Editoriales y Opiniones

El presidente Bukele cerró su cuarto año de gobierno con grandes noticias. En el escenario perfectamente organizado de la Asamblea Legislativa, presentó tres proyectos, dos de ellos legislativos y el otro, propio del Ejecutivo, de lucha contra la corrupción, que estrenó inmediatamente mandando al fiscal general a ocupar propiedades del expresidente Cristiani. No rindió cuentas, no dijo nada de los problemas gubernamentales con los derechos humanos, la economía del país, la deuda y los atrasos de sus proyectos estrella. Solamente insistió en la derrota de las pandillas y en la tranquilidad que ello trajo a la ciudadanía. Ni una palabra, por supuesto, sobre los medios utilizados: militarismo, cerco a comunidades, detenciones sin garantías jurídicas. La prepotencia frente al pensamiento distinto se expresó a través de una burla presidencial a la reducida oposición parlamentaria. Quien todo tiene controlado suele pensar que no hay que dar importancia a las críticas. En el caso de Bukele, lo que le interesa es sorprender, poner en el tablero de discusión y debate lo que realizará desde el poder, y obligar que se olviden temas críticos.

La reducción del número de municipios y de diputados fue el gran anuncio. La Asamblea y el corro de invitados aplaudían emocionados. Sin embargo, el mandatario no dio ninguna explicación sobre los criterios utilizados para definir dicha reducción. No hubo consultas previas y da la impresión de que tampoco las habrá en el futuro. Reducir municipios puede ser necesario; es una manera de mejorar las posibilidades de desarrollo en un territorio más amplio. Si se sabe hacer, podría contribuir a evitar la despoblación del campo. Pero hacer una reducción tan drástica sin estudios conocidos y sin abrirse al diálogo con los habitantes presagia una situación caótica, de mucha incertidumbre y contradicciones. Todo apunta a que los intereses electorales están de fondo, pues al ampliarse el territorio de los municipios, cambia también la influencia de los liderazgos preexistentes. Y eso suele favorecer a quien maneja el poder y los recursos. Con respecto al número de diputados, hubiera sido interesante aprovechar el paso para reflexionar a fondo sobre la vinculación de los legisladores con el territorio y sus pobladores. Tener diputados para simplemente entrar en el juego del poder y del beneficio personal no beneficia en nada a la ciudadanía. Finalmente, la supuesta guerra contra la corrupción parece más dirigida a anular la capacidad de influencia de enemigos políticos que a combatir la falta de transparencia y corrupción enraizada en el Estado desde hace tantos años.

En definitiva, el discurso del mandatario se orientó a la propaganda y la espectacularidad, no a informar con datos sobre los aciertos y errores de su cuarto año de gestión. Además, su modo de hablar y de actuar no deja dudas sobre su decisión de continuar un segundo período, tal como llama el vicepresidente a la inconstitucional reelección. El diálogo, difícil desde el inicio del actual Gobierno, se complica aún más cuando las decisiones se toman de antemano y sin consulta. El presidente está moldeando un país a su imagen y semejanza: sordo, intransigente, ajeno a la empatía, con la fuerza y el poder como único credo.

Faltan pocos meses para que en El Salvador se celebren cuatro elecciones. Tres de ellas absolutamente relacionadas, porque la cuarta, la de diputados al Parlamento Centroamericano es, en buena medida, irrelevante. Pero a estas alturas todavía hay gente que tiene diversas posturas ante el proceso electoral. Algunos siguen pensando que la única elección importante es la de la Asamblea Legislativa, las otras dos, no. Mucho de lo que ha hecho Bukele no hubiera sido posible sin la correlación que tiene en la Asamblea y, por tanto, con menos diputados, podría frenarse la deriva autoritaria. En cambio, la elección presidencial no hay que disputarla. Según ellos, hay dos razones para no participar: la primera es que hacerlo sería hacerle el juego y legitimar la candidatura inconstitucional a la reelección del presidente; la segunda es que esa elección está perdida por el respaldo social que tiene Bukele.

Hay algunos que tampoco se inclinan por participar en la elección de las autoridades municipales, básicamente porque, por las medidas del gobierno, las alcaldías han quedado con poca capacidad para actuar con autonomía financiera y dependen del sometimiento al Ejecutivo para conseguirlo. Sin embargo, las tres elecciones están estrechamente vinculadas. Si la meta es lograr un número determinado de legisladores y legisladoras, el lanzamiento de fórmulas municipales atractivas localmente es un refuerzo casi imprescindible para tener éxito en la elección de diputados. Además, una buena candidatura presidencial puede arrastrar votos. De hecho, la historia en un país con un régimen presidencialista como El Salvador así lo confirma. Esta es la razón de fondo por la que, para el 4 de febrero del año próximo, se pusieron juntas las elecciones presidenciales y legislativas, para que la popularidad del presidente arrastre el voto para el movimiento de seguidores de la familia presidencial llamado Nuevas Ideas.

Las encuestas, en general, presentan cifras que favorecen al actual mandatario. La gigantesca maquinaria mediática que ha montado la familia del presidente y sus amigos cogobernantes, y el comportamiento de la oposición hasta hoy, refuerzan esta percepción. La oposición partidaria se ha centrado más en comentar críticamente las acciones y los insultos del aparato oficial que en poner en manos de la población propuestas que capten la atención de los ciudadanos porque responden a sus necesidades. Algo semejante pasa con los críticos desde la sociedad civil, que centran sus “propuestas” en la denuncia de las violaciones constantes a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos (que hay que hacerlo) pero que, lamentablemente, no representan una preocupación sentida por la mayoría de los salvadoreños. Si la oposición no da un paso para presentar propuestas sobre temas que interesen a la gente, si no tiene vinculación con movimientos de base, si no se hace una crítica sustentada a la mala gestión de la cosa pública que pueda mostrar que eso afecta la posibilidad de resolver problemas centrales de la mayoría de la población, será muy difícil competir con la maquinaria presidencial. Hasta el momento, se han conocido rumores sobre posibles candidaturas en una eventual coalición de partidos de oposición. La sola reacción del oficialismo ante esta posibilidad es un indicador de que puede ser algo importante. Todo dependerá de la madurez política con que los partidos enfrenten la situación que atraviesa el país.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 122.

Cada nuevo presidente de la República suele afirmar solemnemente y sin titubear que lo será de todos los salvadoreños. La declaración es reglamentaria, pero equívoca. Ninguno ha gobernado para toda la ciudadanía y el bien de la totalidad. Todos han gobernado para la facción que los llevó al poder, sobre todo para sus financistas y para su grupo familiar y los allegados. Cuando se sentaron en el sillón presidencial, su agenda ya estaba comprometida. Sus prioridades han sido las de los donantes, la parentela, los compadres y los militares, que, deliberantes o no, han detentado un poder real. El resto de la ciudadanía, la mayoría, ha debido conformarse con los sobrantes. A ningún mandatario le ha importado que la satisfacción de los compromisos adquiridos haya hipotecado el futuro de la nación.

Si hubiesen gobernado para la totalidad, no habría habido concentración de la tierra agrícola, ni levantamiento popular en 1932, ni guerra con Honduras en 1969, ni guerra civil en 1980, ni privatización depredadora, ni acumulación de capital por despojo, ni emigración masiva, ni violencia social generalizada. Quizás tampoco pandillas. El nivel educativo nacional sería muy superior, el empleo más productivo y mejor pagado, la salud universal y de calidad, y la desigualdad mucho menor. La expectativa de que este bienestar, tantas veces postergado para satisfacer los intereses de las minorías, ahora se encuentra al alcance es engañosa.

El presidente actual no es diferente de sus antecesores. No olvidó la fórmula protocolaria, pero enseguida distinguió entre su rebaño, los dóciles, y los demás, los lobos. Sin embargo, los suyos se equivocan si piensan que gobierna para ellos. Gobierna para un grupito de privilegiados. En cierto sentido, distinto del tradicional, pero minoría favorecida al fin de cuentas: sus hermanos, sus parientes, sus compadres y una variopinta colección de contratistas caza fortunas, de oportunistas y de gurús extranjeros. En el trasfondo de los mensajes presidenciales resuenan los intereses de estos grupos. El presidente se dirige a ellos en inglés, no a los salvadoreños. Al parecer, se mueve con más soltura en ese idioma que en el nacional.

Tampoco habla de la realidad de las mayorías del país, sino sobre aquello que agiganta su imagen. La excepción son las pandillas y la seguridad, pero no la de los estadios y la responsabilidad de la Policía en la estampida. No habla de la sequía y del hambre que avanza inexorable. Ni del calvario de los usuarios de los servicios de salud. El discurso presidencial es tan deslavazado y confiado que ni siquiera cuida bien la articulación del panegírico. La exaltación de la figura presidencial es puntual, parcial y superficial. Un mosaico desarticulado al que la emoción encuentra sentido.

Una comunicación tan incompleta e incoherente no permite penetrar en la visión gubernamental de la realidad nacional. Los cambios profundos, prometidos el primer día del mandato y reiterados para cuando la mesa quede limpia de pandillas, son un enigma. La oscuridad lleva a pensar que esos cambios no están planificados ni financiados. Casa Presidencial no trabaja para colocar los fundamentos que conduzcan a la superación de los males estructurales heredados y agravados por la inflación, la sequía y la indolencia gubernamental, sino para enaltecer la figura del mandatario a través de las redes sociales. Los entusiastas no se alegran porque sus expectativas de ascenso socioeconómico están siendo satisfechas, sino por el éxito de otro, que dice dedicarse a ellos.

Desde hace ya varios años, Bukele no se encuentra con la población, ni siquiera con sus devotos. La relación presidencial está mediada por las redes sociales, las originales y las repetidoras. Si la mediación es siempre una barrera, que impide el contacto físico con los demás, las redes no solo aumentan esa distancia, sino también deshumanizan. Bukele no palpa la angustia de las mayorías. Se conforma con las encuestas de opinión. Es muy difícil gobernar para la totalidad atrincherado en Casa Presidencial, sin contacto directo con el pensar, el sentir, el sufrir y las expectativas de los gobernados. Sus ministros y altos funcionarios, incluidos los llamados representantes del pueblo, siguen su ejemplo. Ellos también han levantado barreras para evitar a la gente, para no escucharla ni tener que dar explicaciones. Ellos también ordenan, imponen y sancionan desde sus posiciones de poder.

Esta forma de gobernar convierte a los gobernados, ciudadanos con derechos y dignidad, a simples subordinados de los gobernantes. Estos les conceden lo que, desde el poder, les parece conveniente y, a cambio, les exigen agradecimiento y lealtad. La infantilización de la ciudadanía facilita mucho el ejercicio de la dictadura. No interpela, no cuestiona, no protesta. Acepta satisfecha lo que recibe. No exige; todo lo disculpa, todo lo explica. Los rebeldes y los revoltosos —hasta cierto punto, inconvenientes inevitables— son castigados por malagradecidos y sediciosos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Visceral ha sido la reacción del oficialismo ante la posibilidad de que Nuevas Ideas tenga que competir contra una candidatura presidencial única, apoyada por varios partidos políticos en la oposición. El coro cyan parece estar más preocupado por la puridad ideológica de los partidos Arena y el FMLN que por la hipotética amenaza que una candidatura única representaría para la continuidad en el poder de Bukele y los suyos. Los voceros del oficialismo se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que dos partidos que por años han estado enfrentados, con ideologías radicalmente distintas, pudieran llegar a un acuerdo para la elección presidencial.

Para tranquilidad del régimen, más preocupado por la moral y la puridad ideológica ajena que por la propia, los líderes del FMLN salieron rápidamente a declarar que su instituto político nunca se aliará con Arena ni con ningún otro partido de derecha de cara a las elecciones; al contrario, presentará su propia fórmula para optar a la más alta magistratura de la nación. Tanto unos como otros padecen de amnesia interesada, prefieren olvidar la dinámica política que ha caracterizado al país desde las últimas décadas hasta el presente.

Durante sus 10 años de gobierno, el FMLN se apoyó en el derechista partido GANA, escindido de Arena, para lograr mayoría en la Asamblea Legislativa y así sacar adelante sus proyectos. También negoció con otras fuerzas políticas en la Asamblea para elegir a las autoridades de segundo grado. Lo mismo hizo Arena cuando la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no le fue favorable y necesitó el apoyo de otros partidos para aprobar sus planes. Y esa herencia la hizo suya Bukele.

Sus seguidores harían bien en recordar que él aspiraba a ser candidato presidencial por el FMLN y que no se fue de ese instituto político por su propia voluntad, sino que fue expulsado después de un proceso disciplinario. Por tanto, para ganar la presidencia tuvo que afiliarse a GANA y participar bajo su bandera. GANA, un partido que nació de Arena en el marco de una oscura pugna de intereses, muy probablemente aceitada con los míticos maletines negros.

Durante sus cuatro años de gestión, la alianza de Bukele con GANA ha sido muy sólida, sin mayores diferencias, a pesar de que entre ambos supuestamente media un abismo ideológico; tan sólida que participaron en coalición en algunos departamentos y municipios para las elecciones de 2021. Y esa lógica de contubernio la ha aplicado también Nuevas Ideas con la Democracia Cristiana y el PCN, que apoyan todas las propuestas que el oficialismo presenta en la Asamblea Legislativa. Ninguno de estos aliados tiene un pasado limpio, ninguno se han distinguido por su pureza ideológica, ni por su honestidad, ni por su coherencia, ni por defender los intereses de la población por encima de los propios.

La agresiva reacción del oficialismo ante una posible alianza entre partidos políticos de la oposición hace pensar que en el fondo desconfía del apoyo popular que muestran las encuestas. Si Nuevas Ideas y sus líderes tuvieran algo de sentido y pensamiento democrático, deberían alegrarse de la posibilidad de tener un adversario fuerte en las próximas elecciones, pues ello les permitiría demostrar que en verdad cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Y si ganaran las elecciones, su victoria sería más legítima. Competir con otras opciones fuertes y bien sustentadas, con ciudadanos probos y honestos, es mucho mejor para la democracia que la falta de competencia real. En democracia, todos tienen derecho a buscar alianzas y coaliciones, en especial cuando se trata de defender los principios y las libertades fundamentales.

El Salvador es un país pequeño y pobre. En la mediciones internacionales se nos suele ubicar entre los países de renta media. Y ciertamente estamos mejor en algunos aspectos que otras naciones centroamericanas o caribeñas. Pero no podemos decir que estemos bien. La pobreza afecta a una tercera parte de la población, la desigualdad inunda una gran cantidad de aspectos de la vida económica y social, nuestra institucionalidad es deficiente y la corrupción, la arbitrariedad y la violencia continúan siendo una rémora para el desarrollo. Son problemas viejos y nunca solucionados, a pesar de los discursos tanto del pasado como del presente. Sin embargo, El Salvador y su gente nunca han dejado de lado la esperanza. Es importante, por tanto, analizar en qué ponemos la esperanza.

Mucha de nuestra gente, desesperada por tantos años de pobreza y desatención, pone la esperanza en el norte. Los migrantes muestran con frecuencia la capacidad de nuestra gente de salir adelante cuando se le ofrecen algunas mejoras, aunque sean pequeñas. El país, lamentablemente, no les ofrece oportunidades y la gente continúa migrando. Otros ponen su esperanza en los hijos y se matan trabajando para que estos sean profesionales y estén mejor que ellos. Los vínculos familiares son fuertes, aunque con frecuencia la pobreza, el machismo y la violencia dificulten la vida familiar. No faltan los que ponen la esperanza en la política, en el negocio y el emprendimiento, en la profesionalidad y el conocimiento. Pero ni la política, ni la empresa privada, ni el conocimiento han logrado aportar el diseño de un país más justo y equitativo, que sea convincente para la mayoría. Las desigualdades y el favoritismo clientelista rompen con frecuencia las esperanzas que nacen de esas tres grandes dinámicas sociales. Por eso debemos preguntarnos qué podemos hacer.

Cuando estamos con esas dudas es fácil poner la esperanza en el autoritarismo. Deseamos a veces que alguien resuelva los problemas desde la fuerza si es preciso, y que desde arriba nos den un futuro mejor. Pero el autoritarismo en una sociedad tan injusta como la nuestra difícilmente supera la desigualdad. Los mismos que están en el poder no quieren salir de su comodidad y sus burbujas privilegiadas. El único camino que queda para satisfacer la esperanza de la gente es una solidaridad activa, de carácter político, que sepa unificar los muchos deseos serios de un país mejor. Una solidaridad que comience por tener un buen proyecto nacional de realización común que garantice que nadie va a quedar en la miseria, que desarrolle verdaderas redes universales de protección social, que redistribuya la riqueza a través de una inversión seria en la gente y que apoye simultáneamente la creatividad y la austeridad. Quienes caminen en esa dirección tendrán que resistir las trampas, ofertas engañosas e incluso amenazas de las élites que no deseen perder sus privilegios.

Un partido político con un proyecto de realización común abierto a todos, con un claro ordenamiento ético y con capacidad de exigir responsabilidades tanto dentro como fuera de sí mismo no ha sido fundado todavía en El Salvador. Y muy probablemente tampoco abundan en otros países, incluidos los desarrollados. Iniciar la trabajosa tarea de pensar, proponer y difundir un proyecto; garantizar éticamente que este es posible; y resistir en la tarea en medio de las dificultades son pasos necesarios para que la esperanza tenga color político y se vuelva realidad dentro del país.

El Gobierno de Bukele acaba de establecer un nuevo puesto en la estructura de la Presidencia: el comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión. No es la primera vez que se produce un nombramiento de este tipo. En el período inmediato anterior al actual, el de Sánchez Cerén, se nombró una comisionada presidencial para los derechos humanos. Curiosamente, ambos nombramientos han coincidido con la misma persona al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. En el pasado, ni la comisionada ni la procuradora hicieron nada significativo en su campo de responsabilidad. En la actualidad, al cargo se le añade auditar la libertad de expresión, en un momento en que abundan las quejas de ataques a los periodistas. Y se ha eligido como comisionado a un abogado colombiano experto en persecución de delitos informáticos. La coincidencia de que se nombre este tipo de comisionados cuando está al frente de la Procuraduría la misma persona hace pensar que algo está mal; la duplicación de funciones suele ser mala señal.

Hasta el momento, la única explicación oficial del nombramiento del comisionado ha sido la de un supuesto interés gubernamental de proteger los derechos humanos. Sin embargo, ello contrasta con el discurso del presidente y los suyos, siempre agresivo con los defensores de derechos humanos y los periodistas. Cualquiera que sea la razón del nombramiento, el hecho de que haya un nuevo puesto gubernamental para el área deja en claro que las constantes acusaciones de violaciones a derechos humanos son fuente de preocupación para el Gobierno. Y eso, más allá de lo que haga el nuevo comisionado, en conjunto o en paralelo con la procuradora, podría entenderse como una buena noticia: al fin el Ejecutivo comienza a darse cuenta de que la violación de derechos humanos causa daño al país en todas las esferas, tanto nacionales como internacionales, y que la propaganda, por intensa que sea, no sustituye la objetividad de lo que pasa en las calles y cárceles.

Ahora bien, por ser los derechos humanos una especie de moralidad externa al poder del Estado, el nuevo comisionado presidencial, al estar inserto en la política de turno, nunca generará confianza. Los derechos humanos, además, gozan de un enorme desarrollo jurídico y legal, y tienen su propia institucionalidad dentro del marco de las Naciones Unidas y, en el caso de América Latina, de la Organización de los Estados Americanos. Una institucionalidad que, más allá de las debilidades propias de la ONU y la OEA, apoyará siempre a la sociedad civil cuando esta reclame prácticas reñidas con los derechos humanos y con los convenios que los respaldan, basados en la igual dignidad de la persona.

Durante la guerra civil, el Estado salvadoreño tuvo su propia Comisión Gubernamental de Derechos Humanos. Esta se dedicaba a, por un lado, desacreditar a la guerrilla y, por otro, ocultar los atropellos, abusos y múltiples y continuos delitos que cometían el Ejército y los cuerpos militarizados de seguridad. La Comisión Gubernamental fracasó en su intento de desfigurar la realidad de aquel entonces. Hoy, cuando expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que en El Salvador existe una verdadera crisis de respeto a los derechos humanos, es de rigor tener en cuenta las farsas y fracasos del pasado, e iniciar un diálogo serio con la comunidad nacional de defensores de derechos humanos. Solamente de esa manera se podrá corregir el desprestigio creciente en este campo.

Tema: Análisis de la Realidad Nacional

Invitado: P. Andreu Oliva, rector de la UCA

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La seguridad ciudadana no llega hasta los escenarios deportivos, aun cuando hay riesgos dada la masividad del aforo y el entusiasmo, no pocas veces desbordado, de los fanáticos. La tragedia del fin de semana pasado es producto de una mezcla de falta de prevención e incapacidad, o desidia, para gestionar aglomeraciones. El respeto a los fanáticos y a la vida humana debiera ser prioridad para los organizadores de eventos como los deportivos. Desde hace tiempo existen indicios de la operación de mafias en el mundo del futbol, las cuales han proliferado a ciencia y paciencia de las autoridades de siempre. El futbol no es la excepción; la presencia de las mafias se atisba en los ámbitos importantes de la vida social.

Prontamente, Bukele amenazó con “una investigación exhaustiva” de los equipos, los directivos, el estadio, la boletería, la liga, la federación y un largo etcétera. A primera vista, la intervención es prometedora, pero al recurrir a la fórmula de los de siempre, augura el resultado de siempre. Es un tópico nacional prometer investigaciones exhaustivas, que se agotan en el afán de la exhaustividad. Tal vez ahora sea diferente. Ciertamente, Bukele tiene una gran oportunidad para investigar las causas de la estampida, para identificar a los responsables, “sean quienes sean”, y presentarlos ante la justicia, y para aprender de la experiencia cómo prevenir estas tragedias. Pero el tono destemplado de la promesa es inquietante. Tiene mucho de exabrupto propagandístico y poco de compromiso con las víctimas y sus familias.

Está repetidamente comprobado que lo suyo no es la investigación, la transparencia y la rendición de cuentas. Los policías y los fiscales no indagan para identificar a los criminales, sus motivaciones y los detalles del crimen, sino que cumplen órdenes superiores. La mayoría de los jueces permite el fraude procesal para contentar a sus superiores. Salen del paso endosando crímenes a inocentes, a quienes exhiben como culpables, sin presunción de inocencia ni defensa; y las sentencias son ratificadas por las redes digitales. Sería muy raro que esclarecieran los hechos que provocaron la estampida. Tal como es habitual, acusarán a los menos responsables o a inocentes. De hecho, las primeras sanciones han caído sobre los aficionados y los jugadores.

La verdad no es el fuerte de Bukele, sino el cerco militar y la batida. Se impone, pues, tender uno alrededor del escenario de la tragedia. Ahí hicieron su aparición el ministro almirante y su séquito, armados con fusiles de asalto. También hubo soldados entrenados para mantener el orden público. Pero estos no distinguieron entre la protesta violenta y la estampida. A esta le dieron el mismo tratamiento gaseoso que suelen dar a la otra. Aunque popular, la militarización no resuelve los desafíos sociales.

Los miles de soldados y policías desplegados en Nueva Concepción tampoco identificarán al autor del asesinato del agente. No han sido enviados a investigar su identidad y sus motivos, sino a reprimir y, de paso, exhibir los “juguetitos” que Bukele les ha regalado. Por tanto, no tienen pruebas contra las decenas de capturados. Es imposible que las hayan reunido en tan poco tiempo. Si los agentes de Bukele se hubieran acercado a las comunidades, habrían escuchado versiones que hablan de un ajuste de cuentas entre policías pandilleros. La bala asesina fue disparada por una de las pistolas que el mismo Bukele entregó a la PNC, se dice. El autor del asesinato, según los lugareños, es un pandillero policía y el motivo, un ajuste de cuentas. Así, pues, la víctima, elevada a héroe por el arrebato de Bukele, sería otro pandillero.

Si desconoce estos datos, alguien lo ha mal informado y le oculta la existencia de pandillas en la policía. Al parecer, el encubrimiento opera también en las interioridades del régimen. La investigación policial y fiscal, y la supervisión independiente de ambas instituciones le habrían ahorrado las diatribas y las maldiciones coléricas, impropias de un estadista. También podrían evitar la impunidad de un asesinato cometido en las filas policiales y habrían librado a las comunidades de las vejaciones del régimen de excepción. Si estaba al tanto de lo ocurrido, el cerco militar en Nueva Concepción no persigue pandilleros, sino popularidad a costa de unas comunidades que merecen cuidado y no represión.

El cerco militar y la batida no excusan la investigación rigurosa e independiente. Más aún, sin investigar, el control territorial es cuestionable, tal como lo evidencia el asesinato del policía, que desató la furia presidencial. Inútilmente, porque el enemigo también lo tiene dentro. Una prueba más de la corrupción que corroe las interioridades de su gestión.

El régimen de los Bukele ha demostrado gran capacidad para reprimir, pero no para prevenir estampidas, ni catástrofes medioambientales, ni el rodamiento de vehículos pesados en condiciones inaceptables, ni la circulación anárquica del transporte colectivo. El régimen se conforma con recoger cadáveres, lamentar y prometer investigaciones y medidas que no se concretizan.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El sábado 20 de mayo, el país vivió una tragedia que dejó una docena de personas fallecidas y más de un centenar de heridos y golpeados. Lo que debería haber sido una fiesta deportiva en el estadio Cuscatlán se convirtió en una noche de dolor y muerte. El hecho se investigará con más o menos seriedad, se formularán posibles explicaciones a lo ocurrido, se señalará a supuestos culpables, pero por sobre ello permanecerá la muerte de quienes solo buscaban un momento de esparcimiento y el dolor de las familias que han perdido a un ser querido.

Por otra parte, en estas últimas semanas, graves y aparatosos accidentes de tránsito han causado una larga serie de víctimas mortales. Al final de cada año, las estadísticas cuentan por miles los salvadoreños y salvadoreñas que pierden la vida o quedan terriblemente lesionados en accidentes de tránsito, siendo esta una de las primeras causas de muerte en el país. Según las autoridades, las causas de los accidentes son siempre las mismas: exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, distracción del conductor, imprudencia peatonal o desperfectos mecánicos. Todas ellas pueden evitarse.

Es importante asumir esta realidad tan dolorosa, no para aceptarla como algo sobre lo que nada se puede hacer ni entenderla como un destino fatal, sino para tomar acciones eficaces que lleven a prevenirla y evitarla. En todos los hechos en que intervienen personas es posible encontrar un comportamiento irresponsable o doloso de parte de alguna de ellas. En la tragedia en el estadio Cuscatlán, se investiga la sobreventa de entradas, la falsificación de boletos, la falta de organización, la negativa a abrir más puertas para facilitar el acceso ordenado del público y el cierre temprano de los portones, que provocó que gran cantidad de aficionados se quedaran fuera del estadio. Uno de estos factores o la combinación de varios de ellos causó muerte y lesiones. Queda en manos de la PNC, la Fiscalía y las autoridades del fútbol realizar una investigación seria, transparente y creíble para determinar responsabilidades e implementar medidas de fondo, no cosméticas ni propagandísticas.

Lo mismo cabe decir de los accidentes de tránsito. Hace falta un interés real y permanente por hacer cumplir las regulaciones que la ley ya contempla para garantizar el buen estado de los vehículos; se necesitan más policías de tránsito en las calles para vigilar y penalizar a los conductores infractores; se requiere más protección para los peatones y empezar a pensar las ciudades y vías de tránsito más en términos de personas que de vehículos. Y por supuesto, es fundamental que todo conductor sea responsable y asuma lo que significa ponerse detrás de un volante. Manejar con prudencia, respetando a los demás, está al alcance de todos y evitaría muchas de las muertes que ocurren en las carreteras.

Cambiar de actitud, dejar a un lado la irresponsabilidad y el egoísmo, actuar cívicamente y cumplir rigurosamente la ley son pasos esenciales para prevenir y evitar tanto dolor entre las familias salvadoreñas.

Las desapariciones son siempre una tragedia. Ante ellas, el Estado tiene la grave obligación de desarrollar protocolos de búsqueda, mantener políticas de atención a los familiares de las víctimas y crear cuerpos especializados de investigación eficaces y rápidos. Es evidente que dada la frecuencia de las desapariciones, la costumbre policial de esperar 72 horas antes de comenzar a indagar debe abandonarse. Alguna gente reaparece, otra queda en el olvido y un porcentaje relativamente alto ha muerto asesinada y se ha ocultado su cadáver. El caso de la policía Karla Ayala, asesinada y ocultada por un agente junto con cómplices pertenecientes a grupos de exterminio, es un caso que puede servir de ejemplo. Hay salvadoreños que desaparecen cuando emigran a Estados Unidos. Son secuestrados para obtener rescate y, en el caso de muchas mujeres, para hacer trabajos en formas muy semejantes a las de la esclavitud. El hecho de ser extranjeros en los lugares donde desaparecen dificulta tanto la investigación como la persecución de los victimarios. Por eso, tener una buena red de consulados a lo largo de las rutas migratorias es una responsabilidad de los Estados centroamericanos con abundancia de migrantes.

La desaparición es considerada como un delito permanente hasta que la persona o su cuerpo no reaparece. El trauma de permanecer desaparecido un tiempo, si la víctima sobrevive, es duro y duradero. El dolor de familiares y seres queridos es sumamente angustioso. Según un estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil reportó recientemente un total de 4,060 casos de desapariciones en unos dos años y medio. El Balance Humanitario 2022-2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja indica que en El Salvador hubo 692 personas desaparecidas en 2022. En general, las víctimas son jóvenes. Y en el caso de mujeres jóvenes desaparecidas, la mayoría es encontrada asesinada, abandonada en parques públicos o en tierras baldías. Las más de las veces los victimarios entierran los restos de sus víctimas en fosas o cementerios clandestinos, con el fin de que sus crímenes queden en la impunidad. El hecho de que gran parte de las víctimas sean de estratos poblacionales en situación de pobreza o vulnerabilidad no debe ser excusa para la inacción.

Los datos nos dicen sin duda que el Estado salvadoreño tiene una deuda pendiente. El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos afirma que “no hay cifras homologadas ni registro que permitan a las autoridades vinculadas a la búsqueda de personas sistematizar la información de los casos ocurridos en contextos de violencia, de migración y del conflicto armado del pasado”. La creación de un registro único y un sistema de búsqueda que incorpore diferentes estrategias de colaboración interinstitucional es cada vez más urgente. Tener una relación fluida con los familiares de los desaparecidos es una responsabilidad de primer nivel. Las desapariciones fueron plaga en el pasado, continuaron siendo un problema en la posguerra y persisten en el presente. Enfrentarlas, desarrollar políticas y procedimientos adecuados, invertir más en la capacidad de investigación de la PNC y crear cuerpos especializados que atiendan los casos son los pasos mínimos a los que está obligado el Estado.