Editoriales y Opiniones

Vientos preocupantes soplan en América Latina. La pandemia trajo muerte y dolor a miles de familias, y también aceleró el deterioro democrático en varios países de la región. En lugar de ser ocasión para que pusieran en el centro de su quehacer a la población, muchos políticos se valieron del sufrimiento y la angustia generalizadas para aumentar la corrupción, violar los derechos humanos y profundizar el autoritarismo. El politólogo venezolano Moisés Naím sostiene que los nuevos líderes de tendencia autoritaria llegan al poder mediante elecciones razonablemente democráticas. Una vez en él, destruyen o someten a todas las instituciones estatales de control, de modo que el Ejecutivo gobierne sin atender a la ley, obrando a su antojo. Todo esto lo hacen a través de las tres pes: populismo, polarización y posverdad.

El populismo de esta época puede ser tanto de izquierda como de derecha, y se caracteriza por instrumentalizar las necesidades de la mayoría de la población para beneficio de intereses muy particulares. El populista se reviste de la ideología que le conviene, incluso se presenta como neutral. Por lo general, dice representar a un pueblo noble, sufrido, explotado por una élite depredadora y abusiva. Y a partir de ello polariza: divide a la sociedad entre buenos y malos, entre quienes defienden al pueblo y quienes buscan destruirlo, quienes apoyan el proyecto que el líder representa y los que no creen en su discurso. El populista exacerba las discordia, incita al odio y a la violencia a través de la posverdad.

Para el líder autoritario, no hay un criterio objetivo de verdad, la evidencia y la razón no importan, lo único que vale la pena atender son las emociones y las versiones de cada quien. La posverdad se manifiesta con crudeza en las redes sociales, que también sirve como instrumento para amplificar la polarización. De lo que se trata es de inventar mentiras o medias verdades, manipular la información. Y así se van cerrando los espacios de convivencia democrática. Cuando se juntan las tres pes, populismo, polarización y posverdad, se comienza a gestar el continuismo, es decir, seguir en el poder comprando y manipulando personas, instituciones y leyes. En la otra cara de la moneda, cuando la ciudadanía decide asociarse o unirse para defender la verdad y la institucionalidad, algo de por sí normal en una democracia sana, se le condena como que se tratara de un delito.

En este contexto, las sociedades viven en un auténtico mar de desinformación y se reduce o suspende el ejercicio de la ciudadanía. Gran parte de la población renuncia al pensamiento crítico, se desconecta de los asuntos públicos y se refugia en la esfera de la vida privada. Es lo que los teóricos llaman la despolitización de la gente. La evidente corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la burla a la ley, aunque estén a la orden del día, no mueven a nada. Así pues, muere la motivación a la movilización y a la coaligación. Si el autócrata tiene todo el poder y puede hacer lo que quiere, es mejor no meterse en problemas, ni individual ni colectivamente.

En definitiva, lo que está pasando en el país no es un mal exclusivo nuestro y tampoco pura coincidencia. El Salvador sigue la senda que han recorrido otras naciones hacia la dictadura, el aislamiento y la crisis permanente. Que la mayoría de la gente no lo vea o no lo entienda así, no lo hace menos grave.

Proceso

Por si no se ha reparado en el asunto, 2023, aunque cronológicamente es un año preelectoral, en la realidad será el año electoral en el país. Los vicios más rancios de la política vernácula no solo no han desaparecido, sino que vuelven recargados. El gobierno se ha preparado para esto. Una investigación de Reuters reveló que el gobierno ha creado una gigantesca maquinaria de comunicaciones para hacerse propaganda. Granjas de troles a sueldo, pago de personas influyentes en las redes sociales y medios tradicionales, la consolidación de una masiva red de seguidores falsos del presidente cuyo trabajo es elogiar sus políticas y denostar contra los críticos. La maquinaria de comunicación incluye la creación de más de 1,500 canales de Youtube, cientos de cuentas de Twitter, más de mil páginas de Facebook, además de su propio canal de televisión, su periódico impreso y su emisora de radio. Por si esto fuera poco, cada vez más se ven signos de sometimiento al poder de medios de comunicación privados, más volcados a publicitar los logros del gobierno que informar con veracidad.

Si la población resintió en el pasado algún hartazgo por las campañas electorales sucias, este año debe prepararse para asistir a una absolutamente desequilibrada y que excederá los límites conocidos de la barbarie. La deuda política para los partidos de oposición ya es historia y nos pondrá al frente de una competencia, en términos de recursos, en la que el oficialismo competirá en un bólido y la oposición en bicicleta. La oposición, si la hay en esta campaña, deberá ser realmente creativa para competir en esta desigualdad de condiciones.

La gigantesca maquinaria de propaganda, pagada con el dinero de los y las salvadoreñas, puede activarse en segundos para enaltecer las vivas al presidente o para atacar a sus críticos y seguir socavando la institucionalidad democrática. Los ataques se centrarán en desacreditar a figuras o instituciones de lo que consideran oposición o contra quienes se empeñan en informar profesionalmente desde medios alternativos.

El presidente goza, hasta el momento, de un mayoritario respaldo social, que hace caso omiso a la inconstitucionalidad de su reelección. El estribillo de la campaña oficial está cantado. Si no se reelige el presidente, las pandillas volverán a las calles, con la consecuente violencia, la extorsión y todos los males que hicieron padecer por tantos años a la población. Por este respaldo mayoritario, el oficialismo no necesita hacer ningún fraude. A pesar de eso, las sombras se ciernen sobre todo en el voto en el exterior, y dentro de este en el voto que se emitirá por la vía digital. No es muy probable que los y las salvadoreños en el exterior voten masivamente de manera presencial. El problema se cierne sobre quienes votarán por internet. La ley del voto en el exterior aprobada no exige un padrón electoral, pilar de la transparencia de unos comicios, ni estipula la auditoría independiente sobre el software que se utilizará. ¿Quién podrá garantizar que los votos fueron emitidos por los ciudadanos y que no se repetirá masivamente la sustitución de identidades como sucedió con la billetera electrónica del bitcóin? El país está a menos de un año de celebrar las elecciones legislativas y presidenciales y el Tribunal Supremo Electoral no ha definido todavía la empresa auditora y la empresa desarrolladora del voto electrónico. Es más, la autoridad electoral recién acaba de definir que necesita alrededor de $70 millones para el voto en el exterior sin conocer, puesto que no hay padrón, cuánta gente se estima votará. Todo apunta a que el pueblo salvadoreño tendrá este 2023 un año lleno de complejidades y barbaridades. Las elecciones de 2024 no son solo para elegir rostros de legisladores, legisladoras, alcaldes o alcaldesas. Lo que estará en juego en las elecciones de 2024 es la consolidación de un régimen autoritario que cada vez se acerca más a una dictadura que no tendrá nada que envidiarle a la de la vecina Nicaragua.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 116.

Al cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que condena la agresión rusa, exige un cese de hostilidades y la salida de las fuerzas invasoras, y pide que se inicien conversaciones de paz. 141 países aprobaron la resolución, siete votaron en contra y 32 se abstuvieron; entre estos últimos se encontraba El Salvador. La decisión de abstenerse no ha sido comentada oficialmente. La tendencia a reservar información pareciera que influye incluso en decisiones que es importante entender dentro del contexto internacional y que pueden tener repercusiones en nuestra relación con países amigos.

Que Ucrania es víctima de una guerra de agresión es bastante claro y la gran mayoría de los países así lo entiende. Las seis naciones que además de Rusia se han opuesto a la resolución tienen muy poco peso internacional y mantienen una relación de dependencia con los rusos. Se puede entender que China se haya decidido por la abstención dada su relación y larga frontera con Rusia, así como por la rivalidad con Estados Unidos a la hora de aparecer como gran potencia con posición propia. De hecho, China ha elaborado un proyecto de diálogo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra al amparo de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Mostrar independencia y presentarse como potencia mundial con capacidad de mediación puede estar detrás de la abstención china. Pero en el caso de El salvador, es difícil encontrar una explicación razonable.

Un país como el nuestro, que ha sufrido los dolores de una guerra civil, no debería abstenerse de apoyar una resolución que condena una guerra de agresión y busca impulsar la paz. O si se abstiene, debería explicar a su población por qué lo hace. Si El Salvador tuviera alguna posibilidad de mediación entre las partes o contara con un pensamiento pacifista y humanista que le diera relevancia internacional y que sirviera para construir una hoja de ruta aceptable hacia la paz, su abstención podría verse como válida o, al menos, explicable. Pero esas posibilidades son nulas dado que el país más bien está tomando posiciones internas reñidas con la normativa internacional de los derechos humanos, y eso le impide ejercer una labor mediadora creíble.

Para evitar que se piense que la abstención obedece a un afán de molestar a Estados Unidos y a la Unión Europea, o de aliarse con Rusia, es importante que el Gobierno se explique. Actuar sin dar razones en este tema de tanta relevancia mundial no solo es poco democrático, sino que refleja una especie de menosprecio a la comunidad internacional. La guerra en Ucrania está afectando la economía global, y los países como el nuestro, de desarrollo medio-bajo, lo sufren con mayor fuerza. No dar cuenta de la posición salvadoreña en el concierto de naciones, dejar que la población se entere de las decisiones gubernamentales a través de la prensa internacional, no es correcto ni atinado. Esta forma de actuar le cierra puertas al país. Si ni en ese contexto se dialoga, queda claro que se marcha hacia el aislamiento internacional.

La convicción con la que se entregan al autoritarismo es admirable. El director de la Policía ha afirmado ante la legislatura, sin pensarlo dos veces, que “el policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”. Si algo hay que agradecer a semejante torpeza es su franqueza, porque eso es, precisamente, lo que ha ordenado a sus agentes: identificar, acusar y capturar a quien les parezca. Le faltó agregar que los soldados hacen también de jueces. La falsedad aparece en la segunda parte de la declaración, porque de ella no se sigue que tengan criterio para ejecutar las órdenes recibidas. Ni los policías, ni los soldados son jueces. Atribuirles esa función es llevar a un extremo inaudito la usurpación de un poder judicial ya secuestrado. El convencimiento y el servilismo se combinan en este claro reconocimiento de la transgresión de la Constitución. La franqueza policial es insolente. Estos funcionarios estarían mejor callados, pero la soberbia los vuelve temerarios al punto de reconocer sus crímenes ante la opinión pública.

Los diputados que aprobaron la nueva prórroga del régimen de excepción son cómplices, pues dieron por válido el argumento policial. Tal vez ni siquiera cayeron en la cuenta de la barbaridad jurídica que estaban avalando con su silencio. Semejante complacencia pone de manifiesto su verdadero papel: no los eligieron, ni les pagan para opinar, sino para decir “sí” a Casa Presidencial. El trabajo de las comisiones legislativas sale sobrando. Por eso, casi no sesionan. No representan a nadie más que a Bukele. En realidad, los diputados son simples accesorios. Se podría prescindir de todos ellos, no solo de una parte, así como ellos han prescindido de los asesores y de escuchar a las partes interesadas en lo que legislan, y ahorrarle al Estado varios millones en salarios, dietas, viajes y privilegios. La legislatura, un elemento fundamental del régimen democrático, se ha convertido en un espacio para vividores.

Estos funcionarios parecen estar muy seguros de la posición que ocupan. Aparentemente, están convencidos de que han llegado al régimen de los Bukele para quedarse y que, si los echan, la impunidad los protegerá de cualquier reclamo de la justicia. La cúpula militar de la guerra civil cometió el mismo error de apreciación. Más de alguno pensará que actúa bien por gozar del respaldo popular, pero este argumento no es válido para la justicia. La dictadura tiene término. Se suele agotar más pronto que tarde. A veces, por causas imprevisibles.

Cuando colapse, ¿qué harán estos funcionarios?, ¿adónde irán? Si cuentan con que los Bukele los protegerán de los reclamos de la justicia, están muy equivocados. Al negociar su final, ellos proveerán por sí mismos y a los demás, a pesar de su lealtad incondicional, los dejarán abandonados a su suerte. Las venezolanas y los otros extranjeros se irán por donde vinieron. Los oportunistas, por lo general, siempre tienen una carta guardada. El resto, la mayoría, se verá abocado al abismo. ¿Querrá permanecer en el país como si fuera ajeno a la violación de la Constitución y de los derechos humanos, a la represión y al terror, y al saqueo de la hacienda pública? ¿Pondrá cara de “yo no fui” o “cumplía órdenes”? Ninguno de los países a donde quisieran ir los recibirá. Irónico sería que algunos de los más destacados acabaran confinados en el recién inaugurado centro para terroristas.

La confianza absoluta en el orden de los Bukele impide que estos funcionarios se planteen siquiera la posibilidad de que, un día no lejano, ese orden se derrumbe. Junto con él perderán el cargo, el poder y los ingresos, y tal vez enfrenten la justicia, desde el banquillo de los acusados. El apego a lo que ahora poseen, la resistencia a no pensar más que en el presente y la lealtad férrea a los Bukele, a quienes deben lo que son y lo que tienen, los ciega. No son capaces de imaginar qué será de ellos cuando aquellos ya no estén. Si así fuera, actuarían con más circunspección. No se les pasa por la mente que, así como ahora son útiles, mañana serán igualmente descartables.

La parábola bíblica sobre el administrador infiel les ofrece materia para recapacitar. Cuando su amo le pide cuentas de su gestión deshonesta para despedirlo, se hace varias preguntas y encuentra súbitamente la solución, hasta cierto punto genial. Cumplirá con la última tarea en provecho propio. Acostumbrado a mandar, no se mira como jornalero, tampoco sabría mendigar. El administrador encuentra una solución simple para mantener su dignidad, conservar su posición social y preservar el sentido de su vida. Falsifica los contratos de arrendamiento a favor de los deudores de su amo, para que, cuando este lo despida, aquellos lo reciban en su casa. La parábola invita a la vigilancia y la prudencia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando a nivel planetario está ocurriendo una cuarta revolución tecnológica, es oportuno preguntarse cuál es la educación que una persona salvadoreña promedio debería tener. Sobre la base de la respuesta a esta pregunta valdría la pena indagar qué tan lejos está El Salvador de alcanzar esa meta. ¿Qué habría que hacer para reducir la brecha entre el ser de la educación en El Salvador y el deber ser? El artículo 53 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y a la cultura de toda persona. ¿En qué consiste este derecho y cultura? ¿Cómo se ve afectado este derecho por la revolución tecnológica? ¿Está el Estado salvadoreño en condiciones de garantizar este derecho? Es decir, ¿cuenta con los medios adecuados (instituciones y servicios) para hacer vigente el mencionado derecho?

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021, la escolaridad promedio de la población salvadoreña de 6 años y más es de 7.1 grados. Por supuesto que un dato promedio oculta las disparidades que existen entre diversos grupos poblacionales. Por ejemplo, la escolaridad promedio en el área rural es de 5.5 grados mientras que en el área urbana es de 8.1 y en el Área Metropolitana de San Salvador de 8.9. ¿Indican estos niveles de escolaridad la existencia de una población preparada para adaptarse a la cuarta revolución industrial? ¿En qué consiste esa adaptación?

Las preguntas planteadas solo constituyen un aperitivo para llevar a cabo una reflexión concienzuda sobre la educación en El Salvador, especialmente aquella que está organizada por el Estado y que cuenta con fondos públicos para su realización. Es claro que no solo el Estado interviene en este asunto con su política educativa, en la que quedan incluidos planes, programas y proyectos educativos, además del marco legal que le asiste. También intervienen los grupos familiares y las personas que se dedican a la función docente y todo el cuerpo administrativo.

En cierta forma, fuera del sistema público-estatal, hay otros agentes que operan en la estructura educativa de la sociedad salvadoreña. Allí están los agentes privados (colegios y universidades), dentro de los que hay que considerar los que gestionan centros educativos de organizaciones religiosas o laicas. Estos agentes privados, en promedio, suelen tener mejor desempeño en la gestión educativa comparada con la que realizan los agentes público-estatales. Aquí tiene lugar otra brecha educativa que hay que tener en cuenta cuando se analiza la educación sobre la base de promedios.

Al Gobierno actual se le achaca incumplimiento de promesas en materia educativa. Y aquel se defiende publicitando la construcción o mejora de las instalaciones de escuelas y la entrega de computadoras y tabletas. Es posible que haya algo de razón en ambas posturas: que el Gobierno tenga deudas en materia educativa y que se ha proporcionado computadores y tabletas, aunque ello no sea suficiente para estar a la altura del desafío que plantea la industria 4.0. La educación es más que equipos informáticos. Por ejemplo, ¿para qué y cómo los ocupan tanto estudiantes como docentes? Facilitar la interacción a distancia entre estudiantes y docentes podría mejorar el nivel de escolaridad, aunque no necesariamente. Incluso se podría haber generado una brecha adicional entre el área rural y la urbana en cuanto a su uso, sin mencionar los problemas de conectividad que enfrentan los estudiantes de escuelas rurales y, no se diga, la preparación informática que tienen las personas que se dedican a la docencia en dichas escuelas.

La cobertura y el nivel de escolaridad son asuntos de interés que es necesario mejorar. Pero la educación no se reduce a cobertura y escolaridad. La pregunta filosófica sobre qué es educar en el siglo XXI requiere ser respondida. Cuanto más pronto se encare esta pregunta de manera muy responsable, mejor será para la sociedad salvadoreña. La revolución tecnológica va más rápido que la preparación de docentes en todos los niveles educativos. Otra pregunta filosófica también debe ser respondida con prontitud: ¿para qué la educación?

A cada revolución industrial es posible identificarle un tipo de educación concretada en un tipo de escuela. ¿Qué piensan los distintos agentes educativos sobre la educación en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial? Aunque es necesario, no se trata únicamente de abrir carreras universitarias relacionadas con la informática. Piénsese nada más en la capacidad que tiene la aplicación ChatGPT para realizar tareas de composición que tradicionalmente los docentes asignaban a los estudiantes. No se trata necesariamente del cometimiento de plagio, sino de una tarea estudiantil que puede ser resuelta con la asistencia de un “robot” en menor tiempo y con buena calidad. La tecnología hoy disponible es análoga a las reglas de cálculo o las primeras calculadoras de bolsillo que permitían hacer operaciones cada vez más automatizadas. ¿Había que aprenderse la tabla del nueve para multiplicar si las calculadoras podían hacerlo sin error? Tómese en cuenta que actualmente no hay teléfono celular que no tenga incorporada como aplicación una calculadora.

Uno de los asuntos que se discuten en ámbitos de toma de decisiones sobre la educación tiene que ver con los procesos cerebrales que operan en los estudiantes y en la diversidad de estos. Se habla de inteligencias y formas de aprender diversas. Cada vez más se cae en la cuenta de la necesidad de personalizar la educación abandonando la homogeneidad de los salones de clase. Pero ¿cómo va a ser posible eso si los grupos de clase son numerosos? Para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta el desarrollo actual de los tutores inteligentes, que es otro desarrollo de la inteligencia artificial. Sin considerarlos como la panacea de la personalización de los procesos de aprendizaje, no se puede ignorar la contribución que en estos procesos pueden tener tales tutores.

Por muy importante que sea la revolución tecnológica, no todo es tecnología en materia educativa. Hay otros asuntos que discutir; entre ellos, la influencia negativa que la emigración ejerce sobre la voluntad e interés de estudiar por parte de los estudiantes, y la frustración que supone para quienes lograr coronar una carrera universitaria no obtener un empleo en aquella profesión que estudiaron. Abogados manejando taxis, ingenieros cuidando vacas o sembrando frijoles y maíz, médicos emprendiendo negocios, laboratoristas trabajando como dependientes de farmacias, etc. Urge una reflexión que contribuya a educar en una sociedad de servicios donde el comercio, los restaurantes, los hoteles, la maquila textil, los servicios bancarios y de telecomunicación constituyen las principales actividades económicas. En esta sociedad, ¿qué y para qué es la educación?

* Álvaro Artiga González, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

La subida de precio de los alimentos ha sido un fenómeno global, en parte en descenso ya en los países desarrollados. Pero entre nosotros los precios han continuado subiendo en estos meses recientes. Los huevos, la leche, el queso y, de un modo especial, los vegetales se van volviendo prohibitivos para las personas con dificultades económicas e incluso para un sector de la clase media baja. Los granos básicos también han sufrido aumentos, aunque no tan fuertes. Este incremento sistemático del costo de la canasta básica alimentaria está provocando que el salario mínimo, a pesar de la última alza, se vuelva claramente insuficiente. De hecho, la canasta ampliada urbana está ya fuera de las posibilidades de quien tenga como ingreso solo el salario mínimo. La situación en el campo, la parte del país generalmente más olvidada, no está mejor. Sin acceso a pensiones, con dificultad para tener ingresos fijos y con servicios de baja calidad en temas básicos como la educación y la salud, el campo se está quedando sin jóvenes: estos emigran, en especial hacia el norte.

La situación alimentaria necesita respuestas. El salario mínimo debería revisarse de nuevo y, en la medida de lo posible, unificarse. Si es cierto que todos somos iguales ante la ley, tal como afirma la Constitución, es injusto que con respecto a lo que es el mínimo vital, como diría Alberto Masferrer, el salario sea diferente si se trabaja en un tipo de empresa o en otra, en el campo o en la ciudad, máxime siendo dicho salario una decisión por ley. También los servicios fundamentales de educación, salud, seguridad jurídica y alimentación deben mejorar a nivel nacional. El agua y la vivienda presentan graves carencias. El Estado no puede descansar hasta que todas las casas tengan agua tanto para consumo humano como para saneamiento. Este tipo de servicios estatales (en algunas partes les llaman “salario social”) es en realidad un aporte de tipo distributivo que trata de eliminar la desigualdad en los temas básicos de desarrollo humano. Cuando la Constitución habla de justicia social como obligación del Estado, está hablando de estas cosas.

El Gobierno actual está tratando de atraer capitales e inversión, promoviendo una especie de marca país en la que la seguridad ciudadana, el turismo y el liberalismo económico son ingredientes básicos. Pero sin planes claros de desarrollo y protección social, el flujo económico que se pueda obtener, si es que se obtiene, creará pequeñas islas de desarrollo junto a amplias zonas deprimidas. Sin seguridad alimentaria no iremos muy lejos. Y sin una inversión mayor en la gente y sin una planificación del futuro con claro contenido social, el calentamiento global, la vulnerabilidad ante el desastre y las epidemias pueden generar ciclos de empobrecimiento que impidan un desarrollo digno y equitativo para todos los que vivimos en El Salvador.

Garantizar la seguridad alimentaria protegiendo tanto al campo como al campesino y cuidar el ingreso económico de los trabajadores —sabiendo que el derecho al trabajo con salario decente tiene siempre prioridad sobre el capital— son tareas urgentes y necesarias para el desarrollo. Las reservas de información, cada vez más frecuentes incluso en temas básicos que nos afectan a todos, hacen suponer a algunos la existencia de corrupción. Otros, tal vez más recelosos, piensan que los planes y proyectos sometidos a reserva informativa son en realidad buenas intenciones, pero sin la estructura formal de un proyecto evaluable. Sea como sea, urgen respuestas claras, trasparentes, medibles y que den esperanza a las personas. El aumento de precios de los alimentos, tan fuerte y sistemático, es uno de los temas que pide respuesta gubernamental y planes y proyectos que impidan que la población sufra el flagelo del hambre. Ya hay una importante proporción de la ciudadanía, especialmente entre los niños, que no cubren adecuadamente sus necesidades alimenticias. Eliminar el hambre e impedir que aumente es básico para el desarrollo digno de nuestro país y para la convivencia fraterna.

El 9 de febrero se dio la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses que partieron en un vuelo chárter a Washington D. C. Estas 222 aves volaron lejos de la tierra que les intentó cortar las alas en las mazmorras del régimen por haber señalado las formas desquiciadas de gobernar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se desconocen las posibles negociaciones. A pesar de que les despojaron de la nacionalidad como venganza a posteriori, es una victoria haber sobrevivido al enclaustramiento impuesto por los represores.

El obispo Rolando Álvarez tuvo el nervio de tomar la decisión de no subirse al avión en el que partieron los presos políticos. Un día después, Daniel Ortega, por medio de un juez, lo condenó por esa ofensa a 26 años de cárcel. Sentencia que recibió como un completo mártir cristiano, en el sentido más profundo y existencial, para colocarse al lado de otros sacerdotes que ofrendaron su vida en aras del expandir de la conciencia y develar las pestilencias del poder.

Lo imagino a monseñor Álvarez —a quien el papa Francisco le dedicó recientemente un tuit— resistiéndose a abordar el avión y decidiendo caminar de vuelta a la gran prisión que es Nicaragua para enfrentarse a su destino abrasivo, pero fecundo. De otra forma, el papa quizá no se habría expresado con efusión sobre la situación de Nicaragua; ni se habría elevado aún más la furia de Ortega, quien no tardó en mandar al obispo al calabozo, insultándolo en televisión nacional; ni se habría redactado en piedra la crueldad del régimen, que no perdona una voz que no grite consignas en favor de la pareja soberana. Un sacrificio cristiano desde la más sincera hermenéutica del corazón.

Gestos como el del obispo Álvarez pican con triste ilusión el alma en un contexto de desesperanza por los ultranacionalismos que crecen como maleza con espinas frente a propuestas más humanas que no terminan de enraizar. El sacerdote personifica la renuncia del interés propio. Lo hizo en honor a tantos santos y mártires católicos y de otras religiones que no han temblado en señalar la injusticia evidente. En mi país, Guatemala, durante la guerra interna, ser catequista implicaba ser enemigo y se justificaba desde el Estado su eliminación.

La Iglesia católica promovió la recopilación de testimonios de violaciones a los derechos humanos como parte del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), cuyo director, el obispo Juan Gerardi, fue asesinado dos días después de presentar el informe final. Otro cura guatemalteco, en el municipio de San José Pinula, Hermógenes López, entregó su vida en defensa del agua de la comunidad; lo mataron agentes del Gobierno en una emboscada.

Ni qué decir de los mártires jesuitas y lo que representan para la memoria de El Salvador desde la vocación de construir paz y posibilitar justicia, entendiéndola no como algo inherente a una sociedad, sino como un proceso empujado para reconocer la verdad y las raíces. Monseñor Romero se negó a callar a sabiendas de los riesgos. Esa bala que le enrojeció la casulla en plena misa no era inesperada, hasta cierto punto era inevitable.

No es deseable que alguien dé su vida ni su integridad o su libertad por la justicia, por la verdad, por los postulados humanos y cristianos. Pero que personas —curas, obispos, laicos o quien sea— estén en disposición de hacerlo, inspira a quienes observamos la debacle de Centroamérica en la que cada día se respetan menos las más básicas garantías humanas.

Nicaragua está siendo mal ejemplo en términos de prácticas políticas. Otros líderes centroamericanos imitan las decisiones de Ortega y coartan la prensa; modifican leyes para favorecer la autocracia, las amnistías y la reelección; gestionan las instituciones para garantizarse poder e impunidad; y utilizan a la administración judicial para perseguir a los críticos. Pero también Nicaragua está siendo buen ejemplo en términos de dignidad: acciones como las del obispo Rolando Álvarez, el resto de presos políticos y la disidencia en el exilio nos muestran la persistencia de la gota que cae sobre la piedra y que finalmente la romperá.

* Álvaro Montenegro, periodista guatemalteco.

Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, un tipo de justicia que vincula su contenido con el cumplimiento de los derechos básicos de toda la población de un país. En 1983, El Salvador incorporó en la Constitución la justicia social como deber del Estado. Sin embargo, poco se habla de esta obligación e incluso funcionarios públicos toleran o impulsan situaciones injustas. Despreciar los derechos humanos, negarse a dialogar francamente sobre su situación o atacar a defensores de los derechos de la población muestra el desinterés por entender lo que la Constitución le exige al Estado.

Por función, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vela por la justicia social, entendiendo que el trabajo y el salario decente son medios de acceso a la plenitud de derechos. Las Naciones Unidas también la ha tomado como propia y cada año hace una reflexión sobre los avances a nivel mundial en este campo. En particular, para la celebración de este año, propone que la justicia social sea la base para renovar el contrato social entre la población y el Gobierno de cada país, y que se haga un esfuerzo por revertir la tendencia al aumento de la pobreza y la desigualdad. Y es que como camino de reducción de las tensiones sociales, la justicia social es fundamental para el desarrollo inclusivo y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible señalados en la Agenda 2030.

En El Salvador hay mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera justicia social. El salario mínimo es inferior al actual costo de la canasta ampliada. La seguridad social cubre solamente a un cuarto de la población. Las pensiones no llegan a la mayor parte de las personas en edad de jubilación y la reciente reforma del sistema aumentó la pensión en mayor grado a quienes ya recibían una mensualidad elevada , aumentando así las diferencias entre los pensionados. Los habitantes del ámbito rural no cuentan con las ayudas y programas requeridos para solucionar su crónico problema de pobreza y vulnerabilidad. La salud, la educación, la protección de los ancianos y de las mujeres, aunque han ido avanzando, requieren todavía de mucho trabajo para alcanzar estándares adecuados. Que el Estado y la sociedad civil dialoguen sobre la justicia social resulta obligado para sentar las bases de un futuro más estable y de un desarrollo capaz de llevar al país a una mayor concordia y amistad social. Las soluciones individualistas frente a los problemas sociales no garantizan nunca el bienestar general ni el bien común. La justicia social sí, pero es necesario entenderla como objetivo nacional.

La diferencia entre un nuevo comienzo y el acomodo es la ruptura total con el pasado, con la forma de dominación y acumulación de capital, y con quienes han estado vinculados con la estructura anterior del poder, con el enriquecimiento ilícito y con la violación de los derechos humanos. El régimen de “nuevas ideas”, a pesar de lo que predica, no ha roto con el pasado. La dominación sobre la sociedad es mayor que antes. No es, pues, más que un acomodo. La acumulación por el despojo, un mecanismo típicamente neoliberal, que se remonta al primer presidente de Arena, ahora perseguido por la justicia de Bukele, campea por sus respetos, más extensa e intensamente que antes: otro acomodo más y no de poca trascendencia. Muchos personajes, en particular, en los mandos militares y policiales, tienen una larga trayectoria. Mañosos en el oportunismo, han sabido acomodarse a los vientos que soplan hoy.

Hay novedades, faltaría más, pero no elevan el nivel de vida de las mayorías. En buena medida, es más de lo mismo, incluso peor. El capital se sigue concentrando en pocas manos, mientras que las mayorías son empujadas cada vez con más fuerza hacia la penuria. La elevación del costo de la canasta básica es un ejemplo claro. Y las ideas es una de las deficiencias más agudas del autoritarismo de Bukele.

Desde el primer momento ha querido olvidar el pasado y se ha esforzado por poner gestos que marquen un nuevo comienzo, pero sin romper con las prácticas tradicionales del poder. El “orden” de Bukele alcanza cotas cada vez más altas de corrupción, de encubrimiento e impunidad, de ineptitud administrativa, de deuda e iliquidez, y de represión y brutalidad. Amaga con hacer justicia a las víctimas de la guerra civil y con perseguir a los corruptos, pero el sistema solo procesa a los sospechosos o acusados que, por razones desconocidas, son enemigos personales de Bukele o carnada para las redes digitales. Mientras tanto, por los despachos y pasillos de la dictadura circulan funcionarios de todo nivel y empresarios nacionales y extranjeros corruptos, y agentes del terror. El objetivo del régimen de excepción se ha deslizado casi imperceptiblemente de los pandilleros a los sindicalistas, los vendedores callejeros, los líderes comunales y la oposición popular. El régimen de Bukele es una redición, mejorada, de la dictadura militar de las décadas anteriores a la guerra.

Las voces que pregonan tiempos nuevos no saben bien lo que dicen o, lo más probable, lo saben y son asalariadas. Bastantes son inconscientes, pero otras saben bien lo que hacen. En el otro extremo hay una opinión pública ansiosa por experimentar un cambio sustancial en su vida. Por eso, recibe agradecida la erradicación de las pandillas. Pero su sensación de seguridad es engañosa. Ahora, esa opinión puede entrar y salir de las colonias y los pasajes sin temor, pero con hambre, enferma y desempleada. Las desapariciones y el feminicidio no han experimentado un retroceso significativo. Los traficantes trajinan sus mercancías ilegales. Y el rufián de poca monta ha regresado.

La falsa sensación de que algo se mueve en la dirección correcta es reforzada con la exhibición de construcciones megalómanas, mientras la basura se amontona en los espacios públicos de varios municipios, la infraestructura escolar permanece abandonada y las municipalidades recortan sus servicios por falta de recursos. El espacio dejado en el centro de San Salvador por los vendedores callejeros y su abundante clientela, atemorizados de acabar en la cárcel de la excepción, ha sido ocupado por los misioneros de las criptomonedas. En cualquier caso, las novedades de Bukele exigen la renuncia voluntaria a los derechos civiles, políticos y humanos. Buena parte de la opinión pública le ha entregado su libertad para que haga según su voluntad.

A pesar de su éxito, los arquitectos del régimen no las tienen todas consigo. Son conscientes de que su creación es frágil. Por eso la alimentan constantemente con obras aparentemente nuevas, que proyectan como evidencia de ruptura y adelanto. Esas construcciones lo mismo dan la falsa impresión de avance que ocultan la dura realidad. El denso velo que las envuelve es crucial para mantener el engaño. Si el quehacer de Bukele generara bienestar general y fuera tan genuino y brillante como asegura, no tendría reparos en mostrar todos los entresijos de su gestión. Al contrario, los exhibiría en detalle para suscitar la admiración y las felicitaciones. Pero eso es imposible, porque la fachada oculta mucha porquería.

La hipersensibilidad no es más que inseguridad. Sus creadores saben bien que han levantado un castillo de naipes, cuya defensa es vital para evitar el colapso. Hasta ahora, la negación sistemática de información, la improvisación por falta de visión y entendimiento, la distracción para evitar enfrentar los desafíos reales y la agresión verbal y las amenazas han dado los frutos esperados. Pero nada garantiza que este peculiar acomodo al pasado sea sostenible a mediano plazo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua, ha defendido los derechos de los pobres en su diócesis y ha sido un severo crítico de los abusos cometidos por el actual gobierno nicaragüense. Por esa razón, considerando la crítica social y política como un atentado contra la patria, ha sido condenado a 26 años de prisión y privado de su nacionalidad nicaragüense. Se le ofreció salir del país exiliado inmediatamente antes de su condena. Dado que rechazó salir, la condena se produjo automáticamente. Las circunstancias del hecho muestran claramente que se ha producido un juicio político y que se ha perseguido tanto una opinión como la libertad religiosa del prelado. El hecho puede considerarse desde dos ámbitos de la reflexión, en muchos aspectos coincidentes, aunque el vocabulario usado sea en algunos aspectos diferentes: Es un hecho que debe analizarse desde los Derechos Humanos y también desde la fe religiosa.

El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. Y añade que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. El Artículo 18 añade que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. En otras palabras, que pensar de modo diferente a un gobierno no es delito. Es simplemente un derecho. Y que la expresión de la propia religión, su pensamiento y su doctrina, aunque choque con el pensamiento, doctrina y acciones de un Gobierno, también es un derecho. En general los artículos 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos repite incluso con mayor detalle los derechos mencionados de la Declaración Universal. Esta Convención fue firmada por Nicaragua en 1969 y ratificada en 1979, ya en tiempos del primer gobierno de Daniel Ortega. Las críticas que el obispo Álvarez hacía al gobierno de Nicaragua, estaban dentro del derecho a pensar y opinar distinto, se enmarcaban en la defensa de derechos del pueblo nicaragüense y correspondían a su propio pensamiento cristiano católico que desde el Papa Juan XXIII insiste con energía en la necesidad de defender los derechos de las personas desde la fe cristiana.

Desde el punto de vista religioso, Mons. Álvarez no hizo más que ejercer su responsabilidad de Pastor defendiendo los derechos de su pueblo. La Doctrina Social de la Iglesia insiste sistemáticamente en la necesidad de defender la participación ciudadana, el estilo democrático de gobierno, el Estado de Derecho. El Evangelio y en general la Sagrada Escritura, ubica la solidaridad con los pobres y con los que sufren como una dimensión indispensable de la fe cristiana. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de resistencia al poder cuando éste quiso negar derechos a la manifestación pública de la fe y las obras de la fe. Incluso podemos encontrar fácilmente palabras duras en los Padres de la Iglesia contra sus perseguidores. Tertuliano, hablando de los cristianos metidos en la cárcel por mandato de los emperadores, decía que “fueron a la cárcel para aplastar y vencer en su propia casa al diablo”. San Máximo, un cristiano sencillo, plebeyo, dice él de sí mismo, cuando el juez le pregunta si conoce la ley dada por el emperador, que prohíbe el cristianismo, no duda en contestar diciendo: “Sí, he sabido la inicua sentencia pronunciada por el emperador de este mundo, y por eso justamente me he manifestado públicamente cristiano”. Mons. Álvarez ha continuado con lo mejor de la tradición cristiana en la defensa de los pobres, en la denuncia de las injusticias y en la resistencia a las amenazas proferidas contra él. Como Romero, como Gerardi, como Rutilio que dieron su vida, y como otros muchos que lograron sobrevivir a diferentes modos de persecución, Mons. Álvarez está en el camino del triunfo de la verdad sobre sobre la idolatría del poder y su afán de considerarse como absoluto.