Editoriales y Opiniones

En las celebraciones patronales tanto de San Salvador como del nombre del país, el tráfico se descongestiona, la alegría y el descanso crecen, la devoción se acrecienta. La fiesta es necesaria para la salud humana; todas las sociedades celebran, incluso en medio de circunstancias difíciles o incluso trágicas. Es famosa la tregua de la Primera Guerra Mundial en la que soldados franceses y alemanes dejaron de dispararse, espontáneamente y en contra de las órdenes de sus oficiales superiores, y celebraron unidos la Navidad. Las fiestas permiten respirar en medio de las dificultades y manifestar el ansia de fraternidad y paz. Sin embargo, la realidad pronto termina imponiéndose; no es prudente desentenderse de los problemas por el afán celebratorio.

En el caso de El Salvador, los accidentes de tránsito, los ahogamientos y otras desgracias previsibles necesitan una mayor atención por parte del Estado. Es triste y contradictorio que en estas fiestas agostinas, cuando el país en general necesitaba mayor protección en carreteras, costas y lugares de diversión, se utilizaran 8 mil miembros del Ejército y la Policía para invadir y cercar un departamento. El hecho de que los casos de neumonía estén aumentando entre los adultos mayores y los niños menores de nueve años apunta a una irresponsabilidad gubernamental en el tema de la vacunación, fundamental para luchar contra dicha enfermedad. Además, la situación en las cárceles es trágica, y el sistema de seguridad y justicia no piensa más que en aumentar las detenciones y continuar con juicios que no ofrecen garantías para quienes son apresados sin pruebas fehacientes.

Las fiestas son buenas, alivian tensiones y acrecientan valores en quienes saben vivirlas serenamente. Pero del descanso y de la celebración comunitaria debe brotar un mayor sentido de responsabilidad. Si en verdad es una manifestación de hermandad entre quienes celebran valores comunes, la fiesta en honor al Divino Salvador del Mundo debe renovar nuestro sentido gregario y mejorar la fraternidad. El Salvador del Mundo nos invita a superar el sufrimiento de nuestros prójimos y a construir una familia humana en la que la justicia social, el derecho y la verdad sean patrimonio de todos. Hace más de cuatro décadas, el mártir y hoy beato Rutilio Grande predicó en catedral durante esta fiesta de la Transfiguración, en la que Jesús de Nazaret se muestra como salvador del mundo. Rutilio insistía en la necesidad de transfigurar El Salvador, haciéndolo más justo y fraterno. Esa necesidad continúa vigente. Una fiesta sin lutos es la meta a la que el país debe aspirar. Alcanzarla debe ser tarea diaria de todos.

Por José María Tojeira, S.J.

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Los juicios colectivos, en los que se acusa a un grupo amplio del mismo crimen, son propios de estados autoritarios. Las cosas se complican todavía más cuando las capturas carecen de una investigación previa adecuada y las pruebas que se presentan son circunstanciales y las mismas para muchas personas. El estado de derecho, como se conoce internacionalmente, queda seriamente limitado con este tipo de enjuiciamientos orientados a conseguir sentencias condenatorias rápidas que no cumplen con los parámetros de un juicio justo.

Enjuiciar a grupos de 900 personas simultáneamente y por el mismo delito, como se pretende en El Salvador, es la mejor manera de ser injustos. El modo de llevar estos casos nos hace retroceder en el tiempo o viajar en el espacio a lugares distantes, aunque con frecuencia los países que han juzgado masivamente a personas hayan abusado de los acusados con mucha mayor violencia que en El Salvador.

En las farsas de juicio soviéticas, aunque terminaran con frecuencia con la pena de muerte, rarísima vez se llegó a enjuiciamientos de un número tan grande como el que se pretende en el país. El secretario del partido comunista, Josef Stalin, durante la llamada gran purga que eliminó a millones de seres humanos, realizaba juicios grupales en contra de, más o menos, veinte personas. Recientemente, ya en este siglo, en Emiratos Árabes Unidos, en particular en Abu Dabi, se tuvo un juicio colectivo contra 94 personas. Al igual que en la Unión Soviética, las confesiones forzadas con tortura fueron la fuente de la condena.

La diferencia con nosotros, a parte de las condenas y la tortura previa, es que si aquellos forzaban las confesiones para considerarlas posteriormente pruebas, nuestros inventores de leyes prefieren prescindir de las pruebas. Aunque ciertamente la brutalidad de los ejemplos mencionados no existe en El Salvador, el número de personas de las que se abusa crea un precedente muy peligroso para la convivencia ciudadana. Decir que más abusaban de la gente las maras no justifica que el Estado abuse. Hay medios de control de la delincuencia más eficaces que los utilizados entre nosotros que no necesitan violar derechos humanos. Otra cosa es que los anteriores gobiernos hayan sido incapaces de controlar la violencia. Pero la incapacidad de otros para resolver problemas delictivos, no justifica que se opte por un sistema que elimina garantías judiciales básicas.

Al final no se tocan las causas de la violencia. La pobreza, la desigualdad, las debilidades del sistema escolar y de los sistemas de protección social, la larga tradición de no dar importancia a la vida de los pobres son siempre causas de violencia. La violencia se puede vencer con violencia, generalmente causando daño y dolor. Pero si no se superan las causas, la violencia surge de nuevo. En un país como el nuestro, con una larga tradición autoritaria, el autoritarismo puede prolongarse durante un tiempo largo. Pero al final acumula más enemigos que amigos, y eso le lleva a la ruina. Lo mejor es siempre emprender el camino del fortalecimiento democrático de las instituciones y de la justicia social. Otros caminos terminan siempre en el lado oscuro de la historia.

“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, advirtieron los expertos.

Asimismo, recalcaron que las personas aprehendidas en “esta red de arrastre del Gobierno” salvadoreño deben tener garantizado el goce de sus derechos el respaldo que el gobierno presta al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de pertenecer a pandillas, abogaron por el respeto a las garantías fundamentales estipuladas en las leyes internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso de todos los detenidos.

La alta popularidad de Bukele, en algunos países latinoamericanos superior a la del papa, no es absoluta. Aparentemente, en el país, las mayorías aceptan de buen grado su dictadura. Sin embargo, esa popularidad debe ser matizada. En primer lugar, el asentimiento popular se concentra en la figura del dictador. Los diputados, los alcaldes y la cúpula del Ejecutivo son muy poco apreciados por la opinión pública, según las encuestas. En las elecciones internas del partido oficial, los candidatos a diputados que repiten han recibido un respaldo muy inferior al de la primera vez. En su descargo, cabe señalar que el desempeño eficiente y brillante es incompatible con la dictadura. Dicho esto, debe agregarse también que entre ellos militan muchos oportunistas, que se apuntan para vivir del Estado sin trabajar.

Así lo confirma la opinión pública, que piensa que los políticos son corruptos, aprecia poco su actividad y desprecia su credibilidad. En cuatro años, la dictadura no ha podido corregir esa opinión. Su persistencia confirma la especie de quienes sostienen que la reducción de los municipios obedece a razones electorales. En efecto, el oficialismo ha disminuido los 262 municipios a 44 para reducir las posibilidades de pérdidas en el nivel municipal. De hecho, cualquier candidato a alcalde tiene más aceptación que el de la dictadura.

Paradójicamente, esta ha adormecido a sus bases. El que la candidatura de Bukele no haya superado el diez por ciento en sus elecciones internas expresa la confianza total de aquellas, pero también su desinterés ante lo que perciben como un hecho consumado. La popularidad no se traduce automáticamente en votos. En cambio, los excluidos de las listas electorales del oficialismo no aceptan resignadamente su suerte. Descontentos, se empeñan en desacreditar e insultar a los favoritos. La reducción de los diputados y los alcaldes no solo disminuye las oportunidades de la oposición, sino también las de los que se lucran del oficialismo. La lealtad no es ilimitada. Se mueve por intereses que si no son satisfechos, se revuelven contra el objeto de su devoción.

La relación de la dictadura con las mayorías que la aprueban y la justifican tampoco es lineal. La valoran muy positivamente, pero no pueden identificar qué beneficios les procura, aparte de la seguridad. Sí saben que sus ingresos no aumentan mientras la canasta básica sube y que no encuentran empleo. Solo un poco más de la tercera parte de la población está satisfecha con su situación económica. La estadística de la pobreza es elocuente. Aproximadamente, la tercera parte es pobre. Más de medio millón vive en la pobreza extrema, es decir, no puede adquirir la canasta básica. Una canasta que ni siquiera contiene la cantidad de calorías necesarias, ni los productos más adecuados. Es la canasta más miserable de la región. La mayoría de estas familias solo come dos veces al día y su dieta es maíz, frutas, hierbas, flores y, a veces, frijoles. La carne y los lácteos no están a su alcance.

El 24/7 presidencial tampoco ha conseguido reducir la pobreza. La seguridad no incluye el derecho y la justicia. La disminución de la pobreza no figura en la agenda presidencial. Los hechos son incuestionables. Ahora son más los que están por debajo de la línea de la pobreza y los que inexorablemente son empujados hacia ella. La dictadura es desagradecida con las mayorías a las cuales debe la popularidad que la legitima. En su defensa se debe añadir que desconocen qué es el Estado de derecho. Nunca lo han experimentado, siempre sometidas a diferentes dictaduras.

Arena introdujo el capitalismo neoliberal para modernizar la economía, es decir, para revalorizar el capital. El FMLN, pese a su identidad revolucionaria, ni siquiera intentó paliar los efectos más nefastos del modelo económico impuesto por su enemigo más odiado. Y el enemigo más recalcitrante de los dos habla mucho de grandes cambios, pero mantiene intacta esa estructura socioeconómica. En lugar de una política orientada a reducir la desigualdad y la pobreza, la dictadura cultiva el rencor a los explotadores y los opresores del pasado, mientras recorre impasible el camino abierto y transitado por ellos.

No busca una sociedad más igualitaria y justa, sino la revancha contra los enemigos políticos que le facilitaron llegar al poder. En realidad, es un recurso para disimular que el clan presidencial y sus allegados son igualmente explotadores y opresores. La dictadura no promueve la convivencia pacífica, sino el conflicto social. No fomenta la solidaridad, sino el egoísmo exacerbado. No gobierna para el bien de las mayorías, que con su asentimiento la justifican y suscitan la admiración de ingenuos y necios, sino para unos cuantos favoritos. Tampoco contempla una sociedad bien avenida, sino el conflicto como fundamento de su poder y el conflicto victorioso como su forma de gobernar.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En las últimas semanas han aparecido con frecuencia noticias que nos hablan de la posibilidad de que el hambre aumente en el mundo y en El Salvador. El recrudecimiento de la guerra en Ucrania, el calentamiento global, el fenómeno de El Niño en nuestras costas son amenazas permanentes y crean tendencia a la escasez de granos básicos. Ya en 2021 la FAO invitaba a El Salvador a realizar intervenciones adecuadamente planificadas y programadas para iniciar un proceso que contribuyera a erradicar totalmente el hambre y la malnutrición. Una investigación reciente del Programa Mundial de Alimentos afirma que uno de cada seis niños salvadoreños sufre desnutrición crónica, que 4 de cada 10 que padecen desnutrición no terminan la escuela primaria y que 8 de cada 10 no concluyen la escuela secundaria. En la actualidad, las gremiales de maestros se han quejado de los atrasos en la entrega de alimentación en las escuelas. El frijol, uno de nuestros alimentos básicos, mantiene desde hace tiempo un precio alto. El trigo seguirá encareciéndose y las cosechas de maíz se perderán parcialmente este año a causa de El Niño.

El hambre es injusta. Y el hambre de los niños es realmente un crimen, sobre todo cuando en realidad no se puede hablar de hambre a causa de la ausencia de alimentos. A pesar de los precios y la carestía, el mundo produce suficientes alimentos como para que nadie pase hambre. La FAO nos dice que entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia. Y esa misma agencia de la ONU afirma que en América Latina y el Caribe cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles. Todo ello a pesar de que 47 millones de sus habitantes padecen hambre en la actualidad. Con estos datos es imposible pensar que en El Salvador no se desperdician o tiran alimentos. Si algo se puede y debe hacer ya en la lucha contra la pobreza es conseguir que nadie pase hambre en nuestro país. Las Iglesias y la sociedad civil contribuyen de un modo importante a paliar el problema del hambre, aunque el esfuerzo sea insuficiente. Sin una decisión clara de lucha contra el hambre y la pobreza a nivel gubernamental, seguiremos teniendo serias rémoras en nuestro desarrollo, tanto humano como económico. El alimento en las escuelas es una medida básica en este esfuerzo, lo mismo que la pensión no contributiva que se le da aproximadamente a un 5% de las personas mayores de 70 años. Manejar mal estos programas, bajando los niveles de alimentación escolar o dando la pensión con atrasos o incluso interrumpiéndola temporalmente, agrava la situación. Pero además de estos programas, debe pensarse en nuevas formas de transferencia de recursos y de impulso al trabajo productivo para vencer definitivamente el hambre.

Conformarnos con el hambre y con la pobreza ajena o considerar ambos problemas como una realidad secundaria nos transforma en personas de baja calidad humana. Y desde el punto de vista religioso, la inacción frente al hambre nos convierte en traidores no solamente al espíritu cristiano, sino al espíritu solidario de todas las religiones. Hacer pasar hambre intencionalmente a otras personas, aunque hayan cometido delitos, es igualarse a ellos cometiendo una forma de tortura. Despreocuparse del hambre ajena es convertirse en cómplices de una de las injusticias más graves, especialmente en un mundo que produce los alimentos suficientes para nutrir adecuadamente a toda la humanidad. La fe cristiana pone el alimentar al hambriento como un camino claro hacia la plenitud del Reino de Dios. En nuestra patria, no alcanzaremos nunca la decencia política, ni la empresarial, ni la social hasta que no venzamos el hambre y la pobreza.

El capitalismo neoliberal ha corrompido a la sociedad salvadoreña desde dentro y la ha malogrado. Continuamente suscita nuevos apetitos, símbolos e ideales de felicidad y plenitud. Alimenta falsas necesidades y deseos para aumentar su tasa de rentabilidad y el volumen de la acumulación de unos pocos. Al final, esa dinámica de enriquecimiento y acumulación de unos cuantos a costa de los muchos ha creado en la conciencia colectiva un individualismo soberbio e indiferente, que corroe y destruye lentamente a la sociedad.

El individualismo suscita el deseo soberbio de autonomía absoluta y la indiferencia hacia los demás. La seguridad individual se ha impuesto como el valor más apreciado, aun cuando para ello la dictadura retenga en sus cárceles a una cantidad desconocida de inocentes junto con pandilleros, ninguno procesado debidamente conforme al derecho y todos recluidos en condiciones desalmadas. Contrario a la creencia mayoritaria, esa seguridad no hace más libre a los individuos. En su soberbia, estos se dicen a sí mismos que para ser libres y felices no necesitan de los demás, a veces ni siquiera de Dios. Están convencidos de que alcanzarán sus metas, su libertad y su felicidad con su propio esfuerzo o emprendimiento. Ese deseo arrebata con tal furor que somete a los otros al interés egoísta, considera la creación como un recurso explotable hasta el agotamiento y a Dios como un ser superfluo. Puede que lo confiesen con los labios, pero su práctica es impía. En su enajenación, ese individualismo endurece el corazón. Esta forma de enfrentar la vida ha desarticulado las relaciones familiares, comunitarias y sociales, y es contraria al bien general.

El individualismo desbocado engendra lo que el papa Francisco denuncia como la cultura del descarte. Una cultura que dispone sistemáticamente de una porción significativa de la sociedad. Los descartados son tratados como basura por las clases poderosas, para las cuales no tienen valor ni merecen consideración. La cultura del descarte engendra la humillación persistente de sectores sociales cada vez más amplios, a los cuales se les niega institucionalmente su dignidad. Ello genera resentimiento contra quienes son percibidos deleitándose en esa humillación. El resentimiento transforma la humillación en ira y deseo de venganza, en odio visceral al privilegiado.

Aquí se encuentra el principio de las pandillas. El capitalismo neoliberal descartó a varias generaciones de jóvenes. Les negó oportunidades mientras revalorizaba el capital de quienes ya eran ricos. La humillación y el resentimiento, la cólera y la violencia fueron la consecuencia lógica. Pero el empeño en el odio y la venganza contra aquellos que consideraban privilegiados no proporcionaron a los pandilleros el bienestar, el respeto y la plenitud deseados. El ejercicio del poder total sobre las vidas y las posesiones de los demás era placentero, pero fugaz y desolador. La furia y la crueldad de los pandilleros contra quienes no pertenecían a la propia mara, frecuentemente personas tan descartadas como ellos, los destruyeron al mismo tiempo que destruían a los otros.

La sociedad pospandillas de Bukele comete el mismo error. La dictadura descarta a una porción significativa de la población para demostrar la eficacia de su “guerra contra las pandillas”, mientras enriquece a un nuevo grupo de privilegiados. Ha transformado las prisiones en un inmenso basurero, donde dispone de aquellos a quienes desestima como desechos. Las cárceles son vertederos donde se descompone la humanidad de miles de inocentes y la que queda en los pandilleros. La seguridad que descansa en el descarte de más del uno por ciento de la población total, arrumbada en las cárceles de la dictadura, la tasa más alta del mundo y el doble de la de Estados Unidos, una de las más elevadas, es ficticia.

El método de Bukele, tan aplaudido por un amplio sector nacional y envidiado por algunos círculos extranjeros, es doblemente discriminatorio. Por un lado, descarta a los pandilleros y a una abultada cantidad desconocida de empobrecidos y vulnerables, en una palabra, de desafortunados, que incluye a líderes sindicales y comunitarios independientes, y a discapacitados. Pero por otro, los funcionarios y los contratistas corruptos, los contrabandistas, los narcotraficantes y los lavadores de dinero atesoran fortunas impunemente, amparados por el clan presidencial.

En continuidad con el neoliberalismo de Arena, la dictadura promete satisfacer los deseos de abundancia, tranquilidad y prosperidad de la gente. En la práctica, consolida el individualismo feroz y la indiferencia neoliberal de las décadas anteriores. El resultado es muy similar. Más exclusión, nuevas humillaciones y más resentimientos, y odios y deseos de venganza más enconados. La dictadura familiar tiende a la continuidad, apoyada en el egoísmo implacable y la indiferencia ante la suerte de los demás, en el embrutecimiento y la deshumanización.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

Tanto se estima el éxito, la comodidad, el lujo y las ventajas del bienestar que se olvidan o relegan valores más importantes como la verdad, la honestidad y la justicia, indispensables para un desarrollo social armónico y solidario. Lo común es que los liderazgos sean los más exentos de valores, aunque se refieran a ellos con frecuencia. Se privilegia la opinión del poder mientras se dificulta e incluso persigue el desarrollo de la conciencia crítica, como si la opinión de los fuertes —generalmente lo más manipulador y voluble del pensamiento humano— fuera el material más sólido para construir convivencia. La posibilidad del manejo de la opinión a través de los medios modernos de comunicación es enorme. Poner tanto los anhelos como los resentimientos individuales al servicio de intereses turbios es hoy más fácil que nunca. El individualismo consumista y narcisista se pliega rápido a la perspectiva del éxito y olvida con facilidad las responsabilidades sociales básicas del ser humano.

Lo que parece una prédica pesimista tiene su correlato en la dinámica de El Salvador. A la mayoría de la gente que accede a la educación universitaria no le importa que solamente el 10% de los jóvenes tengan la misma oportunidad. Quienes conforman el 20% de la población que vive con una comodidad semejante a la del Primer Mundo no se sienten mayormente afectados por el hecho de que un 30% de la población está en situación de pobreza. Lo normal desde el privilegio y la comodidad es dejar para el mañana el arreglo de las penas y angustia ajenas, pensando ingenuamente que a otros les corresponde arreglar el problema. Echar la culpa al Gobierno de turno es fácil para todos, en especial cuando se piensa que arreglar los problemas es siempre responsabilidad de alguien más.

El que está acostumbrado al dinero y al éxito los seguirán buscando por encima del servicio y del trabajo solidario y transformador de sistemas y estructuras injustas. Transformar la sociedad no es fácil. El odio cayó en abundancia sobre quienes querían la paz en tiempo de guerra, así como se persiguió y asesinó a los que clamaban por justicia social ante las prácticas de explotación y depredación de la fuerza de trabajo. Denunciar la corrupción y el abuso de los liderazgos políticos y sociales siempre será un riesgo. Decir que los ricos tienen mayor responsabilidad en las desgracias que sufre el país pone en alerta y casi en pie de guerra a quienes tienen riqueza y poder.

El desarrollo del país no avanzará si se opta por vías injustas y carentes de valores. El derroche, el abuso ambicioso de poderosos y ricos, la corrupción y el egoísmo individualista explican que un 30% de la población esté en pobreza y que un grupo un poco más grande sufra serias carencias que generan vulnerabilidad económica y angustia familiar. Se podrá decir que las miserias actuales son fruto del pasado. Es cierto. Pero también lo es que hoy hay matonería estatal, acoso al pensamiento crítico, fuerte resistencia de las élites a una reforma fiscal progresiva, olvido de las necesidades de los pobres, corrupción y ausencia de generosidad. Todo ello acompañado de una propaganda oficial abundante, permanente y llena de falsedades. El futuro fraterno y más igualitario que deseamos solo se podrá construir abandonando el afán de lucro, injusticia y mentira. Si no se supera la actual crisis de valores, si la solidaridad sigue siendo una palabra desconocida en la vida social y política, El Salvador continuará siendo el mismo viejo El Salvador de siempre, ese que rompe esperanzas y obliga a huir.

Rodolfo Cardenal

Participar en elecciones democráticas incluye la posibilidad de no ganar. Si los candidatos no contemplan esa posibilidad y arreglan las elecciones para no perder, estas son innecesarias. En estos casos, además, los disimulos de libertad y limpieza no convencen. Si el oficialismo de Bukele no corre el riesgo de perder, no es democrático, aun cuando organice elecciones (una ficción que cuesta millones de dólares a un Estado en crisis financiera permanente). No tiene, pues, argumentos para molestarse por los señalamientos de la comunidad internacional.

La posibilidad de sufrir una derrota en las urnas es un elemento fundamental del sistema democrático. El riesgo implica permitir a la opinión pública ventilar sus valoraciones y repudios. La popularidad presidencial de las encuestas no basta. Tampoco el aplauso de las redes digitales. El respeto a la voluntad de la gente obliga a observar rigurosamente las normas establecidas y, por tanto, expone a la derrota.

El buen gobernante está genuinamente interesado en escuchar directamente la opinión de los gobernados, sin intermediarios que la filtren ni barreras y tarimas que lo alejen del sentir popular. El gobernante sensato se aproxima a aquellos para quienes gobierna y aprende de ellos. La cercanía proporciona un sentido de la realidad imposible de experimentar desde los opulentos salones de Casa Presidencial. La proximidad expone a las críticas, los reclamos airados y también a los insultos. Inevitablemente, si el gobernante se pone a tiro, oye cosas desagradables, pero verdaderas. Si obvia el sentir y el pensar de la gente, no gobierna para ella.

La cercanía es un revulsivo eficaz para las tentaciones del poder, cuya fuerza seductora, casi erótica, solo los más auténticos y comprometidos resisten. Dejarse arrastrar por ella no legitima al gobernante, aun cuando haya llegado al poder en las urnas. Los gobernantes libres y entregados a la ciudadanía gobiernan para su bienestar. El poder bien empleado se ocupa diligentemente de la satisfacción universal y de calidad de las necesidades básicas de la gente, y persigue sin cuartel a los oportunistas y los corruptos, sus enemigos más perniciosos. El juicio definitivo sobre la calidad del servicio de los funcionarios públicos corresponde a la voluntad popular libremente expresada, no al gobernante iluminado de la monarquía absoluta o del despotismo ilustrado.

Desde la perspectiva del bien general, adueñarse del poder presidencial es secundario. Lo primero y lo más importante es gobernar para la gente, en especial, para la más vulnerable y empobrecida. Cuando ese servicio no satisface las expectativas populares, existe la posibilidad real de perder las elecciones. Aferrarse al poder con ilegalidades y fraudes es convertirlo en la finalidad única. Entonces, la dictadura es una realidad insoslayable. Se puede disfrazar de bondad, pero siempre es perversidad. Es la gran tentación de quienes ejercen poder.

Ciertamente, los Bukele tienen más probabilidades de triunfar en las urnas que la oposición política partidaria, porque disponen de unos recursos y de unas oportunidades únicas. Más todavía cuando a esa oposición la divide la ambición de poder. En eso no es diferente al dictador obsesionado con la dominación opresora. No obstante, siempre existe la posibilidad de derrotarlo. La fuerza de la oposición es el malestar popular, no las candidaturas presidenciales, en gran medida irrelevantes. Una de sus mayores debilidades es que ella tampoco se ha aproximado a la gente, ha asumido sus causas y ha hecho política para ella. Si no renuncia al narcisismo y se vuelca a los descartados por el capitalismo neoliberal y la dictadura, sus posibilidades son prácticamente nulas.

El creciente descontento popular tiene un potencial movilizador mucho más fuerte que la oposición partidaria tradicional. Cada vez más sectores manifiestan públicamente su descontento con los desaciertos del oficialismo. En este sentido, las bases del partido han sido las últimas en expresar su enojo ante las manipulaciones del clan de los Bukele, que les han impuesto los candidatos para las elecciones. Estas voces son cada vez más, menos temerosas y más claras. Los ingresos exiguos, el desempleo, el hambre y el abandono aprietan con fuerza creciente.

Aparentemente, Casa Presidencial tiene mala conciencia. La inscripción de Bukele y su adlátere para la reelección inconstitucional ha sido poco triunfalista, casi vergonzante, sin baño de correligionarios, luces de colores, pólvora y música. El aumento del descontento no pasa desapercibido para Casa Presidencial, que se afana para ocultar cómo la gente se aleja de Bukele. Sus producciones escénicas, como la primera piedra del Hospital Rosales o la inauguración de los juegos regionales, lo elevan, pero también lo alejan. Único y radiante, pero insensible e ineficaz. Cuando el espectáculo y las redes digitales ya no convenzan, solo quedará extender todavía más las capturas por “asociaciones ilícitas”, esto es, por no entregarse a la voluntad de los Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En muchas personas permanece el recuerdo de las viejas utopías que pregonaban la igualdad y la convivencia en justicia y paz, no de las utopías que se establecían como absolutos y que podían convertirse en dueños de vida o muerte de las personas, según fueran o no fieles a su pensamiento. Hay en el país y en muchas personas una verdadera nostalgia de la política como camino realista hacia el bien común. Un bien común que solo puede establecerse desde la opción por los más pobres y desprotegidos de nuestra población. En la actualidad, cuando la política se ha convertido en el arte de la apariencia y de la fascinación mediática, o cuando la oposición se centra casi exclusivamente en la crítica del poder sin tener claro el tipo de sociedad que necesitamos, la gente añora a personas como Mons. Romero o al P. Ellacuría. Romero como padre de los pobres y defensor incansable y radical de sus derechos, y Ellacuría como el que nos ayudaba a vislumbrar una sociedad en la que el trabajo, no el capital, fuera la base de la estructuración social. Un trabajo, decía, que fuera al mismo tiempo creador de riqueza y fuente de autorrealización personal, capaz de satisfacer las necesidades humanas y contribuir al desarrollo social de todos.

Las urgencias políticas son siempre malas consejeras y llevan a repetir los errores del pasado. Tener claridad en lo que se quiere a largo plazo es lo único que contribuye a que los cambios sociales sean duraderos. Podemos ser hábiles en la crítica, en las tácticas o estrategias de discusión y debate, pero con demasiada frecuencia somos imprecisos y perezosos para pensar el futuro. Algo así como si creyéramos que basta con conseguir el poder político para arreglar después todo. Ha sido ese el error del pasado y el que ha llevado a nuevas generaciones a creer que pueden controlar el poder político desde el odio a un pasado deficiente, desde la creación de futuros virtuales y desde soluciones temporales a problemas graves, mezcladas con espectáculo, arbitrariedad y abuso.

Frente a esto es indispensable tener claro el tipo de sociedad que queremos. La política es un instrumento para el bien común. Pero el bien común hay que diseñarlo desde las necesidades concretas de la gente. Nuestros trabajadores informales no deben vivir en la pobreza o con miedo a no tener recursos para comer o para mantener una familia. Las mujeres dedicadas al cuido del hogar deben vivir en una sociedad que sea igual de buena para ellas que para las o los gerentes de un banco. Los niños del campo y de las zonas marginales deben tener el mismo acceso a una educación de calidad que la que tienen los que viven en los nuevos y caros apartamentos de edificios de lujo. El camionero y el cobrador de buses tienen derecho a las mismas prestaciones sociales que un médico; y los recogedores de basura de las municipalidades deben tener el mismo acceso al bienestar y los mismos beneficios laborales que los alcaldes.

Si no construimos una sociedad mucho más igualitaria que la actual, los problemas continuarán variando coyunturalmente, pero partirán siempre de las mismas raíces. Tener un proyecto político y de desarrollo social factible y solidario debe ser pensado antes de acceder al poder. Y no pensado en general, sino en concreto desde el campo del salario, de la seguridad social, del trabajo, de la educación y de los derechos paritarios de la mujer. La nostalgia política puede ser que no lleve muy lejos, pero al menos nos recuerda que otro El Salvador es posible y que solamente teniendo proyectos políticos y de desarrollo social claros podremos construir un futuro mejor.

Los más recientes señalamientos contra la UCA por apoyar el diálogo democrático entre diversos sectores de la sociedad civil, se inscriben en una campaña sostenida de ataques y desprestigio que el oficialismo y sus seguidores mantienen porque la UCA sigue siendo fiel a su tradición de ser conciencia crítica y creadora de la realidad. El objetivo es claro, silenciar o hacer a un lado a la universidad, que es también parte de una estrategia más amplia para eliminar a las voces críticas del cuento gubernamental. Aunque los métodos y los actores cambien, es sorprendente como la represión y persecución de los que detentan el poder se reedita en la historia. Durante la guerra civil, en los años ochenta, la UCA fue blanco de una campaña permanente de parte de quienes, cegados por sus intereses, ambiciones e ideologías, fueron incapaces de un diálogo racional y se cerraron a los aportes de la academia. Por parte de los sectores gubernamentales, la UCA fue señalada como agente de comunismo internacional, como formadora de subversivos, sus instalaciones fueron objeto de atentados con bombas, sus miembros perseguidos, encarcelados o asesinados. Por parte de los sectores insurgentes, la universidad fue señalada como reformista y reaccionaria porque sus análisis intentaban ser objetivos y nunca complacientes con uno y otro bando. El final de la permanente campaña ya lo conocemos. ¿Por qué asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y a dos mujeres en 1989? Porque quienes decidieron esa acción estaban convencidos de que la UCA y sus dirigentes eran la vanguardia de la insurgencia y, asesinándolos a ellos, se acababa el problema. Pero se equivocaron o mintieron. Cuando el odio mueve al ser humano, la razón languidece. Mintieron porque ninguna de las acusaciones era verdadera. Pensar críticamente, dialogar con actores sociales de diversa índole, conversar con los protagonistas de la guerra, compartir visiones de la realidad, era visto, por los que estaban comprometidos con la guerra, como una afrenta a sus intereses. Se equivocaron porque con su magnicidio, comenzó la recta final para lograr la paz al demostrarse la inhumanidad de una guerra y el grado de ignominia alcanzado. La historia se ha encargado de poner a cada actor de aquella época en su justo lugar.

El paralelismo entre los ataques a la UCA en la actualidad con los de la guerra es evidente. De nuevo, desde el poder, se apunta el dedo acusador a la universidad como la aglutinadora, organizadora y hasta financiadora de la oposición, Falsedades formuladas, en su mayoría, por troles que se esconden en el anonimato de las redes sociales, por funcionarios cobijados con la impunidad o por personajes con una marcada trayectoria delincuencial que ahora pregonan ser parte de la nueva forma de hacer política. Una vez más mienten y calumnian, y lo saben. Quizá esperan que haciendo a un lado a la UCA la población organizada se desmovilizará como pensaron los que mandaron a matar a los jesuitas. Esta es la razón de fondo de la campaña permanente de mentiras contra la universidad. Y no se trata de victimizar a la UCA porque, la de antes y la de hoy, dirigida por seres humanos, es susceptible de cometer errores. La cuestión es que los señalamientos que se le hacen, antes y ahora, son falsos y el objetivo que se busca -silenciarla- es el mismo que en 1989. Sin embargo, el método es distinto, porque a fuerza de troles y redes sociales se quiere minar la credibilidad de la universidad y hacer creer que la UCA de hoy ya no es la misma que la de antes. Mienten, porque precisamente lo que les molesta es que la UCA siga siendo la misma, crítica, independiente de los poderes para llamarle negro al negro y blanco al blanco. Los mismos que hoy reivindican a Ellacuría o a monseñor Romero con las manos manchadas hacen exactamente lo mismo que sus antecesores en la política de los ochenta. Que distintos sectores sociales se hayan organizado para ayudar al país no es responsabilidad de la UCA, es más bien una respuesta a la crítica situación que vive el país. No hay que ser prestidigitador para darse cuenta que la situación económica, especialmente la fiscal y la familiar, es mala. Los verdaderos enemigos de la presente administración son los resultados de su misma gestión y es en lo que debían reparar. Una elección no se gana manoseando las reglas a conveniencia de quien tiene más poder. Los enemigos a combatir son el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la baja creación de empleos, las pensiones indignas, los casos de corrupción en las altas esferas del gobierno, las violaciones a los derechos humanos, la falta de medicinas en los hospitales, el desprecio a las fuentes de trabajo de los más humildes, la prepotencia de funcionarios que entienden el poder como arma para humillar a los demás. No se puede seguir señalando a otros porque quieren ayudar a mejorar el país sin mirar los problemas que agobian la vida de la gente. Podrán silenciar a la UCA manipulando el aparato del Estado, pero los graves problemas que afectan la vida de la gente seguirán ahí, que es el problema de fondo. Una vez más, están apuntando mal.

Uno de los problemas más graves de la sociedad salvadoreña es la pobreza, que en sus distintas manifestaciones afecta a una importante parte de la población. Si bien es cierto que las personas en situación de pobreza monetaria han disminuido a más de la mitad desde 1990, su número sigue siendo muy elevado. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2022, la pobreza monetaria alcanza al 26.7% de los hogares salvadoreños, es decir, más de medio millón de hogares. Ello muestra la disfuncionalidad de nuestra sociedad y su incapacidad de proveer una vida digna a todos sus miembros.

En los últimos tres años se ha observado un crecimiento de la población en situación de pobreza. La misma encuesta muestra que la pobreza extrema pasó a afectar en 2022 al 8.6% de los hogares, cuando en 2019 tocaba al 4.5%; en otras palabras, se ha duplicado el número de personas en condición de pobreza extrema. También la pobreza monetaria se ha incrementado en ese mismo período, golpeando a más de una cuarta parte de los hogares del país, con un crecimiento del 3.9% en los últimos tres años. La más afectada es la población rural, con el 30% de sus hogares viviendo en pobreza (frente al 25% del área urbana).

En este tema, aparte de los números, hay un elemento clave a considerar: los pobres siempre pierden. Ellos son los que más han sufrido la violencia criminal de las pandillas y los que más están sufriendo los abusos de las fuerzas de seguridad. La mayoría de las personas detenidas y privadas de libertad de forma arbitraria son habitantes de las zonas urbanas marginadas y de las zonas rurales siempre abandonadas. Durante el conflicto armado, los pobres, en especial los del campo, donde operaba la guerrilla, fueron objeto de la más cruel represión por parte de los cuerpos de seguridad. Fueron pobres los que tuvieron que refugiarse en Honduras por casi una década para proteger y salvar sus vidas.

Son en su gran mayoría pobres los desplazados, los obligados a abandonar sus ventas en los centros de las ciudades, los que viajan hacinados en los buses, los que no reciben una educación de calidad en las escuelas públicas, los que hacen fila por largas horas en los centros de salud y hospitales, los migrantes indocumentados, los que trabajan la tierra para producir los alimentos que el país consume o el azúcar y el café de exportación. Son los pobres los más desprotegidos de siempre, los que deben ganarse la vida en la rebusca, los que nunca tendrán derecho a una pensión ni a servicios públicos de calidad. Son también los pobres los que más contribuyen a sostener la maltrecha economía nacional a través de las remesas, que superan con creces las exportaciones de bienes y servicios.

Ante esta realidad, no se puede permanecer indiferente ni callado. La pobreza no es una condena, pero su superación requiere la eliminación de toda barrera que impida o dificulte el desarrollo personal y social. Para los cristianos, la solidaridad con los pobres es una exigencia de la fe, que invita a todas las personas a trabajar por la eliminación de la pobreza y por la promoción de la justicia social. Para los países que han suscrito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un compromiso trabajar por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en el mundo. En El Salvador, la pobreza y la desigualdad son estructurales, son parte de la forma en que se ha organizado social y económicamente el país. Sin cambios en esa estructura que genera exclusión, sin una redistribución de la riqueza que está acaparada en muy pocas manos, sin un plan de gobierno que busque realmente la igualdad de oportunidades, no será posible reducir la pobreza ni en los siete años que quedan para el 2030, ni nunca.