Editoriales y Opiniones

La seguridad ciudadana ha sido una conquista de los Estados democráticos, alcanzada a base de crear un cuerpo policial profesional, eficiente, con una disciplina interna seria, con salarios decentes y con una relación cercana con la población. Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia y España, por ejemplo, rondan la cifra de un homicidio por cada 100 mil habitantes. Incluso países que han sufrido graves problemas de violencia en el pasado reciente, como Bosnia o Egipto, han logrado ese mismo bajo nivel de homicidios. En El Salvador, durante los años que lleva gobernando Nuevas Ideas, se ha bajado a 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes desde una cifra cercana a los 50 en 2018. Una buena parte de la población lo entiende como un éxito y, por supuesto, el Gobierno presume de los datos y afirma que su modo de luchar contra la violencia es el más correcto. ¿Es en verdad así? ¿El método salvadoreño es el mejor? Si no lo es, se corre el riesgo de volver, pasado algún tiempo, a la situación de antes.

El método salvadoreño ha consistido en el uso masivo de la fuerza, en desmedro de la inteligencia y la investigación. No han importado los errores y las detenciones arbitrarias, que ya pasan de cinco mil, ni el acoso a ciertos sectores de la población, en especial a jóvenes de barrios marginales y de ciertas áreas del campo. Se ha conseguido el objetivo básico, muchas veces exigido por la ciudadanía, de bajar el número de homicidios. A la Policía se le ha dado el derecho a decidir sobre la detención de una persona sin necesidad de investigación previa. Una denuncia anónima, un tatuaje, el lugar de vivienda, un antecedente policial, una simple sospecha o el nerviosismo producido por el interrogatorio de agentes y militares fuertemente armados se puede convertir en causa de detención. Una privación de libertad de varios meses acompañada de decisiones judiciales que pasan múltiples casos a instrucción sin contar más evidencia que la presunción policial de que los detenido están vinculados a pandillas.

El método es deficiente. La mejora de la investigación produce resultados estables y de largo plazo; en contraste, el uso de la fuerza y la arbitrariedad necesita un régimen de excepción permanente para dar resultados. Los cercos de municipios y ciudades impresionan, pero no garantizan la no repetición de los hechos ni el surgimiento de nuevos brotes de criminalidad cuando la medida se levanta. Además, la masividad de la intervención militar y policial es cara, cansa a la gente por la restricción de libertades que conlleva y no desarrolla capacidad de mejora de procedimientos en la lucha contra el crimen. Y distrae y olvida otro tipo de delitos como los de cuello blanco, e impulsa a una migración cada vez más riesgosa. A la misma Policía la desgasta y la separa de la gente.

Por otra parte, es significativo que en medio de tanto anuncio de éxito en la lucha contra el crimen se produzcan suicidios de agentes en un número alarmante. Ante el asesinato de un policía es prioritario realizar investigaciones intensas, dar con los culpables y llevarlos a juicio. Pero dejar en el olvido la atención a agentes en crisis no es lo mejor que se puede hacer en la lucha contra el crimen. Sustituir la estrategia actual por formación policial adecuada, apoyo y desarrollo de la investigación, salarios dignos, disciplina interna y servicios adecuados, además de una mayor inversión en la población, daría resultados de largo plazo que posibilitarían que El Salvador se ubicara entre los países con mayor paz social.

Gracias a su eficaz estrategia propagandística, no limitada al ámbito nacional, Nayib Bukele ha logrado trascender fronteras. Sobre todo países con serios problemas de violencia y criminalidad, como Honduras y Colombia, vuelven su mirada a El Salvador. Políticos de la ultraderecha de Colombia lo citan con nombre y apellido, y algunos hasta anuncian viajes para ver de cerca y “aprender” de lo hecho acá. Lo cierto es que el modelo implementado por Bukele no es muy complicado ni nuevo: sigue recetas ya aplicadas por gobiernos autoritarios del pasado, pero sumando el ingrediente de las nuevas tecnologías de la información, que imprimen gran velocidad a las noticias falsas y amplifican su impacto. Si se quiere tener el éxito de Bukele en materia de seguridad, basta seguir el manual de bolsillo de cualquier autócrata. No hay misterio.

Lo primero a garantizar es un buen respaldo social. Luego se decreta estado de excepción para hacer a un lado los derechos humanos y aplicar mano dura. Paralelamente, se compra o remueve a los fiscales y jueces retrógrados que quieran aplicar la ley y se guíen por principios democráticos, sustituyéndolos por empleados que no contradigan la voluntad del mandatario, que sean tan leales que llamen negro al blanco si él lo dice. Se mete a la cárcel a todos aquellos que no sirvan para los fines del oficialismo, pero no se toca a aquellos con los que alcancen pactos bajo la mesa. Más bien se les protege, así como a los funcionarios que negocien con ellos.

Cada acción del gabinete de seguridad debe estar acompañada de una estrategia mediática. Cada una, por pequeña que sea, a fin de que la gente crea y defienda que es necesario violar derechos humanos a cambio de tener tranquilidad. Complementariamente, se atiza el odio contra los criminales, despojándolos de su condición humana de modo que hasta el más cristiano aplauda que se les maltrate e incluso extermine. Como ventaja extra, el régimen de excepción permitirá meter en cintura a los que critiquen y adversen las medidas del régimen; bastará inventarles un caso y hacer planear sobre ellos la posibilidad de encarcelarlos. Además, se manipula la estadística oficial y se niega toda información. No se contabilizan como homicidios los hallazgos de osamentas en fosas clandestinas, ni los asesinados en centros penales, ni los muertos en los enfrentamientos con fuerzas del orden.

En el proceso, habrá gente inocente capturada. Pero ello servirá para sembrar miedo en el resto de la población, que preferirá guardar silencio por temor a ser encerrada en un infierno carcelario sin derecho a defensa ni a visita familiar. El estado de excepción se renovará in aeternum. Mientras la guerra contra los criminales siga en marcha, habrá mano libre para hacer lo que venga en gana, pues la gente estará prestando atención a los logros del Gobierno, no a sus vicios y miserias. Las seguras críticas de defensores de derechos humanos, tanto de dentro como fuera del país, se contestan acusando a sus autores de apoyar criminales y ser enemigos del pueblo. El gobernante debe demostrar y dejar claro que por el bien de su país está dispuesto a pelearse con todos. Si bien los Gobiernos democráticos lo verán con malos ojos, la gente de a pie aplaudirá.

En definitiva, si políticos de otros países vienen a observar cómo ha triunfado el oficialismo, no descubrirán nada diferente a lo que en otras épocas y regiones han hecho políticos autoritarios, a excepción de las redes sociales, que tienen el poder de hacer que una cabaña desvencijada se perciba como un castillo.

Ocultar la información es imperioso. El acceso a las entrañas de Casa Presidencial comprometería seriamente la imagen de Bukele y echaría a pique su mandato. La información es “reservada” no porque comprometa la seguridad del Estado, sino la viabilidad de la gestión de los Bukele. ¿Cómo informar a los cotizantes de los fondos de pensiones de la multimillonaria pérdida del valor de sus ahorros? ¿Cómo decirles que sus intereses fueron sacrificados para dar un respiro a una hacienda pública exhausta? ¿Cómo reconocer que el retraso en el pago de los salarios y los proveedores, la escasez de alimentos en las escuelas y de medicamentos en los hospitales y el seguro social, y las obras empezadas para luego ser abandonadas se deben a la falta de liquidez? Si la gestión fuera tan brillante como alega, la información sería abundante y minuciosa, pues redundaría en la grandeza de Bukele. La mediocridad y la corrupción obligan a difundir cuanta obra comienza, está en desarrollo o concluye, por pequeña que sea. Mejor poco e insignificante que nada. La multiplicación y la repetición crean la impresión de mucho y grandioso. Casa Presidencial agita las redes digitales con trivialidades para proyectar una imagen fascinante.

No puede dar acceso a sus interioridades sin cometer un suicido social y político. La podredumbre que encierra dejaría sin palabras a propios y extraños. El silencio es, pues, imprescindible, así como también la información a medias o adulterada, y la mentira descarada. No hace mucho, uno de los pilares del gabinete de seguridad expresó que ninguno de ellos, “mucho menos el presidente [podrían] dormir tranquilos si llegamos a condenar a un inocente”. A los colombianos no los soltaron para evitar el insomnio. La desesperación de las madres y las mujeres de los detenidos, que aguardan noticias de sus seres queridos en los alrededores de las cárceles, es tan despreciable que no les quita el sueño.

Las vigilias interminables y los reclamos de estas mujeres, aunque latosos, los ignoran. No encajan en el guion presidencial. Tampoco las mujeres que se desloman en una maquila, las que arrastran carritos con la venta o la cargan sobre su cabeza, las que buscan a sus hijos desaparecidos o sepultan los cadáveres salidos de las cárceles, las que se prostituyen para comer, las que son víctimas de la violencia machista o la abuela que cuida a nietos abandonados. Estas mujeres son repulsivas e insufribles para el régimen, que solo tiene ojos para las surfistas, las evangelistas de la criptomoneda y las mises.

Una mentira lleva a otra más inverosímil. Bukele y sus repetidores se han felicitado por haber alcanzado 365 días “no consecutivos” sin homicidios. Pero su contabilidad es muy defectuosa; solo registra los asesinatos cometidos por los pandilleros. No cuenta el homicidio común y corriente ni los presuntos pandilleros caídos en sospechosos enfrentamientos armados con sus agentes. Tampoco los desaparecidos ni los casi doscientos detenidos aniquilados en sus cárceles, víctimas de la tortura y de toda clase de negligencias. La desaparición de los homicidios no es reflejo, como aduce otro emisario de la seguridad, de políticas “certeras, precisas, valientes, firmes y estratégicas”, sino una vulgar manipulación de los números, que intentan esconder acumulando adjetivos.

El régimen vive una especie de esquizofrenia estructural. Por un lado, cultiva una realidad grandiosamente única, inconmensurable e inimitable para quien no sea Bukele. Por otro, rehúye la realidad de la mayoría de la gente, la silencia o la niega. Sin embargo, las dos están inextricablemente vinculadas. La realidad negada es consecuencia directa de la realidad de las minorías privilegiadas, aglutinadas alrededor de los Bukele. La coexistencia de estas realidades incompatibles es fuente de tensiones y conflictos, que las redes digitales de la Presidencia intentar sortear. Un esfuerzo reñido con la integridad y la transparencia.

Siempre es posible optar por ellas, pero eso implicaría un giro radical, para el cual se requiere cercanía y diálogo con las mayorías despojadas de su dignidad; valentía e inteligencia para dar el paso y elaborar un proyecto viable; especialistas o parteros que lleven a buen fin la conversión a la honestidad, la eficiencia y la diafanidad, y, sobre todo, seguridad en sí mismo. El régimen no apuesta por ello, confiado en que puede mantener juntas las dos realidades antagónicas con imágenes que alimentan deseos y fantasías.

La fortaleza y la debilidad del régimen de los Bukele se encuentran, pues, en la imagen. Por eso, la inversión en ese rubro es tan fuerte. Mientras disponga de dólares y sea creíble, es viable. Pero siempre existe el riesgo de que el descontento social, combinado con la inviabilidad de las finanzas públicas, enturbie el brillo de la imagen presidencial. En el momento que pierda la credibilidad, el régimen habrá llegado a un punto de no retorno, ya que, para recuperarla, tendría que mostrar la verdadera realidad, lo cual sería lo mismo que condenarse.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas a realizarse el 4 de febrero del próximo año, el proceso electoral está lleno de incertidumbres. A la fecha, poca certeza hay sobre el voto electrónico y el voto por Internet. Sigue en el aire la posibilidad de que el oficialismo decida reducir, a conveniencia, el número de diputados y de municipios. No se sabe si la Asamblea Legislativa realizará cambios en la legislación electoral, luego de que se otorgara esta potestad al eliminar el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía realizar modificaciones en los 12 meses previos a la celebración de una elección. Pese a toda la propaganda y los esfuerzos por potabilizar la ilegalidad de la reelección presidencial, la candidatura de Bukele aún no se oficializa.

Para los que creen en la democracia y en el valor de la libre elección de funcionarios y gobernantes, así como en el profundo respeto que merece la voluntad popular, la integridad de un proceso electoral como el que realizará El Salvador en 2024 es de suma importancia. Como ocurre cada 15 años, entre el 4 de febrero y el 3 de marzo próximos se elegirán todos los cargos de representación popular: el presidente y vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa, los 262 gobiernos municipales y los 20 representantes de El Salvador en el Parlamento Centroamericano.

Son varios los cuestionamientos que ponen en tela de juicio la integridad del proceso electoral del próximo año. Uno de los más importantes es acerca de la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para organizar y realizar el proceso con la transparencia, independencia y confiabilidad requeridas para garantizar que sea justo y se respete tanto la ley como la voluntad popular. Declaraciones de los mismos magistrados del Tribunal han mostrado los conflictos y dificultades del ente para tomar decisiones, y son evidentes los retrasos que ello provoca en la adecuada organización de las elecciones 2024. Tampoco se observa en el Tribunal una genuina independencia respecto a las posiciones del oficialismo ni un interés por frenar los excesos y violaciones a la ley electoral de algunos partidos políticos, que han iniciado una campaña electoral adelantada, especialmente en el extranjero.

Igualmente preocupa que la votación en el extranjero se realice de forma legítima, transparente e íntegra, dado que la misma ley que le dio vida no prevé la vigilancia de los partidos políticos en contienda en las mesas electorales que se instalen en el exterior, así como se hace a nivel nacional. Un hecho que se suma a la forma en que se ha legislado el voto por Internet: quienes escojan esa vía tendrán mucho tiempo para votar y hará falta un verdadero registro electoral que asegure la identidad del votante y que solo pueda ejercer el sufragio una vez.

La integridad electoral, es decir que el proceso garantice el sufragio universal, se realice con transparencia y en igualdad de condiciones para todos los participantes de modo que el resultado responda a la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto, es fundamental para que los nuevos funcionarios ejerzan su rol legítimamente y con autoridad. Esta debería ser la principal preocupación del Tribunal Supremo Electoral, de los miembros de la Asamblea Legislativa y de todos los partidos políticos. Sin garantías de integridad electoral no es posible hablar de democracia, ni de respeto a la voluntad popular, ni de legitimidad en el ejercicio del poder.

Innumerables veces hemos oído a abogados y juristas decir que los convenios internacionales suscritos por El Salvador son ley de la República. Se añade, además, normalmente, la afirmación sustentada desde la Constitución que dice textualmente que “la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado” (artículo 144). Como en la actualidad la Constitución se lee de modos desiguales y peregrinos, según sean los gustos políticos, sería interesante que los juristas aclararan si el actual régimen de excepción, con su duración de más de un año, es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada desde hace ya bastantes años por nuestro país. Y digo juristas, porque entre lo profesionales del derecho hay que distinguir, al menos desde la observación empírica, tres tipos diferentes de abogados: los “abogánster” del dólar, que trafican con el derecho; los abogados sanguijuela, que chupan la economía de los pobres; y los que tratan de aplicar el derecho con seriedad, a los que podemos llamar juristas.

Pero retornando a la Convención, cualquiera que la lea puede detectar el incumplimiento sistemático de la misma por parte del llamado régimen de excepción. Es cierto que el artículo 27 de la Convención afirma que en determinados casos los Estados podrán “adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención”. Pero al mismo tiempo añade que la disposición que hemos citado no puede autorizar la suspensión de algunos derechos, entre los que se encuentra el derecho a la integridad personal, además de “las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. Pero en la realidad cotidiana vemos que no hay garantías judiciales que protejan ni el derecho a la integridad personal, ni el derecho a no sufrir tratos crueles o degradantes, ni el derecho a ser “tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El hecho de que un ministro del actual Gobierno, con título de abogado, acuse indiscriminadamente de “asesinos seriales” a un montón de personas, asegurando al mismo tiempo que no tienen capacidad de reinserción social, choca con la afirmación de la Convención en el mismo artículo ya citado, que insiste en que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Y por supuesto, no hay garantías judiciales que protejan de ese tipo de afirmaciones.

Desde hace ya algún tiempo, palabras y conceptos evolucionan rápidamente al compás de la política. En vez de reflexionar sobre lo cierto de frases o palabras, compromisos o normas establecidas, se prefiere utilizar arbitrariamente el lenguaje. Con ello se dificultan las posibilidades de diálogo. Los juristas, que deberían establecer la realidad de las obligaciones y responsabilidades legales del país, quedan sepultados y sin poder ser escuchados a causa del parloteo y el discurso arbitrario que nace desde el poder, más que desde las leyes. Los ilustrados del siglo XVIII pedían frente al despotismo regio “que nos gobiernen leyes y no personas”. Dieron origen así a la democracia como gobierno de leyes construidas sobre la razón y la búsqueda del bien común. Casi trescientos años después, la tendencia al autoritarismo ha ido creciendo en muchos países. Y aunque algunos abogados continúan defendiendo la racionalidad y la claridad y exactitud del lenguaje, el pragmatismo legal de quienes respetan más al poder que a la norma se va imponiendo, muchas veces por miedo. Defender los textos legales vigentes, la racionalidad de los mismos y el sentido objetivo del lenguaje se ha vuelto una tarea en la que deben participar cada día con mayor empeño no solo los juristas, sino también la sociedad civil.

A medida que pasa el tiempo se va descubriendo que el pensamiento y las actitudes del oficialismo no solo se salen de los criterios democráticos y de derechos humanos, sino también de la racionalidad y la común comprensión del idioma. El período presidencial inmediato anterior que impide la reelección, según representantes del Estado, ya no es de cinco años, sino de seis meses. La Corte Suprema de Justicia pretende desconocer el sentido de la afirmación constitucional que señala que los períodos presidenciales son de cinco años. Los tratos que se da a personas privadas de libertad son para las instituciones internacionales de derechos humanos crueles, inhumanos y degradantes, pero para diversos funcionarios gubernamentales es el trato normal y digno. Con su silencio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos parece avalar ese pensamiento oficial.

Sería demasiado largo enumerar la lista de afirmaciones de altos funcionarios que se contradicen con la realidad. Con frecuencia, confunden el paternalismo populista con el respeto a la dignidad de la persona, el autoritarismo con el orden democrático, el insulto con la verdad. Si en todos los Gobiernos que ha tenido el país hubo personajes enemigos de la verdad, la actual administración no ha marcado ninguna diferencia. El poder y el control del mismo se han convertido en sustitutos de verdades básicas, y lo que importa son los sentimientos. Si en las encuestas las personas muestran su satisfacción con la reducción de los homicidios, eso quiere decir que todo se está haciendo bien, aunque se perpetren injusticias contra inocentes y se multipliquen los testimonios que dan fe de que se tortura a la población reclusa. La posición de la minoría se convierte en atentado contra la felicidad del poder. Se les acusa de ser malos salvadoreños que traicionan los ideales nacionales. Ofrecer resultados sin analizar los medios utilizados resulta siempre más provechoso en términos inmediatos; desde la lógica oficial, el futuro está asegurado si se tocan fibras de sensibilidad que convenzan a los ciudadanos.

Sin embargo, la historia muestra que cuando la verdad se sustituye por emociones que ensalzan el poder constituido, los resultados en el mediano y largo plazo son siempre negativos. Los creadores de sentimientos nacionales llegaron a tener un gran poder en el siglo XX, aunque tanto ellos como sus creaciones se desvanecieron rápidamente. La humanidad ha desarrollado criterios de verdad desde la conciencia de la igual dignidad de la persona humana. Y criterio significa reflexión crítica, discernimiento. Por supuesto, los sentimientos forman parte de la vida social y complementan a los criterios, pero no son dueños de la conciencia. El hecho de que en el país predominen hoy los sentimientos sobre los criterios racionales y que el liderazgo político desprecie y amenace al pensamiento crítico no significa que los sentimientos no puedan cambiar. Al contrario, si algo hay cambiante son los sentimientos políticos. Basta recordar que antiguos presidentes que gozaron en algún momento de una enorme popularidad y simpatía hoy están profundamente desprestigiados. Solo las personas con criterio, con juicio claro sobre la injusticia y sobre la necesidad de solidarizarse con las víctimas se mantienen firmes en el largo plazo en la valoración popular. Los ataques y los insultos, las construcciones ideológicas edificadas sobre mentiras, medias verdades y emociones desaforadas terminan disolviéndose en el polvo de la historia.

En sus países se les teme, porque necesitar todo y no poder satisfacer nada suele llevar a acciones desesperadas. Por eso las casas y colonias se amurallan. A los poderosos les conviene que sigan siendo pobres, porque es más fácil que se conformen con ganar poco ante la falta de alternativas. Y ante la permanente situación de calamidad, se puede manipular fácilmente a muchos de ellos. Cuando se convierten en migrantes, los que antes eran temidos y excluidos son considerados héroes, porque mandan remesas y con ello mantienen la economía que los expulsó. Pero en los países de destino también se les teme, y por eso las murallas físicas, legales y diplomáticas que se levantan en su contra.

En Estados Unidos, en el marco de la pandemia, se decretó una medida sanitaria, el Título 42, que permitía expulsar rápidamente a los migrantes que entraban ilegalmente al territorio por las fronteras de Canadá y México, aduciendo que representaban un peligro de contagio del covid-19. Solo los menores de edad se salvaban de la deportación exprés. Desde que se aprobó la medida, el 20 de marzo de 2020, durante el Gobierno de Donald Trump, hasta marzo de 2023, la deportación se aplicó 2.8 millones de veces para expulsar migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país del norte. Además, el Título 42 detuvo el sistema de asilo. Aunque muchos migrantes llegaron a Estados Unidos para escapar de algún tipo de persecución en su país de origen, no pudieron presentar su caso como facultan las leyes estadounidenses y estipulan los parámetros internacionales de derechos humanos.

La medida llegó a su fin el pasado 11 de mayo. Miles de migrantes latinoamericanos apostados en el lado mexicano asumieron que con ello podrían cruzar sin ser expulsados de inmediato. Sin embargo, la presión política y los cálculos electorales hicieron que el mismo día que terminó el Título 42 entrara en vigencia el llamado Título 8, que estaba vigente antes de la pandemia y fue reformado para volverlo más restrictivo. Las nuevas reglas del Gobierno demócrata castigarán severamente a quienes entren de manera ilegal y recompensarán a quienes soliciten hacerlo por la vía legal. Quien entre sin documentos perderá el derecho a solicitar asilo; a quien intente ingresar de nuevo sin documentación, se le prohibirá el reingreso por cinco años y podrá enfrenar procesos legales.

Además, el Gobierno estadounidense tiene proyectado abrir “centros regionales de procesamiento” en Guatemala y Colombia, que no son más que una reedición de los terceros países seguros. A dichos centros enviarán a los preseleccionados para aplicar al estatus de refugiado, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo; España y Canadá han aceptado recibir parte de estos migrantes siguiendo el proceso legal. Finalmente, ante la inminencia de una crisis, la administración de Biden ha reforzado con militares la frontera sur de Estados Unidos.

No se discute el derecho de los países a controlar el ingreso a su territorio; el problema es perder de vista el factor humano inherente a la migración. Ninguna de las medidas de control y contención será efectiva mientras persistan en los países de origen las causas que obligan a migrar y a buscar protección.

El fiasco es monumental y compromete la imagen presidencial, el punto más sensible del régimen. Deslumbrados por esa imagen, dos jóvenes colombianos llegaron al país de Bukele, convencidos de que encontrarían prosperidad en dólares y seguridad. No encontraron ninguna de las dos, sino el régimen de excepción. Tuvieron la mala fortuna de recalar en una colonia de Soyapango. No podían permitirse un sitio socialmente correcto, como los turistas que disfrutan de las atracciones del régimen. La colonia y la nacionalidad colombiana, asociada a las drogas por sus captores, los perdieron. En las cárceles de los Bukele no los privaron de nada: los humillaron, los torturaron y los hacinaron durante tres meses con otras víctimas de la represión. Su situación cambió cuando la esposa de uno de ellos acudió a las redes digitales —las mismas que usan Bukele y sus secuaces— para denunciar el hecho. En menos de veinticuatro horas, el carcelero mayor en persona los puso en libertad.

El segundo capítulo del fiasco es todavía más bochornoso para el régimen de la imagen. Casa Presidencial les pidió “aclarar lo sucedido”, ya que “había sido un error”. Y había también mala conciencia. “Nos dijeron que teníamos que decir que fuimos capturados por un tema migratorio”. Mientras tanto, les pagó hotel, los llevó a comprar ropa y a la playa, les ofreció trabajo, 800 dólares de salario, motos, viviendas con varios meses de alquiler cancelado (incluso se las mostró), y trasladó desde Guatemala a la familia de uno de ellos. Ninguno aceptó el chantaje y decidieron regresarse por donde habían venido.

Antes de partir, grabaron un video con la versión oficial. Casa Presidencial reforzó el relato con imágenes grabadas en la playa, que los muestran disfrutando en grande de una de las atracciones turísticas más cuidadas, un mes antes de su liberación, cuando aún eran huéspedes de sus cárceles. Bukele las reprodujo para desacreditarlos. La treta fracasó. Los dos huéspedes salieron respondones. “Nosotros no estamos en contra [suya], pero el presidente tiene que tener los pantalones bien puestos y decir las cosas como son”, que muestre los registros de la Policía y las cárceles, dijeron.

La experiencia de los dos colombianos es una radiografía de las entrañas del régimen de los Bukele y un aviso para los desprevenidos e incautos, propensos a caer en el engaño de las redes digitales. No fue una simple equivocación; es la otra cara de los Bukele. En este caso, sus huéspedes salieron bien librados gracias a las redes digitales. La circulación de la información, que comprometía seriamente la imagen cool del presidente, movilizó a Casa Presidencial. Le habían dado una cucharada grande de su propia medicina. Rápidamente tomó cartas en el asunto. Quiso comprar a sus víctimas. Les ofreció en abundancia lo que antes les negó. Pero la libertad, los regalos y los ofrecimientos no fueron suficientes para convencerlas de la hospitalidad de Bukele. La mentira y el desprestigio no las amedrentaron. Una vez fuera de su alcance, relataron con detalle su paso por el país.

El Salvador no es sitio idóneo para encontrar un trabajo bien pagado en dólares. Tampoco para ahorrar y enviar remesas o para regresar al lugar de origen con dinero. Los interesados deben tomar nota del paso fugaz e infortunado de estos colombianos por el país. Otro dato convincente es que todos los salvadoreños que pueden, lo abandonan. Más todavía, el mismo Bukele, que promete fortuna y seguridad, les crea empleo en Estados Unidos y Canadá. Estos países, necesitados de fuerza de trabajo, le ofrecen la oportunidad de aliviar el creciente desempleo local, para el cual no tiene respuesta. Esto no le impide, sin embargo, despotricar contra el imperialismo estadounidense cuando se le antoja.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es la causa de las desventuras del régimen de Bukele, sino él mismo. El reciente ataque contra ella ni siquiera él se lo traga. Tendría que estar muy ciego para aceptarlo. La andanada, cargada de presagios tenebrosos, que supuestamente buscaba predisponer a los países vecinos contra dicha Comisión y alinearlos con su causa, no es más que otra distracción para alimentar a la fanaticada. Tampoco el dinero de Soros es necesario, ya que el mismo régimen de excepción es su peor enemigo.

Por eso, la negación sistemática de la información y la desinformación son indispensables. Casa Presidencial hace lo indecible y gasta millones de dólares en ocultar su incapacidad para gobernar. Impidió la comunicación del cónsul de Colombia con sus conciudadanos y le negó acceso a su expediente, porque el diplomático podía poner en peligro sus maniobras para congraciarse con ellos. Al final, la verdad salió a la luz. En gran medida, por la integridad y la valentía de las dos víctimas del régimen.

El fiasco colombiano ha mostrado a otras esposas las posibilidades de las redes digitales para presentar sus casos y reclamos. Una de las fortalezas del régimen es también una de sus grandes debilidades. Es un juego de imágenes que decide la credibilidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las personas hacen crítica de la realidad con conceptos y razones, pero con frecuencia la narración de sucesos imaginarios nos ayudan a entender mejor los problema reales. Un joven creativo e inteligente narraba una historia imaginada que podríamos llamar la parábola del empresario evasor, que nos ayuda a entender mejor tanto los abusos cometidos en el régimen de excepción como los falsos conceptos que se utilizan para defenderlo. El cuento dice así. Un Gobierno de un país cansado de la evasión de impuestos, con el apoyo de la mayoría parlamentaria y con el entusiasmo de la población mayoritariamente pobre, decidió promulgar una ley que permitiera encarcelar a los empresarios, gerentes y profesionales de salarios muy altos solamente por la sospecha de que evadían impuestos. La acusación confidencial contra ellos servía para encarcelarlos por seis meses mientras se estudiaba si sus casos pasaban a instrucción. No tendrían derecho a visita familiar, estarían hacinados y se les exhibiría en calzoncillos largos rodeados de policías bien armados. Si alguno, o varios, de los detenidos resultara que eran inocentes, serían llamados “daños colaterales de la guerra contra la evasión fiscal”. Tras meter en la cárcel al último evasor fiscal, la evasión, que tanto daño hace a los países en vías de desarrollo (a veces llegando a unos niveles semejantes a los de la delincuencia), habría sido eliminada en el país imaginario.

Aunque esta historia nunca llegará a ser real ni lo pretende, podemos imaginar el griterío de los poderosos y las presiones que harían contra ese tipo de medidas. En realidad, es un cuento imposible, porque los que serían acusados masivamente de evasión suelen ser demasiado poderosos y tienen medios muy diversos para defenderse. Pero desde el punto de vista ético, tendrían razón: sería una situación intolerablemente injusta. Y lo sería especialmente porque habría destrozado el Estado de derecho, además de dañar la economía, condenar y humillar a inocentes, etc. Esto no quiere decir que no se deba perseguir la evasión fiscal. Pero está claro que debe hacerse siguiendo los procedimientos de presunción de inocencia, indicios serios para una acusación, pruebas suficientes, garantías de defensa y, como suelen decir las Constituciones republicanas, “pronta y debida justicia”. Entre nosotros, la Constitución de la República en el artículo 11 tiene una excelente síntesis de derechos básicos en estos temas.

Aunque la historia narrada no ofrece un paralelismo exacto con el actual régimen de excepción, nos da, desde cierta semejanza, elementos de juicio. Porque lo que no es bueno para un sector de la población, tampoco es bueno para otro. Todas las personas tenemos la misma dignidad y nadie debería ser tratado como no quisiéramos que se nos trate. Desde la comodidad que da el poder del dinero, de la política o de cualquier situación privilegiada, se puede ver el abuso frente a los derechos de las personas en la persecución de la delincuencia como un mal menor que consigue un bien mayor. El dinero y el poder dan seguridad y quitan sensibilidad, especialmente ante el dolor de los pobres. Pero más allá de la indiferencia de los afortunados, la tarea de construir el bien común no puede llevarse a cabo a base de dañar a personas inocentes o de violar derechos correspondientes a la dignidad humana, aunque simultáneamente se consigan efectos deseados. Corresponde ahora corregir errores, suprimir la arbitrariedad de un buen número de detenciones, restituir derechos y buscar soluciones laborales para quienes a causa de una detención de varios meses hayan perdido sus trabajos.

Con base en datos oficiales, se publicó recientemente que en paralelo a la reducción del desempleo, el subempleo había aumentado, llegando a afectar al 40% de la población urbana económicamente activa. En un país como el nuestro, cada vez con más gente en las ciudades, el dato es grave. Además, el subempleo en el área rural cubre a un porcentaje mayor dada la dificultad de los campesinos para obtener un ingreso digno. Nadie duda hoy que el trabajo es un deber y un derecho, pero el derecho a un trabajo digno y remunerado con justicia continúa siendo un déficit de la humanidad. Y América Latina presenta el rostro dolorido de un trabajo muchas veces duro, extenuante y muy mal pagado. Si en El Salvador se hiciera depender el subempleo de que la plaza de trabajo esté cubierta por elementos básicos de protección social, como el Seguro Social y el sistema de pensiones, los números serían todavía mayores.

La dificultad de acceder a un empleo con un salario digno, que cubra las necesidades básicas de la persona, incluidos sus derechos al descanso y a la cultura, impide que los jóvenes alcancen su autorrealización. El papa Juan Pablo II, comentando el centésimo aniversario del primer mensaje vaticano sobre los derechos de los trabajadores, decía que una sociedad que niega el derecho a un salario justo y decente, y cuyas medidas de política económica “no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social”. Revisar las políticas existentes y defender los derechos laborales es obligación del Estado. Y en el caso de El Salvador, no basta defender la legislación vigente, sino que es necesario, por un lado, ampliar las normativas de manera que cubran a toda la población económicamente activa y, por otro, enfrentar las externalidades que puedan afectar a los trabajadores. Son conocidos los casos de empresas extrajeras que abandonan el país sin cumplir las obligaciones con su personal. La destrucción de cosechas por inundaciones a causa de la falta de mantenimiento de los bordos de los ríos es noticia habitual cuando las lluvias son especialmente fuertes. Hoy en día, además, los agricultores enfrentan graves problemas por los altos costos de los insumos agrícolas. Y el salario en el campo es inferior al costo de la canasta básica ampliada. Por otra parte, que las mujeres que trabajan en el cuido del hogar no tengan acceso a pensión indica también una clara falta de conciencia ética en los políticos. Estos y otros muchos son problemas reales que el Estado debe prevenir y solventar.

El papa Francisco, en línea con el pensamiento social de la Iglesia, que da prioridad al trabajo sobre el capital, recalcó en uno de sus últimos documentos lo que en la tradición cristiana se denomina el “destino universal de los bienes”. En otras palabras, si el mundo es la casa de todos, toda persona debe vivir dignamente con su trabajo sobre el mundo. La desigualdad humillante y la marginación negadora de derechos ni son justas, ni son cristianas. Es esencial tener claro lo que sigue pendiente y es esencial para el crecimiento equitativo de la sociedad salvadoreña. Primero, impulsar y garantizar un salario mínimo igualitario que sea suficiente para el desarrollo de las capacidades personales y la autorrealización; segundo, formular políticas efectivas y universales de inclusión en las instituciones de protección social; tercero, que el Estado y el Gobierno se impliquen con mucha mayor eficacia en aportar soluciones al subempleo y la informalidad; y cuarto, tomarse en serio la prevención de desastres, pues las sequías e inundaciones que el calentamiento global trae consigo serán cada vez más destructivas.