Editoriales y Opiniones

Casi desde sus inicios, el Gobierno de Bukele mostró la tendencia a reservar información pública de interés para la ciudadanía. Y no solo en casos de seguridad ciudadana, sino también en temas económicos o judiciales en los que no debería haber restricciones. El año pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA señaló que tanto en el Ejecutivo como en los órganos legislativo y judicial se incumple continuamente la obligación de publicar información oficiosa. La reserva de información ya no es una excepción, sino la norma. Actualmente, en el sistema judicial destaca la reserva de información decretada para el caso de los acusados de homicidio pertenecientes a la comunidad de Santa Marta. A nivel del Ejecutivo, llama la atención la reserva de los acuerdos de cooperación interinstitucional entre la ASA y ANDA referentes a convenios con empresas constructoras.

El caso en Santa Marta se vincula a hechos acaecidos durante la guerra civil e involucra a exmiembros de la antigua guerrilla. Lo primero que salta a la vista es la diferencia en el trato que se le dispensa a los capturados en comparación con otros casos en que se acusa a militares. En casos como El Mozote y la masacre de la UCA no hay reserva de información y la mayoría de los acusados son juzgados en libertad, mientras que a los de Santa Marta se les mantiene en prisión. Decir que a estos últimos se les ha encarcelado dada la peligrosidad de la guerrilla a la que pertenecieron resulta absurdo, pues esa guerrilla hace muchos años que no existe. En contraste, el Ejército desempeña funciones en el campo de la seguridad que lo hacen, al menos técnicamente, más peligroso. Estas contradicciones siembran dudas sobre el caso de Santa Marta, en el que además se mezcla la problemática ambiental y las luchas contra la explotación minera.

Por otra parte, la reserva de información para los acuerdos ASA-ANDA en el terreno del “financiamiento de obras, actividades o proyectos de mejora en el servicio de agua y saneamiento a través de fondos provenientes del pago de cánones por uso y aprovechamiento de aguas de sistemas autoabastecidos” despierta enorme preocupación por lo que se viene observando desde hace años: las constructoras de viviendas y otras empresas no solo deforestan y crean problemas ecológicos, sino que amenazan el uso público del agua dañando reservorios y convirtiendo el agua en objeto comercial de altas ganancias. En un país como El Salvador, en el que el servicio público de agua tiene serias deficiencias, el tema debe estar sujeto al conocimiento y escrutinio ciudadanos para evitar mayores desigualdades y abusos.

Además de que impide el diálogo y despierta desconfianza, la ocultación de información suele ir acompañada de desinformación y propaganda manipuladora. En ningún sentido forma parte de un marco democrático de convivencia. En ese sentido, aunque se logre muy poco o nada, es importante seguir llamando a que las instituciones estatales cambien de actitud sobre este tema, empezando por el Instituto de Acceso a la Información Pública, hasta ahora escasamente operante.

La reacción del oficialismo al Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado ha sido torpe y tardía. Un despropósito más ocasionado por una elemental falta de honestidad con la realidad. No se le ha ocurrido mejor idea que declarar “hija meritísima” post mortem a Rufina Amaya, una mujer sufrida y animosa que, testigo de la masacre de El íntimo Mozote, tuvo el coraje de denunciar lo que vio y de señalar al Ejército. Sin embargo, la lucha por la verdad y la justicia, y el valor que oficialismo dice admirar en ella tienen notas falsas. En continuidad con sus antecesores de Arena y del FMLN, Bukele no solo no se ha interesado en que se haga justicia en esta y en otras masacres y crímenes de guerra, sino que, en el caso de El Mozote, ha obstaculizado el proceso judicial, al impedir al juez acceso a los archivos militares y al reemplazarlo por una jueza de su cuerda. Esta, fiel a quienes le dieron el puesto, no se esmera en administrar la justicia debida. La razón es simple: el Ejército, uno de los pilares del régimen, es el autor irredento de la masacre.

El mismo oficialismo se encarga de evidenciar su verdadera motivación, al equiparar la postura del Washington de la guerra civil respecto a la masacre en El Mozote con la del actual en relación a El Salvador de los Bukele. Los diputados encuentran que negar lo sucedido en El Mozote es similar a desconocer “la verdad de lo que está pasando” en la actualidad, en el país. La arrogancia y la frivolidad les han arrebatado el sentido de la proporción. En El Mozote, el batallón Atlacatl, un grupo elite, asesinó a centenares de civiles indefensos, incluidos mujeres, ancianos y menores de edad, mientras que las interpelaciones y las críticas que salen del Washington actual y de otras capitales son de carácter jurídico, político y ético. En buena medida, los reclamos y las reconvenciones se deben a la violación sistemática de los derechos humanos de la población, justamente lo mismo que los diputados dicen enaltecer en Rufina Amaya.

El oficialismo se cobija bajo la sombra de Rufina para insistir, incansable, en su ataque contra los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Otro resbalón, porque ellos recogieron el testimonio de ella y dejaron al descubierto el crimen del Ejército salvadoreño y su cómplice estadounidense. El batallón asesino no solo fue entrenado por este último, sino que sus efectivos operaban como asesores sobre el terreno. No solo Washington y Arena negaron la masacre, también el Ejército de Bukele, el mismo del que dice orgulloso que ha hecho que “El Salvador ya no es el de antes”. La negación de la masacre no es análoga a desconocer los discutidos éxitos de Bukele, sino a negar la justicia a sus víctimas, tal como hacen los promotores del título honorífico.

La retórica oficial atribuye la masacre en El Mozote y, en general, la guerra civil a lo que ha dado en llamar “grupos de poder”. Un eufemismo que esconde la participación de su Ejército en la mayoría de los crímenes de lesa humanidad documentados por la Comisión de la verdad. En realidad, sin Ejército no habría habido guerra civil ni dictadura militar desde la década de 1930. Y, probablemente, habría habido más república democrática y Estado de derecho. Las invectivas contra Arena (curiosamente, el FMLN ha salido del cuadro) y contra Washington no están completas sin el Ejército, que tenía el mismo motivo para negar la masacre en El Mozote. Hicieron lo mismo en la masacre de la UCA, que atribuyeron al FMLN. También en este caso, otra mujer valiente habló y señaló al Ejército. También ella fue vilipendiada y perseguida por la oficialidad salvadoreña, en contubernio con sus cómplices estadounidenses. Y este es otro caso que aguarda justicia en los tribunales nacionales. Bukele y los suyos, igual que sus predecesores, ocultan la verdad, niegan el derecho a la justicia y no solo protegen a los militares de la persecución judicial, sino también los recompensan generosamente con más efectivos, más armamento y más poder social y político.

El pretendido homenaje a Rufina Amaya es una vulgar instrumentalización de su testimonio y de su vida y de las víctimas de El Mozote. En ella, el oficialismo se homenajea a sí mismo. El sufrimiento de las víctimas, la injusticia de décadas y el abandono le traen sin cuidado. El Mozote no es más que un pretexto para proseguir su batalla contra los molinos de viento. Si quisiera “honrar la memoria de las víctimas de la guerra”, “resarcir daños” y “sanar heridas”, desde el primer día en el poder habría perseguido a los criminales de guerra, empezando por los responsables de las masacres, habría despojado a los militares de la impunidad, habría impulsado la administración de justicia y habría legislado la justicia transicional.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando este domingo recién pasado celebramos el primer aniversario de la beatificación de los mártires Cosme Spessotto, Rutilio Grande, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, es necesario reflexionar sobre el mensaje que estas cuatro personas nos dejan grabado en la historia salvadoreña. No se trata de millonarios filántropos que regalaran muchas cosas a los pobres ni de políticos que deslumbraran a los necesitados con promesas nunca cumplidas. Ni siquiera eran personas famosas que aparecieran con mucha frecuencia en los medios de comunicación.

Lo que los distinguió en vida y en muerte fue su cercanía a los pobres, su caminar con ellos, su tener puesta la confianza no solo en Dios, sino también en el pueblo salvadoreño sencillo y necesitado, hambriento de justicia y paz. Anunciaron en zonas campesinas la fraternidad e igual dignidad de todas las personas, hijos e hijas de Dios, y el derecho de los pobres al desarrollo y a una vida digna.

La gente de buena voluntad los amó, porque vieron en ellos amor y generosidad, cercanía humana y una fe profunda en que el camino de Jesucristo era la base de un futuro digno para el pueblo salvadoreño. Vieron también en ellos la misma fuerza que brilló en Monseñor Romero, que prefirió vivir en un hospital de beneficencia, en cercanía con enfermos de cáncer, en vez de en la comodidad que le ofrecían alguna personas pudientes. Padre de los pobres, defensor de los Derechos Humanos y “voz de los que no tienen voz para defender sus derechos”, es comprensible que las Naciones Unidas, tras su muerte martirial, lo nombrara patrón mundial del derecho de las víctimas a la verdad.

Hoy, en medio de las tensiones, las propagandas, los odios y las mentiras que cunden y abundan en el país, los mártires mantienen una profunda actualidad y nos llaman a reflexionar sobre nuestra realidad y sobre el camino de futuro que debemos seguir. Nos muestran con su vida la necesidad de dar prioridad a los que sufren y poner como prioridad en la vida la lucha contra el sufrimiento humano. Nos enseñan a tomar decisiones llenas de sentido, sin superficialidades y sin egoísmos.

No provocan el sufrimiento de unos para que otros no sufran, sino educan para la fraternidad, para la reconciliación y para convertir el desarrollo y el bienestar básico de todos en el mejor proyecto de realización común que El Salvador pueda emprender. El Papa Francisco nos decía en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz que “nadie se salva solo”. Al contrario, el Papa insiste en que solo el camino de la fraternidad puede traer la paz y la justicia al mundo que vivimos. El mismo mensaje de los mártires y del Evangelio.

Porque en efecto, el camino de la fraternidad es el que recorrieron los mártires, cada uno a su manera. Y es el camino de la responsabilidad personal y social que todos debemos recorrer, cada uno según sus posibilidades y capacidades. No debemos transigir con la mentira, y mucho menos con el odio, la envidia o el desprecio de nadie. Como tampoco podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento del prójimo, ante la pobreza, el abuso del débil o la desigualdad.

Toda persona que sufre, sea buena o mala, merece nuestra compasión. Y toda situación social injusta amerita nuestra denuncia y nuestro esfuerzo por cambiarla. Cuando hoy, al igual que durante la guerra civil, hay personas que hablan con desprecio de los Derechos Humanos, quienes recordamos a los mártires debemos afianzarnos en la defensa de quienes sufren menoscabo de sus derechos básicos. No podemos hablar de los mártires y olvidarnos al mismo tiempo de la lucha contra el sufrimiento que ellos mantuvieron hasta el final de sus días. Los mártires salvadoreños que celebramos, nunca estuvieron separados de los pobres. O eran pobres, o se unieron a ellos como se unió Jesús de Nazaret a los crucificados de esta mundo, hasta dar la vida por ellos.

En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), la economía aparece como la mayor preocupación de la población. Y ello no es casual. La canasta básica alimentaria se ha encarecido notablemente. Los productos lácteos, el frijol, los huevos, los vegetales y otros alimentos esenciales han subido de precio mes tras mes. En paralelo, hay una crisis en el Estado: despido de trabajadores, atrasos en la entrega de salarios en algunas alcaldías, falta de pago de las pensiones compensatorias para ancianos, escasez de medicinas en los hospitales públicos…, factores que refuerzan la preocupación por la situación económica. Asimismo, las detenciones masivas y prolongadas a raíz del estado de excepción golpean la economía familiar de un gran número de hogares. A todo esto se añade que tanto el Banco Mundial como el ministro de Hacienda han dicho que 2023 será un año aún más complicado que 2022.

En este contexto resultan preocupantes la ausencia de inversión estatal en el sector productivo y el desinterés gubernamental por una reforma fiscal progresiva que haga que paguen más quienes más tienen. Se sigue apostando, más bien, por el endeudamiento —que está llegando ya a niveles próximos al impago—, el bitcoin y proyectos que benefician a unos pocos en lugar de favorecer el desarrollo del país en su conjunto (Surf City, por ejemplo) o que solo buscan generar expectativas e ilusiones de progreso (el tren costero y el aeropuerto de La Unión). La falta de diálogo en torno a los problemas nacionales añade un plus de pesimismo a la inexistencia de un plan económico serio y verificable.

Las angustias y dificultades ciudadanas en torno a la economía son siempre fuente de desgaste para los Gobiernos. De ellas suelen surgir protestas, pero también propuestas de cambio. Por el momento, la administración Bukele parece contentarse con obtener buenas notas en las encuestas, gozar de un fuerte apoyo ciudadano y haber logrado destruir cualquier oposición política que pudiera presentarse como alternativa. Pero el descontento social por la situación económica no se soluciona con aplausos. Dialogar con la sociedad civil, no encerrarse en los propios planteamientos, analizar con objetividad las críticas al manejo del país son tareas gubernamentales necesarias para un desarrollo equitativo. Salir de la autorreferencia y el autoritarismo, respetar los derechos humanos e invertir más en la gente haría más llevadera la actual crisis y beneficiaría el ambiente social y político de El Salvador.

El presidente busca legitimidad entre los surfistas, los entusiastas del bitcoin, los aventureros del norte, las competencias deportivas regionales y, lo último, en uno de los concursos de belleza más tradicionales. “Apertura al mundo”, lo llama el oficialismo. Al parecer, los incondicionales locales, aunque mayoría, no bastan. O quizás Bukele los minusvalora por vulgares en exceso. La rotunda reprobación de la comunidad y los organismos internacionales pesa demasiado. Ha salido, pues, en busca de la admiración y el aplauso de nuevos adeptos, más allá de las fronteras nacionales. Los prosélitos del culto presidencial se admirarán, en su ingenuidad e ignorancia, de las apuestas de Bukele. Sin embargo, es dudoso que estas le proporcionen la legitimidad deseada.

Extranjeros de todas las formas y colores son invitados en inglés a visitar el país para constatar por sí mismos que “El Salvador ya no es el de antes”. Una constatación difícil, porque, seguramente, la mayoría nunca ha estado antes en el país y, por tanto, no puede saber cómo era y en qué consiste el cambio. Es muy posible que la mayoría no tenga ningún interés en el país y su gente, sino en la aventura. Cuando la curiosidad haya sido satisfecha y la emoción colmada, así como llegaron, lo abandonarán. Este giro gubernamental debiera hacer recapacitar a los prosélitos nacionales. No constituyen la prioridad de la agenda presidencial, sino accesorios ineludibles de un proyecto para extranjeros que buscan emociones fuertes, deportes de aventura y adrenalina al aire libre.

Los huéspedes presidenciales encontrarán un país militarizado, sometido a una represión intensa e indiscriminada, sin garantías constitucionales y con su población cada vez más atemorizada y con el 2.2 por ciento de los mayores de 18 años encarcelados. Dicho de otra manera, disfrutarán y se divertirán gracias a la militarización, la represión y la violación de los derechos fundamentales de sus habitantes. La fiesta de los deportistas, el arrebato de los aventureros, el entusiasmo de los seducidos por el bitcoin y el regocijo de las mises se antojan más estimulantes que la carga que representan unas mayorías grises, fastidiosas y sin potencial para aportar ganancias a las empresas patrocinadas por los Bukele.

El patrón es similar al de las monarquías del golfo Pérsico, que utilizan el golf y el futbol para desviar la atención de su naturaleza tiránica y retrógrada. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. El petróleo les proporciona dinero en abundancia para patrocinar deportes, exposiciones mundiales y otras atracciones turísticas, mientras que Bukele se ahoga en deudas. En cualquier caso, su idea no es nueva. El régimen oligárquico-militar de la década de 1970 organizó, con la misma finalidad, el mismo concurso de mises en 1975. Un evento que hizo las delicias de algunos militares. Así, pues, el régimen que tanto se empeña en poner distancia entre el pasado y el presente recurre a lo de siempre, deseoso de una aprobación universal que no llega.

La “apertura al mundo” hunde sus raíces en la abominación del pasado. El autoritarismo militar y la militarización de la sociedad de Bukele están en continuidad con los generales y los coroneles que se apoderaron del Estado en 1932. El oficialismo hace de la ruptura con los acuerdos de 1992 un punto de honor. “Nunca le vamos a rendir honor ni tributo simbólico a asesinos, a políticos que se aprovecharon de la gente”. Pero camina de la mano con el mismo Ejército responsable de las desapariciones, las torturas, las masacres, los escuadrones de la muerte, las ejecuciones sumarias y la corrupción. Mientras denigra a los políticos, convive en estrecho contubernio con uno de los protagonistas principales de la guerra civil.

Renombrar la efeméride del 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es burla cínica. No solo no conmemoran el día ni hacen justicia a las víctimas que dicen honrar, sino que, además, engrandecen al Ejército que las victimizó. Bukele lo ha colocado de nuevo en el centro de la vida social, con más efectivos y mejor armado. “Modernización”. lo llama el ministro del ramo. El encumbramiento del Ejército está acompañado de la impunidad. La ley de amnistía la permitió, pero ahora, ya sin ella, las mismas voces que desde los escaños legislativos claman contra dicha ley, no han dado un solo paso para hacer prevalecer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En su clamor, esas voces se piensan nuevas, pero son tan viejas como sus antecesoras.

El pasado no ha desaparecido tal como Bukele quisiera. Es actual y está activo. Tampoco él puede gobernar sin la dictadura militar. “Un liderazgo fuerte”, propio de “las democracias complejas del siglo XXI”, sentencia con falsa sabiduría el vicepresidente. La apertura al mundo nació antigua. Una fachada mal remozada que oculta miserias y vilezas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador vive tiempos complejos. Los análisis tradicionales son poco útiles para explicar y entender lo que está sucediendo. La encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) revela aparentes contradicciones; un divorcio entre lo que la gente dice y lo que hace en la práctica, una ruptura entre los datos de la realidad y la percepción ciudadana. Por ejemplo, 73% de los encuestados no está de acuerdo con que un mandatario controle todos los poderes de un país sin que nadie lo controle a él. Y 63.2% dice que en El Salvador hay un líder fuerte que concentra mucho poder de decisión. Sin embargo, la gente apoya la gestión de Bukele. La nota promedio que le otorga, 8.37, es elocuente.

Por otra parte, más del 60% de la gente opina que la situación económica es el principal problema del país, 76 de cada 100 creen que la pobreza ha aumentado o sigue igual, 77 de cada 100 piensan que el desempleo aumentó o se mantiene, 93.2% que los precios de la canasta básica han aumentado y 68% que el costo de la vida se ha incrementado mucho este año en el país. En el campo de la economía familiar, 60.6% ha visto como el recibo de la energía eléctrica subió, 41 de cada 100 han tenido que pedir prestado dinero a otra persona para terminar el mes y más del 76% de las familias gastan más de sus ingresos en alimentos que antes. Sin embargo, a pesar de la crítica situación que la misma ciudadanía expone, una tercera parte cree que la situación económica está mejor; otra proporción semejante, que está igual; y un tercio, que ha empeorado. Asimismo, en áreas en las que se constata un empeoramiento objetivo de la situación (educación, derechos humanos y salud, por ejemplo), la población percibe que están mejor que en años anteriores.

Entre las múltiples razones que pueden ayudar a entender estos datos, sobresalen tres. En primer lugar, la percepción ciudadana sobre las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Sin duda, el principal pilar de la popularidad del presidente es el estado de excepción. A esta medida atribuye el 90% de la gente que la inseguridad haya disminuido. Incluso los que dicen que la economía está mejor lo adjudican a esa política de seguridad. Los ministerios también se benefician de ese reconocimiento en materia de seguridad. Un dato llamativo es que, por primera vez en la historia reciente, las alcaldías son de las instituciones peor evaluadas por la población, solo arriba de los partidos políticos, pero por abajo de los empresarios. Probablemente este sea el precio que ha tenido la imposición de candidatos más caracterizados por la sumisión al Ejecutivo que por la defensa de los derechos de los habitantes de sus municipios.

Un segundo factor que explica que la percepción ciudadana no se corresponda con la realidad del país, sobre todo en temas económicos y sociales, es el permanente y masivo bombardeo propagandístico del Gobierno. Esta es la principal apuesta gubernamental: colocar en el imaginario público la fotografía de un país retocado en estudio publicitario. La tercera razón se halla en la profunda desinformación de la población. 80 de cada 100 personas desconocen que por fallos en la billetera Chivo se se perdieron aproximadamente 12 millones de dólares del erario público; 92 de cada 100 no saben que el Ejecutivo le paga 60 mil dólares mensuales a una persona para que mejore su imagen en Estados Unidos; 81% ignora que Bandesal ha reservado información sobre los millonarios fideicomisos para comprar bitcoin; el 84% no está enterado de que se han otorgado contratos públicos por cientos de miles de dólares a allegados de funcionarios sin seguir el procedimiento de ley.

Más allá de los espejismos, el país va mal, y quienes al final pagan las consecuencias son los sectores emprobrecidos y vulnerables. Por el momento, la estrategia de represión, propaganda y desinformación está rindiendo los frutos esperados, pero mal alimenta lo que se gesta pútrido.

El 16 de enero de este año se cumplieron 31 años desde la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado entre el FMLN y el Gobierno salvadoreño. Quizá por esta razón aquellos acuerdos fueron conocidos como “Acuerdos de Paz”. Ya solo por este hecho tuvieron una relevancia social y política de la cual reniega el Gobierno actual. Pero hay que poner en su justo lugar y medida a dichos acuerdos para, por un lado, no pedirles lo que no podían dar y, por otro, no caer en el anacronismo de juzgarlos a partir de los problemas actuales del país.

La firma de unos acuerdos que darían fin al conflicto militar suponía eliminar las causas que le dieron origen. ¿Cuáles fueron esas causas? Hay quienes enfocan en variables económicas y dicen que el conflicto estalló por la pobreza y miseria en que vivía la mayoría de la población salvadoreña, especialmente la campesina. Hay otros que se centran en variables sociales como los bajos niveles de acceso a la educación, la salud, la vivienda, etc. Y hay quienes dirigen la mirada hacia variables jurídico-políticas como la violación a derechos humanos, la represión, los fraudes electorales, etc. Juntando todas estas visiones se tendría que llegar a la conclusión que las causas fueron múltiples. ¿Contempla esta multicausalidad el contenido de los acuerdos de Chapultepec?

Es evidente que la respuesta a dicha pregunta ha de ser negativa. Un análisis de los Acuerdos de Paz pone de relieve que el foco está en variables de índole jurídico-política. El resultado es una reforma política que debía implementarse para superar las condiciones jurídico-políticas que estaban en el origen del conflicto. De hecho, los Acuerdos son el resultado de un largo proceso de diálogo y negociación política, cuya última fase se abrió paso a raíz de la ofensiva militar del FMLN desatada el 11 de noviembre de 1989.

¿Qué es lo que se negoció? Ciertamente, una salida pacífica al conflicto en lugar de una salida militar. Para propiciar esa salida había que remover aquello que estaba en el origen. Institucionalmente hablando, se puede decir que aquello que había que remover era el régimen autoritario de corte militar que prevalecía en el país desde 1930. Dicho régimen se basaba en la exclusión política y la respuesta violenta contra cualquier intento de transformación del orden económico al que el régimen servía de soporte. Aunque se revestía de una formalidad democrática, es decir, se reconocían constitucionalmente derechos civiles y políticos, los militares gobernaban haciendo caso omiso de los límites que las distintas constituciones vigentes les establecían. Cometían fraudes electorales, realizaban elecciones con un solo candidato, no permitían la organización campesina, reprimían manifestaciones callejeras, perseguían opositores hasta su desaparición o asesinato, en fin, violaban los derechos humanos. Según la Proclama de la Fuerza Armada, dada a conocer a raíz del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, aquellos gobiernos militares habían sido, además, corruptos. Todo esto es lo que había que remover junto a la estructura bélica, tanto de los insurgentes como estatal, que se desarrolló en el contexto de la guerra civil.

La superación del régimen autoritario resultó en una liberalización política, no necesariamente en la instauración de un régimen democrático. La transición política salvadoreña que había iniciado con aquel golpe de Estado tenía un punto de inicio seguro, pero un final incierto. Los “doce” años del conflicto armado expresan la incertidumbre sobre el punto de llegada. Para los más optimistas, se trataba de una transición hacia la democracia; para los menos optimistas, la transición era hacia otro tipo de régimen que había que determinar. Se puede decir que había un acuerdo respecto al punto de partida: un régimen autoritario, una dictadura militar. Pero el final de la transición quedaba abierto con tres escenarios probables: un régimen autoritario de nuevo tipo, un régimen democrático o un régimen híbrido, es decir, uno basado en una mezcla de elementos democráticos conviviendo con elementos de corte autoritario. En la dilucidación del tipo de régimen resultante de la transición es donde cobra importancia cognitiva la distinción entre liberalización y democratización.

En términos de procesos de democratización, la liberación puede considerarse como la etapa inicial del proceso. Se abren espacios para la participación política de la oposición anteriormente proscripta; se garantizan libertades cívicas como la libertad de expresión, de organización, de movilización; se realizan elecciones libres y competitivas en las que realmente está en juego el poder político; se respeta la privacidad de las comunicaciones y la inviolabilidad de la morada, etc. La apertura puede ser gradual, y así fue en El Salvador si el proceso se observa desde la elección de Asamblea Constituyente en 1982. Poco a poco se fue aceptando la participación política de todo el espectro ideológico. Las reformas constitucionales de 1991, la creación de una nueva autoridad electoral, la transformación del frente guerrillero en partido político y la realización de las elecciones generales de 1994 fueron medidas para culminar la liberalización del régimen. Su democratización implicaría algo más.

Los resultados de las elecciones de 1994 condujeron a un reparto de poder político en el que la otrora guerrilla obtuvo una cuota importante. Convertida en segunda fuerza política-electoral, su influencia fue creciendo cada vez más a medida que la organización se territorializaba en zonas urbanas a lo largo y ancho del país. Junto con Arena, el FMLN adquirió predominio político-electoral a medida que se iban realizando elecciones nacionales y municipales. Entre 1994 y 2018 se realizaron cinco elecciones presidenciales y nueve elecciones de diputados y concejos municipales. Las mismas cumplieron los estándares internacionales para calificarlas como elecciones libres y competitivas. El sistema político se había estabilizado bajo el predominio del binomio Arena-FMLN. Pero esa estabilización no implicaba necesariamente que el nuevo régimen fuese democrático. Esa estabilización podría leerse más bien como un estancamiento del proceso democratizador en su fase de liberalización.

Y el estancamiento devino en agotamiento. Desde 2018, El Salvador vive una fase de agotamiento de la liberalización lograda con los acuerdos de 1992. Las fuerzas autoritarias que permanecieron como enclaves en el nuevo régimen —impidiendo, por ejemplo, el control sobre los funcionarios y gobernantes, y sobre la corrupción al más alto nivel— han acabado imponiéndose. Lejos de una democratización, el país recorre un camino de autocratización y un nuevo régimen autoritario podría consolidarse a partir de 2024.

* Álvaro Artiga González, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

Cuando se detiene a personas acusadas de delitos es normal que sus nombres aparezcan en los medios de comunicación. Pero lo que no debería ser normal es que aparezcan con fotografías e imágenes en las que se les ve en muy diversas y desiguales posiciones. Al igual que en la sociedad desigual en la que vivimos, hay también en las imágenes de los detenidos una especie de desigualdad radical. Lo mismo suele pasar con la prisión preventiva, cuando el caso pasa a instrucción. Los que pertenecen a los niveles más bajos van todos a la cárcel, o al menos muy mayoritariamente. Cuando hay poder e influencia, se consigue excepcionalmente lo que debería ser la norma, no la excepción: ser juzgado en libertad. Con respecto a las imágenes que acompañan a las detenciones, los peor tratados suelen ser los acusados de pertenecer a las maras: los presentan medio desnudos, con frecuencia de rodillas y flanqueados de policías o militares fuertemente armados. Están después los detenidos que el régimen considera molestos o enemigos por diversas causas: se les suele mostrar esposados y generalmente mal encarados. Y finalmente están los protegidos por el poder, que generalmente no aparecen fotografiados en el momento de su detención y a veces ni siquiera son encarcelados cuando los jueces les ordenan prisión preventiva.

En las redes sociales el espectáculo suele ser más degradante. A los de más bajo nivel se les exhibe muertos. Y si están vivos, incluso se les ha visto tendidos en el suelo, con el pie de un agente de la autoridad puesto triunfalmente sobre su espalda. Recientemente hemos visto a una sindicalista arrastrada en el suelo por policías, mientras lloraba lamentando su detención por manifestarse reclamando su salario, muy atrasado y en deuda por parte de la municipalidad en la que trabaja. De la gente importante no hay fotos. En todo caso, fotografías antiguas, pero no relacionadas con el momento de la detención. La Constitución de la República puede decir que todos somos iguales ante la ley, y los leguleyos de turno pueden repetirlo como si pronunciaran un mantra o un artículo de fe. Pero la difusión gráfica de las detenciones muestra a las claras que vivimos en una sociedad donde los considerados superiores por el poder son mejor tratados que los vistos como inferiores, independientemente de la gravedad de los crímenes cometidos.

Las imágenes que nos demuestran la desigualdad y la discriminación insolente y descarada que domina las formas de tratar a las personas acusadas de delitos no son las expresiones más fuertes de la desigualdad. En diversos lugares de nuestra patria podemos contemplar la escandalosa desigualdad, muchas veces vecina, entre zonas profundamente deprimidas, con casas de lata y cartón, y torres de lujo en las que los apartamentos no bajan de los 200 mil dólares. En la salud y en la educación, las desigualdades continúan siendo ofensivas, lo mismo que en el sistema de pensiones o en la distribución pública del acceso al agua. Pero las fotografías humillantes (o la ausencia de imágenes entre los favorecidos por el poder) nos muestran la naturalidad con la que vivimos la desigualdad. La falta de debate sobre el problema nacional de la desigualdad está en la base del desprestigio de los políticos del pasado. Pero en la actualidad, los que se consideran nuevos políticos, continúan no solo sin tocar el tema, sino alentando la discriminación en base a la idea de amigos y enemigos, y promoviendo el trato desigual en el campo de la justicia a todo aquel que por una razón u otra emite críticas al poder establecido. Y olvidan que la lucha estatal contra la desigualdad y la discriminación son las bases del desarrollo democrático y de la paz social de los países.

El problema no es que la administración de Bukele y su partido odien los Acuerdos de Paz en particular, sino que rechazan cualquier tipo de acercamiento con miembros o sectores de la sociedad civil que tengan una opinión crítica de las acciones o normas gubernamentales. Los Acuerdos de Paz, pese a sus limitaciones, produjeron una enorme alegría en el país al liberarlo de una guerra fratricida. Porque siempre es mejor un acuerdo deficiente que una guerra brutal. Sin embargo, quienes hoy dirigen la política parecen pensar que es mejor guerrear, verbal o represivamente, según las circunstancias, que avanzar por la vía del diálogo en busca de entendimientos. Los problemas que de esa actitud se derivan quizás no sean evidentes de inmediato, pero negarse al diálogo con quien piensa diferente conduce al desgaste del poder, a la pérdida de autoridad moral y al crecimiento de los problemas sociales.

La capacidad de diálogo ha sido considerada siempre como una virtud tanto social como política. Abre al entendimiento, descubre nuevas perspectivas, conduce al respeto y a una amistad básica entre quienes piensan diferente. Desde la ética y el humanismo se insiste en la dimensión comunicativa del ser humano, en la necesidad de relacionarse con los demás para crecer y desarrollarse racionalmente. La construcción de proyectos de realización común solo es posible desde la capacidad de dialogar. En ese sentido, rechazar y denigrar un diálogo impulsado por personas de la categoría humana y religiosa de monseñor Rivera, y en el que participó gente de buena voluntad, lo único que muestra es pequeñez de espíritu. Presentarse como poseedor de la verdad no es de sabios. No reconocer lo positivo del pasado es síntoma claro de inmadurez personal y de carencia de sensatez.

Por supuesto, no se trata de glorificar el pasado. Desde esta casa de estudios siempre se ha dicho que en la búsqueda de la paz tuvieron más protagonismo los movimientos de mujeres que luchaban en favor de encontrar a sus hijos desaparecidos o que pedían justicia para sus parientes asesinados, que quienes firmaron los Acuerdos de Paz. Saber reconocer a las personas y procesos que generan dinamismos positivos contribuye a la construcción de una mejor sociedad que la que puede edificarse desde el autoritarismo, la desigualdad y la injusticia social. Imponer y celebrar el bitcoin como moneda nacional y negarle valor a los Acuerdos de Paz muestra una especie de esquizofrenia política que insufla irracionalidad en los dinamismos de la vida pública.

Evidentemente, honrar los Acuerdos de Paz implica analizar crítica y honestamente sus insuficiencias y problemáticas. Sobre todo cuando los políticos no han mantenido el espíritu de cambio cultural, económico y social que los Acuerdos preconizaban. Pero eso es muy diferente a negarles valor y mostrar una absoluta despreocupación por la dignidad y anhelos de las víctimas de la guerra. Hacer un alto en esta especie de guerra cultural absurda y dialogar con todos los sectores es lo único que podrá conducirnos a una sociedad fraterna que responda a derechos consagrados universalmente y en la que el desarrollo sea equitativo.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en que la nueva ley de pensiones es una reforma integral al sistema, no hay ni habrá tal cosa. La normativa aprobada por el oficialismo no crea un nuevo sistema, sino que solo le aplica algunas reformas al existente. Reformas que fundamentalmente van en la misma dirección que las efectuadas en 2017.

En lo esencial, el sistema de pensiones se mantiene intacto. Sigue siendo un sistema mixto, conformado por una cuenta individual a nombre de cada trabajador y un fondo común de garantía previsional. Ambos fondos, el particular y el común, son administrados por las AFP, que hoy recibirán una comisión del 1% de las cotizaciones que se aportan al sistema. Sigue siendo, pues, un sistema de administración privada regulado por el Estado. La falsa reforma integral no supone el tránsito a un sistema público ni a uno de reparto, como era la demanda de muchos, conscientes de que un sistema de ahorro privado es incapaz de ofrecer una pensión digna a la mayoría del pueblo salvadoreño.

En realidad, la nueva ley tampoco reduce la comisión de las AFP. Si bien antes estas recibían una comisión del 1.9%, con esa cantidad, además de cubrir costos y obtener ganancias por administrar el sistema, tenían que adquirir un seguro que cubría las pensiones por invalidez y sobrevivencia. Con la reforma, ese seguro desaparece y esas dos pensiones se respaldarán con el fondo de garantía previsional. Ello significa que las AFP tendrán los mismos beneficios de antes, pues la comisión efectiva para realizar su trabajo no baja.

Tampoco es verdad que nadie meterá la mano en los fondos previsionales. La nueva ley crea los Certificados de Obligaciones Previsionales, que serán emitidos por el Instituto Nacional de Pensiones a un plazo de vencimiento de 50 años. Los Certificados deberán adquirirse obligatoriamente con los fondos del sistema previsional, ya sea de las cuentas de los trabajadores o del fondo común, sin límite alguno. Ello podría suponer que, dentro de unos años, el sistema de pensiones no tenga dinero en efectivo, sino únicamente papeles, y que el Instituto Nacional de Pensiones sea el principal deudor de los ahorros previsionales de los trabajadores.

Ciertamente, la reforma previsional supondrá algunas pequeñas mejoras que incrementarán la pensión del cotizante que a partir de esta fecha tenga por delante una larga vida laboral, no así a los que están ya cercanos a la edad de jubilarse. Dos son los factores favorables: la aportación mensual a la cuenta individual se incrementa del 8.1% al 9% del salario y los Certificados de Obligaciones Previsionales pagarán obligatoriamente una tasa de interés del 7%. Estas medidas supondrán, respectivamente, un mayor ahorro para cada cotizante y una mayor rentabilidad de los fondos de su cuenta de ahorro individual. Sin embargo, no debe perderse de vista que la nueva ley define que el aguinaldo que reciben los pensionados en diciembre ya no será equivalente a la pensión, sino a la mitad de la misma, lo que significa una pérdida.

Tampoco hay una diferencia sustancial en la formula para calcular la pensión a entregar mensualmente: el monto de esta será resultado de dividir el saldo de la cuenta de ahorro individual entre 250 cuotas (240 meses de pensión y 20 aguinaldos del 50% de la pensión mensual); antes se dividía entre 260. La pensión resultante sería prácticamente igual a la de antes. La diferencia está más bien en que la ley introduce un incremento del 30% sobre la pensión calculada.

Los estudios realizados con base en los ahorros de los cotizantes en edad de pensionarse o próximos a ello muestran que a pesar de la reforma, las pensiones seguirán siendo muy bajas y que la mayoría de ellas serán equivalentes a la mínima, lo cual no estimulará a jubilarse ni asegurará una vida digna para los adultos mayores pensionados. Una vez más: un sistema de previsión fundamentado en el ahorro individual es incapaz de ofrecer una pensión que represente más del 40% del salario; mantenerlo es condenar a los pensionados a pasar grandes limitaciones en su vejez. Además, este sistema excluye al 75% de las y los salvadoreños, quienes en su etapa de adultos mayores tendrán que depender de la solidaridad familiar para sobrevivir. Ello sigue contribuyendo a la desigualdad social y no garantiza el derecho a una vejez digna.