Editoriales y Opiniones

La ínfima transparencia de este gobierno en el manejo de la cosa pública no es nada nuevo. No se trata de un asunto de desinterés o de un descuido, sino de una realidad respaldada por una serie de retrocesos en el acceso a la información. Se trata de un revés impuesto por la administración Bukele y sus satélites, por ejemplo: un instituto, creado para garantizar dicha transparencia, cooptado por el Órgano Ejecutivo, o la creación de instrumentos como la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19", mejor conocida como "Ley Alabí” en honor al Ministro de Salud, que no es otra cosa que un recurso legal para blindar a quienes realizaron compras, con fondos públicos, durante la pandemia.

Esta suerte de oscurantismo político, además de configurar faltas graves -o futuros delitos- es, fundamentalmente, antidemocrática. Por mucha propaganda que se haga, gobernar desde las sombras y no informar a la sociedad, o peor, desinformarla, no es más que otro peldaño del autoritarismo y un profundo deterioro de la institucionalidad. A su vez, tal retroceso trasciende en tanto que genera más desconfianza (política y económica) a nivel internacional. Ahora bien, esa cultura de opacidad y secretismo tiene efectos o consecuencias directas, pero también impactos de largo alcance.

En relación con los efectos directos, evidentemente resalta la corrupción. Sin embargo, la expansión del secretismo, la negación y la reserva en la atención de los asuntos de interés nacional (económicos, sociales, políticos, ambientales o culturales), va más allá de la manipulación relacionada con las arcas del Estado. Por supuesto que la corrupción es un lastre en la región y un claro obstáculo para el bienestar colectivo. Pero es que la opacidad que perfila o caracteriza a las autoridades no se reduce a los intereses económicos de los grupos cercanos al presidente -por ejemplo, todo lo sórdido que envuelve al proyecto Chivo Wallet-, también permea a los demás ámbitos del Estado y a distintos niveles de funcionarios públicos. Como se ha señalado en otras ocasiones, y por distintas voces, hasta ahora poco se sabe, y poco se ha discutido, sobre aspectos elementales para el país y para la sociedad. Tal es el caso del proyecto de presupuesto para el año 2023, o la tan difundida, por la fracción legislativa de Nuevas Ideas, reforma a la ley de pensiones. En resumen, se trata de una práctica que se va afianzando como una huella identitaria del actual gobierno, como un elemento representativo de la cultura política de quienes dirigen El Salvador. 

En cuanto a los impactos de largo alcance, el hecho de privar de información a la ciudadanía puede llegar a convertirse en una costumbre social en detrimento de la convivencia ciudadana. El Salvador es un país caracterizado por la utilización de la violencia ante cualquier circunstancia, la falta de transparencia y el ocultamiento de información relevante no abona a una cultura de diálogo y de paz. Aunado a ello, el secretismo, y protección, de instituciones como el Ejército facilita arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos, así como ocurrió con ocho jóvenes en la comunidad del Bajo Lempa1; por citar solo un ejemplo.

Más allá de todo el retroceso que implica, en términos políticos y en cuanto a construcción de ciudadanía, el impacto cultural que puede tener toda la desinformación, esto es, la difamación a la transparencia, a la honestidad y al derecho a estar debidamente informado, es una auténtica amenaza. Los políticos pasarán, no serán eternos. El arraigo o la normalización del secretismo, y los vicios políticos que aglutina, será más difícil. Es un daño tan relevante como la corrupción. En definitiva, la ausencia de transparencia y honestidad en las esferas políticas del país no es nada nuevo, pero eso no le resta significación ni le exime de peligro. Todas esas prácticas terminan mal, se ha demostrado reiteradamente.

El respeto más elemental pide no introducir a Dios en la política gubernamental, sobre todo cuando esta es represiva. El Dios cristiano no es violento, sino amante del diálogo, del entendimiento y la convivencia pacífica. Aborrece la arbitrariedad y la injusticia, y ama el derecho y la justicia. No desea la muerte del criminal, sino su rehabilitación e incorporación en la sociedad. No excluye a nadie, porque todos, delincuentes y honrados, son sus hijos. El Dios de la tradición judeocristiana abomina el discurso de odio. Envió a su Hijo para rescatar a los pecadores de toda clase, los despreciados por los que se tienen en alta estima y rectitud. El dios de Bukele y sus consejeros religiosos no es cristiano, sino otro, hecho a su medida y conveniencia para excusar sus desafueros.

La victoria exterminadora que Bukele le atribuye no es suya. Indudablemente, Dios quiere “sanar”, no solo al país, sino a la humanidad entera. Pero el Dios de la Biblia no “sana” atropellando, torturando y asesinando, ni siquiera a los pecadores más inicuos. No responde al mal con el mal. Los descarriados imputan delitos, reclaman venganza y hablan de derechos adquiridos. En cambio, Dios acoge a todos con amor insondable y ofrece un perdón incondicional. En el Calvario, en la agonía de la crucifixión, uno de los delincuentes colgado a su lado le pidió que no lo olvidara cuando viniera en su reino. Jesús le respondió que ese mismo día estaría con él, en la presencia de Dios. La salvación de Jesucristo es completamente contraria al mesianismo de Bukele, alimentado por teorías extrañas al Evangelio. No desconoce los crímenes, que reprueba sin contemplaciones, pero salva al criminal, por ser persona y, en definitiva, por ser un hijo extraviado. Estaba perdido, pero no descansa hasta recuperarlo.

La cuestión de fondo no es la seguridad ciudadana, sino cómo alcanzarla. Hay una forma ajustada a la normativa internacional y reconocida ampliamente, excepto por las dictaduras. Hay otra que satisface egos autoritarios y sanguinarios, que se erigen sobre despojos humanos. En sus trece, el régimen de Bukele alegó las bondades de esta opción ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pero no convenció. El Comité no solo rechazó sus alegatos, sino que censuró su conducta. Poco antes, uno de los directores de la represión había argüido que los soldados cargan una cartilla con los procedimientos establecidos por la Cruz Roja. Pero los de la naval que acosaron, torturaron y capturaron a los jóvenes de una comunidad del Bajo Lempa, o los soldados que dijeron a un padre angustiado de Izalco que agradeciera que su hijo recién capturado estaba con vida, porque tenían orden de matar, deben haberla olvidado en alguna parte. Esas prácticas son contrarias al derecho y la justicia, y también a la voluntad de Dios. Esos soldados y policías no son instrumentos de ningún plan salvífico, sino de una voluntad extraviada.

La cuestión no es solamente la seguridad ciudadana, sino también la vida de las mayorías, que comprende el acceso garantizado a la salud, la alimentación, la educación, el empleo y las oportunidades. Pero Bukele no habla de ello, sino solo de seguridad y en términos exclusivamente militaristas y represivos. Desconoce la prevención, la rehabilitación y la reincorporación en la sociedad. Ignora las enfermedades, el hambre y la desnutrición, la educación deficiente, el desempleo y el desamparo de la mayor parte de la población. Quizás no tiene nada que ofrecerle o lo que para ella es crucial, a él le resulta irrelevante y aburrido. La vida es tan apurada y arriesgada que es insultante jactarse del aire de “felicidad, alegría y tranquilidad” que, según Bukele, se respira en el país. Ese es un privilegio para unos cuantos poderosos y arribistas.

La verdadera gloria de Dios no es “la victoria” de Bukele sobre las pandillas, sino que, como dijo Mons. Romero, que “el pobre viva”, y eso es, precisamente, lo que aquel descuida. Los pobres malviven con mucha dificultad. Los que pueden huyen. Otros se rebuscan la vida en las pandillas y en otras actividades delictivas. La violencia primera del orden neoliberal es respondida con otra violencia, cuyas raíces se hunden en la negación de una vida digna y humana. El régimen de excepción es tan violento y criminal como aquellos a los que persigue implacablemente como “terroristas”, no para establecer el derecho y la justicia, sino para conservar el ordenamiento neoliberal, origen de la primera violencia.

Invocar el nombre de Dios para justificar la violencia es blasfemo. El Dios de Jesús no es justiciero, resentido y vengativo. No es un acreedor implacable, que se niega a salvar si antes no se salda la deuda contraída con él. Ese Dios sería sádico y encontraría un placer especial en el sufrimiento y el derramamiento de sangre. El Dios crucificado perdona gratuitamente y pide a sus seguidores hacer otro tanto.

En días recientes, la Revista Factum publicó un reportaje sobre los costos de la implementación del bitcoin en El Salvador. En la publicación se reveló que el Gobierno salvadoreño gastó alrededor de $4.7 millones para el desarrollo del software de la Chivo Wallet y para el funcionamiento y mantenimiento de 255 cajeros Chivo. Pese a la millonaria inversión, y tras más de un año desde que la ley bitcoin entró en vigencia, es más que evidente que esa apuesta gubernamental no resultó como se esperaba. De hecho, la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) reveló que esta es la medida más impopular del gobierno de Bukele, pues 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del bitcoin en el país ha fracasado1. Pese a ello, el presidente Bukele anunció el pasado 17 de noviembre, que El Salvador compraría un bitcoin diario a partir del 18 de noviembre.

La insistencia en mantener a flote un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de la población revela que la intención es favorecer intereses económicos de grupos cercanos al presidente de la República. Pero mientras se continúa derrochando dinero para mantener la circulación del bitcoin en el país y mientras se continúan privilegiando las apuestas económicas de grupos empresariales cercanos al poder Ejecutivo, el año se acerca a su fin con otras serias problemáticas que han quedado desatendidas o no son han sido prioridad para el Gobierno. No es ocioso insistir en ellas, pues tienen que ver, nada más y nada menos, que con el sostenimiento de la vida de la población. En El Salvador miles de personas no cuentan con ingresos suficientes para comprar alimentos. Según reportes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), unas 60 mil personas afectadas por la pandemia de covid-19 y por fenómenos climáticos han recibido asistencia alimentaria por parte de organismos internacionales en distintos municipios de siete departamentos del país. Sobre esta problemática, ya varias organizaciones sociales han llamado con sentido de urgencia al gobierno para que priorice la producción de alimentos a nivel nacional debido al encarecimiento de la canasta básica y al impacto en los cultivos, ocasionado por los fenómenos climáticos.

En la misma línea, durante la última semana, organizaciones que promueven el derecho humano al agua han denunciado que el presupuesto para el año 2023 asignado a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) destina muy pocos recursos para la gestión del agua. Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señalaron que, de $17.4 millones asignados a la ASA, solo $735,791 se utilizarán para financiar la gestión hídrica, mientras que $5.2 millones se destinarían al pago de salarios. Por su parte, la Mesa contra la Minería Metálica denunció que el proyecto de presupuesto general del Estado 2023 excluye los rubros presupuestarios destinados al cierre técnico de minas y a la reconversión de la minería artesanal y a la remediación ambiental de los impactos ambientales ocasionados por las actividades mineras. Curiosamente, en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, denunció la existencia de proyectos mineros cercanos a las fronteras salvadoreñas que “atentan contra nuestros ecosistemas, y nuestra soberanía. Hacemos el llamado a la solidaridad, la cordura y las buenas prácticas”. Sin embargo, a nivel de país, ha quedado demostrado que se han hecho muy pocos esfuerzos para frenar las amenazas de la minería metálica. Por ello, en medio de la discusión del presupuesto general del Estado para 2023, no queda más que seguir insistiendo en que hay problemáticas que no se resuelven con promesas o con propaganda, se resuelven destinando un presupuesto justo para atenderlas y eso no está ocurriendo.

 

____________________________________________________________

Referencias:

1. Ver boletín: La población salvadoreña opina sobre la situación económica familiar, la implementación del bitcoin y el régimen de excepción, disponible en https://uca.edu.sv/iudop/publicacion/encuesta-sobre-coyuntura-nacional-2/

 

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 112.

En nuestros países centroamericanos tenemos la tendencia a ensalzar a los jóvenes y a despreocuparnos de ellos al mismo tiempo. Les llamamos “el futuro de la patria”, les anunciamos un destino fabuloso, en un país bello en todos los aspectos, pero no planificamos con ellos. Incluso cuando hablamos del futuro, parece que hablamos solo del de los adultos, de los que mandan, de los que saben cómo funciona la realidad, aunque esta esté mal. No educamos para el futuro sino para el presente, y en ocasiones para un presente en que solo una pequeña proporción de los jóvenes se libera de problemas que entre todos podríamos solucionar. Con demasiada frecuencia nos basamos en valores de consumo, de comodidad, en la esperanza de alcanzar niveles de vida semejantes a los del Primer Mundo, aunque solamente lleguen a disfrutarlos un débil porcentaje de la población. Y mientras los adultos hablamos sobre las maravillas del futuro, los jóvenes son los más afectados por el paro laboral, por la violencia delictiva y también, como lo hemos comprobado en este tiempo de régimen de excepción, por la violencia del Estado. Los jóvenes pueblan mayoritariamente las cárceles, son los que más emigran y los que tienen los peores salarios.

Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó una encuesta sobre los jóvenes y el covid a nivel latinoamericano. El 38% de los jóvenes que trabajaban se hallaban en la informalidad. Y durante la pandemia, más del 60% de los jóvenes en edad de trabajar tuvieron dificultades laborales. Y en particular, las mujeres jóvenes tuvieron más dificultades laborales que ellos. El 72% de los jóvenes encuestados afirma que el covid ha afectado su salud mental. Estrés, ansiedad y depresión han sido los efectos más frecuentes, aunque también se han dado en menor cantidad insomnio y ataques de pánico. De nuevo, las mujeres han sido más afectadas que los varones. El acoso y el abuso aumentó durante los meses de reclusión domiciliaria obligatoria en tiempo de pandemia. Durante el mismo tiempo, la mayoría de los jóvenes con alguna enfermedad crónica dejaron mayoritariamente de acudir a los controles de rutina. El 65% de los jóvenes piensa, además, que han “aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o violencia por razones de género”. Es un fenómeno de toda América Latina y, por tanto, no somos la excepción.

Lo sucedido durante el covid señala que la tendencia a no tener en cuenta a los jóvenes continuó durante la pandemia, por más que hablemos de ellos como beneficiarios de donaciones que van desde canastas alimentarias a computadoras. Un sector de población descuidado tradicionalmente termina siempre con mayores problemas cuando hay una situación extraordinaria que daña al conjunto de un país. Y en ese escenario nos encontramos en El Salvador. Durante el Gobierno del presidente Sánchez Cerén se elaboró un excelente proyecto educativo, asesorado por el PNUD, con la idea de universalizar la educación salvadoreña hasta los 18 años y dotarla de calidad de Primer Mundo. El proyecto tenía un costo elevado. Pero al año siguiente de la presentación pública del proyecto, el presupuesto de educación disminuyó. Hoy, aunque el presupuesto educativo ha crecido, no lo ha hecho en conformidad con las necesidades. El endeudamiento gubernamental y el abandono escolar durante la pandemia no auguran el adecuado desarrollo de la educación. Einstein solía decir que es una locura “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Mientras continuemos invirtiendo en nuestros jóvenes recursos insuficientes, la injusticia seguirá transmitiéndose intergeneracionalmente. Hablar mucho del futuro, por bien que lo pintemos, no dará resultados si no cambiamos de actitud y de política de juventud. Un proyecto racional, bien financiado, que incluya una educación de calidad y el acceso al trabajo digno es indispensable para poder hablar de los jóvenes con seriedad, sin hipocresía.

Según el más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, basado en datos de origen oficial, las desapariciones van en aumento. El hecho conecta con la sistemática negativa de todos los Gobiernos de la posguerra a ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Mientras nuestros tres vecinos más próximos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya han firmado la Convención, El Salvador permanece al margen. Y diversas señales apuntan a que el país no suscribirá ni este ni otros tratados de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Un tuit reciente del presidente de la República afirma que los cambios que experimenta El Salvador son tan positivos “que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONG o la oposición”. Por supuesto, es una ingenuidad pensar que el aislamiento facilitará resolver los problemas nacionales. Sin duda, ni el propio presidente cree en lo que dice. Al final, cuando la realidad aprieta, no les queda más remedio que acudir a las instancias internacionales. Tampoco todo es positivo en el país. Las cifras de las desapariciones, el aumento de la deuda y la negativa a a firmar el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, apuntan a que en algunos aspectos se está empeorando. La resistencia a comprometerse con nuevos instrumentos de defensa de los derechos humanos y la necia decisión de prescindir de la opinión de los organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña afectarán negativamente tanto el desarrollo económico y social como las relaciones con la comunidad internacional.

Cuando se critican algunos aspectos de la política salvadoreña y de la actuación del Estado, no se quiere decir que todo lo que sucede en el ámbito político es negativo. La crítica es siempre un apoyo al bien común, pues, incluso cuando está errada, ayuda a reflexionar y pensar mejor las cosas. En ese sentido, el Gobierno actual debería abrirse al diálogo y dar los primeros pasos para hablar con quienes tienen preocupaciones legítimas por el futuro de El Salvador. El tema de las desapariciones y la firma de normativas internacionales sobre derechos humanos no son caprichos de la oposición, sino reclamos serios de personas e instituciones de la sociedad civil que responden al dolor y las quejas de un buen número de ciudadanos. Quienes solicitan la ratificación de nuevos instrumentos legales tienen razones de fondo, sustentadas en datos inobjetables. Dialogar al respecto no implica rendirse ni humillarse, sino buscar caminos comunes de desarrollo humano. Esperar a que las situaciones se tensen o los problemas crezcan no es lo mejor para el país. Tener mayoría no debe nunca ser una excusa para negarse a dialogar con la minoría.

Vivir en condiciones de pobreza supone estar sujeto a la precariedad y la vulnerabilidad, y no poder satisfacer las necesidades humanas fundamentales. La pobreza obliga a privaciones inaceptables. Para Amartya Sen, una persona es pobre si carece de los recursos y las capacidades para realizar el mínimo de actividades necesarias para el desarrollo y la realización personal. Las estadísticas oficiales muestran que más del treinta por ciento de la población vivía en condición de pobreza en 2018, aunque con acusadas diferencias entre la ciudad y el campo: mientras que en el área urbana viven en pobreza 17 de cada cien, el número casi se triplica para el área rural, donde 49 de cada cien viven bajo esa condición.

Es muy posible que por esa razón la pobreza pase desapercibida para muchos, y que incluso haya algunos que crean que en El Salvador el problema no es grave. Con la pandemia y sus consecuencias en la economía, y el alza del costo de la vida, especialmente en el precio de los alimentos, el porcentaje de salvadoreños que viven en condiciones de pobreza se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, las proyecciones de la FAO para nuestro país señalan un aumento en el número de personas que padecen hambre.

Si más de la tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza, y ello le impide desarrollarse y realizarse personalmente, es justo y necesario que el país tenga políticas claras y eficaces para combatir la pobreza y disminuir el número de personas que la sufren. Esta tercera parte de la población, por ser la más vulnerable, la que no tiene acceso a un nivel de bienestar mínimo, la que vive en precariedad, debería constituir la principal preocupación del Gobierno.

Los países que conforman la ONU, entre ellos El Salvador, se propusieron en 2015, hace ya siete años, trabajar a conciencia para que en 2030 se alcanzaran los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es “poner fin a la pobreza extrema, en todas sus formas y en todo el mundo”; una meta fundamental para avanzar hacia una humanidad que pretenda ser fraterna y respetuosa de la igual dignidad humana. Para lograr este objetivo, y que el propósito no se quede, una vez más, en simples palabras bonitas que a todos gustan, pero a nadie movilizan, cada país debe hacer su parte. Ciertamente, los países empobrecidos requieren de la cooperación internacional para emprender programas que contribuyan a esta finalidad, pero la principal responsabilidad y la iniciativa corresponde a los Gobiernos de las naciones en las que la pobreza es una realidad acuciante. Este es el caso de El Salvador.

Desde una perspectiva cristiana y de solidaridad entre hermanos, todos estamos obligados a preocuparnos por las personas en condiciones de pobreza; todos deberíamos poner de nuestra parte para aliviar su situación. A ello, sin duda, están más obligados aquellos que más tienen. Sin embargo, por mucho que las acciones de solidaridad y generosidad personal o grupal sean valiosas y deban mantenerse o incluso intensificarse, no bastan. Es necesario implementar medidas estructurales encaminadas a que el sistema económico y social deje de generar desigualdad y pobreza. Pero todo indica que en El Salvador no existe un plan que apunte en ese sentido. Así será difícil, por no decir imposible, que se logre reducir la pobreza extrema en los próximos siete años. En esto, como en muchas otras áreas, el actual Gobierno está en deuda con la gente.

El papa recordó a la Iglesia salvadoreña, presente en Roma, que mientras haya injusticia, esto es, “mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras no haya signos de madurez en el caminar del pueblo de Dios”, debe levantar su voz “contra el mal […] contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana”. Cuando el papa habla de injusticia, piensa en “los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Esto lo dijo delante del Gobierno salvadoreño, representado por el vicepresidente y su familia al completo.

Los mártires, enfatizó el papa, son “un regalo inmenso” para la Iglesia y el pueblo salvadoreño, por su compromiso con el derecho y la justicia. Se desvivieron para reunir al pueblo, porque sin pueblo, no hay pueblo de Dios. La tarea está inconclusa. Hoy como ayer, el pueblo está disperso, dividido y enfrentado por enemistades, rencores y conflictos. La opresión lo mantiene sometido y el egoísmo lo ha enemistado consigo mismo.

No es pueblo aquel que confía más en la riqueza, el poder y la violencia que en Dios. A veces, el pueblo yerra. Prefiere permanecer en Egipto a levantarse y aventurarse por los senderos de la justicia y la paz. Prefiere la seguridad de los ajos y las cebollas egipcias que arriesgarse a erradicar el egoísmo, el odio, la pendencia y la venganza. Prefiere construir pirámides que recuperar su condición de pueblo, tomar conciencia de lo que es y actuar en consecuencia para el bien de todos. Mientras esto no ocurra, el pueblo errará disperso y será presa fácil de los poderosos.

A pesar de los desvaríos, Dios nunca olvida a su pueblo. Le envía profetas para que hablen en su nombre. La historia reciente del pueblo salvadoreño está repleta de ellos. Los profetas penetraron en la realidad y descubrieron el pecado del pueblo y, también, la presencia de Dios. La palabra profética llama al mal por su nombre, pone en crisis las falsas seguridades humanas y religiosas, e invita a la conversión. Por eso, deviene en contradicción y persecución. Pero también avisa que el Reino de Dios está cerca.

El pueblo de Dios tiene “hambre y sed de justicia”. Pero no es pendenciero, ni revanchista, sino manso y humilde. No enfrenta el conflicto con el insulto y la agresión, sino trabaja por el derecho y la justicia. Se esfuerza para que no haya hambrientos, enfermos, llorosos y perseguidos. Las obras de la justicia traen la paz. A este pueblo, el Evangelio le promete la posesión de la tierra, una cierta materialidad tangible del Reino de Dios. Aquellos que solo tienen ojos y corazón para la ganancia, el abuso y la opresión, no prevalecerán.

El pueblo de Dios es misericordioso. Siente el dolor ajeno y contribuye a sanarlo. Los misericordiosos se compadecen de los afligidos y practican la misericordia con ellos. La cercanía y la identificación son lo contrario a la indiferencia y la permisividad ante los males de este mundo. Ahora bien, la benevolencia con el débil o con quien ya ha sido derrotado es intolerancia ante aquello que causa su aflicción. El pueblo de Dios es limpio de corazón. Su corazón es sincero y no está dividido, sirve lealmente a Dios y a los demás. El corazón limpio es libre del tener y del poder. Por eso, ve a Dios en los pobres.

El pueblo de Dios no añora riquezas. En su seno nadie será rico, tampoco pobre. Habrá abundancia para todos. Una mesa común con manteles largos para todos, decía Rutilio Grande. Cada uno con su taburete, para todos llega la mesa, el mantel y el con qué. La pobreza que bendice el Evangelio es la que se va superando activamente con la construcción del Reino de Dios. Por eso, la promesa a los pobres no es igual a las otras. Al hambriento le promete saciedad y a quien llora, alegría. Pero al pobre no le promete riqueza, sino el Reino de Dios.

La propuesta de las bienaventuranzas es atrevida y, aparentemente, perdedora. Sin embargo, tiene la virtud de romper la cadena del mal. El Espíritu de profecía, recibido en el bautismo, no finge no ver las obras del mal, ni se desentiende de ellas para evitar problemas. El pueblo de Dios adopta una actitud positiva y una práctica diferente ante el ejercicio del poder que se caracteriza por el abuso y la violencia, ante la opresión de los débiles y ante la imposición que suprime las libertades.

Si los poderosos negocian entre ellos para explotar y oprimir, demostrémosles que otra manera de organizar la vida común es posible y necesaria. Una donde prevalezcan el respeto al otro en su diferencia, la comprensión, el entendimiento y la colaboración para el bien de la totalidad. Esta forma de vida es posible y necesaria, porque el dinero y la violencia institucional dejan ruina, desolación y muerte. Los mártires nos exhortan a construir un pueblo donde prevalezca el perdón y la convivencia.

 

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Una sociedad justa y civilizada es aquella que garantiza y promueve los derechos humanos. Una sociedad donde se respeta la vida en todas sus formas, en la que se garantiza la integridad física y moral, donde el derecho a la educación, al trabajo digno y a la salud son prioridades, y en la que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes es una que ha puesto en el centro de su quehacer a la persona humana. Independientemente de la denominación ideológica de sus gobernantes, la meta de toda sociedad debería ser la dignificación de la vida de sus miembros, sin exclusión alguna. Este es el objetivo que buscan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tendrían que orientar la acción de cualquier Gobierno que pretenda servir en verdad a su país y sus habitantes.

La historia de la humanidad, sin embargo, ha discurrido en sentido contrario. La norma general ha sido la violación a los derechos humanos; respetarlos ha dependido más bien de la raza, la religión, el sexo, la ideología, el poder económico y otra serie de variables. Por ello, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos ha sido una de las más difíciles y peligrosas, motivo de encierro, de destierro o de entierro. Entre menor justicia haya en una sociedad, a más desigualdad y exclusión, peor será la respuesta del poder establecido contra quienes denuncien atropellos, abusos e ilegalidades.

Los mártires de la UCA, monseñor Romero y tantas otras personas generosas, conscientes y valientes que fueron asesinadas durante la guerra civil entendieron que la clave para que una sociedad sea justa es que se respeten los derechos humanos, comenzando por el derecho fundamental a la vida. Decirlo y comprometerse con esa causa les llevó a la muerte, pero también a su resurrección en la memoria del pueblo. En vida, los mártires son humillados y los poderosos enaltecidos. Pero luego, aquellos se mantienen vivos en los ideales de la gente, mientras que los segundos son olvidados o caen en la ignominia. Y esta verdad evidente no conduce a la resignación y la pasividad, sino que anima a seguir adelante con la seguridad de que la lucha por los derechos humanos es justa, hoy y siempre.

En la actualidad, El Salvador vive de nuevo tiempos difíciles, en los que el poco camino democrático recorrido desde los Acuerdos de Paz está siendo desmontado pieza a pieza. Tiempos en los que,entre aplausos, se violan los derechos humanos; en los que se ensalza el odio y se atiza la división. Tiempos en que defender los derechos humanos es causa de denigración, amenazas y persecución, como lo fue en el pasado. Por este momento histórico que atraviesa el país, la UCA instauró el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes, a fin de reconocer públicamente a organizaciones y personas que defienden los derechos humanos.

Los ganadores de esta primera edición del Premio fueron Guadalupe Mejía, “Madre Guadalupe”, y el colectivo Salvemos Valle El Ángel, conformado por mujeres y hombres de diversas denominaciones religiosas que luchan contra un Goliat impune que atenta contra la sostenibilidad ambiental y, por tanto, la vida de la población. Desde este espacio, la UCA les felicita y les agradece, porque su valentía alientan la esperanza en la construcción de un país más inclusivo, democrático y solidario.

Si algo podemos decir de los mártires en general es que fueron personas muy libres. Cuando se leen las actas de las víctimas de la persecución del Imperio romano, destaca la libertad y el coraje con los que gente humilde respondió a los jueces, que indefectiblemente la condenarían si no renunciaba a su fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se repite incansablemente que los apóstoles predicaban el Evangelio, en medio de graves dificultades, con una libertad valiente. En esa línea, no cabe duda de que los mártires de la UCA eran personas valientes, sinceras y capaces de transmitir sus ideas e ideales sin que las amenazas de muerte enturbiaran su actuar y hablar. Fijarse hoy en sus valores resulta indispensable. Ellos están ahora envueltos y presentes en el misterio de Dios; su libertad, ideales y valores están entre nosotros como semilla y levadura de un mundo nuevo en el que se respete plenamente la dignidad de la persona humana. Cuando hablaban de impulsar una nueva civilización, construida sobre el trabajo y la dignidad de la persona, indicaban un camino opuesto al del capitalismo de seducción que hoy domina al mundo; opuesto al marketing que valora más el tener que el ser.

En la primera carta del apóstol Juan se dice que “el amor echa fuera al miedo”. En los mártires salvadoreños, el amor y la conversión al prójimo oprimido los liberó del miedo. E incluso los liberó de la muerte, pues continúan viviendo en nuestra historia como antorchas que iluminan el camino de la verdad y de la vida. Su ejemplo nos muestra caminos y opciones en situaciones históricas en las que se mezclan realidades nuevas de esperanza y justicia con la permanencia de viejas situaciones de explotación y opresión. El respeto a la dignidad humana es hoy la clave a trabajar; y la conversión al prójimo oprimido, tal vez la tarea más difícil de incorporar a la propia vida. Mientras quienes los asesinaron son hoy irrelevantes, los mártires han crecido y nos muestran siempre una opción de compromiso vital. Ser libres como ellos para hablar, para debatir, para encontrar soluciones a los problemas es la tarea que nos corresponde. No es posible reparar la injusticia que sufrieron, pero con su pensamiento y con su testimonio de generosidad y solidaridad podemos construir un futuro distinto.

En las actuales circunstancias, en las que el Estado de derecho se ha debilitado profundamente y no se entiende que la democracia y el respeto a los derechos humanos están íntimamente relacionados, a quienes valoran a los mártires les corresponde retomar la palabra beligerante, de la que hablaba con frecuencia Ignacio Ellacuría. Palabra esperanzada y creativa que no se rinde ni ante la fuerza bruta, ni ante la mentira apoyada desde el poder. La trampa de asegurar que para defender a las víctimas de la violencia hay que ser violentos con los victimarios y con quienes tienen el más mínimo parecido con ellos debe ser revertida mediante una racionalidad humanista y religiosa. Privar de libertad a los delincuentes es legítimo, pero el maltrato, la exhibición humillante, la detención masiva sin pruebas y el silencio como respuesta a las peticiones de información de los familiares de los detenidos no son justos ni decentes. Mienten quienes aprueban ese tipo de comportamiento policial y judicial, y al mismo tiempo afirman que simpatizan con la UCA de Ellacuría. Frente a la mentira y a la autorreferencia, no hay más camino que “aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida”.

Tema: Factores que inciden en el alza de precios de la canasta básica

Invitado: César Villalona, economista

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv