Editoriales y Opiniones

Periódicamente se publican informes sobre la situación de los privados de libertad. Aislados, hacinados, maltratados, cuando salen de la cárcel mantienen narrativas que estremecen la conciencia. Las denuncias de muertes en prisión por abandono o irresponsabilidad se repiten con insistencia desde que el régimen de excepción dio puerta libre a las detenciones masivas y, por lo general, arbitrarias. Niños huérfanos y abandonados sin tutela paterna, incluso muertos en la cárcel, son fruto de esas detenciones masivas. La prohibición de la visita familiar y del abogado, el pago de alimentos para que los familiares presos no se mueran de hambre muestran un escenario de abuso. Y los ataques orquestados a cualquiera que defienda a los privados de libertad o diga que hay detenciones arbitrarias señalan un serio desprecio al Estado de derecho. Por todo ello, es necesario recordar no solo que los presos son personas, no animales, como en ocasiones han dicho algunos funcionarios, sino también que existen tratados firmados y ratificados por El Salvador que obligan al Estado y a los Gobiernos de turno. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de esos tratados.

La Convención garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Someter al hambre a las personas que están bajo tutela del Estado, no brindarles atención médica, maltratarlas físicamente es una clara violación de derechos. Aunque todo ellos fueran criminales —y como se sabe, muchos no lo son—, el Estado no puede someterlos “a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El Estado no puede añadir más penas o castigos a lo impuesto por los jueces. El Salvador se ha comprometido con su firma a que “los procesados deben estar separados de los condenados”, porque los primeros gozan de presunción de inocencia. Eso no se ha cumplido prácticamente nunca. Es vergonzoso que las instituciones estatales encargadas de velar por las obligaciones internacionales contraídas en el campo de los derechos humanos, desde los jueces a las procuradurías, guarden un silencio cómplice con el abuso y el incumplimiento de normas con valor de ley.

Tanto la ONU como la OEA, dos instituciones clave a las que pertenece El Salvador, han elaborado normas mínimas de trato decente a los privados de libertad. Las de la ONU suelen ser mencionadas como la “Reglas Nelson Mandela”, en honor al luchador sudafricano contra el racismo. Y en ellas se insiste en que los reclusos deben estar autorizados “a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos”. La OEA tiene sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. En esta normativa se repite como buena práctica y exigencia el derecho a las visitas periódicas de familiares, representantes legales y otras personas, “especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas”. En contraste con eso, el sistema carcelario salvadoreño ha optado incluso por no informar del paradero de los detenidos a sus familiares. Con un sistema de justicia amañado y en descomposición, dispuesto a juzgar a grandes masas de acusados sin dar garantía de ningún tipo, los jueces carecen de una perspectiva real de justicia y equidad. El fin del régimen de excepción posibilitaría el retorno a una cierta independencia judicial y a la posibilidad de evolucionar a un diálogo más fructífero en el campo de los derechos humanos.

El mensaje de la última puesta en escena de Casa Presidencial quiere dar confianza ahora que Bukele se encuentra de nuevo al frente de la nación. El próximo temporal no causará mayores estragos, la epidemia de dengue estará bajo control en breve y los precios de las verduras y los granos básicos ya bajaron. Después de una ausencia inexplicada, el capitán ha retomado el control del país y lo dirige hacia puerto seguro. Bukele, como padre de una familia extensa, confirmó que el país está preparado para el próximo temporal, ordenó fumigar el territorio, prestar atención a los menores con fiebre y habló del precio de los tomates, las cebollas, los pipianes, etc. Los ministros se pusieron manos a la obra de inmediato. Unos salieron a fumigar o trajeron equipo de fumigación del exterior. Otros establecieron puestos de venta con precios bajos. Un espejismo, porque la crisis climática, la epidemia y la inflación no acatan las órdenes de ningún dictador.

La desidia gubernamental permitió la gestación de las tres crisis. En contra de la evidencia, el responsable del medioambiente aseguró a su jefe que estaba preparado para lidiar con las contingencias del siguiente temporal. La crisis medioambiental es estructural y, por tanto, requiere de una aproximación también estructural. Bukele no cuenta con personal ni recursos para una intervención de esa naturaleza. Se contenta con poner remiendos aquí y allá, y esperar lo mejor.

La intervención en la epidemia de dengue, la otra crisis, llega con cinco meses de retraso. El mosquito transmisor se propagó sin mayor dificultad por falta de prevención. Los funcionarios no reaccionaron a la primera alerta, porque no se los habían ordenado. Una vez dada la orden, se pusieron en movimiento. El ministro de Defensa el que más. Colocó equipo de fumigación en sus helicópteros para fumigar desde el aire, un recurso llamativo, pero igualmente ineficaz y muy caro. Hay mejores alternativas. Pero como se trata de impresionar al jefe y este a la ciudadanía, la idea fue aplaudida como una genialidad. De todas maneras, la tardía orden de fumigar no controlará rápidamente una epidemia que lleva semanas castigando a la gente. Tampoco contribuye amenazar con represalias a un cuerpo médico diezmado y desbordado por condiciones laborales inaceptables.

Imponer autoritariamente el precio de las verduras y los granos básicos, la tercera crisis, contradice la libertad de la oferta y la demanda, uno de los principios básicos de libertarios como Bukele. La orden es contundente y amenazadora, pero, de cumplirse, generará escasez y mercado negro. Más inteligente que atacar a las señoras de los mercados hubiera sido analizar la estructura de costos y explicar cómo el encargado de Agricultura puede bajar los precios sin pérdidas en sus puestos de venta. Amenazar a los comerciantes de los mercados con procesarlos por fraude, evasión, contrabando y corrupción si no bajan los precios es otra necedad. En primer lugar, no todos son estafadores, evasores, contrabandistas y corruptos y, en segundo lugar, si Bukele tiene evidencia de esos delitos, corresponde a su fiscal presentar formalmente los cargos. En realidad, el mensaje es este: si obedecen y bajan los precios, aunque pierdan, gozarán de impunidad.

El recorte de los gastos de los diputados, un anexo de las crisis, ha sido bien recibido, no porque contribuya a controlar una iliquidez ya crónica, sino por la pésima reputación de los legisladores. Se presentan como dedicados y honestos, pero caminan en la oscuridad, porque sus prácticas no son buenas. Por eso descargan toda la responsabilidad de unos gastos injustificados en una diputada de la oposición. Destinar el ahorro a becas estudiantiles no limpia el fango legislativo.

Ninguna de las tres crisis representa mayor peligro para el país, según el oficialismo. No porque disponga de recursos para mitigarlas y prevenirlas pronta y eficazmente, sino porque Bukele ha recuperado el mando y ha puesto orden. En la práctica, eso no significa nada. En lugar de escenificar una pataleta contra los comerciantes de los mercados, pudo haber anunciado un plan para ser cada vez menos dependiente de la importación de alimentos. Los puntos de abastecimiento no pueden satisfacer una demanda mucho más grande que su oferta.

Asimismo, dejó pasar la oportunidad para anunciar un plan nacional de salud que priorice la atención en el primer nivel, donde ocurre la mayoría de las incidencias. Además del dengue, las enfermedades respiratorias agudas y las gastrointestinales son la causa principal de consulta, de hospitalización y de muerte. El recorte del gasto de los diputados es irrisorio comparado con la reducción que debiera experimentar Casa Presidencial.

Bukele toma el rábano por las hojas: en lugar de erradicar las causas de las crisis, se contenta con ofrecer espejitos y abalorios. El capitán y su tripulación no pueden bregar en las borrascas que zarandean al país. Si naufragan, ellos disponen de salvavidas, pero los pasajeros perecerán.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A alguna gente le gusta tanto la guerra que es extraño que después de la medicina amarga de la guerra contra las maras no declaren ahora la guerra contra los precios. Porque, además, la reacción a la subida de precio de algunos productos alimenticios coincide con un modo de actuar clásico en el país: ante el conflicto se golpea más a quien menos culpa tiene. Generalmente, es en los intermediarios entre el productor y el vendedor, o en las cadenas de supermercados, donde más se aumentan los precios. Con razón, la gente llamaba “coyotes” a los intermediarios, porque eran los que más se beneficiaban con el sudor campesino. Acusar agresivamente a los mercados finales populares, como si ahí fuera el nido de quienes se lucran subiendo exageradamente los precios, es como querer controlar el narcotráfico deteniendo a quienes menudean con droga en los barrios más pobres de las ciudades. Es cierto que también los pequeños y los habitantes de barrios pobres se pueden lucrar de formas inmorales, pero en el campo de los precios, como en el narcotráfico o en otros negocios ilícitos, la responsabilidad no suele estar en el mundo de los pobres o de la clase media.

En la doctrina social de la Iglesia se encuentran frases que denuncian lo falso de estas guerras en que se daña a los más pobres y ayudan a pensar dónde se halla la verdadera responsabilidad de las mismas. En varias ocasiones, el papa Juan Pablo II habló de un mundo caracterizado por la “guerra de los poderosos contra los débiles”. El papa actual, Francisco, nos ha advertido también de que “hay una economía que mata”. Lo que le toca al Estado no es emprender guerras contra la gente, con todas las injusticias que suelen llevar a cabo los choques armados, sino prevenirlas tocando las causas que conducen a los conflictos y elaborando políticas sociales de desarrollo inclusivo. No hay duda de que la pobreza y la desigualdad, así como las familias rotas, el deterioro de valores y la corrupción de los poderosos, han sido causas del surgimiento de las maras. De la misma manera, la ambición de quienes manejan el flujo de bienes de los grandes mercados suelen tener siempre más responsabilidad en el aumento de precios que los pequeños o medianos vendedores. Ya en 1931, hace casi 100 años, insistía el papa Pío XI diciendo que la acumulación de poder y recursos en la economía con frecuencia llevaba al predominio de “los más violentos y los más desprovistos de conciencia”. Decía estas duras palabras en la época en que muchos países sufrían los efectos de la gran depresión de 1929, iniciada en estados Unidos. Pero evidentemente son palabras que no dejan de tener sentido en nuestra época, en la que mientras aumentaba universalmente la pobreza en tiempo de la pandemia, el número de millonarios continuaba creciendo en el mundo.

Si queremos reaccionar eficazmente a los aumentos de precio, tenemos que invertir en la producción autóctona de alimentos y mantener una política de seguridad alimentaria. Ello conlleva el apoyo con mucha mayor generosidad y eficacia a nuestros agricultores y facilitarles tecnología, créditos e insumos, así como evitar abusos en el proceso de comercialización. No se puede pensar que reservando las mejores tierras productivas para el cultivo de caña de azúcar, o dedicando tierras fértiles a grandes proyecto inmobiliarios, vamos a salir de las frecuentes crisis alimentarias por las que ha ido pasando el país. El desarrollo hay que programarlo desde abajo, debe ser inclusivo y beneficiar a todos. Quienes creen que con el aumento del producto interno bruto (PIB) se frena automáticamente la pobreza están en un error. La misma historia de El Salvador lo desmiente. En los últimos diez años, el PIB salvadoreño casi se ha duplicado. Pero la pobreza continúa rondando el mismo 30% de la población. Y abunda más en el campo que en la ciudad. Tomarse en serio los problemas, pensarlos con exigencia mental, planificar y ejecutar procesos serios de desarrollo rural, lograr una verdadera soberanía alimentaria son opciones imprescindibles. Andar buscando culpables y castigar a los más débiles no conduce al desarrollo humano e inclusivo que toda persona de buena voluntad debe desear.

El estatuto del gabinete, con alguna excepción, es anómalo. Los ministros y los presidentes de las autónomas del periodo anterior continúan en sus puestos sin las formalidades constitucionales. Ni siquiera han informado su continuidad en el puesto. Son funcionarios de facto. En una gestión institucionalmente irregular como la actual, una transgresión más es irrelevante. Los otros poderes del Estado, establecidos para contrarrestar el exagerado presidencialismo del poder ejecutivo, son obsecuentes, mientras la opinión pública se repliega, entre complaciente y temerosa de la represión. En cualquier caso, la continuidad del gabinete no hace diferencia en la marcha del país.

La Constitución asigna a los ministros y a otros funcionarios, como los presidentes de los entes autónomos, las competencias que permiten al Ejecutivo cumplir con sus objetivos. Pero, al parecer, a Bukele le basta con sus hermanos y su parentela, los venezolanos y otros extranjeros. Ninguno, excepto él, está habilitado formalmente, pero todos, excepto sus familiares, devengan jugosos salarios. Y todos sacan buen partido de su proximidad al poder real. Asimismo, todos, excepto Bukele, son invisibles. Tal vez la continuidad del gabinete se deba a que los hermanos Bukele han decidido mejorar sustancialmente la gestión del poder ejecutivo y no encuentran a los candidatos idóneos, dispuestos a trabajar bajo la estrecha vigilancia de sus asesores extranjeros.

No deja de ser extraño que la dictadura tenga dificultades para conformar el gabinete de la reelección, pues no busca personalidades brillantes, ni liderazgos fuertes, ni administradores eficaces. El nuevo ministro de Cultura, la única renovación, es un técnico en sistemas informáticos, ajeno al quehacer cultural; y el de agricultura desconoce el ciclo de la cosecha de granos básicos. El único requisito es cumplir fielmente las órdenes de Casa Presidencial, que indica a los funcionarios qué hacer y qué decir. La actividad ejecutiva, aun la ordinaria, es realizada por expresa orden presidencial. Es así como el oficialismo puede asegurar que Bukele estuvo al frente de la emergencia recién pasada por las lluvias, aun cuando, contrario a su costumbre, no compareció.

Los funcionarios del Ejecutivo no son más que empleados de los hermanos Bukele y sus asesores, que usurpan funciones constitucionales. Les impiden acceder directamente al mandatario, solo ellos tienen voz en la determinación de la agenda y ellos les ordenan lo que deben hacer. En estas condiciones, ocupar uno de esos sillones es aceptar la imposición de extranjeros, que actúan en nombre de Bukele. Someterse a semejante humillación es indicio de extravío y de una ambición desmedida de poder y riqueza. Entre más alto el cargo, más posibilidades para “componerse”.

La anulación de los altos funcionarios del Ejecutivo no se ha traducido en una mejor administración pública ni en un uso racional de los escasos recursos disponibles. Al contrario, los servicios más demandados por la población han empeorado. Tampoco ha suprimido el despilfarro y la corrupción. La incapacidad manifiesta para enfrentar las consecuencias del temporal recién pasado es un llamado a la cordura. Las desventajas de concentrar la gestión en un puñado de asesores de confianza, que cuidan más de la imagen de Bukele que de la gente, son evidentes.

Las comunidades organizadas han sido de mucha mayor ayuda. Ellas conocen sus vulnerabilidades y están familiarizadas con el terreno y sus habitantes. Una información crucial fuera del alcance de un funcionario lejano, que cumple las órdenes de una Casa Presidencial aún más distante. Gobernar en nombre de Bukele no habilita para asistir pronta y eficazmente a las comunidades damnificadas. La comparecencia de algunos de estos funcionarios ha causado hilaridad en las redes digitales. Casa Presidencial los expuso al ridículo al intentar mostrarlos cercanos y comprometidos. El ministro de Defensa apareció con una señora mayor cogida del brazo, la cual protesta airada porque la introdujo en la escorrentía para sacarse una fotografía.

Si los funcionarios del gabinete gozaran de libertad, aun con sus limitaciones, harían un mejor papel. La imposición de un guion desde las alturas del poder presta un flaco servicio al mismo Bukele. La aguda contradicción entre su discurso y la realidad hace sospechar que el círculo de sus íntimos lo mantiene aislado, le cuenta solo lo que quiere escuchar y le oculta aquello que puede despertar su ira y provocar la caída en desgracia del mensajero. Es la tragedia de los dictadores: suelen emerger de la base con una propuesta halagadora para las masas desorientadas y frustradas, pero, una vez en la cima de poder, se aíslan y viven de ficciones y engaños.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 27 de junio, Nayib Bukele anunció, a través de una red social, el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura argumentando que promovían agendas no compatibles con la visión gubernamental. Siguiendo el libreto, sus funcionarios aplaudieron la medida y la justificaron especificando en qué consistía la aludida incompatibilidad. Una funcionaria en el servicio exterior dijo que “los funcionarios del Gobierno [...] tenemos bien claro el mandato de proteger la vida, la fe y la familia”. Una diputada argumentó que “El Salvador es provida, profamilia tradicional, y la Agenda 2030 no tiene cabida”; una agenda que, vale la pena recordar, es global e intenta hacer más humanas, equitativas e incluyentes a las sociedades del mundo.

Según el discurso oficial, los despidos buscarían rescatar al Ministerio de Cultura de las manos de activistas proderechos de la diversidad sexual. Algunos hechos previos anticiparon esta medida. El 15 de junio se presentó en la gran sala del Teatro Nacional la obra Inmoral, del grupo Inari, un colectivo de artistas que fusiona la imaginería drag con las artes dramáticas. La obra se exhibió solo una vez; el 16 de junio el Ministerio de Cultura suspendió las presentaciones por mostrar “contenido no apto para la familia salvadoreña”. Tres días después, el 19 de junio, fue nombrado como nuevo titular de la cartera Raúl Neftalí Castillo Rosales, diputado de la bancada de Nuevas Ideas. En sus primeras declaraciones, Castillo dijo que “este ministerio es de suma importancia para fortalecer nuestros valores como sociedad y su base: la familia salvadoreña”. Posteriormente, y según denunciaron en redes sociales miembros de la comunidad LGBTI+, el 22 de junio se echó a 30 trabajadores más, incluida la directora de Teatros Nacionales. El 26 de junio la Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, una ley especial para compensar económicamente a los empleados de Cultura cuyas plazas sean suprimidas como parte de la reestructuración de esa dependencia. Al día siguiente, tuvo lugar el anuncio de Bukele.

Esta línea de acción contrasta con la cercanía y el apoyo que el mandatario tuvo de sectores de la comunidad LGBTI+ cuando era candidato. También confirma que el Plan Cuscatlán es papel mojado. En el apartado del documento correspondiente a los derechos humanos, se lee lo siguiente: “El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación, como población LGBTI+, pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres y la población rural”.

En realidad, el tema LGBTI fue instrumentalizado para justificar los despidos. En primer lugar, porque es mentira que todos los afectados difieren de los valores que dice defender el Gobierno. En segundo lugar, porque detrás de esta acción está la precariedad de las finanzas del Estado, un asunto del que Bukele evita hablar. Y en tercer lugar, porque estos despidos masivos, al igual que la intervención del Palacio Nacional y la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, son expresiones del profundo desprecio del régimen a la cultura, la historia y la identidad nacionales; un bagaje que estorba para la imposición del culto a una persona.

Por José María Tojeira, SJ

Escuche Aquí:

El tema de las agendas se ha puesto de moda. El que no promueva la agenda gubernamental, independientemente de que haga bien su trabajo desde el punto de vista técnico, corre el riesgo de ser despedido de su empleo si trabaja en alguna dependencia estatal. Así le ha pasado a 300 trabajadores en uno de los ministerios. Cuál es la agenda queda un poco en el misterio, pues aparte de un proyecto político electoral lleno de promesas redactado hace cinco años, no hay más agenda propiamente dicha.

La única agenda gubernamental escrita y dada a conocer públicamente, es la llamada agenda digital de el Salvador 2020-2030. En esa agenda, que pretende “integrar a todos los actores que participan del desarrollo del país a través de la innovación y de la aplicación de las TIC”, aparecen también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que componen la agenda 20-30 de la ONU.

Así las cosas llama la atención que una persona con un cargo importante en la Asamblea Legislativa haya dicho recientemente en la red social X que “la agenda 20-30 no tiene cabida”, se entiende que en El Salvador. Salvo que haya surgido una nueva agenda 20-30, la que se nombra habitualmente con ese nombre suele ser la agenda propuesta por la ONU para impulsar el desarrollo. Y si uno busca en las redes de la ONU el trabajo que la misma realiza en El Salvador, se encuentra con una página en la que se nos dice que están invirtiendo, precisamente en esa agenda 20-30 en El Salvador, un poco más de 40 millones de dólares.

Y es que en esa agenda 20-30 hay unos objetivos de desarrollo sostenible que El Salvador acepta incluir en sus políticas internas. Unas políticas muy básicas, como la de trabajar por darle fin a la pobreza, eliminar el hambre, brindar agua y saneamiento para todas las familias y viviendas salvadoreñas, y otros 14 objetivos más “en los que la ONU está trabajando en El Salvador”.

Lo más grave de esa frase de que “la agenda 20-30 no tiene cabida”, no es que sea mentira. Además de ser falsa, porque la dependencias de la ONU trabajan en ella con el Gobierno en El Salvador, lo más grave de ese tipo de discurso es que se utiliza para discriminar personas, para ofender a otros y para sembrar desconfianza e inseguridad en la gente. Las agendas de desarrollo son siempre positivas si son simultáneamente inclusivas. Pero agendas, aunque sean gubernamentales, que impliquen discriminación, que busquen enemigos y propongan castigos generalizados, o que exijan juramentos de fidelidad ciega, no son agendas de desarrollo humano.

Y si se dieran ese tipo de agendas, dejarían a nuestro país no solo en el subdesarrollo humano, sino en una situación en la que los valores fundamentales de convivencia humana sufrirían graves daños. La fraternidad, el diálogo, la tolerancia, la inclusión, son valores de desarrollo humano y de convivencia pacífica. Sobre ellos hay que construir agendas de desarrollo. Es bueno que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aparezcan en la página de la Presidencia de la República como en realidad aparecen. Pero sería mucho mejor que todos los funcionarios y políticos de Nuevas Ideas fueran coherentes de palabra y de obra con esa agenda 20-30 que recoge los 17 objetivos mencionados.

La más reciente encuesta del Iudop, que recoge la evaluación ciudadana del quinto año del Gobierno de Nuevas Ideas, ofrece una serie de datos muy interesantes. El presidente llegó al final de su mandato contando con el aprecio de la mayoría de la población. La nota que esta le otorga supera el 8 y el 83% de los entrevistados considera que su administración representa un cambio positivo para el país. Sin embargo, algunas otras cifras reflejan inquietud y preocupación. Crece la percepción de un mandatario distante de la gente, la preocupación por la economía es generalizada y el 60% está teniendo cuidado a la hora de compartir sus opiniones políticas; en otras palabras, tiene miedo a la hora de expresarse sobre las actividades gubernamentales. Así pues, una mezcla de amor y miedo parece irse configurando en muchas personas frente a la realidad política actual. Se mantiene una alta confianza en Bukele, pero crece el miedo a hablar de política.

Maquiavelo, en su conocida descripción del príncipe, que ha inspirado tantas reflexiones sobre el ejercicio de la autoridad, dice que para los gobernantes “es más seguro ser temido que amado”. Pero añade que “el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio”. Si para los gobernantes absolutos del pasado no era fácil lograr que los temieran y al mismo tiempo evitar el odio, en las democracias resulta mucho más difícil. Porque los mayores niveles de educación y la mayor conciencia de los derechos hacen que las personas rechacen el miedo y la parálisis social que este provoca. Si la expresión política es un derecho ciudadano y, por tanto, debe ser libre, reprimirla despierta rechazo. En este sentido, la síntesis entre amor y temor que parece haber logrado el Gobierno no tendría solución de continuidad en el largo-mediano plazo. En las democracias y en los países que aspiran a vivir en democracia, el temor fácilmente se convierte en odio. Y no hay nada peor que el odio, tanto para los gobernantes como para los gobernados.

Puede ser que se piense que una vez se superen las dificultades económicas, los temores desaparecerán. Esta suele ser la esperanza de los regímenes autoritarios, amparada en la idea de que la gente se conforma fácilmente con pan y circo. Pero los autoritarismos, además de temor, generan diferencias y desigualdades, corrupción en los aprovechados y pobreza en los que no logran insertarse en el esquema del poder. Las encuestas miden la opinión pública y, por ello, algunas de ellas dan pistas sobre los sentimientos de la población ante el poder político. Y ese sentimiento de temor, que puede convertirse en odio, no desaparecerá mientras exista el régimen de excepción, mientras se persiga a los vendedores que afean el espejismo de los lugares turísticos, mientras se continúe echando a empleados públicos con el argumento de que no comparten la agenda oficial. Según números del Banco Central de Reserva, es posible que la economía mejore, pero si no mejora la redistribución de la riqueza, si no se recobra la capacidad de opinar o reclamar, si no se corrigen las actitudes autoritarias, el temor no desaparecerá. Y con ello el Gobierno correrá siempre el riesgo de que el amor a sus líderes desaparezca y que el país se atore en confrontaciones, tensiones y frustraciones incendiarias.

“Cada tormenta es vivir la angustia… y así no se puede vivir”, “Cada año es la misma historia de estar siempre acá [en el albergue], y uno espera hacer su casita para no pasar lo mismo” son testimonios de ciudadanos que junto a su familia se ven obligados abandonar su hogar en cada época lluviosa. Al igual que ellos, muchos salvadoreños requieren de una solución para vivir en condiciones adecuadas de protección y seguridad. La historia se repite de generación en generación. La falta de opciones de vivienda impulsa a las personas a adquirir inmuebles abandonados o a construir en zonas vulnerables sin la infraestructura y los servicios adecuados, lo cual las expone a diversos riesgos.

El espacio vital para el ser humano es la vivienda. Le ofrece resguardo y es la base de referencia para su vida cotidiana íntima. No tenerla implica no satisfacer las necesidades existenciales fundamentales de estabilidad y seguridad, las cuales posibilitan construir proyectos familiares e individuales. La calidad de la vivienda está relacionada con el desarrollo integral de sus miembros. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el derecho a una vivienda incluye factores como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada.

Según Hábitat para la Humanidad y el PNUD, El Salvador experimentaba en 20l3 un déficit habitacional que afectaba a más de 944 mil familias; en otros términos, seis de cada 10 familias vivían en viviendas inadecuadas. Por otra parte, un estudio de 2016 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School señalaba que el país tenía para ese año un déficit de casi un millón 390 mil viviendas. De estas, 245 mil 369 debían construirse nuevas y el 82% (más de un millón) tenía que renovarse.

Puesto que la falta de acceso a una vivienda está vinculada a la exclusión económica y social, es responsabilidad del Estado resolver la problemática. El total rechazo del Gobierno de Nayib Bukele a la transparencia impide conocer con certeza las acciones promovidas por el Fondo Social para la Vivienda, más allá de datos propagandísticos de inversiones futuras. Lo que se ha podido apreciar son las acciones contradictorias del Ministerio de Vivienda. A partir de declaraciones oficiales, su principal objetivo en el pasado quinquenio fue disminuir la disparidad habitacional y brindar viviendas dignas a los salvadoreños de bajos recursos.

No obstante, contrario al discurso, dicho ministerio ha permitido —y en ocasiones incluso participado en— todo tipo de desalojos de asentamientos y viviendas, tanto en áreas rurales como urbanas, sin dar opciones a los afectados. Ello para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales privados en diversos lugares de las principales ciudades del país, así como proyectos turísticos en el área costera. De este modo, antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda, ha beneficiado al gran capital inmobiliario, priorizando la supuesta lógica de atracción de inversiones.

En ninguna acción del actual Gobierno se evidencia interés en dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015 para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la propoganda gubernamental, una de las apuestas centrales de la administración de Bukele ha sido la entrega de escrituras de propiedad (45 mil durante el quinquenio), con el objetivo de garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, muchos de esos terrenos y viviendas están ubicados en zonas de riesgo de difícil acceso y que no poseen infraestructura apropiada. Así, el Gobierno, en lugar de combatirlo, está contribuyendo a reproducir el ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.

El Salvador del café, del surf y de los volcanes es también el de las inundaciones y los derrumbes con casi dos decenas de muertos, miles de damnificados e infraestructura en ruinas. En los cinco años de reinvención no ha habido mayor avance en la mitigación y la prevención de las catástrofes naturales que periódicamente azotan al país. Las más castigadas son las mayorías, forzadas a vivir en sitios de alto riesgo, porque no han encontrado un lugar seguro. Los diseñadores del país de Bukele han ignorado la vulnerabilidad estructural del territorio, el cambio climático y la creciente violencia de los fenómenos naturales. Temerariamente, decidieron asentar su reinvención sobre bases muy frágiles.

En su defensa no pueden alegar la fuerza y persistencia de las lluvias de la semana pasada, porque es bien sabido que este fenómeno y otros como los terremotos y las sequías son recurrentes y devastadores. El aumento de la temperatura es nuevo, pero vino para quedarse. Varias voces cualificadas advirtieron insistentemente de la agudización de la vulnerabilidad del país, que Bukele y los suyos se empeñan en reinventar. Evitar los fenómenos naturales es imposible, pero mitigar los riesgos hasta minimizarlos está al alcance de los gobernantes y la comunidad organizada. La dictadura, encandilada y ensoberbecida por el mesianismo, pensó que podía crear un país totalmente nuevo sin considerar las limitaciones estructurales existentes. No prestó atención a las comunidades que, conocedoras de su entorno, advirtieron su temeridad.

Irónicamente, algunas de las obras más emblemáticas del nuevo país salieron mal paradas de este trance, dejando al descubierto la imprudencia del diseñador y la mala obra del constructor. Los estragos dejados por los aguaceros son un recordatorio del abuso irresponsable de un medioambiente ya sobreexplotado, que castiga tanto a los megaproyectos de la dictadura como a las mayorías desprotegidas. La tragedia humana y la destrucción material evidencian cómo el capitalismo neoliberal salvaje conduce al país hacia el precipicio.

La dimensión de la catástrofe y la incapacidad para responder a las demandas de ayuda de las comunidades parecen haber dejado a Bukele sin palabra. Habló tarde y mal. Mientras el país y su gente padecían las inclemencias de lluvias torrenciales, habló de sí mismo. Casi al final del temporal, reprodujo la portada de una revista especializada en negocios y finanzas, destinada a los millonarios y a los aspirantes a ingresar en ese círculo exclusivo, donde aparece su cara. Se la cedieron no por méritos, sino por haber pagado una abultada cantidad de dólares. Luego, terció para defender a su ministro de Educación, duramente criticado por llamar a las aulas en medio de la tormenta. La defensa fue desafortunada. Se trataba de equilibrar los riesgos reales con la retención de los escolares en los centros educativos, aun cuando la mayoría no reúne condiciones para albergar a los damnificados, muchos menos a los estudiantes.

La crisis medioambiental de la semana pasada develó otra faceta de las limitaciones de la seguridad del país de Bukele. La mayoría de sus habitantes está a merced de los embates de la naturaleza por la inopia gubernamental. Casa Presidencial no está preparada para lidiar con los fenómenos naturales. Imprudentemente, desmanteló las estructuras de protección y previsión existentes, y lo que dejó lo centralizó de tal manera que anuló su capacidad para reaccionar. Los llamados de auxilio de muchas comunidades quedaron sin respuesta y el abultado presupuesto asignado a esas labores se esfumó sin dejar rastro.

Si los millones de dólares empleados en frivolidades como el espectáculo del 1 de junio hubieran sido invertidos en mitigar y prevenir los riesgos de un medioambiente muy frágil, el resultado hubiera sido otro. Es cínico que, a posteriori, la cúpula de la legislatura pida a la población donativos para atender a los damnificados, cuando ella es también responsable de la pérdida de vidas humanas, de infraestructura pública y de medios productivos. Invoca la solidaridad de una población a la cual dice representar, pero cuya suerte le tiene sin cuidado.

Bukele perdió una oportunidad para presentar la seguridad medioambiental como otro hito de su gestión. En vez de cuidar de los desamparados, se ausentó. La única presencia presidencial fue el nutrido equipo de fotógrafos y camarógrafos que registró la escenificación de varios ministros que habrían salido al rescate de los damnificados. La gestión de los riesgos es temeraria. El país del café, del surf y de los volcanes se derrumba.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las personas privadas de libertad no dejan nunca de ser personas, y por tanto deben ser tratadas como tales. El Estado salvadoreño, según la Constitución de la República y mientras no la cambien, está al servicio de la persona humana. A los encarcelados se les restringe la libertad, dado que se les acusa de haber abusado de ella en perjuicio de otros ciudadanos, pero no se les priva de otros derechos. Continúan con el derecho a la integridad física, a la salud, a la alimentación, a la defensa legal, a la visita familiar y a la rehabilitación, entre otros derechos básicos. Si están bajo control del Estado en las prisiones, a las autoridades les corresponde respetar esos derechos. Sin embargo, hay bastante evidencia de que no se respetan entre los 80 mil detenidos durante el régimen de excepción. La ciudadanía debe exigir al Estado que cumpla con la Constitución y con los tratados internacionales relativos al respeto a la persona humana y sus derechos. Por malvados que hayan sido, los privados de libertad no dejan de ser personas. Y además no todos son malvados, ni lo son en la misma dimensión. Y con el régimen de excepción el número de inocentes en nuestras cárceles ha aumentado considerablemente. Por todo ello es importante recordar los derechos de los privados de libertad.

Un derecho básico es el de la alimentación. Que esta sea insuficiente y que se obligue a las familias de los presos a pagar por un complemento alimentario es injusto. Que se bloquee la visita familiar y que incluso se niegue la información sobre la situación de los detenidos es escandaloso e inhumano. Que no tengan en la práctica acceso a una defensa es una violación grave de los derechos fundamentales y constitucionales. Juzgarlos en grandes cantidades y en audiencias masivas es una aberración jurídica. Mantener arbitrariamente muchos meses sin juicio a las personas detenidas está reñido con las dimensiones más básicas de la justicia. Cuando de la parte gubernamental se dice que las estrategias de seguridad han sido “implementadas de una manera técnica y con una mínima afectación a derechos”, se está mintiendo. Porque no es mínima afectación que más de 7 mil personas, según declaraciones oficiales, hayan estado detenidas, muchas de ellas durante meses, y hayan finalmente sido liberadas por el hecho de ser inocentes. Perdieron sus trabajos, estuvieron en condiciones horribles y quedaron desacreditadas ante personas con prejuicios, que desgraciadamente suelen abundar.

Las leyes de protección de derechos no son caprichos de ONG ni de personas que viven bien y no conocen la gravedad de los delitos cometidos por los privados de libertad. Al contrario, los derechos humanos nacen para proteger de todo trato cruel e inhumano. Y nacen de lo mejor de la humanidad; personas que conociendo las dificultades de la vida, buscan una sociedad donde se dé oportunidad de rehabilitación a todos. Y en ese sentido, nada hay mejor para rehabilitar que tratar con humanidad a las personas justamente castigadas por sus delitos. En 2007, los obispos de América Latina reunidos en Aparecida, Brasil, decían que les dolía “la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna”. Son efectivamente los más preocupados por el desarrollo solidario de la humanidad y las religiones los que buscan que no se cometan injusticias con los privados de libertad. Y son también los que saben que causar el máximo dolor posible a quienes han hecho sufrir solo consigue multiplicar el sufrimiento. Una posición muy diferente a la de aquellos que no les importa castigar masivamente a culpables e inocentes por el simple hecho de vivir en una zona o que prefieren eliminar leyes y prácticas de control de los abusos para asegurar el sufrimiento máximo de lo detenidos.