Editoriales y Opiniones

La guerra de Israel contra el grupo Hamás cada día se convierte, y con mayor dureza, en una guerra contra el pueblo palestino. Es cierto que el primer paso lo dio Hamás con un ataque terrorista brutal. Pero la respuesta israelí se ha tornado más desproporcionada y semejante, al menos en parte, a las guerras de exterminio que aparecen en el libro sagrado que los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Guerras que en este caso serían totalmente injustas dada la carencia de proporción entre la brutalidad inicial cometida por Hamás y la respuesta de destrucción sistemática y masiva que dirige Israel sin tener en cuenta la vida de niños y civiles palestinos. Desde hace quinientos años por lo menos se insiste en que para que una guerra sea justa la respuesta a la ofensa recibida debe ser proporcional. Y por lo general han sido los países más poderosos los que hacen caso omiso de un pensamiento no solo lógico, sino humanista. La soberbia del poder impide darse cuenta de que se pierde más con la guerra que con la paz. Con razón decía Homero, en los tiempos lejanos de la Ilíada, que en toda guerra injusta las más de las veces la culpa es de los príncipes. La ebriedad del poder lleva con demasiada frecuencia a la locura.

Es evidente que el pueblo judío merece respeto por su pasado, su cultura y por haber sido víctima en la historia de muchos atentados y ataques brutales, con frecuencia provenientes de personas que se consideraban cristianas. También los musulmanes merecen respeto en su fe, su cultura y su capacidad de solidaridad inspirada en su religión. Todavía hoy, lamentablemente, en algunas sociedades hay literatura y ataques antijudíos que son deleznables. El desprecio y la burla occidental hacia los musulmanes (no, por cierto, a su dinero) son indignos de una sociedad que presume de ser culta y civilizada. La posición del papa Francisco en favor de la paz, quien ha mostrado la fuerza simbólica de abrazarse al mismo tiempo con judíos y palestinos, es la única forma decente de practicar el sentido de humanidad en medio de la locura de la guerra.

Tanto los judíos como los musulmanes han sufrido en su pasado situaciones indignas, tanto de exterminio como de colonialismo o marginación. Pero esa situación histórica debería llevar a que nadie sufra en el presente lo que padeció en el pasado. Una guerra de exterminio como la que ha emprendido el gobierno israelí no conduce a nada bueno. Palestinos y judíos están llamados a entenderse, a convivir en igual dignidad y a dialogar. Ya ha habido diálogo en el pasado y los pasos que se dieron, aunque insuficientes, habían logrado reducir algunos de los resentimientos y odios. 143 países, de los 193 que pertenecen a la ONU, pidieron recientemente al Consejo de Seguridad que Palestina se integre en las Naciones Unidas como un Estado de pleno derecho. Es un paso importantísimo para la paz. Facilitaría una mayor intervención de las Naciones Unidas tanto en la prevención de actos terroristas como en la construcción de la paz. Y alejaría de la comunidad internacional un foco de tensión y de deshumanización que hoy nos estremece, duele y preocupa a todos.

El Salvador está perdiendo la oportunidad de crecer en el valor de la reconciliación. En una de sus primeras decisiones, la nueva Asamblea Legislativa envió a archivo el proyecto de ley de justicia transicional que diversas organizaciones de derechos humanos habían presentado a la anterior legislatura. La justicia transicional trata de restaurar los derechos y valores de un colectivo después de injusticias y abusos graves y continuados a lo largo del tiempo, por lo que es indispensable para lograr un espíritu de paz y amistad social al interior de países que han sufrido guerras civiles o dinámicas internas de persecución generalizada. El Salvador estuvo en guerra once años, pero los abusos y violaciones masivas a derechos humanos venían dándose desde antes. De hecho, la mayoría de los cristianos asesinados impunemente y declarados posteriormente mártires por la Iglesia sufrieron la muerte antes de que se desatara la guerra civil.

La justicia transicional, a través del conocimiento de la verdad sobre las tragedias acontecidas, la promoción de la justicia, la reparación de las víctimas y la aplicación de medidas para la no repetición de los hechos, busca la reconciliación y la convivencia social respetuosa. La ONU ha apoyado sistemáticamente este modo de solucionar los conflictos del pasado. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía hace algunos años que las iniciativas relacionadas a la justicia de transición “fomentan la rendición de cuentas, refuerzan el respeto por los derechos humanos y son cruciales para generar los fuertes niveles de confianza cívica que son necesarios para impulsar la reforma del Estado de derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática”. Por su parte, el papa Juan Pablo II resumía el modo cristiano de buscar caminos de reconciliación con las palabras verdad, justicia y perdón, las mismas que utilizó sistemáticamente la UCA después del asesinato de los jesuitas.

Todo parece indicar que la conciencia humanista y religiosa tiene escasa presencia en la Asamblea Legislativa. Al descarte de la propuesta de ley de justicia transicional se suma el paso a archivo de una propuesta de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y de normativas para abordar la desaparición de personas y establecer políticas eficaces de búsqueda. La comisión de la Asamblea que en el pasado manejaba los proyectos de ley hoy archivados era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fue sustituida por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Cambiar los derechos humanos por la seguridad nacional muestra claramente la mentalidad del oficialismo.

Olvidar la historia, considerar irrelevantes a los grupos étnicos, despreciar los dolores de la gente sencilla con hijos desaparecidos lleva a la deshumanización de la sociedad y facilita que se repitan los odios y enfrentamientos del pasado. El diálogo con el que piensa diferente y la solidaridad con quien está en situaciones injustas es el único camino hacia una convivencia en la que el Estado está al servicio de las personas. La seguridad nacional coloca siempre a la gente en dependencia del poder de los gobernantes y fomenta un insano nacionalismo. Cuando se insiste en la seguridad nacional, en la práctica se termina promoviendo la inseguridad de la población.

El Salvador está perdiendo la oportunidad de crecer en el valor de la reconciliación. En una de sus primeras decisiones, la nueva Asamblea Legislativa envió a archivo el proyecto de ley de justicia transicional que diversas organizaciones de derechos humanos habían presentado a la anterior legislatura. La justicia transicional trata de restaurar los derechos y valores de un colectivo después de injusticias y abusos graves y continuados a lo largo del tiempo, por lo que es indispensable para lograr un espíritu de paz y amistad social al interior de países que han sufrido guerras civiles o dinámicas internas de persecución generalizada. El Salvador estuvo en guerra once años, pero los abusos y violaciones masivas a derechos humanos venían dándose desde antes. De hecho, la mayoría de los cristianos asesinados impunemente y declarados posteriormente mártires por la Iglesia sufrieron la muerte antes de que se desatara la guerra civil.

La justicia transicional, a través del conocimiento de la verdad sobre las tragedias acontecidas, la promoción de la justicia, la reparación de las víctimas y la aplicación de medidas para la no repetición de los hechos, busca la reconciliación y la convivencia social respetuosa. La ONU ha apoyado sistemáticamente este modo de solucionar los conflictos del pasado. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía hace algunos años que las iniciativas relacionadas a la justicia de transición “fomentan la rendición de cuentas, refuerzan el respeto por los derechos humanos y son cruciales para generar los fuertes niveles de confianza cívica que son necesarios para impulsar la reforma del Estado de derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática”. Por su parte, el papa Juan Pablo II resumía el modo cristiano de buscar caminos de reconciliación con las palabras verdad, justicia y perdón, las mismas que utilizó sistemáticamente la UCA después del asesinato de los jesuitas.

Todo parece indicar que la conciencia humanista y religiosa tiene escasa presencia en la Asamblea Legislativa. Al descarte de la propuesta de ley de justicia transicional se suma el paso a archivo de una propuesta de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y de normativas para abordar la desaparición de personas y establecer políticas eficaces de búsqueda. La comisión de la Asamblea que en el pasado manejaba los proyectos de ley hoy archivados era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fue sustituida por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Cambiar los derechos humanos por la seguridad nacional muestra claramente la mentalidad del oficialismo.

Olvidar la historia, considerar irrelevantes a los grupos étnicos, despreciar los dolores de la gente sencilla con hijos desaparecidos lleva a la deshumanización de la sociedad y facilita que se repitan los odios y enfrentamientos del pasado. El diálogo con el que piensa diferente y la solidaridad con quien está en situaciones injustas es el único camino hacia una convivencia en la que el Estado está al servicio de las personas. La seguridad nacional coloca siempre a la gente en dependencia del poder de los gobernantes y fomenta un insano nacionalismo. Cuando se insiste en la seguridad nacional, en la práctica se termina promoviendo la inseguridad de la población.

Por lo general, la afirmación de que “siempre han existido ricos y pobres” busca naturalizar la desigualdad social. La pobreza, no obstante, tiene que ver con el fracaso de la sociedad, con la injusta organización de la economía para beneficio de élites en desmedro de la mayoría de la población. El Salvador se ha caracterizado por ese fracaso social y esa injusticia económica, y sigue profundizándolos. Datos preliminares de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, publicados el mes pasado, revelan que el país acumuló el año pasado 55,097 nuevos pobres. Así, las cifras oficiales indican que casi dos millones de salvadoreños (1,923,303) viven en la pobreza, la cifra más alta desde 2018.

En porcentajes, 30 de cada 100 compatriotas viven en condiciones materiales precarias. En los últimos cinco años, la pobreza y los pobres han aumentado. Entre 2019 y 2023, el porcentaje de personas viviendo en pobreza subió 4.4 puntos porcentuales, pasando de 22.8% a 27.2%. La Encuesta detalla que de esos 1.9 millones, 1.3 millones viven en pobreza relativa (21.1% de la población total) y casi 600 mil en pobreza extrema (9.3%). Según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, la instancia del Banco Central de Reserva que elabora la Encuesta, la pobreza extrema la padecen los hogares que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, mientras que la pobreza relativa la sufren los hogares que no tienen lo suficiente para comprar una canasta básica ampliada, equivalente a dos canastas básicas alimentarias.

Este panorama se agrava cuando se considera que en nuestro caso la canasta básica alimentaria urbana tiene solo 22 productos, mientras que en Costa Rica, 61; y en Honduras, 30. Los números, pues, reflejan la aguda crisis de la economía familiar salvadoreña. Mientras los salarios se mantienen estáticos, el costo de la vida ha emprendido un vuelo que no parece tener retorno. Entre 2019 y 2023, el costo de la canasta básica alimentaria se elevó 47.52 dólares en la zona rural y 59.67 dólares en la urbana. Los factores que explican que cada vez haya más salvadoreños pobres son el encarecimiento de la canasta básica, el estancamiento de los salarios y la falta de fuentes de empleo. Detrás de la frialdad de los números hay rostros de personas, familias que cada día tiene más dificultades para salir adelante y que —como muestran las encuestas del Iudop— han cambiado su dieta alimenticia, o disminuido las cantidades de alimentos que comen, o reducido los tiempos de comida porque sus ingresos no alcanzan.

Este problema, sentido por casi una tercera parte de la población, no está en el centro de la agenda pública ni en la lista de cuestiones a atender por quienes dirigen el país. De nada sirve mejorar la imagen de las ciudades, edificar construcciones faraónicas, alardear de la seguridad cuando se descuida la vida y la dignidad de las personas. De la imagen y de los discursos no se come. Y para quienes detentan el poder, los empobrecidos son una molestia. Se les desaloja porque afean el paisaje, ya sea en San Salvador o en la Costa del Sol. El griego Plutarco decía que “el desequilibrio entre los ricos y los pobres es la más antigua y la más fatal de las enfermedades de las repúblicas”. El Salvador está enfermo e irá a peor si sigue permitiendo que la pobreza se extienda mientras oculta y persigue a quienes la sufren.

Como ya se ha dicho antes, puesto que la Constitución es fruto del modo de convivencia por el que el país ha optado, toda propuesta de cambiar su texto debería ser de conocimiento de la población y debatirse públicamente, no ser asunto exclusivo de diputados. La Constitución prevé, en su artículo 248, los tres pasos para su reforma: primero, acuerdo de reforma adoptado por una legislatura; segundo, realización de la elección legislativa periódica para que la población vote por los diputados que apoyan o no tal acuerdo; y tercero, ratificación de la reforma por la nueva legislatura.

En la iniciativa de reforma constitucional del citado artículo 248 presentada por diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa anterior, estos afirmaron que habían visto la necesidad urgente de modificar la Carta Magna ante los “cambios acelerados y las nuevas realidades que se van presentando”, para que “las generaciones actuales y venideras tengan una herramienta por la que puedan enfrentar de forma inmediata según la urgencia de los desafíos” (sic). Las verdaderas urgencias están en otro lado.

¿No hay una urgencia y un desafío, por ejemplo, en proteger los derechos de las personas que han sido encarceladas arbitrariamente por el régimen de excepción, sin que se les garantice un debido proceso judicial? Es decir, sin que se les garantice el derecho a un trato justo; obtener oportunamente un defensor y reunirse con él; contar con información de los avances del juicio; recibir la visita de familiares; etc. ¿No es también urgente encontrar a los desaparecidos y dar una respuesta a sus familias? Las urgencias y prioridades de los diputados son otras.

Se apuraron para introducir una iniciativa de reforma que hoy hace posible que una legislatura tome la decisión de reformar la Constitución y ratifique dicho cambio sin necesidad de un período de espera o un paso intermedio. La justificación: evitar “perjuicios” a “los derechos fundamentales de los salvadoreños”. Lo que les faltó explicar fue cómo el mecanismo de reforma tradicional (el de los tres pasos) afectaba tales derechos, o lo contrario: de qué manera el nuevo mecanismo exprés beneficia a la gente.

Pero ¿qué justificaciones o razonamientos cabe esperar de una Asamblea que nunca ha cuestionado la constitucionalidad de las prórrogas del régimen de excepción y que ha modificado leyes penales para facilitar la arbitrariedad de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, entre otras instituciones? ¿Cómo confiar en legisladores que se han encargado de hacer permanente la violación masiva a los derechos de los salvadoreños y que ahora, en una nueva actuación viciada, pretenden ratificar la reforma del artículo 248 sin otra consideración que los deseos del Ejecutivo? Una Sala de lo Constitucional medianamente independiente declararía inconstitucional todo esto.

En los próximos días se verá el verdadero trasfondo de esta abrupta propuesta de reforma constitucional: o se utiliza para mejorar y ampliar los derechos fundamentales de las personas, o para dar más poder y perpetuar al oficialismo.

El oficialismo no se cansa de prometer cambios. A veces, anuncia la transformación del país. A veces, habla de reinventarlo. En algunas ocasiones, declara que la reinvención está consumada. En otras, está por llegar. La versión del cambio varía según el humor del vocero. En lo único en que todos coinciden es en no concretar qué van a hacer y cuándo lo harán. El cambio es un tópico del discurso oficial.

La promesa de cambios indefinidos y a muy largo plazo ha salido a relucir a raíz del acomodo de la Constitución para dejarla a merced de los dictados de Bukele. Sus voceros alegan por él que la reforma es necesaria para facilitarle la transformación del país. Nadie sabe bien en qué, cómo y cuándo. Los defensores confían ciegamente en su juicio. Cualquier cosa que haga la recibirán bien y la agradecerán. El oficialismo confunde interesadamente a estos fanáticos con el pueblo para defender la anulación de la norma constitucional. El pueblo “demanda”, “el pueblo decide” y “el pueblo sabe qué quiere”, repiten imperturbables. Pero no lo consultaron. Tampoco les interesaba conocer su opinión.

Invocar el querer popular cuando se mantiene secuestrado al pueblo y al Estado salvadoreño es cínico. El pueblo sabe bien qué quiere. Un sector no despreciable expresó sus deseos en la manifestación del 1 de mayo. El pueblo quiere empleos dignos, reducción de la inflación, liberación de los inocentes, aparición de los desaparecidos, vivienda, salud, educación, derecho y justicia, honestidad y democracia. Las mayorías que se abstuvieron en las últimas elecciones rechazaron con su ausencia a Bukele y al oficialismo. Las que huyen buscan en el norte las oportunidades que aquí no encuentran. Muchos pandilleros optaron por el crimen porque no hallaron alternativas. De todas maneras, si Bukele y los suyos quisieran, podrían conocer de primera mano lo que el pueblo quiere. En lugar de usurpar su parecer, deberían salir al encuentro de las comunidades y los vecindarios golpeados por el capitalismo neoliberal, la desidia gubernamental y la represión militar para escuchar sus quejas y sus demandas.

A pesar de su claridad, el oficialismo no se hace cargo del querer popular. No tiene recursos ni voluntad política para satisfacerlo. Además, su tarea no consiste en atender las necesidades de la gente, sino en ejecutar las órdenes de Bukele y su entorno, los únicos con poder de decisión. Sus legisladores no ratificaron la reforma constitucional que declaraba el acceso al agua un derecho, aun cuando es respaldada por la inmensa mayoría de la opinión pública, porque Bukele, por razones desconocidas, pero fáciles de adivinar, no se los indicó. Solo aprobaron, sin estudio, sin consulta y sin discusión, ni siquiera entre ellos mismos, colocar la Constitución a disposición de sus caprichos. No hay, pues, que lamentar la reducción de unas comisiones legislativas que no analizan, no escuchan, ni deliberan. La dispensa de trámites es la orden del día. Invocar el querer popular es hipócrita.

Conscientes de su triste papel, los funcionarios nunca se comprometen. Se contentan con anunciar cambios indeterminados y lejanos. Sus promesas son vacías, sin plazo y, de hecho, sin posibilidad real de cumplimiento. No van más allá de un vago “lo vamos a hacer”, pero “paso a paso”, como si el hambre y la enfermedad pudieran esperar. En el mejor de los casos, harán algo para aliviarlos cuando Bukele así lo determine. Y no tanto para remediar esas tribulaciones como para alimentar la popularidad del mandatario. Solo una creciente presión popular por tanto sufrimiento y olvido acumulado podrá forzar algunos cambios.

Después de cinco años de autoritarismo, la única transformación innegable es la división del país en dos partes. Una para minorías extranjeras y locales acomodadas, y otra para mayorías empobrecidas e impresentables. El país de Bukele es el de los turistas, los deportistas, las mises y los creadores de contenido digital. El otro es el de las mayorías oprimidas y vulnerables. En el primero, invierte dólares prestados. El otro lo ha abandonado a su suerte. Los habitantes del primero gozan de privilegios migratorios, tributarios y económicos. Los más distinguidos tienen la rara distinción de ser recibidos en audiencia privada por el dictador. Los del otro país son expulsados violentamente de los espacios públicos, porque su miseria afea el paisaje construido para los primeros. El comercio ambulante e informal de la pobrería es antiestético y vergonzoso.

Aparentemente, la apuesta de Bukele es que las mayorías excluidas se rindan, huyan y envíen remesas para financiar el país que las desconoce, o que se abandonen con resignación a la muerte lenta del hambre y la enfermedad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a El Salvador un informe en el que señalaba el bajo seguimiento estatal a algunas de sus recomendaciones dadas al Gobierno en 2021. Responder a víctimas del pasado de guerra reparando y haciendo justicia, algunos aspectos de seguridad ciudadana, el acceso a la información pública, la libertad de prensa y la situación en las cárceles derivada del régimen de excepción son parte de los puntos que la Comisión considera pendientes o de bajo o nulo cumplimiento. También se menciona como preocupante la carencia de investigación sobre agresiones a defensores de derechos humanos. Y se recuerda la negativa a firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Sobre algunos de estos temas conviene hacer algunas reflexiones, que ojalá condujeran a cambiar pensamientos y actitudes.

El Gobierno dice que en El Salvador no hay tortura. Nada le sería más útil para demostrarlo que ratificar el Protocolo Facultativo. Aunque mucha gente, acostumbrada al castigo físico como método educativo en la casa e incluso en las escuelas, no considera como tortura los malos tratos e incluso los golpes en las cárceles, los repetidos testimonios de personas que adquieren su libertad por haber estado detenidas sin motivo hablan de tratos crueles y degradantes; en otras palabras, de tortura. La agresiones e insultos a los defensores de derechos humanos deberían también ser investigados. De nuevo, la cultura del insulto relativamente habitual en nuestra sociedad tiende a quitarle importancia al tema. Pero cuando la población ve que se insulta incluso a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, abundan los que comienzan a pensar que las autoridades gubernamentales tienen una seria falla a la hora de defender a personas que ejercen y reclaman sus derechos con plena razón y justicia. La indiferencia ante la agresión verbal puede convertirse, con el paso del tiempo, en complicidad con otro tipo de violencias.

Lo más sorprendente en estos casos es el silencio de las estructuras estatales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Se puede entender que el comisionado presidencial para dichos derechos se ponga siempre a la defensiva frente a las denuncias ciudadanas y niegue realidades evidentes. Toda la impresión es que se trata de una persona contratada para hacer eso. Pero que en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se diga ni una palabra respecto a las preocupaciones de la Comisión Interamericana resulta inexplicable. De nuevo, la única explicación es que el nombramiento de sus autoridades haya estado condicionado al silencio respecto a denuncias ciudadanas. Se les permite dar cursos sobre derechos humanos, hablar de ellos en general, manifestar incluso algunas preocupaciones de orden abstracto y general, pero decirle públicamente al Gobierno, por poner un ejemplo, que es necesario ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura se convierte en una misión imposible a pesar de su manifiesta sencillez.

Defender derechos humanos es una de las tareas más nobles que existen. Los defensores se podrán equivocar en algunas cosas y en algunos momentos, como nos equivocamos todos los seres humanos. Pero permanecer callados ante evidencias es traicionar la función de defensoría que tienen algunas instituciones del Estado. Es, además, favorecer la cultura de la violencia. Pues la violencia no es solamente la acción delictiva de la gente que debe ser llevada a juicio, sino también la falta de justicia, la ignorancia y silencio ante el sufrimiento de inocentes, detenidos y humillados irrespetando normas básicas del Estado de derecho. Aunque algunos hayan tenido causas pendientes, si la tortura está prohibida por la Constitución, tomarse el tema a la ligera es fomentar la cultura de la violencia.

Toda Constitución puede ser reformada, al igual que cualquier norma de convivencia elaborada por la comunidad humana. Pero dado que una Constitución es fruto del modo de convivencia por el que un país ha optado, todo cambio debería debatirse públicamente en el contexto de la sociedad civil, no ser un asunto solo de legisladores. Sin embargo, en El Salvador rige otra lógica: la del poder. Recientemente se hizo un cambio constitucional con dispensa de trámite, es decir, con escaso o nulo debate, y sorprendiendo con la decisión a la opinión pública, nunca consultada al respecto. El cambio alude específicamente al proceso a seguir cuando se quiera modificar algún punto de la Constitución. Si antes se necesitaba la aprobación de dos Asambleas Legislativas sucesivas para que el cambio cobrara efecto, ahora una legislatura podrá cambiar la Carta Magna votando la reforma dos veces. Así pues, de hoy en adelante, el partido que cuente con una mayoría de al menos tres cuartas partes de los diputados podrá hacer cualquier cambio que desee.

Este empeño de la administración de Bukele en alcanzar la capacidad de aplicar cambios rápidos en la Constitución contrasta con la lentitud, desidia o simple negativa a aprobar lo que no procede del poder, aunque responda a anhelos y necesidades de la población. El caso del reconocimiento constitucional del agua como derecho humano es un claro ejemplo de ello. Después de un largo proceso en el que participaron comunidades, ONG especializadas, centros educativos e Iglesias, la Asamblea del trienio 2018-2021 aprobó la inclusión del agua como derecho humano en la Constitución. La propuesta aprobada ponía el derecho al agua en el artículo 2 de la Carta Magna, en el que figuran los derechos esenciales del ciudadano. Y añadía, en el artículo 69, que “el agua constituye un bien público” y que, por tanto, el Estado queda obligado a “crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos”. La Asamblea 2021-2024, que terminó sus funciones este 30 de abril, pudo haber ratificado esta reforma constitucional largamente debatida y deseada por la mayoría de la población, pero la opinión de la gente no sirvió de nada.

Desde una visión humanista y cristiana, es muy significativo y lamentable que el derecho al agua haya sido despreciado. El papa Francisco, en una de sus cartas magisteriales, dice que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. La tendencia a privatizar el agua, muy presente en las grandes constructoras de viviendas de clase media y alta, constituye una amenaza al derecho al agua al convertirla en un objeto de mercado. El partido en el poder tiene un fuerte deseo de controlar la Constitución a su antojo, pero poca urgencia de satisfacer las necesidades y los derechos básicos de las mayorías pobres y vulnerables. El nuevo El Salvador queda definido por ese duro contraste.

Llegó a su fin la primera legislatura con predominio del partido oficial. Tuvo en sus manos la reforma constitucional que reconocería al agua como un derecho humano, pero, al igual que Asambleas anteriores, se abstuvo de actuar. Tampoco quiso aprobar una reforma constitucional para reconocer a la alimentación como un derecho humano, lo cual hubiera incentivado la producción agropecuaria y apoyado al campesinado. Por otro lado, a pesar de ofrecer su apoyo, los diputados oficialistas dejaron en el olvido el proyecto de ley de justicia transicional, presentado en octubre de 2021 gracias al esfuerzo colectivo de organizaciones y comunidades que buscan reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. La misma suerte corrió la ley para los trabajadores de seguridad privada

Sin embargo, sí tuvieron la voluntad de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura, una serie de préstamos que han endeudado al país a niveles sin precedentes en la historia reciente, con el agravante de que no se explica con exactitud en qué se utilizará el dinero. Además, en la última sesión plenaria, aprobaron, con dispensa de trámite, sin discusión y violentando la jurisprudencia constitucional, una reforma a la Carta Magna, en su artículo 248. Así, la primera legislatura dominada por el oficialismo terminó como comenzó: con un espectáculo propio de gobiernos autoritarios.

Las acciones de los diputados oficialistas reflejan diáfanamente qué intereses defienden. No tuvieron tiempo ni voluntad para aprobar reformas constitucionales y leyes que habrían beneficiado directamente a los sectores menos favorecidos de país y a las víctimas del conflicto armado. Reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos beneficiaría, sin duda, a la población de menos recursos, que tiene más dificultades para acceder a ellas. Legislar para las víctimas de las atrocidades de la guerra favorecería a los siempre olvidados. Y una ley para los empleados de las empresas de seguridad atendería a uno de los sectores que reportan más violaciones a sus derechos laborales. En contraste, ¿a quien conviene la reforma constitucional que aprobaron de un plumazo? La nueva legislatura tendrá el poder de definir las reglas que regirán la relación entre gobernados y gobernantes; la reforma a la Constitución abre las puertas para aprobar cualquier cosa.

En el centro de una política de gobierno decente debería estar mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de la más pobre. Algunas acciones básicas para ese objetivo son promover la creación de fuentes de empleo con salario digno, mejorar los sistemas de educación y de salud, garantizar el agua para todos y todas, y diseñar e implementar una política de protección de los bienes naturales, condición indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto político, social o económico. Por ahora, no se ve que ninguna de dichas acciones sea prioridad del oficialismo. De nada servirá tener un país atractivo, con vestimenta de moderno, sin vendedores ni violencia en las calles, si toda esa imagen se construye ignorando las condiciones de vida de la población.

La guerra contra la corrupción avanza despacio. Muy poca corrupción ha identificado el expresidente reelecto desde la dramática declaración de hostilidades, en junio del año pasado. Bukele espera que esta nueva guerra sea tan exitosa como “nuestra guerra contra las pandillas”. Pero esta no es una guerra sin cuartel. Si fuera como la de las pandillas, ya tendría a centenares de funcionarios, incluidos militares y policías, tras las rejas, acusados de corrupción. Los corruptos no son perseguidos con la misma agresividad e inclemencia que las pandillas. No puede ser de otra manera. Se trata de sus colaboradores, desde los más cercanos hasta los esbirros de la represión, que recorren los vecindarios populares en busca de alguien a quien despojar.

La nueva guerra salió a la luz a raíz de la caída en desgracia del comisionado presidencial de proyectos estratégicos y su segundo. Estos colaboradores cayeron no por extorsionar a personas y empresas interesadas en desarrollar dichos proyectos, sino por algo que no fue del agrado del expresidente reelecto o porque ofendieron a alguien cercano a este. Otra comisionada presidencial, cuya corrupción es pública, permanece confortablemente en el cargo. Lo mismo otros altos funcionarios. Todos ellos seguirán gozando de la protección presidencial mientras sean dóciles a los dictados de los hermanos Bukele y su círculo.

Si la guerra contra la corrupción tuviera la misma contundencia que la librada contra las pandillas, Casa Presidencial habría habilitado un canal para recibir denuncias. En vez de ello, oculta la información sobre casi todas sus actividades. La denuncia ciudadana no le interesa, porque Bukele y sus cofrades deciden quién se queda y quién es lanzado fuera con escarnio. Tampoco acepta las denuncias de la prensa nacional e internacional, que realiza una labor encomiable al investigar y denunciar la corrupción gubernamental. Los periodistas han sorteado toda clase de obstáculos, incluidos señalamientos infundados, amenazas y acoso. Ni siquiera toma nota de las denuncias de Washington. En buena medida, porque el Gobierno de Biden no presiona, pese a tener pleno conocimiento de la proliferación de los corruptos y su influjo en la persistente corriente migratoria hacia el norte. Estados Unidos ha optado por la estabilidad, a sabiendas que se trata de una dictadura.

El éxito de cualquier guerra depende, en buena medida, de la colaboración activa de la población, tanto en el frente como en la retaguardia. Bukele prescinde de la ciudadanía porque teme una avalancha de denuncias que ponga en evidencia la podredumbre de su gestión. La guerra contra la corrupción es controlada, no es general. Solo incluye a funcionarios díscolos. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos y su segundo no son los primeros en caer, pero tardaron en ser descartados. Los siguientes tardarán más aún. La guerra contra la corrupción es una guerra de mentiras.

Si fuera real, Bukele podría comenzar con una limpieza general del ejército, la policía y los funcionarios de alto rango, los que detentan más poder y, por tanto, los más corruptos. No lo hará, porque crearía entre sus incondicionales un malestar que pondría en peligro su propia sobrevivencia. Poco duraría la primera reelección. No sería nada extraño que los defenestrados por corrupción cayeran en la tentación de contar lo que saben de las andanzas de sus jefes inmediatos. La información comenzaría a rodar y adquiriría volumen como si se tratara de una bola de nieve. Las denuncias se multiplicarían en la medida en que arreciera la persecución. Más práctico es no revolver unas aguas fétidas, que podrían transformarse en una marejada que arrastrase a la cúpula de los hermanos Bukele.

El Dios cristiano no tiene ningún papel en esta guerra ni en ninguna otra. No es un Dios guerrero ni está por las guerras, sino por el diálogo, el consenso y la convivencia, basadas en la verdad, el derecho y la justicia. Invocarlo en este contexto es usar su nombre en vano, algo condenado por el segundo mandamiento. Bukele es el único que señala el blanco contra quien sus fiscales dirigen sus acusaciones. Encontrar las pruebas incriminatorias es secundario y relativamente fácil, porque la corrupción, la falsedad y la mentira son prácticas comunes en los círculos gubernamentales.

El éxito de esta aventura no depende del Dios cristiano, sino de la voluntad de Bukele. Sin duda, en los casos más cercanos a su círculo íntimo, los más escandalosos. En los otros casos, depende de los jefes. Sin embargo, la conveniencia de todos, porque casi todos están implicados de una u otra forma, recomienda tolerar, encubrir y mentir abiertamente.

Los corruptos pueden dormir tranquilos mientras sean dóciles y no disgusten a Bukele. La guerra contra la corrupción es una farsa más, muy conveniente para deshacerse de los indeseables y, de paso, presentar las manos limpias de un cuerpo putrefacto.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.