Editoriales y Opiniones

El Time abrió sus páginas, portada incluida, a Bukele, a quien dio en llamar strongman. En el amplio espacio que le concedieron, “el hombre fuerte” describe El Salvador, no el de la ciudadanía, sino el suyo. Naturalmente, su perspectiva es muy positiva y alentadora. No habría, pues, razones para la preocupación, la crítica o el desaliento. El Time obsequia a sus lectores un Bukele en el país de las maravillas. En el trasfondo de sus divagaciones se vislumbra la enajenación del entrevistado.

El país del “hombre fuerte” es ideal para que los extranjeros, en concreto, los estadounidenses, disfruten sus vacaciones. Es un país pequeño y muy lindo. Tiene las mejores playas de surf del mundo, los mejores cafés del mundo y la mayor densidad de preciosos volcanes del mundo. Es totalmente libre, abierto y bien comunicado con la Florida. Por eso, algunos de los delegados enviados por Washington a la toma de posesión piensan adquirir propiedades para descansar.

Los dos únicos éxitos que se atribuye son la seguridad, “una victoria abrumadora”, y el bitcoin, una novedad agridulce. Ignora la economía, la educación, la salud o la pobreza, y se regodea en la seguridad. En un desliz, el “hombre fuerte” atribuye el fenómeno de las pandillas a la falta de familia y de oportunidades. Si esos jóvenes hubieran encontrado educación y empleo, no habrían sido pandilleros. Ahora son enfermos irrecuperables que, como no pueden permanecer en las calles, permanecen encerrados indefinidamente. Está convencido de que el Estado le falló a esa juventud. Pero eso no volverá a suceder, porque ahora es prioridad. Pese a ello, no indicó qué oportunidades ha puesto a su disposición. En consecuencia, emigrar o la cárcel sigue siendo su destino.

No cualquier cárcel, eso sí, sino la mejor de los países norteamericanos. En efecto, sus cárceles son limpias y ordenadas, sin pleitos ni homicidios, y tienen la tasa de hacinamientos y mortalidad más baja de América Latina. Los reclusos gozan de la misma calidad de vida que el ciudadano promedio, pues el “hombre fuerte” no tolera que vivan mejor que sus víctimas. En consecuencia, su dieta es igual a la de ese ciudadano: frijoles, arroz, queso y tortillas. No incluye carne y camarones, pero sí las proteínas y los carbohidratos indispensables. En síntesis, sus cárceles son totalmente diferentes a las de América Latina, donde reina “un caos total”.

El “hombre fuerte” atribuye las denuncias de muertes y torturas a una abundante narrativa falsa. “No hay ni una tan sola prueba” de esos crímenes. “No estamos matando a nadie en la cárcel”, dice. De hecho, la tasa de mortalidad de sus prisiones es la más baja del continente, incluido Estados Unidos. Claro, siempre ocurren decesos por edad o enfermedad. El Cecot, la cárcel emblemática, es la más abierta del mundo a la prensa, que tampoco ha encontrado indicio de los crímenes que le imputan sin fundamento. Además, tiene “un sistema de justicia muy fuerte […] independientemente de quien esté involucrado, y lo hemos demostrado desde el gabinete hacia abajo. Abordamos los delitos de manera imparcial”. De ahí que encuentre absurdo que Washington haya sancionado al responsable de las cárceles más ordenadas del continente. Igualmente absurdo es que lo acusen de haber negociado con las pandillas, dado que no tenía nada que ofrecerles a cambio.

Otra “buena noticia” del “hombre fuerte” es que, “en el horizonte cercano”, suspenderá el régimen de excepción… cuando se den las condiciones. Todavía andan sueltos entre ocho y nueve mil pandilleros, estima. Una afirmación sin fundamento, porque no dispone de un censo. Pero lo sabe “porque todos los días agarramos una cantidad de pandilleros, todos los días”. Una vaguedad tan grande es intolerable en una seguridad que se toma en serio. Así, pues, “la normalidad” volverá cuando convenga a sus intereses.

“El hombre fuerte” confiesa haber mantenido en su juventud un idilio con el periodismo. Entonces, lo respetaba porque fiscalizaba al poder e informaba a la opinión pública. Rompió esa relación cuando descubrió que se había prostituido, al renunciar a la verdad y ponerse al servicio de intereses económicos y políticos. A su juicio, la prensa independiente actual es tan propaganda como la gubernamental, con la diferencia de que esta no lo oculta. Reconoce así que sus spots son simple y vulgar publicidad. En cualquier caso, nunca ha capturado a ningún periodista ni ha cerrado ningún medio.

El “hombre fuerte” siempre ha pensado que “las sociedades avanzan porque hay un tratamiento integral de sus problemas”. Sin embargo, en la monserga no hay rastros de esa aproximación. Solo habla de la guerra contra las pandillas y del régimen de excepción, seguidos por un etcétera indefinido. Al parecer, eso es todo lo que sabe del país que gobierna. Quizás por eso las quejas, los reclamos y las peticiones desesperadas de ayuda solo encuentran silencio.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En los últimos años, la eliminación de importantes instituciones del Estado ha pasado a ser rutina. Hasta la fecha, más de una decena de instancias gubernamentales han sido cerradas. A este respecto, el proceder del Gobierno de Bukele suele seguir un mismo patrón. Primero, se trata de instituciones que prestan servicio a sectores vulnerables de la población o que reciben fondos significativos del presupuesto nacional. Segundo, el cierre de la institución se justifica desde la necesidad de modernizarla. Tercero, aunque en un inicio se anuncia que la institución no desaparecerá, después se crea otra instancia para sustituirla. Cuarto, finalmente los servicios que ofrecía la institución cerrada desaparecen o se reducen drásticamente, afectando de manera directa a las personas que eran beneficiadas.

Cuando se cerró el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), se creó la Dirección de Integración, que supuestamente asumiría sus funciones. Hasta el momento, no existe una política dedicada a la juventud, a pesar de que esta constituye el sector mayoritario de la población. Algo semejante sucedió con el cierre del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), una de las instancias mejor valoradas por empresas e instituciones por su labor de cualificación profesional de los trabajadores. El Insaforp fue sustituido por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), del cual no se tiene ninguna noticia. Si bien el impuesto para la formación profesional se sigue cobrando, solo una quinta parte se destina ahora, en teoría, a la formación profesional.

Cuando se redujo drásticamente el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes), que para las municipalidades disponía del 10% de los ingresos totales del Estado, se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) como encargada del desarrollo municipal, adjudicándole la mayoría de dineros que antes se destinaban a los gobiernos locales. Sin embargo, la profunda ineficacia de la DOM es quizás la principal responsable del rechazo ciudadano a la gestión de las municipalidades en el período previo a la reducción de los municipios. El mismo patrón se siguió en el cierre de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), cuyas funciones fueron asignadas al Banco Central de Reserva, y con la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas tareas asumiría una hipotética Superintendencia de Regulación Sanitaria.

Todas las mencionadas eran instituciones que servían a la población, como también lo hacían los extintos Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna). Y no hay nada que dé pie a pensar que el Ejecutivo dejará de cerrar instituciones de similar importancia. En esa línea, un golpe demoledor para el futuro del país sería, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

¿Por qué cerrar instituciones que brindan servicios importantes al país y a la población? Una razón podría ser la precariedad de las finanzas públicas; otras, el afán de borrar todo vestigio positivo de Gobiernos anteriores; y una tercera, el cumplimiento de exigencias del Fondo Monetario Internacional para que el país sea receptor de un salvataje económico vía préstamo. Lo más probable es que la respuesta a la pregunta sea una mezcla de las tres razones, con el añadido de que las condiciones de vida de la población más pobre no son prioridad del Gobierno. De lo que no cabe duda es de que está en marcha un proceso de desmontaje de las instituciones de protección social.

El término liberal en política puede significar realidades diversas. En la mejor de las tradiciones liberales el término significa respeto a la libertad de las personas y compromiso con las limitaciones de la libertad de los gobiernos, generalmente señaladas en las Constituciones, para evitar los abusos de poder. Abusos de poder que también se dan en ocasiones desde otras instituciones no estatales, como desde la economía o desde otras instituciones sociales o políticas, y que deben ser controlados y limitados también desde la legislación.

En este sentido, el espíritu liberal no está reñido con las diversas ideologías políticas. Se puede ser socialista o capitalista y mantener la libertad propia de las democracias, así como el control del poder, expresados en las Constituciones respectivas y en la división de poderes. Libertad que defiende a las personas en su modo de pensar, hablar y organizarse y, simultáneamente controla cualquier abuso de poder, venga de cualquier autoridad del Estado o de cualquier organización social o económica.

Pero también hay instituciones y partidos políticos que aunque se identifican como liberales son profundamente contrarios al valor de la libertad. No tienen inconveniente en restringir la información pública, permiten que las grandes empresas suban precios o maltraten a los trabajadores, odian a los defensores de derechos humanos acusándolos de defender a criminales o de seguir supuestas agendas extranjeras, y hostigan y lanzan campañas de odio contra grupos sociales opositores o críticos.

Un país puede permitir una libertad casi sin control a las empresas, pero eso no le hace liberal. Hay liberalismo de izquierda que promueve derechos sociales dentro del marco democrático liberal, y hay liberalismo de derechas que se mantiene en el mismo marco democrático aceptando la división independiente de poderes. Ambos liberalismos son respetuosos de los derechos humanos y tratan de mantenerlos en sus agendas tanto partidarias como de gobierno.

Lo contrario al liberalismo no es el socialismo sino el autoritarismo. Cuando se dice respecto a El Salvador que tenemos en la actualidad un régimen autoritario lo que se nos dice es que se están negando libertades ciudadanas. El hecho de que haya libertad de empresa no quiere decir que vivamos en un régimen liberal. Proteger y apoyar a los más fuertes siempre ha sido uno de los vicios de los regímenes autoritarios. La democracia, que nunca es perfecta y debe estar siempre en construcción inclusiva, tiene siempre ese componente de defensa de las libertades y control de los posibles abusos del poder. Las elecciones, aunque son fundamentales en la democracia, no aseguran la democracia. Son el primer paso. Pero después deben seguir la defensa de las libertades, el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, junto con una institucionalidad potente que controle cualquier abuso de poder.

Ver una Asamblea Legislativa que aprueba con demasiada frecuencia con dispensa de trámite lo que se le envía desde el ejecutivo, o un sistema judicial que hace la vista gorda ante los “habeas corpus” que pudieran frenar los abusos del ya largo “régimen de excepción”, hace pensar que la institucionalidad no se corresponde con la democracia ni con el espíritu liberal que invita al debate, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos entre los contrarios.

El desprecio de las obligaciones convencionales, la lectura caprichosa de la Constitución realizada desde y a favor del poder, rompen un principio liberal y democrático básico: Solo los derechos básicos de la persona, y no el poder, pueden considerarse absolutos.

El Gobierno actual no quiso firmar el Acuerdo de Escazú, en el que los países latinoamericanos se comprometen a garantizar el acceso a la información pública en temas ambientales. Sin embargo, la administración Bukele dice impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según consta en la página web de Casa Presidencial. En el Objetivo 16, que habla de instituciones sólidas, se menciona como necesario el acceso a la información pública. En 2010 se aprobó en la OEA la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. En 2011, la Asamblea Legislativa aprobó una normativa nacional sobre acceso a la información, la cual sigue vigente hasta el momento. A pesar de todo, cada vez hay más quejas sobre las trabas para acceder a información pública. Y también cada vez con mayor frecuencia el Gobierno establece reserva de información por varios años a proyectos, actividades e inversiones estatales, recurriendo a razones en general absurdas.

En esa línea, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, en un reciente estudio, detectó un bajo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. De las 18 instituciones gubernamentales analizadas por el Observatorio, ninguna cumplió con las responsabilidades establecidas en la legislación. Los tres poderes del Estado parecen estar de acuerdo en restringir el acceso ciudadano a la información. Aparte de las sospechas de corrupción que genera, esta situación ha llevado a serias confrontaciones entre el periodismo de investigación y el Gobierno. Se ha generado así un estado de temor entre los periodistas, que sufren amenazas y acoso cuando descubren irregularidades e indicios de corrupción. Los discursos de odio en las redes, con un plus de agresividad machista cuando la periodista es mujer, incluso han forzado a algunos periodistas a abandonar el país.

Un caso especial de opacidad y negativa a la información es el de la Dirección General de Centros Penales. En el contexto del régimen de excepción, los abogados defensores no pueden visitar a los privados de libertad. Por su parte, los familiares de los detenidos no saben en qué prisión están sus parientes ni si viven o están muertos. La negativa del sistema carcelario a informar es inmisericorde, brutal y despectiva tanto del derecho internacional como de las personas concretas, esposas, madres y parientes que quieren conocer la situación de sus seres queridos.

Más allá de las violaciones al derecho nacional y convencional, hay un serio problema ético que afecta a la moralidad pública. La Iglesia católica defiende en su pensamiento social que la información pública “se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática”. Por ello, insiste en que “la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad”. Negar información implica no solo violar la ley, sino incurrir en un acto inmoral profundamente dañino para la convivencia, un acto de agresividad y de violencia contra las personas.

Los valores tradicionales no se promueven desde la soberbia. La promoción y la defensa de esos valores tradicionales queda desautorizada cuando se hace desde la soberbia. Tampoco se deben excluir el robo, la mentira y el asesinato. Afirmar los llamados valores tradicionales sin esto último es engaño, muy útil para revestirse de robustez moral ante los sectores sociales más conservadores y retrógrados. La soberbia, junto con los vicios mencionados, está reñida con la fe que algunos dicen tener puesta en Dios. En el mejor de los casos, no en el Dios de Jesús, sino en el dios del dinero y del poder.

En los tiempos que corren, la soberbia no llama la atención. Es uno de los vicios socialmente interiorizados, que se practica y se sufre con total normalidad. No hace mucho, el papa Francisco le dedicó una de sus catequesis de los miércoles. La denunció como un mal con consecuencias devastadoras. El soberbio, arrebatado por el engreimiento, se exalta a sí mismo por encima de todo y de todos. El soberbio cree ser mucho más de lo que es en realidad, ansía ser reconocido como superior a los demás, quiere ver reconocidos sus méritos y desprecia a los otros y los trata como seres despreciables. El vicio de la soberbia, avisa Francisco, es acompañado por el de la vanagloria. Esta es una enfermedad del yo humano, un trastorno infantil. La soberbia, en cambio, causa desgracias. Esto la convierte en la reina de todos los vicios.

La identificación del soberbio no es difícil. La lista de los síntomas de quien ha sucumbido a ella es larga. El orgulloso es altivo y de nuca rígida, jamás se inclina ante nada ni nadie. Emite juicios infundados e irrevocables sobre los demás, que se le antojan irremediablemente ineptos e incapaces. Reacciona de forma exagerada ante la menor crítica constructiva o un comentario inofensivo. Siente que su majestad es ofendida y monta en cólera, grita y, profundamente resentido, rompe relaciones con los otros.

La soberbia es inseparable de la envidia, los dos vicios característicos de quien aspira a ser el centro del mundo, libre para explotar todo y a todos, y el objeto de toda alabanza y veneración. La soberbia es autoestima inflada sin fundamento. El “yo” soberbio es dominante. Es incapaz de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. No es consciente de que, aparte de él, existen otras personas en el mundo. Sus relaciones con ellas son prepotentes, oportunistas y manipuladoras. Su persona, sus logros y sus éxitos deben ser exhibidos ante el universo.

El soberbio es un perpetuo mendigo de atención. Cualquier éxito es motivo más que suficiente para reclamar alabanzas. Es incapaz de valorar sus logros en su justa dimensión. Engreído y envalentonado, se presenta ante el mundo como un fenómeno nunca antes visto. Si sus cualidades no son reconocidas, se enfurece. Los demás son desagradecidos, reniegan de sus talentos y cualidades, no comprenden sus desvelos y sus esfuerzos, y no están a la altura de su grandeza. Son miserables y aviesos.

Las repercusiones de la soberbia en la vida cotidiana son devastadoras. Destruye las relaciones humanas, envenena la convivencia social y personal, y envilece a los más cercanos. Poco se puede hacer por el enfermo de soberbia. Es imposible hablar con él y, mucho menos, corregirlo, porque, en el fondo, está enajenado. No queda más que ejercer la paciencia, porque un día la torre de sus grandezas se derrumbará sobre él.

En el vicio de la soberbia se esconde el mal radical, esto es, la absurda pretensión de ser como Dios. Ya monseñor Romero decía que el soberbio es un ególatra que no ha encontrado al verdadero Dios y, por eso, tampoco ha descubierto su propia grandeza. La soberbia figura en la serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal siempre procede del corazón de los seres humanos. La ceguera insolente ignora que Jesús dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. El único remedio disponible para el soberbio es la humildad, el verdadero revulsivo para toda clase de arrogancia.

En su catequesis, el papa Francisco no se refiere a nadie en particular. Por consiguiente, cualquier parecido con la realidad es simple casualidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

El pueblo salvadoreño sabe, por experiencia propia, que de las situaciones difíciles suelen nacer la solidaridad, la bondad y la creatividad para resolver los problemas. Si bien la vulnerabilidad del territorio hace que los fenómenos naturales desnuden la precariedad de las condiciones de vida de miles de familias, también despiertan una enorme solidaridad con los afectados. En la actualidad, el país vive tiempos difíciles, y la debilidad de la institucionalidad pública cada vez es más obvia y preocupante. El abandono de tareas por parte del actual Gobierno afecta a la población, principalmente a las comunidades más pobres del país. La falta de fondos en las alcaldías, agravada por la reducción del número de municipalidades, profundiza el abandono y lleva a El Salvador a un horizonte incierto.

Mientras la propaganda repite sin cesar que es este un nuevo país, próspero y seguro, la desatención a las funciones básicas del Estado avanza. La falta de medicinas en el sistema de salud, la fuga de especialistas, el deterioro físico de muchos centros escolares y el descuido en el reparto de alimentos y uniformes a decenas de miles de niños y niñas del sistema público contradicen la narrativa oficial. El oficialismo ni siquiera es capaz de reparar los caminos y calles de las comunidades y colonias, ni de ofrecer un buen servicio de recolección de basura. El cierre o desmantelamiento de instituciones que atendían directamente a sectores vulnerables, como el Injuve, el Insaforp y la Secretaría de Inclusión Social, es muestra de que los jóvenes, los trabajadores y las mujeres no están en el centro de la preocupación del Estado.

Ante la falla casi sistémica de los servicios que el Estado debería ofrecer a las población, surgen iniciativas ciudadanas. Jóvenes que deciden pedir dinero para reparar las calles de su comunidad, mujeres que acarrean piedras para llenar los baches que vuelven intransitables las arterias, gente que reúne materiales para garantizar el suministro de agua. La incapacidad o desidia del Gobierno anima la organización ciudadana; el abandono del bienestar social está demostrando que la ciudadanía es fuerte en la medida que se une. Las actuaciones de los ciudadanos que trabajan en conjunto reconfirman que la solución a sus problemas no vendrá de arriba ni de fuera, sino desde abajo y desde dentro de ellos mismos. Mientras los funcionarios exhiben sus miserias y egoísmos, la ciudadanía da muestras de organización y unidad para el bien común. Ese es el camino.

La democracia continúa siendo en El Salvador el régimen de gobierno preferido. Sin embargo no podemos decir que tengamos una democracia perfecta, como no lo pueden decir muchos otros países. Un régimen democrático que no sea inclusivo, que margine o no reconozca derechos básicos de las personas, tiene siempre que evolucionar y mejorar. Las democracias antiguas mantenían sistemas esclavistas. La mayoría de las democracias modernas, desde el año 1800 al 1900 no permitían votar a la mujer. El sufragio universal, sin restricciones de raza, estado económico o cultural, es también relativamente reciente. Todas las democracias han tenido que evolucionar hacia la inclusión de personas. Todavía hoy las democracias deben seguir mejorando sus niveles de inclusión de personas no solo de cara al ejercicio del voto, sino también mejorando los derechos básicos de educación, salud y participación social y económica de mucha gente. Aunque el voto es importante y básico en la democracia, no basta con que haya elecciones para que una democracia sea decente. La lucha contra la pobreza y contra la desigualdad extrema son indispensables para la inclusión de las personas en la vida social de cada país.

Todavía hoy existen poderes que llamamos fácticos, que manipulan, marginan y utilizan la democracia en propio beneficio. En las dictaduras militares o militarizadas, los altos mandos casi siempre terminan millonarios, o al menos muy ricos. Cuanta más autoritarismo haya en el poder ejecutivo, más débil se vuelve la rendición de cuentas y más fácilmente crece la corrupción. El poder económico de algunos sectores minoritarios de la población tienen con frecuencia una influencia indebida en las democracias. Y lo utilizan casi siempre para defender sus intereses y crear un tipo de estructura económica en la que el mayor peso del mantenimiento del Estado acaba siendo sostenido por las clases medias y los pobres. Fuerzan desde el poder del dinero una legislación de privilegio que les permite mantener el propio enriquecimiento con ausencia de responsabilidad social.

En El Salvador la tradición ha sido la de tener una democracia limitada. Incluso después de los Acuerdos de Paz la democracia estuvo muy limitada por los intereses particulares de los partidos gobernantes, las limitaciones de sus ideologías y el peso sustancial de los poderes económicos, siempre empeñados en mantener un sistema que agrava las diferencias y mantiene índices elevados de pobreza y marginación. Con el gobierno actual, de clara tendencia populista y autoritaria, los niveles de democracia en el país han descendido. La tendencia a convertirse en una democracia de partido único, con control rígido de las instituciones legislativas, militares y judiciales, así como con facilidades para adaptar la Constitución al fortalecimiento del poder ejecutivo y a reelecciones consecutivas de la presidencia, marcan un importante retroceso sobre la ya débil democracia que teníamos antes. El menosprecio y ataques a quienes defienden los derechos humanos, junto con el olvido intencionado de convenios internacionales firmados y ratificados por el país dedicados a controlar los excesos del poder, muestran el rostro duro de un régimen que, si bien se ha legitimado con el voto popular, entra en caminos cada vez más alejados de la gobernanza democrática. Insistir en los derechos de las personas y en la independencia de las instituciones de control del poder es el camino y la responsabilidad que nos queda a quienes queremos vivir en una democracia que sepa renovarse progresivamente al servicio inclusivo de todos los salvadoreños.

La Iglesia católica insiste en que “la familia debe ser considerada protagonista esencial de la vida económica”. Es esta una afirmación con la que pocos se atreverían a estar en desacuerdo. Sin embargo, en la práctica, las familias salvadoreñas están en abandono desde hace años. Algunos datos recientes muestran el desprecio gubernamental a la salud económica de las familias salvadoreñas. Según datos oficiales, la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro personas asciende a 264 dólares. La canasta ampliada, que incluye otros gastos como educación, salud, vivienda, etc., ascendería, por tanto, a 528 dólares. Esa cantidad es la que debe ingresar un hogar de cuatro personas para poder salir de la pobreza, pero la gran mayoría de los trabajadores ganan menos de lo que cuesta la canasta ampliada. En otras palabras, muchos permanecen en la pobreza. El salario mínimo solo libra de la pobreza a un hogar si dos de los miembros trabajan y no hay más de dos personas dependientes. Si bien las remesas y algunos trabajos y horas extra posibilitan a algunas familias sortear la pobreza, la situación económica es difícil para la gran mayoría. Aunque en este año se debe subir el salario mínimo, los meses pasan y el Gobierno prefiere hablar de proyectos de infraestructura que caminan con lentitud. La única construcción veloz ha sido la de la gigantesca cárcel destinada a las pandillas.

El atraso en el aumento del salario mínimo en una coyuntura de desmedido incremento de precios no es el único problema. Mientras la pobreza y la desigualdad continúan golpeando al país, un grupo de legisladores propuso subir el precio de la factura de agua, incluso en zonas de clase media-baja o pobre, donde el servicio es muy deficiente. Partiendo de que el consumo mínimo de agua por persona es de 3 metros cúbicos al mes, un hogar de cuatro personas tendría un aumento en la tarifa del agua de 39 dólares, un poco más del 10% del salario mínimo. Si se aprobara el aumento, se condenaría a la mitad de la población a hundirse todavía más en la pobreza o a consumir menos agua de la que se necesita para llevar una vida decente.

La Constitución salvadoreña, en el artículo 32, afirma que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, el salario mínimo, que en principio debería ser suficiente para mantener a una familia, no se sube cuando los precios de la canasta básica aumentan. La Asamblea Legislativa prefiere distraerse con los propios salarios al tiempo que estudia la manera de subir los precios del agua. Las familias de los capturados en el marco del régimen de excepción no pueden visitar a sus parientes ni saber dónde se encuentran. Ello a pesar de que se ha demostrado que una proporción de los detenidos es inocente. Más allá de la propaganda y charlatanería gubernamentales, la protección de la familia nunca ha sido una prioridad. Quienes creen en el valor de la familia deben alzar la voz para recordar tanto la responsabilidad del Estado como lo que mandan la tradición cristiana y la decencia.

La negociación del rescate financiero del país con el FMI ha consensuado “acuerdos preliminares”, según este. Pero eso no significa que el acuerdo sea inminente. Las condiciones del FMI suponen una capitulación que Bukele aún no está dispuesto a aceptar. Resistirá hasta que su situación sea insostenible. Los avances convenidos provisionalmente incluyen un ajuste fiscal, reservas para el sistema financiero, transparencia y gobernanza.

El ajuste fiscal del 3.5 por ciento del PIB en tres años para hacer viable la deuda pública figura en la agenda desde el comienzo de las pláticas. El ajuste se concretaría con despidos masivos en el sector público y la subida de los impuestos. Ninguna de esas medidas representa mayor dificultad para Bukele, porque no hay elecciones a la vista y, sobre todo, porque sus leales le juraron sufrir cualquier “medicina amarga” sin protestar y con una sonrisa. En teoría, el ajuste no incluye recortar el gasto social como es usual. Al contrario, el acuerdo prevé que aumente, así como también la inversión en “infraestructura crítica”, es decir, no la construida dispendiosamente para engrandecer a Bukele.

El bitcoin tampoco es un obstáculo, porque los riesgos iniciales no se han concretado y, sobre todo, porque no ha sido aceptado socialmente. No representa más que una pequeña porción de los activos de la reserva del país. Inaceptable sería que el FMI exigiera retirarlo de la circulación como moneda de curso legal, porque eso representaría una bofetada para los hermanos Bukele. El Fondo se limita a pedir mayor regulación.

La piedra de tropiezo del acuerdo no es de orden económico, sino político. El FMI exige transparencia y gobernabilidad, lo cual atenta contra la naturaleza de la dictadura. Sacar a la luz la información oculta, gobernar de cara a la opinión pública, respetar la institucionalidad estatal y responder eficazmente a las demandas sociales son cuestiones inaceptables. Es claro que el FMI es consciente del avance de la corrupción y la irresponsabilidad fiscal.

El simple hecho de solicitar un rescate financiero coloca en entredicho el milagro del que tanto se enorgullece Bukele. El país no está en vías de ninguna reinvención que deje perplejo al mundo. El Salvador recorre la misma senda que Argentina, Ecuador, Pakistán, Egipto, Etiopía, Líbano, Sri Lanka y Ghana, países que recientemente han negociado rescates multimillonarios con el FMI. La pésima gestión gubernamental los llevó a la bancarrota y los obligó a solicitar un rescate financiero. Dicho de otra manera, la familia Bukele ha llevado al país a la ruina financiera. Es por eso que el FMI no aprueba el programa de rescate hasta no verificar que el país solicitante está comprometido con una gestión sana y sostenible.

Es entendible que Bukele se resista a convenir el rescate con el Fondo. Suscribir un acuerdo para superar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer las finanzas públicas no solo es reconocer el fracaso de su gestión, sino también gobernar según los lineamientos del banco y sometido a una constante supervisión. Así, pues, un detestado organismo internacional como el FMI pondría fin a su trasnochada ideología de soberanía absoluta. El raquítico crecimiento de la economía, la poca inversión extranjera directa y la deuda astronómica e imparable lo han colocado ante una decisión dolorosa, pero inevitable. Su alternativa es capitular ante el FMI o suicidarse financieramente.

Aceptar y poner en práctica las condiciones del FMI cambiaría radicalmente el rumbo del país y el talante dictatorial de Bukele. El acuerdo lo dejaría sin escapatorias. Tendría que cumplir o hundirse, arrastrando consigo a su familia y al país entero. La repugnancia visceral que pueda experimentar a someterse al FMI es comprensible, pero se le acaba el tiempo y su posición es cada vez más insostenible.

El momento de “la medicina amarga” parece inminente. No solo sus leales y el país entero tendrán que tomar dicho medicamento; Bukele también tendrá que tragarse una cucharada grande de su propia medicina. Uno más poderoso se dispone a administrársela. Llega la hora en que debe dar el ejemplo y aceptar el remedio amargo sin protestar y sonriente. Es tiempo de ejercitar la paciencia, de reducir la vanidad a niveles normales y de aprender de los errores. Voluntad política no tiene, humildad tampoco. Pero la ruina financiera apremia. La alternativa es finalizar el cuento de una buena vez, un cuento sin un final feliz.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Antes de las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro advirtió que si perdía las elecciones, el país caería en un baño de sangre. Y no mentía. Él perdió las elecciones y la represión que posteriormente desató para callar las protestas ya se cobra 2,400 personas detenidas, 25 asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La autoridad electoral venezolana, conocida por su sometimiento al régimen, declaró ganador a Maduro con el 52% de los votos sobre su contrincante, Edmundo González, quien habría obtenido el 43%.

El amaño de las elecciones no es nuevo en el país suramericano. En la presidencia desde 2013, Maduro, como Ortega en Nicaragua, lleva años celebrando elecciones para aparentar legitimidad, pero manipulando el sistema electoral. Por eso, la participación electoral disminuyó significativamente hasta las pasadas elecciones del 28 de julio, cuando la posibilidad de una alternativa distinta al oficialismo entusiasmó a la población. El tribunal electoral afirma que Maduro ganó, pero no ha mostrado evidencia que confirme eso. Por el contrario, la oposición ha recogido actas en más del 80% de las urnas y las ha publicado en Internet. Según sus datos, Edmundo González ganó con el 67% de los votos, más del doble del porcentaje obtenido por Maduro.

Antes de los comicios, la pregunta de rigor era si el régimen entregaría el poder si ganaba la oposición. Hasta la fecha, solo cuatro gobiernos latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, han felicitado a Maduro por su supuesto triunfo, un respaldo que ha sido más ideológico que basado en pruebas. En el resto de la región, la condena ha sido generalizada. Un informe de las Naciones Unidas sentenció que la autoridad electoral “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”.

El poder engendra corrupción; quien tiene poder absoluto rara vez lo abandona de forma voluntaria y pacífica. Lo de Venezuela, como lo de Nicaragua, es indefendible. Padecen de un serio problema de coherencia quienes se rasgan las vestiduras por el estilo autoritario del gobernante salvadoreño y aplauden lo que hacen los mandatarios de Nicaragua y Venezuela. Eso es tan incongruente como señalar de fraudulentas a las elecciones venezolanas cuando las hechas en casa estuvieron plagadas de irregularidades desde antes de los comicios. Si se es demócrata, no se puede apoyar a una dictadura porque es de izquierda y criticar a otra porque es de derecha. Dictadura es dictadura. Ambas anulan el equilibrio de poderes y lo concentran en una persona o un grupo; se sostienen por la fuerza; violan los derechos humanos; y gobiernan por capricho.

Lo que la razón y la justicia reclaman en el caso venezolano (y nicaragüense) es que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Y eso mismo debe exigir la comunidad internacional. La solución no es repetir las elecciones ni la injerencia interesada, sino que Maduro respete lo que decidió la gente. Si no presenta pruebas del gane que dice haber obtenido, la historia de Venezuela seguirá atorada en el oprobio dictatorial.