Editoriales y Opiniones

El pajarito presidencial recogió no hace mucho cuatro preguntas retóricas, típicas de las redes, que, aparentemente, justificarían la represión. La fuente original no responde a ninguna de ellas, porque, en sí misma, la pregunta encierra la respuesta deseada. La primera se sitúa en “un día más sin homicidios” para afirmar enseguida, en forma de pregunta: “¿A quién no podría no gustarle esto?”. Sostener lo contrario, sería una perversidad. Esa no es la dificultad, sino valerse del fin para justificar unos medios aberrantes. Perseguir el homicidio es una obligación estatal, más aún cuando la tasa ha sido abrumadoramente elevada. Pero no es el caso, sino el cómo se hace descender esa tasa. No cualquier medio es jurídicamente permitido, ni éticamente admisible, ni humanamente tolerable, aun cuando encuentre gran popularidad. Aparte que la premisa de la pregunta, “0 homicidios”, tampoco es verdadera, porque solo cuenta los asesinatos perpetrados por los pandilleros, lo cual revela la intención propagandística del conteo presidencial y, en general, de la seguridad ciudadana.

La segunda pregunta se sitúa en la misma línea: “¿Por qué les disgusta que en El Salvador ha caído la cifra de homicidios?”. Molestarse por ello sería insensato. De nuevo, la pregunta es malintencionada. Se condena el encarcelamiento de una cantidad indiscriminada y desconocida de inocentes, el maltrato y la tortura de pandilleros y no pandilleros, y la supresión de la independencia judicial. Las capturas no están respaldadas por una investigación fiscal y policial que arroje sospechas razonables, y los detenidos, por el hecho de haber sido encerrados, han sido declarados culpables y condenados a prisión por años sin término. El destino de los capturados está en manos de policías, soldados y carceleros convertidos en juzgadores.

La tercera pregunta da cuenta cabal de esta forma de combatir el homicidio: “¿Es por eso que afirman que hay una dictadura?”. Así es, en efecto. Su autor, Bukele y sus seguidores son de la opinión que la reducción de la tasa de homicidios bien vale una dictadura. El “0 homicidios” haría de esa forma de gobernar algo bueno y deseable. La lógica presidencial utiliza un bien incuestionable para transformar la injusticia y la opresión en valores políticos apreciados. Retiene un dato, mientras pasa por alto que la ciudadanía —en particular, la pobre y vulnerable— queda a merced de la voluntad del tirano y sus huestes. Después del reinado de las pandillas, ese peligro se menosprecia hasta que se experimenta la brutalidad del régimen en carne propia.

La última pregunta, “¿Con qué cifra estaría satisfecho/contento?”, confirma la cortedad de miras y la malicia de su autor. Insiste en colocar el centro de la discusión en la cantidad de homicidios, cosa que la población agradece, pero olvida interesadamente el método. Detrás de un dato, supuestamente objetivo, oculta la arbitrariedad jurídica, la inmoralidad política y la inhumanidad. La dictadura es buena para destruir, pero no para ofrecer una alternativa viable, sostenible y humana.

La reciente detención indefinida de más de 61 presuntos pandilleros es un despropósito judicial, social y humano. Implica un creciente gasto en un Estado ya muy endeudado; deja en el abandono a centenares de menores de edad, que crecerán, al igual que sus progenitores, en la calle, expuestos a rebuscarse la vida en la organización criminal; y, finalmente, la cadena perpetua de la gigantesca masa de detenidos es insostenible. En algún momento serán puestos en libertad. Los culpables, peor de lo que entraron, porque se les niega la posibilidad de reeducarse y sanarse para reinsertarse en la sociedad e intentar una vida honesta y digna. La cárcel es un centro de estudios criminales especializados, el lugar ideal para familiarizarse con el crimen organizado. Los inocentes saldrán física, psicológica y espiritualmente destrozados, y, por tanto, representarán una carga más para sus familiares.

Las cuatro afirmaciones en forma de pregunta se antojan evidentes para los fanáticos del régimen de los Bukele. En realidad, son aseveraciones superficiales e ingenuas, malintencionadas ciertamente, pero movilizadoras. Su fuerza estriba en explotar el sentir popular sin prestar atención a la racionalidad. La inteligencia no interesa, sino el seguimiento ciego del líder.

Hipnotizado por la popularidad derivada de la represión, Bukele ha activado una bomba de tiempo, pues fomenta lo contrario de lo que combate. La cadena perpetua no es la solución para un complejo problema estructural de carácter social, político, económico y cultural con una historia muy larga. Abarrotar más las cárceles con nuevas redadas puede que sostenga su popularidad, pero también acelera el estallido social de consecuencias imprevisibles. Ciertamente, “El Salvador ya no es el de antes”, pero no porque el actual sea menos desigual, más vivible y humano. El “0 homicidios” ha despedazado lo que quedaba del ya maltrecho tejido social.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

¿Cómo entender el apoyo popular a un gobierno y a una persona tan lejanos al sentir y la realidad cotidiana de la mayoría de salvadoreños? ¿Por qué alguien que genera odio y división es aplaudido incluso por quienes se dicen seguidores del amor o llaman a la tolerancia? ¿Cómo es que gran parte de la población dice preferir la democracia cuando al mismo tiempo goza con la violación de derechos humanos y ve con buenos ojos que la ley se haya convertido en papel mojado, que las instituciones sean ornamentales y que impere la voluntad de una persona y su grupo?

Para explicar razonablemente lo que sucede en el país hay que atender a la cultura autoritaria propia de la sociedad salvadoreña. Es decir, si hay apoyo a un líder autoritario es porque, en el fondo, buena parte de la gente es autoritaria, aunque las apariencias y los buenos modos pretendan decir lo contrario. Por lo general, lo que más se admira en otra persona es algo que se anhela en el fuero más íntimo; y lo que más se rechaza en otro, un rasgo propio que se detesta. En esta línea, se aplaude y respalda a líderes autoritarios porque su autoritarismo es un rasgo que se comparte y gusta. No por simple ignorancia muchas personas hablan con añoranza de los tiempos del dictador Maximiliano Hernández Martínez.

El autoritarismo se ha asimilado desde la infancia, tanto en el hogar como en la escuela. El padre que manda y decide sin tolerar cuestionamientos ni oír opiniones y el profesor que en el aula de clases premia la obediencia y castiga la diferencia configuran en sus hijos y alumnos una mentalidad autoritaria. Con el proceso de democratización que iniciaron los Acuerdos de Paz, el estilo autoritario pasó a operar tras bambalinas, dulcificado por una fraseología políticamente correcta. Pero por mucho que se quisiera ocultar o disimular, terminaba saliendo a flote. Y hoy impera sin recatos de la mano de alguien que busca solucionar todo por la fuerza y abomina del diálogo.

El pueblo autoritario se somete mansamente al que muestra mayor fuerza. La razón se apaga para que el líder tome todas las decisiones. El autoritarismo que se lleva dentro lleva a comulgar con el que se exhibe desde las más altas esferas. Largo será el camino para sanar las tropelías que ahora se cometen, y más largo aún para desmontar un sistema de valores que mantiene al país en el subdesarrollo y el enfrentamiento.

La caída de la alcaldesa de Soyapango no se debe tanto a la corrupción ni a la mala administración municipal. No es la única que se ha aprovechado del poder del oficialismo para practicar ambos vicios; no pocos colegas suyos hacen exactamente lo mismo. Más plausible es que haya traspasado el límite permitido a los subalternos del supremo. Quizás también se haya visto comprometida en alguna lucha de poder dentro de las filas del oficialismo. Una vez caída en desgracia, ha sido exhibida como un ejemplo de lucha contra la corrupción. Su destino es también una advertencia sobre la transitoriedad del poder mundano.

Hoy como ayer, la corrupción campea por sus respetos. Los corruptos gozan de mucha libertad para sus fechorías siempre y cuando se mantengan en el sitio asignado por el supremo y le sean incondicionales. Es difícil pensar que un régimen tan centralizado como el de los Bukele desconozca la corrupción y a los corruptos. De alguna manera, estos cuentan con su beneplácito. Si la corrupción fuera combatida con acuciosidad y rigor, hace tiempo habrían caído muchos otros funcionarios y en posiciones más altas que la alcaldesa. Su error no consistió en valerse de su cargo para acrecentar su fortuna, sino en haberse propasado. Si Bukele persiguiera la corrupción, tal como asegura, no ocultaría casi toda la información sobre su gestión. Al contrario, animaría a la ciudadanía a denunciar a los corruptos. Incluso la recompensaría. En este campo no solo no hay novedad, sino que se encubre deliberadamente cualquier indicio de corrupción.

No obstante, el presidente dice bien que “si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que [la captura de la alcaldesa] es una necesidad […] ineludible”. Pero un caso aislado, más bien excepcional, no indica la existencia de una voluntad de combatir la corrupción. Evidentemente, existe conocimiento del flagelo y del gravísimo daño que ocasiona. Pero es más fuerte la idea de que el cargo público es para mejorar la fortuna personal, familiar y de los allegados cercanos. Este concepto del Estado y de la gestión pública permanece inalterado desde tiempo inmemorial. Los revolucionarios de antaño lo aceptaron. Las nuevas ideas de los recién llegados no han podido resistirse y le sacan el máximo provecho.

La suerte de la alcaldesa de Soyapango pone de manifiesto el fracaso de la gestión municipal del partido oficial. Pudo ser de otra manera, pero eso era mucho pedir a la nueva generación de advenedizos y aventureros. La basura ha sido la prueba de fuego de la funcionaria defenestrada. Mientras los legisladores del oficialismo sancionan con dureza tirar basura, una de sus funcionarias la deja abandonada en la vía pública de su municipio. Inexperiencia y desidia. En esto tampoco es única; ha tenido colegas que sin mayor razonamiento técnico emiten ordenanzas propias de iluminados.

Reducir drásticamente la cantidad de municipios es otra ocurrencia irreflexiva. El problema no es la cantidad de municipios, sino la mala gestión, la corrupción rampante y el abandono de las comunidades de la circunscripción municipal. Paradójicamente, la municipalidad es la institución estatal mejor capacitada para servir a la ciudadanía por su familiaridad con el terreno y sus desafíos, y por su cercanía con la población. Siempre existe el peligro de la gestión inapropiada y la corrupción, pero ambas se combaten con instituciones fuertes y eficaces, con información veraz y oportuna, y con una ciudadanía que, consciente de sus derechos, exige y vigila de cerca a los funcionarios.

No obstante las ventajas evidentes, la descentralización de los servicios y necesariamente también de los recursos es percibida como una amenaza intolerable para un poder centralizador y autoritario. El dilema de Bukele es que no puede tener ambas cosas: entregar servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía, y centralizar los recursos y el poder. La centralización no ha producido más y mejores servicios. Bukele entrega obras innecesarias y deja otras sin concluir, mientras despilfarra unos recursos escasos. Los servicios son menos y de menor calidad.

Las verdaderas razones detrás de la caída de la alcaldesa de Soyapango no son claras. No era suficientemente cercana al poder ni era imprescindible. La inmunidad presidencial cobija a los grandes e incondicionales. A los medianos y los pequeños los entrega a los lobos y encima los pone como ejemplo de transparencia. La alcaldesa ha prestado un valioso servicio al régimen: su caída estrepitosa ha sido utilizada para ocultar la corrupción generalizada.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

No ha habido Gobierno en El Salvador que no haya tenido problemas sistemáticos, o al menos episodios graves, de corrupción. Perseguidos unos, tolerados otros y cultivados con esmero algunos de ellos, los casos han sido una constante. Incluso desde altas instancias de la esfera gubernamental se ha instado a los funcionarios a saltarse normas que protegen procedimientos clave para el manejo del dinero público o a no declarar parte de sus ingresos mensuales. La actual oscuridad informativa no augura que la administración Bukele vaya a impulsar un cambio radical en lo que ya no solo es una costumbre, sino un problema estructural, un grave vicio hondamente incrustado en la clase política y en las instituciones estatales. Pese a las críticas y acciones del Gobierno contra la corrupción de sus predecesores, la mala gestión de los recursos públicos sigue vigente con la misma intensidad que antaño.

Contra la corrupción y sus efectos negativos en el desarrollo y en la convivencia social se pueden decir muchas cosas. Pero tal vez los daños más graves son la pérdida de confianza en la clase política y sus discursos, la reticencia frente a un sector empresarial acostumbrado a beneficiarse del statu quo corrupto, el abandono de los esfuerzos por cambiar la estructura social vigente y la caída en el individualismo del sálvese quien pueda. Aunque es ampliamente conocido que la solución pasa por contar con instituciones de control fuertes e independientes, y con una legislación adecuada, no hay ninguna señal de interés al respecto. La Corte de Cuentas ha sido siempre un instrumento político al servicio del poder dominante, no una institución de auditoría seria, capaz de descubrir la corrupción de quienes gestionan el aparato público y apoyar a las instituciones responsables de la persecución y sanción del delito.

La pérdida de confianza en la administración de los bienes públicos produce casi de forma automática una espiral de corrupción: se busca a personas, no leyes ni instituciones, que solucionen la perversión del manejo de los recursos estatales. Y eso lleva a elegir a sujetos carismáticos que generan confianza, pero que son incapaces de enfrentar problemas estructurales, o a oportunistas que se llenan los bolsillos mientras critican el pasado. Fortalecer la independencia de las instituciones de control y cerrar todo resquicio legal que dificulte o anule la rendición de cuentas son elementos indispensables para corregir esta especie de cáncer maligno que mina la salud de la sociedad salvadoreña. Si no se actúa adecuadamente contra la corrupción, los costos humanos y los perjuicios en el desarrollo serán cada vez mayores. Porque el tamaño de El Salvador intensifica la interrelación entre su población, los efectos de las actividades disfuncionales resultan más dañinos y peligrosos. Por tanto, resulta temerario no atenderlas.

2023 inicia con más sombras que luces para la población salvadoreña. El país enfrenta una deuda pública que crece constantemente; solo en 2022, esta aumentó en más de tres mil millones de dólares, el mayor endeudamiento anual en la historia nacional. A finales de este mes, el Gobierno tendrá que pagar cerca de seiscientos millones por el vencimiento de eurobonos, para lo cual la Asamblea Legislativa ya ha aprobado un nuevo préstamo. Además, el presupuesto 2023 está desfinanciado y su déficit será cubierto mediante otro préstamo. Todo ello hace que el endeudamiento público sea cada vez más insostenible y que cada año se incremente el monto presupuestario destinado al pago de los intereses de los préstamos adquiridos por el Estado.

Estos preocupantes niveles de endeudamiento y la insistencia en mantener la apuesta por el bitcoin a pesar de su fracaso han llevado a que El Salvador sea considerado un país de alto riesgo a nivel financiero y a que, por tanto, las tasas de interés a pagar por los préstamos sean cada vez más altas. Pese a esta sombría situación, el Estado sigue incrementando el monto del presupuesto nacional año con año y gastando más de lo que recauda. Aquello de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” es solo un eslogan sin correlato en la realidad, pues, por un lado, no hay voluntad de poner freno a la corrupción, más bien se alienta la misma al remover los controles sobre el uso de los fondos públicos y negar toda información sobre los mismos a la ciudadanía; y, por otro lado, el dinero sigue sin alcanzar para cubrir todos los gastos estatales, aun cuando cada año el fisco recauda más recursos.

Pero no solo la economía gubernamental va mal, también la familiar está en crisis. Los hogares se ha visto afectados por el encarecimiento del costo de la vida, especialmente con la subida de los precios de la canasta básica y un nivel de inflación anual cercano al 9%, el más alto de este siglo XXI. Más del 50% de las familias no pueden hacer frente a gastos extraordinarios por sus propios medios, sino que tienen que recurrir a préstamos. Uno de los problemas más sentidos por la población es, desde hace años, la falta de empleo. Solo uno de cada cinco salvadoreños en edad laboral está empleado, lo cual es muestra evidente de la precariedad del empleo y de la economía a nivel nacional.

Por otra parte, la reforma al sistema de pensiones no cambiará sustancialmente la precariedad de los montos que reciben los jubilados. A pesar del incremento del 30% que la nueva ley establece en el cálculo de las pensiones, estas seguirán siendo muy bajas en relación a los salarios percibidos por los trabajadores, especialmente en el caso de aquellos que ganan el equivalente a más de dos salarios mínimos al mes. El sistema de ahorro individual no es capaz de proporcionar una pensión digna con los parámetros actuales, por muchas reformas que se hagan. La nueva ley, aunque mejore las pensiones de los trabajadores con los salarios más bajos, está más bien orientada a que el Gobierno pueda echar mano sin restricciones de los ahorros de los trabajadores.

También en lo político y lo social las cosas pintan mal. Este año se multiplicarán las medidas populistas de parte de la administración Bukele a fin de garantizar la victoria electoral del partido oficialista y la reelección inconstitucional del inquilino actual de Casa Presidencial, sin importar el alto costo que ello tendrá en el futuro del país. Asimismo, se intensificarán las medidas de control sobre la población en general, en especial sobre las organizaciones que mantienen una posición crítica y denuncian los abusos gubernamentales en el ejercicio del poder. El anuncio de que se prorrogará el régimen de excepción a lo largo de todo 2023 no es un buen augurio para nadie, ya que el régimen facilita la violación de los derechos humanos y la implementación de un Estado policial. También aumentará la propaganda oficial: la partida asignada a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa es la que mayor incremento registra en el presupuesto de este año: 47.8% en relación al de 2022.

A pesar de todas estas dificultades, es crucial seguir viendo el futuro con esperanza. La resiliencia del pueblo salvadoreño, su empeño en salir adelante terminará desmontando la ficción adormecedora del oficialismo. A pesar de las mentiras y la opacidad del Gobierno de Bukele, tarde o temprano la verdad terminará por salir a la luz.

El año pasado, el mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz tuvo como ejes temáticos el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo como instrumentos para construir una paz duradera. En 2023, el lema del mensaje es “Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz”. Se trata de una exhortación para que pueblos y naciones vuelvan a poner la palabra “juntos” en el centro. Para el papa Francisco, juntos, en la fraternidad y la solidaridad, podemos construir la paz, garantizar la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos.

El mensaje retoma una de las intuiciones novedosas del Concilio Vaticano II: la que afirma que el designio divino es salvar a la humanidad no individualmente, sino como pueblo, en comunidad. En esta línea, el mensaje del papa señala que la mayor lección que nos deja el covid es la conciencia de que todos nos necesitamos, de que nuestro mayor tesoro es la fraternidad humana. Por tanto, “es urgente que busquemos y promovamos juntos los valores universales que trazan el camino de esta fraternidad humana”. En este sentido, nos recuerda que las respuestas más eficaces a la pandemia han sido aquellas en las que grupos sociales, instituciones públicas y privadas y organizaciones internacionales se unieron para hacer frente al desafío, dejando de lado intereses particulares.

En el contexto de una crisis sanitaria todavía no superada, aparece otro virus más difícil de vencer: la guerra en Ucrania, que, según Francisco, en parte es comparable al covid, porque propaga inseguridad de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. Por tanto, explica el papa, “no es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos […] esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas”.

Desde la ética de la responsabilidad, el cuidado y la compasión, el papa nos lanza tres desafíos formulados en preguntas esenciales: ¿qué hemos aprendido de esta situación pandémica?, ¿qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos?y ¿qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor? En definitiva, ¿cómo trazar juntos caminos de paz? El papa propone medidas que vayan a la raíz de las crisis y que posibiliten un mundo nuevo en paz.

En esa línea, nos habla de garantizar la sanidad pública para todos; promover acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza; cuidar nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al cambio climático; luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades; desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y la integración, especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados en nuestras sociedades.

El desarrollo de esas acciones implica un cambio de mentalidad y una mentalidad de cambio. De ahí que nos pida dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. En otras palabras, superar nuestra cerrazón y abrirnos a las exigencias de la realidad.

Pero, según el mensaje del papa, también necesitamos una mentalidad de cambio. Ha llegado la hora, proclama Francisco, “de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común”.

En pocas palabras, el mensaje de la 56.ª Jornada Mundial por la Paz nos ha recordado por qué falta la paz en nuestro mundo, y lo asocia a los problemas generalizados de desequilibrio, injusticia, pobreza y marginación que alimentan el malestar y los conflictos sociales. A su vez, plantea que “solo la paz que nace del amor fraterno y desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales”. Y en coherencia con mensajes anteriores, se presenta la fraternidad y la solidaridad como fundamento y camino de la paz, como condición para contrarrestar la pobreza y la injusticia, como espíritu que conduce a una ética del encuentro y el cuidado.

Francisco reitera que “ya no podemos pensar solo en preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos concebirnos a la luz del bien común”. Estamos llamados, pues, a ser constructores de paz en fraternidad y solidaridad.

 

* Carlos Ayala, profesor de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco, California; facilitador del Certificado de Liderazgo Hispano del Boston College; profesor jubilado de la UCA; exdirector de Radio YSUCA.

La campaña para las elecciones generales de 2024 comenzó el 15 de septiembre del año pasado cuando Nayib Bukele anunció su intención de reelegirse, en abierto desafío a lo estipulado por la Constitución. En El Salvador, 2023 será, pues, un año electoral. A lo largo de los próximos meses y hasta febrero de 2024, sobrevendrá una avalancha de propaganda y publicidad que multiplicarán las mentiras y las medias verdades.

Hasta el momento, la propaganda le ha dado buenos resultados a la administración de Bukele. Por ejemplo, mucha gente cree que el país tendrá pronto o tiene ya un satélite en el espacio, y que cuenta con el mejor sistema de salud de la región. Como parte de la estrategia oficial, se presentó como una reforma integral de pensiones a una ley que no cambia el sistema de ahorro privado y que le da vía libre al Gobierno para usar sin límite los fondos de los cotizantes, y se habla de la adopción del bitcóin como un éxito, aunque la realidad diga lo contrario.

El gigantesco aparato gubernamental de comunicación y propaganda no busca más que galvanizar el apoyo ciudadano en torno a Bukele y garantizarle el voto para 2024. Con ese objetivo, se implementan dos estrategias. Por un lado, se reproduce por todos los medios posibles un discurso positivo sobre el presidente, ocultando fallos y falseando la realidad. Por otro, se desacredita, insulta y persigue a quienes disienten y desenmascaran la mentira oficial.

Según una investigación de la agencia Reuters, el Gobierno, además de contar con medios en radio, televisión y prensa escrita, ha creado 1,500 canales de YouTube, 1,000 páginas de Facebook y diversas granjas de troles dedicados a propalar pseudonoticias que alaban al mandatario y su gestión, y a atacar a la oposición. De acuerdo a Reuters, los grupos de troles funcionan bajo las órdenes directas de ministros de Estado y en locales gubernamentales. Por otra parte, un informe del Departamento de Estado concluye que la estrategia de Bukele es “inundar a El Salvador con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda, dominar las narrativas públicas y reprimir la disidencia”.

Y ese ofensiva no cesa. Especialistas que dan seguimiento a las redes sociales en el país encontraron que solo en un día de este mes que recién inicia fueron publicados en YouTube 188 videos propagandísticos ligados al oficialismo. Casi el 90% de esos videos son del presidente o hablan bien de él; en el restante 10% se ataca a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y a un periodista reconocido por su capacidad de análisis y objetividad. En definitiva, todo lo que diga o haga el Gobierno en 2023 estará en función electoral; por tanto, solo hará lo que le dé más votos, no lo que sea mejor para el país.

La ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocida como Fodes, fue aprobada en 1988 como fruto de un proceso de concienciación y lucha de los gobiernos locales por la formulación de una política pública que descentralizara el Estado y desburocratizara sus instituciones. La FAO define la descentralización como el proceso de “transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local”. Es decir, transferir fondos a los municipios es transferir, además de recursos económicos, poder. Por eso, la descentralización también transfiere autonomía y, con ella, una gran responsabilidad en los gobiernos locales.

Norman Uphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar, al menos, cuatro objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades; segundo, mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos; tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas de democracia son posibles en lo local; y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad.

Lo anterior permite valorar mejor la decisión de Nayib Bukele de reducir drásticamente la partida presupuestaria del Fodes. Es esta una acción más de su estrategia autocrática de concentrar al máximo el poder. Pese a que la mayoría de alcaldías del país está en manos de Nuevas Ideas y a que la falta de fondos las está ahogando y deslegitimando ante sus electores, Bukele ha decidido transferirles la menor cantidad de dinero posible y, con ello, apostar por el control absoluto, por encima del bienestar de las localidades y del futuro político de los ediles. Mientras en la mayoría de países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en sentido contrario.

En Bukele, el control del poder está ligado a la supuesta posesión de la verdad: el Gobierno sabe lo que necesita el país, conoce las soluciones a sus grandes problemas; por ende, no necesita consultar a nadie ni darle participación a terceros. Además, el presidente está obsesionado con el dinero. Él y los suyos han endeudado a las presentes y futuras generaciones a niveles insospechados, toman como propios los recursos económicos de las carteras del Estado y no ocultan sus ansias de hacerse con el fondo de pensiones. Un hambre de poder y dinero que se conjuga con un rechazo rotundo a cualquier mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Por supuesto, el uso de los fondos dirigidos a los municipios puede y debe fiscalizarse de mejor manera. De hecho, dicha fiscalización era una necesidad ante los abusos y el despilfarro en muchas alcaldías. Pero no se soluciona un problema creando otro peor. La salida no era, no es ni lo será quitar fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo, peor aún si a su cabeza está alguien cuyo único proyecto de desarrollo es él mismo.

Insistir en el tema de pensiones es fundamental para El salvador: la justicia social está en la Constitución como un deber del Estado. Y desde que se aprobó la Constitución, por una razón o por otra, jamás se dieron los pasos adecuados para avanzar en serio en justicia social. El tema pensiones nos lo demuestra. En la actualidad viven en El Salvador aproximadamente un poco más de 800.000 personas con más de 60 años. El cálculo que hacen instancias internacionales es que sólo el 20% de este número de personas goza de pensión. En total diríamos que tienen pensión entre 160.000 y 180.000 personas. A este número se le podría sumar la pensión compensatoria de 50 dólares mensuales para la población más pobre y mayor de 70 años, que cubre aproximadamente a unas 40.000 personas. Este modelo lo impulsó el FMLN en su último Gobierno. Y tanto el FMLN como Nuevas Ideas hoy, han pagado esta pensión con severos atrasos.

Sumando la totalidad de las personas que reciben pensión, podemos hablar aproximadamente de 200.000 salvadoreños. Quedarían sin pensión aproximadamente 600.000. ¿Es esto justicia social? Que haya un número tan alto de personas sin pensión ¿es coherente con el derecho universal a una vejez digna? Honestamente: La hipocresía y la mentira se esconde con excesiva frecuencia detrás de los discursos políticos. Y no solo de ellos. Analistas, economistas, tanques de pensamiento, con demasiada frecuencia se preocupan más de si el Estado puede pagar pensiones que de la universalidad de las mismas. Una ley, como la actual de pensiones, que no toque el tema del derecho universal a la pensión, y que recete aumentos de mas de seiscientos dólares a las pensiones más altas mientras que se quedan en cien dólares las de nivel más bajo, es simplemente vergonzoso, injusto e inconstitucional, si nos tomamos en serio la justicia social. Y el problemas no es que este gobierno sea en este tema peor o mejor que los anteriores. Todos han sido deficientes e irresponsables en este tema. Igual que lo han sido algunas instituciones de la Empresa Privada que han defendido el actual sistema de pensiones en años pasados. Si como dice San Pablo en una de sus cartas, “la codicia es una forma de idolatría”, hay un exceso de idólatras entre los sectores más prominentes del capital salvadoreño. Pero el problema más grave es que no nos indigne la contradicción tan evidente entre nuestra legislación constitucional y nuestra práctica brutalmente despectiva y ofensiva contra los pobres de nuestro país.

Casi todos los gobiernos que nos han gobernado se han promovido antes de sus victorias electorales como gobiernos de cambio. Pero el famoso cambio se ha convertido en una especie de maquinaria que no solo avanza lentamente, sino que retrocede cuando los intereses de los poderosos sienten el mas ligero daño en sus beneficios. Con demasiada facilidad los gobiernos se acostumbran a que no pasa nada olvidando a los pobres. Lo más que puede pasar es que los salvadoreños emigren. Y eso no disgusta ni a poderosos económicos ni a gobierno, pues las remesas hacen en la práctica la función de protección social que le correspondería al Estado, al tiempo que fortalecen el consumo, y con él los beneficios para quienes tienen más. Que se sufra por el camino, que se añore la patria, que se rompan familias, son temas menores para quienes tienen la vida más que asegurada en nuestro propio país. En el pasado, distintas personalidades, hablaran de lo que hablaran, terminaban sus discursos con una frase final referida a un tema que consideraban clave para sus países o intereses. Ojalá cada día más entre nosotros, abunden los que insisten en este tema de pensiones, se hable de lo que se hable. Al final es un tema fundamental para entender lo que es la justicia social, la protección social y la solidaridad con los débiles y vulnerables de nuestras sociedades. Olvidarlo es simplemente convertirse en cómplices de quienes odian la justicia social, incorporada en nuestra Constitución como elemento clave de convivencia.

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido. Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías. Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población.

En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal. Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados.

Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido. Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.