Editoriales y Opiniones

Los hechos le están dando la razón al Ejecutivo: los Acuerdos de Paz son cuestión del pasado. Desde el fin del conflicto armado, el país avanzó tímidamente en el camino de la democratización, especialmente en lo que se refiere al modo en que se elige a los gobernantes. Desde entonces, nunca se había cuestionado tanto un proceso electoral. En cada elección hay irregularidades, pero el actual proceso es más cercano a los de la dictadura militar que a los de la etapa posconflicto armado. Antes de los recientes comicios legislativo y presidencial, se afirmó desde este espacio que el país se avocaba a las elecciones más controversiales de los últimos tiempos. Primero porque, después del general Hernández Martínez, nadie había pasado por encima de la Constitución para reelegirse. Segundo, porque por primera vez desde los Acuerdos de Paz habría elecciones en el marco de un régimen de excepción. Y tercero, porque se desarrolló una campaña electoral sin propuestas y la más desigual de las últimas décadas a favor del partido de gobierno. Por esas y otras razones el proceso electoral no cumplía con la integridad electoral propia de un régimen democrático.

Las elecciones del 4 de febrero fueron la cosecha de lo que el oficialismo sembró concienzudamente. En toda la jornada electoral hubo una serie de triquiñuelas y anomalías a favor del partido oficial, pero el mayor descalabro llegó a la hora del escrutinio. En los 12 años transcurridos desde que el país utiliza sistemas informáticos para procesar los resultados electorales, nunca se registraron fallas como las de esta ocasión. En este sentido, las elecciones del 4 de febrero representan un punto de quiebre en el desempeño del Tribunal Supremo Electoral. La caída del sistema, el desconocimiento del mismo por parte de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y la falta de materiales necesarios para el escrutinio, entre otros factores, hicieron imposible realizar el escrutinio preliminar. Después vino el bochornoso espectáculo del escrutinio final.

Todos los vicios históricos de la política salvadoreña acudieron a las mesas del Gimnasio Nacional. La masiva presencia de miembros y vigilantes del partido oficial; su actitud prepotente e intimidatoria contra los escasos representantes de otros partidos, contra la prensa y contra algunos observadores; la admisión de votos nulos como válidos; la multiplicación intencional de votos para el partido gobernante y la omisión de otros que favorecían a partidos de oposición; la evidente ausencia de imparcialidad; papeletas sin dobleces, otras marcadas con plumones... Todas las trampas del pasado afloraron en este escrutinio. La causa es clara: por incompetencia, negligencia o decisión, el Tribunal Supremo Electoral perdió el control del proceso en beneficio del partido de gobierno. Solo así se puede explicar todo lo que ha sucedido.

Es claro que con o sin irregularidades el ganador de la elección presidencial sería el mismo, pero es no aplica al voto por las diputaciones y sus distribuciones. Además, ante el jolgorio del oficialismo, toca recordar que la democracia es absolutamente incompatible con un régimen de partido hegemónico. Afirmar que el país será el único “plenamente democrático” con partido único es equivalente a mezclar agua y aceite. Lo que se acaba de ver en este proceso electoral es propio de regímenes totalitarios. Regímenes que no admiten oposición real ni una verdadera competencia electoral en igualdad de condiciones; que cambian las reglas del juego a su antojo para dañar a los adversarios; que utilizan la institucionalidad a su favor; que alteran la voluntad popular para aparentar más apoyo del que tienen. Lo visto es un nuevo adelanto de lo que está por venir.

La reelección presidencial y la elección legislativa han puesto al descubierto la verdadera naturaleza del régimen de los Bukele. A diferencia de otros eventos como las competencias deportivas y las mises, las elecciones desvelan con claridad meridiana de qué pasta está hecha su dictadura. Muy pagada de sí misma, proclama con orgullo que “el soberano” expresó su voluntad. Una licencia electorera, porque solo votó un poco más de la mitad en la elección presidencial y algo menos en la legislativa. En el exterior, el voto cumplió su papel de aupar al oficialismo, pero la abstención es muy elevada. En cualquier caso, eso no significa que la voluntad de los votantes haya sido respetada.

La voluntad que ha prevalecido es la de Bukele, “el soberano” por naturaleza. Su dictado se impuso mediante el engaño y la coacción de sus informáticos y sus huestes, dirigidos por funcionarios de alto rango y protegidos por policías, fiscales y la misma autoridad electoral, usurpada por Casa Presidencial. La mesnada del oficialismo acosó a la prensa y a la observación internacional. A juzgar por estos hechos, la orden era obtener por la fuerza unos resultados que no dejaran dudas sobre la popularidad del “soberano”. Consiguió bastante, pero se quedó corto. El resultado de su reelección solo indica una aceptación un poco superior al 40 por ciento del sufragio. En la legislatura no alcanzó los 58 escaños anunciados y la aceptación es todavía menor.

El oficialismo no debe olvidar que su triunfo está mancillado por un fraude masivo y sistemático. En sentido estricto, los elegidos no representan al pueblo salvadoreño. Este no los ha elegido libre y limpiamente, sino “el soberano”. Él los escogió y los eligió a cambio de que estén incondicionalmente a su servicio. La soberanía popular es incompatible con la insaciable ambición de poder y fama. El principal rival del “soberano” no son los partidos políticos, sino los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales influyentes y la prensa independiente y crítica. Prueba de ello es el discurso de la máxima representante de la autoridad electoral, que intenta reducir a la irrelevancia los numerosos señalamientos de fraude. Según ella, el proceso ha sido completamente transparente y objetivo. Las denuncias que apuntan a lo contrario no son más que especulaciones, motivadas por intereses partidarios y perversos. Solo acepta “la complejidad de varias situaciones”, sin dar más explicaciones.

Estos son tiempos de obsesión por el poder. “El soberano” está obsesionado con ejercerlo sin controles ni límites. Por eso se aísla de la comunidad internacional, cuyos compromisos se le antojan una interferencia inaceptable en el ejercicio de su soberanía. “El soberano” y sus servidores encuentran en el ejercicio del poder absoluto su realización personal y, sobre todo, un medio indispensable para enriquecerse y vivir sin trabajar, a costa del pueblo salvadoreño, al que dicen representar. Primero sirven a su “señor” y después, en la medida en que este se los tolera, se sirven a sí mismos.

La obsesión con el poder los coloca fuera del ámbito de lo legal e ilegal, de lo moral e inmoral, es decir, al margen de las obligaciones constitucionales y morales, y de las instancias controladoras y las consideraciones éticas. Por anticonstitucional o perversa que sea su conducta, como en el caso de la reelección o del llamado “régimen de excepción”, se les antoja indispensable para defender “un bien mayor”. De esa manera, actuaciones como las de la máxima autoridad electoral se les antojan triviales. No es extraño, entonces, que no encuentren motivos para el desasosiego y la vergüenza.

La democracia, las libertades ciudadanas y los derechos humanos solo son relevantes cuando no se tiene el poder. Bukele, antes de apoderarse del Estado, se presentó como demócrata convencido. Una vez en el poder, este lo exime de actuar dentro de la institucionalidad democrática y tener alguna obligación ética. No es simple casualidad que el fraude electoral haya coincidido con información que corroborara, otra vez, la hipocresía del “soberano”. En cuestión de horas, puso en libertad a uno de sus candidatos a alcalde, a pesar de que, a diferencia de miles de capturados, la Policía había documentado su vinculación con una de las pandillas más grandes.

El desenlace de la reelección y la elección legislativa ha dejado en evidencia la inutilidad de acudir a las urnas. La conducta del “soberano” justifica la abstención. Las elecciones no son más que un simple formalismo vacío y sin credibilidad. Solo la obsesión por el poder explica una actuación tan torpe. Más aún cuando las dos elecciones estaban ganadas de antemano. Probablemente con menos votos favorables. El diablo ha demostrado una vez más que su poder reside en su maestría en el arte del engaño.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todos los seres humanos buscamos ser felices, en ocasiones incluso sin importarnos la infelicidad ajena. Y no nos damos cuenta que impedir o dañar la felicidad ajena se revuelve contra nosotros y nos hace menos felices. Y es que la vida no es una realidad solamente individual. Dañar la vida de una persona es dañar la vida en general, incluida la propia. En la política, quienes apuestan por liderar los destinos de los pueblos nos hablan siempre de bienestar, de concordia y de felicidad. Pero con frecuencia reparten felicidad a base de privar a otros de la misma. Al final, ese modo de proceder lleva a la crisis, cuando no a la polarización y a la revuelta.

En El Salvador vamos viendo cada vez con mayor claridad cómo ese afán de prometer felicidad se va convirtiendo en un proceso de negarla a mucha gente. Mejora la seguridad, pero aumenta el número de familias dolidas con detenciones injustificadas. Se ofrecen elecciones libres, pero los entusiastas del régimen tratan de imponer un éxito rotundo; sin importar que tuvieran asegurada la victoria electoral, tratan de aplastar a los débiles contrincantes, creyendo que eso les dará una alegría triunfal mucho mayor. Y al mismo tiempo, se permite que otros construyan su felicidad aun a costa de las dificultades económicas de muchos, sin buscar formas de solidaridad y justicia social que disminuyan el dolor y las carencias de la mayorías.

La crítica más seria a los mismos de siempre insistía fundamentalmente en señalar la injusticia de querer construir la felicidad de pocos sobre el dolor de muchos. Como en tiempos antiguos, los políticos actuales creen que se puede comprar la felicidad de los pobres con regalos. Y efectivamente algo se consigue con esa táctica. Pero en el largo plazo, la gente no quiere regalos que alivien un momento el dolor de la pobreza o de la carencia de derechos, sino oportunidades estructurales y concretas que conviertan la felicidad en el fruto del propio esfuerzo.

En algunas encuestas que medían la felicidad, el pueblo salvadoreño afirmaba que era mayoritariamente feliz. Probablemente afirmaba su felicidad desde la esperanza. Porque quien supera muchas pruebas y continúa con la esperanza viva tiende a manifestar su alegría por los problemas superados. Pero el goteo de negaciones de felicidad a grupos y sectores críticos con los liderazgos actuales, así como a víctimas de la pobreza, termina erosionando y desgastando el poder, por muy absoluto que se crea.

Como en todo conflicto, el camino duradero de solución se encuentra en el diálogo. Ese es siempre el ideal en la resolución de problemas y conflictos. Pero el acaparamiento y control de las instituciones del Estado llevan al aislamiento y a la sordera del poder. Hace años, ante la oposición a la reforma agraria de parte de terratenientes ganaderos, se decía que el mugido de las vacas les impedía escuchar los gritos de los pobres. Hoy es la propaganda de victoria y felicidad de algunos lo que les impide ver las carencias de felicidad en un gran número de personas. Bajar el ruido del triunfalismo, eliminar la prepotencia y escuchar las quejas del débil es el único recurso válido para lograr la felicidad de todos.

Con frecuencia se confunde la legalidad con la ética. Si bien el cumplimiento de las leyes es una muestra del talante ético de las personas, ética y legalidad no son realidades siempre coincidentes. En El Salvador, muchos encargados de velar por el Estado de derecho están interpretando las leyes a favor de quienes tienen más poder; por ello, el imperio de la ley está fuertemente golpeado, debilitado por la arbitrariedad de esos funcionarios. Sin ética, o dicho en otras palabras, sin valores comunitarios y solidarios, las leyes sirven de poco. Quienes las aplican e interpretan pueden convertir la legislación en un instrumento de opresión.

La ética parte de la igual dignidad de las personas. La misma dignidad tiene el poderoso y el débil, el armado y el desarmado, el acusador y el acusado. Las responsabilidades legales de cada uno deben regularse desde el respeto a ese principio fundamental. Al privado de libertad a causa de un delito solamente se le pueden aplicar castigos o sanciones que estén debidamente regulados. Al partido político pequeño debe dársele la misma facilidad para supervisar una votación que la que se da al partido más fuerte. A la empleada del hogar y los campesinos les corresponden los mismos derechos de cualquier otro trabajador. El problema en El Salvador es la larga tradición de catalogar a las personas como superiores o inferiores. Una tradición que ha estado acompañada de una prestación diferenciada de los servicios del Estado.

A lo largo de la historia nacional se ha oscilado entre Estados autoritarios que han convertido la ley del más fuerte en la normativa vigente y otros que, pese al compromiso de no hacer distinciones entre las personas a la hora de brindarles servicios, conservan costumbres que en definitiva burlan la igual dignidad de las personas. A este segundo tipo de Estado los expertos lo denominan Estado de derecho híbrido. De este estilo fue el que nació de los Acuerdos de Paz. Por eso, por ser incapaz en la práctica de respetar plenamente la igual dignidad de las personas y promover con equidad el desarrollo, cayó en el descrédito y abrió el camino a un nuevo Estado autoritario de fuerte respaldo popular. Esta dinámica de oscilación entre democracias híbridas e incompletas, y populismos autoritarios viene repitiéndose desde la fundación de la República.

En la doctrina social de la Iglesia católica se considera “la sociedad civil como el lugar donde siempre es posible recomponer una ética pública centrada en la solidaridad, la colaboración concreta y el diálogo fraterno”. Frente a la oscilación entre Estado híbrido y Estado autoritario, a la sociedad civil le corresponde impulsar una ética construida sobre la igual dignidad de la persona; solo ello pondrá paro a la desigualdad, el individualismo del sálvese quien pueda y el malestar social y cultural. Cuando la esfera política es incapaz de caer en la cuenta de que hay valores que son innegociables y que la ley debe responder a ellos, toda la esperanza pasa a depender del empuje, las propuestas y la capacidad de diálogo de la sociedad civil.

El antídoto para la corrupción es la transparencia. Reservar la información que por oficio debe ser pública es una maniobra que solo tiene eficacia temporal para ocultar la verdad, porque, como dice el saber popular, tarde o temprano todo sale a la luz. La información empodera para la auditoría ciudadana y para exigir que los gobernantes rindan cuentas; ocultarla difícilmente tiene otro propósito que esconder evidencias de lo que pasa detrás de bambalinas. Si bien no decir la verdad y mentir no son exactamente lo mismo; para efectos prácticos, tienen el mismo fin: engañar.

En El Salvador, el actual Gobierno se caracteriza por ocultar sin recato, pero parece que buena parte de la población se lo disculpa por lo que se ha hecho en materia de seguridad. Ello explica el alto grado de permisividad y pasividad ante la nula rendición de cuentas. En los últimos años, se ha ocultado diversa clase de información, pero sobre todo la que tiene que ver con el uso del dinero público y con la seguridad, específicamente con el respeto a los derechos humanos. Por una parte, se ha reservado información sobre las compras públicas, sobre la contratación de personal y sobre licitaciones de bienes, servicios y obras. También se han reservado las actas del Consejo de Ministros y el Plan Nacional de Salud. Igual suerte ha corrido el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto de construcción del viaducto y ampliación del tramo Los Chorros. Tampoco se conoce el detalle del contrato entre Google y el Gobierno de El Salvador, que le costará al país 500 millones de dólares. Y a pesar de las absurdas cantidades invertidas en el bitcóin, tampoco se es posible acceder a la documentación relacionada

Por otra parte, se ha declarado reserva de información sobre decenas de temas vinculados a la seguridad pública. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil ha declarado bajo reserva la información sobre homicidios, desapariciones, extorsiones, feminicidios, secuestros y violaciones. La Fiscalía ha hecho lo mismo con los datos sobre fosas y cementerios clandestinos. No hay informes oficiales sobre la participación de la Cancillería en procesos judiciales. Y todavía no se sabe cómo se adquirieron las vacunas contra el covid ni lo que costaron las cabinas para el proceso de vacunación. Y un largo etcétera. Para poder ocultar tanta información, el Gobierno redujo al Instituto de Acceso a la Información Pública a la condición de mero ornamento; ahora actúa en sentido contrario a lo que su misión le exige.

El proceso electoral no ha escapado a esa dinámica. No se conoce detalles sobre los programas informáticos que se aplicaron para el voto remoto. Se desconoce quién realizó o realizará la auditoría sobre esa votación. Para el voto presencial en el país, sigue sin haber información veraz; a más de 10 días de realizadas, no hay resultados sobre las elecciones legislativas. El proceso ha sembrado más dudas que certezas por las muchas anomalías denunciadas por observadores nacionales e internacionales. En el escrutinio final hasta se ha prohibido discutir sobre los votos nulos e impugnados, porque, según la autoridad electoral, ya fueron clasificados por cada Junta Receptora de Votos.

En el país se ha extinguido el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas; se ha impuesto el máximo ocultamiento de la información. La confidencialidad de la gestión pública ya no es una excepción para casos o situaciones especiales, sino la norma. La anomalía es hoy forma de vida.

Bukele dictó a la nación los resultados de las elecciones desde el balcón del Palacio Nacional. Se autoproclamó reelecto y dueño de la legislatura por mayorías abrumadoras. Precipitadamente, los países amigos aceptaron el dictado presidencial. La reserva de Estados Unidos sobre la observancia de los derechos humanos es un mero formalismo, requerido por las circunstancias. Washington no espera que los observe ni se lo exigirá. Mientras tanto, los peones se las ingenian para revestir de credibilidad unas elecciones abiertamente fraudulentas. Por mucho que se esfuercen, las elecciones presidencial y legislativa están lastrada por una larga cadena de irregularidades, cada vez más clara y documentada por las redes sociales. Mientras Bukele guarda silencio, pues su dictum es ley, los fieles se atrincheran defensivamente en el caudal de votos captado por su ídolo y la oposición pide anular la elección.

La insensatez del oficialismo puso por primera vez en entredicho una elección desde 1992. Envalentonado, decidió arrasar en las urnas a cualquier precio, convencido de que un simple triunfo era insuficiente para sus ambiciones totalitarias. Bukele no se contenta con un triunfo, busca aplastar. La reelección y el control de la legislatura eran cosa hecha; la mayoría votaría a favor. Pero Bukele aspira a una totalidad similar a la de sus encuestas de popularidad; una totalidad que lo encumbre definitivamente en el pináculo que roza el cielo de los grandes y famosos, y así presentarse ante el mundo como “rey de reyes”. No lo logró, se quedó corto. Apenas un poco más del 40 por ciento del padrón votó por su reelección. Obtuvo el doble de los votos de 2019, pero no la totalidad del sufragio, ni siquiera la mitad.

El dictado intempestivo de los resultados electorales desde el balcón del Palacio Presidencial pretendía disimular el desaire de más de la mitad del electorado, tanto del local como el del extranjero, donde el caudal de votos, respecto a la totalidad de la diáspora, es todavía mucho menor. Este inconveniente se ha visto agravado por la ineptitud de sus peones para montar un fraude creíble. No pudieron entregar un triunfo electoral limpio. El TSE, último responsable del proceso, no tiene explicación convincente del caos. Calla, desinforma y se desdice. La única conspiración evidente es su incapacidad para garantizar unas elecciones confiables y seguras. La anarquía creada ha hecho más difícil ajustar los resultados al dictum de Bukele de manera plausible.

El fraude electoral es muestra clara de debilidad. Bukele busca arrebatar mañosamente lo que pudo haber obtenido limpia y elegantemente. La inconstitucionalidad de la reelección arrastra consigo un fraude masivo y sistemático, que ratifica su ilegitimidad. Bukele y sus huestes usurparon la institucionalidad electoral, desde el sufragio hasta el escrutinio final. No cabe duda de que ha eliminado la institucionalidad democrática, tal como alardean sus voceros más cualificados. Pero no crea novedad. Reemplazó una democracia en ciernes con las prácticas oligárquicas y militares del pasado. La experiencia demuestra que esas prácticas conducen a un callejón sin salida, del cual nadie sale indemne. La carga más pesada recaerá sobre los sectores con menos ingresos y oportunidades. La democracia heredada tenía mucho de podrido, corrupto y sanguinario, pero la dictadura de nuevo cuño de Bukele no es diferente, excepto por su notable habilidad para disfrazar una corrupción más voraz que la de los políticos tradicionales.

El fraude de la primera ronda de elecciones da la razón a los indiferentes y los desengañados que no acudieron a las urnas. No tenía sentido movilizarse y votar cuando una autoridad desvergonzadamente deshonesta había determinado de antemano el resultado. Mucho menos sentido tiene ahora votar en la elección municipal y del parlamento centroamericano. Las torpezas del oficialismo desmovilizan a un sector representativo de la población.

Anular las elecciones no es opción para una autoridad electoral obligada a ajustar los resultados definitivos al dictado de Bukele. Tampoco está a su alcance revestirlos de un mínimo de legitimidad para guardar las apariencias. La matonería predominante en el oficialismo pareciera indicar que ha llegado el momento de suprimir, mediante otro dictado presidencial, los restos de la institucionalidad. Las elecciones han demostrado que el país es gobernado por los dictados de Bukele. El régimen se ha despojado de lo que quedaba de su máscara de respetabilidad para mostrar su verdadero rostro.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Casi todos los días estamos escuchando quejas de muertes en nuestras cárceles, con frecuencia con signos de mal trato, quejas por la despreocupación estatal respecto a la salud de los privados de libertad así como por la incomunicación y falta de información a los familiares de los presos, tanto vivos como fallecidos. Dentro de los sentimientos de venganza que albergan muchos salvadoreños aquejados por un pasado de violencia y delincuencia, la noticia no acaba de despertar la indignación ciudadana.

Se piensa, y a eso alienta el propio Estado, que todos los detenidos son culpables y merecen no solo la privación de libertad sino otros castigos adyacentes, como el hambre, el mal trato o incluso la tortura. Sin embargo, tanto el pensamiento religioso tradicional como el desarrollo de las leyes civiles nos dicen que la persona humana no pierde nunca su dignidad y, aunque este sufriendo un castigo merecido por sus delitos, hay que respetarla y tratarla sabiendo que conserva derechos fundamentales a la vida y la integridad personal.

En este contexto resulta importante reproducir aquellas parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos de los privados de libertad. Y es importante hablar de ella, porque dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por El Salvador. Y es por tanto parte de nuestro derecho, e incluso tiene prioridad sobre las leyes internas de El Salvador, según se reconoce en nuestra Constitución.

Lo primero que nos dice la Convención es que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y también que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese sentido, cuando las quejas se multiplican al respecto, la Fiscalía debiera iniciar una investigación exhaustiva sobre la situación de los fallecidos en prisión. No vale decir que en todas las cárceles fallecen personas cuando mueren demasiadas con signos de violencia.

Además la Convención añade que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”. Aunque este texto se refiere al respeto a derechos básicos del privado de libertad, es evidente que la pena impuesta a algunas personas trasciende incluso hacia su familia.

Los familiares tienen derecho no solamente a conocer la situación de salud de sus familiares en prisión, sino incluso a ayudarles con medicina. Un caso reciente en El Salvador, de un ex asesor de seguridad del gobierno, fallecido en prisión, ha sido denunciado por su madre, a la que en ningún momento se le brindó la información adecuada ni se le permitió que un médico de su confianza analizara la situación de salud de su hijo.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al respecto, autorizando la visita médica propuesta por la familia en casos donde la información de la salud del detenido es grave y simultáneamente los familiares no gozan de la información adecuada. El hecho, además, de que demasiados casos de “habeas corpus”, muchos de ellos referidos a personas enfermas, no hayan sido atendidos, señala la grave violación de derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado.

A este respecto no cabe otra opción que la de exhortar a las autoridades estatales, fiscales, jueces y carceleros, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones. En repetidas ocasiones se ha advertido que quienes están en puestos de autoridad lanzan mensajes de odio contra los defensores de Derechos Humanos.

Esa actitud y modo de comportarse desde la autoridad no hace más que confirmar que son violadores de derechos básicos y de legislación interna e internacional. En medio de una gran actividad de promoción de derechos, llama la atención el silencio con que la Procuraduría observa las violaciones de derechos que proceden del Estado y, en concreto las muertes en prisión. Solamente la hipocresía, el miedo o la venalidad pueden explicar esa actitud. Reflexionar sobre la muerte de privados de libertad y exigir transparencia y justicia es tarea para todo ciudadano decente.

Es indudable que luchar por un presente más justo es necesario. Y dado el modo en que se están desarrollado las elecciones, se necesita enmendar los errores, denunciar a los causantes de los mismos y devolver el país a la normalidad, la transparencia y la honestidad; sacarlo de la desastrosa situación al que lo ha llevado la guerra del oficialismo contra la democracia. El conteo de los votos de las elecciones legislativas debería ser hoy el principal tema de control ciudadano, ya que las instituciones han demostrado de sobra su incapacidad de dar una respuesta adecuada, racional y legítima a las expectativas de la gente.

Pero más allá de ello, es urgente comenzar cuanto antes a pensar en el futuro. El presidente ha entrado de facto en su segundo período. Seguramente, seguirá contando con el apoyo mayoritario de los diputados y dominando todas las instituciones públicas, en principio establecidas para controlar los posibles excesos del poder. Ante la cooptación de los sistemas estatales de control, la tarea de poner coto a los abusos queda ahora en manos de la sociedad civil, la prensa libre y algunas instituciones dedicas a defender el Estado de derecho.

Por eso es imprescindible pensar y trabajar el futuro. Sería absurdo quedarse solamente en las quejas y reclamos (por necesarios que sean) y olvidar lo que se quiere para El Salvador. Ciertamente, no conviene volver al pasado, pues lo que se requiere es un horizonte diferente al actual, uno más claro, solidario y democrático. Decir que con el FMLN o con Arena se vivía mejor es falso para la mayoría de la población. Y por ello, si se quiere tener una democracia decente, hay que diseñarla y mostrársela a la gente. Será tarea de años, sí, pero no demasiados,ya que los problemas estructurales del país, que están conduciendo a la precariedad económica y sociocultural a tantas personas, obligarán al cambio. Si no se piensa y difunde otro futuro, el populismo se enraizará y marchitará toda posibilidad de una convivencia libre y armónica.

La crítica es buena, pero si no ayuda a describir con claridad un proyecto diferente al actual, termina convirtiéndose en un lamento estéril. Y ya la mayoría de la población tiene suficientes angustias y sufrimientos vitales como para querer sepultarse en lamentaciones que no conducen a ningún lugar. Hay que demostrarle a la población que un futuro sin pobreza y desigualdad extrema es posible para El Salvador. Competir con el populismo en boga y sus promesas llevará automáticamente a la derrota. Porque los populistas son expertos en convertir las promesas en propaganda y transformar toda obra pública, terminada o en proyecto, en simulacro de futuro feliz.

El pan y el circo convencen más que las palabras si no hay una racionalidad y un compromiso personal que certifiquen que el futuro en justicia del que se habla tiene más garantía de ser cierto que las luces y la escenificación gloriosa del poder, que promete el liderazgo mundial de nuestra patria en casi todas las esferas de la vida social. Toca repetirlo: urge diseñar otro futuro desde la realidad y desde los cambios que ella reclama; urge proclamarlo desde la justicia social, la igual dignidad de todas las personas y la fraternidad. Solo así se podrán corregir las dinámicas que nos llevan hacia el autoritarismo, la arbitrariedad, la pobreza, la precariedad y el desguace del Estado de derecho.

Las elecciones se han desarrollado en un ambiente de debate sobre la legalidad de la reelección, predominio propagandístico del partido en el Gobierno, impago arbitrario de la deuda electoral a los partidos de oposición y uso de los recursos estatales para apoyar la reelección presidencial, entre otras graves irregularidades. Las encuestas informaban de un apoyo masivo a la candidatura presidencial de Nuevas Ideas y presumían la desaparición de algunos de los partidos participantes. En una nueva violación a las normas electorales, Nayib Bukele se declaró reelecto antes de que el Tribunal Supremo Electoral diera dato alguno.

En el reciente Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, El Salvador retrocede diez puntos respecto al año 2022, quedando en el puesto 126 de 180 países estudiados, y doce puntos por debajo del promedio latinoamericano. El incumplimiento de leyes y la arbitrariedad de las instituciones son dos de los indicadores de que algo marcha muy mal en El Salvador. Las reservas de información, que se han convertido ya en una norma en las dependencias estatales, empeoran la situación. El acoso a los periodistas ha crecido. Y la partida secreta de la Presidencia, causante de algunos de los mayores escándalos de corrupción de Gobiernos anteriores, continúa existiendo y engordando, pese a las promesas de eliminarla. No es raro que la percepción de corrupción aumente, aunque de momento no haya tenido repercusiones electorales.

Generalmente se tiende a identificar corrupción estatal con enriquecimiento ilícito. Pero en realidad, la corrupción comienza y se desarrolla en sociedades autoritarias a partir de la arbitrariedad y la falta de transparencia. Países que no brindan información clara a la ciudadanía hacen que aumente entre la gente la sospecha o la percepción de corrupción. La percepción no es, evidentemente, una prueba judicial de que la corrupción exista. Pero si la percepción aumenta es evidente que el Estado no está cumpliendo con las normas de transparencia requeridas para luchar contra la corrupción. Los procedimientos seguidos durante los últimos años no harán que disminuya la percepción de corrupción. Al contrario, dejarán un mal sabor de boca en muchos. Demasiado peso de algunas instituciones estatales en la propaganda, demasiada prepotencia y afán de control de todo.

Ahora lo inteligente sería un cambio de dirección. Es necesario abrirse al diálogo, a la contraloría social, a un funcionamiento del Estado respetuoso de los derechos ciudadanos, a la independencia de poderes y al debate público y abierto de los problemas económicos y sociales del país. Hace ya muchos años, el Concilio Vaticano II pedía a los cristianos interesados en la política que lucharan “con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político”. Cristianos o no, las salvadoreñas y salvadoreños podrían desde la crítica mejorar la realidad del Gobierno si este tuviera los oídos abiertos. Sin embargo, en su discurso de la noche del domingo 4 de febrero, Nayib Bukele no dejó duda alguna de que únicamente se escuchará a sí mismo.

La ansiedad del adicto al poder pudo más que la prudencia del ilustrado. En lugar de aguardar los resultados oficiales de una autoridad electoral favorable a su causa, Bukele se autoproclamó ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. La reelección estaba asegurada de antemano. Por tanto, la serie de irregularidades en todas las fases del proceso electoral, que autorizan a descalificarlo como fraude, era innecesaria. La ambición desmedida de poder vició el proceso de principio a fin. La inconstitucionalidad de la reelección desembocó en la autoproclamación cuando apenas había comenzado el conteo preliminar y no se había procesado ningún acta de la votación legislativa. Los países amigos, encabezados por Washington, cayeron en la trampa y le siguieron el juego al felicitarlo sin datos oficiales.

La autoproclamación y las congratulaciones validaron una elección con más votos que empadronados, con votos fraudulentos, con actas incongruentes y contradictorias, con papeletas y actas extraviadas, con fallas graves de logística para resguardar la seguridad del voto y con la plataforma informática caída. Por falta de datos, el triunfo legislativo de Bukele es mera especulación. La ausencia de soporte electrónico impidió el escrutinio. El fiasco es tan clamoroso que la autoridad electoral dispuso abrir las urnas para contar los votos. Los partidos de la oposición hablan de anular las elecciones. En ciertos sectores de la opinión pública se habla de fraude. Desde los tiempos de la oligarquía militar y su partido de las manitas no había habido un fracaso de esta envergadura. En esto, el oficialismo se ha superado. Por asegurar lo seguro, se pasó.

El descalabro organizado por la autoridad electoral no sorprende. Es reflejo fiel de cómo la dictadura gestiona la administración pública. Es tan incompetente que ni siquiera pudo disimular el fraude. Después de la autoproclamación de Bukele, calificó cínicamente las elecciones como “un éxito”. Si la debacle es triunfo, qué será el fracaso. Desde 1992, la institucionalidad electoral no había dado muestras de una incapacidad tan escandalosa, que no solo deja por el suelo su credibilidad, sino que también le ha costado al país millones de dólares. No sería extraño, entonces, que la abstención aumente en la elección municipal.

El triunfo de Bukele es indudable, pero debe ser matizado. Hay indicios sólidos de que solo votó alrededor del 40 por ciento, es decir, la mayoría de la ciudadanía no acudió a las urnas. Por tanto, Bukele obtuvo una abrumadora mayoría solo entre ese 40 por ciento que votó. Dicho de otra manera, la mayoría de la población no votó por él. Tampoco la de la diáspora. De confirmarse, este dato demostraría que si su popularidad es real, no se tradujo en votos, o bien, esa popularidad no es tan alta como dicen las encuestas.

Consumada la reelección de Bukele es saludable preguntar qué se puede esperar razonablemente en los próximos cinco años. Esa cuestión se puede desglosar en otras dos: el para qué y el para quién de la reelección. Hasta ahora, Bukele ha sido incapaz de concretar qué hará en el segundo mandato. Ante la falta de novedades, cabe esperar más de lo mismo: militarización, seguridad y represión, eventos con repercusión internacional y megaproyectos como el nuevo estadio chino. Por otro lado, la reelección no es para aliviar las penurias de las mayorías, que tendrán que conformarse con más diversión y algún que otro reparto de alimentos. Ellas no son la prioridad de la dictadura. Antes que ellas se encuentran la familia presidencial y sus socios, los beneficiarios directos de la reelección.

La primera fase de las elecciones generales ha puesto en evidencia la similitud del oficialismo con los partidos tradicionales, la némesis de Bukele. El oficialismo hunde sus raíces en la peor tradición de la política nacional. En nombre de la gobernabilidad para una presunta transformación que no asoma por ningún lado, ha impuesto un partido único, que reproduce el partido de los militares de antaño. El atavismo es más poderoso que unas presuntas aspiraciones de novedad. La transformación en marcha se disfraza de seguridad y prosperidad para revisitar un pasado que sumió al país en una sangrienta guerra civil.

La reelección pudo haber sido un triunfo nítido y brillante de la popularidad de Bukele. La insensatez del adicto al poder total la descarriló. Bukele y sus consejeros se han metido innecesariamente en un berenjenal de consecuencias imprevisibles. El delirio le impidió consumar convincentemente la inconstitucionalidad de su reelección.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.