Editoriales y Opiniones

La población se hastió de la política tradicional y de los políticos que llegan al poder para lucrarse de la cosa pública. Se cansó de que las promesas y ofertas de cambio no sean más que aire mientras las élites concentran riqueza. La mayoría se hartó de la corrupción y de la impunidad con que los poderosos violan la ley y la manipulan a su antojo. La gente se indignó por el nepotismo, de que el Estado rebalse de personas sin capacidad y sin méritos profesionales ni éticos para desempeñar los cargos. La gente se cansó de no ser escuchada, de que sus derechos fundamentales no sean respetados. La gente de barrios y colonias populares vivía en el terror, presa en su propia casa y sometida a violencias, amenazas, y extorsiones sin que nadie hiciera algo significativo para librarla del yugo de las pandillas. Se hartó de que las instituciones públicas no funcionen, de la lentitud e ineficacia del sistema de justicia, del descuido del sistema de salud.

La gente contaba, pues, con sobradas razones para no estar contenta con el rumbo del país y anhelar un cambio radical. Por eso se arrojó en brazos de quienes exacerbaron ese descontento y prometieron barrer con todo. El resultado de esa apuesta desmesurada ha sido el equivalente a dispararse en los pies. Los que que dijeron ser diferentes practican los vicios de siempre, superando con creces a sus predecesores. Quienes han hecho de la crítica a los Gobiernos anteriores su principio motor ocupan cargos para ostentar lujos y prepotencia. Aquellos que repitieron como un mantra que “el dinero alcanza cuando nadie roba” han endeudado al país a niveles sin precedentes y ocultan toda información sobre gastos, proveedores e inversiones del Gobierno.

Los próceres del desagravio histórico persiguen a toda figura prominente de lo que para ellos representa el pasado mientras protegen a sus propios funcionarios ante señalamientos de corrupción y les garantizan impunidad. Los que despotricaron contra el nepotismo tienen hoy a su familia y amigos en puestos públicos. Mientras dicen que ahora hay verdadera democracia, desmontan todo mecanismo de control y pasan por encima de cualquier ley, incluyendo la Constitución. Mientras hablan de justicia, destituyen a todo juez o fiscal que obedezca a la ley antes que a un político y someten la justicia a los deseos de una sola persona. Mientras hablan de El Salvador como de una tierra paradisíaca, cientos de compatriotas huyen del país a diario en búsqueda de oportunidades.

Mientras se levanta un nuevo proyecto elitista que ha puesto todo el Estado a su servicio y acapara los pocos recursos nacionales, la mayoría o no ve las contradicciones del régimen y cree a pie juntillas en un país imaginario, o prefiere seguir con su vida haciendo caso omiso de los desmanes. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es hoy abismal, y en el fondo de esa fosa se marchitan lentas las posibilidades de alcanzar un mejor futuro común.

Los desvelos del régimen de Bukele para encontrar reconocimiento en el exterior están reflejados en una larga entrevista que el vicepresidente tuvo a bien conceder a la BBC de Londres. Las falsedades y las torpezas de las declaraciones vicepresidenciales son un fiel reflejo de cómo se les escabulle la credibilidad internacional. En ellas palpita una realidad que pugna por salir a la luz y el afán por disfrazarla de bienestar y provecho. Atribuir las desventuras del régimen a la mala intención de la oposición local, a la desinformación de la prensa extranjera y a la ignorancia de los organismos internacionales no ha favorecido la causa de los Bukele. Juzgue el lector cuánta objetividad hay en estas acusaciones, a la luz de las declaraciones del vicepresidente.

Los soldados y los policías no incursionan en las comunidades para capturar al tatuado o al que ha sido denunciado anónimamente, sino que van “directo” a quien ya posee “un perfil”. Lo demás es “una mentira” difundida por la oposición local y los medios extranjeros. Claro, los agentes del régimen abusan y se equivocan al capturar a quien no está vinculado a las pandillas, pero esa “no es una política” gubernamental. Más todavía, las detenciones se rigen por “un protocolo” y existe “una oficina para recibir quejas”. En cualquier caso, más de tres mil detenidos han sido liberados después de revisar su caso, “siguiendo el debido proceso legal en los tribunales”. El vicepresidente desconoce cuántos siguen detenidos aún y se niega a hacer “conjeturas” en “un asunto delicado” que está en manos de los jueces. El Ejecutivo no interviene en la administración de justicia, porque “la separación de poderes es clave”.

Los liberados después de varios meses de reclusión deben comprender que los Bukele heredaron “un sistema penitenciario superpoblado”, que ya trabajan en “mejorar y acelerar lo más posible la administración de justicia”, para lo cual han contratado más fiscales, jueces y defensores públicos, y han construido “la mayor instalación para albergar a esos presos”. Quien tenga dudas sobre el trato dado a los detenidos debe consultar el “informe independiente” del Comité Internacional de la Cruz Roja, que supervisa diariamente sus condiciones. Sin embargo, el vicepresidente “no tiene un juicio final” sobre este punto, “porque la sensibilidad hacia los victimarios puede ofender a las víctimas”. En cualquier caso, “esa gente es presentada así”, semidesnuda, descalza, rapada y hacinada en cuclillas, porque “el presidente quiere ser transparente y responsable”. Indudablemente, la medida es muy popular, “¿por qué no? Si estás haciendo algo bueno [aunque] la oposición dice que estás haciendo algo malo”.

Aquí el discurso deriva a lo esperpéntico. El vicepresidente alega desconocer quién ordenó la incomunicación de los detenidos. Por tanto, remitió al periodista al director del sistema penitenciario para preguntarle “qué es lo que pasa”. Eso sí, le adelanta que los casos de incomunicación son pocos y que “las familias mienten”. En cualquier caso, el Estado se atiene a los Convenios de Ginebra, que regulan las guerras y el conflicto interno. Pero advierte que no se trata de una guerra contra niños inocentes o delincuentes comunes, sino contra “una fuerza estructurada, con armas pesadas”, aunque con “cero muertos”. Es una operación “sin precedentes a nivel mundial”.

En esa misma línea de negación de la realidad, el vicepresidente afirma rotundamente que “no hay ni hubo ninguna negociación con las pandillas”. Si acaso hubo “algún intercambio o trato o algo, negociar con las pandillas no es una política del Gobierno”. Si bien no pone en duda la afirmación del fiscal general estadounidense que asegura lo contrario, le gustaría saber si verificó la información con los funcionarios salvadoreños señalados. Debió preguntarles “si es verdad o no que [negociaron], por qué lo hicieron, los términos de la negociación, qué lograron, qué dieron y también si tenían órdenes superiores de hacerlo”. Al llegar a la liberación del Crook, el vicepresidente vuelve a tropezar. No tiene “ni idea” de ella. Leyó la noticia en la prensa, “pero no sé si es verdad o no. No puedo decir nada al respecto”. “No sé si es el mismo caso por el que nos fue pedida una extradición”. Sea lo que sea, está “bien claro” que “el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el asunto, porque está en manos del poder judicial”.

Mientras extermina a los pandilleros, el régimen “lidia” también con la pobreza y la emigración forzada, recupera la “industria agrícola”, esto es, la plantación de café, ejecuta un plan para evitar que los jóvenes ingresen en la pandilla y atiende a las esposas y las madres de los detenidos. De esa manera, el régimen de los Bukele “prepara la nueva sociedad”.

Estos tendrán que cambiar drásticamente de rumbo para encontrar la credibilidad que aparentan desear, pero que se les resiste. De ahí que los desafíos tuiteros del presidente no sean respondidos. Es claro que la comunidad internacional no aplaudirá al régimen actual.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años desde que el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si, un llamado a la humanidad para el cuido, protección y buen uso de los recursos de la naturaleza. Un llamado que entroncó con el creciente —pero aún insuficiente—aumento de la conciencia global del daño que se ocasiona al planeta y de la necesidad de cambiar hábitos a escala mundial. Si bien la encíclica no cayó en el vacío, tampoco recibió la atención que merece dada su importancia para el presente y futuro tanto de la vida humana como la de millones de especies con las que se comparte esta casa común.

En el caso de El Salvador, el cuadro es aún peor. A pesar de la pequeñez del territorio nacional, su aguda vulnerabilidad ambiental y la alta densidad poblacional, muy pocos tienen un compromiso serio, coherente y constante con el cuido del medio ambiente; son mayoría los que consciente o inconsciente siguen con prácticas que lo destruyen. Por ello, las Iglesias, las instituciones educativas y las organizaciones gremiales y sociales deben implicarse más en la generación de la conciencia que permita el cambio de actitud requerido.

Por su parte, el Estado salvadoreño tiene, por mandato constitucional, “el deber de proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible”. Sin embargo, no ha sido coherente con esa obligación; en no pocas ocasiones no solo la ha descuidado, sino que ha promovido o avalado prácticas muy dañinas. Los permisos de construcción de complejos residenciales o industriales en zonas boscosas y montañosas, la desprotección de quebradas y ríos, la permisividad con la roza y quema, la falta de un buen ordenamiento territorial y el abandono a su suerte de especies en peligro de extinción son algunas muestras de un Estado que no cumple con su deber institucional de proteger la integridad del medioambiente.

Es muy claro que en el país se privilegian los intereses particulares sobre el bien común y se ponen por delante los beneficios inmediatos sobre los de largo plazo; el medio ambiente no queda fuera de esa lógica. Al igual que en el pasado, el poder del capital se impone, y así como hace décadas logró revertir políticas como la reforma agraria, hoy logra el favor de las autoridades para que otorguen permisos a proyectos millonarios altamente perjudiciales para el medio ambiente; proyectos que profundizan la crisis medioambiental que ya vive el país.

En este marco, preocupa que se pueda revocar la prohibición de la minería metálica en El Salvador mediante la abolición o modificación de la ley que, gracias a la presión de Iglesias, medioambientalistas, la academia y las comunidades afectadas, fue aprobada hace seis años por la Asamblea Legislativa. Tal como se lee en el reciente pronunciamiento de un amplio abanico de organizaciones sociales en contra de la minería, “la minería de metales [...] destruye bosques, genera drenaje ácido, contamina el agua, causa enfermedades y deja enormes cantidades de desechos que constituye una amenaza mortal para las plantas, los animales y las personas [...] Estos daños ponen en peligro la continuidad de la vida, sobre todo porque los pretendidos proyectos mineros se ubican en la franja norte del país, que es la cuenca del río Lempa, el principal afluente nacional”. Un peligro de tal calibre amerita una vigilancia ciudadana permanente y proactiva. ¿Por qué resignarse a dejar por herencia un país de cenizas?

La permanencia de la pobreza y la desigualdad en El Salvador solo puede entenderse desde el papel jugado por las élites en nuestra historia. Aunque ha habido miembros de ellas que han intentado cambiar la dinámica injusta del país, los sectores privilegiados (económicos, políticos o militares) se han inclinado por la construcción de una sociedad que margina y explota a las mayorías en función de los beneficios de unos pocos. Como resultado de ello, la realidad de pobreza, vulnerabilidad y escasez de alternativas es muy difícil de superar sin recurrir a la migración, el crimen o la corrupción. No hay nada en la actualidad que no se haya generado desde la lógica extractivista impuesta por las élites. El hecho de que estas compartan una fracción de sus beneficios con el 20% o el 25% de la población que constituye la clase media estable no anula lo dicho.

La pérdida de independencia entre los poderes del Estado, por mucho que ciertos sectores y personas quieran atribuirla a individuos aislados, no es ajena a la dinámica de las élites, partidarias de la concentración del poder político siempre y cuando sus beneficios no disminuyan. Con distintos estilos y modulaciones, la situación es parecida en la mayor parte de Centroamérica, con el agravante de que no existen alternativas políticas serias y con posibilidad de triunfo. Si en los primeros años del siglo actual se consiguió reducir la desigualdad, esta ha crecido desde la pandemia. La migración ha vuelto a aumentar y la tendencia autoritaria dificulta la reflexión, el diálogo y la formulación de propuestas de desarrollo con justicia social. No faltan quienes añoran ahora la relativa libertad de hace algunos años sin caer en cuenta que los abusos de antes son causa de la problemática actual. Mientras se añora el pasado, la pobreza y la desigualdad permanecen intactas.

Exigir cambios en beneficio de quienes se mantienen en la pobreza y la vulnerabilidad, así como respaldar a las víctimas de abusos de poder es ineludible para lograr un mejor futuro. Tener claro por dónde debe caminar una reforma fiscal, denunciar la corrupción, el silencio cómplice y la arbitrariedad estatal, combatir la extendida informalidad laboral, enfrentar la destrucción del medioambiente causada por constructoras y lotificadoras, y defender los derechos humanos también son tareas básicas. Pero todo ello sin perder de vista la necesidad de redistribuir la riqueza y que los servicios estatales contribuyan al bienestar de todos y a la justicia social.

En el país, la disminución de la preocupación por la inseguridad está aparejada con el aumento de la preocupación por el incremento general de los precios, especialmente de los alimentos. En la encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el 68% de los encuestados opinó que el costo de la vida aumentó mucho, 93% percibió incremento en los precios de los productos de la canasta básica y el 39% dijo que el desempleo aumentó. Las cifras económicas confirman la percepción de la gente. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, recién publicada por el Banco Central de Reserva, el año pasado la inflación alcanzó el 7.3%, algo que no se registraba desde hacía 26 años.

Los datos oficiales evidencian que la pobreza —por tanto, el número de pobres— ha aumentado en el país. Un 26% de los hogares viven en pobreza, tres puntos y medio más que en 2019. Los hogares viviendo en pobreza extrema, es decir, que no alcanzan ni a comprar los alimentos básicos, pasaron del 4.6% en 2019 al 8% en 2022. Como agravante, la deuda pública se ha disparado en los últimos años y las proyecciones internacionales presagian una profundización de la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional proyecta que América Latina crecerá solo un 1.6% en 2023, dos décimas abajo de lo estimado hace unos meses y muy lejos del 4% de crecimiento registrado en 2022.

Frente a este escenario, poco sirve decir que se trata de un problema mundial y que, por tanto, El Salvador no puede hacer nada por reducir el impacto en las familias. Por supuesto, hay factores internacionales que no dependen de lo que se haga aquí, pero también es cierto que hay factores internos en los que sí se podría trabajar. Por ejemplo, en el país, a diferencia de otras naciones, nunca se ha considerado la alimentación como un asunto de primera importancia. Por el contrario, ha habido y sigue habiendo un abandono del campo y de la producción agropecuaria. Si no se importara el 80% de los granos básicos, hortalizas y frutas que se consumen a nivel nacional, con seguridad el precio de la canasta básica fuera más accesible. Según datos de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, en la cosecha 2021-2022 se cultivaron 28.6 millones de quintales de granos básicos; en la siguiente, solo 19.9 millones.

Por otro lado, si bien, tal como señalan los datos oficiales, el país ha crecido económicamente en algún grado, simultáneamente ha aumentado el número de gente viviendo en pobreza y pobreza extrema. Ante ello, la conclusión obvia es que, al igual que siempre, el crecimiento se queda en pocas manos, aumentando así la lacerante desigualdad de nuestra sociedad. Hasta la fecha, ninguno de los Gobiernos de la posguerra ha hecho algo para cambiar el injusto modelo fiscal que concentra la riqueza y multiplica la pobreza; ninguno se ha atrevido a implementar una reforma fiscal progresiva que beneficie a los sectores más pobres.

Aunque mucha gente se queda impávida ante la afirmación de que la deuda sigue engordando a pasos agigantados y que el costo de la vida ha subido varios puntos porcentuales, sí le afecta que ahora solo le den tres plátanos por un dólar cuando antes obtenía cinco. La economía se entiende mejor cuando toca el bolsillo. En países como el nuestro, que reproducen constantemente la economía informal ante la incapacidad de generar empleos dignos y estables, en los que la mayoría de la población no tiene garantías laborales ni protección social, las crisis golpean con mayor dureza. Y nada permite decir que la actual amainará. Más allá de la propaganda oficial, el futuro de El Salvador es tan incierto como antes.

Ignacio Ellacuría propuso diagnosticar el estado de salud de la sociedad a partir del análisis de sus heces. El coproanálisis histórico, así lo llamó, permite conocer críticamente una acción o una realidad, considerando todos sus efectos y repercusiones, en el tiempo y el espacio. No solo importan los efectos inmediatos, también los de largo plazo, que repercuten sobre aquellos y sobre el todo y sobre el mismo desencadenante. El análisis de las heces es pertinente, porque la verdad de algo solo se alcanza si se tienen en cuenta sus efectos secundarios, aun cuando no sean pretendidos.

El coproanálisis histórico revela la verdad del régimen de excepción y del régimen de los Bukele en su conjunto. Desautoriza las opiniones que intentan justificarlos con el argumento de que la desarticulación de las pandillas y la seguridad asociada a este hecho son algo bueno en sí mismo, desestimando la represión indiscriminada, la brutalidad de sus agentes y el terror estatal; que primero hay que limpiar la casa para luego ocuparse de la pobreza, la salud, la educación, la inflación, la deuda pública, etcétera; y que en una guerra como la librada por los Bukele es normal que haya daños colaterales. Estas opiniones enuncian verdades parciales que satisfacen conciencias inquietas, algunas cristianas, pero, obviamente, de manga ancha y mal formadas.

El análisis de las heces es un recurso científico muy común para detectar enfermedades en el organismo humano y también, agrega Ellacuría, en la organización social. No se trata de ensañarse con lo malo, desconociendo lo bueno. Tampoco de tomar la parte por el todo como las opiniones mencionadas, que se quedan con lo bueno y desconocen lo inaceptable. Sino de descubrir lo que es el todo en aquello que lo caracteriza objetivamente. No es que solo produzca detritus o que estos sean lo principal, sino que en ellos se dan claves para revelar el estado de salud del productor. En consecuencia, es inadmisible argüir que el bien producido, en este caso, la seguridad, es mejor que el mal permitido, la detención hacinada de decenas de miles de pandilleros y no pandilleros, la tortura, la incomunicación y la negación del derecho a la salud, a la defensa y a la justicia. No se puede, pues, desestimar como irrelevante la violación sistemática y masiva de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Estos detritus revelan la cruda realidad del régimen de los Bukele y su estado de salud política y ética. Negar la existencia de los desechos es poner en grave riesgo la salud individual y social. Desde una perspectiva cristiana, equivale a condonar, por omisión, un pecado estructural y mortal, ya que asesina. La represión masiva e indiscriminada del Estado militarizado tiene efectos buenos para unos cuantos, mientras descarta a otros muchos, no solo pandilleros, sino también a quienes no lo son y a sus familiares. Si aquellos ya estaban deshumanizados, el régimen los deshumaniza aún más y dispone de ellos como simples desechos. Sus carceleros les propinan golpizas, los arrinconan como basura y los tratan como detritos sociales.

El uso de la fuerza militar y policial para mantener la paz social pone de manifiesto no solo la irracionalidad y el envilecimiento de sus ejecutores, sino también la maldad de la estructura social. La seguridad de unos cuantos lleva a la inseguridad del resto. En la raíz de esa realidad se encuentra una estructura económica y política perversa. El capitalismo neoliberal heredado de Arena, que acumula riqueza por el despojo, ha multiplicado y profundizado la miseria y la violencia, indispensable para mantener el ritmo de acumulación de los pocos privilegiados. Los Bukele no se han atrevido a tocar esa estructura despojadora e injusta. Su novedad ha consistido en militarizar el Estado y la sociedad, y en hacer uso indiscriminado y masivo de la fuerza para mantener en su sitio la herencia de Arena.

El régimen de excepción de los Bukele busca limpiar las heces del capitalismo salvaje con más heces. No ha mostrado el menor interés en modificar esa forma de capitalismo. Ni siquiera en aliviar sus efectos más devastadores. Exonera de impuestos a las empresas tecnológicas, cuya rentabilidad es de las más elevadas, pero es incapaz de suprimir el impuesto al valor agregado de la canasta básica y los medicamentos de primera necesidad, lo cual hunde aún más en la precariedad a las mayorías. No le faltan palabras para saludar a visitantes estrafalarios, pero guarda silencio ante la amenaza de escasez de granos básicos y el deterioro de los indicadores socioeconómicos. Levanta la voz para defender a un Trump acusado de 34 delitos criminales y con varias investigaciones abiertas, pero calla ante el clamor de las madres de los desaparecidos y de las mujeres en las afueras de sus prisiones. La verdad del régimen de los Bukele es la totalidad de sus prácticas y sus consecuencias. No se pueden aplaudir los beneficios e ignorar las perversidades.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“No juzguéis para que no seáis juzgado” reza un conocido fragmento bíblico que oportunamente puede aplicarse a uno de los recientes “trinos” del presidente Bukele en la red social Twitter. En el tuit del cuatro de abril, el mandatario parece consternado por la acusación penal contra Donald Trump, originada en treinta y cuatro cargos relacionados con el pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de una exactriz de cine pornográfico.

Hasta donde sabemos, la imputación contra Trump cuenta con el respaldo testimonial de uno de sus antiguos hombres de confianza, Michael Cohen, el abogado que recibió los 130 mil dólares de manera fraudulenta, haciendo parecer que se trataba de honorarios por servicios prestados. Dicho testimonio, sumado a abundantes documentos, fue suficiente para que un jurado estadounidense considerase en marzo del presente año que existían pruebas suficientes para imputar criminalmente a Trump.

El fragmento bíblico nos increpa inclemente: “¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?”. Una interrogante que se reformula con dureza ante el trino del presidente Bukele: ¿con que cara cuestiona la acusación contra Trump cuando en El Salvador miles de inocentes llevan meses detenidos sin ningún tipo de evidencia? En el caso de Trump, hay documentos y testigos; en el de miles de inocentes detenidos, apenas una ficha policial inventada al momento de la captura. En el caso de Trump, es impensable una detención provisional; en el de miles de salvadoreños detenidos, les espera meses de prisión en lugares pútridos y hacinados, donde con suerte se recibe dos comidas diarias dignas de animales. Trump será escuchado por un gran jurado que recibirá a su equipo de abogados; los inocentes del régimen recibirán un abogado público saturado de casos que deberá habérselas con jueces con el rostro tapado e impuestos a dedo.

¿Qué tiene Trump que no tienen los salvadoreños inocentes detenidos? Es una lástima que los treinta y cuatro cargos criminales de Trump no hubiesen sido intimados en un juzgado de paz de San Salvador. Si así fuese, quizás el presidente Bukele mostraría un poco más de respeto y simpatía por el debido proceso y la humanización de la administración de justicia, dos nociones que en estos días la Constitución de la República carga forzada como estribillos de poca monta.

Pero el texto de la Biblia no es eslogan ni debe tomarse a la ligera, pues también advierte: “Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.”

Con algunos amigos comentábamos positivamente la gran cantidad de jóvenes que veíamos en las procesiones y actos de piedad correspondientes a la recién pasada Semana Santa. Que la vida de Jesús de Nazaret, impacte y atraiga a gente joven siempre es una esperanza para un país de tradición cristiana. Porque la vida de Jesús, y más en los momentos de la Pasión, siempre nos remiten a la solidaridad, al amor generoso, a la verdad, a la justicia y a la lucha pacífica, pero clara, contra el mal y contra el sufrimiento que los seres humanos causamos, directa o indirectamente, a otros seres humanos. Viviendo en un mundo y en un país donde la injusticia, la desigualdad y el menosprecio y la marginación de los pobres es frecuente, el recuerdo de Jesús es siempre fuente de vida humana fraterna y de crítica constructora de solidaridad. Frente a quienes saltándose normas y derechos básicos califican como guerra violenta la persecución del delito, el seguimiento de Jesús nos impulsa más a transformar estructuras injustas que mantienen a muchos en la pobreza y la vulnerabilidad, y que constituyen una forma de violencia estructural que incita a la violencia delincuente.

Y es positivo que los jóvenes se fijen en la persona de Jesús porque ser joven en El Salvador no es fácil. El trabajo ni abunda ni está con frecuencia bien remunerado. Los jóvenes son los que más pueblan nuestras cárceles, los que más muere en accidentes o en asesinatos, los que más sufren el acoso de destrozar sus vidas con la corrupción, las drogas o la violencia. Son los que más emigran, los que tendrán que cargar, si se quedan, con una población donde abundarán los ancianos sin protección social ni pensión. Incluso muchos de los que obtienen una beca en el exterior y desarrollan con excelencia sus estudios, tienden a quedarse fuera del país, atraídos por condiciones de vida que no encontrarían en un posible retorno al propio país. Fijarse en la vida de Jesús da pertenencia y responsabilidad a la propia historia. Ayuda a asumir la realidad en la que se vive y a trabajar por mejorarla y transformarla. Da esperanza y ánimo frente a la frustración que puede ocasionar una sociedad marcada por el oportunismo y la búsqueda de dinero a como dé lugar, sin principios ni valores.

La juventud es siempre una etapa de esperanza, de ilusiones y generosidad. Tener ejemplos, personas y narraciones de vida que permitan soñar con un futuro mejor, resulta indispensable tanto en el marco educativo como en el ámbito de las creencias. Y aunque podemos decir que ejemplos no faltan, la propaganda dominante habla más de triunfadores individuales que se han enriquecido o que han tenido éxito con los estudios para abrirse paso en la vida. Los espíritus generosos son menos cotizados. Muchos murieron en los tiempos duros de las guerras civiles, mientras trabajaban en favor la paz, de la justicia y del diálogo y son ejemplares. Pero se cultiva más la imagen del individuo exitoso, mientras que a quienes han impulsado soluciones sociales se les margina en el día a día. Ver, en este contexto a una buena cantidad de jóvenes participando en actividades religiosas en torno a la figura de Jesús de Nazaret da ánimo y esperanza. Se acercan a una persona que ofreció soluciones comunitarias a partir del servicio y del amor al prójimo. Entran, aunque sea a través de costumbres y actos tradicionales, en la esfera de la generosidad y de la capacidad de sacrificarse en beneficio de otros. Es probable que no sea suficiente para enfrentar los grandes retos que El Salvador tiene en el terreno del desarrollo solidario y la justicia social. Pero abre una posibilidad fuerte e intensa de trabajar con los jóvenes para que a la generosidad personal le añadan una conciencia social moderna, construida sobre la apertura de oportunidades para todos y la protección social universal. La sociedad laica, para salir adelante, necesita cristianos conscientes de su responsabilidad social. Lo mismo que el ámbito de los creyentes necesita una sociedad laica abierta a las necesidades de todos. Los jóvenes con espíritu religioso nos abren a la esperanza de un futuro salvadoreño mucho más justo que el actual presente, tan desigual y tan capaz de marginar y menospreciar a muchos.

Nada mejor para vivir cristianamente esta Semana Santa que recordar las palabras del Cardenal Rosa Chávez en el 43 aniversario de la muerte martirial de San Óscar Romero. Nuestro obispo san Óscar actualizó el sacrificio de Cristo con su propia palabra, vida y muerte. Nuestro Cardenal nos lo recuerda con una frase fundamental del santo: El cristiano debe “estar donde está el sufrimiento”.

Dado que los cristianos, al igual que todos los seres humanos, estamos hechos de frágil barro, tendemos a evitar el sufrimiento de tal manera que con facilidad nos alejamos de quienes sufren. O incluso en determinadas ocasiones acabamos pensando que algunas personas merecen sufrir lo más posible. El cristiano no puede ser así. Debe tener un corazón de carne y no de piedra, ser sensible ante el sufrimiento ajeno y tratar, al menos, de consolar a quienes sufren.

Dentro de la cultura individualista y consumista, no faltan quienes consideran la Semana Santa como un tiempo para descansar, gastar dinero y divertirse, a veces de modos no muy convenientes. Los accidentes de carretera en estas épocas tienden a aumentar, así como las muertes por ahogamiento. Y aunque todos tenemos necesidad de descansar sanamente, olvidar la reflexión coherente con lo que celebramos en la Semana nos aleja con frecuencia del descanso que genera vida y cordialidad. En todo momento la reflexión es necesaria para el ser humano. Pero en este tiempo en el que recordamos la muerte por amor del Señor Jesús conviene pensar un poco más en el sentido de la vida, en la solidaridad como virtud fundamental de la existencia y en el camino personal y social que queremos recorrer a lo largo de nuestra vida.

El Cardenal Rosa Chávez nos decía que “muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios”. La Semana Santa es tiempo de reflexión, de conversión y de cambio a la luz de la generosidad del Crucificado y con la fuerza que nos da el Espíritu a partir del Resucitado. Mantenernos en la indiferencia, buscar la huida de la realidad desde la diversión superficial y egoísta ni nos hace sentir como cristianos ni nos hace crecer en humanos. La semana santa, desde el sufrimiento de Jesús a causa de la injusticia de los poderes de este mundo, nos ayuda a tomar conciencia crítica de lo injusta que es la pobreza, la violencia o la desigualdad económica o social.

Nuestro buen obispo y cardenal nos recuerda el único camino para superar las injusticias y los problemas sociales: Un diálogo que nos lleve a construir formas de convivencia y leyes que conduzcan a la fraternidad. Sus palabras en favor del diálogo se centraron en la situación de los privados de libertad durante el régimen de excepción, por ser su situación actual la que con mayor visibilidad viola derechos básicos de las personas. Pedía en efecto “Buscar el diálogo para revertir los efectos negativos que ha generado el régimen de excepción en un sector de la población”. Pero la ausencia del diálogo se extiende a demasiados campos de la vida social y política. El Salvador necesita dialogar sobre el desarrollo, sobre cómo combatir la pobreza, sobre cómo ampliar la protección social a través de un sistema de salud y pensiones universal, progresivo y con calidad. La violencia, la educación, el desarrollo cultural, la migración, la situación de la mujer oprimida todavía por el machismo, son temas indispensables de diálogo. Creer que desde el poder se pueden arreglar las cosas sin necesidad de diálogo es equivocarse. O como diría Monseñor Romero, caer en la idolatría del poder. Semana Santa con descanso, reflexión, conversión personal y social a la solidaridad y a la sensibilidad humana, continúa siendo una necesidad urgente para El Salvador. La Semana Santa es una oportunidad para reflexionar sobre la realidad. Y también para cobrar energías que nos lleven a ser agentes de solidaridad, justicia y paz.

Por José María Tojeira, S.J.

Editorial UCA

Escuche aquí:

Hace algunos años, a un firmante de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno se le preguntó por qué no se había hecho justicia en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se perpetraron durante el conflicto armado. La respuesta fue esta: “Porque teníamos dos opciones: o hacer justicia, o conseguir la paz, y tuvimos que decidirnos por la paz, que es lo que anhelaba la gente”. Algo muy parecido está viviendo El Salvador 30 años después. En el fondo, en torno al régimen de excepción, el Gobierno ha establecido, aunque no lo diga explícitamente, un dualismo maniqueo similar: o seguridad, o respeto a los derechos humanos. Y ello queda de manifiesto en las opiniones ciudadanas que recoge la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), al evaluar el régimen de excepción a un año de su implementación.

Según los resultados del sondeo, la mayoría de la gente califica muy bien la medida, con una nota promedio de 7.92. El 86.5% la aprueba y un porcentaje similar se siente más seguro hoy que hace un año. Para el 59.4% de la población, el estado de excepción debe prorrogarse. Además, el régimen ha elevado la buena imagen no solo del presidente, sino de toda la institucionalidad relacionada, directa o indirectamente, con su aplicación, incluida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es lógico, entonces, que el Gobierno haya hecho de “la guerra contra las pandillas” su principal bandera de campaña, porque es lo que le reditúa mejor en el respaldo social.

Por otro lado, la encuesta revela que arriba del 75% de la población no conoce cuáles son los derechos que se han suspendido con el régimen de excepción; menos de una cuarta parte, el 23,4%, mencionó alguno. Sin embargo, ese grupo que sí dijo conocer algún derecho no supo responder a la hora de explicar en qué consiste. El sondeo también revela que quienes menos conocen los derechos que han sido suspendidos son los que mejor califican al régimen y los que menos afectados se sienten por la violación de los mismos. Esto da razón al axioma que sostiene que “derecho que no se conoce, derecho que no se defiende”.

Ahora bien, a pesar de que la mayoría de la población no conoce los derechos que anula el régimen de excepción, está en desacuerdo que se capture a personas inocentes (52.6%), que se arreste sin una orden judicial (73.6%), que se niegue el derecho a la defensa a los detenidos (67.3%), que se extienda a más de 72 horas la detención administrativa (74.1%). Y un 88% rechaza que las autoridades no den información sobre las muertes de los detenidos en los centros penales ni informen a los familiares. La gente reconoce que hay dolo en la actuación de los policías, los soldados y los operadores de justicia. En el hipotético caso de que un familiar inocente fuese capturado, la mayoría dijo que no confiaría ni en la Policía, ni en la Fiscalía, ni en el juez. Es decir, según la encuesta, existe consciencia de que el precio de la seguridad es la exposición a atropellos y la desconfianza en las autoridades.

Las dos dualidades, la del fin de la guerra y la actual, son falacias, porque la paz y la seguridad solo pueden brotar de la justicia, no de la injusticia y el abuso. Después de la guerra se quiso hacer borrón y cuenta nueva sin sanar las heridas causadas. Ello provocó que el país siguiera siendo tierra fértil para la violencia, de la cual nacieron las pandillas. Hoy el guion falaz se repite. Las consecuencias de ello no tardarán en notarse. Y poca esperanza cabe que no se expresen, de nuevo, de manera violenta.