Editoriales y Opiniones

La frase con la que se titula esta reflexión ha sido utilizada por distintos movimientos sociales, en especial, por movimientos indígenas y afrodecendientes a lo largo del continente latinoamericano. La usó Estela Hernández en un acto en donde el Estado Mexicano se disculpó y reconoció que había encarcelado injustamente a su madre, señalándole delitos de narcotráfico que no había cometido. La usaron los chilenos en las canciones de resistencia contra la dictadura. La utilizó Francia Márquez, la vicepresidenta afrocolombiana durante su campaña.

En una sociedad como la salvadoreña, en el cierre de este 2022 es una buena manera de desear felices fiestas y una vida mejor. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque por ahora, la dignidad no es costumbre sino privilegio. Algunos tienen el privilegio de migrar dignamente, gracias a sus ingresos y su posición social, mientras que otros no. Algunos, tienen el privilegio de gozar de su libertad, mientras que otros sufren detenciones y son de nuevo criminalizados por el delito de “portación de cara” como señaló alguna vez la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, o si lo queremos poner desde el famoso palimsesto de Roque Dalton: “en esta cárcel maldita, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.

Las persecuciones y las violencias que antes venían de las pandillas, hoy pueden venir del ejército o la policía. Y las víctimas en El Salvador siguen siendo quienes están por debajo del umbral de la pobreza. “Human Rights Watch y Cristosal obtuvieron evidencias sobre más de 1.100 casos de detenciones arbitrarias perpetradas durante el régimen de excepción y documentaron en detalle 130 de esos casos, incluidos 12 que constituyen desapariciones forzadas de corta duración”. En El Salvador si usted es hombre, joven y pobre, la posibilidad de una vida digna, de un trato amable, es casi imposible.

El gobierno celebra con el cierre de año la posibilidad de ejecutar una reforma de pensiones, sin embargo, tres de cada cuatro salvadoreños no tendrán nunca acceso a una pensión, son parte de la inmensa mayoría de personas que trabaja en el sector informal, sin ningún tipo de seguridad social, por fuera del sistema. Para ellos, la dignidad de la vejez no existe.

También ha señalado el gobierno que durante el 2022 hemos salido del top ten de países con mayor migración hacia Estados Unidos. Esto se explica muy fácilmente. Primero, nuestra migración se diversifica y gracias a nuestra experiencia migrante de larguísimos años, es mucho menos rastreable, es decir, más exitosa. Segundo, países con regímenes mucho más totalitarios están migrando más hacia el norte, mientras que nuestros números que se mantienen. El estallido de movilidad, huida y exilio de Nicaragua y Venezuela están alcanzando proporciones de catástrofe. Sin embargo, en la última encuesta del IUDOP se nos muestra que 44.3% de la población “está pensando seriamente en migrar”. Para el gobierno de El Salvador, la migración es más un problema que debemos evitar que un derecho al que podemos aspirar. Es por ello que lo único que tenemos son programas que buscan detener la migración, repatriar los cuerpos de nuestros migrantes asesinados por un camino inhóspito o incentivar para que las personas que son deportadas puedan volver a sus lugares de origen. Nada que complejice el problema y le devuelva la dignidad a quienes, desde tierras lejanas, mantienen a flote la economía, con sus remesas llenitas de amor y sueños.

A muchos se nos olvida que migrar con visa y entrar o salir del territorio sin sufrir persecución es un privilegio que la gran mayoría de nuestros migrantes no tiene. Y mientras algunos están pensando su banquete para las fiestas de fin de año, el último informe de nuestro Departamento de Economía, muestra la crisis alimentaria que afecta sobre todo a las mujeres rurales. Nada demasiado novedoso. Pero en algunos lugares de nuestro territorio nacional, los niveles de desigualdad son escandalosos.

Nuestro maestro de economistas, Francisco Javier Ibisatem S.J., nos decía hace algunos años que en El Salvador “lo más escandaloso no es el salario mínimo, sino el salario máximo”. Mientras seamos una sociedad en donde algunos piensan que lo merecen todo y otros sean completamente invisiblizados será muy difícil desterrar por completo las violencias. Será imposible que la vida digna sea un derecho para todos. Por eso, en el cierre de este 2022 que contabiliza ya nueve meses de un régimen de excepción que nos ha despojado de distintas garantías y libertades, mientras el costo de la vida sigue subiendo, mientras hay jóvenes y niños cruzando la frontera de nuestro país en busca de una mejor vida queremos dejar como regalo esta consigna, que es al mismo tiempo una esperanza y un compromiso desde la UCA: sigamos construyendo puentes, redes, sigamos creyendo los unos en los otros, salvándonos… hasta que la dignidad -en verdad- se haga costumbre.

 

* Artículo publicado el boletín Proceso N.° 115.

En 2019 nació un movimiento solidario llamado “La Economía de Francisco”. Desde sus primeros mensajes el Papa había insistido en dar claramente un “no a una economía de la exclusión y la inequidad”, simple y sencillamente porque “esa economía mata” (Evangelii Gaudium 53). Fiel a la necesidad de transformar “una economía que mata, en una economía de la vida en todas sus dimensiones”, el Papa Francisco convocó a un amplio grupo de jóvenes economistas y emprendedores para trabajar con ellos en la construcción de una economía más justa e inclusiva. Y desde entonces el trabajo con jóvenes inquietos por la problemática de la injusticia social y la pobreza no se ha detenido. Este año, en el mes de septiembre, el Papa se reunión con aproximadamente mil jóvenes procedentes de cien países (el 30% de América Latina) y firmó con ellos un compromiso en el que los jóvenes se comprometen “individualmente y todos juntos, a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una Economía de Evangelio”.

En ese documento de compromiso se resumen muchas de las inquietudes de nuestras Iglesias Latinoamericanas, que están contra las guerras y la violencia, contra la proliferación de armas. Y sobre todo que atiende las preocupaciones de los pobres y mueve a defender el trabajo con salario digno, a combatir la miseria, a crear una riqueza para todos “que genere alegría y no solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte, es una felicidad incompleta”. Una economía que no deje en el abandono y la exclusión a nadie y que esté al servicio “de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa de cada mujer, hombre, niño, anciano, y sobre todo de los más frágiles y vulnerables”. Muchos jóvenes compartieron sus experiencias creativas en el campo del desarrollo y la empresa y mostraron la esperanza de que el cambio es posible. En este movimiento se han incorporado como personas de apoyo empresarios y expertos preocupados por una economía solidaria. Y cuenta además con el apoyo de personalidades como el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus o el conocido economista norteamericano Jeffrey Sachs, que intervinieron en anteriores reuniones en Asís. El Salvador tuvo también su representación de jóvenes economistas en las últimas reuniones.

Es una buen noticia, y ojalá esta preocupación por una economía diferente, abierta a la universalidad del desarrollo para todos y todas, se extienda entre los jóvenes salvadoreños. Tener emprendimientos, saber de economía, no deben ser instrumentos para el enriquecimiento personal e insolidario, sino caminos para multiplicar el espíritu de servicio y fraternidad. Nuestros pastores han insistido con frecuencia en que desterremos de nuestra tierra el hambre, la exclusión, las diversas privaciones derivadas de la pobreza y el acaparamiento egoísta de los recursos naturales y humanos de El Salvador. El Papa, al final de la reunión en Asís, concluyó con una oración que decía: “Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no respetar las culturas indígenas, por no estimar y amar a los más pobres, por crear riqueza sin comunión”. Y terminaba diciendo “bendice a estos jóvenes, con la voluntad de gastar su vida por un gran ideal”. La Pastoral Juvenil salvadoreña, que incluye a tantos y tan generosos jóvenes en diversas labores tanto apostólicas como solidarias, debe ser entre nosotros una fuerza evangelizadora capaz de sumarse también a la “economía de Francisco”. Esa economía que no es sino parte importante de un camino de conversión que rechaza “toda connivencia con las estructuras de pecado que hoy particularmente condicionan a las personas en los diversos ambientes de vida” al mismo tiempo que se opone pacífica y constructivamente a “la guerra de los poderosos contra los débiles”, como bien definía el Papa Juan Pablo II la situación del mundo actual (Pastores Gregis 67).

El cerco militar de Soyapango exhibe fracturas comprometedoras. Al parecer, el rotundo éxito del régimen de excepción, que transformó ese municipio en el más seguro del mundo o del país, según se escuche a Bukele o a la alcaldesa, y por cuyas calles paseaba satisfecho el diputado jefe del oficialismo, no es tal, pues ha debido ser cercado por diez mil efectivos. Una movilización nunca vista, anunció exultante un Bukele orgulloso de la capacidad de despliegue de sus fuerzas represivas. Pero esa satisfacción solo se explica si el régimen de excepción fracasó en Soyapango. O bien, la finalidad del cerco es otra.

El oficialismo anunció campante que sabe “quiénes son los objetivos que andamos buscando”, que tiene “las direcciones y los datos”, y, en consecuencia, “vamos directo con ellos”, y “el grado de error es ‘cero’, porque [tenemos] una lista de todos los delincuentes […] que pueden vivir en ese sector [y eso] nos permite ir a extraer con nombre y apellido”. El vicepresidente, en su grandilocuencia, se remonta a la época del FMLN para remachar la existencia de “un trabajo de inteligencia de cinco años, que permite hacer la extracción sin afectar al cuerpo social”. Si solo era de “ir a traer”, para qué un cerco militar con un enorme desgaste humano, un elevado costo económico y, de paso, con graves fallos logísticos. El oficialismo reniega de sus decires.

Los hechos también lo desdicen. Los pandilleros no están enlistados, ni identificados, ni localizados. Si así fuera, los soldados y los policías no batirían casa por casa para hurgar, identificar a sus habitantes y verificar los recibos de los servicios básicos. Inteligencia no hay ninguna, ni reciente, ni antigua. La seguridad de Bukele camina a ciegas. Así lo confirmó, inadvertidamente, uno de sus mandamases, al advertir que la duración del cerco de Soyapango depende de que los habitantes colaboren y denuncien a los pandilleros. Por tanto, la posibilidad de errar es altísima, dado que las denuncias son tomadas tal como vienen, sin comprobar su veracidad.

Más aún, el criterio operativo del cerco militar, y, en general, de la seguridad, es extremadamente vago como para alcanzar sus objetivos. El oficialismo repite que la ciudadanía “común” y “honrada” no debe temer. Pero al no especificar qué entiende por “común” y “honrado”, solo los ingenuos y los desprevenidos pueden sentirse a salvo. Perezoso o escaso de entendederas, contrapone “común” y “honrado” a pandillero, y deja a juicio de sus agentes distinguir sobre el terreno uno del otro. Sin mayores luces, estos deciden según la vestimenta, el corte de pelo y los tatuajes. La similitud de la vestimenta y del pelo del “común” y “honrado”, y del pandillero no es mayor dificultad. Capturan a quienes se les antoja. Los tatuajes, excepto los explícitamente referidos a una pandilla, no equivalen a delincuente. Los hay muy variados y están generalizados. La identificación es caprichosa. La extracción depende del parecer y del humor del soldado o del policía de turno. En definitiva, la represión actúa por las apariencias.

De hecho, el cerco militar de Soyapango ha extraído a muy pocos pandilleros. Al caer en la cuenta de que el operativo no llenaba las expectativas de la retórica presidencial, el régimen informó de la captura de 140 pandilleros. Aun así, desplegar diez mil efectivos para tan pocas extracciones es desorbitado. Tal vez no puede ser de otra manera, porque si el régimen de excepción es tan exitoso, pocos pandilleros deben quedar en libertad. Aunque los traficantes, los corruptos y otros delincuentes gozan de libertad y buena salud. Si el cerco pretende suscitar la aprobación de la fanaticada, el éxito es total. Si, en realidad, persigue pandilleros, tendrá que capturar para llenar “la cuota” y abultar números.

La voz popular observa que así como antes aguantaron a los pandilleros, ahora deben sufrir a las fuerzas represivas de Bukele. El vacío dejado por aquellos ha sido llenado por soldados y policías, que violentan con brutalidad similar sus libertades, sus derechos, su propiedad y su dignidad. “Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal”, expresó con gran realismo una buena mujer. Y, enseguida, advirtió a su interlocutor, “ahora, usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo, porque se lo puede llevar la Policía, y, peor a usted, que anda tatuado”. Difícilmente se puede expresar más reveladoramente en qué consiste la seguridad de Bukele.

La militarización de la sociedad entusiasma a la fanaticada, aunque no coma suficiente, ni tenga acceso a la salud, a un empleo y un salario dignos, y a una pensión decente, ni sus hijos reciban la educación que merecen. La negación de la vida durará hasta que el pueblo se canse, se ponga en pie y decida dar por concluido el régimen de los Bukele.

 

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todo lo que pasa en América Latina puede convertirse en lección y tema de aprendizaje para El Salvador. Y el caso peruano, con prácticamente todos los presidentes a partir de Fujimori cuestionados y demandados judicialmente de diversas formas, algunos de ellos sin poder terminar su período constitucional, debería ser tema de reflexión entre nosotros. Nadie en su sano juicio debería ansiar que el ejercicio de la Presidencia de la República fuera el paso previo a la demanda judicial y al posible encarcelamiento. El deseo lógico y natural en todo ciudadano es que el presidente sea honesto y termine su período. Así debería ser en El Salvador. Pero lamentablemente llevamos ya una lista de cuatro expresidentes denunciados y enjuiciados, uno de ellos ya fallecido y dos viviendo fuera del país para no caer presos.

En este contexto, la oscuridad informativa es lo más perjudicial que puede pasar. Un viejo refrán decía “cuentas claras, amistades largas”. Y efectivamente, la claridad sobre el uso del dinero público resulta indispensable no solo para desarrollar la confianza ciudadana en los gobernantes, sino también para evitar que en el futuro se pueda demandar a representantes del Estado. En general, la falta de transparencia ha sido un problema grave en toda América Latina, pero la mayoría de los países han ido avanzando en el tema. Nosotros mismos logramos una ley de transparencia en muchos aspectos muy avanzada. Sin embargo, ya en Gobiernos anteriores comenzaron pronto los frenos y los intentos de manipulación política tanto de la ley como de la institucionalidad que la promueve y defiende. En el actual Gobierno han aumentado considerablemente las reservas de información, prácticamente sin una argumentación legal ni racional. Eso ha ocasionado que se levanten sospechas de corrupción, que a su vez no son adecuadamente respondidas. Porque insultar a quienes dan datos y pistas no lleva a ninguna parte. Lo correcto es analizar los datos y aclarar la situación con pruebas fehacientes, o bien investigar y tomar las medidas adecuadas contra quienes hayan incurrido en mal manejo de fondos.

Perú es una nación rica en recursos. Algunos años su crecimiento fue acelerado. Lamentablemente no ha sabido, al menos en los últimos tiempos, manejarse políticamente ni lograr la confianza ciudadana. En seis años ha tenido seis presidentes, a base de destituir a los elegidos democráticamente. Nosotros somos un país con recursos limitados. Sin las remesas de nuestros hermanos en el exterior, tendríamos unos índices de pobreza muchos mayores. Si en otros países la corrupción es delito, entre nosotros debería ser perseguida con mayor exigencia y fuerza. No tomar en cuenta las críticas a la corrupción ni los señalamientos concretos al respecto es una especie de suicidio. Acostumbrarnos a que con demasiada facilidad se declare reserva de información ante peticiones ciudadanas en temas económicos estatales, aparte de ser injusto y antidemocrático, termina convirtiéndose en una invitación a la corrupción. Y la corrupción daña siempre gravemente el desarrollo, los valores fundamentales de la convivencia, como la solidaridad y la verdad, la confianza ciudadana en la política e, incluso, lleva con frecuencia a crisis relacionadas con la deuda externa.

Perú es el tercer país más grande de América Latina, con una impresionante diversidad biológica y grandes recursos mineros y pesqueros. Pero la corrupción le dificulta seriamente el desarrollo. Y la pobreza impulsa con fuerza a la migración. Nosotros, con muchos menos recursos naturales y con mayor pobreza, debemos mantener una vigilancia especial contra la corrupción. El Gobierno actual acusa a administraciones anteriores de corrupción y eso gusta porque todos sabemos que la hubo. Pero su falta de transparencia y su negativa a brindar información sobre operaciones económicas y sociales no nos asegura que la corrupción desaparezca. Todo lo contrario.

La intolerancia es la desesperación de no tener razón. A esa situación límite se llega cuando existe el convencimiento de estar en posesión de la verdad, a causa de ocupar una posición de dirección o de poder. El cargo conllevaría el monopolio de la verdad. De ahí que quien está a cargo, siempre tiene razón y nunca se equivoca. Por consiguiente, no debe ser cuestionado, sino solo obedecido cumplidamente. Sin embargo, pese a estas curiosas creencias, es imposible desterrar la duda de si, en realidad, se está en posesión de la verdad, si las decisiones son acertadas y si las acciones emprendidas conducen a la meta deseada. La incertidumbre y el miedo a no tener razón desembocan en la intolerancia. La intransigencia y el sectarismo esconden mucho miedo e inseguridad.

La duda es inevitable, porque el intolerante, como cualquier ser humano, está sometido a la finitud. La mayoría de las personas disfruta la vida, a pesar de la incertidumbre y la inseguridad. Está abierta a los demás, deseosa de ser ayudada y de ayudar. No solo respeta la diferencia, sino que esta la enriquece. El intolerante, en cambio, se revuelve contra la pequeñez y la fugacidad humana, y pretende evadirlas erigiéndose en absoluto, solo para descubrir su falibilidad. Frustrado y desesperado, se refugia en el despotismo, por lo general, poco ilustrado, en la irascibilidad ante la sospecha sobre sus grandes cualidades y, en definitiva, en la agresión despiadada. Contrario a las apariencias, el autoritarismo resuelve mal el anhelo humano de alcanzar cierto nivel de certeza y seguridad. Fácilmente cae en la contradicción y la incoherencia, que encubre con la imposición, la mentira y la intimidación.

En lugar de explicar y argumentar, de escuchar con atención y consentir con magnanimidad, el intolerante condena e insulta. La crítica de la que es blanco privilegiado el político y el gobernante le resulta insoportable. Solo admite la alabanza y la adulación. No es la voz del pueblo ni de nadie. Más bien, levanta su voz. En sentido estricto, no grita, sino agita las redes sociales. Pero la agitación, por muy voluminosa y vociferante que sea, no significa tener razón. Todo lo contrario, es miedo a no tenerla. De alguna manera sospecha que sus argumentos no son tan fuertes como quisiera. Intenta suplir lo que le falta de verdad iluminadora y transformadora con la saturación de la redes, lo cual le genera la sensación de seguridad y fortaleza que la razón, tercamente, le niega. Pero eso no impide que la ausencia de realidad transformada se cierna como una amenaza imponderable.

El régimen teocrático de Irán y su temible Guardia Revolucionaria han sido sobresaltados por la protesta masiva de las mujeres contra la imposición del velo por parte de la Guardia de la Moral. El clero y sus guardias no han podido contener la rebelión contra el orden patriarcal y teocrático. La revuelta tiene tres meses de duración y no parece haber perdido fuerza, pese a la represión sangrienta, que ya cuenta en su haber alrededor de 300 muertes, 40 de ellas de menores de edad. La China, que acaba de renovar inalterada el mandato de su presidente por diez años más, ha sido sorprendida por la movilización de una población indignada en algunas de sus ciudades más grandes. Las masas no se movilizaban desde las protestas y la masacre de Tiananmén de 1989. El estricto control estatal no ha podido impedir las manifestaciones de una población harta de confinamiento y vigilancia. El presidente, presentado por el partido oficial como un gobernante inteligente y hábil en el control de la pandemia, en contraposición al occidente decadente, ha debido ceder y abandonar la política de cero covid. La misma que su partido acababa de elogiar como prueba de su sabiduría y benevolencia.

En Irán y China, la realidad es más poderosa que el régimen autoritario, controlador y represivo. En ambos casos, se comprueba, una vez más, que la dictadura no es invencible ni eterna. Una conciencia colectiva clara y decidida, y una movilización general pueden dar al traste con ella. Bukele presume del profesionalismo con el que sus fuerzas represivas libran la guerra contra las pandillas sin mayores bajas. Cuestión abierta es si ese profesionalismo se mantendrá si la población se moviliza para acabar con la dictadura de los Bukele.

La intolerancia es característica de ejecutivos, directores y gobernantes muy pagados de sí mismo y de su poder. Paradójicamente, la intolerancia niega lo que procura afirmar. Sostiene estar en posesión de la verdad, custodiar la seguridad y ofrecer prosperidad. En la práctica, miente, no protege ni distribuye bienestar. La intolerancia se alimenta de una combinación perversa de ignorancia, incompetencia y miedo insufrible al fracaso. El deseo intenso e irracional de absolutez pierde al intolerante. La búsqueda de una seguridad absoluta aniquila la libertad y sofoca la vida, al convertirla en un infierno.

 

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Pasado el Día Internacional de los Derechos Humanos y analizada una vez más la deteriorada situación del país en ese aspecto fundamental de la democracia, es perentorio pensar en el camino que reconstruya la confianza perdida. El aumento de desapariciones; la eliminación creciente de las garantías judiciales; la manipulación de la judicatura al gusto de las conveniencias del poder político; el maltrato a personas detenidas arbitrariamente, así como a sus parientes; el desafortunado régimen de excepción, con sus injusticias, su militarización de la seguridad ciudadana y sus cercos a ciudades y pueblos, no honran la Constitución ni son coherentes con los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Sin embargo, la administración Bukele insiste en defender sus acciones catalogándolas como defensa de la ciudadanía e incluso como apoyo a los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia de los delincuentes. En realidad, el Gobierno está jugando con algo fundamental en la vida política: el derecho a la verdad.

Hace ya muchos años se solía decir que los peores enemigos de la verdad en un Estado son siempre quienes trabajan en él. Y eso no ha dejado de ser cierto. Así pasó con todas las dictaduras militares y con todas las guerras sucias. El Estado optaba sistemáticamente por contar la realidad a su gusto, negando crímenes, escondiendo desapariciones y disimulando torturas. La mentira continúa siendo una de las lacras permanentes del poder, especialmente cuando se opta por políticas autoritarias. El ejemplo más claro en el área centroamericana lo encontramos en el Gobierno Ortega-Murillo, con su famoso eslogan de “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”. En el vecino país, el autoritarismo dictatorial se disfraza de democracia con frases y elecciones trucadas. Y se reviste de un sedicente cristianismo que persigue y encarcela obispos, con un socialismo que mantiene a amplias capas de la población en la pobreza y una solidaridad endógena circunscrita a los altos y obedientes miembros del régimen. Pese al diluvio de propaganda y los aplausos recurrentes de buena parte de la población, en El Salvador aún hay hambre de verdad. El Gobierno reserva prácticamente toda la información relevante, ataca e insulta a periodistas que descubren pistas —cuando no datos— que debieran llevar a investigaciones sobre corrupción y niega a las víctimas, tanto del pasado como del presente, el acceso a la verdad. En esa línea, encarcela arbitrariamente a inocentes sin luego indemnizarlos cuando finalmente obtienen su libertad, y no da ninguna información a sus familiares mientras aquellos están detenidos. Al mismo tiempo, protege a criminales de lesa humanidad, mantiene bajo llave los archivos militares y respalda la decisión de la Fuerza Armada de no reconocer los crímenes cometidos durante la guerra y pedir perdón por ellos de manera institucional.

Si hubiera que decir cuál es el derecho básico negado con mayor frecuencia y de modo más sistemático por el Estado salvadoreño, sus funcionarios y los líderes políticos, no cabría duda: el derecho a la verdad. La ocultación de crímenes y el respaldo a la impunidad, la corrupción estatal no investigada, las promesas falsas, las reservas de información, la tendencia a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno se resumen en una gran negación: la negación del derecho a la verdad. La mentira nunca lleva hacia el bien ni al desarrollo. Optar por la verdad de las víctimas y de la realidad es el único camino moral capaz de levantar al país de su crisis.

Según diversos analistas políticos, en El Salvador hemos pasado de un régimen democrático deficiente a lo que hoy se suele llamar régimen híbrido: una mezcla de prácticas e instituciones democráticas unidas a controles autoritarios muy fuertes y salidas frecuentes del respeto a la legislación, especialmente en el campo de los derechos ciudadanos. El paso no fue repentino, sino que ha tenido etapas. Hasta ahora se ha evitado caer en una dictadura, aunque algunos acusen de eso al gobierno. Pero el camino seguido no es muy alentador en el terreno democrático e institucional. Recorrer brevemente algunas etapas fundamentales puede ayudarnos a entender el régimen y a pensar en cómo recuperar espacios democráticos en el país.

La primera etapa del actual gobierno podríamos definirla como una etapa populista y rebelde contra la democracia neoliberal deficiente que había dominado los anteriores períodos desde el fin de la guerra civil. Las promesas de nuevas construcciones y proyectos daban a entender, con su propaganda, el advenimiento de una transformación extraordinaria en El Salvador. Se daban señales de cambio sin cambiar las cosas, se empleaba a fondo el gobierno en momentos de emergencia con transferencias económicas y de bienes en un grado mayor que el de los gobiernos anteriores, se pactaba con la línea neoliberal anterior de los grandes empresarios e incluso se prometía a grupos maltratados en gobiernos anteriores la solución de sus problemas. Todo ello acompañado siempre de ataques sistemáticos a una Asamblea Legislativa de oposición desprestigiada, y de una intensa propaganda. La pandemia fue un excelente escenario para esta etapa.

La segunda etapa tuvo su primer signo temprano con la toma de la Asamblea Legislativa. Es la etapa del control de las instituciones estatales, que adquirió fuerza después del triunfo electoral legislativo. Esta etapa estuvo caracterizada, ya pasada la pandemia, por una mezcla de medidas sorprendentes, escenificadas con la propaganda de un líder aparentemente reformador de problemas. Al tiempo que se controlaban las instituciones estatales se establecía un bimonetarismo con el bitcoin, se detenía a líderes del gobierno anterior, se destituía ilegalmente a los miembros de la Sala de lo Constitucional, se nombraba sin el procedimiento adecuado a los sustitutos de los destituidos y se publicaba una ley violatoria de tratados internacionales obligando a los jueces del país a jubilarse a los 60 años. La ciudadanía caminaba entre sorpresa y sorpresa. En esta etapa comienza un ciclo de protestas en que diversos grupos y tendencias se unen para reclamar sus derechos. Si bien la propaganda institucional y en las redes fue siempre fuerte desde el inicio del régimen, en esta segunda etapa la agresividad y los ataques personales experimentan un cambio: el liderazgo de los ataques personales pasa del presidente a los troles.

La tercera etapa, comenzada hace muy poco, marca la entrada en la rutina. Las decisiones estatales continúan siendo con frecuencia arbitrarias, el estilo del gobernante continúa siendo desenfadado y burlón, consciente de su poder y control de la situación, y el Ejército, que siempre se destacó con claridad en respaldo del nuevo régimen, adquiere cada vez mayor protagonismo en la vida pública; eso sí, amparado por la decisiones gubernamentales. Los cercos militares de grandes ciudades se anuncian ahora como novedad, cuando en realidad no es más que exhibición de poder y demostración de músculo militar apropiado por el régimen. Ya ni esos cercos sorprenden. El discurso desenfadado de un presidente con aire de adolescente protestón, que en un primer momento fue atractivo en un país joven como el nuestro, se va volviendo cada vez más aburrido. Ni siquiera el anuncio de la reelección, claramente inconstitucional llama la atención, porque en el fondo ya lo sabíamos. Más bien todo parece una especie de juego provocativo desde el poder, destinado a mantener y asegurar la mayoría electoral para la reelección. Las promesas se dejan para el próximo quinquenio. Y lo que antes fue propaganda para llegar al poder, ahora es propaganda para ampliar la permanencia en él.

A lo largo de estas tres etapas, se ha procurado desvirtuar y reducir a la irrelevancia a toda oposición política. Pero es ahora también cuando hay más posibilidades de reorganizar un proyecto de nación distinto del que dominó desde el fin de la guerra civil hasta el presente. Especialmente en la que llamamos segunda etapa, un buen número de opositores políticos parecían añorar la excelencias del pasado, contrastando la vieja democracia deficiente con el autoritarismo actual. Sin embargo, volver al pasado es una forma de mantener las miserias del presente. Al fin y al cabo este gobierno, por mucho que lo nieguen, es hijo y resultado de los gobiernos anteriores. Si algo es necesario en la actualidad es el diseño de un movimiento político moderno, afincado en los derechos humanos, en el constitucionalismo y en la lucha contra la pobreza y la desigualdad que garantice pasos claros hacia un futuro diferente: Ni el vacío actual de perspectivas sociales y democráticas ni la hipocresía democrática y verborreica del pasado. Al vacío y la incapacidad creativa del actual gobierno, hay que oponerle creatividad política, legislativa y social. Y darle a todo ello el tinte político adecuado, que pueda hacer entendible a la población que un nuevo El Salvador es posible. Cuanto más tardemos en hacerlo, más reelecciones tendremos.

 

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 114.

A inicios de este mes, representantes de la Fiscalía llegaron a la isla Tasajera a anunciarles a los habitantes que tenían tres días para abandonar sus casas y terrenos. Las autoridades les dijeron, ante los pocos medios de comunicación presentes, que nadie los estaba desalojando, que la salida debía ser voluntaria. Sin embargo, poco después, personal de la familia que interpuso y ganó la demanda de desalojo destruyó los cercos que circundaban los terrenos, quemó cultivos y derribó algunas de las precarias viviendas. Las acciones de las autoridades han generado indignación, laceran la conciencia de cualquier persona con un mínimo de decencia y humanidad.

Según un estudio realizado por estudiantes de la UCA, el Banco Centroamericano de Integración Económica embargó, en 2013, la isla a su anterior dueño y donó la propiedad al Estado salvadoreño para su protección y conservación. Y es que Tasajera es una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande del país. Con la donación se pretendía que todo el terreno fuera incluido en el Sistema de Área Naturales y Protegidas, que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según relatan los pobladores, durante los Gobiernos de Arena se cedió una porción de la isla a empresarios del turismo. El 7 de octubre de 2019, varias familias fueron desalojadas con el respaldo de la Policía. La historia se repite. Los inversionistas ahora quieren construir la versión salvadoreña de Cancún. Por el momento, lo único que los detiene son los pobladores, algunos de los cuales llevan décadas de vivir en el lugar. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidad define el desalojo forzado como “la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias, comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índoles”. Por lo general, los desalojos forzados van acompañados de violencia y son imposibles de realizar sin la participación o la anuencia del Estado. Por eso, es falso afirmar que no es el Gobierno y los poderes que hoy controla quienes efectúan el desalojo.

Es esta una nueva muestra de qué intereses defiende la administración Bukele. Los más necesitados siguen sin ocupar el centro del quehacer gubernamental. La prioridad es el dinero y lo que manda, la ley del mercado. Los afectados son los mismos de siempre o, como los llamó Eduardo Galeano, “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada [...] los ningunos, los ninguneados”. Los que son útiles para las elecciones y que luego se convierten en material de desecho.

Cada vez nos encontramos con mayor número de reservas de información, tanto a nivel de instituciones del Estado como en el campo de investigaciones fiscales y actividades judiciales. Y al mismo tiempo los funcionarios tienen campo libre para mentir, acusar falsamente o hacerse festivamente los ignorantes de tanto bulo, insulto y mentira en las redes contra quienes tienen una opinión crítica o reclaman transparencia a las instituciones del Estado.

En ese sentido no es raro que crezca el número de personas que piensan que la moralidad notoria que exige a los funcionarios la Constitución nacional, más parece un chiste que una exigencia jurídica y ética al mismo tiempo. El Tribunal de Ética Gubernamental, que nunca tuvo especial brillo, se ha convertido en una especie de fantasma, por supuesto con buenos salarios para quienes lo regentan. Por más avances que se hayan dado en el pasado en la institucionalidad, la ética y la política han permanecido siempre demasiado separadas. Y en particular no se percibe que en los tiempos que corren las cosas caminen mejor en ese aspecto.

Que haya una nueva propuesta de ley de pensiones es una realidad positiva, porque ofrece la posibilidad de debatir el tema a nivel nacional. La anterior normativa, todavía vigente, es un verdadero fracaso en términos de cobertura. Una deficiencia a la que se suma el exiguo monto de algunas pensiones, que contrasta con las abundantes ganancias de las empresas administradoras de pensiones. Sin embargo, si bien corrige levemente algunos aspectos, la nueva ley no ofrece las perspectivas de cambio requeridas. Para empezar, se da por supuesto que la administración privada de los fondos de pensiones debe permanecer, pese a que un sistema público y solidario, no de ahorro individual, sería mucho más coherente tanto con la democracia como con la justicia social que preconiza la Constitución. Además, no se garantiza la universalidad de las pensiones, se deja fuera a los trabajadores informales, no se corrige la desigualdad de género en las asignaciones de fondos y no se aclara qué pasará una vez se suprima parte de la institucionalidad existente.

La subida de la pensión mínima propuesta es insuficiente. Con el aumento de necesidades que sobreviene con la edad, nadie debería tener una pensión menor de 600 dólares. La nueva ley olvida también tratar cuestiones indispensables. La actual edad de jubilación está reñida con el buen funcionamiento económico del sistema y con las posibilidades de universalidad. Definir la edad de retiro en función de las dificultades o riesgos propios del trabajo es lo ideal, pues favorece tanto la amplitud de la cotización como la mejor distribución de las asignaciones. Por otra parte, la pensión máxima propuesta es demasiado elevada. En realidad, una pensión superior a los dos mil dólares favorece exclusivamente a quienes a lo largo de su vida laboral ya han gozado de compensaciones salariales muy altas respecto al salario medio nacional. El sistema de pensiones debe ser un sistema solidario, no un modo de mantener desigualdades. Ofrecer a las personas la posibilidad de cotizaciones superiores a la básica para recibir posteriormente una pensión mayor, es otro aspecto que debería tenerse en cuenta.

La nueva ley de pensiones corre el peligro de quedar obsoleta poco después de entrar en vigor si no se corrige sustancialmente. No debe desaprovecharse la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir, romper el paradigma de la privatización que tanto daño ha hecho a la gente trabajadora y construir instrumentos legales que permitan la universalización de las pensiones. Poner parches de escasa calidad a lo que ha sido mal construido hasta el presente no es lo más indicado para la salud del país. Dar tiempo al pensamiento es necesario para construir tanto un futuro más digno como una ley de pensiones decente.