso es, precisamente, lo que la fiscalía y la policía no pueden hacer, ya sea porque el delito es inexistente o por dejadez para probarlo.

El peso de la acusación no recae en la defensa, sino en la fiscalía y la policía, que deben probar los cargos. La dictadura intenta evadir su responsabilidad descalificando sin más a los abogados de la defensa como “malos litigantes” por cumplir con su deber, es decir, por no seguirle el juego en los tribunales. El problema es otro. Al no tener capacidad para investigar ni para articular una acusación con base en pruebas, considera que el detenido por sus soldados y policías es culpable y merecedor de cárcel sin más. Según esa lógica, la defensa sobra, como también están de más las procuradurías y el comisionado presidencial de derechos humanos. El proceso judicial es una mera formalidad viciada.

La dictadura amplía a los delitos comunes el método utilizado para encarcelar de por vida a los pandilleros. En lugar de individualizar los cargos y probarlos consistentemente, adopta la actitud cómoda de agrupar a quienquiera que considere pandillero bajo la figura genérica de asociación terrorista, lo cual, en sí mismo, es una barbaridad jurídica. No es un simple error de juicio, sino que su competencia para la investigación policial y la acción fiscal es casi nula. Se trata también de su inclinación a encarcelar indiscriminadamente a quien se ponga delante de sus huestes. La simple captura condena a cadena perpetua, a sufrir tortura o a desaparecer forzosamente y acabar en una fosa clandestina.

El disparate no se detiene ahí. La dictadura alega que el aumento de las penas de cárcel impedirá el aumento de los delitos contra el patrimonio. La aberración es doble. El aumento de las penas nunca ha detenido a los delincuentes y los criminales. La pena de muerte, ahí donde se practica, no detiene al asesino. Más cerca aún: Arena ya intentó la mano dura y la súper dura contra las pandillas, y solo consiguió que fortalecieran su organización y su poder. La falta de ideas y de herramientas lleva a la dictadura a revisitar soluciones trilladas por “los mismos de siempre”. Ingenuidad o ignorancia del equipo jurídico de Casa Presidencial. Probablemente, ineptitud.

En segundo lugar, no existe evidencia del aumento de los delitos contra el patrimonio. La excusa para encarcelar por más tiempo no es admisible. Sin embargo, hay otros delitos mucho más graves como las desapariciones y los entierros clandestinos en las cárceles, de los cuales hay testimonio fehaciente sin que la dictadura se haga cargo. Asimismo, existe evidencia de la corrupción de los representantes de Nuevas Ideas en la legislatura. Pero estos diputados no han sido etiquetados todavía como “indeseables”. El oficialismo mira hacia otro lado. Pretende sancionar faltas leves con muchos años de cárcel mientras trata con generosidad los crímenes de lesa humanidad y el saqueo de un Estado en quiebra. La aproximación de la dictadura al mundo criminal es perversa.

Es mucho más fácil encarcelar masivamente sin acusación formal y sin proceso judicial auténtico, que investigar y sancionar a los líderes de las redes de la corrupción, del lavado de activos y del tráfico de armas, drogas y personas. El encarcelamiento indiscriminado agita la popularidad, mientras las redes criminales campean a sus anchas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“Cada tormenta es vivir la angustia… y así no se puede vivir”, “Cada año es la misma historia de estar siempre acá [en el albergue], y uno espera hacer su casita para no pasar lo mismo” son testimonios de ciudadanos que junto a su familia se ven obligados abandonar su hogar en cada época lluviosa. Al igual que ellos, muchos salvadoreños requieren de una solución para vivir en condiciones adecuadas de protección y seguridad. La historia se repite de generación en generación. La falta de opciones de vivienda impulsa a las personas a adquirir inmuebles abandonados o a construir en zonas vulnerables sin la infraestructura y los servicios adecuados, lo cual las expone a diversos riesgos.

El espacio vital para el ser humano es la vivienda. Le ofrece resguardo y es la base de referencia para su vida cotidiana íntima. No tenerla implica no satisfacer las necesidades existenciales fundamentales de estabilidad y seguridad, las cuales posibilitan construir proyectos familiares e individuales. La calidad de la vivienda está relacionada con el desarrollo integral de sus miembros. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el derecho a una vivienda incluye factores como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada.

Según Hábitat para la Humanidad y el PNUD, El Salvador experimentaba en 20l3 un déficit habitacional que afectaba a más de 944 mil familias; en otros términos, seis de cada 10 familias vivían en viviendas inadecuadas. Por otra parte, un estudio de 2016 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School señalaba que el país tenía para ese año un déficit de casi un millón 390 mil viviendas. De estas, 245 mil 369 debían construirse nuevas y el 82% (más de un millón) tenía que renovarse.

Puesto que la falta de acceso a una vivienda está vinculada a la exclusión económica y social, es responsabilidad del Estado resolver la problemática. El total rechazo del Gobierno de Nayib Bukele a la transparencia impide conocer con certeza las acciones promovidas por el Fondo Social para la Vivienda, más allá de datos propagandísticos de inversiones futuras. Lo que se ha podido apreciar son las acciones contradictorias del Ministerio de Vivienda. A partir de declaraciones oficiales, su principal objetivo en el pasado quinquenio fue disminuir la disparidad habitacional y brindar viviendas dignas a los salvadoreños de bajos recursos.

No obstante, contrario al discurso, dicho ministerio ha permitido —y en ocasiones incluso participado en— todo tipo de desalojos de asentamientos y viviendas, tanto en áreas rurales como urbanas, sin dar opciones a los afectados. Ello para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales privados en diversos lugares de las principales ciudades del país, así como proyectos turísticos en el área costera. De este modo, antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda, ha beneficiado al gran capital inmobiliario, priorizando la supuesta lógica de atracción de inversiones.

En ninguna acción del actual Gobierno se evidencia interés en dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015 para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la propoganda gubernamental, una de las apuestas centrales de la administración de Bukele ha sido la entrega de escrituras de propiedad (45 mil durante el quinquenio), con el objetivo de garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, muchos de esos terrenos y viviendas están ubicados en zonas de riesgo de difícil acceso y que no poseen infraestructura apropiada. Así, el Gobierno, en lugar de combatirlo, está contribuyendo a reproducir el ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.

La corrupción legislativa es una bomba de efecto retardado. El motivo por el cual Bukele tiró del detonador es, como todo lo que hace, desconocido. Una cosa es cierta, difícilmente podrá encerrar de nuevo a los demonios sueltos. Si pretendía recortar el gasto legislativo, de por sí desmedido, tenía otras posibilidades menos dañinas para su partido y para él mismo. De hecho, el monto ahorrado es poco en comparación con el gasto general del Estado, sobre todo de Casa Presidencial y sus aledaños. En realidad, no hay tal ahorro, ya que lo ha destinado a un programa de becas. Si la razón era cortar por lo sano la corrupción rampante entre los diputados, podía haber sido más discreto y no dar pie a un escándalo de consecuencias imprevisibles. Si lo que pretendía era desprestigiar a una diputada de la oposición más beligerante, que percibía más dinero que sus colegas, el asunto se le salió de las manos. Sea lo que sea, Bukele, como es usual en él, mira para otro lado. Ha dejado a sus diputados embarrados, así como también ha dejado a la diáspora salvadoreña abandonada a los desafueros de Trump.

Los males, como suelen decir, no vienen solos. Descubierta la podredumbre, los líderes de la bancada oficialista empeoraron su situación al intentar relativizar que, además de percibir un salario mucho más alto que la media nacional, reciben otra abultada cantidad de dólares para gastar a discreción. Para su mayor vergüenza, circulan declaraciones anteriores donde se presentaron como el summum de la honestidad. Dieron muchas vueltas para no informar cómo usan esos miles de dólares adicionales hasta que los hackers los callaron con la revelación de su planilla. El escándalo y la cólera subieron varios grados, porque ahí aparece una pintoresca colección de oportunistas. El cuadro del partido oficial es dramático.

No existe razón para pensar que en los otros poderes del Estado, comenzando por el Ejecutivo, la situación es diferente. Las contrataciones, las planillas, los salarios y otros gastos no se ocultan por seguridad nacional, sino por ser impresentables. Si se conocieran, la honorabilidad de los altos funcionarios de la dictadura implosionaría como lo hizo la de los diputados. La dictadura no puede gobernar de cara al pueblo. Bukele dice no querer pasar a la historia como ladrón. Quizás sea así, pero permite que los funcionarios de todo nivel roben, mientras la economía languidece, la deuda está desbocada y la gente, sus seguidores, está hambrienta, enferma y desempleada. La desarticulación de los controles administrativos ha facilitado la proliferación de la corrupción y, de paso, la perversión de su proyecto político, si es que alguna vez hubo alguno.

El primer paso lo dio cuando disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Tenía razones sobradas, porque la Comisión investigaba a varias figuras que lo rodeaban. Al garantizarles la impunidad, legitimó la corrupción. No solo roban los grandes y poderosos, también lo hacen los medianos y los pequeños, cada uno en su nivel y al alcance de sus posibilidades. Los soldados, los policías y los carceleros, los presuntos garantes de la seguridad del régimen de excepción, extorsionan a los pobres, de la misma manera que los pandilleros. Dondequiera que se mire, se percibe la corrupción.

Los únicos que no la ven son los funcionarios encargados de perseguirla. Tampoco ven las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Esa actitud negacionista ha facilitado hasta ahora la sobrevivencia de la dictadura sin mayores sobresaltos. Pero el escándalo legislativo ha abierto un flanco peligroso y el desconocimiento de las violaciones de los derechos humanos pierde terreno en el ámbito internacional. Alegar la soberanía, el último recurso, no convence. La ventaja para la dictadura es que la comunidad internacional se enfrenta a desafíos más graves para la humanidad.

Dicho lo anterior, cabe otra posibilidad. Ahora Bukele tiene la excusa ideal para disolver la legislatura por corrupta. En realidad, puede prescindir de ella, ya que sus diputados se limitan a asentir lo que llega de Casa Presidencial. El furor de las redes sociales haría popular esa decisión. Además de disponer de unos cuantos millones de dólares más para sus gastos, el régimen de los hermanos Bukele se despojaría de su máscara democrática y mostraría su verdadera identidad. Los diputados y sus camarillas quedarían en el aire, a pesar de su lealtad. Nada extraño. La dictadura desconoce la fidelidad y la amistad, solo cuida de sus intereses.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.La corrupción legislativa es una bomba de efecto retardado. El motivo por el cual Bukele tiró del detonador es, como todo lo que hace, desconocido. Una cosa es cierta, difícilmente podrá encerrar de nuevo a los demonios sueltos. Si pretendía recortar el gasto legislativo, de por sí desmedido, tenía otras posibilidades menos dañinas para su partido y para él mismo. De hecho, el monto ahorrado es poco en comparación con el gasto general del Estado, sobre todo de Casa Presidencial y sus aledaños. En realidad, no hay tal ahorro, ya que lo ha destinado a un programa de becas. Si la razón era cortar por lo sano la corrupción rampante entre los diputados, podía haber sido más discreto y no dar pie a un escándalo de consecuencias imprevisibles. Si lo que pretendía era desprestigiar a una diputada de la oposición más beligerante, que percibía más dinero que sus colegas, el asunto se le salió de las manos. Sea lo que sea, Bukele, como es usual en él, mira para otro lado. Ha dejado a sus diputados embarrados, así como también ha dejado a la diáspora salvadoreña abandonada a los desafueros de Trump.

Los males, como suelen decir, no vienen solos. Descubierta la podredumbre, los líderes de la bancada oficialista empeoraron su situación al intentar relativizar que, además de percibir un salario mucho más alto que la media nacional, reciben otra abultada cantidad de dólares para gastar a discreción. Para su mayor vergüenza, circulan declaraciones anteriores donde se presentaron como el summum de la honestidad. Dieron muchas vueltas para no informar cómo usan esos miles de dólares adicionales hasta que los hackers los callaron con la revelación de su planilla. El escándalo y la cólera subieron varios grados, porque ahí aparece una pintoresca colección de oportunistas. El cuadro del partido oficial es dramático.

No existe razón para pensar que en los otros poderes del Estado, comenzando por el Ejecutivo, la situación es diferente. Las contrataciones, las planillas, los salarios y otros gastos no se ocultan por seguridad nacional, sino por ser impresentables. Si se conocieran, la honorabilidad de los altos funcionarios de la dictadura implosionaría como lo hizo la de los diputados. La dictadura no puede gobernar de cara al pueblo. Bukele dice no querer pasar a la historia como ladrón. Quizás sea así, pero permite que los funcionarios de todo nivel roben, mientras la economía languidece, la deuda está desbocada y la gente, sus seguidores, está hambrienta, enferma y desempleada. La desarticulación de los controles administrativos ha facilitado la proliferación de la corrupción y, de paso, la perversión de su proyecto político, si es que alguna vez hubo alguno.

El primer paso lo dio cuando disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Tenía razones sobradas, porque la Comisión investigaba a varias figuras que lo rodeaban. Al garantizarles la impunidad, legitimó la corrupción. No solo roban los grandes y poderosos, también lo hacen los medianos y los pequeños, cada uno en su nivel y al alcance de sus posibilidades. Los soldados, los policías y los carceleros, los presuntos garantes de la seguridad del régimen de excepción, extorsionan a los pobres, de la misma manera que los pandilleros. Dondequiera que se mire, se percibe la corrupción.

Los únicos que no la ven son los funcionarios encargados de perseguirla. Tampoco ven las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Esa actitud negacionista ha facilitado hasta ahora la sobrevivencia de la dictadura sin mayores sobresaltos. Pero el escándalo legislativo ha abierto un flanco peligroso y el desconocimiento de las violaciones de los derechos humanos pierde terreno en el ámbito internacional. Alegar la soberanía, el último recurso, no convence. La ventaja para la dictadura es que la comunidad internacional se enfrenta a desafíos más graves para la humanidad.

Dicho lo anterior, cabe otra posibilidad. Ahora Bukele tiene la excusa ideal para disolver la legislatura por corrupta. En realidad, puede prescindir de ella, ya que sus diputados se limitan a asentir lo que llega de Casa Presidencial. El furor de las redes sociales haría popular esa decisión. Además de disponer de unos cuantos millones de dólares más para sus gastos, el régimen de los hermanos Bukele se despojaría de su máscara democrática y mostraría su verdadera identidad. Los diputados y sus camarillas quedarían en el aire, a pesar de su lealtad. Nada extraño. La dictadura desconoce la fidelidad y la amistad, solo cuida de sus intereses.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Llamar plan económico a unas cuantas disposiciones desarticuladas es atrevido. Estas han aparecido en la medida en que lo demandaba la popularidad presidencial. Es el mismo patrón del supuesto plan de control territorial, cuyo contenido integral sigue siendo secreto de Estado. El costo de la canasta básica golpeaba antes del 1 de junio, pero ha sido hasta hace unos días que Bukele amenazó a los comerciantes con la cárcel si no reducían los precios y anunció la apertura de puestos de venta de hortalizas a bajo costo. En una segunda entrega, bautizó la medida como la fase 1 de un plan de sostenibilidad alimentaria. Agregó la supresión de aranceles de los productos de la canasta básica ampliada y de insumos agropecuarios.

En la inauguración del centro de datos de una multinacional hizo la tercera entrega: centros de abastos sin intermediarios para importadores, productores, mayoristas y minoristas. Los anuncios son desconcertantes. Revelan desinformación o frivolidad inexcusables en un mandatario. Los aranceles suspendidos a los alimentos son inexistentes; por tanto, no reducirán los precios. El aumento del precio está en otro lado. Además, a mediano plazo, la medida profundizará la ya enorme dependencia alimentaria del exterior. Productos subsidiados como el maíz estadounidense son más baratos que el nacional. En esos términos, no hay competencia posible.

Los anuncios no solo son desatinados, sino también incompletos. Bukele olvidó informar sobre el paradero del millonario fideicomiso asignado a un plan maestro de rescate agropecuario de finales de 2021. Asimismo, ignoró que desde mediados del año pasado está vigente la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria, que contempla el abastecimiento, pero entendido en términos diferentes a los suyos. La política agraria es tan confusa que, en menos de un año, esa ley ha pasado por dos reformas, no tiene presupuesto y ya ha tenido dos directores.

La tribuna de la multinacional se le ofreció como la ocasión ideal para anunciar la fase 2 de su plan económico, que hará del país un centro tecnológico único, atractivo para inversionistas y el talento. La fase peca de la misma incongruencia que la anterior. El centro inaugurado no es el primero ni el más importante de la región, ya existe otro con mayor capacidad. Tampoco es un logro directo de su plan económico, sino de la multinacional, que comenzó su construcción el año pasado. La apuesta por el sector tecnológico no depende de Bukele, sino de la inversión privada. Así lo reconoció él mismo, que se piensa al frente de la revolución tecnológica. En el mejor de los casos, su intervención es marginal. De todas maneras, Paraguay le lleva mucha ventaja como paraíso de las granjas de criptomonedas, atraídas por el bajo costo de la electricidad. Las siguientes fases de su plan económico las anunciará según se ofrezca la ocasión. El plan marcha a sobresaltos.

Estas intervenciones que auguraban el despegue económico del país fueron opacadas sorpresivamente por uno de los referentes más poderosos de Bukele. En tres días, en dos intervenciones públicas, Trump puso en entredicho su logro más notorio. Descartó su guerra contra las pandillas como un embuste y atribuyó el descenso de los homicidios a que envía los pandilleros y los traficantes de drogas a Estados Unidos. El agrado que dijo sentir por Bukele no fue obstáculo para lastimar su arrogancia y herir su autoestima.

El oficialismo salió en defensa de un Bukele mudo. Así como en otras ocasiones no ha escatimado los elogios, ahora dice que Trump está equivocado. En parte sí y, en parte, no. Los dos discursos de Trump están jalonados por falsedades, datos fuera de contexto y medias verdades. Algo en lo que Bukele no es diferente. Pero, por otro lado, Trump alude a la liberación de los líderes de las pandillas y a la negativa a extraditar a los solicitados por la justicia estadounidense. En los señalamientos de Trump subyace el pacto de Bukele con las pandillas.

El silencio de Bukele es siniestro. El ataque de Trump no es únicamente personal, sino también y sobre todo lo dirigió contra la diáspora salvadoreña, una de las bases de apoyo más convencida de las bondades de Bukele. Trump quisiera deportar a los centenares de miles de indocumentados, a quienes considera sin más criminales. Bukele no ha tenido el valor de salir en su defensa. Se ha desentendido de la amenaza que se cierne sobre ellos.

El oportunismo, profundamente egoísta, no conoce la lealtad. Figuras como Bukele y Trump sacrifican a quien haga falta para satisfacer sus ambiciones. Desconocen los valores, aun cuando el nombre de Dios está siempre en sus labios. El desencuentro entre ellos tal vez pueda ser superado desde la mutua empatía. Pero esta no incluye a la diáspora. La deportación de una cantidad significativa de salvadoreños echará por tierra los sueños de prosperidad de Bukele. El plan económico avanza a salto de mata.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el cierre de la convención nacional republicana, Donald Trump, aunque sin dar nombres, habló de El Salvador. Entre otras cosas, dijo: “Hay un país que me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando, él dice que los entrena y vengo leyendo esto hace dos años, y dijimos: ‘Vamos a ver de qué se trata’. Y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos, a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso […] Bueno, él no hace un trabajo maravilloso”.

Trump habló, pues, contra un supuesto aliado suyo, que recibió a su hijo como invitado especial; una persona que siempre ha declarado su admiración por él. Difícil saber a ciencia cierta de dónde sacó el republicano esas conclusiones dada su manía de mezclar realidad y ficción, pero hay factores a tomar en cuenta. Probablemente influya que cuatro de los 14 máximos jefes pandilleros reclamados en extradición por Estados Unidos fueron excarcelados por la administración de Bukele entre julio de 2021 y enero de 2022. Que tres de esos 14 líderes pandilleriles guardan prisión en Estados Unidos; entre ellos, el conocido como Crook, que fue liberado ilegalmente y ayudado a salir del país por funcionarios cyan.

Sin embargo, las palabras del candidato republicano no dañan solo a Bukele. Los afectados en mayor grado son los migrantes y sus familias, esos que por necesidad se ven obligados a dejar el país y que luego sostienen la economía de su familia y la nacional. Trump quizás extrapola la realidad de unos líderes de pandillas favorecidos por el Gobierno hacia toda la población migrante. Y al hacerlo, miente. De hecho, el término “posverdad” tomó relevancia pública durante la primera campaña presidencial de Trump. Una campaña que ganó mintiendo una y otra vez. Desde su gran salto a la política, las mentiras y la desinformación han sido dos de sus mecanismos diarios de comunicación, utilizándolas para orientar las preferencias ciudadanas, atizar la división y reforzar su apoyo. Según un estudio de The Washington Post, entre el 20 de enero de 2017 y el 12 de enero de 2021 se contabilizaron treinta mil falsedades dichas por Trump.

Está demostrado de sobra que los migrantes aportan a la economía y cultura del país en que viven. Pero como una de las principales banderas de la campaña del republicano es la antiinmigrante, Trump miente para infundir miedo en la población y ganar votos para su candidatura. Desde su discurso, todos los migrantes son asesinos, criminales, narcotraficantes. Por supuesto, el Gobierno salvadoreño no dirá nada sobre las declaraciones del candidato estadounidense, por mucho que estigmaticen a nuestra población migrante y supongan una afrenta para El Salvador. Bukele y los suyos saben bien que las mentiras son indispensables para ganarse el favor de la gente en las elecciones y cifran en Trump la esperanza de obtener algún respaldo político externo, por pequeño que sea. Ese interés justifica el silencio. La diáspora salvadoreña debería tomar nota: Bukele la abandonará siempre que a él le convenga.

Tema: Clasificación de millonarios en la región, versus las condiciones de desigualdad

Invitada: Karla Castillo, responsable del eje de Justicia Fiscal para Oxfam en El Salvador

⏰ 7:00 A.M. - Transmisión en vivo

La agenda de temas presidenciales es breve y pobre. Predominan la baja ocurrencia de homicidios, las referencias a los sitios donde hablan bien del mandatario y, cuando se ofrece, anotaciones puntuales favorables, turismo, criptomonedas, digitalización y concursos de toda clase. No es que la agenda nacional carezca de asuntos que ameritan la atención del poder ejecutivo, sino que este no puede referirse a ellos sin encontrarse en aprietos, porque pondría en evidencia una gestión errática y, sobre todo, porque no tiene mayor cosa que decir. Quizás Bukele ni siquiera está al tanto del acontecer nacional, encerrado en la comodidad de la burbuja del poder. En esas condiciones, la posición más segura es callar.

Las situaciones más críticas, por lo general, las deja en manos de sus funcionarios, quienes salen a dar la cara para resguardar su imagen. Bukele solo comparece para anunciar triunfos y eventos espectaculares. Las pocas veces que se aventura en terrenos como el valor de la canasta básica, sus intervenciones no son muy felices. Pero la precaución no ha podido impedir el desgaste de su credibilidad. Las contradicciones, las inconsistencias y los incumplimientos son cada vez más graves e inocultables. Ni él ni sus ministros son confiables.

Los temas de la agenda nacional sobre los cuales la dictadura guarda un silencio escandaloso son muchos y diversos. El alza del costo de la canasta básica y de la vida en general, la alta tasa de desempleo, el débil crecimiento de la economía y la huida persistente de un país supuestamente maravilloso. La epidemia de dengue, la elevada incidencia de las enfermedades respiratorias agudas y gastrointestinales, la falta de personal médico y la escasez de medicamentos. La vulnerabilidad del territorio a la crisis climática y los terremotos. El abandono de la producción agropecuaria. El temor creciente a ser víctima del abuso de los soldados y los policías. Los desaparecidos y las torturas, los asesinatos y los entierros clandestinos, prácticas habituales en las cárceles.

La lista de temas que demandan la atención prioritaria de un gobernante que dice obedecer la voluntad popular es interminable y muy embarazosa, porque no tiene la menor idea de cómo lidiar con ellos. Por otro lado, evadirlos erosiona silenciosa e inexorablemente su popularidad. Desconocer, olvidar y silenciar no es solución. Tampoco regalar tazas de café. Cada vez es más claro que el pueblo no es su prioridad, sino un medio hábilmente manipulado para aupar en el poder a un selecto grupo de nuevos ricos. Los hermanos Bukele les abrieron la posibilidad para ascender a las alturas de la rígida estructura social del país a cambio de su complicidad. Paradójicamente, una porción considerable del pueblo les despejó el camino para introducirse en el círculo de la riqueza. No hubieran entrado sin el poder entregado en las urnas.

Inesperadamente, Bukele reveló una de las fuentes de riqueza de sus legisladores. Además de un elevado salario para el promedio nacional, cada mes reciben varios miles de dólares para unos asesores innecesarios, porque simplemente obedecen órdenes. Sin embargo, la exposición ante una opinión pública golpeada por el alto costo de la vida y el desempleo no es más que un contratiempo desagradable. La dictadura pasará, pero el capital acumulado gracias a la corrupción permanecerá. El tiempo se encargará de relegar al olvido su origen corrupto de la misma manera que lo ha hecho con otros grupos. El mayor perdedor será, como es usual, el mismo pueblo que los toleró.

No deja de sorprender que la dictadura se haya consolidado a pesar de sus contradicciones. Mucho se debe al exitoso marketing de Casa Presidencial. Sin embargo, este no consigue convencer a los inversionistas extranjeros, un sector clave para los planes de los hermanos Bukele. Ni siquiera los más aventureros apuestan por ellos. Cuando se trata de dinero, hasta los más temerarios exigen unos mínimos de confiabilidad que no encuentran en la dictadura. La inversión directa es mínima, la actividad económica no despega, la deuda se acumula imparable así como los intereses, las fuentes de financiamiento se secan y la escasez comienza a hacerse sentir. La iliquidez recorta el gasto social, abandona las obras emprendidas y acumula cuentas por cobrar entre los proveedores. Las seguridades del embajador estadounidense sobre la confiabilidad del régimen son diplomáticamente correctas, pero no despejan las dudas.

La dictadura se encuentra en un callejón sin salida. Según uno de sus eslóganes iniciales más repetidos, y ahora olvidado, el dinero debiera abundar, porque ninguno de los suyos roba. Pero resulta que sufre de parálisis progresiva por insolvencia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Constitución salvadoreña afirma tajantemente que “todas las personas son iguales ante la ley”. ¿Lo cree Usted? De hecho es un deber ser derivado de la igual dignidad de las personas, realidad esta innegable pero con demasiada frecuencia irrespetada. Y por supuesto, cuando no se respeta la dignidad de la persona humana, tampoco la igualdad ante la ley tiene la vigencia que los abogados, jueces y demás afirman con voz estentórea en sus discursos. No debe ser así, pero en todas partes del mundo se suele dar ese tipo de desigualdad que limita incluso por ley la dignidad de las personas.

El trato a los migrantes suele ser el ejemplo más vivo en los países desarrollados. Entre nosotros son los pobres los que mayoritariamente sufren esa marginación de la dignidad que finalmente y de hecho los convierte en más débiles y desiguales ante la ley.

En El Salvador la desigualdad suele ser escandalosa. Todavía recordamos un caso de corrupción en Casa Presidencial en el que la sentencia más dura recayó sobre el pobre hombre al que mandaban a cobrar los cheques, traía de vuelta los billetes y nunca se enriqueció con la corrupción de sus jefes. Un chofer-mandadero que cumplía órdenes de funcionarios de la administración Saca quedó con una condena de cárcel de más del doble de años que quienes repartían el dinero o firmaban los cheques.

En estos días, en una escala menor a la anteriormente expuesta, hemos visto en los medios otro caso singular. Una camioneta elegante pero sin placas entra en un callejón oscuro a las dos de la mañana. Hay gente honesta en el lugar, pero también se dice que en algún tiempo se vendía droga en esa zona. Uno de los honestos llama a la Policía porque el vehículo de marras se parquea enfrente de su casa. La Policía llega, encuentra la camioneta con un honorable diputado dentro y se lleva preso al denunciante. Todo un espectáculo ejemplar de cómo funciona entre nosotros de vez en cuando el Artículo 3 de la Constitución. ¿Le pusieron multa al vehículo en el que andaba diputado por carecer de placa? Ese es un capítulo de la historia que es fácil que no se escriba nunca.

Por si quedaran dudas sobre la desigualdad, el Banco Mundial acaba de presentar un informe sobre la desigualdad en América Latina. Y aunque ubica a El Salvador entre los países de ingresos mediano-altos, asegura que el 60% de los hogares reciben ingresos que lo ubican en situación de pobreza o de seria vulnerabilidad. Aunque ubica en la clase media a los hogares que tienen un ingreso entre 14 y 81 dólares, lo cierto es que un hogar que tenga un ingreso inferior a 600 dólares al mes se encuentra en una seria vulnerabilidad económica.

Una encuesta reciente de la Universidad Francisco Gavidia nos ofrece un panorama todavía más triste que el banco Mundial. La desigualdad económica y social no es ni algo natural ni, mucho menos algo sano para el desarrollo y la convivencia nacional. Enfrentarla, establecer políticas que tiendan a superarla es obligación de un estado que habla permanentemente en su Constitución de servir a la persona humana y de garantizar su igualdad ante la ley.

Y por cierto, la famosa agenda 20-30 de las Naciones Unidas, trata en uno de sus puntos de eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. Lástima que haya diputados que en su ignorancia aseguren que la Agenda 20-30 “no tiene cabida en El Salvador”. Los que no deberían tener cabida en la Asamblea Legislativa son los políticos que rechazando la Agenda 20-30 terminen apoyando la pobreza y la desigualdad en El Salvador.