Editoriales y Opiniones

Al gabinete de seguridad de Bukele le crecen los enanos. La mano dura no es tan firme como parece. El dinero la doblega con su poder irresistible. Los detenidos pueden recibir visitas y otros privilegios, incluso es posible limpiar sus expedientes y, eventualmente, salir libres con medidas sustitutivas, siempre y cuando se pague la cantidad estipulada. Una amplia y tupida red medio clandestina, que llega hasta las altas esferas, ofrece estos servicios. La cantidad de dinero solicitada es exorbitante para los ingresos de los familiares de los prisioneros, pero no inalcanzable, endeudándose. Y al final la carga de la deuda se vuelve liviana al permitir el encuentro con el familiar incomunicado y el consuelo mutuo en la desgracia. La actividad de esta red deja en el aire las amenazas del gabinete de seguridad.

Probablemente, los pandilleros disponen de más liquidez para adquirir los servicios de esa red corrupta. Incluso podrían obtener su libertad, ya que la cuestión no es ser o no pandillero, sino entregar la cantidad solicitada por los traficantes. El régimen negocia también con el hambre y la higiene personal de los reclusos. Roba y revende lo que llevan sus familias o las obliga a adquirir lo indispensable en sus comercios. El hecho es sorprendente, pero no insólito. En un régimen esencialmente corrupto y cerrado, todo es comercializable, incluso el dolor y la desesperación de las familias de sus víctimas. La combinación de ambición, impunidad y hermetismo es ideal para traficar con lo que se pone a mano. El régimen de excepción es así una oportunidad más para que funcionarios de todo nivel se agencien ingresos adicionales.

El régimen de excepción de Bukele es víctima de su propio éxito. La explotación comercial del miedo y la angustia de los familiares de los presos ha abierto una vía de agua en la línea de flotación de su nave insignia. Por ella se escapa la severidad del aislamiento y, eventualmente, también los internos, pandilleros o no. Pero la doblez del régimen no aconseja descartar que Bukele esté al tanto de la existencia de la red y sus actividades. Si fuera el caso, la seguridad es un embuste. La red tiene sus ventajas. Permite mantener un canal de comunicación con los pandilleros sin perder la cara, abre una válvula de escape a la creciente presión social y, de paso, sus agentes perciben ingresos extras. Además, en definitiva, lo que cuenta realmente es el espectáculo ejecutado meticulosamente.

Esta actividad corrupta y perversa es consecuencia directa del desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Hace poco, Bukele se burló de una reputada publicación extranjera que señaló que su seguridad solo es viable si se suprimen los derechos ciudadanos y humanos, y la independencia judicial. En su simpleza, el sarcasmo presidencial ignora que al prescindir del Estado de derecho, socava desde dentro el que quizás sea su proyecto más exitoso. La negación de la institucionalidad le impide mantener una disciplina mínima en sus filas. La dureza impasible del discurso del régimen de excepción es subvertida desde su interior por sus mismos actores.

Estos difícilmente observarán las reglas del flamante y odioso Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es muy poco probable que los centenares de soldados, policías y carceleros aguanten el mismo confinamiento que los otros reclusos. Mal pagados, maltratados y encerrados pronto darán con la manera para explotar su situación en beneficio propio. A la vista de lo que sucede en las otras cárceles, es dudoso que las normas de Bukele sean cumplidas al pie de la letra. Demasiada intolerancia, demasiada centralización, demasiados agentes y demasiados prisioneros.

Contradictoriamente, la dictadura no es solo rehén de la corrupción, sino también de los pandilleros. El régimen de excepción no puede prescindir de ellos por su potencial para mantener elevada la popularidad de Bukele y, por tanto, su viabilidad política. Mal que le pese, este sigue dependiendo de los pandilleros, como al principio, cuando negoció con ellos la reducción de los homicidios. Pese a que es posible encontrar otra fuente de popularidad, difícilmente encontrará otra tan rica como los pandilleros.

Casa Presidencial no puede permitirse abandonar el régimen de excepción, aun cuando ya tiene a más de 60 mil supuestos pandilleros tras las rejas y a la mayoría de la opinión pública satisfecha con una seguridad recién estrenada. Necesita que el entusiasmo no decaiga y ninguna política ha resultado tan exitosa como el régimen de excepción. Por tanto, este continuará. Por eso, el gabinete de seguridad dice que aún falta capturar a más de 23 mil pandilleros. En realidad, nunca ha sabido cuántos son como para justificar esa cifra. Pero eso es irrelevante: “Más que los datos estadísticos, lo importante es la tranquilidad de la población” y, ante todo, de los Bukele. El criterio no es combatir el crimen organizado, sino la popularidad presidencial.

Así, pues, el espectáculo del régimen de terror continuará hasta que la población abra los ojos, descubra la falsedad de su tranquilidad y decida recuperar sus derechos y sus libertades. Mientras tanto, la red que facilita las visitas y la depuración de los expedientes es la opción para los afligidos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Nuestra sociedad es violenta al grado que ha optado sin pudor por la violencia como camino privilegiado para resolver sus problemas. Es violenta de múltiples y cotidianas formas, afectando las relaciones familiares y sociales, y causando heridas traumáticas en grandes segmentos de la población. El horror es de todos los días: policías que se quitan la vida, hombres que asesinan a sus parejas, mujeres que son agredidas o violadas, niñas y niños abusados, personas transgénero asesinadas… Pero hay una forma de violencia más sutil, menos perceptible, y que se aplica degradando, ridiculizando o haciendo sentir inferior a otra persona: la humillación.

Se humilla a un individuo o grupo cuando se le niega o menoscaba su dignidad. La sociedad salvadoreña es experta en esa materia y por ello se enseña a la niñez a no dejarse, a devolver los golpes, ya sean estos verbales o físicos. Y así se reproduce la violencia. Por lo usual, quien ha sido humillado en algún momento de su vida tenderá a cobrar esa factura ejerciendo violencia en otros, repitiendo en personas más débiles o vulnerables lo sufrido.

Gracias a la consciencia de la necesidad de trabajar por la erradicación de la violencia, El Salvador cuenta con leyes que protegen a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres, a la niñez, a la población discapacitada y a los adultos mayores. Sin embargo, aunque necesarias, estas normativas no son suficientes para enfrentar la problemática en una sociedad como la nuestra. La ley no cambia las conductas, solo las penaliza cuando son conocidas por el Estado a través de una denuncia. Y el temor a ser castigado rara vez es un factor limitante en el ejercicio de la violencia. El Salvador y muchos otros países dan fe de ello: a pesar de la severidad de sus leyes, no han logrado disminuir los niveles de violencia, pues esta está enraizada en la cultura.

La erradicación de la violencia requiere un cambio cultural, al cual solo se llega a través de una multitud de acciones constantes y prolongadas en el tiempo que transforman hábitos, comportamientos y mentalidades. En esa línea, los puntos clave son, por un lado, emprender un arduo trabajo de educación a nivel nacional, que comienza en las familias y que continúa en las escuelas, las iglesias, las comunidades, los lugares de trabajo, la política y todos aquellos espacios de socialización; y por otro lado, tomarse en serio la construcción de una cultura de paz. En definitiva, es esta una tarea de todos y de todos los días; una tarea que supone promover y mantener un respeto profundo a la dignidad de toda persona. Debemos entenderlo: respeto y dignidad son las únicas puertas de entrada a una sociedad en verdad justa, pacífica e inclusiva.

En el contexto del día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) publicó su más reciente encuesta sobre la temática del agua en El Salvador. El sondeo fue realizado en el mes de febrero a una muestra nacional de 1,270 personas representativas del territorio, la edad y del sexo. Hace tres años, el instituto realizó otra encuesta similar. La diferencia aparente entre ambas es el contexto jurídico.

En el año 2020, después de varios años de lucha, la población organizada logró consensuar una propuesta de Ley General de Aguas y se luchó por su aprobación. Sin embargo, al año siguiente, en el 2021, esa propuesta fue desechada sin ninguna argumentación por la nueva legislatura, bajo dominio absoluto del oficialismo. En cambio, la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021, aprobó una Ley General de Recursos Hídricos que copió conceptos y principios de la propuesta ciudadana, mas no aspectos importantes de su contenido, como el reconocimiento de las Juntas de Agua, el derecho de la ciudadanía a la participación en las decisiones en torno al vital líquido y la gestión del agua con enfoque de cuenca hidrográfica.

El reciente sondeo ratifica la conciencia de la población acerca de lo estratégico del bien hídrico para la vida humana y para el futuro del país. El 99.6% de los encuestados consideran que el agua es un derecho humano, una décima más, que el porcentaje que manifestó lo mismo en el 2020. Sin embargo, han disminuido las personas que piensan que el país está sumergido en una crisis del agua. Ocho de cada 10 salvadoreños piensan así (79.8%), frente a un 90.6% que pensaba así hace tres años. Sin embargo, esta disminución no se debe a que la población perciba que ha mejorado la situación del agua. Al contrario, 73 de cada 100 salvadoreños (72.8%) piensan que, a pesar de haberse aprobado la Ley General de Recursos Hídricos, el acceso al agua en el país sigue igual que antes o ha empeorado. Más de la mitad de la población, el 62%, manifestó que ni siquiera se dio cuenta de la aprobación de dicha ley.

Como siempre, los sectores más afectados por la escasez del agua son los mismos. Los que opinan que en el país se vive una crisis hídrica son aquellos que disponen de menos días de agua a la semana, menos horas diarias y que pagan más por el servicio. Quienes desconocen que el país cuenta con una ley de aguas son aquellos con menor nivel educativo y las mujeres.

Por otro lado, ha crecido la población que no bebe del agua que le llega a la casa a través de cañería. En el 2020, 41 de cada 100 personas manifestaron eso. En el sondeo de este año ese porcentaje creció hasta el 44%. Sin embargo, casi el 11% de la población que se abastece de agua por medio de cantareras, chorros públicos, pozos o directamente de una fuente natural como ojos de agua, ríos o manantiales, manifestaron que sí beben de esas fuentes. Estos sectores son los que reportan ingresos familiares inferiores a los $240 dólares mensuales. Es decir, beben agua de esas fuentes porque no tienen recursos para consumir otra.

De acuerdo a la declaración de la población encuestada, más de la mitad de la población (58.3%) recibe el servicio de parte de ANDA, arriba de una quinta parte (22%) recibe el servicio de una Junta de Agua, 11% de alcaldías y un 8.6% declaró recibir el servicio de parte de una empresa privada. El servicio de ANDA se concentra en las ciudades (80.7%) mientras que, en el área rural son las alcaldías las que cubren la demanda para una quinta parte de la población (18.6%), un 13.4% es cubierto por empresas privadas y la mitad de la población lo recibe de las juntas de agua.

Una revelación de esta encuesta indica que, entre los distribuidores de agua que ofrecen el servicio cinco días a la semana y más de 300 horas al mes, son las Juntas de Agua las que ofrecen un servicio más barato, mientras que ANDA registra el costo más alto por un servicio similar. La encuesta revela que la población sigue esperando que mejore el servicio del agua, que la ley no ha cambiado la realidad y que las Juntas de Agua cumplen una función social fundamental, que la población aprecia, pero que no ha sido valorado por las autoridades ni reconocido en la ley que se aprobó.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 118.

Mons. Romero no ha perdido actualidad. Todavía hoy representa un desafío. Desafía a dar continuidad a su reclamo de justicia y de paz, y desafía a seguir a Jesús en la construcción del Reino de Dios. La devoción y el culto, aunque importantes, no bastan. Tienen el grave peligro de hacer de Mons. Romero un mito que no interpela, ajeno a la historia de su pueblo. Cuando se separa a monseñor del pueblo adolorido y humillado, se lo desvirtúa. Mons. Romero no necesita culto, sino seguimiento.

Los nuevos de siempre objetan que la situación del país es muy diferente. El Salvador de Bukele es totalmente nuevo. Sin duda, Mons. Romero vería con buenos ojos la desarticulación de las pandillas, pero no perdería de vista el elevado costo humano de esa operación. Denunciaría la tortura y la crueldad, el irrespeto a la dignidad humana y al derecho. Se identificaría con las familias que piden liberar a los inocentes y los enfermos, con las mujeres que aguardan noticias de sus maridos e hijos fuera de las prisiones, y con los menores abandonados. Clamaría, una y otra vez, como lo hizo en vida, que el fin nunca justifica los medios.

Mons. Romero iría más allá y llamaría la atención sobre las causas que llevaron a decenas de miles de jóvenes a organizarse en pandillas criminales. Denunciaría el pecado que se encuentra en su origen y llamaría a cerrar esa posibilidad con la construcción de una sociedad igualitaria, solidaria y pacífica, donde la explotación, la opresión y la violencia no tengan cabida. Señalaría otra vez la ironía de unos soldados y policías que despojan, torturan y humillan a otros tan pobres como ellos, porque estos, a su vez, no encontraron otro medio de vida que robar y asesinar a otros igualmente pobres.

El Salvador de hoy no es mejor que el de Mons. Romero. Su memoria y su palabra profética son aún necesarias. Mons. Romero clamaría con fuerza contra la militarización de la sociedad y contra la idolatría de la seguridad nacional o del régimen de excepción. En vida alertó contra “la omnipotencia de estos regímenes”, porque “el total desprecio hacia el individuo y sus derechos, la total falta de ética en los medios para lograr sus fines, hace que la seguridad nacional se convierta en un ídolo, parecido al dios Moloc, en cuyo nombre se sacrifican cotidianamente numerosas víctimas”. Esta idolatría no salva, sino somete al pueblo “a la tutela de las elites militares y políticas, que oprimen y reprimen a todos los que se opongan a sus determinaciones, en nombre de una supuesta guerra total”.

La absolutización del Estado totalitario y su seguridad es inseparable de la absolutización de la riqueza y la propiedad privada. Las dos se necesitan, dijo Mons. Romero, “para mantener los privilegios, aun a costa de la dignidad humana”. Entregarse a la riqueza y la propiedad para compensar, con la grandeza y el poder derivadas de ellas, la poquedad y la pequeñez humana es perverso. La obsesión por tener cada vez más, advirtió Mons. Romero, “fomenta el egoísmo y destruye la convivencia fraterna de los hijos de Dios”. El individualismo dejado a sí mismo es necesariamente homicida. Esta idolatría es, continúa la denuncia, “la raíz de la violencia estructural y de la violencia represiva y es, en último término, la causante de gran parte de nuestro subdesarrollo”.

Mons. Romero desenmascaró una tercera idolatría, una muy actual. Denunció la idolatría de la organización y los caudillos, populares y revolucionarios, entonces; sectarios, ahora. Estos se convierten en idolatría, dijo Mons. Romero, cuando se erigen en “valor supremo, al cual se subordina todo lo demás”. A quienes confían ciegamente en el líder del Estado totalitario y su seguridad militarizada, les recuerda que “no hay más que un solo Dios y un solo Señor”. La “absolutización de una cosa creada es una ofensa al único Absoluto y Creador, porque erige y sirve a un ídolo que pretende suplantar al mismo Dios”.

Además de ofender a Dios, sigue Mons. Romero, “toda absolutización destruye y desorienta”, porque “cuando se absolutiza un valor humano, dándole, teórica o prácticamente, un carácter divino, se priva al hombre de su más alta vocación e inspiración y se empuja la cultura de un pueblo hacia una verdadera idolatría que lo mutila y lo oprime”. Es irónico, dijo, que todas las organizaciones y sus líderes hayan comenzado defendiendo los intereses populares. Pero luego, se fanatizaron, “de modo que ya no son los intereses populares los que más interesan, sino los del grupo u organización”.

Quisieron callar su voz asesinándolo. Hoy, muchos olvidan su palabra profética. Pero su voz resuena interpelante. Desafía a comprometerse con la justicia y la paz, la reconciliación y la misericordia para reunir a su pueblo enemistado y disperso y convertirlo en el pueblo de Dios.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La movilización por el área metropolitana de San Salvador se ha convertido en un calvario diario. Los congestionamientos se repiten con desesperante frecuencia, sin tregua, afectando a todos: automovilistas, motociclistas, usuarios del transporte colectivo, peatones. El problema se ha venido agudizando sin que las autoridades hayan hecho algo en verdad significativo para aliviarlo. Las causas del caos vial son muchas: el aumento del parque vehicular debido al deficiente e inseguro transporte público, la facilidad para adquirir un créditos para la compra de vehículo, el crecimiento poblacional, la falta de educación vial... Asimismo, las consecuencias son numerosas, más allá de las económicas.

Debido a que el parque vehicular se ve obligado a circular a baja velocidad y por más tiempo, se incrementan la contaminación del aire, los niveles de ruido ambiental, el estrés y los incidentes de intolerancia. Prácticamente todos los habitantes del gran San Salvador son afectados por el caos vehicular, empezando por las personas que demoran hasta tres horas para llegar a su lugar de trabajo y otras tres para regresar a su hogar. Son cada vez más frecuentes los casos de empleados que salen muy de madrugada hacia su trabajo para evitar el tráfico y ya en la oficina duermen dentro de su vehículo mientras llega la hora de entrada.

De los casi 700 mil vehículos que se movilizan cada día en el gran San Salvador, el 71% son autos particulares, el 12% motocicletas, el 7% autobuses, el 4% camiones y el 2% pick-ups, transporte escolar o de empresas, y taxis. Y a pesar de que esa cifra va en continuo aumento, datos oficiales revelan que el 80% de la población se desplaza en transporte público. Este contundente porcentaje es fundamental para la búsqueda de soluciones al problema del caos vehicular, y en ese sentido revela por qué han fracaso la mayoría de medidas gubernamentales: han estado pensadas para los carros, no para la gente. De hecho, la principal apuesta es, desde hace décadas, construir pasos a desnivel que alivian solo parcial y momentáneamente el tráfico.

Partir de que la mayoría hace uso del transporte colectivo y que los congestionamientos los causan principalmente los vehículos livianos lleva a concluir que la solución al tráfico pasa necesariamente por un sistema de transporte público masivo. La escasa formulación y planificación de políticas de largo plazo en el área del transporte urbano está a la raíz del asunto. Si la población contara con un sistema de transporte colectivo seguro, ágil, cómodo y de calidad, seguramente una parte de quienes tienen vehículo preferirían dejarlo en casa, como sucede en otros países. Así se descongestionarían las arterias de la capital.

El Sitramss apuntó precisamente a eso. Hubo deficiencias y errores obvios, pero una incomprensible decisión judicial sesgada a favor de los conductores particulares y, luego, el ciego afán de no reconocer nada bueno en lo que se hizo en el pasado lo han condenado a la muerte por abandono. Mientras las unidades del Sitramss acumulan herrumbre y las estaciones se convierten en ruinas, el tráfico continúa hundiendo ánimos, tiempos y planes a diario. A este respecto, como en muchas otras áreas de la dinámica nacional, lo estructural y de largo plazo debe imponerse sobre lo cosmético y coyuntural.

En el territorio salvadoreño, el agua sabe a desigualdad

La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, nuevamente pone de manifiesto la postura de casi toda la población salvadoreña sobre el tema del agua en el país: el agua es un derecho humano. El 99.6% de la gente opina de esta forma.

La mayor parte de la población salvadoreña sostiene que el agua es un derecho humano porque la considera como un recurso que le pertenece a toda la población y porque es fundamental para tener una vida digna. Por otra parte, los datos de esta encuesta muestran que 80 de cada 100 salvadoreños opinan que en el país existe una crisis de agua.

La información disponible en esta última investigación muestra que el acceso de la población al agua tiene variaciones importantes según la ubicación geográfica y la situación económica de los ciudadanos. Por ejemplo, el abastecimiento de agua a través de cañería propia, dentro de las viviendas, alcanza un 90% de los encuestados en el área urbana del país, mientras que el área rural solo el 66% de las y los salvadoreños se abastecen del vital líquido, por esta modalidad.

La información muestra que abastecerse de agua por medio de pozo, de pipas o directamente de una fuente natural es algo que resulta más frecuente en el área rural que en la urbana.

Por otro lado, los datos muestran que, del grupo de personas que tienen abastecimiento de agua por medio de cañería propia dentro de su vivienda, quienes residen en el área rural disponen de agua menos días que quienes viven en el área urbana. En promedio, en el área rural se recibe agua cerca de 5 días a la semana mientras que en el área urbana se recibe, en promedio, aproximadamente 6 días a la semana.

También la posibilidad de tener agua con más frecuencia está condicionada por la zona del país en la que reside la población. Así, las personas que residen en la zona Oriental y Paracentral reciben agua una cantidad de días significativamente menor que el resto de la población que vive en las zonas central, metropolitana y occidental. En la zona Oriental y Paracentral en promedio se recibe agua solo 3 días a la semana; mientras que en la zona Metropolitana y Occidental el acceso al agua alcanza, en promedio, 6 días a la semana. La situación empeora entre los residentes del área rural de la zona Oriental, quienes solo pueden contar con agua 3 días a la semana y quienes solo la reciben en promedio 4 horas diarias.

Los datos de la encuesta muestran con claridad que, a excepción de la zona central del país, los residentes del área rural de las zonas paracentral, oriental y occidental tienen menos acceso a agua que los residentes urbanos de dichas zonas.

Además, los datos muestran diferencias importantes en el acceso a agua según el nivel económico de la población encuestada. El grupo de personas con mayor vulnerabilidad económica, cuyos ingresos familiares al mes no alcanzan los 240 dólares, son quienes tienen disponible agua para sus hogares durante menos horas al día (13.74 horas diarias), en una cantidad que es menor al promedio general (14.74 horas diarias) y al promedio registrado entre las personas con ingresos familiares superiores a los $600 mensuales (15.61 horas diarias).

Otro aspecto en que muestra la vulnerabilidad económica relacionada con el agua, es que la mayor parte de personas que se abastecen de agua por medio de pozos, cantareras o chorros públicos o directamente de una fuente natural de agua como ojos de agua, ríos, manantiales, etc. utilizan esa agua para beber. Se advierte que debido a que el perfil socioeconómico de este grupo de la población es bajo, el agua que beben no tiene ningún tipo de tratamiento, porque no pueden costearlo.

La desigualdad en el acceso al agua es un punto importante que debe atender la actual administración; para lo cual es imprescindible que se tome en cuenta la opinión ciudadana, que se haga énfasis en la protección y garantía de este derecho humano, y que el acceso sea justo y equitativo priorizando el consumo humano por sobre el industrial.

Por: Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, IUDOP.

En mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó incluir en el Código Electoral el artículo 291-A, que establece la prohibición de modificar un año antes de celebrarse comicios las reglas que rigen el proceso electoral. La razón cae por su peso: la prohibición garantizaba que una vez iniciado un proceso electoral no hubiera cambios en las reglas de juego. Por ejemplo, para las elecciones a celebrarse en 2024, según el calendario elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, el proceso inició el 2 de diciembre de 2022 y el 3 de febrero de este año el Tribunal convocó a los partidos políticos a que realicen elecciones internas para elegir a sus candidatos. De haberse implementado cambios, estos tuvieron que haberse aprobado antes del 3 de febrero de este año.

El artículo 291-A no fue un capricho ni obedeció a un arreglo bajo la mesa con fines oscuros, como han afirmado algunos diputados de Nuevas Ideas; fue una propuesta multipartidaria con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica en materia electoral. En su momento, los expertos en la materia valoraron positivamente que se incluyera esta prohibición, en particular después de varias experiencias en las que se cambiaron reglas electorales en fechas cercanas a comicios, lo cual generó no pocas dificultades al trabajo del Tribunal Supremo Electoral como ente organizador y garante de la integridad de los procesos electorales, y dudas y confusión entre la ciudadanía.

Con su decisión de eliminar el artículo 291-A, el oficialismo ha abierto las puertas a que se modifiquen en cualquier momento las reglas que rigen el proceso electoral. Así, tanto la ciudadanía como los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral quedan a merced de las decisiones que la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados tomen en materia de normativa electoral, pudiendo hacer cualquier cambio sin considerar plazos mínimos y prescindiendo de la necesidad de que las normas estén claras desde el inicio.

El oficialismo asegura que el artículo 291-A vulneraba el derecho al voto de los más de seis millones de ciudadanos salvadoreños. En qué sentido, solo ellos lo saben. Más bien cabe pensar que la eliminación de la prohibición tiene como objetivo enmarañar las próximas elecciones y favorecer a un determinado actor político. Ya la ley especial para ejercer el derecho al sufragio en el extranjero ha generado muchas dudas en ese sentido, e incluso podría ser considerada inconstitucional al no exigir que los votantes en el exterior estén inscritos en el registro electoral ni que su voto sea supervisado por los partidos políticos, tal como lo establece la Constitución.

Por otra parte, ya sea por un craso error o con mala intención, el decreto 686, publicado en el Diario Oficial el 15 de marzo, derogó un artículo inexistente, pues hace referencia al artículo 291-A del decreto 413 aprobado en 2013, el cual no contempla ese artículo. Fue el decreto 391 del año 2016 el que introdujo el artículo 291-A en el Código Electoral. Gracias a ese desaguisado los legisladores tuvieron la oportunidad de rectificar su decisión y mantener el artículo que impedía hacer cambios que pudieran afectar tanto el desarrollo del proceso electoral como la integridad misma de las elecciones. Ahora dependerá de la simple voluntad de la administración Bukele y sus legisladores que las próximas elecciones sean libres, transparentes y justas; es decir, dependerá de funcionarios que no respetan ni valoran la democracia hacer que las elecciones de 2024 sean democráticas.

Este 24 de marzo se conmemoran 43 años del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ahora santo de la Iglesia universal. Paradójicamente, ahora que es santo es cuando menos comprometida con su legado se muestra la Iglesia católica arquidiocesana, especialmente en su jerarquía. Hoy, precisamente, cuando sus palabras y estilo pastoral adquieren actualidad.

Entre el legado de monseñor Romero está una propuesta de estructuración de la sociedad salvadoreña sobre la base de diez principios: fraternidad, pluralismo, equidad, justicia, inclusión, responsabilidad ecológica, racionalidad, libertad, bondad y participación. Estos principios pueden ser puestos en práctica en los diversos espacios sociales de interacción humana, desde la familia hasta el Estado, pasando por las comunidades, las escuelas, las empresas, las instituciones sanitarias, los tribunales, etc. La práctica rutinaria de estos principios revolucionaría la sociedad salvadoreña, la transformaría en lo que monseñor Romero llamaba “una sociedad según el corazón de Dios”.

La visión romeriana de esta sociedad corresponde a la dimensión utópica de su legado. Monseñor Romero anuncia una nueva sociedad. Si Jesús de Nazaret anunciaba el Reino de Dios como forma de organizar las relaciones sociales en la sociedad judía de su época, monseñor Romero también anunció algo semejante; algo que por requerir de la colaboración de hombres y mujeres para su realización solía llamar “proyecto”: el “proyecto de Dios”. Desde este anuncio podía emitir juicios éticos y teológicos sobre la realidad salvadoreña de finales de la década de 1970.

Para monseñor Romero, aquella realidad era una negación del proyecto de Dios, un rechazo a instituir una sociedad según el corazón de Dios. La expresión más brutal de esta negación y rechazo era la sistemática violación de los derechos humanos, comenzando por el primero de entre ellos: el derecho a la vida, en especial, la vida de los campesinos y de la mayoría pobre. La sociedad que conoció monseñor Romero y que quiso transformar producía sufrimiento y muerte por todos lados. Una muerte rápida, en la forma de asesinatos, o una muerte lenta, en la forma de exclusión económica, social, política, jurídica y cultural. El pecado reina, decía monseñor Romero. Y la señal de ello era la proliferación del dolor y de la muerte por todos lados, dado que el fruto del pecado es la muerte. Desde esta realidad, mirando hacia el proyecto de Dios, monseñor Romero alzaba su voz en defensa de las víctimas de aquel orden social. Su voz se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Su voz denunciaba el pecado, pero era también la voz del Dios de la vida. Una voz que anunciaba que las cosas podían ser diferentes.

Monseñor Romero ofreció una alternativa. Una sociedad diferente que promueva la vida para los pobres es posible. La garantía está en Dios, pero se requiere del trabajo de hombres y mujeres. Buscando la eficacia histórica, monseñor Romero promovía la organización de los pobres, defendía sus derechos, los animaba, les orientaba, los acompañaba. Esta labor ya la habían emprendido otros agentes de pastoral en distintos lugares del país. El anuncio de que las cosas pueden ser de otra forma movilizó a diversos sectores y grupos sociales en la década de 1970. Monseñor Romero se sumó y acompañó ese movimiento y lo hizo como buen pastor, hasta derramar su sangre por la vida de sus ovejas.

El legado de monseñor Romero requiere ser retomado por una nueva generación, así como ocurrió con el legado de Jesús de Nazaret y sus discípulos. Sin una segunda generación de seguidores de Jesús no habría existido el cristianismo como nueva religión ni la Iglesia cristiana como su expresión organizativa. Cuatro décadas han pasado desde el asesinato de monseñor Romero, y sus contemporáneos ya han muerto o están muriendo. Sin una segunda generación romeriana, el monseñor Romero de la historia será convertido en el santo que hace milagros, pero que no tiene nada que ver con la trama de la historia.

Monseñor Romero proponía un modelo de sociedad para que desde este se contrastara tanto la realidad vigente como cualquier otro enfoque alternativo. El compromiso político de los cristianos sin excepción, aunque bajo diversas modalidades, debía ser hacer realidad el proyecto de Dios. En este sentido, los cristianos debían evaluar los diversos proyectos políticos para ver en qué medida realizan, en la historia, el proyecto de Dios. La alternativa romeriana es un instrumento para orientar el camino de los pueblos hacia sociedades en las que todos los hombres y mujeres vivan en plenitud.

El Salvador vive en la primera mitad de la década de 2020 un momento crucial de su historia. Es un momento de transición que tiene varias dimensiones: económica, social, política, jurídica y cultural. Desde 2019 se está instituyendo una visión que puede consolidarse como hegemónica. Las elecciones de 2024 serán un hito importante en este proceso. Desde esferas gubernamentales se expande socialmente una narrativa que ofrece una interpretación del pasado y una visión del futuro. Según esa narrativa, el pasado es negativo y el futuro es positivo. Por tanto, hay que rechazar aquel pasado y ponerse en las manos de los dirigentes políticos, porque ellos son los iluminados que conocen cómo alcanzar el futuro. La narrativa gubernamental es un proyecto político y, como tal, siguiendo el legado romeriano, debe ser sometido a evaluación para ver en qué medida contribuye u obstaculiza la realización histórica del proyecto de Dios.

Pero ¿quién hace esta evaluación? ¿quién pone a producir el legado de monseñor Romero en las actuales circunstancias? Los actos de conmemoración de su martirio debieran actualizar este legado. Debieran dar lugar a la emergencia de una segunda generación romeriana que anime a todos los salvadoreños a hacer vida el proyecto de Dios y que desenmascare, con auténtico espíritu romeriano, todo aquello que se opone a dicho proyecto. Si la creciente reserva de información pública se tomara como un indicador de la tendencia a la oscuridad en los asuntos públicos, podría decirse que el Estado salvadoreño camina hacia una época de tinieblas. Quienes se gozan de las tinieblas no pueden promover una sociedad según el corazón de Dios. Si tal es la tendencia, ¡una segunda generación romeriana no puede quedarse callada! “Ustedes deben ser micrófono de Dios”, les diría monseñor Romero. Y los miembros de esa segunda generación romeriana dirían, prestando su voz a Dios, “¡Hágase la luz! Sin ella no es posible una sociedad según el corazón de Dios”.

* Álvaro Artiga González, académico del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

“Las sanciones afectan profundamente la realidad de las personas; no son solo una medida política”. Con esta afirmación, el Concilio Mundial de las Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial y Cáritas Internacional presentaron, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe titulado “Evaluación del impacto de las sanciones en la labor humanitaria”. El tema es relevante dada la tendencia planetaria a imponer sanciones a ciertos países. Si se pierde de vista que por lo general ese tipo de castigos afecta a la población más pobre, se corre el riesgo de terminar justificando un problema humanitario. El terremoto que en febrero asoló parte de Siria ha demostrado que las sanciones contra el autoritario Gobierno sirio impiden que llegue ayuda a los damnificados por el sismo y a las víctimas de la guerra interna. Así, estas personas se vuelven víctimas tanto de la guerra y la naturaleza como de las sanciones.

Cualquier castigo contra grupos sociales entraña el peligro de afectar a inocentes y dejar impunes a quienes han delinquido o violado normas. En El Salvador, la persecución a las bandas criminales —algo muy necesario— ha derivado en actuaciones que han aumentado algunos de los problemas sociales existentes. Si antes de la llamada “guerra contra las pandillas” había niñez desprotegida, los casos de niños desprovistos de apoyo familiar han aumentado en muchos de los barrios y zonas en los que la Policía y el Ejército llevan a cabo redadas masivas en las que reina la arbitrariedad. El daño a los niños se extiende mientras algunos líderes del crimen se esconden y permanecen en la impunidad.

Por supuesto, hay que perseguir el crimen, pero no de cualquier manera, sino desde una investigación seria, una comprobación clara de los delitos y sin “daños colaterales”, como irresponsablemente se llama a las víctimas inocentes de la lucha del Estado contra las maras. Los niños no pueden ni deben pagar los delitos de sus progenitores, y mucho menos sufrir la separación de ellos cuando no hay pruebas de culpabilidad de los detenidos. Aunque es cierto que se ha liberado y reconocido la inocencia de un pequeño porcentaje de los apresados, lo real es que el daño a las familias ya está hecho. Además, en general, la liberación no es obra de una gestión estatal, sino del intenso esfuerzo de los familiares, quienes buscan y presentan pruebas de arraigo, de trabajo y de honradez de sus parientes. Una labor que drena muchísimo tiempo, ánimo y recursos.

Tener en cuenta que las sanciones contra poblaciones enteras o sectores sociales amplios producen dolor y daño a inocentes es indispensable tanto en la política internacional como en la actividad local. Implementar políticas de prevención y mitigación de daños, en particular de protección de la infancia, resulta obligado si de verdad se cree, como habitualmente se dice, en el interés superior del menor. Acelerar y facilitar los procesos de demostración de inocencia de los detenidos es otro de los pasos que el Estado debe dar en medio de la aplicación de un régimen de excepción que lleva ya un año de existencia y bajo cuya sombra se ha impuesto una lógica de detenciones arbitrarias. Es importante repetirlo: las sanciones y castigos generales siempre dañan a inocentes.

Fuera del país, nadie apuesta más por El Salvador que las y los migrantes. Una realidad irónica, porque aquellos a los que se les niega la oportunidad de desarrollar una vida digna en su propia tierra mantienen a flote la economía de sus familias y la del país que los expulsó. De acuerdo a datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), el país recibió en 2022 un total de 7 mil 741 millones de dólares en remesas, lo que representan más del 26% del producto interno bruto (PIB). El mismo año, la inversión privada batió un récord que venía desde 1960, al sumar 5 mil 291 millones de dólares (el 18.4% del PIB), lejos del aporte de las remesas. Precisamente por la importancia de la población migrante para la economía nacional es que políticos y funcionarios han tenido siempre a la diáspora como objeto de interés. A lo que en años recientes se ha sumado con más fuerza otra baza: su potencial electoral. Es decir, los migrantes les importan a quienes ejercen el poder del Estado por dos razones: dólares y votos.

Sin embargo, la importancia de la población migrante trasciende los aspectos económico y electoral, pues, por mucho que viva fuera, es parte esencial del cuerpo social del país. Y así lo siente la mayoría de ellos y ellas. Una reciente publicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del BCR, titulada “Encuesta de población salvadoreña en Estados Unidos. El Salvador 2022”, revela que buena parte de los salvadoreños en el exterior sigue amando y extrañando a su país. El estudio incluyó a personas adultas salvadoreñas por nacimiento y fue realizado en las primeras semanas de agosto de 2022. La primera constatación es que siguen vinculadas a su país a pesar del paso de los años en tierra extraña. El estudio revela que 6 de cada 10 tiene interés en regresar a El Salvador en algún momento y que el 18.6% ya ha realizado planes para lograrlo.

Por otra parte, el 80% de los encuestados afirmó que envía remesas de manera periódica a sus familiares, incluso a amigos. Otro signo de que la población migrante tiene mente y corazón puestos en su tierra natal es que un buen porcentaje ya ha realizado inversiones o tiene intenciones de adquirir productos financieros en el país. El 66% de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior han invertido en bienes muebles, inmuebles o negocios, ya sea en El Salvador o en Estados Unidos; y se estima que casi un millón (916,923) tiene interés en adquirir algún tipo de producto financiero con instituciones salvadoreñas.

El Salvador le debe a sus migrantes una defensa sistemática y honesta de sus derechos, y un esfuerzo real por garantizar acá las oportunidades que ellos debieron buscar en otra tierra. Es mero oportunismo tomarlos en cuenta solo por los dólares que mandan o por los votos que puedan aportar. Los migrantes deben ser entendidos y considerados más allá de su valor instrumental; solo de ese modo será posible respetar su dignidad y darles el lugar que les corresponde en la escena nacional.