Editoriales y Opiniones

José María Tojeira

14/11/2023

El 34.° aniversario del martirio de los jesuitas de la UCA nos lleva siempre a reflexionar sobre la verdad y las deudas con la misma. Desde la firma de la paz, los sucesivos Gobiernos han oscilado entre el aseguramiento de la impunidad y la utilización política del caso. Evidentemente, algo se ha avanzado. Y las declaraciones recientes de los soldados que dispararon contra los jesuitas y contra Elba y Celina muestran la crudeza de la realidad de aquellos tiempos. Absueltos en el primer juicio y con la garantía constitucional de no poder ser juzgados dos veces por el mismo delito, no tienen reparo en asegurar que las órdenes de matar había que cumplirlas; de lo contrario, el mismo Ejército se encargaría de matar a los desobedientes. E incluso pensaron, eso decían en sus declaraciones judiciales, que los tiros que recibieron cuando volvían a integrarse en su batallón habían sido disparados por militares para eliminar posibles testigos de la “luz verde” dada por el Estado Mayor para el crimen. La deshumanización del momento hacía que cualquier situación fuera posible.

Las numerosas masacres llevadas a cabo por la Fuerza Armada muestran un panorama semejante. La impunidad domina y la institución judicial apenas ha comenzado algunos casos. La Asamblea Legislativa, la actual y las anteriores, ha sido incapaz de redactar una ley de justicia transicional que garantice en el país verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y caminos de reconciliación. Con el paso del tiempo, la tendencia ha sido a enjuiciar a algunos militares ancianos, pero en el reconocimiento de verdades clave no se ve avance. En realidad, la enorme cantidad de violaciones graves a derechos básicos nos acaba diciendo que los crímenes cometidos son responsabilidad de una política aceptada y establecida por la propia Fuerza Armada. En otras palabras, los crímenes del pasado en guerra no son en su mayoría fruto de la maldad individual de algunos miembros del Ejército, sino verdaderos crímenes institucionales. Y esto, aunque se pueda decir públicamente como una opinión, no ha sido reconocido por el Estado ni por la institución castrense.

Aunque hoy la Fuerza Armada se encuentre alejada de los terribles abusos del pasado, la falta de reconocimiento de los males institucionales del tiempo de guerra no le hace bien. Reconocer problemas institucionales, pedir perdón por los mismos, honra a quienes lo hacen y da la seguridad de que el pasado no se repetirá. No basta con decir que no hay que pedir perdón por acciones cometidas por otros. Por pertenecer a la institución castrense, se debe reconocer los problemas, los errores y, en muchos casos, los crímenes cometidos o consentidos desde la dirección institucional, aunque estos hayan sucedido en un pasado lejano. Es cierto que no solo la Fuerza Armada ha cometido o encubierto crímenes o delitos; otras instituciones, estatales o no estatales, lo han hecho. Pero sean quienes sean, solo resultan fiables y confiables quienes son capaces de reconocer sus errores. Lo que admiramos en las personas que saben reconocer y corregir sus equivocaciones vale también para las instituciones.

En ese sentido, es importante que la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, además de reclamar justicia en casos particulares, traten de incidir en que las instituciones reconozcan errores y pidan perdón. Solo de esa manera se establecerá cultura y se construirá seguridad en el futuro. Que se consiga juzgar o condenar a diez, quince o veinte personas por los crímenes del pasado es bueno para el país. Pero si no hay capacidad institucional de reconocer crímenes o errores del pasado, y además en casos tan graves, las garantías de no repetición, en las que insiste la justicia transicional, pueden quedar en nada.

Rodolfo Cardenal

09/11/2023

Washington no resolverá la crisis nacional como algunos parecen desear, tal vez presa de la impotencia y la impaciencia. El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental lo ha dejado claro. Al menos de momento, porque la política estadounidense es muy variable. En su reciente visita, el funcionario se desentendió de las implicaciones constitucionales y políticas de la reelección del presidente y su vicepresidente. No hace mucho, Washington defendió el orden constitucional, incluso sancionó a algunos altos funcionarios de Bukele por violentarlo. Ahora se desentiende de la reelección y deja toda la responsabilidad en un diálogo interno imposible. En la práctica, Washington prescinde de las elecciones libres y limpias, y de los derechos ciudadanos y humanos. La salida es olímpica, pero típica de la política estadounidense.

Esta siempre ha subordinado el bien nacional a su política doméstica e imperialista. Washington usó al país como campo de batalla para detener la presunta expansión comunista, un tópico prioritario de su agenda interna de ese entonces. Invirtió miles de millones de dólares en una aventura militar, donde el sufrimiento, los muertos y la devastación la pusieron mayoritariamente los salvadoreños pobres. Cuando perdió el interés en los comunistas, abandonó el país al capitalismo neoliberal, impuesto con la colaboración de sus socios locales. La solución estadounidense hizo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La brecha cada vez más amplia entre los ganadores y los perdedores trajo el crimen organizado, incluidas las pandillas, y el populismo autoritario.

Las “décadas de colaboración” con el país de las que habla la diplomacia estadounidense han sido más bien épocas de imposición, de indiferencia y de abandono. La nueva actitud de Washington confirma la relegación del país a “patio trasero”. La Casa Blanca tiene entre manos más de lo que puede administrar. Una guerra de final impredecible entre Ucrania y Rusia, y otra de consecuencias imprevisibles entre Gaza e Israel. La expansión militar, comercial y tecnológica de China, más la emergencia de un mundo multipolar cada vez más complejo. En esta coyuntura, la prioridad de Washington es conservar el traspatio centroamericano sin sobresaltos, a cualquier costo, incluida la convivencia en buenos términos con regímenes autoritarios, dictatoriales y represivos.

La apurada situación de Washington favorece a Bukele. Aquella engavetó sus críticas y se muestra complaciente. Su embajador no solo encuentra normal la reelección, sino que, temerariamente, la equipara con “elecciones libres, calmadas”. Sin embargo, el entusiasmo de Washington no es tanto como para invitar a Bukele a la Casa Blanca, donde Biden expuso a otros mandatarios latinoamericanos su interés en un crecimiento económico que contenga la emigración al norte. De todas maneras, Bukele bajó el tono de sus recriminaciones por la injerencia de Washington en sus asuntos y por su doble moral. No porque la condene, sino porque no tolera la crítica.

Ninguno de los dos se rige por la ética política. Los dos son extremadamente pragmáticos y usan el terror para imponer su voluntad. El pragmatismo los hace igualmente contradictorios, incoherentes y, por tanto, no confiables. Washington alimentó el terror al comunismo para imponer su agenda imperialista; Bukele agita el miedo a un posible regreso de los pandilleros para reelegirse.

Aun cuando Washington tuviera una solución para la crisis nacional, habría que tomarla con desconfianza. El subsecretario de Estado prometió promover la inversión estadounidense, pero obvió que sin seguridad jurídica, aquella no aumentará y sin ella, el crecimiento económico seguirá languideciendo, mientras el flujo migratorio se mantiene inalterado. La miopía de la Casa Blanca debilita su posición en la política doméstica, que debate apasionadamente la reducción drástica de la emigración desde el sur. La violencia social no es la única causa del desplazamiento de la población. Antes fue la violencia de las pandillas, ahora es la represión de la dictadura y el avance incontenible de la miseria.

El embajador estadounidense, por su lado, aplaudió el contrato de Bukele con uno de los gigantes tecnológicos como un primer gran avance hacia una mayor inversión. Pero olvidó que aquel se comprometió a entregarle 500 millones de dólares en siete años. Dicho de otra manera, Bukele se comprometió a pagar a una multinacional para que opere en el país, así como también pagó varios millones para que mujeres extranjeras posen en los escenarios cuidadosamente decorados por el oficialismo. Entre los bastidores ha ocultado a los pobres, amenazándolos con el régimen de excepción. La pobreza de la inmensa mayoría de la población es un insulto para el glamour artificioso de El Salvador de Bukele y sus mises.

Editorial UCA

13/11/2023

Una vez más cae la fecha del aniversario de los mártires de la UCA en jueves, el mismo día de la semana en que fueron asesinados. La fuerza y la intensidad de los seis jesuitas, Elba y Celina tratamos de mantenerlas en nuestras vidas recordando la entrega generosa de quienes se sacrificaron por la pacificación de El Salvador en guerra y por la justicia social y los derechos humanos. Su recuerdo se vuelve especialmente importante en un momento en el que el liderazgo político usa la palabra “guerra” para combatir la delincuencia. Una mala selección del lenguaje, porque la guerra, todos lo sabemos y lo vemos en Gaza y Ucrania, siempre produce víctimas inocentes en grandes cantidades. El término “guerra” se debe desterrar del lenguaje, especialmente cuando se habla de resolver conflictos entre seres humanos.

Los valores y virtudes que nos dejaron los mártires en herencia son caminos de racionalidad y cristiandad. A la violencia no se le pone fin matando al violento, sino tratando de reintroducirlo a una relación humana cordial. La paz siempre tiene más valor que la guerra, y por eso mismo dialogar es más importante que matar. Emplear el dinero en desarrollo es más importante que gastarlo en armamento. Lograr acuerdos de bien común con la oposición política y con la sociedad civil resulta mucho más productivo que insultar al adversario, desacreditar al opositor e impulsar campañas de odio contra quienes difieren del pensamiento oficial. Nuestros mártires mantenían siempre la racionalidad de sus propuestas, servían a las personas generosamente, resistían los insultos y amenazas de los violentos, y se ofrecían para mediar en los conflictos y colaborar en la búsqueda de soluciones amistosas. Eran personas con espíritu, siempre dispuestas a acompañar a los que sufren violaciones en sus derechos, a defender a los débiles y a comprometerse con las causas de los pobres que buscan la liberación de las estructuras o las situaciones que los oprimen.

Hoy no es fácil seguir el camino de racionalidad, inteligencia y servicio a la realidad y a los pobres. El mundo cae con facilidad en la locura del poder, del olvido de los excluidos y de las guerras. Si se entregara a un fondo de desarrollo el 10% de todo lo que en 2022 se gastó en el mundo en inversión militar, la suma equivaldría a 240 mil millones de dólares. Pero la idolatría del poder desprecia a quienes insisten en frenar la locura armamentista. Los regímenes autoritarios se dan el lujo de burlarse de quienes buscan respetar las leyes y los tratados de derechos humanos. A pesar de ser El Salvador un país especialmente expuesto a los efectos devastadores del cambio climático, se rechaza los acuerdos medioambientales y se apoya a quienes destruyen la naturaleza para construir en terrenos que debían protegerse. La superficialidad reina; prueba de ello es que se publicita como un avance la celebración de un concurso de belleza organizado por una empresa en quiebra.

Pero precisamente lo que nos enseñaron los mártires es a resistir, a tener conciencia crítica y a permanecer pensando, escribiendo y hablando en defensa de la igual dignidad de todos los seres humanos. Nos llaman a trabajar en favor de una nueva civilización en la que no sea el capital, sino el trabajo, la fuente del desarrollo personal y social, y en la que la política sea más lugar de encuentro en la búsqueda del bien común que propaganda superficial y estéril, envenenada con lenguaje de odio hacia quien no baja la cabeza ante el poder. Seguir a los mártires es un camino seguro de desarrollo humano y de civilización humanista y humanizadora.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, es imposible callar ante las imágenes de los horrores que están sufriendo los palestinos de la Franja de Gaza. Sin embargo, es fácil decir algo erróneo si no se comprende la complejidad de un conflicto histórico y asimétrico. Sacar cuentas rápidas tomando partido por uno de los actores es lo más sencillo y simplista, pero lamentablemente lo más común. Emitir un juicio culpando solo a Hamás de las atrocidades cometidas por Israel en Gaza porque aquel atacó primero, es tener memoria corta. Nunca el asesinato de civiles es justificable. Las muertes ocasionadas por Hamás merecen condena. Usar el terrorismo como arma política, asesinar a cientos de inocentes a sangre fría y grabar los ataques y transmitirlos en las redes sociales pretendió dar un salto en la espiral de violencia y sangre en la que están atrapados palestinos e israelíes.

Pero no abordar la historia de este conflicto, no reparar en la negativa sistemática de Israel a cumplir los acuerdos de Oslo de 1993, es un craso error y una afrenta al sufrimiento del pueblo palestino. Estos acuerdos fueron firmados entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con el respaldo de Estados Unidos y Rusia, para ofrecer una solución permanente al conflicto entre ambas naciones. Los 17 artículos del acuerdo marcaban el camino a seguir para la consecución de un Estado palestino y un Estado israelí conviviendo en paz. Se pactó, por primera vez, el establecimiento de un gobierno palestino de carácter permanente y de un consejo electo por la población de Cisjordania y de la Franja de Gaza para un período de transición de no más de 5 años. Para llevar a buen término esto se requería del cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 de 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecían la retirada de las fuerzas armadas israelís de los territorios ocupados por Israel.

Israel no solo se ha negado a cumplir estos acuerdos sino que ha ido ocupando progresivamente territorios de Palestina. A comienzos del siglo XXI, Israel bombardeó el puerto y aeropuerto de Gaza; en 2005, retiró las colonias israelíes de la Franja; y en 2007, decretó un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que ha restringido gravemente las importaciones y las exportaciones, la circulación de las personas dentro y fuera de Gaza, el acceso a atención sanitaria y educación, y los medios de subsistencia, incluidas las tierras agrícolas y la pesca. Fue en ese contexto que, en 2006, el grupo radical Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) ganó las elecciones e instauró un gobierno autoritario.

Tras más de 15 años de bloqueo, el historiador israelí Ilan Papé califica la situación de la Franja como “la cárcel al aire libre más grande del mundo”. Israel no solo cerró el territorio, sino que ha realizado cruentas operaciones militares en Gaza en los años 2008, 2012, 2014 y 2022. Los gazatíes no puede realizar actos que son rutinarios en cualquier otro país, como ir al médico, celebrar cumpleaños, comer, dormir. Cualquier movimiento fuera de la Franja deber ser autorizado por Israel. El sometimiento de los palestinos ha sido calificado por el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en estos territorios como un régimen de apartheid. Su homólogo para el derecho a una vivienda adecuada llegó a la misma conclusión, y también Amnistía Internacional.

Un mes después del ataque de Hamás a Israel que causó 1,400 muertes y la toma de 240 rehenes, Israel bombardea Gaza día y noche, lo que ha ocasionado hasta el momento casi 11 mil muertes; entre ellos, miles de mujeres y niños. Un vocero de la Organización Mundial de la Salud afirmó que diariamente mueren 160 niños en Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha informado que, en un mes, más de dos de cada tres habitantes de Gaza han sido desplazados de sus hogares, lo que significa condiciones de vida inhumanas para casi millón y medio de palestinos. La población está muriendo por la falta de agua, alimentos y atención médica. Nada puede justificar el horror que sufren los civiles en Gaza.

En realidad, el conflicto histórico entre Palestina e Israel es una lucha de David contra Goliat. No solo porque los 360 kilómetros cuadrados de extensión de la Franja de Gaza caben más de 55 veces en Israel (20,700 kilómetros cuadrados), sino porque el producto interno bruto de Israel es de 488,500 millones de dólares, frente a los 5,407 millones de Palestina. Además, el ingreso per cápita de un israelí es 50 veces mayor que el de un palestino. Y ni hablar del poderío militar de Israel, que multiplica decenas de veces al de Palestina.

En una época supuestamente civilizada y anclada en el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, es vergonzosa la falta de reacción de la comunidad internacional ante la ofensiva de Israel en Palestina. Quienes apoyan dicha ofensiva deberían entender el axioma elemental de que la violencia solo engendra violencia. La desproporcionada y bárbara operación militar israelí está garantizando décadas de odio y resentimiento por los horrores que está provocando. Ami Ayalon, condecorado militar israelí y exjefe del Shin Bet, expresa a cabalidad cuál debería ser la estrategia de Israel: “Nosotros tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza”.

El presidente Bukele y su vicepresidente ahora son también candidatos para ocupar inconstitucionalmente esos puestos un segundo periodo. Se desempeñarán como tales hasta que aquel no disponga otra cosa. Ambos fungirán simultáneamente como jefes del poder ejecutivo y como candidatos, porque los artículos constitucionales ocultos, descubiertos por sus asesores jurídicos, no contemplan esa circunstancia. La Constitución tampoco, dado que excluye claramente la reelección. El desempeño combinado de la dirección del poder ejecutivo y la candidatura no es una coincidencia inocua, dado el inmenso poder atribuido al presidente. Es así como estos dos funcionarios ya hacen campaña electoral, uno como presidente y el otro como vicepresidente, sin molestarse en distinguir cuándo actúan en una u otra condición.

Los dos comparecieron ante la autoridad electoral como funcionarios y candidatos para inscribir sus respectivas candidaturas. Más como lo primero que como lo segundo, a juzgar por el uso de los recursos públicos en un acto eminentemente partidario. Por tanto, su comparecencia está reñida con sus atribuciones gubernamentales. La campaña electoral de estos funcionarios comienza con una ventaja considerable sobre sus contrincantes, que no disponen, ni de lejos, de semejantes recursos. Un hecho más que vicia su reelección. En la práctica, las elecciones de 2024 no son más que un trámite para justificar malamente una institucionalidad democrática inexistente.

Una vez decididos a reelegirse, a pesar de ser inconstitucional, la decencia aconsejaba renunciar a los cargos antes de inscribirse como candidatos. Pero una mezcla de ambición y desconfianza impide que Bukele abandone el puesto de mando en otras manos. No confía en sus allegados como para dejarles el poder hasta el 1 de junio del próximo año. Su vicepresidente, un accesorio de la coreografía, no puede ser menos. Permanece en el elenco porque ha desempeñado satisfactoriamente el papel asignado por las guionistas de Casa Presidencial. Su exploración en las profundidades de la Constitución para dar con los artículos escondidos no ha sido poca cosa.

Si al final, Bukele tiene a bien interrumpir el ejercicio de la presidencia para cumplir con la formalidad de introducir un intervalo entre lo que han dado en llamar el primer y el segundo periodo, es muy dudoso que su sustituto goce de independencia para gobernar. El designado deberá responder ante la sociedad y la ley por unas decisiones impuestas por Bukele y sus socios. Esto ya ocurre en otros niveles de la dictadura. La alcaldía de Soyapango, cuya alcaldesa fue fulminada y encarcelada por ir demasiado lejos, es ahora gobernada por la comisionada presidencial. Esta funcionaria, cuya ética ha sido cuestionada, ha anulado al consejo municipal con la conformidad y colaboración de sus integrantes. La dictadura no puede arriesgarse a que el municipio más poblado de San Salvador sea gobernado de forma independiente, tal como ordena la ley. Si esto ocurre en Soyapango, con mucha mayor razón en el ámbito nacional. Un sustituto independiente en la presidencia es demasiado riesgo para los Bukele. No vaya a ser que se le suban los humos y se quede con el mandado.

La única promesa reelectoral conocida de Bukele es la conservación del estado de excepción. Es él o el caos. La dictadura se asienta cada vez más en el miedo a la anarquía social. Pero ese dilema es falso. Las pandillas crecieron y se consolidaron porque les permitieron que pasara, incluso el mismo Bukele. No solo las toleraron, sino también pactaron con ellas para mantener las apariencias de una buena gestión gubernamental. Además, la represión no es tan eficaz como aparenta Bukele. Sin embargo, su campaña reelectoral descansa en el terrorismo estatal. Nada extraño, dado que esa es la razón fundamental de su popularidad. La eficacia del terror está probada históricamente desde 1931. En ese entonces, el miedo al comunismo dejó a la sociedad a merced de los caprichos de la oligarquía y los militares. Comunismo era cualquier reforma al orden establecido. En el orden de Bukele, el miedo a las pandillas tiene a la gente a sus pies.

Más allá del terror, Bukele tiene muy poco que ofrecer por falta de recursos humanos y financieros. La incompetencia es manifiesta en el sinnúmero de obras emprendidas, pero no concluidas; prometidas, pero no realizadas; o ejecutadas y malogradas. Tampoco dispone de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento. Casi la cuarta parte del presupuesto la destina a pagar una deuda que, en lugar de disminuir, tiende a crecer. En su segundo mandato, rozará el 80 por ciento del producto interno bruto si no se presentan catástrofes medioambientales, a las cuales el país es muy vulnerable. La baja inversión, el débil crecimiento de la actividad económica, la disminución del ingreso y el aumento del gasto y la corrupción tienden a elevar aún más la deuda. Estas estrecheces no dejan mucho margen para otra cosa que no sea represión y terror.

El precio varía dependiendo del tamaño de la bóveda o de la actividad que les pidan, así como de los materiales que requieran para su remodelación y limpieza.

De igual forma, los vendedores de arreglos florales y ornamentos mencionaron que fue un buen día de ventas, sus productos cuyos precios oscilan entre los 2 y los 10 dólares fueron bien recibidos por la población.

Entre los productos que más se venden este día están las flores naturales, las coronas y las flores artificiales.

Los familiares que deciden limpiar por cuenta propia también mencionaron la importancia de recordar a los seres queridos y hacer algo por ellos, incluso tras la muerte. Uno de los visitantes mencionó que tuvo que trasladar los restos de su familiar a otro lugar a petición de la alcaldía. Sin embargo, aceptan el cambio de lugar por amor a sus seres queridos y para tener un espacio donde recordarlos.

Después de la fundación de las primeras ciudades salvadoreñas, con un impecable trazado cuadrangular de calles y organizadas en torno a la iglesia, el parque central y la alcaldía municipal, el crecimiento urbano se ha caracterizado por la improvisación, por la falta de planificación. Por ello, la mayoría de las grandes ciudades del país han crecido de forma desordenada y sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes. Cuando más grande es una zona urbana, más se sienten los inconvenientes generados por esa falta de planificación, lo que es especialmente evidente en el área metropolitana de San Salvador, que por su tamaño y número de habitantes se ha convertido en una urbe inhóspita, caótica y con altos niveles de vulnerabilidad.

Son muchos y variados los problemas que caracterizan al gran San Salvador. Uno de los más sentidos, el pésimo servicio de agua potable; el agua no llega a muchas colonias con la cantidad, la calidad y la frecuencia necesarias. En segundo lugar, los recurrentes problemas con la recolección de los desechos sólidos por el ineficiente servicio que prestan las municipalidades, en particular en las zonas más populares. Además, son escasas las zonas verdes y recreativas, espacios fundamentales para el bienestar, la calidad de vida y el esparcimiento de la gente, más aún ante la elevación de las temperaturas por el cambio climático.

Por otra parte, la movilización en el área metropolitana de San Salvador es uno de las principales dolores de cabeza de sus habitantes. En los últimos años, el tráfico se ha ido haciendo tan pesado que obliga a que casi cualquier desplazamiento fuera de la zona inmediata de residencia sea cuestión de horas. El transporte colectivo, factor clave en una gran ciudad, es en general desorganizado e insuficiente; la mayoría de unidades no tienen las condiciones para viajar con comodidad y no circulan con la frecuencia requerida, lo que obliga a los pasajeros a ir hacinados. Al no tener preferencia de circulación sobre los vehículos particulares, el transporte colectivo es mucho más lento que aquellos. Y la densidad del tráfico genera altos niveles de contaminación.

A los problemas anteriores se suma el riesgo de inundación en muchos lugares del área metropolitana, especialmente a las orillas de quebradas y ríos, y en las zonas bajas. La falta de una canalización adecuada de las aguas lluvias y de mantenimiento a la red tragantes y tuberías multiplica las cárcavas, algunas de tal tamaño que amenazan con tragarse a conjuntos residenciales.

Ante esta situación resulta obligatorio plantearse algunas preguntas clave: ¿qué acciones estratégicas tiene pensado implementar el Gobierno para mejorar la calidad de vida en el área metropolitana?, ¿existe un plan maestro de ordenamiento territorial que evite y corrija lo errores cometidos hasta la fecha? y, en definitiva, ¿hay interés real por trabajar para el desarrollo urbano sostenible? La planificación es crucial para la expansión ordenada de las ciudades; ciudades que hagan más fácil y agradable la vida de las personas y que provean los servicios esenciales. Son los planes urbanísticos pensados de forma integral los que permiten invertir con eficacia en edificios y servicios de transporte, energía, agua y desechos eficientes, y transitar hacia modos de desarrollo urbano socialmente inclusivos y sostenibles.

Según ONU Habitat, “las ciudades más densas y mejor conectadas, diseñadas para estar más abiertas a los elementos, podrían mejorar el bienestar y los intercambios sociales y económicos mientras economizan el asfalto, el hormigón, la electricidad y el agua que actualmente se consume en extender los centros urbanos contemporáneos”. Es clave que las autoridades tomen nota de esta recomendación para no repetir la situación del gran San Salvador en otros centros urbanos que están creciendo a lo largo de la geografía nacional; en definitiva, para no seguir caminando en contra de lo que indican los expertos y necesitan las personas.

Hay “una situación de miedo” al interior del Tribunal Supremo Electoral sobre el proceso de inscripción de las candidaturas presidenciales para los comicios de 2024. Así lo afirmó en entrevista televisiva el  magistrado del TSE, Julio Olivo. 

Esto lo manifiesta en el momento en que la máxima autoridad electoral analiza las solicitudes de inscripciones de las candidaturas presidenciales del otro año, entre estas la del presidente Bukele que fue presentada el pasado 26 de octubre. 

Esto ha generado polémica porque el mandatario actual solicitó la inscripción de su candidatura presidencial, pese a que la Carta Magna se lo prohíbe. 

El magistrado habló de la resolución emitida el 3 de septiembre de 2021 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impuesta por el oficialismo en la que se habilitó al presidente actual a participar en los próximos comicios. Expertos señalan que este fallo no tiene validez.

Olivo remarcó que mantendrá su postura sobre la candidatura del presidente actual.

Hablar de libertad religiosa parece asunto del pasado, pero el tema es actual en Nicaragua y lo ha sido recurrentemente en muchos países latinoamericanos. En El Salvador, se está iniciando el proceso de beatificación como mártires de 47 personas (laicos, religiosas y sacerdotes), lo que es un signo de que hasta hace relativamente poco tiempo la libertad religiosa era seriamente golpeada. Hoy, después de algunos años en que este derecho parecía ser respetado, surge de nuevo la preocupación, pues se observan tendencias autoritarias, desprecio a las leyes, violación sistemática de tratados internacionales de derechos humanos e interpretaciones arbitrarias de la Constitución. El 27 de octubre, Día Internacional de la Libertad Religiosa, nadie habló de ella, pese a que el autoritarismo y la arbitrariedad legal no suelen respetarla, pues está muy relacionada con la libertad de conciencia, pensamiento y expresión.

La causa de fondo de las violaciones al derecho a la libertad religiosa se encuentra en la función profética de la fe cristiana, que lleva a denunciar injusticias, exigir respeto a la dignidad humana y anunciar un mundo diferente, en el que no haya explotación y donde los seres humanos vivan en fraternidad y amistad social. La profecía está siempre en las Iglesias al servicio de la actualización del mensaje de Jesús de Nazareth. La condena moral de la explotación, del autoritarismo represivo, de la corrupción, del abandono de multitudes en pobreza termina molestando a los regímenes autoritarios, especialmente cuando buscan perpetuarse en el poder. Así ocurrió en el pasado y así pasa en Nicaragua en la actualidad, país donde crece el ya abultado número de personas exiliadas, desterradas, privadas de su nacionalidad y encarceladas; entre ellas, un buen grupo de sacerdotes y religiosas. A los que quedan en libertad ni siquiera se les permite rezar públicamente por el obispo Rolando Álvarez, verdadero preso de conciencia y víctima de persecución religiosa.

En El Salvador, la libertad religiosa peligra. Una de las señales más evidentes de ello es el odio que desde las redes sociales se lanza contra toda persona, sacerdotes incluidos, que públicamente critica acciones o decisiones del Gobierno. Como dice la ONU, los mensajes de odio pueden convertirse fácilmente en delitos de odio. Además, debe tenerse en cuenta que la libertad religiosa es más amplia que la pura confesión pública de la fe o el derecho a organizar o participar en actos religiosos. En la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad religiosa incluye el derecho a promover las doctrinas sociales y políticas vinculadas a la visión teológica de una comunidad religiosa. En el caso del cristianismo, el Evangelio y el Nuevo Testamento en general tienen un contenido social crítico que a todo cristiano le corresponde actualizar en su época. Denunciar responsabilidades sociales o políticas de males o injusticias es, además de un deber, un derecho. Lo único que con respecto al tema prohíbe el sistema latinoamericano de derechos humanos es el fomento del odio religioso. Y eso debería estar prohibido también por todas las Iglesias. La libertad religiosa, en la medida que busca el bien común y la justicia social, implica siempre un beneficio para las naciones y su gente.

El papa Francisco no pensaba solo en El Salvador de Bukele cuando comentó a un medio argentino sobre las crisis políticas que sacuden en la actualidad a América Latina y a otros continentes. Pero sus comentarios, valientes y lúcidos, invitan a reflexionar sobre la realidad salvadoreña. El papa reconoce la existencia inevitable de esas crisis. Pero ese no es el problema, sino el no saber resolverlas, porque, en estos casos, las sociedades tienden a buscar “un mesías que venga a salvarnos de afuera”. La gente se aferra a los milagros y los mesías con la expectativa de que resuelvan las crisis de forma mesiánica. Pero ese empeño, advierte el papa, es irreal, porque “el mesías es uno solo y nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”. En segundo lugar, porque “ninguno puede prometer la resolución de los conflictos, si no es a través de las crisis”, ya que ellas disparan las alarmas. Las crisis no solo son inevitables, sino necesarias para avanzar.

La cuestión no es, entonces, eludir las crisis, sino saber identificar el conflicto que las causa para enfrentarlo y resolverlo. La mejor manera, según el papa, es ir “hacia arriba” y no ir solo. Aquí el papa se refiere a la imagen del árbol y sus raíces, una de sus comparaciones preferidas. Las raíces, en plural, captan la humedad y los nutrientes de la tierra, y los lanzan hacia arriba, a través del tronco, hasta alcanzar la copa del árbol. Si esa conexión se interrumpe, el árbol se seca. Los conflictos no se superan desde la soledad del poder, sino desde el arraigo firme en quienes los sufren.

Las raíces refieren también a la tradición, en el buen sentido. La tradición, continúa el papa, constituye a la persona y la sociedad. Sin ella, la vida no es viable. “Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con la cultura de un país, una cultura política”. Por tanto, la resolución de los conflictos pasa por hacerse cargo de esa tradición. Por eso, Francisco insiste en la relación entre las personas mayores y los jóvenes, entre los abuelos y los nietos. La experiencia y la sabiduría de la edad enriquecen la iniciativa y la creatividad de los jóvenes. Y el ansia de vida y la alegría de estos rejuvenecen a aquellos. Los mesías, en cambio, pretenden romper con la tradición para erigirse en seres inimitables. Sin embargo, agrega el papa, “las rupturas no son buenas. O se progresa por desarrollo o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo”. Secan el árbol, que luego tiran y convierten en leña.

Los flautistas, previene el papa, reniegan de la tradición, desarraigan el árbol y confunden, alegando que hacen todo nuevo y único. En realidad, esconden los conflictos, que se enconan y suscitan crisis incesantes. Estos políticos, según el papa, son como “el flautista de Hamelin, que tocan la flauta, vos crees que todo es flauta, vas allá y todos se ahogan”. Y agrega: “Yo les tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin, porque son encantadores. Si fueran de serpientes, los dejaría, pero son encantadores de gente… y las terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, son redentores hechos de un día para el otro”.

Las crisis deben gestionarse con sabiduría, “son como voces que nos señalan dónde hay que proceder”. Sin embargo, añade el papa, a veces “falta esa capacidad de gestionar las crisis y de hacer aflorar la propia cultura”. Desecharla es desarraigar la sociedad e inhabilitarla para responder creativamente. Las crisis se superan desde abajo hacia arriba, desde las raíces hacia las alturas. No al revés, porque entonces la savia de la vida no circula. Los mesías reniegan de la tradición, de la cultura y, en definitiva, de la identidad popular para apropiarse más fácilmente de la sociedad y colocarla al servicio de sus delirios de grandeza.

Desde otra perspectiva, las crisis actuales muestran la ausencia de “protagonistas de humanidad”, que hagan ver a los abandonados y los desesperados su poder para transformar la inhumanidad prevaleciente en solidaridad y compasión. El mesías solitario y endiosado es incapaz de infundir humanidad donde hay barbarie. A este propósito, el papa tiene a bien recordar que “explotar a la gente es uno de los pecados más graves” y, por tanto, uno de los pecados del mundo que debe ser quitado. “Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona”.

La sociedad verdaderamente humana cuida de la viuda, del huérfano y del extranjero. “Si una sociedad cumple estas tres cosas”, señala el papa, “anda fenómeno, porque se hace cargo de situaciones límites” y “si se hace cargo de las situaciones límites, lo hará con las otras también”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.