Editoriales y Opiniones

La semana pasada quedó en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de El Salvador. Diecinueve muertes y daños en centros educativos, siembras, viviendas, carreteras y caminos vecinales son parte del problema de un país que trabaja muy poco en la prevención del desastre. Es cierto que se ha avanzado en la habilitación de centros de refugio, pero la vulnerabilidad climática reclama mucho más, en especial en las actuales circunstancias de calentamiento global, que ocasiona tanto tormentas más largas y prolongadas como sequías y calores difíciles de soportar.

Si por algo se debe empezar es por facilitar viviendas dignas y seguras a la población, construidas en lugares adecuados, para así disminuir los riesgos de daños personales. El país tiene historial de tragedias por deslaves y corrimientos de tierra. Dos ejemplos. En 1982, hace 42 años, más de 500 personas murieron en la colonia Montebello y adyacentes al producirse un deslave en una de las laderas del volcán de San Salvador tras unas fuertes lluvias. En febrero de 2001, cerca de 500 personas murieron soterradas en la colonia Las Colinas a causa de un deslizamiento de tierra provocado por un terremoto. Con demasiada facilidad se otorgan permisos de construcción en zonas vulnerables. Y también mucha gente construye en terrenos riesgosos obligada por la marginación y la pobreza que sufre. Un plan nacional de vivienda digna y segura es urgente. Asimismo, resulta necesario que las escuelas estén en lugares accesibles y seguros. Que por las últimas lluvias 400 centros educativos hayan sufrido daños es un indicador de que muchos de los edificios destinados a recibir niños no tienen las condiciones adecuadas.

Los tiempos que vienen serán duros para los países ubicados en los trópicos. El calentamiento global y la subida de los mares afectarán cada día más. Tener planes de prevención sólidos y políticas públicas en el campo de la vivienda y de la construcción en general, así como para la protección de la agricultura, es una deuda gubernamental desde hace tiempo. Esperar a que haya más tragedias para echarle la culpa a los fenómenos naturales es irresponsable. La sociedad salvadoreña debe aprender de sus errores y problemas, escuchar la voz de los que sufren, cambiar actitudes de pasividad y establecer compromisos serios y continuados de enfrentar las causas previsibles de la muerte y destrucción que pueden traer las lluvias. Trabajar sistemáticamente en la prevención es mucho más eficaz para el desarrollo inclusivo que hacer propaganda de progreso a base de ciudades imaginarias con nombres en inglés.

Por Rodolfo Cardenal, SJ

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Además de la guerra contra las pandillas, la más conocida y celebrada, y la guerra contra la corrupción que, meses después de anunciada, aún no arranca, Bukele libra otra guerra, sorda y cruel, contra los pobres. Su simple existencia es una molestia, porque obstaculizan su plan de reinventar el país. Este no contempla elevar su nivel de vida, una empresa demasiado compleja y lenta. Por eso, los invisibiliza, expulsándolos de los espacios públicos. Los pobres no tienen cabida en El Salvador del café, del surf y de los volcanes de Bukele.

Las vendedoras ambulantes, los comerciantes informales, las artistas populares y los mendigos son expulsados por la fuerza de los centros de las ciudades y los escenarios turísticos sin ofrecerles una alternativa viable. La amenaza de desaparecer en las cárceles de la dictadura disuade cualquier intento de resistencia. La apuesta política de Bukele no incluye a la pobrería. Ignora que la estructura socioeconómica le ha negado durante décadas un empleo digno y bien remunerado. Arrinconada primero por el capitalismo neoliberal, que la lanzó a la calle, sin facilidades ni condiciones, ahora Bukele la descarta por indeseable. Los habitantes de su país viven seguros, cómodos y felices.

Las intensas y prolongadas lluvias de estos días han puesto de manifiesto cuán limitado y parcial es su concepto de seguridad. La pobrería, que habita viviendas precarias, en las zonas bajas o al borde de barrancos, ríos y quebradas, está expuesta a la devastación causada por repetidos fenómenos naturales. Vive en riesgo permanente, no porque quiera, sino por no tener alternativa. Su vulnerabilidad tampoco es atribuible a la naturaleza, sino a un medioambiente depredado irresponsablemente. En lugar de detener su deterioro y de, en la medida de lo posible, ponerle remedio, Bukele sigue el ejemplo de los de siempre. Cuando llegan las crisis, emite alertas de seguridad, aun cuando sabe bien que no tiene capacidad de mitigar el impacto de la catástrofe natural ni de evitar la tragedia humana que la acompaña. Insensible y egoístamente, aprovecha la desgracia para mostrar a los damnificados una generosidad que no tiene. Si en realidad le importaran, haría todo lo que está a su alcance para prevenir el impacto de los fenómenos naturales.

Abandonada a la miseria, la única posibilidad abierta para la pobrería es huir del país seguro y en vías de prosperidad de Bukele. En 2022, así lo hicieron más de 207,000 salvadoreños y, en 2023, más de 201,000, según los registros de la ONU. Probablemente, la cantidad real es bastante más alta. La gran mayoría presiona la frontera sur de Estados Unidos, muy a pesar de Washington. La inmigración es un tema muy polémico en la campaña electoral de ese país. El partido gobernante, en clara desventaja frente a la oposición, ha cerrado aún más sus fronteras para no ser menos que Trump, un feroz antiinmigrante.

El Washington demócrata es así víctima, una vez más, de su contradictoria política exterior. Apoya la dictadura de Bukele y su violación sistemática de los derechos humanos, lo cual, a su vez, estimula la emigración. En lugar de buscar soluciones estructurales de mediano y largo plazo, que reducirían la presión en su frontera sur, prefiere el orden establecido por Bukele, a quien tiene en alta estima y halaga con donativos diversos, incluso militares.

El prometido milagro económico tiene mucho de huida hacia adelante. Privilegia a los sectores afines al país inventado por la dictadura, mientras abandona a su suerte a la mayoría empobrecida y vulnerable. Otro sería el porvenir si lo que gasta en asesores internacionales que prometen el oro y el moro, en parques de atracciones para turistas y en aumentar el valor comercial de la marca Bukele lo empleara en prevención para reducir al mínimo la vulnerabilidad de las mayorías. Esto no sucederá. El milagro apunta en la dirección contraria. Los pobres son un lastre que ya ha soltado para concentrarse en sectores ricos y poderosos.

La medicina milagrosa será mucho más amarga para aquellos. El milagro económico no ha sido pensado para procurar su bienestar, sino para atraer inversionistas en el sector financiero, turístico, inmobiliario y tecnológico avanzado. En cualquier caso, si lo consigue, el país será aún más dependiente del exterior, lo cual contradice el discurso libertario extremista de su médico.

Uno de sus deseos es la desaparición de la pobrería, por hambre y enfermedad, o por emigración. Así, de paso, engrosa la fuente de remesas, tan cruciales para mantener a flote una economía en ruinas. En la práctica, ya la ha despojado de su ciudadanía. Probablemente, muchos empobrecidos y descartados votaron por la reelección y juraron beber el cáliz de la amargura con una sonrisa en los labios.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero

Editorial UCA

El derecho es indispensable para la vida en sociedad; de hecho, en las familias suele haber normas no escritas cuyo cumplimiento facilita la convivencia en armonía. Sin embargo, la práctica de algunos administradores de las leyes, jueces y abogados ha dado lugar a la conocida frase “hecha la ley, hecha la trampa”. En Centroamérica ha habido excelentes juristas, pero también los llamados “abogansters del dólar”: letrados de las compañías bananeras que hacían que las leyes dijeran lo que interesaba a sus patrones. Por algo se afirmaba en Honduras a inicios del siglo XX que era más barato un abogado que una buena mula. A lo largo de la historia centroamericana, los intereses privados de grupos poderosos han logrado con frecuencia arreglar y modificar normas y leyes a su antojo. Como resultado, los países del istmo, exceptuando Costa Rica, están a la cola del desarrollo en América Latina.

No siempre fue así. Hace 200 años, en este mismo mes de junio, se firmó la primera Constitución centroamericana. En ella se declaró la abolición de la esclavitud, mucho antes que en muchos países europeos, antes que en Estados Unidos, México y otras naciones latinoamericanas. En aquel entonces, había claridad en que las leyes debían beneficiar a todos, especialmente en temas relativos a la dignidad humana. Fue un salvadoreño, el diputado y presbítero José Simeón Cañas, el que propuso la abolición de la esclavitud e incluso ofreció su salario de diputado para cubrir los costos de la implementación de la ley.

Hoy en día, en El Salvador solo cabe sentir vergüenza al escuchar las respuestas que dan los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia frente a las preguntas de los diputados, en especial cuando las interrogantes versan sobre el régimen de excepción. La tendencia es a ignorar los abusos señalados en múltiples denuncias públicas y a aceptar los juicios masivos, a pesar de la imposibilidad práctica de asegurar la defensa efectiva de los acusados. Incluso personas que tienen o han tenido serias responsabilidades en la defensa de los derechos humanos no tienen problema en silenciar los abusos con tal de llegar al honor, la comodidad y el salario de un magistrado de la Corte.

Los jueces deben ser lo suficientemente libres e independientes como para poder decidir si una ley de la Asamblea Legislativa se corresponde adecuadamente con los principios y normas constitucionales, pero lo que se observa en la práctica judicial actual es una degradación del derecho. Los jueces y magistrados, fuera de ajustar las decisiones y leyes políticas al derecho vigente, plegan el derecho a la voluntad del poder. De ahí que el país esté transitando hacia un régimen plenamente autoritario, justificado por un derecho que ha sido comprado mediante puestos que otorgan un salario elevado y honores cortesanos. “Vanidad de vanidades, y todo vanidad”, dice el Eclesiastés; una frase que casa perfecto a un mundo de abogados que prefieren olvidar los grandes valores inspiradores del derecho y de los derechos humanos.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, publicó en un informe del mes de Abril de este año una serie de datos sobre la desigualdad en nuestros países latinoamericanos. Va recorriendo diversos aspectos en los que la desigualdad se ceba. En el ingreso la desigualdad es grande entre quienes reciben más y quienes reciben menor ingreso, entre las zonas urbanas y el mundo rural y entre los hombres y las mujeres. Lo mismo pasa en el campo de las pensiones, de los jóvenes, de la educación, de la salud, de internet y del agua y el saneamiento. En todos estos aspectos la desigualdad afecta más a las mujeres y al sector rural. Aunque la desigualdad es grande entre quienes tienen más y quienes tienen menos, el informe refleja cómo esa misma desigualdad se agrava en el mundo de las mujeres respecto a los hombres y en el campesinado respecto a los trabajadores urbanos. Hace años se llevó a cabo en América Latina una encuesta sobre aversión a la desigualdad. Y resultó que en Centroamérica, exceptuando Costa Rica, era donde había menos aversión a la desigualdad. En otras palabras, que en nuestros países, con desigualdades tan sangrantes, con facilidad se aceptaba e incluso se naturalizaba la desigualdad.

El problema es que la desigualdad, en la medida que es alta y no combatida, frena el desarrollo social e incluso económico. La desigualdad entre países invita a la migración. La desigualdad interna genera diferencias de clases sociales, olvido de la solidaridad y del bien común y falta de empatía ante los problemas de los empobrecidos. Más allá de la gravedad de los problemas que causaban las maras, llama la atención el poco impacto que tiene ente nosotros el dolor y el sufrimiento que ha causado el régimen de excepción a mucha gente, con sus detenciones indiscriminadas, a veces incluso determinadas por llamadas telefónicas anónimas. La indiferencia de los ricos y poderosos ante el sufrimiento de los pobres se traslada con demasiada facilidad a las mayorías. Y no vale la disculpa del miedo, porque si muchos hubiéramos expresado nuestra aversión a las injusticias cometidas, hace tiempo que se hubiera levantado el régimen de excepción. Pero la solidaridad, salvo honrosas excepciones, no parece la virtud fundamental del país, al menos en estos momentos. Y por eso mismo es responsabilidad de todas las instituciones que hablan de solidaridad, el multiplicar no solo los mensajes abstractos sobre la misma, sino concretar la solidaridad en denuncias de todo aquello que produce dolor injusto a las personas, tantas veces y de tantas formas diversas obligados a sufrir graves desigualdades.

Los estudios sociológicos nos dicen que El Salvador está envejeciendo. En los próximos 30 años la población mayor de 60 años se duplicará: Un crecimiento de este sector etario mucho más rápido que el crecimiento de la población en general. Y aunque hay quejas sobre un sistema de pensiones que, en la actualidad, solo cubre aproximadamente a un 20% de las personas mayores de 60 años, no hay señales de que haya un esfuerzo serio de las instituciones y cuerpos políticos por pensar en el problema relativamente próximo de tener un millón y medio de salvadoreños adultos mayores sin pensión. La reducción drástica de la desigualdad es una responsabilidad grave. Tanto en el tema de las pensiones, como del ingreso monetario, de la vivienda y de las redes de protección social. Porque si no comenzamos ya a hacerlo, el futuro será cada vez más dramático y triste. Subir solamente el IVA, un impuesto regresivo y poco solidario, no será solución sino atraso. Es necesario pensar el conjunto del país y buscar soluciones en las que aporten más al desarrollo quienes tienen más. Acrecentar la solidaridad, insistir en ella, hacerla parte de nuestra cultura, es una labor de todos los días y no solo en los momentos de desastre.

En 2015, cuando Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador, inició una nueva fase del recurrente proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. Sin embargo, en los últimos dos años, esos cambios han adquirido otro ritmo y profundidad: se ha desalojado a los vendedores ambulantes de calles y aceras, peatonalizado vías, construido el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), abierto el Jardín de Centroamérica y remodelado el Palacio Nacional. Todas han sido acciones tan publicitadas como controversiales.

No puede haber polémica respecto a la necesidad de una ciudad más amigable con los peatones, más limpia, más segura y con más espacios públicos para la convivencia ciudadana. Después de todo, la libre circulación, la salud, la seguridad y el descanso son derechos inalienables de la población. Pero cuestión aparte es la manera en que recientemente se ha intervenido esta área especial de San Salvador.

El carácter singular del centro de la ciudad viene de ser “histórico”. Es así porque la actual San Salvador fue fundada en 1545 en el sitio de la plaza Libertad. Durante tres siglos, la ciudad estuvo contenida en unas 80 manzanas alrededor de ese punto. El Centro Histórico era la ciudad. De ahí que en este espacio se produjeron algunos de los acontecimientos más sobresalientes de la historia del país, los cuales son parte de la memoria colectiva de los salvadoreños.

En el Centro perdura la cuadrícula urbana de calles, avenidas y plazas de origen colonial, y se agrupan algunas de las edificaciones más significativas de la ciudad: edificios públicos monumentales, templos y una diversidad de viviendas hechas de lámina, madera, bahareque y concreto que no se encuentran en otras ciudades de la región. Por estas y otras razones, el Centro posee carácter patrimonial, y es ese carácter el que en los últimos meses ha enfrentado bruscas intervenciones que merecen ser parte del debate público.

En contraste con la celeridad con la que levantó y puso a funcionar el nuevo edificio de la Binaes, tomó 15 años construir el primer proyecto para una cooperativa de vivienda social en el antiguo predio que ocupó el Ministerio de Obras Públicas, sobre la 1ª. Avenida Sur. Por otra parte, en solo un mes, el mismo ministerio demolió la manzana al sur del Palacio Nacional y creó un nuevo vacío en la trama de la ciudad, que fue adornado con fuentes y flores. Mientras, al norte del Palacio, sobre media manzana de un espacio que antes era abierto, la Dirección de Obras Municipales construye a paso lento la llamada “plaza Universitaria”, donde proyecta instalar un carrusel y puestos de comida.

Más contrastante es el caso del parque Bolívar, sobre la calle Rubén Darío, espacio público cerrado "por remodelación" desde hace años por la Alcaldía Municipal de San Salvador. En dicho parque se demolió su singular kiosco y se prevé cambiar de posición el monumento. Sin embargo, esta demoledora eficacia no ha llegado todavía a los edificios públicos y privados declarados con bandera roja después del terremoto de 1986, aunque se sabe que representan un peligro.

El Palacio Nacional es un caso especial por ser el edificio público más emblemático del país y por haber sufrido alteraciones irreversibles en el marco de los actos del 1 de junio: se sustituyó el piso original y se pintó de blanco y dorado las paredes, columnas, barandales y puertas que dan hacia el patio interior. Al irrespetar un monumento nacional de gran valor patrimonial y que cuenta con protección legal, el Gobierno manda un muy mal mensaje a la sociedad. Hasta ahora, ni los profesionales responsables de esa intervención, ni las instancias oficiales encargadas de velar por su conservación han explicado los criterios ni el propósito de dicha operación. ¿Qué se puede esperar de estas mismas instancias ante futuras intervenciones sobre inmuebles patrimoniales más modestos o de propiedad privada?

Las intervenciones en el Centro Histórico podrían intentarse justificar desde un supuesto afán de embellecimiento y revitalización, pero la belleza no es mera imagen superficial ni está reñida con el respeto a la integridad del patrimonio nacional. Es un contrasentido pretender darle nueva vida a un espacio de la ciudad destruyéndolo. Sin duda alguna, los salvadoreños tienen derecho a mejores espacios públicos y a un entorno urbano de calidad, pero también el deber de conservar su memoria y su cultura para sobre esa base enriquecer su historia. Convertir el centro de la ciudad en un parque de diversiones dirigido a turistas es una falta flagrante a ese deber.

El “rey filósofo” se reinventó como doctor milagros. Donde siete médicos ignorantes casi dejan morir al país-paciente, aquel, el médico sabio y bueno, lo curó de un cáncer terminal y así lo libró de una muerte segura. La sanación asombró al médico y al mundo. Este es el primero de muchos milagros. El médico anunció que seguirá ejerciendo sus poderes para sanar a su paciente de las otras enfermedades graves que lo afligen. Su secreto, aparte de una discutible intervención divina, es su pericia y la confianza del país-paciente que, sin vacilar, siguió sus indicaciones al pie de la letra. Es así como “El Salvador cambió para siempre” y “el mundo entero” puso sus ojos en él.

La fábula del médico hacedor de milagros interpreta este primer éxito como el triunfo de las fuerzas “espirituales” sobre otras satánicas, que practicaban sacrificios humanos. La interpretación presenta hábilmente la dura realidad del autoritarismo y sus consecuencias humanas como una victoria celestial. La seguridad de unos, la violación de la dignidad de varias decenas de miles de criminales e inocentes, y el abandono y el sufrimiento de sus familiares serían obra divina. Sin embargo, el Dios de Jesús, que siempre se muestra compasivo y misericordioso con todos los pecadores, es irreconciliable con esa interpretación. No es más que una manipulación vulgar de la divinidad por parte de un médico que demanda la sumisión total de la ciudadanía a sus dictados. Obedecerlos es obedecer a Dios mismo, quien, a cambio, recompensa con milagros. Simple superstición.

El médico, cual nuevo Moisés, conduce a un pueblo diezmado por enfermedades sin cuento hacia la sanación total. Pero como el pueblo suele ser inconstante y rebelde, quiso comprometerlo bajo juramento a acatar sus decisiones, sin quejarse y sin prestar atención a sus enemigos. Solo juraron los presentes y pocos más. El juramento, por tanto, no es universal. Tampoco definitivo. La observancia dependerá de la tolerancia del país-paciente a la amargura de la medicación. Los rigores del desierto sublevaron al pueblo de Israel contra Moisés, a pesar de la alianza del Sinaí. Los duces, los führers, los generalísimos y toda suerte de generales y comandantes estaban totalmente convencidos de su poder transformador y sus pueblos los veneraron hasta que el yugo que les impusieron se volvió insoportable.

El paciente salvadoreño deberá aguardar mucho tiempo para disfrutar del siguiente milagro: la transformación de “la mala economía” actual en otra próspera. Y aún entonces, no está claro en qué medida se beneficiará de dicha prosperidad. El primer milagro se concretó en cinco años y no es completo. La única violencia contenida es la de las pandillas. Existen otras muchas violencias que el médico desecha, aun cuando sus víctimas sufren la acometida del agresor y el desprecio de quien debería protegerlas.

Reactivar la economía es mucho más complejo que las redadas masivas en las que descansa el primer milagro. Además de complicado, intervienen variables que se escapan al control del médico. La coyuntura mundial no es favorable para ejecutar el segundo milagro. El retroceso de la globalización y la tendencia al proteccionismo cierran los mercados a las importaciones. La productividad, por elevada que sea, no tiene salida fácil. Y sin exportaciones valiosas, la recuperación tiene pocas posibilidades reales.

El médico tiene razón al atribuir su primer milagro no tanto a sus tratamientos y recetas como a la complacencia de la mayoría de la población. La popularidad despejó el camino para suprimir sin contratiempo la institucionalidad democrática y lanzar la redada contra los pandilleros y su entorno. La idea ahora es conservar esa popularidad mientras consigue el siguiente milagro, lo cual es dudoso sin una mejora palpable del nivel de vida de las mayorías.

La economía deprimida, los mercados protegidos y la improvisación no favorecen una salida rápida. Mientras tanto, la salud, la educación y la vivienda aguardan turno, porque el médico no tiene capacidad para atender varias enfermedades al mismo tiempo. Entretanto, los juramentados deben contentarse con ser la envidia de otras naciones por haber superado el cáncer terminal y sonreír al doctor milagros, sin escuchar los cantos de sirena de los embaucadores.

No deben temer el retiro anticipado de su médico. Permanecerá en su puesto hasta que hayan recuperado completamente la salud, aun cuando adelantó que no habrá segunda reelección. Es una manera de hablar. Lo mismo dijo al comienzo del primer mandato, pero no tuvo dificultad en encontrar la manera de quedarse en el poder.

La postergación de los milagros lo obligará a elevar las dosis de amargura. Entretanto, se encomienda a su dios y cuenta con la determinación, el aguante y la tolerancia de sus seguidores.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya la Organización Mundial de la Salud había advertido que la pandemia ocasionaría un decaimiento de la salud mental a escala planetaria. El Salvador no se ha librado de ello. La Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, del Ministerio de Salud, revela que el 10.3% de las personas adultas presenta signos significativos de estrés postraumático y 21% algún grado de depresión; el 22.4% de los adolescentes sufre estrés postraumático o angustia moderada. Además, cuatro de cada diez adolescentes presentan síntomas de trastorno de depresión mayor. La contra parte de esta realidad es el aumento de los suicidios.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan 800 mil personas en el mundo, es decir, una cada 40 segundos. Aunque los datos nacionales no son exactos, los números disponibles indican que los suicidios han aumentado en el país en los últimos años. En promedio se suicidan nueve personas a la semana; de cada 10 suicidios, en promedio ocho son de hombres y dos de mujeres. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal, en el trienio 2020-2022 ocurrieron 1,500 suicidios. Solo el Movimiento de Trabajadores de la Policía ha contabilizado que desde 2012 más de medio centenar de agentes han muerto por mano propia.

Diversos estudios coinciden en que los factores que más precipitan el suicidio son el alcoholismo y/o las drogas, los conflictos emocionales, la depresión, las enfermedades físicas o psiquiátricas, y los problemas económicos. También hay acuerdo en que las mujeres son más propensas a pensar en quitarse la vida, pero los hombres son los que más lo llevan a cabo y por métodos más violentos. En la mayor parte de los casos, las personas no buscan acabar con su vida, sino poner fin al sufrimiento. Es tal el grado de dolor que se experimenta que se llega a la conclusión de que el alivio más cercano y rápido es quitarse la vida.

Sin embargo, el suicidio se puede prevenir si se trata a tiempo. Así como hay factores que precipitan al suicidio, también están los que disminuyen las probabilidades de cometerlo. La presencia de vínculos familiares y sociales positivos, una sana autoestima, tener hijos que cuidar, la fe y el acceso a recursos educativos, sanitarios, sociales y comunitarios disminuyen la propensión al suicidio. ¿Qué se está haciendo en el país para promover estos factores? ¿Se está preparando el sistema de salud pública para hacerle frente a esta emergencia? ¿Se cuenta con suficientes psicólogos y psiquiatras para atender la demanda de la población?

Si esta dramática situación no interpela socialmente ni mueve a las autoridades, poca esperanza hay de un futuro más humano. Algo pasa con el país, y no huele bien. La ciudadanía se está acostumbrando demasiado a convivir con problemas que se podrían resolver de haber voluntad política. Así como se normalizó la guerra y la brutal violencia de las pandillas; ahora se está normalizando el miedo consustancial al régimen de excepción. ¿Lo mismo sucederá con los suicidios? Normalizarlos deshumaniza, orilla a las personas a pensar que el dolor y el sufrimiento son parte de la cotidianidad.

Jurar es una tradición antigua en la humanidad. Muchas de las grandes culturas tuvieron diversos modos de utilizar los juramentos como prueba de veracidad en sus compromisos o acciones. Hoy se sigue jurando, especialmente en el mundo político, poniendo la mano sobre la Constitución, sobre la Biblia, levantando una mano frente a la bandera o de otras maneras. Aunque en su conjunto los juramentos pueden ser buenos, se dan con frecuencia juramentos peligrosos. Jurar para mentir rebaja a quien lo hace. Juramentos de venganza no son cristianos. Todos sabemos los terribles resultados que tuvieron los juramentos de “obediencia incondicional” o de “obediencia hasta la muerte” que se le hicieron a Hitler en Alemania. Y así podríamos continuar relatando diversos juramentos de fidelidad a un régimen o a una persona que trajeron consecuencias desastrosas. Porque no es lo mismo jurar una Constitución que todo el mundo conoce, o un texto religioso, que jurar fidelidad a una persona y, al mismo tiempo, rechazar a quienes no sigan la voluntad del líder. En esta ocasión y en las pocas líneas de este artículo, conviene sentar criterio sobre el juramento que pronunció una buena cantidad de personas en la toma de posesión presidencial de nuestro país.

Se juró defender incondicionalmente el proyecto de nación. Lamentablemente, dicho proyecto no lo conocemos. No hay un texto escrito que describa con claridad el proyecto de gobierno de Nuevas Ideas. Y muchas de las actividades y proyectos gubernamentales tienen reserva de información. Es difícil jurar y prometer la defensa de lo que no se conoce. Se jura seguir “al pie de la letra cada uno de los pasos”; el problema es que no hay letra. Y seguirlos, además, sin quejarse. Cualquier gobierno del mundo, por bien que lo haga, se puede equivocar. No quejarse es convertirse en cómplice de los errores. Quejarse, en cambio, es positivo, ayuda a reflexionar y a discernir lo que puede haber de justo en la queja o también lo que puede haber de erróneo. Escuchar quejas ayuda siempre a quienes gobiernan. Por otra parte, pedir sabiduría a Dios es bueno. Pero la sabiduría de Dios siempre termina diciéndonos que nos amemos los unos a los otros. Y no hace milagros a quienes no perdonan o no escuchan fraternalmente a los demás. Eso al menos lo afirma con mucha claridad la teología cristiana elemental.

El juramento termina con la promesa de “nunca escuchar a los enemigos del pueblo”. Esta parte del juramento es la más peligrosa. Porque ¿quién decide quién es enemigo o amigo del pueblo? ¿El gobierno? Es cierto que todo delincuente daña al pueblo, sea corrupto de cuello blanco o criminal de mano ensangrentada. Pero incluso a ellos hay que escucharlos, al menos en el juicio, si se logra llevarlos hasta ese punto. ¿Harán esa parte del juramento los jueces cuando juzguen a novecientos presos de una vez? ¿Se convertirán los abogados defensores en enemigos del pueblo cuando defiendan a quienes no se debe escuchar?

El juramento realizado durante la toma de posesión de la presidencia y vicepresidencia deja demasiadas preguntas abiertas. Es un juramento peligroso porque ofrece la posibilidad de olvidar que la obediencia a la propia conciencia es más importante que la obediencia a cualquier poder externo a la persona. Y porque abre, además, la posibilidad de dividir al país en buenos y malos, en amigos del pueblo y enemigos del pueblo, e impedir que florezca el necesario ambiente de amistad social, tan indispensable para el desarrollo humano y solidario. Un juramento así, al menos en la moral cristiana, no obliga a quien lo pronuncia. Por encima estará siempre la conciencia, que obliga en cada caso a discernir entre lo bueno y lo malo.

La “medicina amarga”, mencionada en el discurso de toma de posesión de Nayib Bukele, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por tratarse de una segunda dosis medicinal. En esta ocasión, según filtraciones, serán los mayoritarios sectores populares los que tendrán que soportar la quinina amarga aplicada a la economía. Desde hace tiempo, diversas instancias internacionales han recomendado aumentar el IVA, un impuesto que golpea más a quien menos tiene. En este sentido, incrementarlo sería una medicina amarga para gran parte de la población, pues más del 50% se encuentra en situación de pobreza o corre el riesgo de caer en ella a raíz de una contingencia o desgracia fortuita.

Sin embargo, hay remedios alternativos a la subida del IVA. Uno de ellos es el impuesto sobre la renta. Al revés del IVA, que lo pagan todos por igual y que, por ello, golpea más a quienes tienen menos ingresos, el impuesto sobre la renta grava especialmente a los que tienen más ingresos. En los países desarrollados, se recauda más dinero con el impuesto sobre la renta que con el IVA, pero en El Salvador el Estado recoge con el IVA más del doble que con el impuesto sobre la renta. En otras palabras, en el país los ricos contribuyen a la hacienda pública, en proporción a sus ingresos, con menos dinero que los pobres y vulnerables. Con una subida de la renta se posibilitaría mejorar los sistemas públicos de educación, salud, apoyo a vivienda y pensiones, convirtiéndolos en una especie de salario social universal que compensara los bajos salarios.

Otra alternativa es crear el impuesto predial, de modo que lo paguen quienes posean una casa de habitación o de descanso de más de 80 metros cuadrados de espacio habitable. Incluso podrían establecerse tramos, para que así el porcentaje del impuesto fuese mayor en función del tamaño de la propiedad; por ejemplo, el porcentaje sería mayor para una casa de 200 metros cuadrados que para una de 85. Esta sería una medicina interesante para la economía en caso de que se quisiese ser justo y respetar a los pobres. Y un tercer remedio es el impuesto al patrimonio privado. Puesto que prácticamente todos los grandes patrimonios privados se construyen, directa o indirectamente, a través del trabajo de muchas otras personas, implementar este tributo sería un acto de justicia.

Las recetas del Ejecutivo y de su obediente Asamblea Legislativa podrían dar un descanso a las mayorías pobres y vulnerables aplicando un remedio que no les sea amargo. Por lo general, las élites presionan a las autoridades para echar por tierra cualquier medida que toque sus privilegios y patrimonio. Pero frente al aumento al IVA, una medicina amarga que recortará salarios de por sí insuficientes para cubrir las necesidades básicas, merece la pena probar acciones como las propuestas, que no harían pasar hambre a nadie.

La sociedad actual, salvo excepciones aisladas y cada vez más escasas, no se organiza teniendo como centro al ser humano, sino lo que dictan las leyes del mercado. Gradualmente, la autonomía de los Estados nacionales ha ido cediendo frente al mercado, frente al “dios mercado”, como lo llamó Zygmun Bauman. El mercado manda. No es el agricultor que cosecha maíz, frijol o café el que fija el valor económico de su esfuerzo, sino el juego de la oferta y la demanda; la misma dinámica que premia con ganancias o castiga con pérdidas a quienes especulan con criptoactivos o productos bursátiles. Los criterios del mercado permiten justificar y librar de culpas a los que pagan salarios de explotación en jornadas laborales “flexibles”, y también ocultan que los más ricos son los ganadores de siempre.

Las instituciones educativas no escapan a esta realidad. En particular, las instituciones de educación superior están siendo permeadas gradualmente por la lógica del mercado, que ha implantado la idea de que la educación es una mercancía, no un derecho. Así, muchas universidades han perdido su naturaleza de oferentes de un bien público para reconocerse a sí mismas como empresas, parte de la “industria educativa”. Desde esa óptica, el estudiantado pasa a ser considerado y tratado como cliente. Una de las consecuencias más perniciosas de esta lógica es que lleva a que los Gobiernos se desentiendan de sus responsabilidades con las universidades y se extienda la creencia de que la educación, como la salud, a más cara, mejor.

Para el neoliberalismo, la educación es un negocio como cualquier otro y los individuos (que es la única figura que cuenta) deben tener la libertad de elegir entre las opciones que brinda el mercado. Por tanto, el Estado debe abandonar su papel activo en la educación y dejar esta labor a la iniciativa privada. Más mercado y menos Estado, y para eso es menester que la educación deje de ser un servicio público, gratuito y universal. Quienes no pueden pagar deben resignarse a abandonar sus estudios, esperar un cupo en las instituciones públicas o adquirir deudas para costear la carrera profesional.

Algo esencial en esta lógica de mercado es la imposición del lenguaje gerencial. Términos como “competitividad”, “eficiencia” y “eficacia” tienen su origen en el pensamiento económico liberal o neoliberal. Dos ejemplos para ilustrar. La eficiencia es alcanzar, en el menor tiempo posible y con el mínimo de recursos, el resultado planificado. Una fábrica de automóviles es más eficiente si pasa de producir un vehículo a la semana con el trabajo de 10 personas a elaborar seis con seis empleados. Por otro lado, la eficacia consiste en alcanzar una meta, por lo que importa más el resultado, el logro, que el camino o el método que se utiliza.

Estos términos se usan hoy en educación. Los resultados educativos se ponderan con índices de aprobación y reprobación, de graduados y deserción, la mayoría de las veces sin profundizar en el nivel de asimilación de los contenidos ni el contexto socioeconómico del estudiantado. Por otra parte, cada vez más centros de educación superior se ven orillados a decidir qué carreras ofrecer en base a las demandas del mercado, que no siempre coinciden con las necesidades de un país. Por ello, crece el número de carreras técnicas, pero no las humanísticas. En naciones con problemas estructurales y crónicos, desentenderse de la educación es condenar a las futuras generaciones a heredar precariedad.

Recuperar o replantear el carácter de compromiso social de la educación universitaria es urgente. El padre general de los jesuitas Peter Hans Kolvenbach dijo que el auténtico criterio para evaluar a las universidades no es lo que los estudiantes hacen, sino lo que acaban siendo y la responsabilidad adulta con la cual trabajan en el futuro a favor de los demás. En la misma línea, Ignacio Ellacuría afirmó que la eficacia de una universidad debe medirse por su capacidad de contribuir, a través del conocimiento, la investigación y la proyección social, a un cambio social que favorezca a la mayoría de la población. Por supuesto, estos no son criterios del mercado, pero apuntan a que la educación cumpla su verdadero propósito, allende de infografías y éxitos individuales.