Editoriales y Opiniones

La reelección presidencial, dejando de lado su inconstitucionalidad, tendría una razón de ser si el mandatario de turno dispusiera de un plan ambicioso y sostenible para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las mayorías. Pero ese no es el caso de la reelección de Bukele, cuyo mandato constitucional acumula fracasos y vacíos. El bitcoin, su ciudad y su energía volcánica yacen abandonados. El ferrocarril costero, el aeropuerto oriental, varios hospitales y Los Chorros no superan el anuncio. La reforma de pensiones se posterga continuamente. La remodelación de más de cinco mil escuelas (dos diarias) y la reforma educativa, renombrada en cada alusión, son promesas incumplidas. Y lo último, trenes elevados y teleféricos, son ideas rescatadas del desván de gobernantes anteriores.

Los devotos de Bukele pueden alegar que la reelección es indispensable para realizar estas promesas y otras que se le ocurran. Lo más probable es que no se concreten. Aquellos tendrán que conformarse con unos cuantos centros turísticos para extranjeros, algunos pasos elevados, el descongestionamiento de algunos centros urbanos a costa de mayor congestionamiento en sus alrededores y alguna que otra obra, más bien de poca envergadura, para mostrar que la novedad avanza y mantener viva la ilusión de los creyentes. El incumplimiento de las promesas presidenciales se debe a la incapacidad demostrada para ejecutar obras de gran envergadura, a la falta de liquidez y a una deuda creciente cada vez más cara. Pese a ello, aún hay quien confía en las promesas presidenciales para erradicar la pobreza y la desigualdad. El deseo legítimo prevalece sobre la dura realidad.

Entonces, ¿para qué reelegirse? Hay dos posibles respuestas. La reelección permitirá a la familia presidencial y a su círculo más cercano seguir viviendo muy por encima de la media nacional y continuar haciendo fortuna a expensas del Estado, del tráfico de influencias y de variadas prácticas corruptas. Los funcionarios, cada uno según su rango, tienen asegurado un salario muy superior al promedio nacional, empleo para sus familiares, exenciones y privilegios variados. Los de alto rango tienen larga experiencia en vivir impunemente del Estado. El fiscal general es ejemplo convincente de esta especie, pero no es el único. En los pasillos presidenciales circulan muchos otros vividores. Los novatos aprenden rápido y no se privan de nada. A todos ellos les sobran razones para apuntarse a la reelección.

La otra explicación, que no excluye la anterior, es la ambición. No solo de Bukele y su círculo, sino de todos los funcionarios, cada uno en la medida de sus posibilidades. Todos ellos disfrutan, algunos obscenamente, con la exhibición de su poder. El gozo es tanto que bastantes se lo llegan a creer. Piensan que tienen derechos adquiridos no solo para continuar en la burocracia estatal, sino para avanzar posiciones. Los más avezados son discretos, no arriesgan tanto, ejercen su poder y acrecientan su fortuna personal y familiar detrás de las bambalinas. Así, sobreviven exitosamente la rotación de mandatarios. Más de uno es egregio en este arte. La reelección les conviene, pero pueden arreglárselas sin ella. Los más visibles suelen ser los más perjudicados, ya que la exposición pública los identifica con el gobernante saliente.

Dos de los azotes de las pandillas, el fiscal general y el responsable de las cárceles, han mantenido relaciones estrechas con el liderazgo de lo que ahora han dado en llamar “organizaciones terroristas”. El primero influyó en procesos judiciales para beneficiar a un narcotraficante, vinculado a una pandilla, y a la esposa de un expresidente de la infamada Arena. Al otro, una investigación policial lo vincula con las pandillas, el narcotráfico y la corrupción. La carrera delictiva de este funcionario se remonta a su adolescencia. Uno de los habituales en los pasillos presidenciales sacó del país a uno de los líderes pandilleros buscados por la justicia. Es voz común que los magistrados impuestos cobran bien por las resoluciones.

Dondequiera se escarbe, salen a relucir delitos de toda clase. Bukele lo sabe y lo permite, porque la familia presidencial se vale de su posición ventajosa para enriquecerse. Explota, por ejemplo, las empresas asociadas al bitcoin. Y porque es una manera de recompensar la incondicionalidad de los funcionarios. La corrupción galopante demanda, por otro lado, silencio extremo y oscuridad total para poder retener la fuente del poder y la riqueza ante la opinión pública. De esa manera, estos funcionarios hacen alarde de honestidad y de novedad nunca vistas. La reelección es para ellos una gran oportunidad para continuar con la rapiña.

El pueblo es indispensable para la reelección, que depende, formalmente, de su voto. Pero, una vez depositado este, volverá a ser un accesorio. Una excusa poderosa, es verdad, para violentar la institucionalidad democrática, pero no por eso vivirá mejor, encontrará oportunidades mayores y la convivencia será más fraterna y solidaria. La concurrencia popular es necesaria para la reelección, pero no hay razones para sostener que al pueblo en sí le aguarda un futuro más digno y humano.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido. Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías. Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población.

En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal. Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados.

Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido. Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.

Los cien años cumplidos de la Dra. María Isabel Rodríguez, además de un motivo de alegría y felicitación a su persona, debe hacernos reflexionar sobre el papel de la mujer en las políticas públicas salvadoreñas. Al igual que ella, ha habido otras mujeres que han sido señeras en diversos campos. Los tristes acontecimientos de guerra y violencia que le ha tocado vivir a El Salvador multiplicó el papel de la mujer en la actividad de defensa de los Derechos Humanos. También en ese campo tenemos que alegrarnos con la presencia de mujeres ejemplares. Pero la dimensión de la ex Rectora de la Universidad de El Salvador nos señala las responsabilidades pendientes en el campo del desarrollo. Empeñada desde muy pronto en la construcción de una medicina pública de calidad desde el ámbito universitario, tuvo que salir del país en un momento en que lo público se veía como enemigo de los poderes privados de algunos millonarios. Sirvió en la Organización Panamericana de la Salud y desde ella continuó colaborando con la construcción pública de la medicina social en América Latina.

Regresada a El Salvador ya en tiempos de paz, la UES tuvo el acierto de nombrarla su Rectora. En esos años se distinguió en los esfuerzos por reconstruir y mejorar físicamente la Universidad, por devolver a la Universidad su capacidad de investigación, y por la palabra de ánimo y aliento que ella daba a todo proyecto en el que el beneficio público ampliara la capacidad de desarrollo del pueblo salvadoreño. Como colofón a una vida de servicio fue ministra de salud. Consciente de la necesidad de una salud pública de calidad dentro de un sistema público único, trabajó incansablemente por mejorar la salud de primer nivel como un primer paso hacia la medicina pública y universal de calidad. Más allá de la oposición ridícula de algunos diputados, de los memes y de las críticas, María Isabel continuó dialogando, trabajando, insistiendo y alentando a excelente profesionales de la medicina, jóvenes y adultos mayores, impulsándoles a creer en El Salvador y a elaborar planes para la construcción de una salud pública decente.

Este ejemplo de vida debe ayudarnos a entender el papel de la mujer en el desarrollo. Aunque cada vez nos encontramos con un número mayor de profesionales excelentes que son mujeres, todavía falta mucho para tener plenamente incorporada a la mujer a las tareas del desarrollo y al trabajo digno. El machismo continúa teniendo un peso grande en muchas instituciones tanto estatales como privadas. Y por supuesto, el trabajo en el hogar pesa demasiado sobre las mujeres. Si fuéramos hombres de negocios diríamos que con la ausencia laboral de la mujer se pierde potencial productivo. Pero si observamos el trabajo de nuestra centenaria amiga como ejemplo del trabajo de la mujer, tendríamos que decir que se pierde dimensión humana y entendimiento social. Realidades estas mucho más importantes que la pura productividad. Porque la producción, sin tener en cuenta la dignidad humana y la distribución social justa y solidaria, ni crea justicia ni cohesión social. Tanto mujeres como hombres con valores como los de nuestra ex rectora, son indispensables para el desarrollo humano de el Salvador.

En el marco del XXXIII aniversario de los Mártires de la UCA, bajo el lema: “Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece", el Departamento de Psicología y Salud pública de la UCA, entregó el Premio Ignacio Martín-Baró a la investigación.

Participaron quienes realizaron los trabajos de graduación de 2021 y tras la evaluación se premió a tres graduados de la UCA y se dio reconocimiento a 9, del total de participantes.

La directora de la carrera de Psicología y Salud Pública, Lucía Cano, explica por qué el premio hace referencia a Martín Baró.

A los privados de libertad solemos olvidarlos. Y en ocasiones, cuando los recordamos, no hablamos bien de ellos. Sin embargo, el papa Francisco en su más reciente entrevista con sacerdotes y laicos salvadoreños animó a todos los presentes a pensar en los que más sufren los problemas nacionales para buscar soluciones. Dijo textualmente: “Animémonos unos a otros, pensemos en aquellos que están en dificultad en nuestro pueblo: los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Entre los presentes estaba la Conferencia Episcopal de El Salvador y el vicepresidente de la República. Y es evidente que si el papa mencionó a los presos es porque sabe que están sufriendo una situación especial. El señor Osiris Luna, que unas veces ataca, castiga y muestra a los presos en situaciones humillantes y estigmatizantes, y otras afirma que les está proporcionando unos cuidados de salud superiores a los que brinda el Estado en sus instituciones públicas, no es la fuente adecuada para saber cómo están los privados de libertad. Y más cuando añade que los que han muerto en prisión, incluso los jóvenes, ya venían enfermos desde fuera. Sin duda es mejor escuchar al papa Francisco y pensar un poco más.

Y es que los presos están en situación muy triste. Aunque se les prive de la libertad, fundamentalmente para proteger al resto de la ciudadanía, conservan derechos. E independientemente de los delitos que hayan podido cometer, exhibirlos en fotografías, muchas veces antes de que un juez decida si son culpables o inocentes, viola los estándares de derechos humanos. El trato que se les da durante el régimen de excepción es en muchos aspectos injusto y violador de derechos básicos. Prohibir las visitas familiares, negar información a los parientes, tratar a los niños como adultos, hacinar y poner en riesgo la salud de los detenidos, golpearlos y aislarlos son violaciones serias a normativas latinoamericanas de derechos humanos. Y más cuando un porcentaje de los así tratados han sido detenidos arbitrariamente. Son personas, no daños colaterales en una supuesta guerra en la que los vencedores se dan el lujo de arrasar con el enemigo, caiga quien caiga.

Si a esta realidad le añadimos que la mayor parte de los detenidos durante el régimen de excepción son pobres, podemos pensar que algo anda muy mal en El Salvador. Luchar contra la pobreza siempre será más importante que perseguir a los pobres que cometen delitos. Evidentemente, hay que perseguir el delito en todos los sectores sociales, pero prevenirlo es políticamente más inteligente que perseguir al delincuente. Y la mejor manera de prevenir el delito de los sectores empobrecidos es luchar contra la pobreza; tarea esta en la que el Gobierno actual no parece tener la proactividad y capacidad de decisión que muestra en las tareas represivas. El sistema judicial, sometido y servil hasta el presente, debería tener en cuenta la grave responsabilidad que tiene de cumplir tratados y convenciones suscritas y ratificadas por El Salvador dedicadas a proteger los derechos humanos. La omisión de las responsabilidades convencionales puede ser perseguida en algún momento como delito.

El papa recordaba a los salvadoreños presentes en la audiencia que “mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de plenitud del Pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal, contra la tibieza en la Iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio”. Ojalá nuestros obispos sigan repitiéndonos este mensaje del papa y ojalá el vicepresidente, que tan atento estuvo a las palabras de Francisco, influya en el Gobierno para que escuche los reclamos justos de la gente respecto a las violaciones de derechos que se están cometiendo con el régimen de excepción.

Los diputados oficialistas piensan hacer una contribución excepcional para eliminar la basura con la imposición de medidas represivas, multas y cárcel. Pero por muy represiva que pueda ser la legislación, no hará desaparecer la porquería ambiental, porque la normativa es inaplicable. No cuentan con los agentes necesarios para impedir que la población tire desperdicios donde le plazca. Tampoco los tienen para ordenar el tráfico terrestre, otro problema que ha recibido el mismo tratamiento represivo. Las pocas sanciones impuestas se deben más a transeúntes que las registran con sus cámaras que a la acción positiva de agentes de tránsito. El aumento de las sanciones no ha conseguido ordenar un tráfico cada vez más caótico. En el caso de la basura, los agentes tendrían que disponer de una balanza, pues las sanciones se endurecen al lanzar más de dos libras de desperdicios.

No cabe duda de que la basura es uno de los elementos que más contribuye a la vulnerabilidad del país, pero reprimir no es alternativa. Mucho más eficaz sería una campaña educativa nacional bien pensada y de largo plazo, la limpieza sistemática de los botaderos habituales, el tratamiento adecuado de la basura recolectada, la promoción del reciclaje y la regulación del plástico, sobre todo, del de un solo uso, ya que buena parte de la basura es plástico. Los legisladores desconocen su oficio y sus responsabilidades. Legislan desde la ignorancia. No les han advertido de la existencia de una legislación variada sobre la basura.

Otra campaña de educación vial haría más para ordenar el tráfico que las multas esporádicas; ahorraría combustible y reduciría las emisiones contaminantes. Pero el régimen no está por la educación de la población. Su responsable está más preocupado por la distracción que, según él, causa el contraste del azul y blanco de la bandera en las escuelas que por una educación de calidad y por la dignificación del magisterio. El régimen ha demostrado muy poca capacidad para ejecutar la inversión pública programada. En más de tres años, el nivel de ejecución es casi nulo, mientras las áreas sociales languidecen.

La dictadura reprime, en consonancia con la mentalidad autoritaria y violenta predominante desde hace ya varias décadas. Esa mentalidad está convencida de que el mejor gobernante ha sido el dictador de la década de 1930. El actual satisface todos sus atributos, excepto uno. Represión implacable, mano dura, autoritarismo, centralización, excentricidades y reelección. La particularidad que no satisface es la honradez. La eficacia de aquella dictadura es un mito. A mediano plazo, la violencia represiva y el desconocimiento de la institucionalidad no arrojan el resultado esperado.

Al igual que el fenómeno de las pandillas, la vulnerabilidad medioambiental y la pobreza, la proliferación y la acumulación de basura por dondequiera supera la capacidad de respuesta del régimen. Esos desafíos muestran que Bukele y los suyos no tienen control del territorio. La afirmación es válida aun en el sentido restringido en el que suelen usarla. Ahora resulta que el llamado plan de control territorial era el paso previo del régimen de excepción. En esa fase, los policías y soldados se habrían familiarizado con el territorio y habrían identificado a los pandilleros, capturados en la fase en curso. Si así fuera, hubieran ido directamente a por ellos, en lugar de recurrir a redadas masivas; habrían reunido pruebas sólidas para sustentar la acusación ante el juez y no tendrían necesidad de procesar grupalmente por crímenes genéricos; y la denuncia anónima no haría ninguna falta.

Muy seguros deben estar los responsables de estos desmanes para mentir tan desvergonzadamente. Más les valdría tomar nota de la situación en la que ahora se encuentran los generales y coroneles del conflicto armado, acusados de crímenes de guerra al cabo de cuatro décadas. Hablan de haber defendido al pueblo salvadoreño y de haber hecho prevalecer la institucionalidad contra organizaciones y agresiones “terroristas”, con “honor y valentía”, y a costa de “un enorme sacrificio”. El lenguaje es curiosamente similar al del régimen de Bukele. No sería extraño que cuando pase, este y sus peones, si no han fallecido, enfrenten también la justicia, acusados de corrupción y de crímenes de lesa humanidad. ¿Se atreverán ellos también a descalificar la justicia como “injusta persecución” y “flagrante violación de los derechos humanos”? ¿Solicitarán una amnistía?

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Aunque el asunto ha sido silenciado por parte del oficialismo, el bitcoin sigue siendo tema frecuente de conversación, sobre todo porque los signos parecen indicar que la principal política económica del actual gobierno se ha descalabrado. En una economía maltrecha como la de El Salvador, el presidente Bukele pretendió implementar un sistema económico basado en el bitcoin para buscar soluciones a los problemas estructurales del país. Para ello presentó un paquete de 52 reformas que buscaban atraer inversión extranjera a través de la criptomoneda y la tecnología blockchain como instrumento de liberación económica. Entre esas medidas se incluía la creación de la Bitcoin City, un paraíso fiscal exento de impuestos, sin emisiones de carbono y con minería de criptmonedas. Cuando se anunció el bitcoin, se dijo que su uso abarataría el costo del envío de remesas y permitiría ahorrar hasta 400 millones de dólares anuales. Sin embargo, la idea se desplomó. La más reciente encuesta del Iudop reveló que en lo que va del 2022, el 75% de la población no ha usado el bitcoin. Este dato corrobora los datos del estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos en 2021 que reveló que solo un 20% de los salvadoreños que descargaron la aplicación de Chivo la siguieron utilizando tras gastar los 30 dólares que las autoridades regalaban para promover su uso. De acuerdo a la Camarasal, un 86% de sus empresas afiliadas nunca realizaron una transacción con el bitcoin. Además, solo un 1.6% de las remesas que recibe el país ha sido enviado en bitcoin. Tampoco está claro que este rubro represente un ahorro para los usuarios como se prometió.

¿Por qué ha fracasado, hasta hoy, el bitcoin? Hay factores externos e internos que pueden ayudar a entenderlo. El precio del bitcoin cambia de acuerdo al antojo del mercado internacional abierto. Si la demanda del bitcoin aumenta, sube su precio y si baja, se deprecia. Desde el mes de abril hasta la fecha el mercado de las criptomonedas ha colapsado. Especialistas en el tema estiman que el valor de los bitcoin comprado por el gobierno de El Salvador ha caído hasta 58%. También es cierto que cada vez más gobiernos como los de China y Estados Unidos, toman medidas para regular las criptomonedas y eso ha influido en su depreciación. Pero hay sobre todo factores internos que han hecho fracasar al bitcoin. El principal factor, y que es resultado de los otros factores, es la desconfianza de la población. Las monedas y billetes de curso legal carecen de valor en sí mismos. Su aceptación y uso descansa en la confianza de la gente en que otras personas las aceptarán a cambio de bienes y servicios. Y eso no lo logró el bitcoin que, además, no reúne las condiciones para ser considerada una moneda. En primer lugar, la forma vertical y autoritaria de imponer el bitcoin sin explicar a la población su funcionamiento, pesó más que el respaldo social al presidente. En segundo lugar, la excesiva volatilidad del bitcoin que lo ha llevado a valer menos de la mitad de su máximo histórico afectó, no solo al plan del presidente de emitir los bonos volcán por mil millones de dólares, sino la confianza ciudadana. El bitcoin tiene más características para ser una reserva de valor que un medio de pago o intercambio, es decir, una moneda. En tercer lugar, la suplantación de perfiles en la billetera electrónica Chivo Wallet para cobrar el bono de $30.00 que prometió el gobierno a todo aquel que descargara la aplicación, causó desconfianza en la población. A un mes de implementado el bitcoin la policía, en voz de su director, anunció que los que suplantaban la identidad para retirar el efectivo, serían procesados. La nula efectividad de este anuncio, hasta la fecha, también minó la confianza. Además, en cuarto lugar, los cajeros chivo instalados para operar el bitcoin presentaron múltiples fallas que alejaron a los salvadoreños y salvadoreñas. Esta ha sido la realidad de la medida. El gobierno usó estrategias mediáticas para “aparentar” el éxito de la medida; afirmó que el bitcoin contaba con 4 millones de usuarios, pero la realidad se impuso y entonces se optó por el silencio. Los cajeros Chivo fueron progresivamente abandonados y el dinero de todos los salvadoreños y salvadoreñas invertido en la compra de bitcoin, en su promoción y en la adquisión de equipos e infraestructura, es como leche derramada.

El suicidio es un problema personal grave, pero también un síntoma de malestar social. No tiene demasiado que ver con el tema del desarrollo o del bienestar económico, sino con otros factores de tipo educacional o social. Algunos países, como Francia o Alemania, han duplicado algunos años las tasas salvadoreñas de suicidios. El aislamiento, la falta de perspectivas en la vida, los valores que se cultivan o, más bien, que se dejan de cultivar inciden en el aumento del número de personas que deciden quitarse la vida. En El Salvador, si bien no estamos entre los países con mayor proporción de suicidios a nivel mundial, sí nos ubicamos en un rango que podemos calificar de peligroso. En efecto, en el país, la tasa de suicidios supera, aunque ligeramente, la cifra de 10 suicidios por cada cien mil habitantes. Ello hace que a nivel global estemos catalogados entre los países que se considera sufren una epidemia de suicidios. De hecho, somos en Centroamérica el país con la mayor tasa de este doloroso fenómeno. Tanto las naciones vecinas con mayor desarrollo que nosotros, como las que tienen una problemática mayor en el campo de la pobreza tienen tasas inferiores a la nuestra, en algunos casos incluso de menos de la mitad.

Sin embargo, no es frecuente, probablemente por desconocimiento, que el tema aparezca con el debido interés en el debate nacional. Solo cuando los suicidios afectan a instituciones estatales, la preocupación aflora, aunque únicamente enfocada a la instancia que sufre especialmente la epidemia. Tal es el caso de los suicidios de policías, que ha aparecido recientemente en algunos medios. El fenómeno recibió atención hace algunos años, durante la administración de otro Gobierno. Aunque ciertas instituciones han tratado de ayudar en este campo a la PNC, solo en algunas ocasiones los mandos policiales mostraron algo de interés en el tema. La diferencia y desigualdad entre la comodidad de los mandos y la vida difícil y compleja de la base policial es uno de los factores que puede degenerar en estados depresivos de los agentes. Ante estos datos es importante que reflexionemos y que demos pasos para enfrentar el problema. Pasar indiferentes ante el suicidio es conformarse con una situación que puede afectarnos a todos. Una situación que en sí misma es fruto no solo del dolor individual de las personas, sino de una sociedad poco atenta al sufrimiento de los demás y muy poco dispuesta al cuidado preventivo.

Desde hace años ,el número de psicólogos dentro de la PNC es insuficiente para atender los problemas de muchos de los que pertenecen al cuerpo policial. No es un trabajo fácil y necesita apoyo. Y más ahora, cuando el régimen de excepción ha significado una multiplicación de tareas y un modo de actuar que a algunos agentes les crea un dilema moral, por la arbitrariedad y el abuso cometido. También el sistema público está mal dotado para las necesidades de salud mental. Un país que ha sufrido una guerra civil deja siempre detrás una estela de sufrimiento y sinsentido que debe ser seriamente atendida. Por otra parte, después de prácticamente dos años de educación virtual, los niños y niñas regresan a un sistema escolar con una severa ausencia de psicólogos en el sector público.

No hay duda de que el encierro y el miedo, unidos a la crisis económica que ha golpeado a muchos, aumenta tensiones y problemas mentales tanto en los adultos como en los niños. Seguir como si no hubiera pasado nada no es lo más conveniente para la salud social. Mientras en la escena internacional se advierte del estrés y los problemas sicológicos causados por la situación vivida durante la pandemia, nosotros no hemos hecho un esfuerzo para evaluar los daños y problemas surgidos en ese tiempo. En medio de la positiva preocupación por la primera infancia, bueno sería que el Gobierno se preocupara también con un interés creciente por la salud sicológica de sus empleados y de sus usuarios, especialmente en el área de la Policía, la salud pública y la educación.

La esperanza encuentra suelo fértil en los pueblos centroamericanos. Hace décadas, la esperanza en que la paz fuera fuente de una sociedad más justa y un desarrollo equitativo se mantuvo en El Salvador pese a la barbarie y el sinsentido de la guerra. Cuando la frustración y los golpes de la realidad indicaron a muchos que ese sueño era una ilusión, la migración se multiplicó, la esperanza se puso en otro lugar, en el Norte desarrollado. Por otra parte, los cambios de rumbo en la política nacional, como en su momento fueron el gane de Mauricio Funes y el de Nayib Bukele, han tenido como trasfondo la esperanza popular de un futuro diferente. Sin embargo, la esperanza solo se mantiene cuando se persiguen fines objetivamente buenos y se comprueba el avance hacia los mismos.

La lentitud en los procesos, las actitudes ambiguas y los retrocesos en el desarrollo humano marcan el surgimiento del miedo. Este es un proceso irreversible, por más que los poderes establecidos busquen mantener la ilusión invirtiendo en propaganda, otorgando favores a propios y extraños, y realizando promesas y actividades con escenarios y efectos de ciencia ficción. Lo cierto es que o se avanza claramente hacia el desarrollo, o la esperanza se pierde y surge el miedo. Y cuando este se apodera de la gente, solo los testigos de la verdad y la fe generan esperanza, porque su actitud ante la vida demuestra que la fidelidad a determinados valores es siempre más fuerte que el mal.

En el país se ven a diario señales de ruptura de la esperanza. La práctica desaparición de los mecanismos de control del poder político ha supuesto un balde de agua fría para buena parte de la clase media y del sector profesional. A la migración por causas económicas se le ha sumado la que nace del miedo a un poder político prepotente y antidemocrático muy amigo de repartir condenas judiciales sumarias. La indebida relación entre fines y medios en la persecución de la delincuencia, plagada de violaciones a derechos básicos, ha aumentado la incertidumbre entre amplios sectores de la población. Asimismo, la reducción del presupuesto2023 a sectores claves como salud y pensiones, que contrasta con el aumento al rubro de comunicaciones (es decir, propaganda), rebajará los niveles de esperanza en un porcentaje de la población. E igual resultado tendrán el lujo del que hacen gala los nuevos ricos de Nuevas Ideas.

El Salvador necesita diálogo para renovar la esperanza. Si alguna guerra tiene que hacer el Gobierno de Bukele, es contra la pobreza. La actividad económica siempre ha beneficiado en exceso a unas minorías, dejando en la pobreza o en la vulnerabilidad a las mayorías. Y hoy todo indica que se están reforzando estatalmente los patrones neoliberales de funcionamiento, al tiempo que se trata de adornar la situación con promesas de obras extraordinarias, propaganda sin contenido real y ataques a la sociedad civil crítica. La esperanza es un bien profundamente humano. Cultivarla es indispensable para construir un futuro respetuoso con la dignidad humana. En este sentido, es fundamental que el poder sepa hacer suyos los dolores y limitaciones de la gente, dialogar sobre la problemática social y dar pasos eficaces en la superación de los males nacionales. Lo contrario, cerrar los ojos al dolor que produce la exclusión, negarse al diálogo y mantener la estructuras tradicionales que provocan desigualdad y violencia, solo lleva a la pérdida de la esperanza y al fracaso.

No solo sería interesante, sino necesario y un acto de honestidad con la población que el Gobierno de Bukele dijera con claridad hacia dónde pretende llevar a El Salvador. Cuarenta meses después de llegar a la Presidencia de la República, el presidente no ha presentado un proyecto de país que permita dar certeza de qué busca lograr con sus acciones. Ante ese vacío, no queda otra alternativa que intentar deducirlo a partir de las obras, aplicando la máxima evangélica de “por sus obras los conocerán”.

En los últimos meses, las principales decisiones del Ejecutivo y el legislativo muestran que el país va en una dirección bien concreta. Tanto la decisión de aprobar y mantener un régimen de excepción como las reformas legales encaminadas a restringir derechos constitucionales apuntan claramente a que se está imponiendo un Estado policial, entendido como aquel que busca tener un estricto control sobre toda la población, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y los derechos ciudadanos, ya sea mediante una fuerza de seguridad no civil o un gran despliegue de mecanismos de vigilancia, o una combinación de ambos. En un Estado policial, los cuerpos que realizan funciones de seguridad son omnipotentes y omnipresentes, mientras que el individuo está desprotegido frente al poder y sus abusos. El Estado policial es lo contrario a un Estado de derecho.

La Constitución de la República, en los artículos del primero al vigésimo octavo, le otorga a la población una serie de derechos que solo pueden ser restringidos de manera excepcional y sin afectar el ejercicio de sus libertades y la protección de su privacidad. En este sentido, la posibilidad de detener a una persona por tiempo indefinido sin motivo ni evidencia de que haya infringido la ley, sin que medie orden judicial y sin investigación policial seria es la prueba más evidente de que la ciudadanía ha perdido las garantías constitucionales, quedando a merced de la arbitrariedad de las autoridades.

No satisfecho con ello, el régimen sigue presentando y aprobando, sin análisis ni debate, medidas orientadas a que el Estado pueda ejercer un mayor y más férreo control sobre la población. Las reformas aprobadas por el oficialismo a la ley de telecomunicaciones y a la ley contra el crimen organizado son los ejemplos más recientes. Ahora todas las comunicaciones podrán ser intervenidas y controladas sin necesidad de orden judicial. El Estado tendrá acceso a la correspondencia ordinaria y electrónica, a las llamadas telefónicas, a todo lo que se escriba, hable o postee a través de las redes sociales, en plena contradicción con, entre otros, el artículo 24 de la Constitución, que prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.

Si El Salvador contara con una Sala Constitucional independiente, con seguridad estas reformas serían declaradas inconstitucionales, pues niegan las garantías que la Carta Magna da al pueblo salvadoreño y la convierten en letra muerta.