Editoriales y Opiniones

Más allá de las manifestaciones y los reclamos, cada 1 de mayo debemos reflexionar sobre el valor del trabajo. La realidad nos dice que este es visto por algunas personas como un simple medio para subsistir. En demasiados países el salario mínimo es demasiado mínimo, precisamente por esa creencia falsa de que el valor del trabajo equivale a la reposición de la fuerza que se gasta en la actividad laboral. Y por supuesto, quienes así piensan creen que el trabajo debe estar al servicio del capital. No lo dicen tan claramente, pero lo practican de forma evidente. Baste ver cómo el dueño de los medios de producción se pone siempre un ingreso mucho mayor que lo que paga a quienes manejan esos mismos medios.

Lo que nos dice tanto la razón como la religión (al menos la cristiana) es que el trabajo es más valioso que el capital. El capital son cosas, mientras que el trabajo es una realidad humana. No hay capital sin trabajo humano previo, sin creatividad laboral, sin inteligencia de las cosas. El capital tiene su importancia, pero las “capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria”, nos dice el papa Francisco. En otras palabras, tanto el empresario como el capital deben estar al servicio del desarrollo humano. Por eso, diría Ellacuría ya hace años, “nadie tiene derecho a lo superfluo cuando todos no tienen lo necesario”. El destino universal de los bienes, antigua, grande y permanente tradición de la Iglesia, deja claramente al capital al servicio del trabajo.

Los seres humanos, llevados por la codicia y por el afán de poder que da el dinero, aprovechamos cualquier discurso o cualquier maniobra para resaltar el poder y el supuesto valor máximo del capital. El consumismo nos lleva a permanecer indiferentes ante la explotación del trabajador. E incluso a alegrarnos de los precios bajos, sin pensar ni averiguar lo que ciertos precios baratos pueden significar de hambre y de explotación en otros países del Tercer Mundo. El machismo contribuye también a que las mujeres enfrenten serias desventajas en el mundo del?trabajo. El Banco Mundial, nada sospechoso de radicalismo, nos dice que a las mujeres se les paga menos que a los hombres, incluso cuando hacen lo mismo. Y lo explica no acusando a la mujeres de ser poco productivas, sino insistiendo en “prácticas discriminatorias, normas sociales y patrones de conducta que las conducen a oficios peor remunerados y a menos progresos en su trayectoria laboral”. Prácticas detrás de las cuales está sin duda la codicia y el abuso del capital.

San Pablo tiene una dicho famoso: “El que no trabaje que no coma”. Y es que el trabajo nos hace personas y debe contribuir a nuestro propio desarrollo personal. Un profesor de teología moral, a mediados del siglo XIX, acuñó un nuevo concepto de justicia: “justicia social”. Y la definía como la virtud que “debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Y los derechos humanos ya sabemos que exigen mucho más que subsistir malamente con un salario deficiente. La Organización Internacional del Trabajo tiene como lema la justicia social. En El Salvador, la justicia social aparece en la Constitución como una responsabilidad del Estado frente a la población; en otras palabras, los gobiernos están obligados a promoverla. Pero con frecuencia más bien han servido con mayor esmero al capital que al trabajo. Y dejan, además, al trabajo en una relación de supeditación y abandono.

El Día del Trabajo, 1 de mayo, solo tiene sentido si nos comprometemos a construir la justicia social y a hacer que el trabajo, por encima de los objetivos del capital, tenga como fin principal, como decía Ellacuría, “el perfeccionamiento del ser humano”. Eso superaría la explotación y contribuiría a la autorrealización de las personas y al desarrollo económico y social.

Según notas de prensa, a algunos institutos públicos de educación se les ha enviado la orden o recomendación de fichar a alumnos de perfil antisocial. El tema, por supuesto, ha generado gran preocupación. Si la escuela es y debe ser un lugar de desarrollo personal y social, fichar a jóvenes por su comportamiento supone una negación de lo que debe ser un proceso educativo sano. En general, la adolescencia es una época de desarrollo que implica aspectos de crisis dados los cambios físicos, emocionales y sociales que conlleva. Confundir la rebeldía que puede darse en esa edad con un comportamiento antisocial es peligroso, más aún si eso significa que los jóvenes quedarían fichados de por vida.

En la adolescencia, el joven cae en la cuenta de su personalidad, empieza a tejer la idea de sí mismo y a fraguar en su interior la capacidad de dar razón de su personalidad. Además,comienza a pensar en su vocación profesional y su futuro. Los valores aprendidos en el ambiente familiar pasan a ser racionalizados y reflexionados críticamente. No es esta una etapa en la que tenga sentido encasillar la personalidad de las personas, pues están inmersas en un proceso de cambio y adaptación. El adolescente necesita acompañamiento, colaboración entre padres y maestros, empatía de los adultos y apoyo para aprender a resolver conflictos, tanto personales como grupales. También ayuda para gestionar sus emociones y para descubrir sus capacidades y habilidades. Satisfacer esas necesidades es fundamental para su futuro tanto social como democrático. En contraparte, el descuido en el acompañamiento, tanto en el hogar como en la escuela, puede llevar al adolescente a situaciones complejas, desde el aumento de la rebeldía a la depresión y el suicidio.

En El Salvador hay un grave déficit educativo. Aunque a lo largo del tiempo ha habido mejoras, falta todavía mucho para tener instalaciones adecuadas, para superar la inequidad educativa entre los diversos centros de enseñanza y para acompañar psicológicamente a los niños y adolescentes a lo largo de su proceso educativo. Fichar a los jóvenes que pasen por etapas conflictivas no es solución ni desde el campo de la convivencia ni desde la pedagogía. El adolescente necesita ámbitos de comodidad y de comprensión tanto en la escuela como en su casa. En esa línea, lo ideal en el país sería que el bachillerato tuviera un año más de duración, a fin de posibilitar que los estudiantes maduren un poco más antes entrar en la universidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre un 4% y un 7%. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud señala que, en el mundo, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental; la depresión y la ansiedad son dos de esos trastornos. Fichar a quienes tengan comportamientos “antisociales” en una etapa de la vida en la que ciertas formas de rebeldía son frecuentes es la mejor manera de disminuir en el largo plazo el capital humano de El Salvador.

Editorial UCA

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A pocos días del cambio de Asamblea Legislativa, circula el rumor de que antes del 1 de mayo se aprobará una reforma a la Constitución de la República, la cual será ratificada por la próxima legislatura, para cambiar lo que la máxima ley del país dice sobre la reelección presidencial continua. Al respecto, es importante compartir unas reflexiones.

Desde el punto de vista constitucional, esa reforma no se puede hacer. El artículo 248 establece que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República". Esos artículos son a los que comúnmente se les llama “pétreos”. Frente al argumento de que la prohibición es vaga, cabe recordar que cuando la Carta Magna habla de “la forma y sistema de gobierno” se refiere al sistema republicano, democrático y representativo que se contempla en el artículo 85 y que inhibe implementar cualquier otro que vaya en contra de esos principios; por ejemplo, una presidencia vitalicia que anule la división de poderes y el control constitucional.

Por otro lado, cuando la Constitución prohíbe reformar el territorio de la República se refiere a lo estipulado en el artículo 84: el territorio continental, las islas o cayos, las aguas territoriales, el subsuelo, el espacio aéreo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas náuticas. Por su parte, la alternabilidad en la Presidencia está íntimamente relacionada a la prohibición de la reelección presidencial, contemplada en los artículos 75, 88, 131, 152 y 154. Independientemente de si se está de acuerdo o no con estos artículos, el texto de la Constitución no da pie a dudas. Además, los artículos pétreos no son exclusivos de la Constitución vigente, aprobada en 1983, sino que están presentes en las Constituciones de 1824, 1841 y 1886.

Desde el punto de vista jurisprudencial, ninguna reforma es posible en este tiempo de acuerdo a dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. La primera fue la inconstitucionalidad 7-2012, emitida en el año 2013, que estableció que entre la aprobación de una reforma y su ratificación por parte de la siguiente legislatura debe mediar una elección, a fin de que la población pueda manifestar, a través del voto, su apoyo o no a la reforma. La segunda sentencia es la 33-2015, publicada en el año 2017, que establece que un decreto de reforma constitucional solo puede emitirse al menos seis meses antes de que asuma la nueva legislatura, para que la ciudadanía pueda ser informada de lo que se pretende reformar.

Desde el punto de vista ético, no sería honesto reformar la Constitución, pues durante la campaña de la elección legislativa nunca se habló de ella. De hecho, la sentencia del año 2017 considera que el tiempo idóneo para dar a conocer la postura de los candidatos y candidatas sobre una reforma a la Constitución es la campaña electoral. Si los candidatos oficialistas tenían pensado cambiar el texto de la Constitución, ¿por qué no incluyeron esa intención en su oferta de campaña?

Finalmente, el artículo 248 de la Constitución establece el proceso a seguir para realizar una reforma y define que el único actor que puede promoverla es la Asamblea Legislativa. Nadie ignora que la pretendida reforma no ha sido iniciativa del poder legislativo, sino del vicepresidente, en su calidad de delegado para la tarea por el presidente de la República, a través del acuerdo ejecutivo 295 del 24 de agosto del año 2020.

Una reforma constitucional es el cambio más importante en el ordenamiento jurídico del país. Por ello requiere que la población la conozca y pueda participar en un diálogo previo a su implementación. Que la Constitución establezca en su artículo 248 que una legislatura puede aprobar una reforma con mayoría simple y que la siguiente Asamblea debe ratificarla con mayoría calificada tiene la intención de dar el tiempo suficiente para que la reforma sea reflexionada, ponderada y conocida por la población antes de que entre en vigencia. Aprobar una reforma con dispensa de trámite, sin estudio de los parlamentarios, y a espaldas de la población contradeciría absolutamente el espíritu de la Constitución y sería la enésima señal de la consolidación de un régimen autoritario, dictatorial.

El expresidente reelecto, en ejercicio pleno de su cargo, ventiló a los cuatro vientos un nuevo sueño. Desde una elevada azotea con vistas panorámicas, presidida por el logo de una de las multinacionales más poderosas del mundo, anunció triunfante que esta conducirá al país “ahí donde lo queremos llevar”. El nacionalismo presidencial no es tan sólido como aparenta: se rinde ante una empresa multinacional de tecnología estadounidense.

La meta a donde Bukele quiere llegar permanece indefinida, porque así puede agregar cualquier nueva ocurrencia que despierte ilusiones en propios y extraños. Lo único claro es que aspira a ocupar el primer lugar en unas competencias presidenciales inventadas por él. Desde las alturas de la terraza, se declaró campeón en adoptar la infraestructura y los servicios de dicha multinacional en América Latina y en albergar una sede tecnológica de esa envergadura en Centroamérica. Los campeonatos presidenciales responden al afán de destacar y ser reconocido.

La multinacional se ha instalado en el país no porque haya visto su “potencial” o la “reinvención” llevada a cabo por Bukele, sino porque este le entregará 500 millones de dólares. El país no ha sido favorecido por dicha empresa. Es, más bien, un comprador al por mayor de sus servicios. Ninguna multinacional hace donaciones de esa naturaleza, menos una como la contratada por Bukele, que se destaca por sus estrategias depredadoras y sus ganancias astronómicas. Aceptó la oferta presidencial por simple conveniencia comercial. Si las valoraciones de Bukele son sinceras, pecan de ingenuidad. Si no lo son, encantan muy astutamente a unas masas deseosas de escuchar novedades.

Bukele está convencido de que la tecnología digital tiene la respuesta para proveer salud pública y educación. Indudablemente, esa tecnología es una herramienta muy útil y necesaria para agilizar los procesos administrativos de la salud pública, pero no tiene capacidad para construir unidades de atención primaria y hospitales, para proveer personal especializado que atienda la demanda de la población o para proporcionar los tratamientos necesarios. En una palabra, no es más que una entre otras herramientas indispensables para facilitar cuidados de salud universales y de calidad. Quizás, incluso, no sea lo más apremiante, dado el hacinamiento de pacientes y personal sanitario en facilidades inadecuadas, la falta de especialistas, los plazos extremadamente largos para pasar consulta y la aguda escasez de medicamentos.

Asimismo, confía en que las aplicaciones y las tecnologías contratadas consolidarán los progresos presuntamente logrados en educación pública. Pero estos son relativos. No es cierto que todos los niños del país utilicen el servicio web educativo gratuito desarrollado por la multinacional. No todos disponen de un dispositivo para ello ni tienen acceso a Internet, ni siquiera en las escuelas. Tampoco existe personal y programas educativos para aprovechar al máximo ese recurso. O Bukele no está bien informado del estado real de la educación pública, o se deja llevar por el entusiasmo de su competencia con otros países y mandatarios, o confunde el medio con el fin. Un lamentable fallo para quien se dice “rey filósofo”. En todo caso, la última evaluación internacional del aprendizaje no deja en buen lugar al país: ocupa los puestos inferiores de la escala. Nada raro. Su ministerio de Educación no sabe cómo manejar la inmadurez y la rebeldía adolescentes. Cómodamente, pretende tratar a los estudiantes como “antisociales” e introducir en las escuelas la represión del régimen de excepción.

Las aportaciones más interesantes de la tecnología digital adquirida pueden contribuir a agilizar la administración pública, lastrada con una pesada carga burocrática, y a vigilar y controlar más estrechamente a la gente. Los servicios secretos de Bukele visualizarán en tiempo real sus movimientos, sus viviendas y sus calles. La novedad la presentó como un gran beneficio para la población, que estará así en el mismo nivel que la estadounidense. La comprobada ineficiencia operativa de los funcionarios amenaza desde dentro la realización de los sueños presidenciales. El peligro es real. Las cámaras y los semáforos son tan “inteligentes” como inútiles y las diferentes bases gubernamentales con datos de la ciudadanía están a merced de los hackers, que las exponen gratuitamente al público.

La bienvenida que Bukele brindó a la multinacional enlista sus deseos en el campo de la tecnología digital. Aparentemente, una vez formulados en voz alta, esos deseos adquieren realidad inmediata. El “hágase” presidencial pretende ser similar al del Creador. Su confianza en la tecnología es ciega. Si hay tecnología, el éxito es inevitable. La energía atómica es otra de esas realidades logradas con la simple firma de una declaración de intenciones. Lo mismo el satélite Cuscatlán. En la lista de deseos no figura la inteligencia artificial, un olvido imperdonable de los escribanos del discurso.

La tecnología es siempre un instrumento, todo lo importante que se quiera, pero sus resultados dependen del quién, del para qué y del cómo se utilice.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“A la luz de toda lógica y experiencia común —remató el fiscal su escrito— una mujer embarazada por humilde que sea, e independientemente de su estatus económico, busca asistencia médica para llevar su control prenatal, así como asistencia médica o de personas con conocimiento empírico para que les asista en el parto; por lo que se establece que existe una acción dolosa por parte de la imputada”. Con estas palabras, el acusador finalizó su argumento de “casación” buscando revocar la resolución adversa de sobreseimiento que le impide condenar a María hasta por 25 años de prisión.

“A la luz de toda lógica y experiencia común”, pensé, luego de recordar el estudio social del expediente judicial… ¿Qué sabe María, la del barranco, de la lógica y la experiencia común? María vive en un caserío de un pequeño municipio de La Unión, un lugar alejado con altos niveles de pobreza cuya principal fuente de ingresos es recibir remesas, cuando no la crianza de animales de corral. La escuela más cercana a María culmina en el sexto grado, y se alcanza luego de caminar una hora de distancia; la falta de personal y recursos impide que los servicios de salud del Estado lleguen al caserío de María.

Por su parte, la vivienda de María no es más que un conjunto organizado de retazos y latas, un espacio de siete por cuatro metros de tablones largos, láminas deterioradas y pedazos de plástico sueltos, todo rodeado por una vereda montañosa, un cerro de barro rojo con constantes deslizamientos y un barranco de varios metros en el cual hace sus necesidades la familia de María, al aire libre, como lo hacen los perros y gatos de nuestras cercadas residenciales.

¿Qué se yo de la experiencia y lógica común de María? ¿Qué se yo de tener un barranco por sanitario? Recuerdo que en cierta ocasión fui invitado a una zona rural aledaña a la carretera de Comalapa; recuerdo la vejiga inflada por las ganas de orinar, que, aunque fuertes, no eran tan poderosas como para ingresar en la fosa séptica de la caseta: el olor fétido y la apariencia derruida del espacio cerrado sobre un suelo de tierra me quitaron las ganas. Pero aquí estoy, junto a mis doctos colegas en derecho, juzgando a María por ignorar la “luz de toda lógica y experiencia” ¿Cuál lógica y cuál experiencia?

Una tarde de febrero, María, la del barranco, sintió dolores leves y ganas de defecar. La joven de 23 años, que cargaba un embarazo de su tío, un señor casado con tres hijos, se acurruco junto a los únicos testigos del hecho, árboles y piedras, en el servicio sanitario de su residencia, un barranco. El dolor se hizo insoportable. María perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un árbol de quebracho. El ruido fue suficiente para que la mamá de María se percatara de lo sucedido, así como del embarazo y alumbramiento de su sobrino-nieto.

A pesar del sobresalto, la madre y hermana de María consiguieron un vehículo de uno de los vecinos, y la trasladaron al centro asistencial, junto al amoratado recién nacido. María fue detenida y procesada por el delito de homicidio; su error fue evidente: contrariar la ley, pero no la de los códigos, sino la que proviene de la enceguecedora lógica y el sentido común: los hijos son productos del amor y no del abuso, los embarazos proceden de relaciones pudorosas y no de la violación o un incesto impuesto por la fuerza, los nacimientos son acontecimientos cargados de belleza y no de miedo o vergüenza.

María actuó contra la lógica, y por una conversión de esas que hacemos los juristas, iure et de iure, María es una asesina calculadora que esperó ansiosa el desenlace de su embarazo para asesinar a su recién nacido, disparándolo con su vientre cargado contra un barranco; tan malévola como para esperar por meses el avistamiento de su presa, pero no tan calculadora como para evitar un árbol de quebracho. El delito perfecto para una sociedad tan conservadora como carente de empatía y solidaridad; un crimen desde lo que los tribunales denominan “el uso de la lógica y el sentido común”.

* Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En el acontecer de la UCA, se llevaron a cabo recientemente dos intervenciones sobre la realidad nacional. La primera, una encuesta del Iudop sobre la continuidad del régimen de excepción; la segunda, el estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 2023. En ambas investigaciones se advierte no solo la problemática existente en torno a derechos básicos, sino también la ignorancia de la población al respecto. En efecto, los resultados de la encuesta del Iudop muestran un amplio respaldo al régimen de excepción, que ya lleva dos años vigente; sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma desconocer los derechos que el régimen ha suspendido.

El desconocimiento de los derechos humanos en el país es un problema grave de larga data. Los partidos tradicionales, a pesar de sus discursos, nunca se preocuparon en serio por el tema. Si lograba llegar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos un profesional con el conocimiento y el compromiso adecuados, pronto era asediado por uno o varios de los poderes del Estado. Las frases repetidas de los políticos asegurando el respeto a los derechos chocaban con una realidad de desidia, despreocupación y abandono de los derechos de los sectores pobres o vulnerables. Más que un Estado democrático de derecho, lo que se implantó en el país después de la guerra fue un estado de consagración de privilegios. Por ello no extraña que, a pesar de los esfuerzos de ciertos sectores de la sociedad civil, una gran proporción de la población no crea ni se interese en los derechos humanos.

Para quienes tienen la convicción de que los derechos humanos deben ser la fuente básica de la convivencia en el país, el estudio anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos ofrece una fuente de reflexión y compromiso, pues corrige los datos estatales sin caer en exageraciones tendenciosas, contribuye a entender la realidad actual de olvido o violación de derechos humanos y facilita el pensamiento crítico. En el informe de 2023, el Observatorio concluye que “hoy día en El Salvador funcionan paralelamente dos procedimientos penales: el procedimiento común, ordinario, y el procedimiento penal del enemigo desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales”. El segundo procedimiento termina considerando a quienes amenazan la estabilidad del Estado como si fueran enemigos extranjeros, en guerra contra la República, que merecen castigos especiales, mucho más duros que los ordinarios.

Algunos de los abusos que se derivan de ese estilo de derecho penal discriminatorio son penas exageradas tanto a adultos como a menores de edad, suspensión de la visita familiar, tiempos muy largos de prisión preventiva, juicios masivos, jueces sin rostro, e incluso formas de desaparición forzada llevadas a cabo por el Estado. Mientras El Salvador continúe empecinado en intentar resolver sus problemas actuando de espaldas a los derechos humanos, será muy difícil alcanzar mayor desarrollo humano y construir una convivencia pacífica y armoniosa.

El modelo de Bukele no es la única respuesta posible al crimen organizado y la violencia social. El recurso al ejército para superar las crisis sociales es antiguo. En la década de 1970, la oligarquía tradicional lo utilizó para evitar reformar su modelo de acumulación de capital y vino la guerra. El militarismo arrancó vidas y destruyó la sociedad y también la economía. El final de la guerra no lo decidió el ejército, sino los políticos. Parecía que los militares se quedaban sin oficio. Entonces, Washington les asignó la lucha contra el narcotráfico y las misiones de pacificación de la ONU. Contrario a lo esperado, los traficantes prosperaron y la cúpula militar medró a costa de la seguridad de otros países. El ejército no ha contribuido a resolver ninguna de las crisis sociales del país.

Esa experiencia se repite en el continente. México desplegó su ejército para combatir el crimen organizado y solo consiguió aumentar la violencia. La autoría de la mayoría de las desapariciones y de los asesinatos, delitos frecuentes, es desconocida. Tanto puede ser el Estado como los criminales o ambos en colaboración. El mal pagado ejército de Ecuador enfrenta a unas organizaciones criminales mucho más poderosas. Colombia, en cambio, comprendió que la única manera de reducir la actividad criminal organizada es la negociación, pese a ser una alternativa políticamente casi inviable. Excepto en Rosario, Argentina tiene tasas de homicidio y violencia más bajas que otros países de la región gracias a la flexibilidad y la inteligencia policial.

A pesar de los repetidos fracasos, los gobernantes latinoamericanos insisten en la solución militar. El Salvador de Arena, del FMLN y de Bukele no ha sido la excepción. Primero negociaron con las pandillas cierta libertad de acción a cambio de votos y de reducir los homicidios. El equilibrio resultó precario y frágil, y desembocó en la represión total. La novedad del modelo de Bukele es que lo ha librado de rendir cuentas y le ha garantizado impunidad. Pero el ejército no está entrenado para enfrentar una crisis social de gran envergadura. Su solución requiere de una enorme cuota de inteligencia. Una tarea que corresponde a la policía, que tampoco está capacitada. Sus jefes han optado por la salida fácil de la militarización.

El modelo de Bukele deshumaniza a sus víctimas e insensibiliza a la sociedad simultáneamente. No se ensaña con personas, sino con cosas. Etiqueta a sus víctimas como cosas intrínsecamente malvadas, las cuales deben ser exterminadas. La etiqueta y el castigo son actos unilaterales, que dictan el destino de los sentenciados. El modelo prescinde de cualquier otra prueba de culpabilidad. Una vez colocada la etiqueta, circunstancias personales como una discapacidad, una enfermedad mental y la peligrosidad son irrelevantes. De hecho, ni siquiera es necesario que la víctima haya cometido un delito punible para ser condenada y severamente castigada. El castigo tampoco es proporcional a la gravedad del supuesto crimen. Y a la inversa, nada de lo que las víctimas hubieran hecho o dejado de hacer las beneficia. Por eso, las constancias y los testimonios, así como las órdenes de libertad de los jueces son echadas a la basura. Nada puede liberar a la víctima del destino asignado a la etiqueta encasquetada.

El Salvador de Bukele es unilateral. La etiqueta separa nítidamente a los sujetos de los objetos reprimidos, el derecho a castigar de la obligación de sufrir el escarmiento, el hacer del padecer. Una vez identificados, los objetivos son despojados de su humanidad y su vida, y la vida de su entorno es destruida. La sabiduría popular lo expresa con la siguiente fórmula: “Nacer con cariño para crecer reprimido”. La destrucción de la vida de un ente extraño como la de una cosa poco valiosa o descartable no impresiona ni conmueve. Al contrario, el verdugo no solo está convencido de cumplir un deber, sino también de ser una persona íntegra y honesta, incluso religiosa.

Es la nueva forma adquirida por el mal. Un mal que se presenta, como suele ocurrir, con apariencia de bien. El método de Bukele tortura y mata sin piedad y sin remordimientos. Sus verdugos son sociópatas sádicos activos, mientras que la multitud que asiente complacida es también sociópata sádica, pero pasiva. Al convertir al otro en un objeto infame, el modelo de Bukele ha despojado a la sociedad salvadoreña de su capacidad humana para sentir afinidad y empatía con los demás.

La humillación pública, la cárcel y la crueldad suceden a otros que no son como nosotros. Las sufren los criminales o los enemigos del pueblo. Nosotros no debemos nada, no tememos nada. Hasta que el modelo nos etiqueta como despreciables y perversos, incluso si votamos por Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director de Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

En el país, la pobreza aumentó en 2023 en relación a 2022; los datos oficiales hablan de un 30% de la población en pobreza. Si la medición se realizara tras una revisión del costo de la canasta básica, el porcentaje sería mayor. Entre los Objetivos del Milenio de la ONU, asumidos por El Salvador, está eliminar la pobreza a más tardar en 2030. El compromiso inició en 2015, cuando el 32 % de la población salvadoreña vivía en pobreza. A pesar de que la cifra se logró reducir al 28%, la pandemia provocó un serio aumento de la misma, y aún no ha sido posible llevarla al nivel previo. Si no se toman medidas atinadas en el campo económico, el país no logrará cumplir con la meta de vencer la pobreza. Con una economía endeudada y una escasa inversión, lo más probable es que en 2030 la proporción de personas en pobreza sea mayor al 25% de la población. El problema se agrava por el hecho de que casi el 50% de la población no pobre está en situación de vulnerabilidad económica. Un accidente de carro, la pérdida del empleo, una enfermedad grave pueden devolver a la pobreza a quienes ya habían salido de ella.

Hay una serie de medidas que es necesario aplicar antes de decir que se está en camino de vencer la pobreza. La primera, fortalecer y universalizar las redes de protección social básicas de salud, educación y pensiones. Y la segunda, mejorar sustancialmente el trabajo, tanto en la calidad del mismo como en la formalización y en el logro de un salario decente. La protección social no contributiva para niños y ancianos, dos de los sectores más vulnerables frente a la pobreza, es una necesidad urgente que debe satisfacerse cuanto antes. Asimismo, la lucha contra el hambre, una exigencia ética que no debe tener atraso ni pausa. Que un 10% de la población pase hambre, es decir, más de 500 mil personas, es una atentado contra todo sentimiento de humanidad. Para avanzar en estas tareas es necesario establecer pactos de tipo social y fiscal, los cuales requieren de diálogo, visión de futuro y audacia política, no de autoritarismo y propaganda.

No habrá desarrollo inclusivo sin mejora y universalización de las redes de protección social. Educación de calidad para todos, un único sistema público de salud capaz de satisfacer las necesidades de la población y un sistema de pensiones universal son pasos necesarios. Pero también proteger el trabajo, mejorar la calidad técnica de los trabajadores, implementar un salario mínimo decente, invertir en las zonas más pobres del país y eliminar las desigualdades de género. Planificar el desarrollo es algo más que construir estadios, centros turísticos y carreteras vistosas. Se debe invertir en la gente, especialmente en los servicios a la población pobre y vulnerable, que en El Salvador es la inmensa mayoría. Y para ello es también preciso que, como decía Ignacio Ellacuría, la voz del pueblo se haga escuchar.

Desde que comenzó el régimen de excepción en el que estamos desde hace más de dos años, han venido repitiéndose toda una serie de abusos. Uno de ellos, que rompe el discurso oficial, es la desobediencia a las cartas de libertad dadas por los jueces. En efecto, cada vez aparecen con más frecuencia en las noticias este tipo de irrespeto a los miembros de la judicatura, que son los únicos que pueden dar órdenes de poner en libertad a un privado de la misma, condicional o incondicionalmente. Después de 87 días preso, a José Santos Alfaro Ayala le dieron carta de libertad, pero pasados varios días tras la entrega de la carta, en el penal de Izalco no se atendía el mandato judicial. En el Bajo Lempa se ha detenido a 130 personas bajo el régimen de excepción. Sus defensores insisten en que no son miembros de maras. Varios tienen ya cartas de libertad, que no han sido atendidas. Los defensores de los detenidos en la isla Espíritu Santo piden que se revisen los casos, porque un fiscal recientemente arrestado por falsedad documental fue uno de los que participó en las detenciones. La gran mayoría de detenciones de personas durante el régimen son ilegales. ¿Funciona el sistema judicial? La lentitud en soltar inocentes y la incapacidad de los jueces de imponerse sobre las autoridades carcelarias hablan muy mal del sistema.

Defendiendo el derecho a la libertad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos insiste en que nadie puede ser privado de la libertad de un modo arbitrario y que toda persona detenida “tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fuera ilegal”. La Convención está por encima de la legislación ordinaria de El Salvador, pero da la impresión de que muchos jueces no la conocen o han decidido conscientemente desconocerla. A nadie se le otorga ese derecho en estas detenciones multitudinarias. Muchos familiares desconocen la situación de sus deudos. La “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, que garantiza esa misma Convención firmada y ratificada por El Salvador, no es más que un sueño, dada la imposibilidad de los abogados de reunirse con sus defendidos.

La pandillas han sido prácticamente anuladas. Al menos en el último año, tenemos índices de homicidios semejantes a los de los países desarrollados, y mucha gente está contenta con la seguridad existente en las calles. Es el momento de dejar el régimen de excepción y regresar a una situación de normalidad. Proseguir con el régimen de excepción se convertirá pronto en fuente de una tensión muy negativa, dada la continuada violación de derechos de demasiada gente. Irrespetar las cartas de libertad nos convierte en un país donde tanto los jueces como la seguridad jurídica son muy débiles. No es raro, en ese sentido, que seamos el país con menor inversión extranjera de Centroamérica, al menos por cifras del año recién pasado. La situación económica no da para creer que se puede salir del atolladero poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Con los recursos normales puede mantenerse ya la seguridad conseguida. El régimen ha dejado de tener sentido. Entablar un diálogo con la sociedad civil sobre este y otros temas también de debate sería para el país mucho más productivo que continuar haciendo alardes de fuerza y violando derechos.

La encrucijada energética que vive el mundo impone encontrar alternativas a los combustibles fósiles. El precio del petróleo sigue al alza, por lo que los costos de la energía que se produce con él son cada vez más altos. Además, el aumento de la temperatura y los estragos de las sequías y las inundaciones se generalizan sin que el concierto de naciones sea capaz de cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Urge, pues, encontrar modos de producción energética que no dependan de los combustibles fósiles.

Hasta el momento, hay dos caminos disponibles: la energía nuclear y las energías renovables. Para algunos, la energía nuclear es la mejor opción porque produce cantidades mínimas de gases de efecto invernadero y, por tanto, tiene un bajo impacto ambiental. Sin embargo, la energía nuclear crea residuos muy peligrosos para la salud humana y para el medioambiente. Cuando se produce un accidente en una planta nuclear, los efectos radioactivos pueden durar desde decenas hasta miles de años, y dejar inutilizables regiones enteras por la radiación. En dosis altas, la radiación ionizante tiene un efecto instantáneo en el cuerpo humano, produciendo enfermedades agudas y la muerte; en dosis más pequeñas, causa enfermedades cardiovasculares, cataratas y cáncer.

El accidente en 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, al norte de Ucrania, contaminó un área mayor al territorio de Nicaragua, el país más grande de Centroamérica; pasarán cientos de años antes de que la radiación deje de ser nociva en la zona. En Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2011, un tsunami a raíz de un potente terremoto inundó la planta nuclear de la localidad, causando que explotara. 160 mil personas fueron evacuadas. 13 años después, la zona del desastre de Fukushima sigue siendo inhabitable; diversos estudios señalan que deberán pasar aproximadamente cuatro décadas antes de que vuelva a serlo. Y los japoneses aún no saben cómo solucionar el problema del agua contaminada por la radioactividad. Si el accidente de Fukushima hubiese ocurrido en El Salvador, el área afectada sería equivalente a una vez y media el departamento de San Salvador. Una de las lecciones de Fukushima es que equivale a una locura construir una planta nuclear en una región sísmica.

Por otra parte, la energía nuclear no es barata. En América Latina, solamente México, Brasil y Argentina tienen plantas nucleares, y la producción de esas plantas es muy baja en relación a su participación en el total nacional. Por el riesgo que la opción nuclear supone para la salud humana y para el medioambiente, la apuesta debería ser por las energías renovables, como las obtenidas del sol, el viento y el agua. El Salvador ya tiene experiencia en la producción de energía geotérmica, la cual es muy abundante y no contamina. Meritxell Bennasar, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, afirma que “adoptar un modelo energético 100% renovable y eficiente es técnicamente posible, económicamente viable y sostenible”.