Editoriales y Opiniones

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada en 2022, muestra que en el 52.5% de los hogares salvadoreños del área rural se vive en hacinamiento y que en el área urbana esa condición alcanza al 31% de los hogares. Según la misma fuente, “el hacinamiento es un indicador básico para evaluar la calidad de vida en los hogares ya que, cuando un hogar se encuentra en esta condición, sus miembros presentan mayor riesgo de sufrir ciertas problemáticas como violencia doméstica, desintegración familiar, abusos, violencia sexual, bajo rendimiento escolar, entre otros”.

La situación es, pues, muy preocupante, pero se vuelve escandalosa al tomar en cuenta la proliferación de complejos habitacionales metropolitanos con viviendas que superan los 100 metros cuadrados y que disponen de áreas verdes y espacios recreativos. Comprar una casa en una de esas residenciales escapa a las posibilidades económicas de la mayoría de las familias salvadoreñas. En las últimas dos décadas, los precios de las viviendas han sufrido un elevado incremento que no se corresponde con el aumento del costo de la vida ni con la capacidad adquisitiva de la población. Esto ha convertido a la construcción y promoción de viviendas en uno de los negocios más rentables a nivel nacional, y ha restringido el acceso a la vivienda a una minoría privilegiada.

Hasta ahora, las intervenciones gubernamentales en el tema de la vivienda y el hábitat distan mucho de lo que requiere El Salvador; las memorias de labores del Ministerio de Vivienda muestran resultados insuficientes respecto a las necesidades. La mayor inversión oficial es la dedicada a préstamos para adquisición de vivienda, pero que solo son accesibles para familias con un empleo formal y a tasas de interés muy similares a las de las instituciones bancarias. En el último año, el Ministerio de Vivienda ha entregado 28 apartamentos en San Martín, 12 viviendas en La Libertad, un subsidio de 304,350 dólares para la construcción de 104 viviendas en ayuda mutua y 84 paquetes de mejora de vivienda para igual número de familias.

Cuatro años después de la toma de posesión del actual Gobierno y de la creación del Ministerio de Vivienda, la inversión en este rubro, sin la cartera de préstamos, es anecdótica y no ha logrado cambios significativos en el lamentable estado de la vivienda en El Salvador. Ante una realidad tan crítica, a la que se añade que el 48% de los hogares habita en vivienda ajena, se requiere de un plan de emergencia a nivel nacional que reduzca el déficit habitacional y el hacinamiento, y que amplíe el acceso a una vivienda digna para los sectores populares. Una acción de este tipo no se ha visto en el país desde las décadas de 1950 y 1960, cuando se realizaron las mayores inversiones en vivienda popular de la historia nacional.

Es mucho lo que falta por hacer en materia de vivienda y hábitat para el bienestar a la población, especialmente del 50% que vive en hogares con importantes déficits. El enfoque no puede ser el del libre juego del mercado, pues este se ha mostrado feroz, sin alma y excluyente. Es el Estado el que tiene el deber de velar por la calidad de vida de la población más vulnerable y desfavorecida. El artículo 119 de la Constitución declara de interés social la construcción de viviendas y afirma que el Estado procurará que el mayor número de familias sean propietaria de una. Al día de hoy, adquirir una casa o un apartamento es un sueño irrealizable para la mayoría de la población.

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Los Chorros, un obstáculo inconmensurable

Ética de la responsabilidad

Desde la empatía a la razón

El triángulo de la violencia

Hoy, perseguidores; mañana, perseguidos

La pensadora Adela Cortina señala que la ética debe partir siempre de dos elementos: de lo que es razonable y justo, según las grandes tradiciones del pensamiento, y de los sentimientos profundos de solidaridad y misericordia. El primer aspecto recoge toda la experiencia humana de pactos, convenios y reflexiones sobre derechos humanos. Y el segundo implica ponerse en el lugar de las víctimas de sufrimientos injustos propiciados desde cualquier ámbito de poder, sea político, económico o social. Razón y sentimientos unidos generan lo que la catedrática universitaria llama ética cordial.

En la mayoría de países de este istmo que une el norte y el sur del continente americano, abundan las violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento injusto. Nicaragua mantiene un Estado policíaco que reprime el pensamiento crítico con penas brutales reñidas con todos los pactos y convenciones firmadas por el país. El destierro, la cárcel, la privación de nacionalidad, el espionaje, el chantaje y las represalias contra los familiares de quienes se han manifestado críticamente en algún momento son pan de cada día en la sociedad nicaragüense. Guatemala está atenazado por un grupo mafioso de poder en el que se mezclan exmilitares genocidas, empresarios y narcotraficantes; un grupo que pretende burlar el reclamo democrático de la población e impedir el acceso al Ejecutivo del candidato a la presidencia elegido recientemente, o al menos anular sus posibilidades de reforma social.

En el Salvador se está imponiendo un autoritarismo creciente, con amplia influencia en medios y redes sociales, que ofrece soluciones a algunos problemas sociales sin que importen los medios utilizados, muchas veces reñidos claramente con el Estado de derecho. En Honduras, aun con algunas perspectivas de cambio respecto al autoritarismo represivo anterior, se entremezclan demasiados intereses más empeñados en mantener privilegios que en impulsar el bien común. En los cuatro países los pobres son los que más sufren y los que más forzados se ven a la migración o a plegarse a promesas falsas.

Convertir en cultura los derechos humanos, aceptar en la convivencia y en el derecho la dignidad presente en toda persona por el mero hecho de ser humana, e impulsar la justicia social son tareas ineludibles. Y más cuando las élites gobernantes adaptan a sus intereses el discurso sobre los derechos humanos. Quienes desde la razón apelan al pensamiento crítico deben también manifestar con mayor claridad su solidaridad con el sufrimiento concreto de tantas hermanas y hermanos. Si la razón teórica de los derechos humanos es por muchas circunstancias injustas asunto de minorías, el corazón y el sentimiento frente al dolor de quien sufre es patrimonio de todas las personas sensibles y capaces de empatía. Caminar desde la empatía a la razón es clave para construir una cultura solidaria capaz de vencer la pobreza y la vulnerabilidad generalizadas. El fin nunca justifica los medios, menos aún cuando estos ofenden la dignidad de las personas. Mientras no se acepte esto, el peligro de convulsiones sociales siempre estará presente.

Editorial Idhuca

Septiembre siempre inicia con aires nostálgicos, con mucho azul y blanco y discursos patrióticos que buscan recordar la importancia de las hazañas “independentistas”. Así que valga esa nostalgia, no para ensalzar nacionalismos, sino para recordar nuestra historia y comprender el presente.

Si de algo nos debe servir esta fecha es para reflexionar sobre nuestra historia, la violencia que la ha acompañado, el sufrimiento de tantas y tantos, las vidas perdidas, los ideales que no han podido ser. Pero siempre será importante recordar y reflexionar. Porque borrar el pasado y atribuirle todo lo malo es una visión reduccionista e inmadura que nos lleva a pensar que solo el futuro será mejor y por eso importa, aún cuando no haya señal del presente que nos haga pensar que puede haber cambios para bien.

Hace dos años, el Ejecutivo le designó al mismo Ejecutivo la elaboración de reformas constitucionales, que prácticamente se convirtieron en una nueva Constitución. Un año después, el presidente anunciaba que se reelegiría, sin importarle que la Constitución lo prohíbe expresamente, pero eliminó los controles para que nadie se interpusiera en su afán de hacerse de más poder. Nuestra propia historia y la latinoamericana nos alerta sobre el peligro del presente, porque ya lo vivimos, y porque sabemos que normalizar el irrespeto a las normas y a lo diferente no conduce a nada bueno. Lo demostró Maximiliano Hernández Martínez y las sucesivas dictaduras militares. Nos lo enseñó Chile, que este 11 de septiembre recordó los 50 años del golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder y que hoy, enfrente del Palacio de la Moneda se gritó un potente #NuncaMás. Y así, hay tantos ejemplos que hacerse del poder solo puede llevar a represión y opresión.

Es preciso recordar que la nuestra es una historia violenta, que no se reduce a 202 años de existencia, pero eso debe llevarnos a confirmar que solo el respeto hacia el otro y la otra permitirá nuestra convivencia y la construcción de una sociedad más justa y más humana. El deseo que debe primar es que vivamos en libertad y en fraternidad, en unión, donde no falte el pan para todas y todos, y donde haya una existencia digna para cada persona.

Los deslaves persistentes en Los Chorros exhiben las interioridades de la dictadura. Al comenzar su mandato, Bukele criticó duramente a sus antecesores por no haber asegurado esa vital vía de comunicación con el occidente del país y enseguida prometió que él lo haría. Más de cuatro años después, Los Chorros son todavía lugar de deslizamiento de tierra, piedras y árboles. También es un paso con una siniestralidad elevada. Cualquier lluvia torrencial tira la montaña abajo y, si no, un accidente o un vehículo con desperfectos mecánicos lo cierra. Los congestionamientos son tan espectaculares como siempre, al punto que forman parte de la cotidianidad de quienes lo transitan. Los elevados costos humanos y materiales son prohibitivos para la economía regional que menos crece.

Entretanto, Bukele, al igual que sus antecesores, se contenta con remover las consecuencias de la vulnerabilidad medioambiental, la imprevisión y la irresponsabilidad. Incapaz de prevenir, se conforma con remendar unas pendientes muy inestables y con avisar del peligro de derrumbes e inundaciones. El conformismo gubernamental es simple impotencia. La solución prometida aún permanece en el papel.

La inestabilidad de Los Chorros no es única. El año pasado, la institución estatal a cargo del agua potable perdió más 60 por ciento del líquido extraído. A pesar de ser un vital recurso natural cada vez más escaso, Bukele no ha podido impedir la fuga del agua por unas tuberías en ruinas y ha tolerado las conexiones ilegales y el simple robo. Mientras tanto, el agua escasea en las zonas populares.

Las alcaldías de Soyapango, Mejicanos y Nuevo Cuscatlán crearon empresas mixtas para recolectar los desechos sólidos, mediante contratos fraudulentos, negociados por personajes con antecedentes poco recomendables. En algunas de esas municipalidades, la acumulación de la basura en los espacios públicos es recurrente. En la actualidad, las tres alcaldías están descabezadas: la alcaldesa oficialista está detenida; los otros dos alcaldes están ausentes. Estas alcaldías no son la excepción. Existen indicios de corrupción en otras muchas.

El mismo patrón se observa en una alcaldía como la de Santa Tecla, empeñada, desde hace meses en rehacer las aceras. Destruye las existentes, las reemplaza y las vuelve a demoler, y a reconstruir. Una versión tecleña de un Sísifo ajeno a la acumulación de cascotes en unas calles ya achicadas por el caos urbano y a la de equipo y material de construcción en una de las paradas de autobuses más concurridas de la ciudad.

Los escenarios deportivos de los juegos regionales recién pasados no estuvieron terminados para la inauguración. Algunos todavía no han sido concluidos, mientras que, dos meses después de la competencia, la Universidad de El Salvador aguarda la devolución de sus instalaciones. La educación no es una prioridad para Bukele, a pesar de haber prometido universalizarla. Más de cuatro después, casi la mitad de la población nacida en 2001 no terminó la educación secundaria y quienes la concluyeron tienen deficiencias notables en las áreas básicas del conocimiento. Nada extraño, dado que el presupuesto para educación tiende a la baja.

Entretanto, Bukele mira hacia otro lado. No hacia Los Chorros, el occidente y Guatemala, donde la intervención es urgente, sino hacia las vías que conducen al litoral, donde ha creado un costoso centro turístico con menoscabo de zonas protegidas para el disfrute de privilegiados con dinero de sobra. Asimismo, pagó millones de dólares por un concurso de belleza y acondiciona escenarios y remodela parques y plazas, remodeladas no hace mucho, para que las mises desfilen. Comprometió 500 millones de dólares con un gigante digital para informatizar el Estado, a pesar de que existen alternativas mucho más baratas y probadas. Sin embargo, la fotografía con los representantes de la multinacional, los surfistas y los turistas, y las mises vale mucho más.

La difusión intensa de estas actividades, y de muchas otras de menor envergadura, oculta la ineficiencia de la dictadura. Es una huida hacia adelante, que no conduce a ninguna parte, excepto a los bolsillos de unos cuantos, que rebosan con el dinero del tráfico de influencias y los sobornos. La difusión es complementada con la reorganización y el cambio de nombre e imagen de las instituciones existentes. Aparte de centralizar aún más la actividad gubernamental, estas no prestan un mejor servicio a la población por falta de fondos y de competencia.

Bukele ha hecho del país un escaparate, donde exhibe un país exitoso, que provoca admiración, incluso envidia, en las redes digitales. Detrás de su cuidada exhibición esconde un país muy vulnerable y una sociedad empobrecida, desempleada, deseosa de emigrar y amante de la violencia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José María Tojeira

12/09/2023

La independencia de Centroamérica es un acontecimiento del pasado. Su significado para hoy depende en muchos aspectos de lo que recordemos de ese momento. Hay quienes prefieren ver la independencia como un paso valiente frente a un poder superior. Por eso, deducen de sus recuerdos, a nuestros países les conviene armarse. “El ejército vivirá mientras viva la república” es probablemente la frase que más repiten quienes piensan en una independencia armada. No importa que la realidad haya sido distinta, que la independencia haya sido pacífica y que los ejércitos nacieran en nuestras tierras para servir a las oligarquías locales que desmembraron la Centroamérica unida. Recordar la Asamblea Constituyente de 1823 resulta más interesante para entender los propósitos de la independencia y para reflexionar lo que la misma nos entrega para una positiva reflexión actual. En esa Asamblea se ratificó la independencia y se construyó el país que la gente noble deseaba. No recordar los ideales de aquel entonces y enturbiar la política con intereses particulares y egoístas nos ha llevado a una historia triste y a estar en la cola del desarrollo humano, al menos en los cuatro países más norteños de Centroamérica.

España, la potencia colonial de la que se independizó Centroamérica, abolió la esclavitud formalmente en 1837, pero siguió permitiéndola en sus territorios americanos: en Puerto Rico hasta hasta 1873 y en Cuba hasta 1886. Y por supuesto, nobles españoles con propiedades en Cuba continuaron involucrados en el tráfico de esclavos hasta avanzado el siglo XIX. En México, del que dependimos brevemente después de la independencia, el fin de la esclavitud llegó en 1829. En Estados Unidos, cuya independencia temprana de Inglaterra inspiró a muchos independentistas americanos, la abolición de la esclavitud llegó hasta 1863. En Centroamérica, la abolición se produce en 1824, en la Asamblea Constituyente de Centroamérica, auténtica fundadora de la República, bastante antes que nuestro principales vecinos. Un profundo humanismo inspirado en la religión, la lógica democrática y la reacción frente al sistema colonial que legitimaba la esclavitud estuvieron en el fondo de los razonamientos. En las deliberaciones hubo una fuerte discusión sobre la indemnización a los dueños de esclavos, una vez liberados por el Estado. También se discutieron las penas, pidiendo algunos incluso la de muerte para quienes traficaran esclavos. Al final, un salvadoreño, el sacerdote José Simeón Cañas, pidió la aprobación inmediata de la liberación de los que él llamó “nuestros hermanos esclavos”. Su razonamiento era limpio y claro: el despojado de sus bienes tiene derecho a la restitución. Y no habiendo bien mayor que la libertad, resulta humanamente indispensable restituir el derecho básico a la misma. Habiendo además declarado libre a la nación, es necesario que todas sus partes queden libres. Ofreció también su salario como diputado para el fondo de indemnización a los propietarios de esclavos.

Independencia es eso: libertad y fraternidad para todos. Sin pensar que otros países, aunque sean más poderosos, hagan otras cosas o mantengan costumbres y normas que uno no considera coherente con la democracia y los valores republicanos. En el hoy nuestro es necesario reflexionar sobre las personas a las que hacemos sufrir injustamente, como a las que metemos presas siendo inocentes o las que tienen dificultades para comer los tres tiempos. Independencia es dar libertad y dignidad, trabajo digno y protección social a todos los que viven en el país. Así como la esclavitud era necesario abolirla en una país que se consideraba libre, así también hoy tenemos que enfrentar las necesidades de los más pobres y vulnerables de nuestro país, que en algunos aspectos conservan situaciones impuestas semejantes a las antiguas de los esclavos. Celebrar es recordar el pasado, no manipularlo al capricho del poder. Recordar lo bueno es indispensable para que nuestro país sea cada vez más centroamericano, más democrático y más justo.

Editorial Idhuca

Cuando se habla de corrupción en El Salvador es importante tener en cuenta que se trata de una práctica estructural, que carcome las entrañas de las instituciones y que tiene efectos concretos en la vida de la población; es decir, en el ejercicio de los derechos humanos de cada una y cada uno. Esta corrupción se manifiesta de diferentes formas: desde colocar a familiares en cargos sin tener las aptitudes, pasando por el desvío de fondos públicos, hasta el cobro de dinero por dejar pasar algún paquete a una persona detenida o permitir verla.

De forma reiterada, y sobre todo en tiempos de campaña, las promesas de combate a la corrupción proliferan y nuestro afán por querer convivir en espacios libres de comportamientos retorcidos y perversos, hace que muchas veces creamos en estas promesas. Pero comúnmente, cuando alguien en quien confiamos se aprovecha de alguna situación y nos traiciona, solemos reaccionar con inseguridad, aversión y cautela… Sobre todo si a esta persona le brindamos más oportunidades y, aún así, sigue traicionando nuestra confianza.

De esa misma forma actúan los funcionarios que cometen corrupción: la sociedad confía en ellos, pero traicionan ese voto de confianza y se lucran del Estado para beneficio personal. Luego prometen combatir esa situación que ellos mismos han creado, pero solo maquillan esfuerzos que están vaciados de contenido, con la apariencia que se está haciendo mucho, cuando en realidad se sigue minando el Estado y sus fondos que, al final de cuentas, se trata de nuestros impuestos.

Esto no es nuevo. La corrupción, en menor o mayor medida, ha estado presente, al menos, en los últimos 30 años. Desde la corrupción cometida por funcionarios de gobiernos de Arena y del FMLN, hasta la corrupción cometida por funcionarios actuales, de los cuales muchos siguen ostentando cargos públicos. Por eso indigna mucho que el gobierno actual, en apariencia, nos haga creer que trabaja en contra de la corrupción, cuando sigue desbaratando instituciones, eliminando los controles, anula la rendición de cuentas y se caracteriza más por la opacidad que por la transparencia. Este gobierno instrumentaliza la justicia, se ufana de utilizar un lenguaje de “guerra” y ha acuñado también la frase de “guerra contra la corrupción”, pero siguen irrespetando las normas y eliminando todo aquello que le hace estorbo. Se empecinan por defender a los suyos y sacrifican a quienes consideran imprescindibles, para hacer creer al imaginario que se es diferente cuando son más o peor de lo mismo.

La corrupción destruye las instituciones estatales y la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones mínimas de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación. Debido a las desigualdades preexistentes, la corrupción tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad y las personas que viven en la pobreza. Luchar contra la corrupción requiere hacer verdaderos cambios estructurales, no pantomimas que se ensañan contra uno o dos peones que se vuelven insignificantes en la partida que hay que ganar. Hay que partir por transparentar y rendir cuenta y apostarle al combate a la impunidad. De lo contrario, se está traicionando una vez más ese deseo de la población de confiar que se harán las cosas diferentes, una promesa más que queda sin cumplir.

Editorial UCA

Escuche aquí:

Cuando se acerca la celebración de la independencia de Centroamérica, antes de tirar cohetes y organizar ruidosos desfiles, conviene reflexionar sobre lo que el hecho significó en aquellos momentos y lo que debe significar para nosotros en la actualidad. La independencia se vivió de distintos modos y maneras. Hubo personas que la proclamaron para que no lo hiciera el pueblo por su cuenta. Así reza el acta de la independencia, suscrita por una reunión de notables en Guatemala, temerosos de una insurgencia popular que les dañara su situación socioeconómica. Otros la vivieron con esperanza; deseaban cambiar el sistema de castas, la esclavitud e incluso la explotación de los pobres, especialmente de los indígenas. Desde la confianza en la cultura autóctona, muchos acompañaron la independencia con alegría. Por supuesto, hubo personas que no se enteraron o tardaron en darse cuenta. Y algunos, pocos pero poderosos, vieron en la independencia una oportunidad para desmembrar Centroamérica en diminutos países, centrados en los intereses locales.

En la actualidad, continuamos honrando la fecha, pero lo que fue una independencia básicamente pacífica se celebra ahora como un evento militar. Los desfiles ocupan la mente de los niños. El Ejército se presenta, también desfilando, como salvaguarda de la República. Para otros es una oportunidad para resaltar los logros del Gobierno de turno o para impulsar el nacionalismo. No faltan, no obstante, los que reflexionan sobre las tareas que implica una independencia en los campos económicos y sociales. La responsabilidad está ahora en nuestras manos; despreocuparse de los problemas existentes es la mejor manera de mantenerse sujeto a otros. Independencia es hoy autonomía y capacidad de lograr el bien común con justicia y libertad.

En el pasado, quienes quisieron vivir la independencia como transformación de una sociedad en la que predominaban la explotación y la falta de libertad lograron la abolición de la esclavitud. Pidieron también medidas para el desarrollo de las comunidades indígenas, tratando de liberar a los pueblos originarios de impuestos dañinos y opresivos. Si quiere desarrollar su independencia, a la sociedad salvadoreña le toca enfrentar todo aquello que signifique abuso o exceso de poder. El régimen de excepción que se vive desde hace más de un año supone el encarcelamiento y empobrecimiento de personas de la franja más vulnerable de la población. El subempleo, la amenaza a sindicatos, el clima de polarización, el endeudamiento cada vez mayor, el encarecimiento de la canasta básica implican amenazas para la autonomía de las personas y del país. Independencia, por el contrario, supone soberanía alimentaria, eliminación del hambre, salarios dignos, capacidad de diálogo y de encontrar caminos comunes en la convivencia nacional.

Celebrar la independencia pensando en el país será siempre más positivo que los cohetes, los desfiles y los espectáculos propagandísticos. Celebrarla es optar por El Salvador y por su desarrollo, es tener un proyecto de realización común en beneficio de todos y generador de amistad social. Preguntarnos con honestidad cómo celebrar la independencia más allá de los clichés y la exhibición de armas puede dar inicio a uno de los cambios que hacen falta.

A finales de agosto murió una salvadoreña a quien se ha llamado Rosario para seguridad de su familia. Desde hace años, Rosario padecía insuficiencia renal. Estaba ya en la etapa 5, es decir, sus riñones tenían un daño grave y ya no podían limpiar la sangre, lo que le ocasionaba múltiples padecimientos. Ella aplicó al programa de trasplante de riñón del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su esposo se ofreció como donante. Después de pasar los exámenes de rigor, se le declaró apto para serlo. Pero en abril de 2022 fue detenido en el marco del estado de excepción y el proceso de preparación para la operación se vio interrumpido.

Varias veces se hizo la solicitud de liberación, hasta que finalmente la Cámara de lo Penal ordenó que continuara su proceso en libertad a fin de que pudiera ayudar a sobrevivir a su esposa. Sin embargo, la resolución de la Cámara fue desoída por la Dirección General de Centros Penales, argumentando que la Fiscalía General de la República había iniciado otro proceso judicial en contra del señor. Varias organizaciones, entre ellas el Idhuca, que acompañaba legalmente al esposo de Rosario, iniciaron una campaña, a la que se sumaron colectivos y personas, pidiendo la liberación del donante. Rosario murió a finales de agosto; su esposo sigue detenido.

Luego de que se dieron a conocer los entresijos de la tregua que las principales pandillas del país acordaron con apoyo del Gobierno de Mauricio Funes, Raúl Mijango fue el rostro elegido para condenarla. Mijango fue asesor del ministro de Defensa, David Munguía Payés, y medió entre las maras para llegar a la tregua. Pese a la condena social, nunca se escondió ni negó el rol que jugó en el proceso. Lo detuvieron en 2016 y en repetidas ocasiones las acusaciones judiciales en su contra por diversos delitos se cayeron por falta de pruebas. Hasta que en octubre de 2018, gracias al testimonio de un testigo criteriado que había declarado en otros juicios, lo condenaron a 13 años y 4 meses de prisión, acusado de colaborar en una extorsión.

Mijango estaba enfermo cuando lo condenaron. Y con el paso del tiempo y por las duras condiciones de la reclusión, su estado de salud se fue agravando. Tenía varias enfermedades; entre ellas, insuficiencia renal. La última vez que dio declaraciones, dijo que su vida dependía de una máquina para hacerse dos hemodiálisis semanales y una dieta que en el centro penal era imposible de cumplir. Por eso, solicito libertad condicional, pero se le negó argumentando “riesgo social”. Sus representantes pidieron que lo sacaran por razones humanitarias, para que pudiera morir en su casa, pero la solicitud no obtuvo respuesta. Mijango murió el pasado 28 de agosto.

Aunque de naturaleza y connotaciones diferente, estos dos ejemplos dan cuenta de los niveles de deshumanización en los que ha caído la administración de justicia controlada por el Ejecutivo. Independientemente de que se crea o no en la veracidad de los señalamientos en ambos casos, no conceder una medida humanitaria y aplaudir esa decisión reflejan un grave deterioro humano y social. Hay más, muchos más casos de personas que han muerto en los centros penales pese a los ruegos y los recursos presentados por sus familiares. Una sociedad que es insensible y tolerante a las injusticias camina hacia su destrucción.

La persecución de la corrupción entre los funcionarios del pasado es, en principio, positiva. Pero su parcialidad y su saña están reñidas con la justicia. La motivación política y la inquina personal que la mueven son perversas. La justicia no es recta cuando no es universal, porque se administra para ajustar cuentas. Sus administradores no debieran descartar que ellos pueden correr una suerte similar si caen en desgracia. La única forma de evitarlo es acumular mandatos presidenciales. La dinastía de los Bukele aseguraría el ocultamiento indefinido de sus crímenes.

Contrario a las apariencias, nadie puede garantizar a los incondicionales que un cambio ajeno a la familia gobernante mantenga sus secretos. Esta es una poderosa razón para encomendarse a la continuidad de los Bukele. Ventaja adicional es que su permanencia en el poder lleva aparejada la prolongación del enriquecimiento ilícito y del saqueo del Estado. Muy en tercer lugar, tal vez tengan la intención de hacer realidad tantos proyectos anunciados y no desarrollados, o inconclusos como la infraestructura escolar o los hospitales. Los perseguidores de la corrupción del pasado ahora son fuertes, pero son vulnerables. Su supervivencia depende de la continuidad de la dictadura y sus intimidades.

Pero las dictaduras no son eternas. Los colaboradores caen junto con los dictadores. No es, pues, pérdida de tiempo contemplar esa posibilidad. Cuando llegue, tal vez más pronto de lo que les gustaría, sus desafueros saldrán a la luz pública. Entonces, les pedirán cuentas del despilfarro, del pillaje, de los fraudes y también de las violaciones a los derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y están sujetos a la persecución internacional. Más de alguno puede terminar reclamado por la Corte Penal Internacional con una orden de captura como la que impide a Putin viajar al exterior.

Cuando los incondicionales de la dictadura se encuentren en este aprieto, ¿dónde se esconderán? Cuando El Salvador se les vuelva hostil, ¿en qué país se refugiarán para pasar desapercibidos? Estados Unidos ya no es opción para algunos de los más destacados. Los altos mandos militares de la guerra civil, otrora enaltecidos como héroes anticomunistas, han sido acusados de crímenes de guerra y han sufrido deportaciones. Un excoronel fue entregado por la justicia estadounidense a la española, que lo juzgó, lo encontró culpable y lo condenó a más de cien años de cárcel. Bien harían los peones de Bukele en prever que, en un futuro no lejano, pueden encontrarse en apuros similares a los de los expresidentes del FMLN, los mandamases de Arena y los exoficiales de la guerra civil. Si de algo pueden estar seguros es que los Bukele no darán la cara por ellos y no les será fácil encontrar un país donde sean bienvenidos.

Desde una perspectiva personal, ¿qué le dirán a sus seres queridos cuando sean acusados de malversación, robo, estafa, incluso de asesinato, y se vean expuestos a la vergüenza pública? No podrán excusarse con la creación del nuevo país, muchas veces prometido, pero no concretado. La vergüenza derivada de la exposición a la opinión pública es más dolorosa que la multa y la prisión. Uno de los exoficiales chilenos juzgados y condenados por el asesinato de Víctor Jara optó por el suicidio. Varias promociones de oficiales salvadoreños han reaccionado indignadas por la imputación de crímenes de guerra a dos de los suyos. En su pronunciamiento, estos oficiales invitan temerariamente a su comandante en jefe a hacer uso de su poder absoluto para librarlos de los rigores de la justicia.

La multiplicación de las señales de agotamiento aconseja reflexionar sobre el futuro de la dictadura. La confrontación con diversos sectores sociales va a más. En gran medida, porque no dispone de fondos para cumplir los compromisos adquiridos y, por tanto, tampoco de flexibilidad para negociar. Así, su sensación de asedio aumenta. El acoso a los trabajadores de la salud, la negociación de contratos colectivos bajo vigilancia militar, el despido de líderes sindicales incómodos, el cese de empleados públicos descontentos, la criminalización de los líderes comunitarios independientes y de los campesinos que no ceden a las presiones del capital asociado a los Bukele son muestras claras de debilidad.

La solidez aparente puede llevar a pensar que su régimen tiene aún mucha vida. El mismo cálculo hicieron los dictadores latinoamericanos del pasado, hasta que la catástrofe se abatió sobre ellos y sus colaboradores, sus familias y sus bienes. La insensatez tiende a obviar las consecuencias de las decisiones erróneas. En su cortedad, otorga carácter definitivo a lo inmediato y pasajero. En esto, los incondicionales de la dictadura son como los pandilleros, quienes también dieron por hecho que su poder territorial y económico había llegado para quedarse indefinidamente.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En El Salvador, como en muchas otras partes, suele haber un contraste entre el lenguaje oficial y la práctica cotidiana. La Constitución puede decir solemnemente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero la ley trata a los ciudadanos de distinta manera, según sean sus condiciones económicas, políticas, culturales, etc. Ensalzamos las raíces indígenas y nos despreocupamos de la economía, la salud y la cultura de los indios. Hablamos mucho de democracia, pero preferimos las medidas de autoridad. Estamos teóricamente contra la violencia, pero nos encantan los castigos duros, a veces cercanos a la tortura. Son problemas antiguos, pero que a medida que pasa el tiempo suelen reaparecer. En los años transcurridos desde el fin de la guerra, todos los partidos que nos han gobernado han caído en contradicciones de este estilo. Los políticos suelen defenderse diciendo que los de los otros partidos han hecho cosas peores, pero la semejanza en este tipo de contradicciones ha solido ser demasiado frecuente.

En realidad, este problema cultural proviene de siglos de racismo. El ser humano ha tendido históricamente a dividir a las personas en superiores e inferiores. Con las diferencias étnicas, el racismo, presente en muchas sociedades, ha creado dolor y muerte. Incluso en países avanzados, como Estados Unidos o Alemania, hay gente que se cree superior a otros grupos étnicos, comete delitos vinculados al odio racial y presume de una supuesta supremacía blanca. El racismo está condenado por activa y por pasiva en las leyes locales e internacionales, pero continúan apareciendo focos de este mal, muchas veces violentos. Sin embargo, no solo crean problemas de convivencia los grupos racistas, compuestos muchas veces por personas paranoicas. El problema se agrava cuando las instituciones dan muestras de parcialidad hacia unos sectores de la población y marginan o maltratan a otros.

Si un sistema judicial permite que los detenidos sean exhibidos en paños menores, hincados y presentados ya como culpables ante los medios de comunicación, no lo hacen de la misma manera con todos. A los pobres se les presenta semidesnudos. A diputados, corruptos con dinero, gente que ha tenido relaciones sociales amplias, se les presenta mejor vestidos y generalmente no en posiciones humillantes. Presentar públicamente a los acusados esposados como si fueran culpables es una violación del principio constitucional de presunción de inocencia. Incluso cuando se viola la Constitución se producen diferencias entre los considerados superiores y los vistos como inferiores.

El Salvador ha firmado un buen porcentaje de convenios relativos a derechos humanos. Tiene en su Constitución una verdadera insistencia en la igual dignidad de todas las personas. Pero como muchos otros países, conserva esa tendencia a diferenciar entre superiores e inferiores. De hecho, el machismo no es sino una forma patriarcal de racismo. Y desde el Estado se trata con mayor consideración a quienes tienen más que a quienes viven en la pobreza. No importa la tradición de personas generosas que desde el inicio de nuestra vida independiente trabajaron por la liberación de los esclavos, fueron generosas con los empobrecidos o practicaron desde su fe cristiana una verdadera opción por los pobres y por defender sus derechos. Aunque larvadas y sin una opción teórica, las formas de racismo se repiten cuando dividimos a las personas en superiores e inferiores. Los gobiernos, a través de la enseñanza y las instituciones, deben trabajar seriamente en la lucha contra el racismo, muchas veces justificado desde el odio y desde el desprecio a los pobres. Se puede y se debe hacer, y de hecho algunas instituciones han avanzado. El Salvador tiene recursos humanos e históricos que le pueden ayudar a cambiar el trato desigual que suele darse según la condición social de las personas. La mayor protección y consideración con el pobre y el humilde es la única manera de universalizar derechos y de vencer esa manía de comparar a las personas, dividirlas en superiores e inferiores, y dar un trato desigual en perjuicio para los más vulnerables.