Editoriales y Opiniones

La lucha contra la corrupción, que “apenas comienza”, es muy similar a la librada contra las pandillas. Las dos son disparatadas. Las dos comenzaron tardíamente y por casualidad. Si las recién pasadas fiestas de agosto fueron “las más seguras de la historia”, el régimen de excepción ha cumplido su cometido. La guerra contra la corrupción enfiló al primer presidente de Arena. Aun cuando existen hechos para iniciar una investigación fiscal, el motivo es exclusivamente político. Muchos otros políticos y empresarios poseen bienes mal habidos, de los cuales, por coherencia, debieran también dar cuentas. Después de un compás de espera, la guerra reinició su actividad. Esta vez el blanco fue un asesor de seguridad de Bukele y varios diputados. Si fuera auténtica, debió haber comenzado al día siguiente de la toma de posesión de Bukele y este se habría esmerado en rendir cuentas de su gestión, no habría dado tregua a los corruptos anteriores ni tolerado la podredumbre actual.

Las acusaciones contra los nuevos objetivos son rocambolescas. Un doble agente en el seno del organismo de inteligencia estatal, que habría filtrado información al primer presidente del FMLN, a periodistas críticos y a varios extranjeros, deja muy mal parado a los operadores de la seguridad nacional. El doble agente es “descubierto” por denunciar a un diputado oficialista de traficar drogas. Limitación similar se observa en la primera guerra. La dictadura canta victoria, pero mantiene el régimen de excepción. Alega la existencia de “terroristas” debajo de las piedras, pero no sabe cuántos son ni bajo qué piedras se ocultan. Tampoco tiene claridad sobre la cantidad de homicidios. La excepción camina a ciegas. En un país tan seguro como el de Bukele, los portones de las colonias que impiden el libre paso debieran caer. Ese país ni siquiera es el más seguro del continente, sino el cuarto, después de Chile, Nicaragua y Paraguay.

El pecado capital del asesor de seguridad consistió en acusar públicamente a un traficante en medio de la lucha de poder desatada en el seno del oficialismo entre los elegidos y los descartados de las listas electorales. La “traición”, por tanto, no es desinteresada. Una vez en las redes digitales, la maquinaria de Bukele se lanzó contra el asesor, el diputado acusado y sus cómplices, quienes fueron defenestrados de forma expedita y cuya condena es cosa hecha. El delito era materia de seguridad nacional, porque cuestiona la integridad presidencial. La información no es infundada. El mismo Bukele acepta que el señalamiento está respaldado por pruebas fehacientes. Es claro que este vigila de cerca a sus colaboradores y está al tanto de sus tropelías, pero las oculta y las usa para intimidar. La “traición” consiste en denunciar un delito sin autorización, un privilegio presidencial.

Las luchas de poder han revuelto las aguas aparentemente tranquilas del oficialismo. Los descartados se han encontrado inesperadamente con su carrera truncada. Asumieron gratuitamente que la incondicionalidad los hacía inamovibles. El ensueño termina antes de lo esperado. El descontento ha echado a correr rumores de fraude en las elecciones internas, de conspiraciones y de compra de voluntades. Al parecer, ha llegado la hora para que algunos incondicionales experimenten en carne propia la arbitrariedad de la dictadura. Se entregaron a ella en cuerpo y alma, pero ahora aquella los descarta como basura. Es la misma experiencia de los miles de inocentes que la excepción se ha llevado por delante.

El enrarecimiento del ambiente en las filas del oficialismo es propicio para nuevas revelaciones. La audacia del asesor caído en desgracia indica que en las entrañas de Casa Presidencial existen otros expedientes similares. Bukele ya no solo tiene que lidiar con los defensores de los derechos humanos y la prensa crítica, sino también con las corrientes subterráneas que amenazan su poderío. El asesor, aunque detenido, es un peligro por la información que posee. No sería extraño que otros funcionarios descartados comenzaran a contar sus propias historias. Rodarán cabezas, pero el daño ya estará hecho.

Bukele tiene razón al afirmar que en cuestiones de corrupción “aún hay mucha tela que cortar”. No será él quien la corte. No puede cortar sin renunciar a sus ambiciones de fama y poder. Su fiscal, tan seguro de sí mismo, no ha investigado aún los fraudes cometidos durante la pandemia. El último conocido es de más de 16 millones de dólares, empleados para adquirir medicamento adulterado y equipo inadecuado. Algunas de las estafas más voluminosas y los timadores son de dominio público, excepto para quienes están obligados a “cortar esa tela”. Habrá, pues, que esperar a alguien más para enderezar la honestidad pública. Uno independiente, incorruptible y valiente.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Además de perseguir la libertad de pensamiento y cualquier tipo de oposición, al actual gobierno de Nicaragua le gusta la rapiña. Si un periódico hace críticas, le confiscan la maquinaria y el local. Si un político de oposición quiere competir democráticamente con el dúo Ortega-Murillo, lo meten preso y se apoderan de sus propiedades. Si un obispo les dice que algunas medidas gubernamentales van en contra del Evangelio, lo condenan a cárcel en un juicio acelerado, como los de Stalin. Y si una universidad recibe en su campus a estudiantes que huyen de una manifestación disuelta a balazos por la Policía y el rector los acompaña en un diálogo con las autoridades, la acusan de terrorismo. Después, apropiarse de todos los bienes de la universidad es cuestión de días. No hay nada más fácil para unas autoridades implicadas en terrorismo de Estado que acusar de terroristas a sus opositores, meterlos presos y quedarse con sus bienes. Periodistas, políticos, religiosos e instituciones que quieren poner racionalidad y diálogo en la vida ciudadana... todos entran en el mismo saco de lo que la dictadura de Ortega considera infamia y ataques a sus afanes de poder absoluto.

Pero más allá del tiempo que el clan de los Ortega-Murillo persista en la injusticia y controle con violencia el país, y por más que infunda miedo en la población, lo cierto es que camina hacia el fracaso. Podrá echar del país a sacerdotes, intelectuales, periodistas, políticos y religiosos, y encarcelar a muchos otros, pero la Iglesia, el periodismo libre y el pensamiento crítico resistirán y durarán más tiempo que un régimen dirigido por un anciano ensimismado en sus caprichos de poder. Los reprimidos y acusados arbitrariamente volverán y ya no estarán en el país los autores de la infamia. Cuanto más se obstina un dictador en ser eterno, con mayor velocidad camina hacia su fracaso. Algunos logran terminar sus días estando en el poder, pero tras su muerte su recuerdo queda como un residuo mal oliente de una historia de abuso e injusticia.

Quienes desean una Centroamérica justa, democrática, que venza la pobreza y la desigualdad, la arbitrariedad y el autoritarismo, deben seguir insistiendo en la necesidad de contar con instituciones fuertes y con mecanismos de control democrático, y exigir a los partidos políticos que tengan programas claramente orientados hacia la democracia y sepan ser intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones. Trabajar en favor de un desarrollo solidario implica sacrificio y constancia, porque los resultados rara vez se obtienen con rapidez. Y por supuesto, también supone renunciar a un tipo de capitalismo que considera escoria a los pobres y alienta y protege el triunfo de los más fuertes. El darwinismo social, económico y político tiene muy poco que ver con los principios democráticos

La farsa y la mentira no tienen futuro, por mucho que algunos gobernantes se llenen la boca con consignas que tratan de hacer aparecer el mal como si fuera un bien. Hace años, las izquierdas solían decir que si en Nicaragua cayó la dictadura, en El Salvador también caería. Hoy muchos temen que el autoritarismo nicaragüense se contagie al resto de Centroamérica. Sin embargo, mientras se mantenga la dignidad del pensamiento libre y se impulse la justicia social, los autoritarismos no tendrán futuro. La dictadura nicaragüense se ahogará sola.

Desde hace algún tiempo me ha resultado difícil ponerle nombre a lo que sucede en Nicaragua. Más allá del debate teórico sobre algunos conceptos relacionados con regímenes autoritarios, es difícil describir la irracionalidad de unos dirigentes que lucharon por derrocar a una cruel dictadura para convertirse con los años en su alter ego. Evidentemente, el cierre y confiscación de todos los bienes de la UCA de Nicaragua es un zarpazo más en la ya innumerable lista de atrocidades del régimen, pero confieso que por tratarse de una universidad hermana, por haber estudiado ahí y por las amistades y colegas que padecen la injusticia, este caso me ha golpeado profundamente.

Entre todos los sentimientos que me provoca esta situación sobresalen la impotencia, que ya la veníamos experimentando estos años, y ahora también, con más fuerza, la indignación. La impotencia por darnos cuenta de que la dupla presidencial es totalmente inmune a las demandas de su pueblo como también a cualquier reclamo de la comunidad internacional, incluidas las más encumbradas jerarquías de organismos supranacionales y eclesiales. Ahora también se acentúa la indignación, esa que se siente ante un acto totalmente injusto, arbitrario e infame. Una indignación que no es resignación. La indignación quiere que se restablezca la justicia y provoca el compromiso con esa causa. Sentir indignación y no actuar quedándose pasivo o callado es contradictorio.

El pueblo de Nicaragua está pagando el precio de permitir que la dictadura nicaragüense se fuera imponiendo gradualmente, a partir del control del Ejército y de la Policía, avalando reelecciones inconstitucionales, capturando toda la institucionalidad, comprando voluntades, cerrando medios de comunicación alternativos, asesinando a manifestantes, encarcelando o exiliando a los críticos y un largo etcétera. Todo esto hasta no dejar voces críticas que puedan expresarse dentro del territorio nicaragüense y ante la pasividad o las condenas absolutamente ineficaces de la comunidad internacional. Muchas veces leemos que las consecuencias de un gobierno dictatorial son impredecibles, pero Nicaragua lo está viviendo en carne viva. La historia enseña que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo diría que también idiotiza a quienes se embriagan de tanto poder.

Los relatos de locuras de quien tiene poder absoluto abundan, porque el poder hace tomar decisiones fuera de toda lógica o suposición. El dictador Macías Nguema en Guinea Ecuatorial, ya convertido en dictador después de llegar al poder por la vía democrática, impuso como lema nacional “No hay otro Dios que Macías Nguema” y prohibió la palabra “intelectual”. Duvalier, en Haití, conocido como “Papa Doc”, se creía la encarnación del barón Samedi, el espíritu vudú de la muerte, y razón no le faltaba dado los actos que cometió. Trujillo, en República Dominicana, que en las elecciones que lo llevaron al poder sacó más votos que el número de electores, nombró coronel a su hijo de tres años, gastó una tercera parte del presupuesto nacional en organizar un evento que duró un año para coronar reina a su hija e intentó que le dieran a su esposa (semi analfabeta) el Nobel de Literatura. Más recientemente, en Corea del Norte, Kim Jong-un prohibió que su nombre sea usado por los coreanos porque nadie más que él puede llamarse así.

Cuando se da todo el poder a una sola persona el totalitarismo está a la vuelta de la esquina, y de ahí al absurdo no hay más que un paso. Los tiranos nicaragüenses están en esta etapa; su falta de lógica solo es comparable a sus atrocidades. Deciden quién es nicaragüense y quién no, expulsan a nacionales y extranjeros a discreción, consideran peligrosas a las Hermanas de la Caridad, encarcelan opositores, obispos y sacerdotes, clausuran organizaciones filantrópicas, cierran y expropia universidades por considerarlas centros de terrorismo. Como todas las dictaduras, tienen un gran pavor al pensamiento crítico y excomulgan de su grey a todo el que se atreva a pensar distinto.

Duele e indigna lo de Nicaragua, y no puedo dejar de mencionar la tristeza y decepción que provocan las actitudes de los autodenominados revolucionarios de manual que o prefieren guardar silencio, o siguen defendiendo a Ortega y Murillo. Señalar con vehemencia la deriva autoritaria del Gobierno de Bukele y simultáneamente defender y hasta celebrar lo que hacen Ortega y Murillo es padecer la esquizofrenia ideológica que tanto daño ha causado a la izquierda y que la tienen en la irrelevancia política en El Salvador. Dictadura es dictadura, sea de derecha o de izquierda. En nuestro país hay temor porque el actual Gobierno tiene actitudes que lo asemejan al nicaragüense, mientras que este cada vez se asemeja más al de Corea del Norte. Triste momento que vive la región.

* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.

El artículo 65 de la Constitución afirma que “la salud de los habitantes de la República constituye un bien público […] el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud confirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”, entendiendo la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (una perspectiva integral y holística de la salud humana que frecuentemente es dejada de lado).

Para conocer a cabalidad el estado de la salud en El Salvador, establecer los planes pertinentes y coordinar acciones interinstitucionales, hacen falta estudios que midan periódicamente el nivel de bienestar físico, mental y social de la población. Dichos estudios tendrían que ser promovidos por el Ministerio de Salud. Ante la falta de ellos, al hablar de salud esta se reduce a la atención que brindan los centros de salud y hospitales públicos.

Mucho hace falta para poder afirmar que en el país la salud es un derecho fundamental, tal como se lee en la Constitución y ha ratificado la Sala de lo Constitucional. Volver a este asunto no es banal ni gratuito. A pesar de la propaganda oficial que pregona la mejora cualitativa del sistema de salud público, la realidad es otra. Por ejemplo, la falta de medicamentos es un mal endémico en el sistema de salud nacional. Y en las farmacias el precio es elevado, muy por encima del nivel de otros países. Y como ese hay otros problemas de igual o mayor gravedad. El aparato público de salud salvadoreño no cumple con tres de las principales características que de acuerdo a la OMS debe tener todo sistema para responder al derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Además, la administración Bukele le ha negado a la ciudadanía la posibilidad de conocer el plan nacional de salud, el cual ha sido declarado en reserva en cuatro ocasiones, la última el 13 de septiembre de 2022 y por un período de dos años; es decir, no podrá ser conocido hasta septiembre de 2024, fecha en la que El Salvador habrá iniciado otro período presidencial. Poner bajo reserva el plan que debería garantizar la salud de todos los salvadoreños es un modo de afectar el derecho a la salud, pues impide tanto a los galenos como a la población en general conocer las líneas generales del trabajo del Estado en dicha materia.

Son los usuarios y los sindicatos del sector público de salud quienes señalan las múltiples deficiencias del sistema. Un sistema que muestra señales de haber colapsado tanto por falta de medicamentos, equipos y personal cualificado como por problemas de gestión y administración, que llegan hasta el extremo de que no se paga oportunamente las horas de trabajo extra. También médicos connotados, con prestigio a nivel nacional e internacional, han señalado que el sistema público de salud está enfermo, incluso moribundo. A su juicio, para salvarlo se requiere de una política de Estado, de largo plazo, que responda de manera efectiva a la desastrosa situación actual. Sin embargo, las más altas autoridades niegan esta realidad, actúan de forma autoritaria y se niegan a dialogar con aquellos que más saben sobre salud: el Colegio Médico de El Salvador, el cual puede aportar mucha experiencia y conocimiento en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas existentes en esta área.

Jugar con la salud es jugar con la vida de la gente, es negar un derecho humano y, sobre todo, es mostrar desprecio por el bienestar de todo un pueblo. La cuestión es lo suficientemente importante y valiosa como para abandonar caprichos y protagonismos, buscar el diálogo y facilitar la participación de los que saben y tienen mucho que aportar para que el derecho al más alto nivel de bienestar físico, mental y social no siga siendo una quimera en nuestro país.

La semana pasada recordamos las dos bombas atómicas arrojadas hace cincuenta años sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Si la guerra es de por sí una locura, la utilización de estas armas de destrucción masiva nos demuestran la deshumanización a la que pueden llegar tanto las personas como las instituciones. Ninguna de estas dos ciudades era un objetivo militar importante. Simplemente se trataba de hacer una manifestación de fuerza y de poder. Y, supuestamente, de salvar vidas norteamericanas a cambio de destruir vidas japonesas indiscriminadamente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, nadie ni nada detenía la locura de quienes deseaban manifestar su capacidad de utilizar armas inmorales. Ahí no hubo lo que ahora suelen llamar “daños colaterales”. Fue una masacre llevada a cabo fríamente contra la población civil japonesa.

Casi al mismo tiempo que se recordaba la brutalidad atómica, se estrenaba en El Salvador la película Oppenheimer. En ella hay una breve y rápida referencia a las doscientas mil víctimas mortales que causaron las dos bombas. Pero la película no se centra en las víctimas, sino en el drama personal del físico jefe del proyecto de construcción de la bomba, y su paso de ser un entusiasta tanto del arma nuclear como de su utilización, a convertirse en un enemigo de la carrera armamentista atómica y en impulsor de tratados de no proliferación de este tipo de armamento. El mundo occidental tiene sus protagonistas y casi siempre ellos despiertan más interés que las víctimas de las veleidades imperiales.

En algunos momentos de la guerra de Ucrania, el fantasma del uso de armas nucleares volvió a sonar. A pesar del desmantelamiento de una parte de los grandes arsenales nucleares, especialmente en Rusia y Estados Unidos, las ojivas nucleares se cuentan por miles. La fabricación de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los presupuestos militares de algunos países llegan a cientos de miles de millones. Si se dedicara al desarrollo solamente el diez por ciento del gasto militar anual en el mundo, el hambre, el anafalbetismo, la pobreza y algunas enfermedades endémicas desaparecerían. Pero la mayoría de los países continúa privilegiando las armas sobre el desarrollo humano.

En los países que se llaman a sí mismos civilizados, el salvajismo suele personificarse en las mafias, las maras, el terrorismo y los grupos radicales armados. En las películas y series de televisión, el salvajismo se refleja con frecuencia a través de la representación de individuos o grupos desquiciados, así como en las culturas primitivas. Sin embargo, el salvajismo está demasiado inserto en la cultura política que privilegia las armas sobre el desarrollo. Por eso mismo, aniversarios como el de Hiroshima y Nagasaki no pueden dejarse de lado, como tampoco los campos de concentración nazis o los gulags de la época soviética. “La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece”, decía en una de sus poesías Antonio Machado.

Si bien odiar al prójimo es parte y origen de salvajismo, odiar la guerra debería ser parte de un espíritu civilizatorio universal. Limitar la producción y utilización de armas, perseguir con decisión el tráfico de las mismas, buscar una gobernanza mundial estructurada desde la ética y no desde el voto o la fuerza bruta de los países económicamente más fuertes son pasos indispensables para recordar con dignidad a las víctimas de tanto abuso presente en la historia de nuestro mundo. Solo así daremos pasos eficaces para superar el salvajismo de una civilización que mata niños en sus guerras y causa sufrimiento siempre en los sectores más débiles o más manipulables de sus sociedades.

La semana pasada recordamos las dos bombas atómicas arrojadas hace cincuenta años sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Si la guerra es de por sí una locura, la utilización de estas armas de destrucción masiva nos demuestran la deshumanización a la que pueden llegar tanto las personas como las instituciones. Ninguna de estas dos ciudades era un objetivo militar importante. Simplemente se trataba de hacer una manifestación de fuerza y de poder. Y, supuestamente, de salvar vidas norteamericanas a cambio de destruir vidas japonesas indiscriminadamente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, nadie ni nada detenía la locura de quienes deseaban manifestar su capacidad de utilizar armas inmorales. Ahí no hubo lo que ahora suelen llamar “daños colaterales”. Fue una masacre llevada a cabo fríamente contra la población civil japonesa.

Casi al mismo tiempo que se recordaba la brutalidad atómica, se estrenaba en El Salvador la película Oppenheimer. En ella hay una breve y rápida referencia a las doscientas mil víctimas mortales que causaron las dos bombas. Pero la película no se centra en las víctimas, sino en el drama personal del físico jefe del proyecto de construcción de la bomba, y su paso de ser un entusiasta tanto del arma nuclear como de su utilización, a convertirse en un enemigo de la carrera armamentista atómica y en impulsor de tratados de no proliferación de este tipo de armamento. El mundo occidental tiene sus protagonistas y casi siempre ellos despiertan más interés que las víctimas de las veleidades imperiales.

En algunos momentos de la guerra de Ucrania, el fantasma del uso de armas nucleares volvió a sonar. A pesar del desmantelamiento de una parte de los grandes arsenales nucleares, especialmente en Rusia y Estados Unidos, las ojivas nucleares se cuentan por miles. La fabricación de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los presupuestos militares de algunos países llegan a cientos de miles de millones. Si se dedicara al desarrollo solamente el diez por ciento del gasto militar anual en el mundo, el hambre, el anafalbetismo, la pobreza y algunas enfermedades endémicas desaparecerían. Pero la mayoría de los países continúa privilegiando las armas sobre el desarrollo humano.

En los países que se llaman a sí mismos civilizados, el salvajismo suele personificarse en las mafias, las maras, el terrorismo y los grupos radicales armados. En las películas y series de televisión, el salvajismo se refleja con frecuencia a través de la representación de individuos o grupos desquiciados, así como en las culturas primitivas. Sin embargo, el salvajismo está demasiado inserto en la cultura política que privilegia las armas sobre el desarrollo. Por eso mismo, aniversarios como el de Hiroshima y Nagasaki no pueden dejarse de lado, como tampoco los campos de concentración nazis o los gulags de la época soviética. “La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece”, decía en una de sus poesías Antonio Machado.

Si bien odiar al prójimo es parte y origen de salvajismo, odiar la guerra debería ser parte de un espíritu civilizatorio universal. Limitar la producción y utilización de armas, perseguir con decisión el tráfico de las mismas, buscar una gobernanza mundial estructurada desde la ética y no desde el voto o la fuerza bruta de los países económicamente más fuertes son pasos indispensables para recordar con dignidad a las víctimas de tanto abuso presente en la historia de nuestro mundo. Solo así daremos pasos eficaces para superar el salvajismo de una civilización que mata niños en sus guerras y causa sufrimiento siempre en los sectores más débiles o más manipulables de sus sociedades.

El 6 de agosto, en la catedral metropolitana, monseñor José Luis Escobar pronunció una homilía clave para señalar el camino que debe impulsar la Iglesia en el país con respecto al desarrollo social y el bien común. Al inicio de sus palabras, el arzobispo citó una frase de Ignacio Ellacuría: “Solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”. A partir de ella, construyó una homilía en la que fe cristiana, justicia social y propuesta de cambio indican los cambios fundamentales, y en su mayoría estructurales, que necesita El Salvador en el campo de la educación, la salud, las pensiones y el sistema de justicia, incluido el tema del encarcelamiento de inocentes. Cambios que también son morales y que suponen luchar contra la corrupción y abandonar “las divisiones exacerbadas por la ideologización y los partidismos que han desangrado por años este país, principalmente a los pobres”.

La homilía del arzobispo continúa la senda marcada por los profetas salvadoreños, algunos de ellos ya reconocidos como mártires por la Iglesia, como el padre Rutilio Grande y monseñor Romero. De Rutilio se recuerda siempre su homilía en la “bajada” del Salvador del Mundo, a principios de los años setenta, en la que insistió en la necesidad de que los cristianos trabajen en la transfiguración de El Salvador. Monseñor Romero brilla por su incesante clamor en favor de la justicia social, la paz y la defensa de los pobres. Estar donde está el sufrimiento humano era para él una tarea cotidiana. Otras referencias de la homilía al papa Francisco, Charles de Foucauld y Bartolomé de Las Casas enfatizaron en el compromiso cristiano de impulsar la historia hacia el Reino de Dios, Reino de verdad, vida, amor, justicia y paz.

La homilía del arzobispo ofrece un camino adecuado para corregir la graves disonancias nacionales. La fe cristiana no puede ser indiferente a la tarea de crear una sociedad fraterna a través de estructuras legales que defiendan la igual dignidad humana y los derechos de la persona. En El Salvador, todo cristiano está llamado a buscar una sociedad solidaria y equitativa, y a defender los derechos humanos básicos de la persona. Menospreciar los derechos humanos, atacar a quienes los defienden, es optar por una sociedad enemiga de la fe cristiana. Del odio a los derechos humanos a caer en actos persecutorios hay un paso muy pequeño. Y toda persona con liderazgo político o social debería tener en cuenta ese peligro.

El proceso de beatificación de cerca de cincuenta personas asesinadas en el último cuarto del siglo veinte, anunciado durante la homilía, reafirma la seriedad del compromiso cristiano. “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”, decía Jesús de Nazaret. Y los 47 mártires a los que se refirió el arzobispo dieron la vida por sus amigos los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los marginados y excluidos de los bienes básicos necesarios para el desarrollo pleno de las capacidades humanas. Reflexionar sobre la homilía del 6 de agosto es tarea importante para todo el que se considere cristiano, recuerde a los mártires con el aprecio que se merecen y desee un El Salvador pleno de solidaridad y justicia, equidad y desarrollo humano.

Su enorme popularidad personal, que es su principal y único argumento, y la envidia de algunos políticos latinoamericanos desnortados, no parece satisfacerle a Bukele. Los juicios, cada vez más críticos y más frecuentes, de la prensa extranjera seria lo perturban mucho. No puede contenerse y responde insolentemente. Tal vez no le falte razón, porque El Salvador no es solo el país donde se libra una guerra de exterminio contra las pandillas, sino también uno donde una dictadura violenta sistemáticamente los derechos fundamentales, la mentira es desvergonzada y la seguridad jurídica inexistente. Los despropósitos de Bukele son seguidos de cerca por las instituciones y la prensa internacional. El Salvador de los informes institucionales y de los reportajes periodísticos no es el del dictador.

Aun cuando insiste en su popularidad y la exitosa lucha contra las pandillas, esto no parece darle confianza para gobernar con prudencia. Lo suyo es la agitación constante para dar la impresión de avanzar. Pero esto no engaña a la crítica externa, lo cual lo frustra. Sus reacciones desproporcionadas ponen de manifiesto la inestabilidad que lo atenaza. Bukele recibe esas críticas como una conspiración para derrocarlo. Sin embargo, las bravatas no impresionan a la crítica internacional, que lo sigue de cerca y no le deja pasar una. Solo encuentran eco en los partidarios del negacionismo y las teorías conspirativas, afines a los Trump y los Bolsonaro, y enemigos jurados del papa Francisco. Pese a detentar el poder total, el dictador se siente asediado por poderosos enemigos ocultos. La inseguridad y el miedo son caldo de cultivo de fantasmas inquietantes.

Quizás esa conducta responda al deseo desenfrenado de ser reconocido universalmente como un engendro nunca antes visto. Un Alejandro Magno, un Julio César o un Carlomagno. O, más modernamente, un Mussolini o un Franco en versión salvadoreña. Hernández Martínez es demasiado local y carece del aura de las grandes figuras occidentales. Las repetidas denuncias de los despropósitos y las violaciones de la dignidad humana ensombrecen el resplandor del personaje. Los publicistas de Casa Presidencial y el cuerpo diplomático no la tienen fácil.

El obstáculo no está fuera, sino dentro. Recientemente, el dictador aconsejó paternalmente a sus seguidores no poner las manos en el fuego por nadie, es decir, no deben defender a los acusados por el régimen. Bien entendido el consejo, tampoco debieran poner sus manos en el fuego por el dictador, tal como lo hacen en la actualidad. El riesgo de sufrir quemaduras de tercer grado es muy alto. El personal de salud acumula varios meses sin recibir su salario completo. En el sistema educativo faltan los alimentos para los estudiantes empobrecidos. El sistema público de salud adolece de desabastecimiento crónico.

En esa misma línea paternalista, Bukele invitó a los colombianos a visitar y disfrutar el país que ha creado para los turistas con medios, siempre que no sean extorsionistas. En realidad, ni estos, ni cualquier otro turista tiene garantías frente al poder arbitrario y absoluto de las fuerzas militares del régimen. Una invitación igualmente embustera lanzó a las víctimas del cerco militar del departamento de Cabañas para que continuaran con normalidad sus actividades cotidianas. Es imposible desarrollar actividades con normalidad rodeado de agentes arbitrarios, desconsiderados y embrutecidos. Ellos deciden quién es criminal y quién no. Y su juicio es inapelable. Luego los acusados son presentados en “combo” como pandilleros y todos son igualmente condenados sin pruebas y sin defensa. Los avisados ya han sacado sus propias conclusiones, visto lo ocurrido en otras zonas del país.

La dictadura ni siquiera es confiable en el tema primero de su agenda. Según su retórica, la guerra contra las pandillas había concluido exitosamente. Pero ahora resulta que todavía queda entre un 20 y un 30 por ciento de “estructuras criminales”. La dictadura no solo desconocía su existencia, tampoco sabe cuántos pandilleros las integran ni dónde se esconden. En la zona rural, dicen vagamente los generales y los comandantes. Dirigir una guerra sin información rigurosa dice mucho del poco nivel profesional de los militares y los policías.

La dictadura no es creíble ni fiable. En el interior, tiene aceptación, pero en el exterior el descrédito aumenta. Su discurso se devalúa rápidamente y sus consejos no son de fiar. Las instituciones y la prensa internacional seria no son interlocutores que se alimenten con propaganda digital. En ellos no operan poderes malévolos ocultos ni ignorancia y mala voluntad, sino realidad. La dictadura tiene un elevado déficit de realidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En Guatemala, la próxima semana, el domingo 20 de agosto, se realizará la segunda ronda de la elección presidencial. El resultado es crucial para el futuro del vecino país, pues conducirá o bien a la consolidación de un Estado fallido controlado por poderes fácticos corruptos, o al inicio de un proceso de reconstrucción de la democracia y del Estado de derecho. Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, que inesperadamente obtuvo el segundo lugar en las votaciones del 25 de junio, ha puesto a temblar a los que hoy por hoy controlan el poder y las instituciones estatales. Su miedo es tan grande que han tratado de impedir, valiéndose de todos los medios posibles, la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral, en la que también competirá Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza.

Para impedir la participación de Arévalo en el balotaje, los grupos mafiosos que controlan Guatemala han utilizado al sistema judicial. Primero obligaron al Tribunal Supremo Electoral a contar nuevamente los votos, pero el recuento solo confirmó el resultado de la primera ronda. Lo que siguió fue mucho más agresivo: a través de la Fiscalía, y actuando en contra de la ley electoral que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, intentaron suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla y allanaron las sedes de esta agrupación política y del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de todo ello, y en parte gracias a la oposición ciudadana y a la atenta mirada de la comunidad internacional, no han logrado salirse con la suya: Arévalo estará en la segunda ronda electoral.

Después del intento de acabar con la corrupción y la impunidad a través de la conformación y el accionar de la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICIG, la historia guatemalteca dio un vuelco en sentido contrario. Si durante el breve período de tiempo en que funcionó la CICIG los corruptos y los criminales fueron perseguidos, como corresponde en un Estado de derecho, ahora son los corruptos y los criminales los que, por medio de la Policía, la Fiscalía y el poder judicial, atacan, persiguen y encarcelan a todos aquellos que en el pasado reciente lucharon contra el crimen y contra la impunidad tratando de restaurar el orden en su país. Lo que está ocurriendo en Guatemala es el sueño dorado de los delincuentes. Así las cosas, diversos exfiscales y luchadores contra el crimen enfrentan procesos judiciales en su contra, están presos o en el exilio.

En la segunda vuelta, los guatemaltecos no elegirán entre dos ideologías políticas distintas, ni entre dos programas de gobierno, ni entre izquierda y derecha, sino entre dos modelos de Estado: por un lado, uno controlado por criminales y, por otro, uno regido por la ley. Se trata, por tanto, de una elección crucial que marcará de forma decisiva el futuro de Guatemala, llevando al país centroamericano a sumarse de nuevo a la comunidad de naciones democráticas o a quedar bajo el control de una mafia a la que no le interesa el bienestar ni el desarrollo del pueblo guatemalteco, sino el poder y el enriquecimiento ilícito de sus miembros.

Una enorme cantidad de personas se divierten con juegos de números. El Sudoku es hoy uno de los más extendidos y publicados con frecuencia en los periódicos en sus páginas de pasatiempos. Jugar con números nos ayuda a agilizar la lógica mental, a medir la racionalidad de los precios, a hacer cálculos de ingresos o a cambiar procesos insostenibles. En ese sentido, resulta interesante jugar con los números grandes que en política suelen usarse como propaganda. Jugando con ellos, poniendo en relación un número propagandístico o establecido con fines políticos con otros que brotan de la información oficial o de la misma realidad, nos damos cuenta de su racionalidad o la irracionalidad. Un ejemplo que nos puede ayudar a reflexionar sobre lo racional o lo irracional de la política es el número de 900 acusados del mismo delito a los que se pretende juzgar simultáneamente en nuestros tribunales en virtud del régimen de excepción ya habitual.

Se pretende, así lo ha dicho un ministro, juzgar a grupos de 900 acusados en un mismo proceso. Suponiendo que se libera antes a un grupo de personas inocentes detenidas durante el alargado régimen de excepción, podemos hacer cálculos sobre 54 mil personas llevadas a juicio en grupos de 900. Necesitaríamos 60 juicios de ese estilo. La primera pregunta que surge es dónde serían las audiencias. Hasta el presente, el poder judicial no tiene ni una sala donde quepan 900 personas, más los fiscales, defensores, jueces y escribanos. ¿Se recurrirá a los estadios o a los parques? Toda una incógnita. El siguiente número interesante es el de los defensores públicos. Según la información, la gran mayoría de los detenidos son personas de bajos recursos. Pongamos que el 80% necesitaría defensores públicos, eso se traduce en un poco más de 40 mil personas. La Procuraduría General de la República, por su parte, cuenta con aproximadamente 300 defensores públicos en todo el país. Teniendo en cuenta que un juicio no es válido si el acusado no tiene un defensor público o privado, ¿podrá defender con seriedad y eficiencia cada defensor público a más de 130 acusados?

Ya de hecho esos juicios están viciados por la no observación adecuada del principio constitucional de considerar inocentes a los acusados mientras no sean vencidos en juicio. Pero ¿serán juicios válidos los que tengan en la defensa del imputado a defensores sin el tiempo adecuado para defenderlos? Hemos visto ya durante Gobiernos anteriores cómo un solo defensor atendía a más de 40 imputados en una audiencia. Simplemente firmaba como defensor de los acusados, pero no hacía nada más por ellos. Por otra parte, los jueces que presidan los juicios de 900 acusados, ¿llegarán dispuestos a exigir a los defensores que cumplan con diligencia su labor?, ¿serán capaces de acusar a defensores públicos por patrocinio infiel cuando no hagan adecuadamente su función, más allá de firmar?

Los números no mienten. Plantean problemas si se les mira con objetividad. La pobreza, la vulnerabilidad, las masacres, la incidencia de enfermedades prevenibles, el salario mínimo se miden con números. Pero cuando se habla de problemas sociales, detrás de los números siempre hay personas. Los números son fríos, las personas son siempre miembros de la comunidad humana. Con los números se puede jugar, con las personas no, aunque a los políticos les guste hacerlo. Los números hay que verlos, a las personas hay que atenderlas. Jugar con los números, interpretarlos o utilizarlos caprichosamente sin tener en cuenta la dimensión humana y los derechos de las personas, solo refleja inhumanidad y violencia. Como decíamos hace algunos años, cruel inhumanidad “venga de donde venga”. Atender son seriedad los números y sus problemas, usarlos para medir avances y retrocesos, impulsar desde ellos una sociedad mejor nos ofrecería un poco más de esperanza.