Editoriales y Opiniones

Para que las metas y propósitos de nuevo año se cumplan no basta con buenas intenciones y deseos; es preciso planificar con realismo. Las proyecciones globales para 2024, más que pesimistas, reflejan que la sociedad mundial cosechará lo que ha sembrado. Por supuesto, esa cosecha tendrá efectos en los países de la región

Se afirma que 2024 será el año de las urnas. 76 países celebrarán elecciones; más de 4 mil millones de personas, es decir, el 51% de la humanidad, están llamada a votar este año. Diversos análisis prospectivos destacan las elecciones de la Unión Europea, India, Pakistán, Estados Unidos, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela y Senegal, porque son países con peso demográfico e influencia geopolítica. Las elecciones en estas naciones se realizarán en un contexto de transición global del poder y de claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales.

En la mayoría de los casos, los procesos eleccionarios que se desarrollarán a lo largo de 2024 supondrán un examen para la democracia; una buena parte de la población mundial votará en países con gobiernos autoritarios o híbridos (una mezcla de elementos autoritarios y democráticos), o que han sufrido un grave deterioro de la institucionalidad democrática. El Salvador forma parte de esta tendencia. En el ámbito internacional, las elecciones salvadoreñas no se mencionan por su importancia global, sino porque darán continuidad al autoritarismo cool de Nayib Bukele y a su política manodurista contra la delincuencia, un estilo que ha ganado adeptos entre algunos líderes políticos ultraconsevadores, populistas o de extrema derecha.

Por otra parte, 2024 también se proyecta como el año de las armas. 2023 fue uno de los años más violentos después de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos más conocidos son los de Ucrania, Palestina, Sudán y Yemen, pero hay decenas más en el mundo. La guerra en Gaza, con sus más de 22 mil víctimas mortales, más de dos terceras partes de ellas niños y niñas, desnudó, de nuevo, la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidas de remontar los intereses de las grandes potencias, algo que fue admitido con amargura por el secretario general.

Para Naciones Unidas, el mundo vive una nueva era de conflicto y violencia. Las estadísticas señalan que una sexta parte de la población mundial estuvo expuesta a algún conflicto en 2023, año en el que la violencia política aumentó un 27% con respecto a 2022. En el caso de El Salvador, la violencia política ha encontrado su nicho en las redes sociales, en las que los niveles de agresividad y odio han llegado a niveles inéditos en un país de por sí acostumbrado a la extrema polarización. Además, la persecución política de figuras públicas, utilizando a capricho la maquinaria del Estado, ha roto con el orden jurídico y constitucional de la posguerra.

Una tercera tendencia mundial para 2024 está relacionado con la economía. Se prevé que en 2024 las consecuencias de las crisis económicas incubadas en los tiempos recientes serán más visibles, el crecimiento será débil y la economía de las familias sufrirá nuevos golpes. La desigualdad económica podría agudizarse: los ricos incrementarían su riqueza mientras los pobres se hundirían más en la pobreza. El Salvador sabe de esto; las familias más pobres llegan a fin de mes con muchas dificultades. A lo que se suman los desalojos de comunidades pobres de la costa para beneficio de inversionistas extranjeros, el empecinamiento con un criptoactivo que casi nadie utiliza y la profundización de las apuestas neoliberales.

El año 2023 termina mal especialmente en lo que respeta a la ejecución e interpretación de la legislación vigente. No solo en eso, pero es importante remarcarlo dentro del anhelo de muchos de preservar el estado de derecho. Termina el año con la permanencia de una ley de régimen de excepción que solo debe darse en momentos extraordinarios y por un mes, y que se viene repitiendo desde hace más de veinte meses, acumulando encarcelamientos de personas inocentes y otras arbitrariedades moralmente injustas.

La reelección presidencial, basada en una interpretación de la Sala de lo Constitucional lingüísticamente caprichosa de un numeral de la Constitución, tampoco es garantía de bienestar, aunque muchos la ensalcen. Y ahora llega a una especie de delirio persecutorio la orden de detención contra la directiva de la Asamblea Legislativa que firmó la ley de amnistía de 1993. Pocas personas han criticado la mencionada ley de amnistía como el que suscribe este artículo, pero convertir la mencionada ley en un delito de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad es un monumental desafuero jurídico.

Casi del mismo tamaño que la propia ley de amnistía, pero con una intencionalidad más perversa: La judicialización de la política y la advertencia de que cualquier persona puede ir detenida a través de interpretaciones arbitrarias de la ley.

Podemos preguntarnos por qué el juez no libró orden de detención contra todos los diputados que votaron a favor de la ley de amnistía. Tal vez para no hacer más radical el desafuero. O tal vez para sugerir que después de la judicialización de la mencionada directiva de la Asamblea pueden venir otras órdenes de detención por estar a favor o en contra de una ley. El artículo 125 de la Constitución afirma textualmente que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. ¿Por qué entonces tienen responsabilidad los que firman o publican lo que decidieron los votos de los diputados? La ley de amnistía, en efecto, fue una bofetada en el rostro del pueblo salvadoreño, un acto de desprecio hacia las víctimas y una ley servil a los intereses de los victimarios. Pero también otras leyes, antiguas y nuevas, pueden convertirse en legislaciones injustas. Poner algún ejemplo del presente nos puede ayudar a entender el absurdo de esta orden judicial.

Si en determinado momento se demostrara, con el paso del tiempo, que la ley que autorizó el bitcoin como moneda nacional, dio resultados negativos para el país, ¿tendrían que ir presos los directivos de la Asamblea que la sancionaron?

El año 2024 está a las puertas. No tengo dudas de que en las próximas elecciones se reafirmará el peso sustancial de las autoridades vigentes, más allá de consideraciones legales o éticas. Más allá de proseguir una carrera en la que las partes acumulan agravios, bueno sería iniciar un diálogo sobre la situación del país y tratar de subsanar las diversas injusticias existentes. Invertir más en educación y salud es positivo, aunque haya que invertir todavía más y de modos más eficientes. Pero frenar la judicialización de la política, corregir

los abusos cometidos durante el excesivamente largo régimen de excepción, limitar o incluso perseguir en algunos casos los mensajes de odio en las redes, son pasos fundamentales para el desarrollo de la amistad social que debería existir en el país. El gobierno próximo continuará teniendo demasiado poder concentrado en pocas manos. Escuchar, dialogar, aprender de otros que piensan distinto, aceptar la crítica cuando refleja verdades, reflexionar sobre la necesidad de cooperación con la sociedad civil, es la única manera existente para evitar que el poder se dirija hacia la corrupción. El historiador inglés, lord Acton, acuñó la frase, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. No quisiéramos que la frase del historiador se volviera una especie de presagio del futuro salvadoreño.

Convertir el país en un centro tecnológico regional es atractivo, pero irreal. Las bases para ello no existen, porque el nivel educativo del país no tiene la altura mínima necesaria. El Salvador ocupa la posición 79 de 81 posibles en la última medición del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). Ninguno de los trece países latinoamericanos evaluados supera el promedio de los 38 más ricos y todos muestran un mejor desempeño en lectura que en matemáticas y ciencias. Tres de cada cuatro estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas, es decir, no poseen las competencias básicas de dicha disciplina. Aunque el desempeño en lectura es superior, la mitad no comprende lo que lee.

Todas las disciplinas son importantes, pero ninguna como las matemáticas, clave para acceder a las profesiones científicas y tecnológicas. Adicionalmente, la destreza en matemáticas mejora el aprendizaje de otras disciplinas. Dicho de otra manera, el país no dispone de la masa crítica con las competencias y las habilidades indispensables para construir el centro tecnológico con el que Bukele sueña.

Si bien el estudio atribuye al covid —la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial— la pronunciada caída en el desempeño de los estudiantes de todos los países, la pandemia no amplió demasiado la brecha entre el rendimiento de los pobres y los ricos. En la mayoría de los países, el aprendizaje de estos últimos se estancó tanto como el de aquellos. Por tanto, el informe confirma la elevada desigualdad en los aprendizajes. En promedio, el 88 por ciento de los estudiantes más pobres de la región tiene un bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55 por ciento de los más ricos.

En general, un año adicional de escolarización representa un aumento anual de cerca del 10 por ciento del salario. El aprendizaje perdido significa salarios bajos durante varios años. La caída en el desempeño implica abandonar los estudios antes del bachillerato o no adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en la educación superior. Estos datos indican que las profesiones científicas y tecnológicas, cuya demanda es creciente y, por tanto, con más posibilidades de empleo y mejor remuneración, no están al alcance de buena parte de la juventud.

En teoría, el retraso educativo del país debiera actuar como acicate para impulsar reformas que eleven el rendimiento académico de los estudiantes. La superación del atraso pasa por aumentar dramáticamente la inversión en educación, pero es mucho más que eso, ya que el dinero puede ser empleado en conservar viejas estrategias, y porque con demasiada frecuencia los recursos no llegan a las escuelas y los estudiantes que más los necesitan. La distribución masiva de tabletas y computadoras no ha hecho mucha diferencia. La evidencia internacional ha demostrado que mejorar la capacitación y la motivación de los docentes es mucho más eficaz para elevar el nivel de formación de los estudiantes.

Bukele prefiere gastar en el culto a su persona y en la militarización del país. Transformarlo en un centro tecnológico regional exige cambiar sus prioridades. También lo requiere satisfacer las nuevas expectativas que Washington le ha asignado. Bukele ha sido llamado a levantar un muro digital contra la influencia de China y Rusia en la región y a contener la emigración. Aparentemente, el voluminoso préstamo del FMI para salvar las derruidas finanzas nacionales está vinculado con esos dos cometidos. En cualquier caso, los resultados no serán inmediatos. Dado el nivel educativo actual, la planificación debe ser de mediano y largo plazo. Bukele ya ha desperdiciado los cinco primeros años en militares y el culto personal. En el mejor de los casos, necesitará varias reelecciones para colocar la última piedra de su proyecto.

Otro obstáculo hasta ahora insuperable es la confianza desmedida e injustificada de los ministros de educación, incluidos los de Bukele. No puede, pues, escudarse en que el retraso educativo es obra de los desmanes de los de siempre. Estos funcionarios se han negado a adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, respaldadas por un consenso social y político. El afán irrefrenable de protagonismo los ha llevado a anular los avances de su antecesor y a empezar de nuevo, en lugar de evaluar lo logrado, superar los fallos y avanzar. Cada nuevo funcionario piensa que sus planteamientos son únicos, y así, pasan las administraciones, gastan el dinero y el tiempo, y la educación sigue postrada.

El mal entendido protagonismo de estos funcionarios ha cerrado posibilidades a incontables generaciones de jóvenes. No es extraño, entonces, que emigren o hayan buscado una alternativa en el crimen organizado. La actitud de Bukele no es diferente a la de los ministros de educación de siempre, excepto que su desgobierno comprende las áreas sociales, económicas, políticas y culturales.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Con los días de Navidad casi encima, justo es reflexionar sobre el amor. Especialmente los cristianos, de cualquier denominación que seamos, deberíamos hacerlo. Justo antes y después de la Navidad, la Iglesia católica recuerda a dos santos de nombre Juan. El 14 de diciembre San Juan de la Cruz, uno de los poetas más extraordinarios de la lengua española; y el 27 del mismo mes San Juan apóstol y evangelista.

Ambos cantaron al amor y nos dejaron palabras que para muchos son de esas frases que marcan el sentido de la vida. Juan de la Cruz nos recordaba que “en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor”. Y el apóstol Juan, después de insistir en que “Dios es amor”, insistía en que “quien no ama a su prójimo a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve”.

En estos días de celebraciones religiosas se suele celebrar especialmente el amor familiar. Pero el amor social, la amistad social de la que habla el Papa Francisco, no forma parte las más de las veces del discurso cristiano. Si recorremos nuestra sociedad encontraremos sin duda muchas personas buenas, la mayoría de ellas cristianas. Y aunque la inquietud por una sociedad mejor y más solidaria es participada por la mayoría, sin embargo los dolores masivos del pueblo salvadoreño están a veces tan naturalizados que no encuentran una posición comprometida en muchos cristianos.

Nuestro país tiene unos márgenes de pobreza del 30%. Casi el 50% vive fuera de la pobreza pero se mantiene en unos grados de vulnerabilidad económica bastante alto. En este contexto sólo tienen pensión de ancianidad el 20% de los mayores de 60 años. El hambre golpea más a nuestros niños que a cualquier otro grupo etario.

Y nos quedamos tranquilos cuando las escuelas rebajan las porciones alimentarias que se reparten en sus aulas. La mujeres trabajan al día como promedio, según estudios, una hora más que los varones; pero las que tienen pensión son menos que los hombres y en promedio son monetariamente más bajas. Celebramos el día de la madre con grandes alabanzas. Pero las agresiones sexuales contra las mujeres son, estadísticamente, una de las epidemias más graves que soporta el país.

El régimen de excepción ha encarcelado a miles de personas inocentes. Tras varios meses de encarcelamiento ha soltado a un buen número. Los que continúan en las cárceles están sometidos a fuerte hacinamiento, mal alimentados, sin permiso para recibir visitas. Y casi nadie nos recuerda las palabras de Jesús en la parábola del juicio final que entre otras cosas nos dice “vayan malditos al fuego eterno porque estuve encarcelado y no me visitaron”. Se puede ser muy amoroso y permanecer indiferentes ante el dolor ajeno. La corrupción y las graves desigualdades económicas y sociales, que desde el punto de vista cristiano serían delitos de odio contra los pobres, casi nunca las vemos como opuestas al amor.

Probablemente todo el mundo está de acuerdo con que las Navidades son fiestas que exaltan el amor. “Tanto amó Dios a este mundo que les entregó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna”. Para no andar perdidos en Navidad debemos examinarnos sobre el amor que celebramos en el recuerdo del nacimiento de Jesús. Está muy bien celebrar el amor en familia, pero sin olvidar a la familia humana.

Todos los seres humanos somos hermanos, miembros de la misma especie, con los mismos derechos y deberes. Por eso no podemos olvidar a este mundo marcado por “una guerra mundial a pedazos”, como dice el Papa Francisco, o caracterizado, como decía Juan Pablo II, por “una guerra de los poderosos contra los débiles”. Guerra a pedazos que la sufren desde la pobreza, la marginación y la agresión injusta muchos de nuestros hermanos y hermanas. Vivir y celebrar cristianamente la Navidad debe llevarnos siempre a ampliar nuestros círculos de amor al prójimo y convertirnos en servidores y defensores de todos los que sufren cualquier tipo de injusticia. Buscar el modo concreto de crecer en ese amor más universal y solidario es tarea de todo el que quiera celebrar la Navidad desde la esperanza cristiana.

Este 10 de diciembre se han cumplido 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aunque cada vez hay más personas e instituciones que los defienden, muchas veces con una enorme generosidad e incluso riesgo personal, lo cierto es que nos encontramos en una coyuntura mundial de crisis al respecto. Las guerras, tan mortíferas y crueles, implican graves violaciones de derechos básicos. Conocemos las guerras de Rusia-Ucrania y de Hamas (franja de Gaza)-Israel. Pero existen en la actualidad otras 10 guerras que acumulan más de mil muertes al año, junto con numerosos conflictos internos. Es lo que el papa Francisco llama “guerra mundial a pedazos”. Las instituciones internacionales de la ONU insisten en el diálogo y la búsqueda de paz. Pero los intereses tanto de grupos como de Estados se resisten a un clamor que es realmente mundial.

Otros países tienen orientaciones autoritarias que niegan derechos civiles y políticos, encarcelan o destierran a sus ciudadanos sin que la comunidad internacional pueda encontrar caminos que lleven al diálogo y restauren una institucionalidad democrática que vaya más allá de las elecciones y respete los derechos de libertad de pensamiento y opinión de las personas. Los mensajes de odio, la mentira convertida en insulto y agresión, se multiplican en las redes rebajando la calidad de pensamiento de los países e impidiendo la convivencia fraterna. La pobreza, la desigualdad, el hambre continúan siendo verdaderas plagas en un mundo en el que el 17% de la producción de alimentos se desecha, acaba en la basura. Las mujeres, los niños y los ancianos sufren especialmente las carencias de políticas alimentarias y las incapacidades gubernamentales y sociales de enfrentar el problema de la pobreza.

Nuestro propio país no es ejemplar en la promoción y defensa de derechos. Se critica a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil. El poder autoritario convierte en cómplices de violaciones a los derechos humanos, por acción o por comisión, a las instituciones estatales responsables de cuidar y proteger dichos derechos. Se limitan derechos políticos y civiles al tiempo que se descuidan derechos económicos y sociales. No hay un combate claro y sistemático contra la pobreza y no se invierte lo adecuado en salud ni educación. Las instituciones de justicia dependen exageradamente del poder político y la responsabilidad social no es la virtud fundamental del liderazgo económico ni del gubernamental.

Si en base a lo dicho podemos hablar de una verdadera crisis en el campo de los derechos humanos, la reacción de la sociedad civil debería ser mucho más vigorosa. A los derechos humanos podemos definirlos como una moralidad externa al poder del Estado que lo modera y le obliga a estar al servicio de las personas. Descuidar los derechos humanos, ignorarlos, volvernos ciegos ante ellos es caer en la inmoralidad. Y es retornar a la dinámica que convierte al poder en un ídolo que oprime . La parábola evangélica del publicano compasivo y solidario en contraste con los clérigos indiferentes ante el dolor de un herido continúa teniendo una enorme vigencia en el mundo en que vivimos y en nuestro propio país. Al celebrar los 75 años de la proclamación de los derechos humanos resulta indispensable para todo cristiano comprometerse con mucha más seriedad en la defensa de dichos derechos.

Recientemente se publicaron los resultados de las pruebas Pisa, que cada tres años evalúan la situación educativa de los estudiantes de 15 años que cursan al menos séptimo grado. Es la primera vez que El Salvador es incluido en la prueba. Los resultados, como era de esperarse, no fueron buenos, y ello constituye un claro llamado a examinar el sistema educativo nacional. Los cambios deben ser muchos y notables, tanto en la inversión y en la preparación de los maestros como en la conciencia de la ciudadanía y de sus liderazgos. En este último aspecto, es evidente que el sistema educativo, al menos hasta ahora, está diseñado para mantener un sociedad desigual en la que algunos pueden vivir como ciudadanos del primer mundo mientras la gran mayoría hace malabares para sobrevivir.

Más de la mitad de nuestros jóvenes no alcanzan a graduarse de bachillerato a la edad de 18 años. Las universidades dan cabida, aproximadamente, al 15-20 por ciento de los bachilleres y no todos terminan obteniendo su título profesional. Por ello, las posibilidades de ascenso social a través de la educación son muy reducidas. Además, tienen una ventaja sustancial para el desarrollo de sus capacidades aquellos que pertenecen al sector de los ricos y de las clases medias acomodadas, que no pasan del 25% de la población.

Los medios de comunicación tienden a resaltar los éxitos individuales del algunos salvadoreños que se gradúan en universidades de prestigio mundial. Pero los éxitos personales, por valiosos que sean, no pueden ocultar los fracasos sistémicos del sistema educativo nacional. Que el 90% de los alumnos de 15 años no alcance las competencias mínimas para esa edad en matemáticas no se puede tapar con el éxito individual de algunas personas. Y lo mismo se puede decir sobre el 70% que no alcanza las competencias mínimas en ciencias. Los bajos resultados en comprensión lectora dejan en ridículo a todos aquellos que piensan que con el aprendizaje del inglés y del chino, junto con el uso de computadoras, El Salvador encontrará el camino del desarrollo.

La educación en El Salvador reproduce el sistema social desigual y negador de posibilidades. La culpa no es de los niños ni de los maestros, que muchas veces hacen milagros. Los niños y niñas salvadoreñas nacen con las mismas capacidades que los nacidos en Singapur, el país con mejores índices de conocimiento y aprendizaje en esta prueba Pisa de 2023. Pero la mala alimentación, la desatención en la primera infancia y las deficiencias en las escuelas crean atrasos que terminan sepultando a muchos compatriotas en la pobreza y la necesidad de migrar. La escasa inversión en el sistema educativo, los bajos salarios a los maestros, las infraestructuras que dificultan el aprendizaje son causas evidente de nuestro atraso. El menosprecio de la profesión educativa y la ausencia de políticas familiares tampoco ayudan al desarrollo de las capacidades innatas de los niños y niñas.

El trabajo por hacer es mucho. Hasta el presente, ningún Gobierno se ha tomado en serio la tarea de invertir en educación con un enfoque inteligente y multifactorial. Y no se ve que en la actualidad, a pesar de los discursos, esa tendencia vaya a variar. Los éxitos académicos de algunos salvadoreños son sin duda positivos, pero de momento solo sirven para disimular una situación educativa nacional deficiente e injusta.

El proceso electoral salvadoreño transcurre en un contexto marcado por tres factores: crisis en la economía familiar de muchos hogares, amplia desinformación y un régimen de excepción temido por algunos, pero apoyado por la mayoría. Así lo revela la primera encuesta preelectoral del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). El costo de la vida, en especial el de la canasta básica, se ha disparado. Casi dos terceras partes de la población (64.5%) piensan que el principal problema del país tiene que ver con variables económicas (desempleo, inflación, pobreza). Por otra parte, 77 de cada 100 personas desconocen que en marzo pasado se reformó el Código Electoral para eliminar la prohibición de hacer cambios en el año previo a una elección. El 65% no sabe que habrá dos fechas electorales (el 4 de febrero para presidente, vicepresidente y legisladores, y el 3 de marzo para concejos municipales y diputados al Parlacen) y más de la mitad ignora que se sustituyó la fórmula para asignar los escaños de la Asamblea Legislativa. La mayoría sí sabe que se redujo el número de municipios y el de diputados, pero desconoce los nuevos municipios y su composición, y la cantidad de diputaciones asignadas a su departamento.

Así las cosas, la intención de voto beneficia en todas las contiendas al partido del presidente. Para la elección presidencial, el 61.7% de los encuestados dice que votará por Nuevas Ideas, el 14% no lo ha decidido y el 9.4% afirma que no irá a votar o anulará su voto. La tendencia se mantiene en la elección legislativa: 46.5% afirmó que votará por Nuevas Ideas, 3.2% por el FMLN, 2.1% por Arena y 1.1% por Vamos; el resto de partidos no llegan al 1%. Las personas que declaran que no irán a votar o que anularán su voto ascienden al 10.6% y una quinta parte de los encuestados (19.9%) dice no haber decidido todavía. Los números cambian un poco en la intención de voto para concejos municipales. Nuevas Ideas recibiría el 40.3% de los sufragios, Arena el 4.8%, FMLN el 4% y GANA otro tanto. El resto de partidos alcanza 1% o menos. 23 de cada 100 dicen que no han decidido por quién votar y 12 de cada 100 aseguran que no irán a las urnas o anularán el voto.

Es decir, por hoy, las elecciones son cosa de un solo partido, especialmente para presidente; en las elecciones legislativa y municipal el porcentaje que respalda a Nuevas Ideas no tiene la misma solidez. Además, esta dinámica parece obedecer, más que al entusiasmo popular, a la ausencia de una alternativa política atractiva. Los números dejan claro que los partidos aliados de Nuevas Ideas no le agregan valor y que la oposición naufraga dispersa. En ambos casos, su irrelevancia política se refleja en que la población o no los conoce, o tiene opiniones mayoritariamente negativas o neutras sobre ellos. La falta de recursos económicos, a la que exitosamente ha colaborado el Gobierno, es en parte causa de la parálisis electoral de estos partidos. Y no puede perderse de vista que todo el aparato estatal ha sido puesto al servicio de la campaña cyan.

Pero la principal razón de que el partido oficial vaya al frente en la intención de voto es la imagen que la gente tiene de Bukele, que hasta el momento no se ve lastrado por los errores y graves abusos cometidos durante su gestión. El 87.9% de la población cree que es importante respetar la Constitución, pero el 69.9% apoya la reelección. La mayoría está de acuerdo con que los tres poderes del Estado deben ser independientes, pero el 72.2% reconoce que los jueces y los diputados trabajan a las órdenes del mandatario. La figura del presidente es lo que propicia la opinión favorable sobre el quehacer gubernamental y, en consecuencia, aunque cada vez con más dificultad, su partido. La confianza que le deposita más de dos tercios del electorado se debe, en gran medida, al régimen de excepción. La encuesta confirma la inclinación autoritaria de la sociedad salvadoreña: quienes manifiestan que es necesario sacrificar derechos humanos para el bienestar social y quienes toleran que se viole la Constitución votarán por el partido oficial en los próximos comicios.

Bukele no desea ser recordado como otro presidente ladrón, rodeado de ladrones. Por eso, puso a todos los funcionarios del poder ejecutivo en manos de su fiscal para que los investigue “para atrás y para adelante”. Contrario a las apariencias, no es una rendición de cuentas al final del mandato, sino un ajuste de cuentas en las filas del Ejecutivo. La razón de fondo no es la corrupción y el robo, sino purgar a los funcionarios desleales o indisciplinados, que no se han apegado al guion establecido por los argentinos, con el pretexto de castigar la deshonestidad. Simultáneamente, el ajuste de cuentas proyecta la imagen de un mandatario íntegro y responsable.

La operación, contrario a lo que Bukele “imagina”, es problemática, porque carece de credibilidad. El fiscal no ha demostrado las competencias mínimas para controlar la corrupción. Al comienzo de la presidencia de Bukele, engavetó las investigaciones iniciadas por su antecesor sobre la corrupción de varios de los nuevos funcionarios. Ahora, sin duda, investigará y encontrará corruptos. Pero solo aquellos cuyos nombres figuren en la lista de indeseables de Casa Presidencial. Estos serán juzgados y condenados. Rodarán algunas cabezas, no todas, ni siquiera las de los más corrompidos. Antes, al fiscal le ordenaron archivar y archivó; ahora, le han ordenado lo contrario y obedecerá para retener el cargo. Muy a su pesar, no se diferencia de la mayoría de sus antecesores, a quienes desprecia como simples “títeres”, “que buscaban mantener sometido al país a sus antojos”. A diferencia de aquellos, no satisface sus caprichos, sino los de su patrón. No es verdad que “quien sea que haya cometido delito será perseguido y punto”. Solo perseguirá a los señalados.

La amenaza de investigar la corrupción no incluye a Bukele, quien se deja al margen con el argumento de que él no roba para no ser recordado como facineroso. Tampoco a sus hermanos y su círculo íntimo, en teoría, porque no forman parte del poder ejecutivo. Todos ellos tienen la continuidad asegurada. La reelección les garantiza cinco años más de impunidad e inmunidad. Si Bukele temiera en verdad ser recordado como otro presidente sinvergüenza, desde el comienzo de su gestión presidencial habría fomentado la transparencia; habría entregado información abundante, oportuna y detallada sobre sus actividades; y habría promovido la investigación de sus funcionarios. En lugar de apertura y claridad, reina el hermetismo. Cabe recordar aquí, ya que tanto le gusta citar la Escritura, que en Juan se lee que “todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras” (3,20).

Aunque no hubiera duda sobre su integridad personal, Bukele ha permitido la proliferación de corruptos en su entorno. Los dos presuntos maleantes que alega haber capturado como prueba de su determinación son irrelevantes frente a los millones de dólares que han circulado libremente por los despachos no solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes. La evidencia no permite recordarlo como “el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió en la cárcel”. De todas maneras, si hubiera verdad en este deseo, debió pedir al fiscal que realizara sus averiguaciones de cara a la opinión pública. Bukele promueve la honestidad desde la oscuridad.

El anuncio de la purga de sus colaboradores más cercanos es un melodrama de mal gusto. Una puesta en escena, como su comparecencia entre las mises o en la isla Tasajera. ¿Por qué no comparece ante los campesinos despojados de sus parcelas donde proyecta levantar infraestructuras gigantescas? ¿O ante las madres de los desaparecidos y las víctimas de las masacres?

La dictadura es, por definición, desvergonzada. Después de despedirse de sus subordinados, Bukele los amenazó con una supervisión implacable, ya que tendrá “más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras”. Así, pues, no se va; la despedida es una farsa. El decreto que lo “licencia” seis meses para hacer campaña reelectoral establece que, tanto él como su socio, retienen la relación con la presidencia del poder ejecutivo y, por tanto, gozan de las prerrogativas propias de sus cargos. Dicho de otra manera, puede hacer, y ya hace, campaña reelectoral con los recursos y el dinero del pueblo, que dice es su razón de ser.

Otra es la suerte que aguarda a los defenestrados. Vivirán días tan funestos que se arrepentirán de haber servido a Bukele. Los desconocerá, les cerrará los portones de Casa Presidencial y los arrojará a la cárcel que prepara para ellos. Nunca se les ocurrió que su último servicio sería ser víctimas propiciatorias de la imagen presidencial de rectitud.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Coordinadora para la Unificación Sindical se presentó en diversas instituciones del Estado para exigir que se respeten los derechos humanos, laborales y sindicales.

La organización aglutina sindicatos del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Hacienda, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, entre otros.

Salvador Ramos, miembro de la Coordinadora, exigió a las instancias de gobierno que les brinden una pronta y acelerada respuesta a los casos interpuestos por los trabajadores.

Cada vez se ve con mayor claridad la relación entre la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia católica, así como a otras Iglesias, según tiempos y lugares. Pero en Centroamérica la correlación es evidente: hay proporción directa entre mayores violaciones a derechos y mayor persecución a la Iglesia que las denuncia. Denunciar la injusticia es una especie de sacrilegio contra los nuevos autoritarismos, convertidos en una especie de ídolos armados que exigen obediencia ciega. Y en este terreno de las nuevas idolatrías políticas, quien se lleva en el istmo el primer lugar en la persecución es la dupla dictatorial nicaragüense. Que algunos sacerdotes hayan recibido en sus parroquias, como lugar de refugio, a manifestantes contra la dictadura que huían de la represión a su manifestación pacífica, ha resultado para el dúo Ortega-Murillo una especie de delito imperdonable. Un obispo expulsado del país y privado de la nacionalidad, otro encarcelado y mal tratado, muchos sacerdotes amenazados, presos, exiliados y desnacionalizados muestran a un régimen incapaz de soportar una crítica serena y pacífica, ebrio de poder y convencido de que con castigos crueles e injustos se solucionan los problemas. Y eso solo hablando de miembros de la Iglesia y de la violación sistemática del derecho a la libertad de religión y expresión. Porque el número de los perseguidos y amenazados social y políticamente es casi incontable.

Si en Nicaragua hay un gobierno al que se le puede catalogar como dictatorial, en Guatemala la situación es grave también. El hartazgo social contra la clase política tradicional, tan plegada a intereses económicos extractivistas y conservadores, ha llevado a buscar candidaturas alternativas. El triunfo electoral inesperado de Bernardo Arévalo, impensable hace dos o tres años, muestra la voluntad popular de cambio en el modo de gobernar. Pero esa especie de mafia en la que se mezclan poderes económicos, militares y políticos turbios se empeña en dificultar el acceso al poder del vencedor en las últimas elecciones. Los apoyos al Estado de derecho del cardenal Ramazzini y sus denuncias de las injusticias generaron ya quejas gubernamentales ante el Vaticano y amenazas de emprender un juicio e incluso encarcelamiento contra este líder de la Iglesia católica, de clara voz profética desde hace años. En El salvador, no han faltado discursos y mensajes de odio contra el cardenal Rosa Chávez y otros sacerdotes que han denunciado abusos en el campo de los derechos humanos. Honduras, caracterizada por una mayor tradición de libertad de expresión, también ha tenido expresiones de odio contra miembros de la Iglesia críticos frente a la pobreza injusta que sufren las mayorías populares. Y especialmente se ha ensañado con aquellos que desde su conciencia cristiana reivindican los derechos de los desfavorecidos.

Curiosamente, se persigue a una Iglesia que sistemáticamente en todos los momentos de emergencia, así como en la vida diaria, ha estado cerca de los que sufren. Continuamente la Iglesia ha permanecido consiguiendo recursos, tanto materiales como humanos, creando conciencia, impulsando emprendimientos y defendiendo derechos. Esa cercanía con los pobres y vulnerables, que continúan siendo mayoría en nuestro pueblos, es lo que despierta esa mezcla de temor y odio que caracteriza a los perseguidores Y es también lo que les lleva a reprimir, perseguir y encarcelar tanto a laicos como a miembros del clero. Les gustaría una Iglesia preocupada exclusivamente por el más allá y por la administración rutinaria de los sacramentos, sin mencionar para nada las exigencias éticas y morales del Evangelio. Al final, persiguiendo a la Iglesia, los dictadores y los autoritarios trabajan en favor de su propio descrédito y fracaso. Aunque en el choque frontal el poder armado puede vencer y aplastar a la conciencia desarmada, esta es una fuerza que en el largo plazo termina destruyendo la prepotencia del poder y desenmascarando su corrupción. Porque al final, quienes llaman bien al mal y mal al bien acaban enredándose en sus propias contradicciones. Y su farsa termina siempre en una locura que ni sus propios adeptos resisten. Las Iglesias, en cambio, saben reconocer sus errores desde el Evangelio del amor, la justicia y la paz y optar por el bien de los demás. Al revés de las dictaduras, están hechas para durar mucho más que la ebriedad soberbia del poder.