Editoriales y Opiniones

En los frecuentes disparates del régimen, a veces, la verdad se cuela impertinentemente. Ejemplo de ello es la reciente explicación de las muertes ocurridas en las prisiones de los Bukele. Su responsable alega que “no se ha confirmado ninguna muerte […] que no esté vinculada al tema de la salud”. Los detenidos, según él, ingresan en prisión con graves enfermedades crónicas. Algunos, sigue la aclaración, ni siquiera lo saben, hasta que la revisión médica del penal la diagnostica. Así, pues, bienvenidas sean las capturas de la excepción, que brindan a sus víctimas la oportunidad para descubrir el mal estado de su salud. Sin embargo, hay quienes rechazan el tratamiento y mueren, dice el funcionario. Los certificados de defunción, elaborados por el régimen, suelen confirmar la versión oficial. Atribuyen las muertes a edema pulmonar o a padecimientos similares, aun cuando los cadáveres muestran señales visibles de tortura y los testimonios del maltrato ya abundan.

Bien entendida, la versión oficial pone en aprietos a quien quiere librar de responsabilidad, pues admite que buena parte de la población está enferma y sin atención médica adecuada. La mayoría ni siquiera lo sabe. Los enfermos sufren durante meses ante de pasar consulta, aguantan colas interminables, no reciben medicación y soportan maltrato. Estas penurias no son nuevas, tampoco se han reducido. En los más de tres años de gestión, Bukele no ha mejorado el sistema nacional de salud. Gasta pródigamente en militares, en armamento, en represión y en frivolidades como darle al alumbrado público de zonas exclusivas el color oficial, pero no en la salud de la gente. Los hospitales tienen menos presupuesto que las mascotas; los animales encuentran mejor atención que las personas. Tal vez convenga repensar las declaraciones del carcelero mayor del régimen, que habría pecado de exceso de celo al defender a Bukele. Pero entonces la causa de la creciente cantidad de fallecidos en sus cárceles queda en el limbo. En cualquier caso, esas muertes son responsabilidad directa del mandatario y sus acólitos.

El estado de la salud pública pone de manifiesto que las prioridades del régimen de los Bukele no son las de la población, incluidos aquellos que lo saludan como su salvador. En el país, la inflación, el desempleo y la pobreza golpean más que las pandillas. El control de los precios, supuestamente riguroso, y el subsidio a los derivados del petróleo no pueden contener el creciente costo de la vida. Aparte del bitcoin, una tabla de salvación financiera fracasada, Bukele no tiene una propuesta viable para detener la emigración y, mucho menos, para que la diáspora comience a regresar, tal como quisiera. Al contrario, el flujo de los que huyen de su dictadura tiende a aumentar. La diáspora, aparentemente crucial para conservar la mayoría legislativa, tampoco figura entre sus prioridades. Se ha desentendido de la preservación del estatuto de protección temporal (TPS) estadounidense, crucial para miles de inmigrantes. Si algo le interesa es evitar el colapso financiero. Gasta millones de dólares en contratos de asesores extranjeros.

La mayoría se siente ahora más segura, pero, según la última encuesta de la UCA, también reprueba con claridad meridiana la brutalidad policial y militar, la falta de garantías jurídicas y la tortura. Pareciera que la excepción se agota como fuente de popularidad de la dictadura. Tendrá que inventar otra cosa. ¿Qué hará con los más de 50 mil detenidos? ¿Los retendrá indefinidamente en sus cárceles, a pesar de la carga financiera que implica para la hacienda pública, de la creciente erosión de la opinión pública y de la responsabilidad por las vidas de los detenidos? ¿O los liberará gradual y discretamente para disimular el fracaso? El llamado plan de control territorial corrió la misma suerte. El comienzo fue brillante en términos publicitarios, hasta que cortocircuitó y lo reemplazaron con la excepción. Además de improvisar y de gobernar de cara a la popularidad, la dictadura juega con la vida de decenas de miles de personas y sus familiares.

Simultáneamente, Bukele ha pedido oraciones para suplir el abandono de la vulnerabilidad del país. La enrevesada formulación cantinflesca de la petición desafía a los maestros de la espiritualidad. En el fondo, simple ignorancia, revestida de piedad trivial. El decreto embrolla introspección, meditación, estabilidad emocional, oración, espiritualidad y esperanza. No sabe qué pide, pero sí por qué pide. Solicita oraciones para que las lluvias torrenciales no causen inundaciones, derrumbes y pérdidas humanas y materiales.

Esa oración es una coartada para deberes no realizados a su debido tiempo y tiene mucho de “yo”, “mí”, “me”, “conmigo”, “para mí”. Es la oración del fariseo, donde hay mucho yo, pero poco Dios. La negligencia gubernamental, por lo general, solo golpea a la población con menos recursos y más desprotegida; paradójicamente, aquella donde la dictadura concentra el respaldo incondicional. Una de esas voces lo expresa lúcidamente: “Nosotros lo valoramos en la campaña política, […] lo llevamos a la Presidencia, él no quiere valorarnos a nosotros, porque nos quiere tirar a la deriva”. Mal paga el diablo a quien bien le sirve.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“Para mí, el padrón electoral es la columna vertebral del sistema electoral. Sin un registro electoral confiable, actualizado, depurado permanentemente, cualquier proceso electoral resultaría con un fuerte grado de contaminación y no reflejaría exactamente cuál es la voluntad del cuerpo electoral”. Estas palabras fueron dichas por el ahora vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en el programa Abriendo Puertas del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, transmitido por Radio YSUCA en 2014. Ulloa tenía toda la razón: en un estado democrático, en el que se reconoce el derecho al sufragio activo, el padrón electoral es imprescindible en tanto herramienta para contabilizar y dejar constancia de quiénes pueden votar y quiénes ya lo han hecho. El padrón es una garantía de la democracia, pues permite contabilizar los votos de manera efectiva e impedir que alguien vote más de una vez en un mismo ejercicio electoral. Sin embargo, los diputados oficialistas, partiendo del argumento de que el padrón es muy engorroso, decidieron dejarlo fuera de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada el pasado 18 de octubre.

Que los y las migrantes tienen derecho a votar, está fuera de discusión. Pero el voto en el exterior debe hacerse bien, sin artimañanas que manipulen la voluntad de los migrantes para favorecer a una fuerza política. Que en la recién aprobada ley no se incluya el padrón electoral no solo es una grave deficiencia, sino también un signo de alarma sobre la intencionalidad de la normativa. Y no es esa la única falencia. Los diputados oficialistas contradicen tanto lo dicho por el ahora vicepresidente como al presidente de país. Una sentencia de la Sala de lo Constitucional mandó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que permitiera a los salvadoreños en el exterior votar también por los consejos municipales. En 2020, Nayib Bukele vetó una ley del voto en el exterior precisamente porque no contemplaba que los compatriotas votarán por concejos municipales. “Adefesio jurídico”, le llamó entonces el mandatario. Siendo así, la ley aprobada es otro adefesio jurídico: a los compatriotas en el extranjero solo se les permitirá votar para elegir presidente, vicepresidente y diputaciones. No podrán hacerlo para concejos municipales ni para el Parlacen, por lo que esta ley también viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional.

La ley del régimen contempla dos modalidades para votar en el extranjero en 2024: la electrónica presencial, que se realizará en consulados y centros de votación, y la remota, que se realizará por Internet. Los migrantes podrán votar con su pasaporte o su DUI, sin importar que esté vigente o vencido. Quienes en su documento de identidad estén domiciliados en El Salvador tendrán que votar el domingo 4 de febrero en los consulados o centros de votación habilitados. Quienes en su documento estén domiciliados en el extranjero votarán por Internet y tendrán 30 días para ejercer el sufragio. Así, las personas que deberán desplazarse para emitir su voto solo tendrán un día, pero aquellos que podrán votar por Internet, lo cual solo les tomará unos minutos, tendrán un mes para hacerlo. Además de esta contradicción, todos los votos por Internet serán para elegir las diputaciones de San Salvador. Y la ley prohíbe a los partidos políticos vigilar el voto por Internet, incluso excluye al mismo Tribunal Supremo Electoral, y obliga a contratar a un tercero para que audite el programa de computación utilizado. Y como ya es costumbre en el régimen, la ley autoriza al Tribunal saltarse la Lacap en las compras que se deriven del seguimiento al tema electoral.

De este modo, gracias a la ley de Nuevas Ideas y sus aliados, no se podrá detectar si una persona, aprovechando que tiene domicilios diferentes registrados en su DUI y pasaporte, vota dos veces. Tampoco se podrá garantizar la autenticidad de los votos por Internet. Diversos analistas creen que con esta ley hasta los muertos podrán votar. Este panorama alienta el temor de que las elecciones de 2024 no sean limpias ni transparentes. Si a miles de salvadoreños les suplantaron la identidad registrando su DUI en la billetera electrónica Chivo, ¿qué impedirá que eso suceda masivamente el día de las elecciones? En este sentido, la ley aprobada es una invitación al fraude electoral.

El viernes 14 de octubre, la abogada Raquel Caballero de Guevara fue electa como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Caballero ya había ocupado ese cargo en el período 2016-2019 y fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber promovido a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, al cargo de asistente técnica, además de haberle aumentado el salario. Caballero también fue reconocida porque, durante su primera gestión como procuradora, cerró la mesa de temas LGBTI y por su postura en contra de la despenalización del aborto. De igual forma, Caballero de Guevara fue una de las funcionarias que apoyó la implementación de medidas extraordinarias en los centros penales del país durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Es necesario recordar que dichas medidas también ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según las denuncias de distintas organizaciones. Por todos esos antecedentes, en realidad, no es sorpresiva la elección de Raquel Caballero. La bancada legislativa y sus aliados eligieron a una procuradora que no cumple con el requisito de tener “moralidad notoria”, pero que tiene historial de no incomodar al gobierno de turno, de no cumplir con sus mandatos constitucionales. En síntesis, Caballero es un perfil ideal para complacer al Gobierno del presidente Bukele, la procuradora que necesitaba.

Sin embargo, como ya mencionamos en un editorial de hace algunas semanas, que la persona al mando de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tenga un historial como el de Raquel Caballero es un hecho desesperanzador y un duro golpe para distintos sectores y poblaciones vulnerables de la sociedad salvadoreña. Las víctimas de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales, las del conflicto armado, las personas despedidas injustificadamente de instituciones gubernamentales, las personas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, la población LGBTI, las mujeres, los pueblos originarios, los defensores del medio ambiente, etc. estarán aun más desamparados en un contexto que cada día es más hostil y violento para la defensa de los derechos humanos y de los bienes naturales.

En sus primeras declaraciones, luego de ser juramentada en su cargo, Raquel Caballero indicó que la PDDH tendrá como prioridad la creación de un observatorio electoral que, entre otras cosas, se encargará de monitorear la situación del voto en el exterior en 2024. La Asamblea Legislativa recién aprobó la normativa en la que se establecen las disposiciones para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Según notas periodísticas, dicha ley permitirá el voto electrónico presencial en consulados y centros de votación en el extranjero y el voto remoto a través de internet. La ley no estipula la creación de un padrón electoral y autoriza al Tribunal Supremo Electoral (TSE) saltarse la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y lo obliga a contratar a un ente externo para el manejo del sistema. Como vemos, esta ley deja muchas dudas y ofrece pocas garantías para la integridad de las elecciones de 2024. En ese sentido, que la PDDH y otras instancias estatales involucradas en el proceso electoral estén cooptadas por el oficialismo, es un elemento más que resta credibilidad al desarrollo y a la supervisión de las elecciones de 2024. La cooptación de las instituciones de control es una pieza clave para legitimar violaciones a los derechos humanos o para minimizar irregularidades en los procesos electorales, para tapar actos de corrupción, para favorecer a grupos económicos cercanos al gobierno y, sobre todo, para la consolidación del autoritarismo.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 108.

En El Salvador, se ha solido escuchar más al Gobierno estadounidense que a las instituciones internacionales de derechos humanos. Hoy la novedad es que no se presta oídos a ninguna instancia externa, mucho menos si tienen una palabra crítica sobre la marcha del país. Sin embargo, desoír a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo reafirma la creencia de que los problemas se resuelven con fuerza bruta. Tal vez esta aminore la violencia en algún momento, pero la frase tantas veces repetida de que la violencia engendra violencia responde a la experiencia universal de que los comportamientos injustos, tarde o temprano, provocan un aumento de la agresividad y el delito.

Diversas instancias internacionales están alarmadas por la falta de independencia de los poderes del Estado, por la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante los abusos de las fuerzas de seguridad, por la parcialidad en los juicios y por la muerte de detenidos, algunos de ellos con señales de tortura. No se cumplen, además, estándares básicos de derechos humanos en los procesos vinculados al estado de excepción. Las quejas son serias. Y la desconfianza en las autoridades aumenta debido a la superficialidad con la que se rechaza o responde dichas quejas.

El director general de centros penitenciarios insiste en que todo está bien en las cárceles, pero es muy difícil creerle al ver las fotografías, publicadas por la misma institución que dirige, en las que se exhibe directamente el maltrato a privados de libertad. Las encuestas de opinión, si bien ofrecen datos de una aprobación relativamente amplia del estado de excepción, muestran cada día con mayor claridad que los abusos que se cometen contra los detenidos y sus familiares son rechazados y despiertan la crítica ciudadana. Negar garantías judiciales mínimas a los privados de libertad, así como información a sus familiares, hiere cada vez más la conciencia de la población.

La ONU le ha pedido al Estado salvadoreño que las ONG nacionales de derechos humanos tengan acceso “a las instituciones penitenciarias de manera que puedan monitorear el disfrute de los derechos consagrados” en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificado por El Salvador. Por supuesto, a la mayoría de funcionarios públicos de alto rango y a los poderes del Estado afines y plegados al Ejecutivo les tienen sin cuidado los compromisos y acuerdos que El Salvador ha firmado y ratificado. Si todo es tan perfecto como dice el director general de centros penales, no se explica el miedo, secretismo y cerrazón absoluta que el Gobierno mantiene hasta la fecha. Ver a las instituciones de la sociedad civil como enemigas y no aprovechar sus señalamientos para mejorar el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores errores del régimen actual. Prescindir de los tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador es una arbitrariedad que tendrá repercusiones en quienes ahora se ufanan de hacer lo que les da la gana.

Una vez más un fenómeno natural -esta vez la tormenta tropical Julia- tuvo en vilo a la mayoría de la población de los países centroamericanos, pero especialmente sufrieron angustia quienes siempre padecen las inclemencias del tiempo. Hasta el martes 11 de octubre en El Salvador, según registros de Ysuca, se registran 10 personas fallecidas, incluyendo a cinco soldados que murieron soterrados, más de dos mil personas albergadas, decenas de árboles caídos, derrumbes y deslizamientos, ríos desbordados, puentes colapsados, caminos y carreteras interrumpidos, pérdidas de pertenencias de miles de familias que viven en las zonas afectadas por inundaciones, etc. Como efectos indirectos hubo cortes de energía eléctrica en algunas zonas del país, las clases y actividades educativas en general se suspendieron así como diversas empresas e instituciones tuvieron que hacer un alto en sus actividades. Estos eventos han sido cada vez más frecuentes y son un golpe de mesa para que entendamos la gravedad de la situación en que viven grandes sectores de la población y el progresivo deterioro del territorio salvadoreño. La emergencia provocada por la tormenta Julia, como sucedió con Iota y Amanda, nos pone al desnudo frente a nuestros ojos las consecuencias de un modelo de organización de la sociedad y la economía que pone en el centro al dinero y no a las personas.

Ojalá que con los desbordes del río Lempa, del río Grande en San Miguel, del río Arenal en San Salvador, o del río Chilama en La Libertad, por mencionar algunos que repiten este fenómeno, por fin comprendamos que ningún proyecto de desarrollo que entienda el progreso como encementar al país y no preservar y proteger el medio ambiente, tiene viabilidad a mediano plazo. La naturaleza es sabia, y cuando se impermeabiliza el suelo o cuando se cortan o desvían los caudales de ríos y quebradas por construir grandes edificaciones urbanísticas, ella misma busca los caminos por donde encontrar salida. Ojalá que por fin lleguemos a asimilar que las inundaciones en lugares donde antes no ocurrían, que los desbordes de quebradas que antes no se daban, que la ingente cantidad de agua que cae del cielo, tienen que ver con un cambio climático, que es real, que nos afecta directamente y que es consecuencia de las destrucción, por parte de ser humano, del único planeta que tenemos, por hoy, para vivir. Ojalá que entendamos que la insuficiencia de drenajes y alcantarillas en las calles de las ciudades por atiborrarlos de basura, es lo que, en parte, provoca inundaciones y desgracias en calles y avenidas.

La tormenta Julia también desnudó que son los mismos sectores empobrecidos, los que viven en zonas marginales, a la orilla de ríos y barrancos, los más afectados porque viven en condiciones que no son dignas de un ser humano y de un país que en sus leyes proclama que todos y todas somos iguales. Ojalá que esta emergencia permita aprender por fin que el Sistema Nacional de Protección Civil debe fundarse en la participación de las mismas comunidades porque son ellas las que, mejor que nadie, conocen su territorio, a su gente y se pueden organizar de una manera más efectiva. Imponer medidas y decisiones asumiendo que las autoridades saben lo que la gente necesita es, además de prepotente y autoritario, un craso error de la presente administración que causó muchos contratiempos en esta y las emergencias anteriores.

En fin, ojalá que por fin se entienda que la comprensión del riesgo de sufrir desastres sociales y económicos a causa de fenómenos naturales radica en gran parte en entender la vulnerabilidad, sus formas y su evolución en el territorio. Es cierto que los fenómenos naturales son impredecibles, pero también es cierto que se pueden mitigar los daños. Un huracán puede pasar sin derrumbar puentes y muros causando dolor y daño, mientras que solo una lluvia intensa puede causar pérdidas de viviendas e infraestructura. La clave está en la vulnerabilidad de la población y del territorio. Una “vivienda” construida sin los materiales adecuados y en una zona de riesgo es mucho más vulnerable que otra construida en un lugar seguro y con materiales correctos. De la misma forma, un territorio deforestado es más vulnerable que otro en que se respete y proteja la naturaleza. Ojalá también la gente entienda que a los políticos no les ha importado proteger a la naturaleza ni a las personas pobres, porque estos eventos de emergencia les sirven como justificación para extender la mano y solicitar ayuda internacional que nunca llega a las personas más vulnerables. Ojalá que por fin aprendamos. Ningún proyecto económico o político será viable, si no garantizamos tener un medio ambiente saludable y sustentable para todos y todas.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 107.

El paso de la tormenta tropical Julia por nuestro país ha creado un desastre severo para muchas personas. Una vez más se constata la debilidad que tenemos en la prevención del desastre, en unos tiempos en los que el indetenible proceso de calentamiento global augura tanto tormentas como sequías más violentas y duraderas. Después de cada desastre, se habla siempre de prevenir, pero el siguiente acontecimiento destructivo que nos sacude nos encuentra de nuevo mal preparados. No hay un censo efectivo de lugares en riesgo ni una normativa que planifique modos de superación de la vulnerabilidad. No hay planes estatales de vivienda rural que evalúen lugares peligrosos y que ayuden a los campesinos a construir en zonas seguras y con calidad de materiales.

En general, el riesgo de los pobres no se tiene en cuenta hasta que el huracán, el terremoto o la sequía afecta. En cambio, se otorgan con facilidad permisos ambientales para construir casas caras, a las que no tiene acceso el sesenta o setenta por ciento de los salvadoreños, pero que afectan humedales, reservorios de agua y el acceso al agua de sectores vulnerables. Las construcciones en ladera acumulan y acrecientan las corrientes de agua hacia las partes bajas en algunas ciudades como San Salvador. Pero parece que los problemas que se generan no importan cuando se trata de beneficiar negocios particulares.

La prevención ha estado también ausente en la agricultura. El uso de pesticidas y agroquímicos continúa siendo un problema para el país. El glifosato, el paraquat y los compuestos de 2,4-D se usan en agricultura sin mayor control, a pesar de las evidencias de que han sido, al menos parcialmente, la causa de la insuficiencia renal crónica, verdadera plaga nacional. Por otra parte, si bien la prevención de diversas enfermedades ha avanzado gracias a las vacunas, el Estado no tiene un compromiso serio en prevenir padecimientos de salud relacionados con intereses económicos del gran capital. La diabetes y la ateroesclerosis, causadas con frecuencia por una dieta cargada de grasa y azúcares, y muy comunes en El Salvador, no cuentan con medidas adecuadas para prevenirlas, ni siquiera mediante campañas nutricionales. Los intereses económicos tienen mayor peso que la salud pública. La palabra prevención está escrita con letra pequeña en el diccionario salvadoreño y es difícil encontrarla.

El papa Francisco, en su carta encíclica Laudato si, señalaba que hay en el mundo demasiadas personas pobres o vulnerables, cuyos “medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales”. Advierte también de la cada vez más baja calidad del agua de consumo en favor de la privatización y comercialización de la misma, que pone en grave riesgo la salud de los pobres y les niega “el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. La situación en El Salvador no es ajena a la denuncia del papa.

La necesidad de actuar en la prevención del desastre no solo es una responsabilidad ciudadana coherente con los derechos humanos, sino que además es, para todos los cristianos, una exigencia derivada desde el mandato evangélico del amor. Agravada la situación del país por la enfermedad evitable y por el desastre, así como por la debilidad de los sistemas de protección social, a los pobres y vulnerables no les queda más remedio que emigrar o morir en medio del abandono. Con razón insiste el papa Francisco en que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Un tema grave, porque el conjunto de pobres y vulnerables ronda con facilidad el 75% de nuestra población, aunque no todos se vean afectados con gravedad por la crónica irresponsabilidad del Estado en el terreno de la prevención.

La naturaleza humana necesita ídolos para creer, estúpidamente, que la identificación con ellos hace a sus adoradores un poco más grandes y poderosos. La gente encuentra ídolos en el deporte, el ámbito religioso, la farándula y la política. La relación de los adoradores con su ídolo es extremadamente apasionada y, por tanto, no entiende de razones. No obstante, los ídolos suelen desaparecer sin dejar rastro y son reemplazados por otros, con tranquilidad prodigiosa. Los gerifaltes de Arena nunca imaginaron que su fundador y su himno caerían en el olvido. Lo mismo vale para los del FMLN: Farabundo y la revolución socialista ya son cosa del pasado. No es extraño, entonces, que los alcaldes otrora de esos partidos actualicen su idolatría. No se desplazan por principios, si alguna vez los tuvieron, sino por simple conveniencia. Venerados en su día, hasta el extremo de entregarles bienes y vidas, de esos ídolos no queda nada. Otro los ha sustituido. Algunos grandes capitales cambian también de ídolo sin remordimiento.

El ídolo se levanta, en parte, por una mezcla de cualidades personales y ambición de poder, a veces con rasgos mesiánicos; y en parte, aupado por las circunstancias. Encuentra seguidores, que se identifican con él convencidos de que su poder, su afluencia económica y su bienestar son también suyos. La identificación hace creer a los adoradores que ellos también son importantes y poderosos. Viven, sienten y actúan a través de su adorado líder. La entrega es tan total que sus hambres y enfermedades, sus humillaciones y sufrimientos se desvanecen en el ídolo. Los idólatras creen a pie juntillas en sus promesas. Su palabra es vida verdadera y duradera. Por eso, agreden ferozmente a quien la cuestiona o la contradice. Desacreditar esa palabra es despojarlos de sus expectativas y lanzarlos al vacío.

El idólatra, desengañado o cansado de bregar contra circunstancias adversas, entrega confiadamente su destino al ídolo. No piensa, sino obedece; no conjetura, sino acepta ilusionado. Su finalidad es la vida del ídolo, porque cree que en ella se resuelve la propia. Sobra decir que el ídolo alimenta esa creencia, pues de esta depende su subsistencia. El ídolo vive de los adoradores y su culto. Sin estos, se desmorona. El embrujo idolátrico impide que el creyente adquiera conciencia de que en la incondicionalidad y el servilismo se le escurre la vida. Mientras se desvive para dar vida al ídolo, pierde la suya. El ídolo devora a sus adoradores.

Estos no contemplan la finitud del ídolo hasta que este se desmorona. Sus expectativas son tan vitales y están tan arraigadas que aceptar la contingencia de lo adorado es admitir su propia impotencia, fragilidad y, en definitiva, transitoriedad. Lucharán, incluso le entregarán su vida, con tal de conservarlo en el pedestal. La gran equivocación de Arena y del FMLN, y antes de la democracia cristiana de Duarte, fue entregar cuerpo y alma a sus respectivos ídolos. La capitulación les impidió pensar críticamente y desarrollar una praxis política creadora y constructiva. Ahora bien, alejarse del ídolo no es fácil, pues amenaza con castigos severos a quienes osan rebelarse o fugarse.

Cuando se cumpla el tiempo del ídolo, el encanto se romperá y aparecerá la realidad en toda su crudeza. Los creyentes se encontrarán no solo en una situación peor que antes, sino también desengañados y frustrados. Entonces, saldrán en busca de otro ídolo, a quien entregar su decepción y sus expectativas, para que las transforme en nuevas ilusiones que les ayuden a sobrellevar la adversidad con renovado aliento. El círculo se repite sin solución de continuidad.

La naturaleza humana se rebela contra su poquedad y su pequeñez. Se revuelve contra la impotencia y la fugacidad. Quisiera ser como Dios. Pero como este es insondable, las personas construyen ídolos manejables, de los cuales deriva la grandeza y el poder que añoran. Ese fue el intento de los constructores de la torre de Babel. Se propusieron llegar al cielo, pero, en el camino, la ambición los confundió. Los proyectos idolátricos no se caracterizan por la coherencia, la solidez y la racionalidad. La ambición ofusca de tal manera que la contradicción y la mentira son constantes y desvergonzadas. No puede ser de otra manera, dada la perversidad de su tentativa. Los constructores de estas torres dejan ruinas y muerte a su paso.

Las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, prohíben terminantemente la idolatría. La tradición judeocristiana rechaza el culto a cualquier criatura. El islam no tolera la reproducción de la imagen humana, porque usurpa el derecho divino de infundirle vida. Paradójicamente, la inmensa mayoría de los practicantes del culto idolátrico se dicen creyentes en el Dios de Abraham. A ellos cabe recordarles de modo muy particular la orden clara del Deuteronomio: “Escucha, Israel, el Señor, Nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas” (6,4-5).

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los gobiernos populistas y autoritarios van en ascenso en el mundo. Desde el control de las instituciones, mantienen políticas agresivas contra las minorías y los opositores. Seducen a la población con su crítica a los partidos y políticos tradicionales, usualmente demasiado cargados de discursos ideológicos y de serias contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Meten velocidad a sus proyectos sin reparar en gastos o en legalidades, y buscan culpables de los problemas en los migrantes, los extranjeros o cualquier sector social que despierte miedo o rechazo a causa de prejuicios existentes. No admiten la crítica y tienden a un nacionalismo fanatizado que se apoya en la fuerza militar o policial.

Esa tendencia se da en países desarrollados, generalmente con partidos conservadores y con una clase media asustada por alguna crisis. En América Central, la tendencia se repite, con la diferencia de que en el istmo el autoritarismo populista se aúpa en los sectores empobrecidos, ávidos de cambio, que ven en la autoridad fuerte, una esperanza. En Nicaragua, el régimen de Ortega, ya una dictadura en forma y contenido, reprime con brutalidad a la oposición. Lo siguen, con formas más suaves y más sofisticadas, el resto de los países centroamericanos. En El Salvador, Nuevas Ideas llegó al Ejecutivo montado en un partido taxi y posteriormente arrasó en la elección legislativa. Con los dos poderes bajo su control, la toma de las demás instituciones estatales se llevó a cabo con rapidez, prescindiendo de toda legalidad, procedimiento o principio. La agilidad en la toma de decisiones, la efectividad de algunas de ellas, el lenguaje desinhibido, y la entrega de bienes básicos en momentos de emergencia sedujeron a una buena parte de la población. En un cultura autoritaria y machista, el autoritarismo gusta, porque da la impresión de eficacia.

Sin embargo, el modo de gobernar, más allá de la propaganda, no se separa de los vicios del pasado. El endeudamiento tiene un ritmo galopante, la lucha contra la pobreza como fenómeno estructural es escasa o prácticamente nula, la violencia ilegal se combate mediante la violencia legalizada del Estado sin atender a las causas estructurales del delito. Las promesas son muchas y muy grandes, pero el ritmo de cumplimiento es lento. La prevención de desastres continúa inoperante; la corrupción aflora en ciertas dependencias. Se exige fidelidad absoluta tanto a los propios como a los aliados, y la cultura del diálogo se ha sustituido por la burla, el insulto y la intolerancia. El mundo de la política, de los principios, de la búsqueda del bien común se ha cambiado por la propaganda y el espectáculo.

Lo que importa es seducir. Pero lo que se produce es una seducción triste, porque no cumple con lo que ofrece y, por ello, está llamada al fracaso. La deuda, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en la medida que se perpetúan, producen decepción. Además, los modos de ejercer el autoritarismo empiezan a a caer en el ridículo. Acciones como detener y exhibir a un médico porque atropelló a un gato, hablar de artículos ocultos de la Constitución y argumentar que los colores azul y blanco en las escuelas tensan a los niños terminarán cansando a la población que no ve los resultados esperados de la teatralidad gubernamental. Al final, la ciudadanía encantada con el régimen autoritario terminará despertando en el viejo y conocido país de siempre, con las esperanzas rotas y con las mismas únicas opciones de hace décadas: o emigrar, o aguantar con la ilusión de que las cosas un día estarán mejor, o jugársela en el delito y la corrupción. Por sí sola, sin encontrar asidero en la realidad, la seducción solo conduce a una tristeza profunda en el espíritu.

Una vez más, una intensa tormenta ha causado graves daños en el territorio nacional, siendo El Salvador el país en el que Julia dejó el mayor número de víctimas humanas a su paso por Centroamérica. Diez vidas que no se habrían perdido de haberse actuado con mayor cuidado y previsión ante la llegada de la tormenta. Como se ha podido observar, estos fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos. La elevación de las temperaturas facilita la generación de eventos ciclónicos. Las miopes decisiones de la humanidad y el modelo de desarrollo depredador han provocado un cambio climático de graves consecuencias para la vida en el planeta, a pesar de que todavía muchos se niegan a aceptarlo.

Ha sido sobrecogedor ver cientos de viviendas prácticamente bajo el agua y pensar en las familias que perdieron todo lo que en sus casas habían ido atesorando. Se han quedado sin nada: sin ropa, sin camas, sin electrodomésticos, sin muebles, sin vehículo, sin medios de vida. Causan gran desazón las imágenes de amplios campos de cultivo inundados, con la consecuente pérdida del fruto de meses de trabajo, cientos de miles de quintales de maíz y frijol que eran la esperanza de muchas familias campesinas y que alimentarían a la mayoría de la población salvadoreña. Miles de familias tendrán que volver a empezar de cero.

Pero la tormenta Julia, al igual que otras anteriores, no ha causado el mismo daño a todos los salvadoreños. Las damnificadas son siempre las familias pobres, las que viven en las laderas y en las riberas de los ríos, las que habitan en colonias y barrios con sistemas de drenaje mal construidos o simplemente improvisados, las que viven en champas porque sus recursos no alcanzan para más. Familias que no logran salir de la pobreza porque periódicamente, como si de una maldición se tratase, un temporal o un terremoto les arrebata todo. Familias que viven en permanente inseguridad no solo por la criminalidad o la falta de una fuente de ingresos estables, sino por la vulnerabilidad socioambiental de El Salvador.

En nuestra sociedad, es una creencia extendida que que no hay nada que hacer ante estos eventos, que los daños son inevitables, porque son voluntad de Dios. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto, no se puede evitar que sucedan tormentas o terremotos, pero sí que ocasionen daños. Si bien el cambio climático es una realidad con la que el mundo debe aprender a vivir y que afecta más a las personas y países más pobres, es posible y necesario prepararse y adaptarse al mismo, lo que demanda nuevos modos de organizar y proteger la vida. En el caso de El Salvador, se requiere de un sólido sistema de protección civil, tanto a nivel local como nacional, que tenga bien mapeado los territorios, que conozca los lugares susceptibles de inundación y deslave, que planifique e invierta en obras de protección y en la reubicación de asentamientos hacia terrenos más seguros, que cuente con comités de emergencia y organizaciones municipales capaces de organizar la evacuación de zonas de alto riesgo y facilitar un hogar temporal mientras dure la amenaza.

La dura experiencia de la tormenta debería servir para tomar consciencia de ello e impulsar un proceso que conduzca a la elaboración de un plan integral de protección y prevención ante fenómenos naturales, pensando en primer lugar en los grupos sociales más vulnerables. Sin embargo, eso no sucederá: a diferencia de los desastres, la planificación y la prevención no generan fotos impactantes.

Con frecuencia los políticos usan las encuestas de opinión para favorecerse a sí mismos. Sin embargo, cuando están bien hechas y cuando la reflexión sobre ellas es la adecuada, lo que se advierte es que la opinión popular tiene un grado de discernimiento y reflexión que casi siempre los políticos tratan de ocultar. Hace años, previo a unas elecciones, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA preguntó a los ciudadanos por quién votarían y si creían que con un eventual triunfo de Arena seguirían gobernando los ricos en El Salvador. A mucha gente le extrañó que la mayoría de los encuestados dijera que votaría por Arena y que respondiera simultáneamente que con dicho partido seguirían mandando los ricos. Pero lo que debía deducirse no es que el pueblo fuera contradictorio, sino que tenía una forma de discernimiento que le llevaba a pensar que el gobierno de los ricos, en circunstancias concretas, sería el mal menor para el país.

En la actualidad, una encuesta de Fundaungo nos muestra con claridad el discernimiento de la población. Preguntada por el régimen de excepción, casi el 84% da una opinión favorable al mismo. Pero en la medida en que se iban desglosando aspectos que caracterizan el régimen de excepción, la aprobación bajaba, hasta llegar al 8% cuando se preguntó si se estaba de acuerdo con que no se diera información a los parientes de los detenidos. En otras palabras, la gente aprueba el régimen de excepción como un camino de enfrentamiento con las maras, consciente de que su presencia es uno de los problemas de seguridad más graves de El Salvador. Sin embargo, rechaza en niveles cercanos al 90% tanto el silencio informativo como la condena sin presencia de abogados defensores. Otros aspectos del régimen de excepción, como la detención administrativa durante 15 días o el ser capturado por simples sospechas sin orden judicial, tienen un rechazo poblacional de más del 50% de los encuestados.

¿Tiene apoyo popular el presidente Bukele? Es evidente que sí. Pero lo cierto es que en quienes le apoyan hay cada vez un mayor discernimiento entre los resultados y los medios para obtenerlos; y que el exceso de fuerza, el militarismo o la violación de derechos pesa cada día más de un modo negativo en la conciencia. Si se cerca a más municipios como se ha hecho con Comasagua, la incomodidad irá creciendo. Si se continúa enjuiciando personas sin derecho a defensa o se las priva del derecho a tener contacto con los familiares, la insatisfacción se irá ampliando y ahondando. Aunque el exceso de fuerza que se está practicando tenga resultados casi inmediatos, prolongarla aumentará la incomodidad y la crítica. En el país existe una cultura de violencia que se expresa tanto en la brutalidad de la delincuencia como en otros fenómenos. El castigo físico a los niños, el machismo y el maltrato a la mujer, el lenguaje de odio en las redes, el gusto por las armas, la acumulación de guardaespaldas, la prepotencia de algunos funcionarios y empleados públicos alimentan esa cultura, que al final coloca al más fuerte por encima del débil y sus derechos. Casi podemos decir que de ahí aprendieron los miembros de las pandillas, llevando la violencia a extremos inusitados.

Maquiavelo, al que con tanto placer leen algunos políticos dados a la “moralidad notoria” y simultáneamente al ventajismo personal y de grupo, terminaba su obra más conocida, El príncipe, diciendo que “no existe hombre lo suficientemente dúctil como para adaptarse a todas las circunstancias”. Por esa misma razón, y más en democracia, el político debe apegarse a la normativa vigente, impulsarla hacia el bien común y no utilizar el poder como una fuente de arbitrariedad, sin respeto a reglas y condicionamientos expresados en la doctrina de los derechos humanos. Hacer lo contrario, aprovechar el poder como fuerza, lleva al enfrentamiento, precisamente por las insuficiencias humanas y por los mismos efectos de un poder sujeto a la dinámica de acción y reacción. Aunque se pueden ganar muchas partidas cuando se juega al poder, tarde o temprano llega el momento de la derrota. Hacer bien las cosas, ser fiel a los principios democráticos y a sus normativas, es lo mejor que puede emprender cualquier persona que se embarca en la empresa de la política, siempre sujeta a tormentas. Los que hoy sufren por no haber pagado la renta de los sobresueldos son un ejemplo, digamos que en pequeño, de lo que pueda generar el no apegarse a normativas. Quienes se las saltan están sujetos a los vaivenes de la política, más allá de los triunfos del momento.