Editoriales y Opiniones

El revés sufrido por el oficialismo en las elecciones municipales forzó a Bukele a intentar disimular la erosión de su popularidad en el nivel local con medias verdades. Contrario a las elecciones anteriores de 2021 y a las de febrero recién pasado, donde su popularidad es incuestionable, las municipales del 3 de marzo la han dejado mal parada. El ganador indiscutible de estas es la abstención (70%). El oficialismo solo obtuvo un poco más del 36 por ciento del tercio que votó, un poco más del 8 por ciento del padrón electoral. Ciertamente, Bukele y los suyos se apuntaron un hito histórico en estas elecciones: solo ganaron en 103 de las 262 antiguas jurisdicciones municipales, que representan un poco menos del 40 por ciento del territorio nacional, pero gracias al ajuste de las jurisdicciones consiguieron la mayoría de las alcaldías con el 11 por ciento del voto.

El descalabro indica que la popularidad de Bukele no abarca mecánicamente a los alcaldes. Dicho de otra manera, la aceptación en el nivel presidencial, aunque relativa, no es total, no tiene correspondencia en el orden local. La primera es abstracta y muy permeable al entrenamiento disfrazado de información y de obra grande. La otra, en cambio, se hace sentir con fuerza en una larga y apremiante lista de necesidades no satisfechas. Por tanto, está fuera del alcance de la distracción repartida a manos llenas por Casa Presidencial. De hecho, esto siempre ha sido así. La elección nacional se rige por un criterio diferente al de la elección local.

La reelección de Bukele no incluyó a sus representantes locales por la sencilla razón de que se han desentendido de la población que supuestamente gobernaban. Lo nacional le resulta demasiado grande o lejano como para sentirse afectada, no así el desafío cotidiano de sobrevivir en la precariedad. La propaganda electoral del oficialismo asumió que la aceptación de la reelección impulsaría las candidaturas de los alcaldes. Incluso los que ganaron, lo hicieron por poco. No representan a la mayoría de la población municipal. La gente los rechazó, no por ideología ni por preferir otra bandera, tal como son dados a pensar los partidos tradicionales, sino porque tienen la mirada puesta en Casa Presidencial y no en ella. Han demostrado ser incapaces para resolver cosas tan elementales como la recolección y la disposición de la basura, o la mejora de la infraestructura. Tampoco escuchan a las comunidades de los municipios, sino que les imponen insensiblemente lo que a ellos les parece adecuado.

El resultado de la elección municipal es también una derrota personal para Bukele. Confiados en su popularidad, sus candidatos se contentaron con respaldar su gestión. Así lo expresó una de sus candidatas favoritas, quien declaró, con la arrogancia propia del oficialismo, que no necesitaban hacer promesas ni anunciar planes, porque Bukele es todo para ellas. Nada extraño, entonces, que haya sufrido una estruendosa derrota en las urnas. No satisfecha, corroboró su pleitesía pidiéndole disculpas públicas por la decepción que le había causado su fracaso. En lugar de votar por las candidaturas oficiales, los pocos que acudieron a las urnas votaron por otras opciones, con sobrada razón.

En un típico giro oportunista, Bukele se desentendió del naufragio. Achacó la derrota a la pésima gestión de algunos alcaldes. Pero el principal responsable es él mismo, porque él los escogió, él les quitó la iniciativa y los fondos, y él toleró su ineficiencia y corrupción. La centralización y el autoritarismo no admiten escapatoria. En este sentido, los derrotados han sido víctimas de una gestión presidencial que los despojó de motivación e iniciativa, de creatividad y ejecución. Excusarse ahora diciendo que les negó su apoyo por considerarlos un fracaso, no lo libra de responsabilidad. La maniobra no es más que un hipócrita lavado de manos.

En todo caso, si la gestión municipal de sus peones era tan pésima, por qué no hizo uso del autoritarismo, tal como lo hace en otras áreas de la administración pública. No lo hizo porque no le importó y porque pensó que la población es totalmente dócil a sus designios. Calculó mal. Entretenido con los grandes espectáculos, la diversión y los megaproyectos de gran aceptación entre turistas y admiradores del exterior, olvidó algo fundamental: la vida de la gente. Tal vez no haya que aguardar mucho para que esta relacione su situación con el responsable último. Cuando sea insoportable la contradicción entre lo que el mandatario predica y promete, y el heroico esfuerzo de la mayoría para sobrevivir, el final de la dictadura no estará lejos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las elecciones municipales y del Parlacen, realizadas el domingo 3 de marzo, tuvieron menos incidentes que las presidenciales y legislativas. Sin embargo, sufrieron un fuerte descenso en la afluencia de votantes; prácticamente acudió a las urnas solamente el 30% de las personas censadas. Al analizar la escasez de votantes se puede decir que no es extraño que haya más personas con deseo de participar en las elecciones presidenciales que en las municipales. Pero el hecho de que se haya registrado la más alta abstención de los últimos 20 años nos dice algo más que el “es normal” al que acuden algunos. La desorganización y mal funcionamiento del Tribuna Supremo Electoral en las primeras elecciones tuvo sin duda algo que ver en el desánimo ciudadano, a pesar de que en las elecciones municipales se deciden temas de importancia muy concreta para la gente.

Además de la incapacidad y el desorden del Tribunal, hay otros factores interesantes. La centralización del poder ha impulsado la idea de que solo el gobierno central es operativo y que, por tanto, las elecciones municipales son insustanciales. Concentrar el antiguo Fodes en una agencia del gobierno central hace pensar a algunos que si se logra tener a la Presidencia en buena relación con una alcaldía concreta será más fácil tener acceso a los fondos de financiamiento para proyectos municipales. La ganadora de la alcaldía de La Libertad este sabe eso y dedicó tras su triunfo unas palabras de cariñosa amistad al presidente, a pesar de pertenecer a un partido de oposición.

Hay también en la baja participación una señal de que las cosas no caminan en el día a día del ciudadano, habitante de municipios en el que todo el mundo se conoce. La mala gestión de algunos alcaldes del partido en el poder era evidente y la nueva distribución municipal desorientaba a la hora de elegir. La reducción de municipios y el aumento de territorio deja al votante en una situación de pérdida de referencias personales. Crea un cierto malestar, porque resulta más fácil que solo los poderosos compitan, con frecuencia desconocedores de los problemas del municipio más pequeño absorbido en una estructura a veces notablemente más grande.

Y finalmente tenemos que ver la ausencia de votantes como una aviso. Hay descontento. Y el descontento municipal puede convertirse en descontento nacional si la nueva organización de los municipios no resulta más operativa que la anterior. El descontento puede motivar la ausencia de votos, pero puede también, en determinadas situaciones, convertirse en aliciente para votar en contra del poder. Las elecciones municipales han demostrado que la situación del país no despierta el mismo entusiasmo que levanta el presidente. Aun con todos los éxitos conseguidos, sería inteligente dialogar un poco más con la sociedad civil y escuchar las críticas a la situación que vive El Salvador.

El Teatro Nacional acogió la conclusión de la farsa electoral del 4 de febrero. La entrega de las credenciales de la reelección inconstitucional fue otra cuidada puesta en escena de Casa Presidencial. Ahí consumó la usurpación de la autoridad electoral. La coreografía giró alrededor del actor principal. La elegante arquitectura con cierto aire francés del Teatro contrastó con el aparatoso despliegue militar del que se hace acompañar el protagonista de la escenificación. Una chocante mezcla de arte y militarismo. El presidente estadounidense, con muchos más enemigos, no es vigilado tan celosamente como el salvadoreño. El servicio secreto de la Casa Blanca es bastante más discreto y, seguramente, más eficaz.

Sorprende que la formalización de la reelección, en gran medida atribuible a la seguridad impuesta, haya incluido la presencia masiva de soldados con armas de guerra y equipo militar pesado. Según esa demostración de fuerza y poderío, las pandillas aún representarían una amenaza muy peligrosa, que exige mantener al Ejército en la calle. Sin embargo, la cuestión no es la seguridad personal de Bukele y su entorno, ni la de la población en general. La relevancia del presunto objetivo de la agresión la hace muy improbable. Más todavía, si el enemigo no está identificado. Se trata más bien de exhibir el temor ante un posible atentado de fuerzas oscuras y perversas no identificadas. El propósito es infundir miedo para consolidar la normalización de la militarización de la sociedad y del Estado.

La mezcolanza de arte y militarismo tiene dos motivaciones relacionadas. La primera es la obsesión por la seguridad. No para contrarrestar amenazas, reales o ficticias, sino por los réditos políticos. Una vez liberada, esa obsesión es inagotable e insaciable. No hay manera de detenerla. Se alimenta a sí misma. A medida que adquiere fuerza, los motivos originales y los peligros son secundarios. El espacio dejado por los pandilleros encarcelados ha sido ocupado por el miedo a una amenaza indefinida, cuya simple mención justifica la negación de las libertades y los derechos, y la omnipresencia del Ejército.

Contradictoriamente, el mantenimiento y el reforzamiento de las medidas de seguridad, en lugar de moderar los miedos y las ansiedades causados por la inseguridad, los reproducen, los expanden y los profundizan. Las estructuras y las prácticas adoptadas para garantizar la seguridad no erradican esos miedos y esas ansiedades. Tampoco se lo proponen seriamente. De hecho, aterrorizan en proporción directa al crecimiento de la preocupación por la seguridad y la visibilidad de las fuerzas militares y policiales destinadas a combatirlas.

El miedo sostiene a la dictadura. En la seguridad encontró un filón políticamente muy rentable e inagotable. No tiene otra cosa que ofrecer que seguridad. Pese a que la desarticulación de las pandillas eliminó la inseguridad del espacio público, la seguridad sigue siendo la prioridad única, porque la dictadura tiene las manos vacías. El miedo la alimenta, al mismo tiempo que paraliza, divide y somete. Tal vez no por mucho tiempo. La masiva abstención en las elecciones municipales, la pérdida de aceptación en la mayor parte del territorio nacional y las alcaldías no ganadas son señales claras de la hartura de la población.

El efecto más pernicioso de la obsesión por la seguridad es el debilitamiento de la confianza mutua y la propagación de la sospecha de los demás, mientras aumentan los prejuicios de unos y otros. La desconfianza establece la frontera entre nosotros y ellos. La erosión de la confianza debilita la comunicación, lo cual amplía la brecha entre los de confianza y los no confiables, mientras alimenta el miedo y la ansiedad. Contrario a las apariencias, la obsesión por la seguridad no ha hecho a la sociedad salvadoreña más sana, sino cada vez más insegura. Presa de la incertidumbre y el desasosiego, se la antoja que la solución ideal es la dictadura de un iluminado.

La segunda motivación de la disonante combinación de arte y militarismo es la vanagloria. La escenificación en el Teatro Nacional fue un ejercicio perfecto de vanagloria. Un vicio propio de quien aspira a erigirse en el centro del mundo. El vanaglorioso se declara libre para explotar todo y a todos. Posee un yo despótico, que carece de empatía y prescinde de la existencia de los demás. Sus relaciones son instrumentales y dominantes. Exhibe ante el mundo su persona, sus logros y sus éxitos. Y se alza como centro de todos los elogios, la admiración y también de la envidia, compañera inseparable del engreimiento. La vanagloria es autoestima inflada y sin fundamento. En realidad, el vanaglorioso siempre mendiga atención.

Por eso, la vanagloria y la soberbia son compañeras. El soberbio cree ser mucho más de lo que es en realidad. Tiene la absurda pretensión de ser como Dios. Si acaso sus cualidades no son reconocidas o es criticado constructivamente, monta en cólera y grita. Los demás son injustos, no comprenden, no están a su altura.

La semana pasada, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se refirió a El Salvador en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos, en la que participan por elección 47 países. El Salvador perteneció a este Consejo desde 2015 a 2018, siendo ese quizás uno de los éxitos diplomáticos más importantes de la historia nacional reciente. Pues bien, en el Consejo, el Alto Comisionado le pidió al Gobierno salvadoreño defender “el Estado de derecho”, así como “garantizar la separación de poderes y promover controles y equilibrios adecuados". Insistió en que si bien defender a los salvadoreños de la delincuencia era un objetivo de derechos humanos, ese fin se puede lograr solo a partir de “medidas basadas en los derechos humanos”. En otras palabras, las detenciones arbitrarias, la retención de un gran número de inocentes en las cárceles y diversas formas de maltrato no garantizan que la violencia desaparezca definitivamente.

Sobre el Estado de derecho se ha escrito mucho, y desde todos los ámbitos del saber y de la reflexión. La Iglesia católica es muy clara en su apuesta por del Estado de derecho, la división clara de poderes y el respeto a los derechos humanos, que son, en palabras de Juan Pablo II, “universales, inviolables e inalienables”. La tendencia de ciertos políticos a despreciar los derechos humanos va en contra no solo de las instancias internacionales a las que el país pertenece, sino también contra el pensamiento humanista y religioso. La centralización del poder suele llevar a diferentes formas de corrupción. Tomar nota de las experiencias en la Honduras de Juan Orlando Hernández, recientemente condenado en Estados Unidos, y la Nicaragua de la dictadura Ortega-Murillo ayuda a entender con claridad el camino que nuestra nación no debe recorrer.

El sistema de gobierno que ha regido en el país desde la firma de la paz ha sido deficiente, no se ha traducido en mejores condiciones de vida para las mayorías. Las expectativas y anhelos puestos en la democracia se truncaron y de ahí resurgió la tentación autoritaria de acaparar todo el poder y aplicar la fuerza como solución a los problemas. Una mano dura que en muchos aspectos contradice obligaciones legales del Estado salvadoreño. Por ello, no debería causar extrañeza que en diversas instancias internacionales se le llame la atención a El Salvador y se le pida respetar el Estado de derecho. Aceptar y corregir las deficiencias en ese campo es una responsabilidad estatal frente al pueblo salvadoreño. Continuar con un discurso adverso a los derechos humanos solo aumenta la indefensión ciudadana ante los abusos del poder. Todos los políticos, tanto los de ayer como los de hoy, deben recordar que cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todos los ciudadanos sin excepción, violenta gravemente el Estado de derecho. Y aunque se alcancen algunos éxitos mediante la fuerza arbitraria, se están poniendo los cimientos de nuevas violencias.

Editorial UCA

Lluvias torrenciales, picos históricos de calor… el calentamiento global avanza sin que en el país se tomen las medidas para lidiar con sus efectos. Los defensores del medioambiente no son bien vistos; quienes defienden el agua son ignorados. El Gobierno se ha negado a ratificar el Acuerdo de Escazú mientras protege proyectos urbanísticos con independencia de su impacto en el medioambiente. La comunidad del cantón El Matazano está en alerta porque la construcción de la nueva Escuela Militar en la zona la dejará sin acceso a su fuente de agua natural, y lo mismo sucede en El Zonte ante la amenaza de desalojos para la construcción de apartamentos de lujo. En la práctica, la legislación vigente protege más la explotación del agua por parte de los proyectos de construcción inmobiliaria que las necesidades de la población pobre o vulnerable. Perseguir ambientalistas, como en Santa Marta, solamente agrava la situación. Si bien los reclamos de protección de Cerro Negro en Chalatenango han sido oídos, tras la autorización del Ministerio de Agricultura a una tala de árboles, lo positivo tiende a ser más excepción que regla.

Cada día se advierte con mayor claridad que, más allá del discurso oficial y los regalos populistas, en el país se avanza hacia una explotación despiadada de los recursos naturales en favor de sectores minoritarios. Y el panorama se ensombrece aún más por el hecho de que las abundantes aguas lluvias de cada invierno, que ya quisieran para sí muchas otras naciones, terminan en su mayoría desperdiciándose y generando graves riesgos de inundaciones o deslaves debido a la nula planificación urbana y la deforestación generalizada y cada vez más extendida. Las lluvias, que bien aprovechadas serían fuente de vida y desarrollo, causan erosión y desastre por la desidia de las autoridades, incapaces de pensar en infraestructuras de protección, canalización y uso.

San Salvador, ubicada en un valle que solo tiene como salida de las aguas el cauce del río Acelhuate, ya ha sufrido verdaderos desastres, y nada indica que haya interés por hacer obras coherentes con la situación. Las administraciones anteriores reaccionaron a los desastres con pequeñas obras, pero sin políticas de prevención claras. El Gobierno actual sigue esa tradición. Todo hace prever que las luchas por el agua serán cada vez más intensas y dramáticas en todo el planeta; El Salvador no será la excepción. En su aislamiento y autocomplacencia, el Ejecutivo parece sentirse a salvo de los riesgos. El encanto de una escenificación política y una propaganda muy elaboradas hace creer en una especie de autonomía milagrosa, centrada en la capacidad del líder. La apuesta comercial inmediatista y de un liberalismo económico exacerbado no augura nada bueno para un país como el nuestro, con fragilidades y riesgos medioambientales tan acentuados.

Hace 200 años en El Salvador se decretaba la unión de nuestro país con Estados Unidos para preservar la libertad. En ese momento, nuestra patria estaba con toda Centroamérica bajo control del imperio Mexicano. También hace doscientos años, por estas misma fechas de marzo, caía el proclamado emperador de México, Agustín Iturbide, y comenzaba a fraguarse definitivamente la independencia republicana de nuestras tierras, con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. En febrero de 1823 se iniciaba una revolución contra Iturbide; este renunciaba a la corona imperial en marzo y a finales de ese mismo mes se anunciaban las elecciones para el Congreso de la Provincias Unidas de Centroamérica, el cual ratificaría la independencia y redactaría la nueva y primera Constitución centroamericana.

A doscientos años de esa fecha, no se habla mucho de lo ocurrido en ese momento. Pero es entonces, y con una Asamblea Constituyente, cuando comienza a ser real la independencia centroamericana y cuando comienzan a discutirse los problemas de una Centroamérica que sale de su dependencia colonial con una estructura social profundamente injusta. Ahí se discutió la abolición de la esclavitud y nuestros países fueron los primeros en abolirla en América después de Haití. Se discutió también la pobreza de los indígenas e incluso algunos lucharon por un sistema fiscal que no dañara a los pobres. Y se redactó una Constitución que tardó en ser superada en sus valores y derechos después de la división del Estado centroamericano en pequeñas repúblicas.

Hoy, cuando la Constitución es un texto que se puede interpretar arbitraria y caprichosamente, no es fácil celebrar un acontecimiento, el de hace 200 años, del que se podrían deducir valores para la convivencia, no solo hacia dentro de nuestras repúblicas, sino hacia el conjunto de nuestros cinco países que, divididos y golpeados por el autoritarismo, no tienen grandes perspectivas de futuro. Y más cuando la Constitución de ese momento era partidaria de una verdadera igualdad en dignidad de las personas y enemiga de las desigualdades.

En consecuencia con la igualdad legal de los ciudadanos, la Asamblea Constituyente anuló todos los tratamientos que implicaban una mayor distinción, como “majestad”, “alteza”, “excelencia” y “señoría”. Algo que ni en la actualidad respetan los políticos ni los jueces, engreídos con las palabras y títulos que les distinguen del pueblo. Dentro de aquel profundo sentimiento de igualdad democrática, incluso el título de “don” se eliminó como atributo de la gente importante y pasó a formar parte del trato general de las personas.

Olvidar el pasado y pensar que todo será nuevo desde la actualidad en adelante, por la simple razón de que hemos pasado a ser en la práctica un país de partido único, es desconocer tanto nuestra historia particular como muchas experiencias internacionales en las que los sistemas de partido único generaron graves dificultades al desarrollo. Recordar los pasos importantes de nuestra historia y valorarlos en el presente resulta indispensable para crear una identidad esperanzada y activa en la construcción de un futuro más justo.

El Salvador no está solo en su bajada al autoritarismo y al culto a la personalidad de un aprendiz de dictador. Por primera vez en más de dos décadas, el mundo tiene más autocracias cerradas que democracias plenas. El 72% de la población mundial, es decir, 5 mil 700 millones de personas, vivieron en países regidos por autoritarismos durante el año 2022. La receta para el autoritarismo no es muy complicada. El venezolano Moisés Naim la llama la “receta de la triple P”. La primera “P” es del populismo. El gobernante identifica dos bandos. En un lado ubica al pueblo humillado, engañado, siempre explotado y nunca escuchado. En el otro lado, a los que lo han humillado, los que han gobernado antes. Todos los males vienen de este segundo grupo y el gobernante se autoproclama defensor y redentor del pueblo.

De lo anterior se desprende la polarización, la segunda “P”. El autócrata divide al país en dos polos opuestos. A los otros políticos se les demoniza, se les culpa de todo. Para el gobernante solo hay dos posibilidades: o se está a su favor, o en su contra. Y exige lealtad absoluta. Él puede violar cualquier norma y cometer abusos sin que ello le implique perder el apoyo de sus seguidores fanatizados, pues confían en él. Aristóteles sostenía que cuando un monarca deja de gobernar para el bien común y lo hace para su propio beneficio y el de los suyos, se convierte en un tirano y su gobierno se vuelve despótico.

La tercera “P” se refiere a la posverdad. El gobernante crea realidades ficticias y sus seguidores creen fervorosamente en ellas. Así, la mentira y la desinformación se convierten en sus mecanismos diarios de comunicación, utilizándolas para orientar las preferencias ciudadanas, atizar la división y reforzar su apoyo. Dos ejemplos: según The Washington Post, Donald Trump dijo más de 30 mil falsedades desde el 20 de enero de 2017, cuando tomó posesión, hasta el 12 de enero de 2021; por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, vertió en sus conferencias matutinas 86 mil 917 declaraciones falsas, engañosas o incomprobables.

Es esta una época de antipolítica. La gente no cree en los partidos políticos tradicionales porque, lejos de resolver los problemas de las mayorías, se han dedicado a medrar a la sombra del poder, instrumentalizando el Estado a su favor. La crisis de los partidos políticos tradicionales tiene una de sus expresiones más recientes en la elección de Javier Milei, en Argentina. Los autócratas populistas recogen los clamores de la gente y canalizan el descontento con un lenguaje que conecta con las mayorías. Gobiernan sin contrapesos que los controlen, entregándose a un ejercicio salvaje del poder. Este tipo de gobernantes apelan a las pasiones y emociones, no a la razón. Y esa sinrazón y ese poder total los llevan a la intolerancia contra cualquier voz que no se someta a sus designios. Nicaragua ilustra a cabalidad los resultados y consecuencias del autoritarismo y, en este sentido, es una buena ventana en la cual avizorar el destino de nuestro país.

Provocador, engañoso y triunfalista. Así se presentó Bukele en uno de los escenarios del conservadurismo estadounidense más rancio. Escenificó un colorido y ruidoso espectáculo de entretenimiento político con teorías conspirativas, sensacionalismo barato, insinuaciones perversas y odio. Tuvo el atrevimiento de indicarle a su auditorio y al próximo presidente de Estados Unidos lo que debían hacer. Los exhortó a seguir su ejemplo y a rediseñar de arriba abajo la institucionalidad democrática estadounidense para instaurar una dictadura como la suya.

Inmediatamente después de declarar la muerte del globalismo y de afirmar el aislacionismo, se tomó la libertad de intervenir directamente en la campaña electoral de Estados Unidos. Se presentó como un líder mundial exitoso y expuso el “ideario” que le ha dado renombre, algunos de los eslóganes más queridos de Trump y los suyos. Les dijo lo que querían oír, confirmó sus creencias y garantizó un triunfo similar al suyo. De la misma manera que había hecho realidad el eslogan “El Salvador primero”, ellos también debían hacer lo mismo con Estados Unidos.

Los puso sobre aviso acerca de las fuerzas ocultas no identificadas que conspiraban para destruir a Estados Unidos. En un segundo momento, atribuyó la conspiración a la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y las noticias falsas. Luego, señaló a la elite global. El único presunto conspirador que pudo identificar fue el millonario filántropo George Soros. Prueba irrefutable del avance de la conspiración es la expansión del crimen y la droga, promovida y protegida por las mismas autoridades estadounidenses. Sabe de lo que habla, ya que son los mismos conspiradores que hundieron a El Salvador. Su recomendación es destituir cuanto antes y sin contemplaciones a las autoridades corruptas e instaurar una dictadura militar, que imponga la ley y el orden. Los conminó a actuar rápido, antes de que el agua hierva y la rana ya no pueda saltar.

Al final del espectáculo, Bukele soltó una insólita teoría financiera. Animó a sus oyentes a no pagar impuestos, de por sí, muy altos. El auditorio rugió complacido. No pagar impuestos es la libertad. Bukele fue más allá. Les dijo que los obligan a pagarlos para crear la ilusión de que contribuyen con el financiamiento del Estado. Pero este se financia con la impresión de papel moneda. Aunque no les explicó a dónde iban a parar los impuestos ni como se sostiene con papel una economía como la de Estados Unidos, su público reaccionó clamando por su libertad.

Es así como Bukele enarboló la bandera de la libertad en Washington, mientras abogaba por una dictadura como la suya. La liberación de los impuestos solo es válida en Estados Unidos, aquí no perdona el impuesto al valor agregado de la canasta básica y los medicamentos. Es un despropósito mayúsculo proponer una dictadura en la capital de una nación orgullosa de la libertad. Sus fundadores sustituyeron la monarquía absoluta por un cuidadoso equilibrio de los poderes estatales, diseñado para impedir el abuso. El contrasentido no es problema para un auditorio desquiciado, que exige a gritos libertad y dictadura.

El Bukele nacional no admite la injerencia en sus asuntos, pero el internacional no tuvo reparos en entrometerse en la política interna de Estados Unidos. El héroe que enterró el globalismo en el país, lo desempolvó en Washington para hacer campaña electoral a favor de Trump. La lógica encuentra incomprensible estas contradicciones, pero las mentes desquiciadas las digieren sin dificultad. Viven en compartimentos inconexos y se quedan con aquellos que más les agradan.

La presentación internacional del éxito salvadoreño es otra muestra de ese desajuste. Bukele defendió la libertad de prensa, pero calló que acosa a sus críticos y les niega la información. Atacó las noticias falsas, pero omitió que es una de sus herramientas para manipular a la opinión pública. Se vanaglorió de la remoción forzada de jueces y fiscales por liberar a los pandilleros, pero olvidó que él hizo lo mismo con algunos de sus líderes. Pidió elecciones libres y limpias, pero pasó por alto el fraude electoral. Se presentó como ganador absoluto de esas elecciones, pero desconoció que fue reelegido por solo un poco más del 40 por ciento del padrón.

La serie de impertinencias fue recibida con repetidas ovaciones en pie por un auditorio extasiado con lo que consideró una representación extraordinaria. Bukele disfrutó el baño de las masas republicanas de Trump. También demostró una enorme habilidad para adaptarse a sus gustos. Bukele no revela lo que realmente piensa, sino aquello que sus oyentes desean escuchar, a cambio de sus aplausos, sus elogios y su admiración. En ello se complace y encuentra seguridad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Gobernanza significa buen gobierno. La gobernabilidad indica, en cambio, la calidad de obediencia o incluso de sumisión del ciudadano que hace fácil gobernar a un pueblo. Muchos líderes autoritarios tienen durante al menos un tiempo un nivel de gobernabilidad alto, pero la gobernanza, que se refiere a la calidad democrática del gobierno, es generalmente baja. Mucha gente confunde ambos términos, pero la diferencia es clara. La gobernanza nos habla de buen gobierno y la gobernabilidad de aceptación del gobierno entre la gente, sea bueno o malo el modo de gobernar. Ser buen gobierno no depende de los votos recibidos, sino de criterios externos al poder como la ética, la justicia social o los derechos humanos.

Con frecuencia algunas personas se preguntan por qué algunos regímenes autoritarios pueden durar largo tiempo cuando hay datos evidentes de sus fallos en el modo de gobernar. Y la respuesta tiene múltiples facetas: investigar y buscar la verdad, enfrentarse a ella, es una tarea compleja. Con frecuencia preferimos creer dogmas, sobre todo cuando el que manda los expresa con total seguridad y con algo de ingenio. La comodidad puede perfectamente ser otra razón. Es mucho más cómodo aceptar un gobierno autoritario que luchar contra él, especialmente si se tienen bienes que se podrían arriesgar o perder en la confrontación con el más fuerte.

No faltan también los que seducidos por el individualismo se conforman con cualquier situación con tal de que esta no toque sus intereses. Otros plantean la duda con actitud de conveniencia. Se muestran abiertos a la crítica, pero se disculpan diciendo que lo diferente puede ser peor, que nunca sabremos lo que puede sobrevenir en un futuro diferente de un presente aparentemente estable. Al final, optar por un gobierno autoritario termina siendo una decisión de conveniencia: o me da mucho, o puedo perder comodidad, seguridad o estabilidad si me opongo.

Y por supuesto, están los clientes. Toda democracia imperfecta tiende a establecer vínculos clientelistas. No quedan lejos unas elecciones en las que el candidato perdedor, en aquel momento de Arena, decía que “ si gano voy a dar todo lo que dice el FMLN que dará, y todavía más”. Las promesas pueden creerse en algún momento, pero los clientes son los que se benefician y, por tanto, terminan seguros de que el gobierno que les favorece es el mejor, al menos mientras no sientan que otro gobierno les puede dar más. Y finalmente están los convencidos, que no suelen ser tantos en la política, y los fanáticos, que tienden a la agresividad en la defensa de sus posiciones. Tanto los clientes como los fanáticos cambian de posición cuando no reciben lo que esperan y piensan que otro se los puede dar. Con la diferencia de que el cliente simplemente se adapta, pero el fanático pasa del amor al odio con respecto a su anterior objeto de pasión.

En El Salvador se ha consolidado, con las últimas elecciones, un gobierno de corte autoritario, con amplia influencia en los tres poderes del Estado y que goza de gobernabilidad. Para avanzar hacia la gobernanza se necesita crecer en respeto a los controles externos al Estado. Es bueno pedir independencia para las instancias estatales que sirven como sistema de control interno del poder. Pero el poder también hay que controlarlo desde fuera y desde valores humanos universales. Como ya hemos dicho, la ética, la capacidad crítica de una racionalidad humanista y los derechos humanos son fundamentales para corregir los excesos de poder. A la sociedad civil le corresponde salir de la comodidad y del interés particular para ir creando una base de pensamiento común en torno a la justicia social y al desarrollo inclusivo que nos lleve de la gobernabilidad a la gobernanza.

Por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, desde 2007 cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. En la Constitución del país, la justicia social aparece como uno de los principios fundamentales que deben orientar e impulsar la actividad del Estado. En los discursos de los políticos el tema sale de vez en cuando, aunque cada vez con menos frecuencia. Los sectores económicamente pudientes han logrado que mucha gente piense que la justicia social es algo del pasado, propio de un lenguaje izquierdista obsoleto y pasado de moda. Sin embargo, continúa siendo una necesidad en El Salvador, porque lo que abunda es lo contrario: injusticia, desigualdad, discriminación.

La persona que acuñó por primera vez el término lo definió como aquella virtud que “iguala de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. En otras palabras, se da a todos el disfrute de sus derechos básicos. En nuestro caso, la justicia social sería dar justicia y seguridad a quienes estaban oprimidos por las pandillas, pero también respetar y garantizar los derechos de quienes están recluidos en las cárceles. Justicia social es brindar derechos a todos, no limitar los de unos en favor de otros. Ciertamente, el delincuente puede y generalmente debe perder el derecho a la libertad para no dañar a otras personas, pero conserva el derecho a la alimentación, a ser tratado con dignidad, a recibir la visita de familiares y amigos. En el terreno socioeconómico, que es donde con más frecuencia se debe aplicar, la justicia social significa educación, salud, salario, vivienda y pensiones de igual calidad para todos.

La justicia social está en el origen del llamado Estado social y democrático de derecho. Y en buena parte por ello los partidarios del capitalismo a ultranza, que permite a los más fuertes hacer grandes riquezas a costa de las mayorías, se oponen a tomarla en serio. Es un error. La desigualdad está en la base de la mayor parte de los problemas sociales del país, sin que hasta la fecha se esté realmente luchando contra ella. Mientras no haya una reforma fiscal que exija mayor responsabilidad a los que más tienen, mientras no se abran oportunidades de desarrollo para las mayorías será poco probable que se pueda superar la dura situación socioeconómica nacional.

Aunque desgraciadamente está ausente en la agenda política y en las perspectivas de desarrollo de El Salvador, la justicia social es el camino para que el futuro sea pacífico y aporte bienestar universalmente. El silencio, la falta de diálogo y de celebración en el Día Mundial de la Justicia Social no es una buena señal; el mismo silencio que guardaron los anteriores Gobiernos, a los que con cierta razón se les señala de ser causantes de los problemas actuales.