Editoriales y Opiniones

Como se fue constatando en los meses previos a los comicios del 4 de febrero, el proceso en marcha se ha caracterizado por la falta de la integridad electoral que garantiza que unas elecciones sean limpias, justas e imparciales. Entre otros factores, la campaña careció de la igualdad de condiciones requerida para que hubiese una verdadera competencia; del financiamiento público a los partidos políticos de oposición, estipulado tanto por la Constitución como por el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos; de la autonomía de la autoridad electoral; y de transparencia y rendición de cuentas de los gastos gubernamentales. Como han afirmado otras instancias que han dado seguimiento al proceso electoral, esta contienda se preparó con antelación para que beneficiara al partido de gobierno.

La jornada del 4 de febrero fue una prolongación de lo que se vivió durante la campaña electoral. La presencia del oficialismo dentro y fuera de los centros de votación fue abrumadora. Según reportes del asocio de observación electoral de la Universidad Don Bosco y Fundaungo, hubo presencia de miembro del partido oficial en el 97.3% de las JRV y de GANA en el 56.7%; en contraste, el resto de partidos tuvo una presencia de entre el 1.9% y el 40.8%. Por otra parte, la obstaculización sistemática del trabajo periodístico durante la jornada electoral (la Asociación de Periodistas de El Salvador registró y denunció 173 vulneraciones a periodistas) redujo la transparencia del proceso. Y en una nueva violación a la ley electoral, la publicidad televisiva del Gobierno siguió activa con absoluta impunidad incluso en el día de las elecciones.

A ese respecto, particularmente relevantes fueron tres hechos. En primer lugar, la conferencia de prensa desarrollada por el candidato inconstitucional cuando todavía se desarrollaba la votación (3:54 p.m.) y en la que llamó implícitamente a votar por su partido, irrespetando así el silencio electoral normado en el artículo 175 del Código Electoral. Segundo, la publicación en la televisión estatal, replicada después por otros medios de comunicación, de una encuesta a boca de urna cuando el Tribunal Supremo Electoral aún no anunciaba ningún resultado preliminar, violando el mismo artículo del Código. Y, en tercer lugar, la autoproclamación de Bukele como ganador sin tener más datos que los de la encuesta en mención.

Sin embargo, todo ello palideció ante la gravedad de lo sucedido a la hora del escrutinio en las JRV y de la transmisión de la información. De acuerdo a un reporte del consorcio Observa El Salvador 2024 (del que la UCA forma parte), en todos los centros de votación observados hubo problemas vinculados con el sistema de registro y la transmisión de los resultados. Entre otros factores que entorpecieron el escrutinio, se reportaron dificultades en la logística de entrega y manejo del equipo de transmisión, y falta de papel de seguridad para la impresión de actas. En diez centros de votación observados se constató que las cifras de la votación se multiplicaban al subirlas al sistema, una anomalía que quedó reflejada en los primeros resultados publicados por el TSE. Estos problemas provocaron que los integrantes de las JRV trabajaran en condiciones extenuantes y sumamente adversas.

Las deficiencias anteriores obligaron a que la autoridad electoral declarara fallido el escrutinio preliminar de las elecciones y diera paso al escrutinio final. Esta decisión del TSE es acertada, pero no disipa la obligación que el Tribunal tiene de aclarar diversas cuestiones. El principal activo de una autoridad electoral es la confianza ciudadana, y es precisamente ello lo que está en juego en estas elecciones. El TSE debe informar sobre cómo procederá contra los que violaron el silencio y la ley electoral de manera reiterada e impune antes y durante la jornada electoral. También debe explicar cuáles fueron las causas de las fallas en el proceso de registro y transmisión de los resultados.

Para evitar más especulaciones, el TSE debe informar con detalle y transparencia sobre el proceso y la metodología que empleará para la revisión de las actas y la apertura de urnas, y sobre cómo se custodiará el material electoral que contiene la evidencia sobre la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Y es crucial que el Tribunal facilite la presencia de observadores nacionales e internacionales, y de medios de comunicación en el escrutinio final, a fin de garantizar la necesaria transparencia del conteo de votos.

El país está a las puertas de celebrar las que sin duda son las elecciones más controversiales desde la firma de los Acuerdos de Paz, pues el oficialismo no ha escatimado recursos para que los comicios den el resultado que le conviene. Por eso, no se puede analizar ni valorar este proceso electoral de la misma manera que se hizo con los precedentes. Estas elecciones son distintas porque por primera vez desde 1935 hay a un candidato a presidente que es el presidente de turno. Solo lo hizo antes Maximiliano Hernández Martínez, quien, siendo vicepresidente, llegó al poder después de un golpe de Estado en diciembre de 1931. Martínez, el responsable de la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932, se reeligió violando la Constitución y se mantuvo en el poder hasta 1944, cuando una huelga general de brazos caídos lo obligó a renunciar.

Estas elecciones son distintas porque es la primera vez desde el fin de la guerra que se celebrarán en el contexto de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que condicionan la participación ciudadana. También son especiales porque la población ha presenciado una campaña electoral absolutamente desigual, tan asimétrica como las encuestas recogen que serán los resultados electorales. La campaña ha sido cuestión de una sola fuerza política, la cual cuenta con grandes recursos económicos, ha puesto la maquinaria del Estado a su servicio y se enfrenta a una oposición dispersa, estrangulada económicamente y, por esto último, incapaz de competir en igualdad de condiciones. Esta es una competencia entre un David y un Goliat.

Además, esta campaña se ha caracterizado por la ausencia de propuestas concretas que respondan a los graves problemas que afectan a la población. La propaganda oficial ha saturado con mensajes que giran en torno a no volver al pasado y a seguir con los cambios, pero sin decir cuáles, ni cómo, ni cuándo. La machacona repetición de anuncios del oficialismo no dice nada, pero gusta a mucha gente. Los temas fundamentales para la población (es decir, la crisis de la economía familiar, la pérdida de poder adquisitivo ante el alto costo de la vida, la injusticia de un sistema de pensiones cada vez más inequitativo, la baja calidad de la educación, los graves problemas medioambientales, la generación de empleos dignos, la situación de las mujeres y un largo etcétera) no aparecen en la campaña.

En lo que se parece la actual campaña electoral a las anteriores es en los vicios y artimañas utilizados por el oficialismo para mantenerse en el poder. Se reparten alimentos comprados con dinero público en nombre del presidente, se pauta publicidad electoral pagada por el Gobierno, se inauguran obras de infraestructura, se usan recursos del Estado para labores partidarias... todo prohibido por la ley y ante el silencio obsequioso de la autoridad electoral. Por su parte, la oposición tiene propuestas, algunas interesantes, pero por la falta de financiamiento de los partidos no se han dado a conocer. Así las cosas, las encuestas revelan que la población asistirá masivamente a las urnas, sobre todo el 4 de febrero. Pero lo hará desinformada sobre los recientes cambios en el número y la distribución de diputaciones y municipios. Las intenciones de voto declaradas apuntan a que el país se inscribirá en la lista de sistemas de partido hegemónico o de partido único. El mandatario explícitamente pide eso en su propaganda y mucha gente parece verlo bien, pese a que este tipo de sistemas de partido solo existe en regímenes no democráticos.

Las encuestas serias no inventan nada, solo reflejan lo que la población declara. Aunque no es frecuente que las personas mientan en los sondeos de opinión por temor o por cualquier otra razón, hay ejemplos de eso. En 1990, la gente daba en todas las encuestas un triunfo unánime a Daniel Ortega; sin embargo, fue elegida la opositora Violeta Barrios. El año pasado, en Guatemala, Bernardo Arévalo apenas se asomaba en los últimos lugares de las encuestas y hoy es el presidente del vecino país. Poco frecuente, pero la población a veces no dice cómo piensa votar en realidad. En estas circunstancias, las personas deben recordar que, como lo estipula el Código Electoral en su artículo 3, el voto tiene al menos cuatro características: es libre (nadie puede obligar a votar por alguien, ni siquiera a votar), es directo (nadie puede votar por otra persona), es igualitario (el voto vale lo mismo sin importar la condición de las personas) y es secreto (a menos que quiera, nadie tiene que decir por quién votó). Los políticos juegan con el hambre de la gente regalando alimentos, semillas o cualquier cosa, pero, en última instancia, el voto es cuestión solo de la persona y su conciencia.

El poder genera una adicción difícil de vencer. Por esa razón, la institucionalidad democrática establece pesos y contrapesos y, en especial, provisiones para impedir que alguien se instale en él indefinidamente. Estas medidas cautelares son comprensiblemente un estorbo insoportable para los adictos al poder, que no descansan hasta removerlas. Esta adicción, como la del alcohol y las drogas, ejerce una atracción casi irresistible e insaciable. Entre más se tiene, más se quiere. De ahí que la acumulación de poder sea un esfuerzo interminable. El adicto es un inconformista de alguna manera consciente de que su empeño es absurdo. La caducidad de todas las realidades intramundanas es un obstáculo insalvable, que le impide saciar su hambre de poder. Todos sus afanes, incluida la represión, se estrellan contra la apertura de la realidad que se le escapa. Al final, el fracaso aguarda al adicto.

La búsqueda del poder absoluto es un vicio devastador, que devora energías, destruye la autoestima, nubla el entendimiento, enturbia la visión y desemboca en insensateces. El adicto promete mucho, inicia obras y luego las abandona para volver a prometer y así repetir el círculo. Se vale de buenas palabras, a veces incoherentes, a veces mentirosas, para justificar lo injustificable. Un ejemplo clamoroso es la repetida promesa de perseguir la corrupción. Más allá de acusar y encarcelar a unos cuantos adversarios y desleales, la podredumbre permanece, aun cuando su hedor envenena el ambiente. La conducta de adicto se rige por la lógica fría del poder, que desconoce la sensibilidad, la generosidad y la compasión. En su afán por conquistar el poder total, se deshumaniza y deshumaniza su entorno. La relación con los demás es enfermiza, incluso patológica.

Un revulsivo eficaz para la adicción al poder, además de los controles de la institucionalidad democrática, es la consideración de la muerte. El poder y sus prerrogativas, como la riqueza y la popularidad, no caben en el ataúd. Estos duran lo que dura el poderoso. El adicto, como cualquier ser humano, es caduco. La caducidad no es primariamente concebida, sino sentida profundamente. Por eso, el poderoso busca cómo prolongarse en las obras y la memoria. Pero el autor de aquellas se olvida con el tiempo; solo unos pocos lo recuerdan. La memoria es corta. La desmemoria, tan útil en el presente para no reclamar el cumplimiento de las promesas, para no pedir aclaración de las contradicciones y para no exigir explicación de los desaciertos, en el futuro se vuelve contra el poderoso. En fin, el trabajo para alcanzar la eternidad por sí mismo es inútil.

El adicto al poder está convencido de ser dueño de todo y de todos. Pero justamente sucede lo contrario. El poder lo mantiene encadenado y a su servicio. No es libre como cree, sino su esclavo. El poder lo mantiene alerta para no perderlo y acrecentarlo. No lo deja tener sosiego, lo mantiene intranquilo. La posibilidad de ser destituido o traicionado lo hacen presa de la ansiedad. Las cadenas sofocan su libertad, deterioran su salud y, en definitiva, lo deshumanizan. El miedo lo vuelve pesimista ante el futuro. La inseguridad lo hace intolerante. Siempre echa la culpa a los demás y provoca conflictos y violencia. La probabilidad de que el edificio construido con tanto esfuerzo se derrumbe en cualquier momento lo angustia.

Bien mirada, la adicción al poder es locura. El adicto es una especie de Sísifo moderno, que, por más que se esfuerce, no alcanza la cima del poder absoluto. La fallida conspiración para que un cartel mexicano capturara a uno de los líderes pandilleros más destacados antes que Estados Unidos es el último ejemplo de esa insensatez. Otro destacado pandillero engañó a unos desesperados investigadores del crimen organizado. La adicción somete a una lucha desgastante, impulsada por el miedo a la muerte. El adicto persigue seguridades que se desvanecen en el momento mismo en que se apodera de ellas.

El poder es una gran responsabilidad, que obliga a preguntar constantemente por su finalidad. Correctamente entendido y ejercido, abre la posibilidad para hacer el bien a los otros. El poder responsable se ejerce como un servicio universal, sin ninguna discriminación. Su recompensa es hacer la vida más llevadera a los demás. Esto es, precisamente, lo que el adicto no comprende. Su poder, en vez de ser bendición o hacer bien a muchos, lo mete en un callejón sin salida. Puede que el adicto tenga mucho poder, pero es igualmente infeliz.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya bastantes años, el papa Pablo VI escribió un importante documento sobre el diálogo. En él decía que “el diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a los que era dirigido, como tampoco a los resultados que conseguiría o que dejarían de lograrse [...] También nuestro diálogo debe hacerse sin límites y sin cálculo”. Aunque indudablemente era una exigencia para los cristianos, el diálogo es también desde la razón un elemento básico e indispensable para el desarrollo humano. Somos seres sociales abocados necesariamente a la comunicación inteligente. Y por tanto, llamados a compartir desde la palabra, esperanzas, criterios, valores y decisiones. Negarse al diálogo, individual o colectivamente, nos deshumaniza, con independencia de la posición política o ideológica. Al contrario, dialogar conlleva siempre un proceso de humanización y mejoramiento de la convivencia social.

Dicho esto, es importante reflexionar sobre el diálogo en El Salvador en el futuro próximo. Las elecciones, discutidas desde los ámbitos legales y desde el exceso de poder de un partido, nos pueden llevar a una disminución de nuestra capacidad de diálogo. O dicho de otra manera, a un proceso de mayor polarización que ponga en entredicho el desarrollo humano de El Salvador. Frente a ello, resulta necesario que todos reflexionemos. La libertad de pensamiento, de prensa e información, de religión y de creencias es un paso inicial indispensable para poder dialogar. Pero también es necesaria la voluntad personal e institucional de escuchar lo diferente, analizar las razones ajenas, debatirlas con sinceridad y sin necesidad de acudir al grito. Aunque en el país pocos se animan a dialogar “sin límites y sin cálculo”, lo cierto es que trabajar por un crecimiento de la transparencia y la racionalidad en el diálogo resulta una tarea de primer nivel.

En el escenario más comentado y, supuestamente más probable, de un partido que consiga no solo una discutida reelección presidencial, sino un control mayoritario del poder legislativo, el tema del diálogo se vuelve más importante. Quienes detenten el poder público tienen la responsabilidad de escuchar con mayor atención todo lo que pueda ser tildado de abuso de poder. Y ojalá sepan responder con celeridad y racionalidad a las quejas o reclamos que reciban. El exceso de poder lleva casi siempre al abuso de algunos derechos ciudadanos. Y en una sociedad abierta como la nuestra, el abuso lleva siempre a una confrontación en la que el más débil lleva siempre la peor parte, aunque tienda a fortalecerse con el tiempo y a buscar la revancha. Se aumentan así los problemas en países en los que el revanchismo solo sirve para permanecer en el subdesarrollo.

Aunque una gran mayoría supone ya el resultado de las elecciones, con relativamente pequeñas diferencias entre los diversos cálculos, debemos insistir en que en cualquier situación que quedemos, el diálogo se imponga al fin y la racionalidad supere la arbitrariedad y cualquier tipo de abuso. Solamente desde ahí lograremos convertir las ansias de todos en favor de la justicia y el desarrollo en un proyecto de realización común que avanza desde la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Un poder demasiado fuerte, que vaya aplastando los pequeños brotes de disidencia y de diversidad de opinión, termina dañando los vínculos de quienes están llamados por naturaleza y nación a vivir fraternal y solidariamente.

Las elecciones presidenciales del próximo cuatro de febrero no son otras elecciones más en El Salvador porque están marcadas por la candidatura inconstitucional del presidente Bukele. Según todas las encuestas de acceso público, el mandatario será reelegido. Bukele y su círculo seguramente celebran eufóricos la inminente victoria. Sin embargo, lo que para ellos es astucia política, en realidad será la titulación de Nayib Bukele como dictador. De acuerdo con la RAE, dictador es la “persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica”. Si hasta ahora hay debates, poco fructíferos, sobre la clasificación de Bukele como dictador o no, la reelección no dejará lugar a dudas.

El presidente ha querido atribuir su potencial reelección exclusivamente a su popularidad; esto claramente es una farsa. La candidatura de Bukele es únicamente posible por una destitución y elección ilegal de la Sala de lo Constitucional. Para ello, el uso de la fuerza fue necesario. Efectivamente, fue la policía, y las armas que representa, la que escoltó a los magistrados inconstitucionalmente elegidos a la Corte Suprema de Justicia. En el mismo día, Bukele también colocó un fiscal general a su medida y a sus órdenes. En ese sentido, la reciente solicitud de Bukele en cadena nacional hacia el fiscal general de investigar a su propio gabinete es tan poco real como la nominación a premio nobel de física del padre del mandatario.

Como pueblo salvadoreño somos víctimas y cómplices. Víctimas porque la popularidad de Bukele está íntimamente vinculada con el malestar y descontento con la calidad de vida de los salvadoreños. La inseguridad, los problemas económicos, los casos de corrupción, etc. abrieron espacio para la elección constitucional de Bukele (en 2019) y de sus diputados (en 2021). Víctimas porque ante tantos problemas de seguridad somos capaces de aceptar cualquier cambio, sin importar los medios. Somos cómplices porque en nombre de ese descontento hemos aceptado detenciones arbitrarias y torturas en nuestras prisiones. Cómplices porque es más fácil asegurar que “el que nada debe nada teme” que exigirle al mandatario y las instituciones responsables que liberen a los inocentes. Cómplices porque para indignarnos ante las torturas en las prisiones tenemos que aclarar que únicamente hablamos de los inocentes. Cómplices porque seguimos sembrando odio con la esperanza de que milagrosamente cosechemos algo distinto. Cómplices porque no cuestionamos por qué los cambios, si son tan buenos y permanentes, dependen de la continuidad de un mismo mandatario en el poder. Cómplices porque esta historia ya la vivimos. Es cierto, Bukele es diferente a “los mismos de siempre” porque se parece mucho más a los gobiernos militares anteriores a los Acuerdos de Paz; regímenes que sumieron al país en la guerra civil.

Más allá de la seguridad, Bukele tiene pocos argumentos, aunque confunda su popularidad con una buena gestión presidencial. El problema económico los supera intelectual y materialmente a él y a su gabinete (oficial y en funciones), a pesar de que controlan todos los órganos del Estado. Ni la propaganda, ni la fuerza, las dos principales herramientas del gobierno, sirven para solucionar la situación económica del país. Los problemas tienen raíces que van más allá de su mandato, pero, lejos de proponer soluciones, los ha profundizado. Sin dar acceso a prensa, como buen candidato a dictador, Bukele no se ve obligado a dar explicaciones ni planes para atender el que se ha convertido en el problema principal de los salvadoreños. En los soliloquios presidenciales de redes sociales únicamente se leen fantasías propias de un mandatario alejado de la realidad de su pueblo. Las luces led tratan de disimular el poco desarrollo de El Salvador, pero cuando las luces se apagan, el hambre persiste.

En suma, todo indica que el próximo 4 de febrero Bukele celebrará la reelección de su mandato, ajeno a que con ello sella su paso a la historia como dictador. La familia Bukele tuvo la oportunidad de realizar una transformación real y profunda en El Salvador, una transformación que cambiara la causa estructural de la violencia y no únicamente su expresión más inmediata. Prefirieron la acumulación de poder que demanda atención absoluta y que se sustenta en su popularidad y en la fuerza. Cuando se acabe la popularidad, como todo efímero, al candidato a dictador solo le quedará la fuerza.

* Armando Álvarez, académico del Departamento de Economía.

Diversas instancias internacionales ubican a Costa Rica como el país más seguro de América Latina. Una de las mediciones más reconocidas es el Índice de la Paz Global que elabora cada año el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), cuya sede central está en Australia. El informe correspondiente a 2023 revela que 79 países empeoraron su situación de seguridad. Islandia es el país más seguro del planeta y Afganistán, por octavo año consecutivo, el más inseguro. En América Latina, Venezuela y Colombia son las naciones más violentas, y Costa Rica, la más segura; le siguen en el listado Uruguay, Argentina y Chile. El Salvador aparece en el puesto 122 del mundo, siendo uno de los países que empeoró su posición: en 2022 se ubicaba en el puesto 117. En relación a América Latina, nuestro país ocupa la décimo cuarta posición; y en Centroamérica está en el penúltimo lugar, solo arriba de Nicaragua (puesto 123) y abajo del resto de países del istmo.

La disminución del índice de homicidios es un factor fundamental para determinar el nivel de seguridad de un país, pero no el único, ni basta para calificar a una nación como segura. En este sentido, con la seguridad pasa algo parecido que con la democracia: aunque las elecciones son fundamentales para legitimar una democracia, no son la única variable a tomar en cuenta para afirmar que se vive en democracia. Hay países autoritarios que celebran elecciones con toda normalidad, pero no son democráticos, y hay democracias avanzadas que tienen serios fallos en los procesos electorales. Las elecciones, tomadas solo en el acto del día en que se vota, son insuficientes para afirmar que existe democracia.

El Índice de la Paz Global toma en cuenta 23 indicadores cuantitativos y cualitativos. Mientras mayor es el índice, más violento es el país; por el contrario, mientras más bajo es el índice, más seguro. La seguridad supone también que la ley se aplica por igual a cualquier ciudadano y que está por encima de los caprichos de los gobernantes; que la gente tiene una vivienda en la que se siente segura y a gusto; que se cuenta con un empleo digno cuyo salario garantiza vivir dignamente. Seguridad es no sentir temor a expresar las opiniones y preferencias personales. No habla bien de la situación de seguridad de un país cuando deliberadamente no se contabilizan entre los homicidios las osamentas encontradas en fosas clandestinas, ni los muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ni los asesinados al amparo del Estado en los centros penales del país. No es de extrañar, entonces, que El Salvador se ubique a la zaga del resto de países de la región.

Costa Rica muestra varias cosas que son aleccionadoras para el país. De acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas, el número recomendado de policías por cada 100 mil habitantes es de 280. Según el informe 2021 del Observatorio Interamericano de Seguridad de la Organización de Estados Americanos, Costa Rica tenía 274.87 policías por cada 100 mil habitantes (vale recordar, no cuenta con ejército). El Salvador, en contraste, es el país que más policías tiene en Centroamérica por cada 100 mil habitantes: 414.17 (y también más soldados: 369.53). Tomando en cuenta que existe un proceso progresivo de militarización de la seguridad pública, en el que policías y soldados velan juntos por la seguridad ciudadana, el país tiene 783.7 miembros para la seguridad púbica por cada 100 mil habitantes.

Las conclusiones son obvias. El país más seguro no es necesariamente el que tiene más policías y soldados; la seguridad no solo es la reducción nominal de homicidios, sino una realidad mucho más amplia. Declarar a un país como el más seguro del continente solo vale dentro de ese país y para quienes quieran creerlo.

El oficialismo se apresta satisfecho a consolidarse en el poder. No sin sarcasmo intenta justificarse alegando que esa es la voluntad popular. En teoría, así es. Bien mirado, esa voluntad pertenece a un pueblo despojado, más o menos conscientemente, de su independencia para pensar, juzgar y decidir. Prefiere que Bukele disponga de su destino. La postura es cómoda, pero muy arriesgada, porque este no vela por el bienestar de la generalidad, sino por el suyo y el de su familia.

La entrega de la libertad no es primariamente producto del miedo como se suele argumentar, sino del odio, inducido por los arquitectos del poder de la familia presidencial. El odio es una herramienta más eficaz que el miedo. Desde mediados del siglo pasado, el odio ha probado su eficacia en la población. En efecto, la experiencia ha demostrado que el miedo es pasajero, mientras que el odio perdura. Inculcar odio genera emociones intensas que desplazan la razón e instalan en la conciencia colectiva ideas duraderas, difíciles de desterrar. Además, el odio alimenta aversión y hostilidad en intensidad elevada. A veces se mezcla con otras emociones básicas como la tristeza y la cólera, que llevan al desprecio. El cultivo del odio saca a relucir las pasiones más primarias e irracionales de la gente.

La instilación del odio no es explícita ni excesiva para evitar la identificación fácil y el descarte del mensaje. Es más eficaz el goteo continuo de baja y mediana intensidad. De esa manera, el mensaje penetra y se instala en la conciencia colectiva con un alcance social muy amplio. El uso de etiquetas, en función de las características, los gustos y la ideología, incita a odiar de manera específica a determinados sectores sociales. La difusión del mensaje, a través de redes digitales, que hacen creer que procede de otros como “nosotros”, tiene una influencia social profunda.

La propagación del odio es acompañada por relatos sustentados en la desinformación. La estrategia del odio y del relato desinformativo provoca reacciones sociales que redundan en beneficio directo de su promotor o patrocinador. Así, este tiene en sus manos la voluntad popular y puede hacer con ella lo que le plazca. La estrategia es cada vez más común, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por El Salvador, debido a su éxito para manipular y dirigir grupos y sociedades. La sociedad que se mueve por impulsos emotivos y por odio es manipulable y dirigible.

La identidad de los candidatos del oficialismo es irrelevante. Solo importa ratificar la selección de Bukele. El cambio al que dicen estar contribuyendo consiste en acatar sus órdenes. Así, pues, ellos también le han entregado su inteligencia, su voluntad y su sentir a cambio de un puesto lucrativo y poco exigente. El voto que pide el oficialismo es indiferenciado. De hecho, bastaría con votar por Bukele, en el entendido de que, simultáneamente, se suscriben todas sus candidaturas. Así lo ha comprendido un poco más del diez por ciento del voto de la diáspora, que solo votó por aquel.

El atractivo que ejerce este absurdo tiene explicación. Durante más de dos décadas, las masas experimentaron el desatino de los dos partidos de la guerra civil. En cambio, con la llegada de Bukele al poder, tienen la sensación de vivir para una causa. Aquellos no tienen credibilidad ni nada que ofrecer. Así lo confirman las encuestas. La estrategia presidencial los ha convertido exitosamente en “otros políticos”, dignos de ser odiados. Los candidatos del oficialismo también tienen la misma sensación de formar parte de un gran proyecto. Unos y otros están convencidos de que esa causa es suya, pero se engañan. Es la causa de Bukele y sus hermanos.

Las masas se les han entregado en cuerpo y alma a cambio de diversión. La sensación de formar parte de algo grande abarrota el centro de la capital de un público asombrado y entusiasta. La misma impresión desbordó los espacios públicos para participar en el paso fugaz de un jugador de futbol de un equipo estadounidense. La emoción desbocada derivó en una especie de intoxicación colectiva, que movilizó millones de dólares y enalteció a Bukele, el gran patrocinador. El evento deportivo se transformó así en un espectacular acto de propaganda electoral, intangible, pero no por eso menos eficaz.

Bukele acabó con la campaña electoral tradicional sin que los partidos de la oposición tomaran nota. No solo tiene asegurado un desempeño abrumador en las urnas, sino también la gratitud y la admiración de las masas. Solo falta recoger la abundante cosecha del odio. Pero las víctimas y los cadáveres sobre los que descansa no pueden ser aceptadas como inevitables y como condición indispensable de la reinvención que dice estar llevando a cabo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Jornada Mundial de la Paz, propuesta por la Iglesia católica desde hace 58 años, se celebra cada 1 de enero. En El Salvador, solemos celebrarla a lo largo del mes con diferentes actividades. Celebraciones eucarísticas, charlas en las parroquias, actividades de los departamentos de promoción social de las diócesis son parte del modo de nuestra Iglesia de celebrar la Jornada. Se busca siempre que el mensaje que para la ocasión da el papa llegue al mayor número de católicos y de personas de buena voluntad.

Este año, el papa reflexionó sobre el papel que debe jugar en favor de la paz la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo nos advirtió de las posibilidades del mal uso de la misma. Como todo instrumento poderoso, porque la inteligencia artificial es en realidad un instrumento, puede usarse para el bien común o para el enriquecimiento individual, para acrecentar el poder de un sector de la humanidad o para marginar a otro. La inteligencia artificial nos acerca al conocimiento con una enorme rapidez. En la actualidad, incluso puede sustituir trabajos humanos. Nos puede ayudar a tomar decisiones de todo tipo. Pero nunca puede, nos dice el papa, sustituir al ser humano. Y mucho menos rebajar su dignidad sometiéndolo al poder de una máquina incapaz de dialogar desde los valores humanos más profundos. Aunque hay ya instrumentos que responden con palabras e información a los seres humanos que les hacen preguntas, la imaginación, la solidaridad, los sentimientos nobles trascienden en demasía las posibilidades de una máquina, por inteligente que esta sea.

Los peligros de sustituir con máquinas el trabajo humano son diversos. Pueden hacer que desaparezcan múltiples tipos de empleo. Pueden ser utilizadas para acumular datos personales y clasificar a las personas, conocer tendencias e impulsar las convenientes a determinados intereses con el afán de manipular a la gente en el campo de la economía, la política o los valores. Como en toda tecnología, cuyo uso puede beneficiar o perjudicar a la humanidad, según se aplique, el papa pide que la inteligencia artificial sea utilizada para mejorar la calidad de los trabajos, que esté abierta a todos y no solo a los que tienen recursos, y que sea un medio para el desarrollo humano. Y señala que para ello se deben implementar normas internacionales que la regulen; normas que tengan en cuenta la ética, castiguen el mal uso y propicien que todos los seres humanos tengan acceso a esta tecnología. Y por supuesto, que haya instituciones y acuerdos internacionales que garanticen el cumplimiento de dichas normas.

Con frecuencia, el avance de la ciencia ha servido para enriquecer a pocos y mantener las desigualdades. Con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de poner la ciencia al servicio de todos, con fines verdaderamente humanos y solidarios. La inteligencia artificial puede introducir mejoras sustanciales en el campo de la medicina, del conocimiento y la reflexión, de los negocios, etc. El papa recomienda sentido crítico y discernimiento para usar la tecnología desde la prioridad del ser humano sobre la máquina. Porque las máquinas están siempre creadas por seres humanos, y en el campo de la inteligencia pueden heredar los prejuicios o incluso las intencionalidades de quienes las diseñan, y dañar severamente el bien común facilitando que una minoría decida sobre el destino de las mayorías.

Amar la ciencia, tener una visión científica de las cosas, es indispensable en nuestros días. Pero la ciencia es producto del ser humano en la historia, y por tanto es un producto colectivo. Porque incluso los grandes inventos individuales nacen siempre de las síntesis de anteriores saberes. Lo que es fruto de la humanidad debe estar al servicio de toda la humanidad. Y la inteligencia artificial es fruto del enorme esfuerzo del pensamiento humano y de su capacidad de adquirir conocimiento y multiplicarlo. Un producto humano construido sobre la capacidad universal de avanzar en el conocimiento de la realidad, y que tiene la capacidad de sintetizarlo, difundirlo e incluso extraer síntesis enriquecedoras del mismo, debe estar al servicio de todos y regulado desde la ética y el bien común.

La debilidad de los partidos de oposición se refleja claramente en sus discursos. Si bien hacen ciertas críticas y plantean algunas mejoras en temas de salud, educación o medioambiente, en ningún momento proponen la universalización de derechos hoy marginados o suspendidos. Universalizar derechos tiene sus dificultades, pero es el camino que han recorrido los países que buscan el desarrollo humano y que gozan de bienestar. Diferenciar, negar o suspender el goce de derechos conduce al subdesarrollo político y a diversas modalidades de autoritarismo que impiden o cercenan las posibilidades democráticas de una sociedad.

En El Salvador coexisten varios sistemas públicos de salud, unos con mejores prestaciones que otros. Reducirlos a uno solo y proveer el servicio con la calidad adecuada es un imperativo exigido por lo que la propia Constitución llama “justicia social”, tarea obligatoria del Estado. Sin embargo, los partidos, aunque hablan de mejorar algunos aspectos, no dicen que el actual sistema de salud pública invierte en unos más que en otros y brinda mejores servicios a sectores minoritarios. Algo parecido pasa en el campo de la educación: su evidente desigualdad se paso por alto.

Recientemente se publicó la noticia de que el 75% de los hogares con niños tienen una computadora, en buena parte gracias al esfuerzo gubernamental de repartir equipos informáticos; empero, únicamente el 43% de los mismos hogares tiene acceso a Internet. Exigir que haya conexión gratuita en todas las escuelas públicas facilitaría el proceso educativo de miles de niños y jóvenes, pero ningún partido quiere enemistarse con las empresas proveedoras de Internet imponiéndoles esa obligación. El tema de la pensión universal también parece estar fuera de la comprensión e interés de los partidos. Que solamente el 20% o 25% de los salvadoreños mayores de 50 años tengan pensión no le parece injusto a la mayoría de políticos. La indiferencia ante el sufrimiento solo cede momentáneamente cuando el discurso de cambio da réditos electorales. Nuevas Ideas se impuso en la política nacional señalando a los responsables de esa indiferencia, pero hasta la fecha no ha alterado las injusticias estructurales que mantienen a El Salvador en la desigualdad y en la vulnerabilidad económica.

La elecciones abren siempre la oportunidad de analizar el funcionamiento y la estructura social, económica y política de un país. No aprovechar el momento actual para proponer cambios estructurales en temas como salud, educación o pensiones es darse anticipadamente por vencido. Muy probablemente la oposición sería derrotada aunque propusiera cambios estructurales, pero dejaría sentadas nuevas posibilidades que irían abriendo las conciencias de cara al mediano y largo plazo. Naturalizar los problemas estructurales de El Salvador y hacer ofertas en campos secundarios de la situación social es una estrategia avocada al fracaso.

Se suele pensar que, como en el futbol, en las elecciones lo más importante son los resultados. Por ello es que solo hay memoria para el ganador, dejando de lado casi todo lo demás. Definitivamente, las elecciones son un elemento fundamental para una democracia, pero no son lo único. Hay democracias consolidadas que tienen votaciones con falencias y hay regímenes autoritarios que celebran elecciones perfectas en las formas. La clave está en que solo son democráticas cuando cumplen ciertas condiciones. Lo que la ciencia política llama “integridad electoral” recoge esas condiciones que, de cumplirse, garantizan elecciones libres, competitivas y justas.

La integridad electoral se aplica no solo el día de la votación, sino en todo el ciclo electoral, es decir, lo que pasa antes, durante y después de la cita en las urnas. Entre las condiciones que se deben cumplir para que exista integridad electoral están el derecho a competir en condiciones de equidad, acceso a la información, independencia del poder electoral, competitividad y rendición de cuentas. Sin estos elementos, un proceso electoral no es íntegro. Y precisamente ese es el caso de los próximos comicios en el país.

El Salvador se apresta a celebrar unas elecciones con gran parte de la población desinformada. Según la última encuesta del Iudop, y a dos semanas de las elecciones del 4 de febrero, gran parte de la población desconoce que habrá comicios en dos fechas y cuáles elecciones se realizarán cada día, solo 13 de cada 100 salvadoreños sabe la nueva cantidad de diputados de su departamento, y la mayoría ignora números y nombres de municipios. El sondeo también revela serias deficiencias en el conocimiento de las formas para votar por las diputaciones.

Sin embargo, la falta de información no significa que la gente no quiera votar. El 91.6% de la población tiene la determinación de ir a votar el 4 de febrero para las elecciones presidenciales y legislativas, y 86 de cada 100 salvadoreños (85.9%) afirma lo mismo para las del 3 de marzo. Si estas declaraciones llegaran a cumplirse, el país rompería récord de participación electoral. Las preguntas obligadas son, entonces, qué clase de participación se está gestando si las personas desconocen elementos importantes y qué calidad de democracia se está construyendo.

Lo que está claro, de acuerdo a la encuesta del Iudop y a otros sondeos de opinión, son las preferencias electorales. La fotografía de la encuesta revela una abrumadora victoria del actual presidente con el 81.7% en la intención de voto. El segundo puesto (FMLN) solo obtendría el 4.2%. En las elecciones legislativas, el panorama es similar. Según el sondeo, la oposición tiene escasas posibilidades de sacar diputaciones. Si fuera así, el voto en el exterior se encargará de eliminarlas. La situación variará un poco en las elecciones de consejos municipales. El partido oficial cuenta con el 42.9% de la intención de voto; el segundo lugar lo ocupan los que no expresaron su preferencia (19.5%) y el tercero los que no irán a votar (8.6%).

A lo anterior se suma que se está desarrollando la campaña electoral más asimétrica de los últimos tiempos; el partido del presidente es omnipresente y el resto de institutos políticos apenas tienen presencia. Esto se debe, en gran medida a la negativa oficial a entregar la deuda política a los partidos, en ruptura con lo que manda la ley. Aunque el artículo 190 del Código Electoral estipula un anticipo de la deuda política a los partidos, el Tribunal Supremo Electoral guarda un silencio obsequioso ante esta violación y otras, como la propaganda gubernamental.

Si la intención de voto se mantiene, Bukele seguirá siendo presidente otros 5 años y habrá un partido único o hegemónico en la Asamblea Legislativa. La mayoría de la ciudadanía desconoce que este tipo de sistema de partidos solo se da en regímenes no democráticos. Por eso, en el fondo, es necesario cuestionarse qué quiere expresar la ciudadanía con esta decisión. Independientemente de las condiciones que se crearon para que las elecciones no fueran más que un trámite para el oficialismo, en el fondo las preferencias electorales expresan la creencia de que el partido oficial y el presidente resolverán los problemas de la economía nacional y de la familiar.

La gente votará como votará para que las demandas más sentidas y siempre postergadas sean por fin atendidas. Irá a las urnas porque espera la generación de empleos decentes con salarios dignos para no verse obligada a dejar su tierra. Votará por una educación de calidad para sus hijos, por el acceso a la salud como un derecho humano, por una vivienda digna para cada núcleo familiar. Votará por vivir en paz, por desplazarse por la ciudad o el campo sin temor a ser vejada, por poder expresar sus opiniones de una manera libre. Votará porque cree que se profundizará la democracia.

De los gobernantes que serán electos, desde el presidente hasta los alcaldes, dependerá que estas aspiraciones se cumplan. Pronto se verá si honran los anhelos de la población o si, por enésima vez, traicionan sus anhelos más profundos.