Editoriales y Opiniones

Olvidar a los pobres es difícil, porque abundan, están siempre presentes. Sin embargo, abunda también una cultura que trata sistemáticamente de negarlos o invisibilizarlos. Se crean residenciales exclusivas, zonas, comercios y lugares de diversión donde la gente puede moverse sin riesgo de toparse con la pobreza. Se mantienen salarios deficientes y las instituciones de protección social excluyen a grandes sectores de la población. Pocos se preocupan de que el Estado no tenga una política eficiente y decidida de lucha contra la pobreza. Los políticos hablan de grandes obras que generarán riqueza, pero rara vez corrigen las desigualdades injustas ya establecidas.

Los presupuestos nacionales muestran la indiferencia ante los pobres. Incluso los programas existentes para superar la pobreza son los que más fácilmente sufren recortes en beneficio de otras actividades. A pesar de lo difícil que es olvidar a los pobres, los factores culturales que llevan a despreciarlos han tenido el predominio suficiente como para que una tercera parte de la población permanezca en la pobreza y otra cantidad más o menos igual esté en riesgo de caer en ella.

En El Salvador, los gestos de olvido de los pobres se repiten con frecuencia. De hecho, la pobreza se mantiene alta y la inversión en la lucha contra la pobreza ha venido descendiendo. El hecho de que los impuestos regresivos tengan en la práctica más importancia y apoyo estatal que los impuestos progresivos es otra señal de indiferencia ante las necesidades de los pobres y una especie de mecanismo para hacer más ricos a los ricos mientras muchos pasan necesidad. A sabiendas de que la alimentación que se da en las escuelas ha bajado de nivel y cantidad, a la hora de transferir dinero a Hacienda para pagos, se le quita al Ministerio de Educación mucho más que a otras dependencias.

Al campesinado, en vez de darle protección y apoyo para garantizar la seguridad alimentaria del país, se le mantiene en una situación que impulsa sistemáticamente a la migración hacia las ciudades o hacia el exterior. Las empresas constructoras de viviendas de clase media no tienen reparo en controlar el agua de los lugares donde establecen sus proyectos residenciales y privan de su derecho a los campesinos y a la población del entorno. A la cárcel van sobre todo los jóvenes de las colonias marginales, muchas veces sin garantías judiciales de que tengan pronta y debida justicia.

Olvidar a los pobres es permanecer en el subdesarrollo, tanto económico como moral. Un país que no apuesta con energía por vencer la pobreza mantiene una violencia estructural que genera diversas formas de sufrimiento. Cierto tipo de migración, la corrupción, la desigualdad, la violencia e incluso el autoritarismo son fruto de la violencia estructural. También la rebeldía primitiva que opta por la violencia delictiva que tanto daño ha causado en el país. Con frecuencia, los gobernantes prefieren el espectáculo y la propaganda, las grandes obras que dan apariencia de desarrollo, mientras en paralelo ocultan la pobreza. Si no se invierte en los pobres, si no se les apoya, las grandes obras será insuficientes. Revisar el funcionamiento del Estado, teniendo como prioridad la superación de la pobreza, es la única manera de tener un futuro en el que la fraternidad, la paz y el desarrollo caminen de la mano.

Todos sabemos que el machismo continúa siendo una plaga en El Salvador. Basta recordar las miles de niñas embarazadas, las denuncias de agresiones contra la mujer, físicas y sexuales, y últimamente los ataques a mujeres con personalidad propia, profesionales e independientes, que ejercen su derecho a la crítica. A unas se las maltrata, y a las que no se dejan abusar y tienen más neuronas y personalidad que los maltratadores, se les insulta o calumnia. Aunque esto último sea mucho menos grave que una violación, deja testimonio de la bajeza y cobardía de algunos hombres que, cuando no pueden abusar físicamente, se dedican a insultar o a mentir contra las mujeres que son autónomas en su pensamiento, en su acción y en su crítica social.

La cobardía de esos individuos, que con frecuencia se esconden en las redes virtuales, contrasta con la capacidad de las mujeres de resistir los insultos y amenazas, y continuar trabajando desde su coherencia personal. A todos nos ha escandalizado la brutalidad del pasado, cuando en las masacres no se dudaba en asesinar a mujeres embarazadas, ancianas o enfermas. Odiar a la mujer es probablemente la muestra más evidente de una masculinidad enferma y cobarde. Y si el lenguaje de odio es siempre un lenguaje de personas traumadas, sean hombres o mujeres quienes lo utilizan, esas mismas expresiones, cuando se vuelcan contra la mujer, terminan siendo lo más miserable e indigno.

Los países con mayor desarrollo humano han logrado equiparar en derechos y en funciones a hombres y mujeres. Y es lógico, pues cuando toda la población asume sin distinciones de género la participación en la economía productiva, en el debate público, en la política o en los servicios sociales, la cohesión social crece, el respeto mutuo aumenta y se pueden asumir más fácilmente proyectos de realización común que beneficien a todas las personas. Lamentablemente, a pesar de las normas existentes que protegen a la mujer y los relativos avances habidos después de la guerra civil, el déficit en el respeto a la mujer permanece con síntomas graves entre nosotros. Pero nadie se plantea que ese déficit sea una de las causas de nuestras dificultades a la hora de conseguir un desarrollo equitativo.

El machismo es y ha sido siempre una de las expresiones más nefastas dentro de la tendencia humana a dividir el mundo en superiores e inferiores. Y es, además, la que con mayor frecuencia se naturaliza, contra toda evidencia científica. El hecho de que entre los seres humanos el macho tenga generalmente más fuerza física que la hembra no lo hace superior. La racionalidad, los sentimientos generosos y solidarios, la capacidad de juicio que distingue entre lo bueno y lo malo, la conciencia que nos ayuda a optar por lo bueno son las dimensiones humanas que construyen a la persona y le dan su dignidad. La fuerza bruta es un atributo animal que ni siquiera en los animales salvajes se utiliza contra la hembra. Mal utilizar la fuerza física contra la mujer no solo rebaja la dignidad del más fuerte, sino que lo convierte además en un animal degenerado. Atacar en las redes con insultos o mentiras a las mujeres, lo haga quien lo haga, es continuar con ese mismo espíritu degenerado que dificulta gravemente el desarrollo humano e impide la cohesión y amistad social necesaria para el pleno respeto a la dignidad humana.

Que la OEA emita una resolución contra el Gobierno de Nicaragua no es nada nuevo; ya son muchas y nulo el efecto que han causado en la dictadura, que sigue desafiando todo tipo de límite. La liberación de algunos presos políticos con la condición de volverlos apátridas sirve para las apariencias y para despejar el camino de voces críticas al interior de Nicaragua; es decir, está en el ámbito de lo esperable en un régimen como el de Ortega-Murillo. Lo que sí resulta llamativo es la actuación de El Salvador en este contexto.

En su resolución más reciente, firmada el 11 de octubre y titulada “Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia católica en ese país”, la OEA condena el cierre de la UCA de Nicaragua y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, y expresa su preocupación por el encarcelamiento arbitrario de sacerdotes, como el obispo Rolando Álvarez, así como por la expulsión del país de decenas de clérigos nicaragüenses y extranjeros. Sin embargo, El Salvador no firmó la resolución argumentando principios de derecho internacional; en concreto, el de no intervención ni injerencia en asuntos internos de otro Estado.

Como se sabe, la abstención es el mecanismo para apoyar solapadamente a un Gobierno cuestionando. En esto, en la posición sin ética ni coherencia frente a lo que pasa en Nicaragua, coincide la actual administración con las del FMLN. Sin embargo, la postura de Bukele no siempre fue esa. En su campaña electoral, el entonces candidato calificó a Nicaragua de dictadura y, por esa razón, no invitó a Daniel Ortega al acto de toma de posesión. En su resolución del 12 de noviembre de 2021, la OEA descalificó las elecciones en las que se impuso Ortega por considerar que no fueron libres, ni justas, ni transparentes y que, por tanto, no tenían legitimidad democrática. El Gobierno salvadoreño fue uno de los 25 países, de los 34 que conformaban la OEA, que suscribió esa resolución.

El cambio vino en agosto de 2022. Ese mes, la OEA emitió otra resolución condenando el hostigamiento a la Iglesia católica, la persecución a la prensa y a las ONG, y exigió al Gobierno de Ortega que liberara a los presos políticos. Sin embargo, El Salvador se abstuvo de firmarla. En junio de 2023, la OEA sacó una de las resoluciones más unánimes sobre Nicaragua: 32 de los 34 países, incluyendo El Salvador, constataban el agravamiento de la crisis política y humanitaria, y expresaban preocupación por un escalamiento en la represión.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la ética y decencia, lo de Nicaragua es indefendible. Más de 220 periodistas nicaragüenses están en el exilio; la dictadura ha cancelado a 3,390 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas más de 20 universidades, según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta hace unos días, más de 10 sacerdotes estaban encarcelados arbitrariamente. Además, se canceló la personería jurídica de los jesuitas y se confiscó su patrimonio; se expulsó a cerca de medio centenar de religiosas y sacerdotes; se prohibieron celebraciones religiosas; se clausuró al partido indígena Yatama y se encarceló a dos de sus dirigentes, y un largo etcétera de excesos y violencias. Entonces, ante una realidad tan evidentemente injusta, ¿por qué el gobierno de El Salvador no muestra una posición firme?

Es claro que la volatilidad es una característica esencial de las posturas presidenciales. Bukele hoy dice una cosa y mañana hace o dice lo contrario. En campaña prometió aumentar el Fodes para los municipios, pero siendo presidente lo redujo al mínimo. También en campaña dijo que su corazón estaba a la “izquierda”, pero el 13 de marzo de 2019, recién elegido presidente, en la fundación Heritage en Washington, se declaró seguidor de los principios neoliberales y calificó a China de injerencista y no democrática. Ya como presidente, su discurso contra el gigante asiático desapareció. Dijo que iba a perseguir a los corruptos en su Gobierno, pero a los señalados de su partido los protege. El discurso del Gobierno es, pues, una caña movida por el viento de la conveniencia. Los principios y valores, si es que los tienen, quedan en un plano muy secundario; lo que pesa son los intereses y ambiciones, y no precisamente los del pueblo salvadoreño.

Los habitantes de La Campanera han experimentado con dolor e impotencia la fragilidad de la seguridad de Bukele. La desaparición y el asesinato de una menor ponen en evidencia que el control del territorio es relativo. De hecho, este no es el único asesinato ocurrido en estos días, pero es el que más ha agitado las redes digitales. Tal vez porque ocurrió en las narices de la Policía, o porque el crimen se dio en una colonia que varios altos funcionarios saludaron como “más segura que Canadá”, o porque la víctima es una menor. Sea lo que sea, el hecho ensombrece la publicidad electoral de Bukele.

Este crimen desenmascara su discurso sobre la seguridad. El encarcelamiento masivo de pandilleros dejó un vacío que su institucionalidad no ha podido llenar. El espacio abandonado ha sido ocupado paulatinamente por el crimen común. Las pandillas lo mantuvieron a raya, pero la débil e incompetente institucionalidad de Bukele no puede contenerlo. Tampoco parece interesarle, excepto porque su actividad cuestiona el lema de su reelección: el país es seguro y está en paz. Intentó ocultar el revés de La Campanera haciendo del crimen común un acto terrorista, ejecutado por pandilleros. Pero, en cuestión de horas, su propia Policía lo desautorizó. Presentó a un vecino contra quien alegó tener “pruebas documentales, testimoniales y científicas” de ser el autor del crimen.

La contradicción es solo una muestra del desconcierto de la seguridad. Bukele lanzó a miles de soldados con armamento pesado para capturar a terroristas inexistentes. En cualquier caso, ese despliegue militar no es apto para perseguir un crimen común, sino para pelear en un frente de guerra real como los del Medio Oriente. En un primer momento, capturaron a la madre de la menor, acusándola públicamente de “descuido y desamparo”, y a dos vecinos más. Ninguno fue imputado, sino un cuarto vecino. Encarcelada, la madre no pudo asistir al sepelio de su hija. El régimen de excepción recorre vecindarios y colonias populares a ciegas. En este caso, además, llegó demasiado tarde. La organización comunitaria fue más eficaz que sus agentes para buscar y localizar el cadáver de la niña.

Estas no son las únicas torpezas de la seguridad de Bukele. Es humanamente imposible que el contralmirante y los jefes policial y de seguridad hayan podido reunir “prueba testimonial, documental y técnica científica” veinticuatro horas después de hallado el cuerpo sin vida de la menor. Tampoco pueden afirmar con verdad, poco después de efectuada la cuarta captura, que “el móvil del asesinato comienza con una intención sexual, que deriva en asesinato”. Los jefes de la seguridad se contradicen, exageran y mienten fríamente para salvar la cara de su jefe. En aclaraciones como “no vamos a tolerar a este tipo de salvajes dentro de nuestras comunidades. […] El compromiso como gobierno con la comunidad Reparto La Campanera es que este salvaje no va a regresar nunca” o amenazas como “los vamos a mostrar descalzos, encadenados, para que la población sepa de quiénes se trata” resuenan la impotencia y la frustración de unos funcionarios derrotados por su ineptitud. Les preocupa más el ridículo que hacen que el sufrimiento de las víctimas.

Los vecinos de La Campanera no son ingenuos. La presencia de “los tres magníficos” de la seguridad de Bukele no los impresionó. Saben que se trata de “un efecto demostrativo”. Asimismo, lamentan el retiro del retén que controlaba la circulación en la colonia, porque desde entonces apareció “gente rara”, y la negligencia de los policías responsables de su seguridad, que les negaron ayuda. Sin pretenderlo, su queja revela la inviabilidad de los despliegues militares a mediano y largo plazo. Desde otro ángulo, una voz policial anónima expone la razón de la apatía de los agentes destacados en la colonia: no auxiliaron a los vecinos desesperados porque no habían recibido una orden superior, y si actuaban por su cuenta, se arriesgaban a ser desautorizados por sus jefes.

Los pandilleros no son la única amenaza para la población, tal como lo muestra la proliferación del robo y del crimen común. El gran error político de Bukele es haberlos absolutizado con la idea de imponer un orden nunca antes experimentado. En los vecindarios populares, el crimen acecha a sus habitantes. La solución no son los despliegues militares, un insumo muy apreciado por la imaginería presidencial, pero ineficaz para contener el crimen común. Este se enfrenta con inteligencia e investigación policial, tareas poco apreciadas, porque no dan brillo a la campaña de la reelección presidencial.

El descontrol de la delincuencia común le puede costar caro. Un crimen similar al de La Campanera durante un evento como el de las mises, diseñado para ratificar el lema de la reelección, puede dañar irreparablemente la cuidada imagen presidencial.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La comunidad de países reunida en Naciones Unidas tiene décadas de proponer acciones para la erradicación de la pobreza en el mundo. Primero, los Objetivos del Milenio plantearon que en el año 2015 se erradicaría la pobreza extrema y el hambre. Evidentemente, la propuesta no se hizo realidad, pero durante esos años hubo una disminución significativa del número de personas afectadas por esos males, lo que generó la esperanza de que con más y mejores esfuerzos se llegaría a la meta en un futuro cercano. En 2015, los países de la ONU acordaron una agenda de desarrollo sostenible, en la cual se fijó 2030 como nuevo año tope.

Sin embargo, la realidad muestra que si todo sigue como hasta ahora, la meta trazada será muy difícil de cruzar. La pandemia, los conflictos bélicos crecientes, el impacto del cambio climático y los altos precios de los alimentos son factores que han impactado negativamente en las economías familiares y que han hecho crecer en los últimos cuatro años el número de personas que padecen hambre, alcanzándose la cifra de 250 millones de personas. Respecto a la situación de pobreza, los datos tampoco son alentadores: el PNUD señala que al cierre de 2023, 1,100 millones de personas vivirán en pobreza (el 18% de la población mundial). La tendencia se repite en El Salvador: la pobreza extrema afecta ya al 10.8% de la población rural y al 7.5% de la urbana, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Es fácil tomar una actitud derrotista y afirmar que no es posible eliminar el hambre ni la pobreza. Ceder a esa tentación significaría condenar a cientos de millones a unas condiciones de vida terriblemente precarias y vulnerables, y aceptar que la sociedad global no es capaz de brindar un futuro digno. Para no perder la esperanza, es importante contar con una perspectiva histórica: entre 1990 y 2015, la pobreza extrema pasó del 36% al 10% del total de la población mundial. Lo mismo ocurrió en El Salvador: si a inicios de la década de 1990 el 28.2% de los hogares salvadoreños vivía en pobreza extrema, en 2018 la cifra fue del 5.8%, el nivel más bajo de la historia nacional.

Precisamente para no caer en la derrota, el 17 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Naciones Unidas hizo un llamado a redoblar esfuerzos: “La celebración de este año es una oportunidad para solidarizarse con las personas que viven en la pobreza, escuchar de verdad sus dificultades cotidianas y renovar los compromisos para crear una economía justa centrada en la protección del bienestar humano y medioambiental por encima de la optimización de los beneficios económicos. El objetivo final es eliminar por completo la pobreza al crear las condiciones para que todas las personas vivan con dignidad”. En un país pobre y necesitado como el nuestro, es imperativo que el Gobierno y los actores sociales y económicos de peso se apunten a esta tarea, dejando a un lado intereses particulares muchas veces mezquinos. Avanzar hacia la justicia social y el bien común en El Salvador debe dejar de ser un eslogan.

Que en casi todo el mundo la mayoría de los políticos mienten con cierta frecuencia es bastante obvio. Pero en El Salvador hemos entrado en una especie de carrera de afirmaciones falsas que desafían la racionalidad e incluso caen en lo ridículo. Decir que somos el país más seguro de América Latina y que simultáneamente necesitamos una decimonovena aprobación del régimen de excepción es un tanto absurdo y contradictorio. El hecho de que queden en el país algunos criminales sueltos no debería necesitar la movilización de miles de militares en las calles, sino una labor de investigación seria y normal de la Policía. Pero parece que después de detener a más de 70 mil personas todavía es necesario restringir derechos constitucionales y violar derechos humanos para luchar con algunos, se supone que pocos, delincuentes aún no detenidos. ¿Tan deficiente es la Policía que no puede trabajar en un contexto constitucional normal?

En otros campos tampoco faltan las mentiras. Mientras instituciones internacionales serias hablan de un crecimiento de la economía salvadoreña del 2.1% en el año 2024 y de un aumento peligroso de la deuda, el Gobierno hace malabarismos para decirnos que todo va bien. Y por supuesto, no habla nada de la inequidad en el crecimiento concreto del país, que siempre termina enriqueciendo más a los más ricos. Se dice que las instituciones funcionan simplemente porque admiten y corrigen algunos errores, que en algunos casos son llamados daños colaterales. Daños que se naturalizan y que no implican ningún tipo de indemnización.

Se puede poner en boca de otras personas palabras que nunca dijeron o dar datos falsos de nuestra historia sin pedir disculpas y sin reconocer públicamente el error. Se afirma que en el actual Gobierno no hay partidas secretas, pero se impide el acceso a la información de obras y proyectos de inversión pública. Y mientras en Estados Unidos se dice otra cosa, un ministro salvadoreño asegura que el 30% de los criminales investigados por el FBI y acusados en los tribunales logran sentencias exculpatorias, tras pasar varios años en las cárceles. El asombro es todavía mayor cuando las leyes de Estados Unidos prohíben permanecer más de seis meses en prisión preventiva.

Y por supuesto, no faltan las afirmaciones tan falsas como cómicas. El poblado maya de Tazumal fue creciendo en construcciones a lo largo de 400 años, desde el año 200 después de Cristo hasta el año 600. Pero un diputado informó recientemente al público que el Tazumal existía desde el año 3000 antes de Cristo. La norma Constitucional que exige que para ser diputado se disponga “de notoria honradez e instrucción” se podrá cubrir con títulos educativos en los referente a lo último, pero afirmaciones como la anterior dejan al título, al titulado y a la instrucción notoria en una situación delicada.

Mentir, inventar datos, acusar falsamente puede producir algún efecto favorable durante algún tiempo. Después se convierte en una fuente de desprestigio. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento, los valores, los derechos y deberes de las personas se han universalizado. Al mismo tiempo, el mundo se ha vuelto más multicultural y tolerante. En él, la capacidad de negociar y de buscar intereses comunes da mejores resultados que la dominación y el abuso de poder. Dialogar con la sociedad civil, buscar soluciones justas y que beneficien a todos es imprescindible en una democracia moderna. La jerga política basada en la mentira y la ficción pueden seducir, pero al final lo que queda es fracaso y frustración. Plantear la verdad de la situación económica y social, abrir el Estado a la transparencia informativa, buscar soluciones conjuntas es mejor que imponer caminos desde el poder. Reflexionar un poco más y más sinceramente sobre nuestra realidad es responsabilidad de todos.

Hace ya más de cien años, y ante las guerras de su época, se preguntaba el poeta Antonio Machado: “¿Por qué otra vez el hombre de sangre se emborracha?”. Hoy el mundo atestigua consternado una nueva guerra. El grupo Hamás lanzó una ofensiva contra Israel y la contestación no se hizo esperar. Miles de personas murieron o resultados heridas en la primera semana de esta guerra. De ambas partes se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Hamás mató civiles y secuestró a casi 200 de ellos para usarlos como rehenes, además de lanzar misiles contra objetivos no militares. Israel ha contestado con bombardeos que también han matado civiles y han destruido un gran número de viviendas. La decisión israelí de cortar el acceso al agua y a la electricidad supone también riesgos muy graves de desastre humanitario para la población gazatí. Lo mismo que la orden de desalojo en 24 horas de la zona norte de la franja de Gaza, que supone el éxodo de más de un millón de personas.

El Salvador, que pasó por una guerra cruel y sanguinaria, y que logró salir de ella a través del diálogo, debería ser no solo un país pacifista, sino también constructor de paz y promotor de salidas negociadas en casos de conflicto. El problema, y no es de ahora, ha sido la poca capacidad gubernamental de tener una política exterior diseñada en torno a principios éticos claros. El lenguaje guerrerista y despectivo del actual Gobierno aleja todavía más la posibilidad de que El Salvador sea una nación respetada en la promoción de la paz. Una especie de miopía política egoísta, sumada a la incapacidad de aprovechar la historia nacional para defender una política multilateral basada en los derechos humanos, va dejando sin voz al país en el ámbito internacional. El rumbo equivocado de la administración de Bukele en el campo de los derechos humanos convierte a El Salvador en un país sin capacidad de incidencia. Y este papel de mediación en conflictos es más que necesario hoy en día en Centroamérica.

En Nicaragua, una dictadura ensimismada espía a sus ciudadanos y persigue, destierra, encarcela y priva de la nacionalidad a cualquiera que haga la más mínima crítica. En Guatemala, un grupo de poder, apoyado en las decisiones arbitrarias de la fiscal general, trata de impedir el acceso a la presidencia de la República al ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo. Ese modo de proceder golpista ha levantado la justa cólera de la mayoría de guatemaltecos, sumados en protestas pacíficas por todo el país. Si El Salvador fuera respetuoso de los derechos humanos y del Estado de derecho, tendría magníficas oportunidades de mediar y de impulsar una Centroamérica pacífica. Pero el Estado salvadoreño ha despreciado sus propias posibilidades negándose a construir una ley de justicia transicional que enjuicie adecuadamente los crímenes del pasado y busque la reconciliación. El afán propagandístico de confundir el trabajo policial y judicial con una guerra, y el discurso que justifica o niega fallos hacen que nuestro país se desprestigie y pierda oportunidades.

La paz es un derecho de los pueblos; la guerra de agresión constituye siempre un crimen grave. Los principios de proporcionalidad de respuesta a un agravio y de que incluso la guerra defensiva busque la paz justa en vez de la venganza o de la destrucción absoluta del enemigo imponen barreras a la barbarie. San Agustín de Hipona, el primer pensador en hablar de las posibilidades de una guerra justa, insistía en que “nadie con la paz busca la guerra”. Encaminar la política internacional salvadoreña de tal manera que nuestro país se convierta en un agente de paz será un ideal, pero está mucho más de acuerdo con nuestra historia y con la tradición de hombres y mujeres buenos de nuestro pueblo que el narcisimo oportunista dedicado a presumir de guerras y de falsos principios democráticos.

Con el paro nacional, el pueblo guatemalteco, especialmente los pueblos originarios, están dando lección de dignidad y de lucha en defensa de la democracia y del Estado de derecho, dos principios prácticamente ya desterrados de El Salvador. Pero como era de esperarse, el cierre de carreteras ha dificultado el intercambio comercial en la región, en especial el de verduras y hortalizas. En 2018, un estudio de la Superintendencia de Competencia señaló que un 93.2% de las verduras que se consumen en El Salvador son importadas, al igual que un 55% de las frutas. El estudio determinó que de Guatemala venía la mitad de los tomates, casi el 100% de las papas y el repollo, y cerca del 80% de las cebollas.

La situación sirve de recordatorio de varias cosas. En primer lugar, de la interdependencia entre nuestros países. La concepción independentista de no necesitar de otros, además de anacrónica, es imposible. La Centroamérica que alguna vez fue una sola nación no puede subsistir si no es como región. En segundo lugar, del abandono del campo salvadoreño. El país figura como uno de los 18 puntos críticos de hambre en el mundo, según un informe de Naciones Unidas sobre perspectivas de inseguridad alimentaria. Antes de lo sucesos de Guatemala, la ONU advertía que El Niño afectaría la producción agrícola, lo que probablemente causaría una subida de precios y una agudización de la inseguridad alimentaria. Poco después, el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que El Niño ya estaba provocando daños en el sector agrícola salvadoreño. El Gobierno aseguró que las pérdidas “no son tan significativas”; sin embargo, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios afirma que los productores han perdido 18,360 quintales de frijol y 545,713 quintales de maíz por la sequía de julio de este año.

Los efectos por la situación en Guatemala no se sentirían con tal intensidad en nuestra nación si en el centro del quehacer de las autoridades y de la sociedad salvadoreñas estuviera el bienestar humano. Un derecho fundamental que un país debe garantizar a su población es la alimentación, pues de ese derecho se derivan otros, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Instancias como la Mesa por la Soberanía Alimentaria han propuesto crear una reserva nacional de alimentos, con el objetivo de que “el Estado intervenga en la dinámica económica de los granos básicos, garantizando, por un lado, ingresos justos al campesinado [...]; y, por el otro lado, para que el consumidor final adquiera productos a un precio justo".

La propaganda, la publicidad, los artilugios de la comunicación mediática pueden hacer creer que se vive en un nuevo país que va progresando, pero esos espejismos no podrán con el muro de un estómago vacío. La soberanía de la cual el oficialismo se vanagloria no alcanza ni para producir nuestra propia comida.

El régimen de excepción se le ha ido de las manos a Bukele. La actividad criminal de los soldados y los policías pone en entredicho su seguridad. La guerra contra las pandillas se ha convertido en otro monstruo. Los soldados y los policías, al igual que los pandilleros, roban, extorsionan, violan e intimidan a sus víctimas para que guarden silencio. El descontrol es producto de la naturaleza del propio régimen. Bukele ordenó a sus huestes prescindir de la institucionalidad democrática y castigar implacablemente. No calculó que esas fuerzas, viciadas por la barbarie del encargo, actuarían por su cuenta.

Un recorrido rápido por la prensa nacional basta para constatar el desgobierno. Un sargento y cinco soldados violaron a una menor en Mizata, cuando la niña regresaba de la playa con varios amigos. El sargento apartó a su víctima para “revisar si aún era virgen”. Un capitán violó a otra menor en Puerto El Triunfo, después de amenazarla en los siguientes términos: “si no sos mi novia y si no querés estar conmigo, tu papá y tu mamá se van a ir presos”. Seis soldados violentaron la vivienda de un campesino de Chinameca y lo despojaron de sus ahorros, sus herramientas de trabajo y algunas joyas. El investigador de una unidad especializada en el crimen organizado es también extorsionador. En el centro de la capital, los oficiales y los agentes de la delegación policial recolectan “donativos” en los mercados, los comercios y entre los transportistas, y consumen en los comedores sin pagar. A esto se agrega que soldados y policías borrachos suelen protagonizar incidentes violentos. Una fuente independiente de la Policía habla de al menos quince soldados y diez policías capturados durante el régimen de excepción.

Esta no es más que la punta del iceberg. El acoso y el abuso sexual de niñas, adolescentes y mujeres por parte de soldados y policías están documentados. Estos crímenes no han sido denunciados por miedo a las represalias. Los violadores amenazan a sus víctimas con aplicar el régimen de excepción a sus familiares. Familias aterrorizadas abandonan sus hogares y se refugian en sitios más seguros. Algunas se contentan con enviar a sus hijas y adolescentes a otro lado para evitar que sean abusadas o detenidas por resistir el acoso de los soldados y los policías. La agresión sexual es una práctica común en las guerras. El Salvador de Bukele, en guerra permanente, no es la excepción.

El Ejército intenta ocultar estos crímenes. Decidió no informar sobre la violación de Mizata “porque iba a ser una gran mancha”. Pero pocos días después, la presión de las redes digitales lo obligó a reconocer el hecho e identificar a los hechores. El ocultamiento del crimen militar o policial es un patrón establecido, pero tiene en la denuncia y las redes digitales a su peor enemigo. Los habitantes de Puerto El Triunfo hablan de muchas mujeres abusadas sexualmente por los oficiales y soldados de la naval y por el jefe policial, del encarcelamiento de quienes opusieron resistencia o de sus maridos, y de extorsiones.

En cualquier caso, los soldados y los policías reciben un trato ventajoso por parte de sus superiores. El capitán de Puerto El Triunfo había sido acusado de violar a dos menores y de acosar a una mujer. Enviado a prisión provisional por seis meses, salió a los dos y fue destacado a una unidad de la marina. Cuatro soldados acusados inicialmente de homicidio agravado en un ingeniero de Santa Tecla fueron procesados por homicidio simple, en contra de la evidencia disponible. Esta actitud contrasta con el trato cruel y humillante que esas mismas autoridades dan a las víctimas del régimen de excepción.

El ministro de Defensa se extraña hipócritamente del acoso y las violaciones de sus subordinados, hechos que califica como “lamentables”. Se muestra sorprendido, porque “todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles […] nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego con respecto a los derechos humanos”. Es extraño que un régimen amante de la imagen no haya documentado unas reuniones tan frecuentes e importantes. Más bien exhibe al contralmirante en plan de combate y desinformando. En cualquier caso, su instrucción, y la de sus oficiales, cae en el vacío.

A la autoridad militar, policial y política le tiene sin cuidado las víctimas de sus subordinados. Su prioridad consiste en salvaguardar el prestigio institucional, sobre todo del Ejército. Una actitud idéntica a la de la guerra civil, que hasta el día de hoy ha impedido hacer justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. El Ejército de Bukele es similar al de los generales y coroneles de la guerra: sacrifica víctimas inocentes a una seguridad muy injusta y a una Fuerza Armada deshonrada por una larga historia de crímenes. El Salvador de Bukele no es un país seguro para los pobres; en particular, para las niñas, las adolescentes y las mujeres.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Dado que la expresión más evidente de la violencia es el asesinato, se tiende a considerar más tolerables otras formas de violencia. Eso ocurre con particular fuerza en El Salvador debido a que muy rara vez el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes ha bajado de 30 desde el fin de la guerra. Hoy en día, con un poco más de cien asesinatos en total en lo que va de año, voceros del Gobierno afirman que el nuestro es uno de los países más seguros del mundo. De seguir la tendencia, el año terminará con una tasa de entre 3 y 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, sin incluir los asesinatos que el Gobierno no suele contabilizar oficialmente. Si bien las cifras son buenas, las miles de personas encarceladas injustamente obligan a concluir que la cultura de la violencia sigue activa y que, por tanto, el índice de homicidios podría subir de nuevo más allá de lo tolerable. Si hay cultura de violencia, siempre hay riesgo de llegar a extremos.

La violencia homicida se nutre de la cultura de la violencia. Y en El Salvador hay muy poco trabajo en torno a la construcción de una cultura de paz. La violencia contra la mujer se sigue manifestando en la agresión sexual. Los embarazos de niñas menores de 18 años se cuentan por miles. La violencia económica se manifiesta en la desnutrición y en la pobreza. Que una tercera parte de la población viva en la pobreza es una realidad violenta. La violencia en las relaciones personales, comenzando por la familia o la escuela, es también intensa. La falta de políticas estatales en el campo de la salud sicológica agravan el problema.

El suicidio, relativamente alto en El Salvador, es también signo de unas relaciones personales en las que la violencia está activa. El tráfico tiene niveles de muerte propios de una epidemia. Y el Estado, desde siempre, privilegia a los conductor por sobre los peatones. En este sentido, es cómplice de la violencia del tráfico, a pesar de los semáforos inteligentes y otras medidas que son solamente parte del espectáculo superficial de una forma de gobernar paternalista que prefiere a los que tienen más. El Estado combate la violencia con violencia, sin darse cuenta de que los resultados no cambian la cultura, sino que solo aminoran algunos de sus efectos.

Ante la cultura de violencia no hay más camino que educar para la paz. La cultura de paz se crea con educación, leyes claras, instituciones fuertes y estrictamente apegadas a la legislación. Luchar contra la violencia estructural, contra todas sus ramificaciones económicas, sociales y culturales en nuestra sociedad clasista, machista y despectiva frente al débil, es una tarea que exige pensamiento. El insulto al que piensa distinto, el castigo indiscriminado y arbitrario no conducen a la cultura de paz. Tampoco la soberbia del poderoso, la indiferencia del cómodo, la manipulación de las normas al servicio del poder y el resentimiento. La cultura de paz se construye desde la racionalidad, la solidaridad y la justicia, tanto legal como social.

Salir de la cultura violenta implica diálogo y voluntad, comprensión de la realidad y opción por los valores y principios que brotan de la igual dignidad de toda persona humana y que generan conciencia tanto de los derechos como de los deberes. Dialogar con la sociedad civil, que es la que más ha trabajado la cultura de paz, es obligado si de verdad se quiere salir de la cultura de la violencia y afianzar, a largo plazo, una convivencia social más amistosa.