Editoriales y Opiniones

La semana pasada se publicaron los resultados de dos encuestas en las que, entre otros temas, se consultó a los ciudadanos sobre su valoración del cuarto año de gestión del actual Gobierno. Ambas, la del Iudop y la de Fundaungo, coinciden en dos aspectos importantes: la alta popularidad del presidente y la mayoritaria preocupación por la economía. Más allá de los errores que haya cometido, la gestión de la pandemia y la práctica anulación de la actividad de las pandillas pesan positivamente en favor del Gobierno. La preocupación por la economía, una constante en todas las encuestas desde hace años, solamente sobrepasada en ocasiones por el problema de la violencia, no parece afectar al ejercicio político del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Esto hace pensar que difícilmente habrá después de las elecciones un escenario político diferente al actual, aunque sí más cuestionado en cuanto a la legalidad del poder.

Sin embargo, falta todavía más de medio año para las elecciones, con una serie de cambios en el esquema político de inciertos efectos en la opinión pública. Las encuestas reflejan que son las alcaldías, dominadas mayoritariamente por el partido cyan, las que más inconformidad generan. El propio presidente dio unas declaraciones ampliamente negativas contra la mayoría de los alcaldes y sus cabildos. Según la encuesta de Fundaungo, un 49% de la población valora como mala o muy mala la gestión municipal. Frente a ello, Nuevas Ideas está presentando a algunos de sus diputados como candidatos a alcaldes. La reducción del número de alcaldías, aunque en algunos lugares necesaria, parece obedecer al fracaso en la gestión edilicia de Nuevas Ideas. La reestructuración municipal, al disolver la importancia de los liderazgos muy locales, favorecerá sin duda a quienes mayor peso tienen en estos momentos en las estructuras nacionales.

Ante este panorama, llama la atención que el mayor esfuerzo de los partidos de oposición esté dirigido a lograr una candidatura presidencial competitiva. Desde una lectura de los resultados de las encuestas, lo lógico sería trabajar con mayor intensidad allí donde el poder establecido está más débil: el territorio municipal. En el mediano y largo plazo, el triunfo en varias alcaldías podría tener para la oposición un mayor efecto en el juego democrático que una derrota amplia en las elecciones presidenciales. Sin embargo, según parece, la idea de que la Presidencia de la República es más importante que toda consideración práctica y que cualquier necesidad ciudadana sigue enquistada muy profundamente en la clase política. Abandonar el trabajo de base y olvidar las inquietudes y necesidades más primarias de las personas en el territorio no suele llevar muy lejos, ni a los triunfadores ni a los perdedores.

Está socialmente aceptado que la seguridad actual justifica encerrar a criminales e inocentes, a líderes comunitarios y sindicales y, en general, a cualquier que se le antoje a los agentes de Bukele. Quienes sostienen esa opinión están convencidos de que un fin tan satisfactorio justifica los medios utilizados, esto es, la violación sistemática de los derechos constitucionales y humanos. En la práctica, ese principio es invocado para evadir el derecho y la ética con el pretexto de alcanzar un fin bueno. Sin embargo, sus defensores asumen que si el fin es lícito, también los medios. Es así como el éxito de la receta de Bukele para implantar la seguridad ciudadana se ha convertido en una práctica aplaudida y admirada.

Maquiavelo lo formuló lúcidamente hace más de cuatro siglos. El príncipe debe conservar el poder sin reparar en los medios, porque estos “siempre serán honorables y loados por todos”, dado que “el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito”. Más aún en el caso del príncipe, “donde no hay apelación posible”. Los resultados se imponen por sí mismos, sin prestar atención a los medios. De esa tesis, Maquiavelo deriva las siguientes pautas de conducta para el príncipe: velar únicamente por sus intereses, engrandecerse solo a sí mismo, hacer el mal y fingir hacer el bien, codiciar y apropiarse de todo lo que pueda, actuar miserable y brutalmente, gozar del presente, eliminar a los enemigos y, si es necesario, también a los amigos, usar la fuerza con los demás y pensar exclusivamente en la guerra. Mejor ser temido que amado.

Es irrelevante, pues, cómo el príncipe materialice sus deseos, siempre y cuando los consiga. El éxito justifica siempre los medios utilizados, aun cuando estos sean perversos. Sin embargo, violentar la institucionalidad democrática y la moral pública para alcanzar un objetivo, incluso bueno, no es más que una excusa para valerse de cualquier mecanismo, sin reparar en la ilegalidad, la inmoralidad y la repugnancia. El príncipe es, por tanto, un gobernante que se mueve al margen de la legislación y la ética. De hecho, se coloca por encima de ellas. La ambición de poder y riquezas lo hacen necesariamente injusto e inmoral.

Pese a las apariencias, esta forma de gobernar tiene desventajas. Los medios utilizados determinan la naturaleza del fin alcanzado. La excepcionalidad es irrelevante si la acción está viciada por la brutalidad, el encarnizamiento y el engaño. Esta manera de actuar revela la identidad del líder o del presidente. Estos son capaces de cualquier cosa con tal de preservar intacto su poder. El segundo agravante es que la manera de desenvolverse compromete la justicia y la moralidad de la acción, del agente y del resultado. Atropellar, agredir y mentir son tan ilegales e inmorales como sus agentes. En cuanto a las consecuencias de estas prácticas, cabe preguntar qué seguridad puede ofrecer una sociedad donde los corruptos, los asesinos y los embusteros deciden la justeza de sus crímenes.

Desde la perspectiva cristiana, codiciar, robar, asesinar y mentir son pecados gravísimos y el Evangelio no contempla ninguna excepción que los vuelva admisibles o justificados. Ni siquiera cuando se pretende hacer que los planes de Dios se cumplan sin contratiempos. Algunas figuras religiosas y muy devotas suelen racionalizar la acción perversa con el cumplimiento de la voluntad divina. No existe justificación alguna para el comportamiento inmoral, sin importar la motivación o la finalidad. Si los medios no se apegan a la justicia del reinado de Dios, el fin tampoco, por más piadoso que parezca.

El presidente acostumbra repetir que Dios está de su lado, y por ello debe recapacitar seriamente sobre su obrar, porque este contradice la fe que dice profesar. No solo quien invoca al Señor Jesús entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y cuando los que mucho hablan aleguen que actuaron en su nombre, los apartará por haber practicado la iniquidad. La voluntad de Dios pide cuidar de su creación, no expoliarla para impulsar un progreso falso y solo para algunos; dar de comer al hambriento, de beber al sediento y vestir al desnudo, no pisotear la dignidad de los descartados; acoger a los inmigrantes, no desampararlos; cuidar los enfermos, no desatender la salud de las mayorías; y visitar a los presos, no maltratarlos y exterminarlos.

Los asesores cristianos de Casa Presidencial tienen una grave responsabilidad al no censurar una conducta contraria al Evangelio y al recomendar a sus víctimas orar y confiar en una providencia divina, en la cual ellos mismos no creen, porque tienen su confianza puesta en el dinero y el poder. Más pecado tiene quien guía a los ciegos al despeñadero que los propios ciegos que se despeñan confiados en haber encontrado su salvación.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A partir de finales de septiembre del año pasado, la Iglesia decidió dedicar todo un año, hasta el 30 de septiembre de 2024, a Mons. Rivera; se cumplieron en septiembre del año pasado los cien años de su nacimiento. Recientemente, la Conferencia Episcopal celebró una misa en el marco del centenario, en el lugar de su nacimiento, San Esteban Catarina. Hombre de recia espiritualidad y fuerte personalidad, este arzobispo marcó por largos años la vida de la Iglesia salvadoreña: acompañó primero a Mons. Chávez como obispo auxiliar durante 16 años, apoyó a Mons. Romero durante los tres años en que este fue arzobispo y dirigió posteriormente la arquidiócesis durante 14 años. Habiendo participado en prácticamente todo el Concilio Vaticano II, tuvo un rol muy activo en la reunión episcopal de Medellín y, conociendo bien los documentos de Puebla, acompañó eficazmente a la Iglesia salvadoreña en su puesta al día con la reflexión y pensamiento eclesial.

Recordarlo en este centenario de su natalicio es un deber. Don Quijote decía en una de sus múltiples frases sabias que “bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser […] que sea desagradecido”. Y efectivamente, a Mons. Rivera le debe mucho no solo la Iglesia, sino también El Salvador. Seríamos desagradecidos si no lo recordáramos como merece. Los que estuvimos en la misa del 24 de marzo de 1990 en la catedral de San Salvador recordaremos siempre la emoción que produjo el anuncio de Mons. Rivera de que iniciaba el proceso diocesano de canonización de Mons. Romero. No había muchos obispos concelebrando ese día ni tampoco había mucho entusiasmo en el tema en algunos sectores de la Iglesia jerárquica universal. Pero Mons. Rivera no trataba de hacer carrera eclesiástica ni satisfacer a cardenales conservadores, sino de ser fiel a su recta conciencia de pastor y creyente. Su labor constante en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de la paz a través del diálogo y la negociación tuvo una extraordinaria incidencia en la derrota de los sentimientos belicistas de las partes en conflicto y en la pacificación del país. Acusado de parcial y amenazado de muerte, supo mantener su independencia y resistir en las opciones evangélicas de justicia y paz.

En la actualidad, cuando seguimos necesitando una amplia defensa de los derechos humanos y el impulso de un desarrollo equitativo que garantice la paz y la amistad social, el recuerdo de personas como Mons. Rivera, tan claro en la defensa de los pobres y de la justicia social, nos estimula siempre a enfrentar con claridad y sinceridad los problemas del presente. Frente a la cultura de la imagen y la manipulación de los mensajes en las redes, resultan más que necesarias la calma y la capacidad de deconstruir, incluso con cierta ironía, las escenificaciones de cuentos de hadas de las que tanto gusta la política. La habilidad de rodearse de personas como Mons. Urioste, el P. Fabián Amaya y María Julia Hernández, por citar solo a fallecidos, se unía a la habilidad de trabajar con todos, crear sinergias, aprovechar lo bueno donde quiera que estuviera. En las complejas situaciones actuales, en las que la propaganda y la manipulación de la redes sociales tergiversan valores y crean confusión, se necesita valentía, equilibrio y discernimiento. Y Mons. Rivera nos dio ejemplo de ello en un momento en el que la guerra nublaba la racionalidad y los sentimientos de humanidad. Recordarle no solo es muestra de agradecimiento por tanto bien hecho a lo largo de su vida, sino también una necesidad para orientarnos en el presente.

El Gobierno y el presidente siguen gozando de un mayoritario respaldo social, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). En el sondeo, la población califica el desempeño de Bukele con una nota promedio de 8.48, la segunda más alta en lo que va de la presente administración (la más alta fue de 8.51, en mayo de 2021). Casi todo lo que se vincula al mandatario sale bien valorado; por ello, como ha sucedido antes, esta opinión favorable se expande a las carteras de Estado, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia.

Tanto los ministerios como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia salen, en general, bien evaluados por la población, pero sobre ellos se comienza a vislumbrar el peso de su sometimiento al Ejecutivo. Más de una tercera parte de la población (34.8%) cree que hay alguna o mucha corrupción en el Viceministerio de Transporte y más del 30% piensa lo mismo del Ministerio de Trabajo (31.9%), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (30.4%), del Ministerio de Hacienda (31.3%) y del Ministerio de Obras Públicas (30.2%).

Más de la mitad de la gente cree que los diputados han aprobado leyes que le han beneficiado poco o nada. Solo el 35.7% piensa que los legisladores representan a toda la población, mientras que una cuarta parte cree que representan al presidente; 19.3%, a ellos mismos; y 13.1, a su partido político. Con referencia al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de ser bien evaluada, casi dos terceras partes de los encuestados (63.4%) piensan que las decisiones de los jueces están influenciadas algo o mucho por el Ejecutivo.

Las grandes perdedoras en este sondeo son las alcaldías. Su mala evaluación por parte de la población solo es comparable al —y probablemente efecto del— daño que les infligió la drástica reducción del Fodes. La nota de 4.80 que en promedio da la gente a los municipios habla por sí misma. ¿Qué hace que el Gobierno y especialmente el presidente salgan bien evaluados? Hay varias medidas implementadas por el oficialismo que son bien apreciadas, como la creación del Hospital El Salvador o la entrega de tabletas y computadoras. Pero hay dos variables que indudablemente son los pilares que sostienen la popularidad del presidente.

El primer pilar es la seguridad y el segundo, la publicidad. El 97.7% piensa que la delincuencia se ha reducido, el 91.1% menciona variables que tienen que ver con la seguridad como principal logro del Gobierno y más de la mitad cree que el régimen de excepción ha ayudado a reducir la delincuencia. La encuesta revela que la relación entre la buena valoración del régimen de excepción y la nota del Gobierno es directamente proporcional: mientras mejor se califique la medida, mayor es la nota que se le da al Gobierno, y viceversa.

El otro pilar es la exposición mediática a la publicidad oficial. Los inmensos recursos públicos que el Ejecutivo destina a la comunicación le están dando muchos réditos. Más de la mitad de la gente afirma enterarse de las noticias oficiales a través de las redes sociales, nicho privilegiado de los empleados públicos para hacerle publicidad al Gobierno. Los medios oficiales, impresos, digitales, radiales o televisivos son consumidos por gran parte de la población, que en un 41.8% les profesa mucha confianza. También la relación de esta variable está directamente unida a la buena calificación al Gobierno. Mientras mayor es la exposición mediática a los canales que utiliza el Gobierno y el presidente para publicitarse, mejor es la nota que los ciudadanos les otorgan; y a más confianza en esos canales, mejor calificación a la gestión gubernamental.

Por otra parte, la economía no solo es el principal problema del país para 64 de cada 100 encuestados, sino que se perfila, en la opinión de la gente, como un fracaso de la presente administración. Aunque más de la mitad de los encuestados no menciona ninguno, una quinta parte alude a cuestiones económicas como los principales fracasos del Gobierno. Además, de las personas que ven algún cambio negativo, el 46% lo vincula a factores económicos. Más de la mitad (52.4%) cree que la economía está igual o peor que antes, y el 62.5% piensa lo mismo con respecto a la economía familiar. Para el 71%, el bitcoin no ha ayudado en nada a la economía familiar y el 59% piensa que el Gobierno no ha logrado controlar la subida de los precios de los productos de la canasta básica. La opinión crítica con respecto a la gestión gubernamental del tema económico es clara; sin embargo, esta cruda apreciación no les implica, hasta ahora, costos político-electorales a la actual administración y al mandatario.

Finalmente, a pesar de que la seguridad es uno de los dos pilares que explican la buena calificación al Gobierno, la encuesta revela algunas alertas en este campo. En primer lugar, las personas perciben que la delincuencia patrimonial (robos de celulares, billeteras o carteras) ha aumentado. En segundo lugar, la población rechaza los abusos de autoridad por parte de policías y soldados, 31 de cada 100 conocen a alguien capturado en el contexto del régimen de excepción que no tiene vínculos con grupos delincuenciales, 15 de cada 100 han presenciado agresiones físicas contra otras personas y 25 de cada 100 han sido testigos de agresiones verbales. Como corolario en este aspecto, ha aumentado el porcentaje de la población que siente miedo a expresar opiniones sobre temas importantes para el país. Es decir, está creciendo, según la encuesta, el miedo a represalias por expresarse públicamente.

Hace algo más de 25 años la ONU aprobó en su Asamblea General declarar el 26 de junio de cada año como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Pese a que es considerada como un crimen de lesa humanidad, su práctica, lejos de desaparecer, se extiende. De hecho, la ONU manifestó recientemente que “las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura u otras formas de trato cruel, degradante o inhumano”. Son diarias las noticias sobre el abuso que los migrantes sin papeles reciben en los centros de detención tanto en los países de destino como en los de tránsito. Y no son pocos los planes y proyectos contra el terrorismo que se han utilizado para silenciar las críticas y reclamos de la sociedad civil ante la violación de derechos humanos.

En El Salvador, la tortura está prohibida por la Constitución y penalizada en la ley secundaria. Además, el país ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, nadie ignora que en las bartolinas y las cárceles abundan los tratos crueles y degradantes. La sanción por la imposición de “penas infamantes”, prohibidas en la Constitución junto con “toda especie de tormento”, no está adecuadamente desarrollada en la ley secundaria. Infamante es que se presente públicamente como culpables a personas que gozan de la presunción de inocencia, también garantizada por la Constitución. Generalmente, quienes infligen malos tratos suelen escudarse en el argumento, presente en la convención contra la tortura, que dice que “no se consideran tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de medidas legales o inherentes a estas”. Sin embargo, en ninguna parte de la legislación salvadoreña se ordena presentar a los acusados de un delito de una forma degradante o sufriendo un real maltrato.

Cuando estuvieron en el poder, ni Arena ni el FMLN impulsaron la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tampoco Nuevas Ideas se ha preocupado por ello. El Protocolo ofrece la posibilidad de luchar contra la tortura y el maltrato a los detenidos, hayan sido sentenciados o no. La Convención, ratificada por El Salvador y, por tanto, ley vigente en nuestro país incluso por encima de la ley secundaria, define la tortura con mucha claridad: actos que producen gran sufrimiento físico o mental, ejecutados por un funcionario público con la intención de castigar. Difícilmente se puede estar en desacuerdo con que exhibir públicamente en una posición humillante a una persona inocente le crea a esta un grave sufrimiento. Y es ese un caso claro de delito de tortura. Aunque la cultura de violencia que existe en el país avale la imposición de ese tipo de sufrimiento, el más elemental sentido de humanidad y de sensibilidad cristiana dice otra cosa. Ratificar el Protocolo ayudaría a prevenir acusaciones e incluso descalificaciones internacionales, pues previene la tortura y ayuda a definirla. Ojalá la Asamblea Legislativa recuerde la existencia del Protocolo y decida ratificarlo. Mientras no lo haga, se continuará desconfiando de la vigencia del Estado de derecho en El Salvador.

Desde su creación, la UCA ha estado presente en las coyunturas históricas del pueblo salvadoreño y, fiel al legado del P. Ignacio Ellacuría, ha tenido siempre sus puertas abiertas para los actores sociales que buscan reflexionar y debatir sobre el país. El análisis de la realidad ilumina posibles caminos de superación de los graves problemas que afectan a las mayorías, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el irrespeto a los derechos humanos y la destrucción del Estado de derecho.

En una situación de normalidad democrática, lo natural es dialogar o propiciar el diálogo con diversos sectores y actores en búsqueda del bien común de la sociedad. Sin embargo, en el actual contexto de El Salvador, esa tarea, que para la UCA constituye además una exigencia ética, es entendida por algunos sectores como una actividad perniciosa e indebida para una institución universitaria.

Por ello, ante cierto tipo de discursos que buscan deformar el rol que la Universidad ha jugado y juega en la dinámica nacional, es necesario decir lo que siempre ha sido claro: la institución ha participado, ahora y a lo largo de su historia, en reuniones y encuentros con una amplia diversidad de sectores de la sociedad civil para reflexionar sobre los problemas del país y avanzar hacia un horizonte más democrático, de justicia social y pleno respeto a los derechos de todas las salvadoreñas y salvadoreños.

La UCA ha tenido siempre presente que su papel es incidir en la realidad a través de la docencia, la investigación y, especialmente, la proyección social, la cual, de acuerdo al P. Ellacuría, “procura poner a la Universidad en relación directa con las fuerzas y procesos sociales en la línea del deseado cambio social”. El límite de su acción ha sido siempre el respeto a la Constitución y a las leyes del país, y la incidencia en la realidad de un modo estrictamente universitario; en este sentido, la UCA no se involucra en procesos y decisiones de carácter partidario, ni es su papel definir o apoyar candidaturas electorales.

La preocupación por la realidad del país es propia de la proyección social y de la identidad de la Universidad. Esa función institucional siempre ha implicado un alto costo, pues, tal como presagió Ellacuría, “un mundo histórico configurado por antivalores cristianos no podrá menos que ver en esta posición un desafío a sus intereses egoístas. De ahí que la inspiración cristiana pueda llegar a causar, con toda probabilidad, dificultades y persecuciones por parte de quienes no están en favor del cambio social requerido”.

La UCA mantiene incólume su independencia y su compromiso con la verdad, la democracia y los derechos humanos; su inspiración cristiana y la fidelidad a su misión universitaria, que exige la promoción de la libertad plena, la justicia social y la búsqueda del bien común. Los ataques de los que es objeto no hacen más que mostrar la vigencia de ese compromiso y reafirmarlo.

La responsabilidad es un valor indispensable que tiene dos elementos básicos (quienes gustan del poder exhiben uno y ocultan el otro): por un lado, implica enfrentar los problemas y y buscarles solución; y por otro, supone dar cuenta de lo realizado. Hacer propaganda de los logros y acciones ejecutadas es muy fácil. La rendición de cuentas honesta, consciente de los límites y transparente en el uso de los recursos utilizados, es normalmente más escasa y difícil, porque la verdad siempre muestra, incluso en los proyectos de éxito, debilidades en los procesos y lo que queda falta por hacer. Por eso abundan en la política quienes ocultan la verdad, evitan la crítica y exageran sus realizaciones. Los que eso hacen no cumplen con la responsabilidad que tienen ante la sociedad.

En la actualidad se habla con frecuencia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, las instituciones no siempre tienen la capacidad moral de ser coherentes con la verdad. En principio, las grandes responsabilidades sociales, como el desarrollo inclusivo, la justicia social, la preservación y defensa del medioambiente, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, son competencia del Estado. Los partidos políticos deben elaborar planes y proyectos coherentes con esas responsabilidades, fundamentalmente consignadas en la Constitución. Por su parte, a la sociedad civil le corresponde supervisar e impulsar dichas responsabilidades, criticando los incumplimientos. Las Iglesias, con su bagaje de valores, están llamadas a crear conciencia social fraterna y defender a los más pobres e indefensos. Se habla también de responsabilidad social en las instituciones privadas.

Para el caso de las universidades, a fin de establecer diferencias con la responsabilidad social empresarial, se ha acuñado el término responsabilidad social universitaria. Esta va más allá de la empresarial porque parte intelectual y humanamente desde una opción mucho más radical: construir lo humano desde la inteligencia y la razón con una óptica universalista, solidaria y cordial. Ellacuría llamó “proyección social” a esa responsabilidad, dado que las universidades debían ser una fuerza viva y activa en la construcción de una cultura solidaria montada sobre el trabajo como fuente de libertad y desarrollo humano.

En tiempos de manipulación social en favor de intereses particulares impulsados desde el Estado, a las universidades les corresponde alentar la racionalidad en la convivencia social y actuar como conciencia crítica de poderes sin conciencia. Es normal que a quien así actúa se le ataque, más aún hoy en el mundillo superficial de las redes sociales, en el que con tanta frecuencia se manifiestan carencias de juicio. Desaprovechar las posibilidades de diálogo de las universidades, su conocimiento y su capacidad de investigación, tratar de ponerlas al servicio del poder, es uno de los errores más perniciosos que pueden cometer las élites. Como instituciones abiertas al saber, a la cultura, a la racionalidad, al diálogo y a la construcción de lo humano, las universidades deben siempre permanecer libres. Un Estado sin capacidad de hablar con las universidades camina por lo usual hacia el fracaso.

“El Salvador es otro país” es la sentencia que abre y cierra el discurso que Bukele dio el 1 de junio en la legislatura. De ahí concluye sin más que “ya no somos los mismos”. Es indudable que el país no es el mismo, porque la realidad es una estructura procesual dinámica. En ella intervienen fuerzas naturales, biológicas, psíquicas, sociales, culturales, ideológicas, políticas y personales. El proceso es mucho más complejo de lo que piensan los voceros presidenciales, que solo aluden a las últimas fuerzas, es decir, a Bukele. Todas esas fuerzas, en interacción mutua, imprimen al proceso histórico una determinada dirección y unos contenidos precisos. Son estas fuerzas, no la voluntad individual, ni siquiera la de Bukele, las que determinan el curso y el contenido del proceso histórico. Así, pues, el país actual no es el de hace cuatro años. En esto tiene razón el presidente, pero no solo porque haya “tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá”, sino por la intervención de ese conjunto de fuerzas, entre las cuales se encuentra su aporte.

El que el país sea distinto no significa que sea mejor. El criterio fundamental para determinar esa mejora no es cómo le va a la familia Bukele, a sus allegados y socios, incluidos los predicadores extranjeros de los criptoactivos. Tampoco cómo le va al capital. Sino cómo le va a la mayoría de la gente. El estado de un país no se puede diagnosticar desde las minorías. Hacerlo es un error de perspectiva, que ignora deliberadamente a la gente, la porción más importante de la realidad. En cualquier caso, la mejora debe ser respaldada por datos, que Casa Presidencial omite y esconde porque cuestionan su discurso. Sin embargo, y muy a su pesar, varios organismos internacionales proporcionan información valiosa para valorar el estado de cosas. Por otro lado, las encuestas de opinión no cesan de señalar el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la gente. Estos datos se complementan con la observación directa de lo que ocurre en los sectores con los ingresos más bajos. Pero para apreciarlo hay que tener una sensibilidad de la cual carece la Casa Presidencial de los Bukele y los venezolanos.

Difícilmente se puede defender que la sociedad salvadoreña ha avanzado en convivencia, solidaridad y bienestar general en los últimos cuatro años. La mayoría de la opinión pública se siente cómoda con la dictadura y la represión. Acepta la supresión de sus derechos y la ley del talión, que prescribe ojo por ojo y diente por diente. Al decantarse por el desquite, esa mayoría ha renunciado a la justicia superior del Reino de Dios, anunciada por Jesús de Nazaret en el sermón del monte. La dictadura ha sacado de los bajos fondos sociales la creencia de que la represalia brutal e implacable es la respuesta ideal para los desafíos sociales y la ha explotado exitosamente en provecho propio. Una sociedad que pone su seguridad en la venganza, por muy arraigada y popular que pueda ser, no está sana.

Ninguna sociedad se reinventa a partir de la violencia. La sensación de seguridad que muchos alaban y agradecen descansa en la fuerza bruta, que aplasta y aniquila. Esa es la solución que los Bukele han encontrado, por causalidad, para enfrentar la faceta más visible del crimen organizado y para todos aquellos que amenazan con perturbar el orden impuesto. La respuesta satisface a las tendencias más irracionales, al mismo tiempo que divide, asfixia y mata. Bukele no tiene una alternativa constructiva. Tampoco la necesita, porque la finalidad de su presidencia es detentar el poder absoluto. Está aproximación a la crisis nacional no hace a la sociedad más decente, solidaria y humana. Tampoco cristiana. La sociedad de los Bukele es egoísta, vengativa, violenta e insensible al sufrimiento.

La configuración de esta realidad social hunde sus raíces en una larga historia de explotación y de opresión, sin solución de continuidad desde comienzos del siglo XX, cuya conclusión ha sido el orden impuesto por las pandillas en los territorios abandonados por el Estado neoliberal. Los crímenes de los detentadores del poder, la oligarquía agroexportadora, los neoliberales y las pandillas no justifican la venganza. El odio y la violencia no conducen a una sociedad vivible, pacífica y con las necesidades básicas satisfechas. En este sentido, los Bukele no han introducido ninguna novedad. Reproducen la espiral de violencia del pasado y la lanzan hacia delante.

Todavía es tiempo para recapacitar y buscar consensos sobre cómo transformar la cultura violenta predominante en otra abierta, amante de la justicia y la paz. El enfrentamiento y la aniquilación no garantizan una seguridad duradera. Unos cuantos no pueden vivir seguros mientras otros viven, aterrorizados, una exclusión aberrante. A partir de este convencimiento se pueden construir consensos cada vez más amplios para encontrar formas de sana convivencia.

Los cambios en el número de diputados y de municipios, a parte de los problemas que causarán en el desarrollo de unas elecciones muy cercanas y con plazos ya establecidos, reflejan la tendencia a dejar el control de la representación política y del territorio en manos de quien tiene mayor capacidad de recursos e influencia. El método d’Hondt, el sistema de reparto de escaños y concejales aprobado recientemente por el oficialismo, tiende a favorecer a los partidos grandes en detrimento de los pequeños. En realidad, se suele decir que favorece el bipartidismo. En ese sentido, que los partidos minoritarios participen de manera independiente en las elecciones legislativas reducirá sus posibilidades de alcanzar algún peso relevante en la Asamblea. Sin lugar a dudas, el instituto político que hasta el momento puede salir más beneficiado por el nuevo método de reparto de curules es Nuevas Ideas.

Por otra parte, la ampliación tan fuerte del territorio municipal, especialmente en las zonas rurales, hace que los liderazgos tradicionales de los pequeños municipios queden casi disueltos. El caso del nuevo municipio llamado Chalatenango Sur es un buen ejemplo. Abarca 20 distritos, que antes eran municipios. Mientras los liderazgo de Arcatao, San Isidro, La Laguna y San José Cancasque, por citar solo cuatro, tienen presencia solamente a un nivel local reducido, Chalatenango tiene figuras del sector económico o gubernamental que son conocidas en toda la región. Por ello, quien domine Chalatenango imperará en toda la región. Y por supuesto, quienes están en la actualidad en el poder municipal o legislativo partirán con una enorme ventaja en las elecciones. En el caso de La Libertad Sur, que une Santa Tecla con Comasagua, la ciudad grande anulará casi con toda seguridad los liderazgos que puedan surgir en la segunda.

Al final, la apuesta es fortalecer al más fuerte. Y en este momento, el más fuerte es el que está en control de las instituciones estatales. La democracia, en principio, trata de poner en paridad al fuerte y al débil, tanto a través de los sistemas electorales como de las instituciones encargadas de controlar al poder. Pero cuando las instituciones de control están cooptadas por el Ejecutivo, los sistemas electorales, sean más o menos proporcionales, no resuelven el problema que provoca la ley del más fuerte. Que la aprobación de la reducción de diputados y municipios se haya llevado a cabo con dispensa de trámite deja en evidencia el desprecio al diálogo y el debate, tan necesarios en el ejercicio democrático. Sin negar que cierto tipo de reducción y reunificación de municipios, especialmente de los más pequeños, puede ser una buena idea, lo decente y apropiado hubiera sido que los legisladores oyeran, antes de alzar la mano para aprobar lo que les mandó Nayib Bukele, a asociaciones de alcaldes y miembros de la sociedad civil implicada en el desarrollo territorial. Como en tantos otros campos de la vida nacional, al final se impuso la ley del más fuerte.

“Muchos alcaldes solo se dedicaban a robar” fueron parte de las palabras del actual presidente del país. Aun reconociendo que hay algunos honestos, insistió en que la mayoría roban. Por supuesto, al tener la mayoría de las alcaldías el partido Nuevas Ideas, el presidente está hablando de una buena parte de sus alcaldes. Pero no hay investigación sobre el tema ni un número de acusaciones en los juzgados que sean coherentes con las frases del discurso presidencial del primero de junio. Sin embargo, no faltaron las acusaciones de robo y cercanía con los delincuentes contra los que antes llamábamos los partidos tradicionales.

Robar parece que significan dos cosas distintas según quien las haga. En algún momento se nos decía que algunos de los proyectos sociales o de seguridad del país no se hacían públicos para que otros países no los copiaran. En vez de una ley de justicia transicional que tienda a la reconciliación en el país, se prefieren leyes duras y punitivas, revestidas de un vocabulario que insiste en que ahora por fin se está haciendo justicia. La justicia podrá ser selectiva y parcial, centrándose en las zonas marginales del país o en los enemigos políticos. Los jueces podrán dar sentencias injustas a sabiendas, pero el lenguaje siempre insistirá en que nunca hubo tanta justicia como en el presente.

Las tareas estatales de investigación y persecución del delito se han convertido en “guerras”. Primero fue la guerra contra las maras y recientemente se ha anunciado la guerra contra la corrupción. Como en toda guerra hay aliados y enemigos. Y por supuesto se trata de diversa manera a quienes son cercanos al “régimen” y a quienes son catalogados como enemigos. No es extraño que a algunos de los detenidos se les considere presos políticos.

Aunque a veces nos olvidamos de muchos, precisamente porque son pobres, pero también deberían ser considerados presos políticos los más de cinco mil inocentes detenidos por el régimen. Porque ha sido más la política que la justicia la que ha promovido unas detenciones masivas con altas dosis de arbitrariedad.

El lenguaje sirve para todo, incluido para llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ahora resulta que hay guerras buenas y pacifismos malos. Los Derechos Humanos no son los que aparecen en los instrumento legales internacionales que hemos firmado y ratificado. Y quienes se han dedicado durante muchos años a defenderlos son solamente vividores. Víctimas son solamente las que el poder decide que lo son desde su propio lenguaje. Parece que todos hablamos la misma lengua, pero el poder le da al lenguaje tales matices que las palabras acaban significando solamente lo que dice el poder. O al menos eso se pretende.

La democracia trató desde sus comienzos de elaborar un lenguaje objetivo, construido sobre derechos y deberes universales. Los regímenes autoritarios construyen sus propios significados y manipulan de tal manera el vocabulario que convierte en políticamente correcto solamente lo que les conviene. Ya lo hacían algunos gobiernos anteriores cuando hablaban de desarrollo, igualdad ante la ley o justicia social. Pero hoy el lenguaje del poder se construye con una especie de exclusividad que trata de eliminar del debate todo lo que no cabe en el discurso oficial. Y utiliza, en una especie de subcontrato de las redes, los peor del lenguaje, el grito agresivo y el insulto, contra todos los que utilizan un discurso diferente del poder.

Reconocer democracias a partir del lenguaje es fácil. A mayor transparencia, tanto del lenguaje como de las acciones, se encuentra una mayor democracia. Cuando el lenguaje se convierte en un galimatías oportunista y las acciones y proyectos carecen de transparencia, los menos que se puede decir es que la democracia está enferma. La curación no es difícil, pero hace falta voluntad política para ello.