Editoriales y Opiniones

El domingo 9 de octubre, mientras la población se preparaba para recibir a la tormenta tropical Julia, el FMLN celebró su convención extraordinaria nacional número 37. Al evento no tuvo acceso la prensa y no se dieron declaraciones oficiales. Según algunos participantes, asistió aproximadamente un 60% de los convocados; de ese porcentaje, más de la mitad votó a favor de una reforma de los estatutos, uno de los puntos centrales de la actividad. El evento confirmó algo que ya es de conocimiento público: la división del partido.

En el contenido de las reformas sobresale la prohibición de más de una reelección en cargos de elección popular. Según sus promotores, se quiere evitar la rueda de caballitos que ha predominado hasta ahora en el partido. Para otros, la reforma más bien va dedicada a dos diputadas que están ya en su segunda legislatura y que no responden al sector que domina el instituto político. Quienes respaldan los cambios señalan que llevarán al partido a un centralismo democrático; quienes los adversan creen que ese es un eufemismo para encubrir el ansia de un control totalitario que elimine las corrientes internas de pensamiento e imposibilite la disidencia.

El discurso que alimenta las reformas afirma que el FMLN es el único partido de izquierda en el país y que a su interior existe una corriente conservadora, derechista y financiada por la embajada estadounidense. De hecho, algunos convencionistas celebraron los resultados como una victoria contra esa corriente interna que, dicen, buscaría desvirtuar al partido llevándolo a la socialdemocracia y a entenderse con la derecha política. Estos defensores de la reforma definen al FMLN como no electoralista, cuyo principal cometido es volver a las raíces ideológicas que inspiraron a Hugo Chávez, Fidel Castro y Schafik Hándal. Priva en ellos el lenguaje antiimperialista y antiBukele.

Llama poderosamente la atención que, faltando poco para las elecciones de 2024, en la convención no se trató el asunto. Después de estar en el poder sin propiciar los cambios anhelados, después de abundantes señalamientos de corrupción y después de reducir a una fracción su caudal electoral, el FMLN no parece tener un proyecto ni suscitar esperanza en la gente. Aritméticamente, es una fuerza irrelevante; la búsqueda de pureza ideológica podría llevarle también a la insignificancia política. En los tiempos que vive el país y dado el desprestigio social del partido, la fraseología revolucionaria lo avocaría al suicidio político. La intolerancia, el sectarismo mesiánico y el maniqueísmo interno amenazan al Frente con convertirlo en un club dedicado a cultivar la nostalgia por las utopías del pasado, al estilo de los minúsculos partidos comunistas de la Europa occidental, siempre tan radicales como insignificantes para la suerte de sus pueblos.

El primer beneficiado del rumbo que está tomando el partido de izquierda es Nayib Bukele, su proyecto político y gobierno. La reivindicación de una pretendida pureza ideológica perjudica los esfuerzos por construir una amplia alianza de oposición que haga frente común a la avanzada autoritaria de un presidente que amenaza con perpetuarse en el poder, tal como en otros países hicieran mandatarios muy cercanos a los actuales dirigentes del FMLN. Dirigentes que precisamente consideran enemigos a los correligionarios que creen que solo una amplia alianza de la oposición puede hacerle frente a la amenaza totalitaria que representa el régimen actual. La búsqueda de pureza ideológica no es realista ni pragmática; en nombre de un ideal, se toma distancia de la idea de construir una alternativa real en el momento histórico que vive el país.

Editorial UCA

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En estos tiempos en los que el capitalismo de consumo impone el marketing como forma de relación tanto económica como social y política, los Gobiernos recurren a la propaganda para evitar el desgaste. Esto no es nuevo, pero ahora esa dinámica se robustece gracias a la tecnología, presente en casi todas las esferas de la actividad humana. En la Roma imperial se decía que para mantenerse cómodamente en el poder había que brindar pan y circo a la población. Con la misma intención, Maquiavelo recomendaba a los príncipes que actuaran de tal manera que generaran temor. En Estados Unidos se puso de moda, a principios del siglo XX, hablar suave, pero, al mismo tiempo, mostrar mano firme. Y de ahí se pasó a la consigna, básicamente imperialista, del garrote y la zanahoria: amenazar al desobediente con la intervención militar y premiar al sumiso con prebendas. En El Salvador, ante el desamparo producido por la ausencia de leyes efectivas de protección social, quienes ejercen el poder recurren a estrategias parecidas. La propaganda de los beneficios otorgados va unida a las amenazas a cualquiera que pueda entorpecer el orden establecido.

El Gobierno actual ha seguido esa estrategia. Decir que hace lo que nadie logró anteriormente es uno de los puntos claves de su propaganda. Nadie antes atendió tan bien una pandemia, nadie antes dio 300 dólares a la población necesitada, nadie antes se enfrentó y venció a las pandillas, nadie antes se atrevió a sacarse una selfi en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cosas buenas, algunas de ellas; espectaculares, otras; y fallidas otras tantas, como la apuesta por el bitcóin. Y en paralelo, insultos, amenazas y presiones para quienes critican a las autoridades o descubren algunas de sus insuficiencias, corruptelas o mentiras. Conservar la popularidad es ahora el objetivo del poder político, más allá de cómo se gestiona la cosa pública. Y para alcanzar ese objetivo, cualquier medio vale. En este sentido, el régimen ha vuelto obsoleta la sentencia básica de la moral que dice que el fin no justifica los medios.

Sin embargo, cuando la gestión gubernamental no toca problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, el desgaste termina por reaparecer. Porque la acción novedosa que no provoca cambio social facilita que los problema continúen surgiendo. Solo es una novedad que deslumbra en un primer momento, para caer después en lo ya conocido. Destituir y nombrar jueces con el único criterio de la obediencia al poder es abonar a la pervivencia de la corrupta vieja justicia de siempre. Debilitar a las pandillas con acciones que irrespetan la legalidad y la dignidad humana mantiene vigente la cultura de la violencia. Regalar computadoras a los estudiantes en pobreza sin asegurar la conectividad a Internet vuelve inoperante una medida encaminada a la mejora de un sistema de educación muy deficiente. La novedad de acciones o promesas espectaculares atrae, pero si no se cambia la injusticia estructural que sufre El Salvador, da paso muy pronto al desgaste. Y si este se hace crónico, incluso los mensajes de odio tan queridos por troles y afines se volverán en contra de quienes los promueven, ahondando el ya intenso malestar social y dejando postrado al país en sus males de toda la vida.

Proceso

El 30 de septiembre pasado, el Gobierno de El Salvador presentó el anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El presupuesto tiene ahora un monto de $8,902 millones, un incremento de un 11.7% con respecto al año anterior. Como ya es costumbre, el Gobierno todavía no ha publicado el documento que contiene el presupuesto y, por tanto, la ciudadanía aún no puede conocer cuáles son las prioridades de inversión del Ejecutivo.

Más allá del tema de la transparencia del presupuesto y del cada vez más difícil acceso a la información pública, hay también otras problemáticas urgentes que siguen sin ser abordadas, pero que ocasionan la pérdida de vidas humanas y el deterioro sistemático de las condiciones de vida de la población, por lo cual requerirían de una mayor inversión y de un abordaje amplio a través de políticas públicas. Por ejemplo, hace unos días, la Dirección Nacional de Protección Civil informó que, durante la estación lluviosa, en El Salvador han fallecido 30 personas: 12 de ellas soterradas, 16 arrastradas por ríos, una arrastrada hacia un tragante y otra impactada por un rayo. Además de las lamentables pérdidas de vidas humanas, Protección Civil registra cientos de viviendas dañadas y otros daños en carreteras o infraestructura pública. Todos los años, El Salvador se ve afectado por fenómenos naturales que exacerban la alta vulnerabilidad en la que vive gran parte de la población salvadoreña y que arrebata, año tras año, la vida de muchas personas. Según el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidad, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017, “En El Salvador el 88.7 % del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, lo cual lo hace unos de los países más vulnerables del mundo” (P.8).

De igual manera, entre todo el ruido sobre el tema de la reelección presidencial o sobre la obediencia absoluta que se le debe rendir al partido de gobierno, el aumento al costo de la vida ha continuado sin dar tregua, aunque haya combustible o gas subsidiado. De acuerdo con datos del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), la canasta básica, de enero del 2021 al mes de agosto del 2022, ha aumentado en la zona urbana $39.71 y en la zona rural $37.79. La inflación de los 22 productos que conforman la canasta básica es del 17% en la zona urbana y en la zona rural es de un 20%. El CDC también señala que el aumento de la canasta básica ha ocasionado que la población sustituya el consumo de productos como leche, huevos, carne o pollo por otros alimentos altos en carbohidratos, como las pastas, lo que ocasionaría una mayor incidencia de enfermedades. De hecho, para el 53.8% de la población salvadoreña, según la última encuesta de Fundaungo, el problema más grande que enfrenta el país es la economía.

Como vemos, estos son solo un par de ejemplos de problemáticas que afectan el día a día de la población salvadoreña y que, por supuesto, no es posible abordarlos ni solucionarlos a través de la propaganda o de la grandilocuencia discursiva. Aunque se desconozcan los detalles del presupuesto para 2023, es posible aventurarse a decir desde ya que las carteras de Seguridad y, especialmente la de Defensa, seguramente han sido tratadas con especial privilegio en la asignación presupuestaria, al igual que las comunicaciones de la Presidencia de la República, pues parece que esto sí es necesario para mantener el proyecto de acumulación de poder y de privilegios que han construido el presidente Bukele y sus aliados. Sin embargo, si de verdad desde el Estado hay conciencia de que es necesario hacer algo para mejorar la vida de las personas, es necesario que esto se refleje con la importancia y la prioridad necesaria en el presupuesto general del Estado.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 106.

De acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), el acceso a la información es un derecho fundamental que comprende la obligación del Estado de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder, y es una condición esencial para todas las sociedades democráticas. Naciones Unidas señala que es parte intrínseca del derecho a la libertad de expresión. La Unesco considera que “solo los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas”. Y sentencia: “Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones”. Hay, pues, un fuerte consenso a nivel internacional en que el acceso a la información pública promueve la participación ciudadana y, en consecuencia, contribuye a la gobernabilidad democrática. Por ello, es una obligación ineludible de aquellos que gestionan la cosa pública informar a la población de su trabajo, de sus planes presentes y futuros, sin faltar en ningún momento la rendición de cuentas sobre los recursos que en nombre del pueblo administran.

Sin embargo, en El Salvador, lo común ha sido que los funcionarios se consideren dueños de las instituciones que dirigen, en las que actúan como señores feudales. Esto ocurre en alcaldías, ministerios, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Muchos de ellos, tanto los electos o como los nombrados a dedo, se olvidan de que por encima de todo son servidores públicos, que se deben al pueblo soberano, y que este tiene todo el derecho a saber qué hacen, cómo utilizan los fondos públicos. Frente a esa realidad, en la primera década de este siglo, varias organizaciones sociales, trabajando unidas por una ley de acceso a la información pública, lograron vencer todas las resistencias y obstáculos para que finalmente, en diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa aprobara dicha ley, la cual entró en vigor casi un año después.

La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública fue una importante victoria de la sociedad civil y supuso un avance significativo en materia de transparencia. Gracias a la normativa y a sus instituciones y mecanismos, durante unos pocos años fue posible que cualquier ciudadano pudiera acceder a la información de las instituciones públicas de un modo hasta entonces impensable. Sin embargo, muy pronto la tendencia de los servidores públicos al secretismo y a evitar la rendición de cuentas llevó a que se introdujeran reformas legales que limitaron la amplitud del acceso a la información. Además, se eligió comisionados que contribuyeron a que en la actualidad la Ley sea en la práctica papel mojado. Hoy, al igual que antes, los salvadoreños no tienen derecho de acceso a la información pública.

En menos de 10 años, el país pasó de tener una de las mejores leyes de acceso a la información pública a una realidad en la que conocer qué hace y en qué gasta el Gobierno depende de la voluntad o descuido de los funcionarios. El retroceso ha sido monumental. El Salvador ha vuelto al oscurantismo del pasado, la cosa pública se gestiona con el mayor de los secretismos. Y constantemente los organismos públicos toman nuevas medidas para impedir que la ciudadanía esté informada de cuestiones tan básicas como los planes nacionales de salud y de seguridad, el uso de los fondos en la Asamblea Legislativa y la hoja de vida de los asesores de los diputados. Igualmente grave es el ocultamiento de los detalles de las adquisiciones públicas y de la asignación de grandes y costosos proyectos de infraestructura. Con la clara y decidida opción de la administración de Nayib Bukele por la opacidad, pierde el país y pierde la ciudadanía, y se sigue avanzando en dirección contraria a los principios democráticos y a una sociedad basada en la ley, no en los caprichos e intereses de sus gobernantes. Se están sembrando las condiciones para que la corrupción y la impunidad, dos de nuestros males históricos, cobren aún mayor fuerza.

La contribución de Bukele con una revista especializada en criptomonedas presenta los lugares comunes de su autor de una manera más articulada de lo habitual. Dada la especialidad de la revista, Bukele ratifica su confianza ciega en el bitcóin y ensalza su decisión de adoptarlo como moneda nacional. Otro tópico. Luego se refiere a la realidad nacional e internacional en términos apocalípticos. Bukele dice librar una lucha a brazo partido contra enemigos muy poderosos por la libertad, la verdad, la prosperidad y “el futuro de la humanidad”.

Los enemigos de Bukele son muchos más y más perversos que los de Putin, el dictador ruso. Este se enfrenta militarmente con Ucrania, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, pero el sátrapa salvadoreño lucha contra casi todos los Gobiernos y las corporaciones del mundo, los bancos y las organizaciones internacionales, los ejércitos, los préstamos, la clasificación crediticia, la industria, el comercio, el suministro de alimentos, el derecho internacional y la propaganda. Los poderes del mundo se habrían confabulado para derribarlo con la mentira, el desprestigio, la destrucción, la censura, la confiscación y las publicaciones.

“Las fuerzas más poderosas del mundo” habrían decidido acabar con él por haberse levantado contra el “sistema mismo”, al colocar en el país “el epicentro de la adopción del bitcóin” y, de esa manera, otorgarle “la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura, la riqueza no confiscable y el fin de los coronadores de reyes […] y [de] la reasignación de la riqueza de las mayorías hacia los intereses privados, las élites, los oligarcas y los poderes en las sombras detrás de ellos, moviendo los hilos”. Lo único cierto es la adopción de la criptomoneda. La censura es práctica cotidiana y la riqueza nacional es explotada sin contemplaciones por los intereses privados, familiares y oligárquicos. Los censores y los corruptos están protegidos por un tupido velo de silencio, de desinformación y de mentira descarada del Gobierno de Nuevas Ideas.

Ni siquiera la invitación a atenerse a los hechos es verídica. Bukele invita a sus detractores bien intencionados del exterior a darse una vuelta para constatar cómo ha transformado el país. Los invita a recorrer las calles engalanadas para ellos —ya que en las otras encontrarán el caos urbano—, a visitar la playa con ruedas —las otras no son atractivas— y los volcanes —que no son obra suya—, a respirar aire puro —que está contaminado, al igual que el agua superficial— y a preguntar por su popularidad —pero solo a sus seguidores, no a los familiares de los desaparecidos ni a los que reclaman justicia y derechos vulnerados—. Bukele invita a recorrer “el país vitrina”, hecho para turistas, no el real, el cotidiano de las mayorías.

No hay razones válidas para temer que el ejemplo libertario de El Salvador de los Bukele sea retomado por otros países. En bastantes prevalecen las mismas tendencias autoritarias, fascistas y militaristas, y la corrupción goza de buena salud. Excepto por la adopción del bitcóin, el país no es modelo ninguno. En el mejor de los casos, se inscribe en una tendencia autocrática y totalitaria. La criptomoneda no libera ni da riqueza. La libertad de unos pocos de ingresos medios y altos descansa en la opresión y el terror de los demás. La bonanza es aún más restringida. Es un privilegio reservado a la familia presidencial, sus paniaguados y algunos capitalistas de siempre, expertos en hacer fortuna al amparo del gobernante de turno. En este ámbito de privilegio, ilegalidad y corrupción, el bitcóin es ideal para mover dinero sucio sin impedimentos. En este sentido, restringido y elitista, la criptomoneda es libertad, fundamentalmente económica y financiera.

El Armagedón de Bukele se disuelve en palabrería. Se reduce al bitcóin. Desde la vida cotidiana de las mayorías, la criptomoneda es muy poca cosa. La confabulación de los poderes para destruirlo es una construcción mental para mostrarse víctima libertaria de la perversidad de aquellos. El mesianismo en construcción no lo impedirán fuerzas poderosísimas, sino algo mucho más profano: la incompetencia, la iliquidez y la corrupción del régimen mismo.

La retórica presidencial eleva la conflagración al plano de lo trascendente. El David salvadoreño lucha contra el Goliat extranjero por la posesión de “la verdad”, uno de los trascendentales de la metafísica y la teología. Es “la verdad” presidencial contra la de sus enemigos, o sea, casi todo el mundo creado. Es insensato pensar que la totalidad está en el error, mientras él, cual nuevo Absoluto aristotélico, está en posesión plena de “la verdad”. Esta peculiar interpretación de la realidad lleva el mesianismo político a límites insospechados.

En cualquier caso, la libertad solo es verdadera si es universal. Ahí donde hay injusticia y opresión, no hay libertad. Ahí donde la mayoría de la población lucha para mal sobrevivir en condiciones muy adversas, tampoco. La libertad solo es real cuando las necesidades básicas de todos están satisfechas y cuando la justicia prevalece siempre.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”.

Emiliano Zapata

El presidente Bukele en su discurso del Día de la Independencia anunció que buscará la reelección presidencial en las elecciones del año 2024, algo que la Constitución de la República prohíbe en, al menos, seis de sus artículos, pero dicho anuncio ya se esperaba dado el comportamiento autoritario de su gestión de gobierno. En términos políticos el anuncio del presidente se puede interpretar como el inicio formal de su régimen dictatorial, caracterizado por ser no democrático, no constitucional y por el uso desmedido de la fuerza policial y la violencia ejercida en las redes sociales contra los que se consideran opositores por pensar distinto.

La gestión del presidente Bukele se considera como no democrática debido a que no respeta el Estado de derecho, concentró y fusionó el poder de los tres órganos de Estado en uno solo y controla la mayoría de instituciones que deberían de hacer contrapeso al ejercicio del poder. Además, ha sido un gobierno no constitucional porque no cumple ni respeta la Constitución y, prácticamente, es el presidente quien actualmente hace y deshace las leyes del país, es decir, que prácticamente el presidente no tiene límites en su ejercicio del poder. Finalmente, el actual gobierno ha utilizado más la fuerza que el diálogo, ya que mantiene en vigencia un régimen de excepción por alrededor de seis meses, viola sistemáticamente los derechos humanos, deja morir a personas inocentes (personas sin vínculos con pandillas) en las cárceles, destruye instituciones gubernamentales, despide a empleados públicos de manera antojadiza y controla totalmente a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada. Son suficientes elementos que caracterizan esta gestión como un régimen dictatorial.

Con el discurso del 15 de septiembre, ya no hay duda de que el presidente escogió el camino oscuro de la concentración y abuso del poder que, a su vez, conduce a la corrupción. Y como sucede en todo régimen dictatorial, la incertidumbre política tomará control de su gestión puesto que la sucesión de su poder dictatorial no está garantizada y las “conjuras de palacio”, como se les llama en la historia política, asomarán a su reinado: rebeliones, golpes de Estado, uso desmedido de la fuerza, represión militar, etc. Quizá por eso de las “conjuras”,en su discurso reciente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bukele expresó lo siguiente: "el vecino rico no tiene autoridad de decir al vecino pobre que regrese al pasado, porque no puede pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes del vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo [el vecino pobre] le está funcionando por primera vez". Algo que sí deben tener claro los que aplaudían y gritaban “reelección” mientras levantaban el brazo derecho empuñado (como fanáticos fascistas) es que las dictaduras, como muestra la historia, no tienen garantizada la continuidad ya que se convierten en gobiernos de facto, es decir, que no están reconocidos oficialmente por alguna norma jurídica.

Lo que acaparó los reflectores alrededor del esperado anuncio de la reelección, fueron las declaraciones del arzobispo de San Salvador que, en conferencia de prensa el pasado 25 de septiembre, dijo: "El hecho es que el pueblo quiere que el presidente se reelija. La Corte también ha dictado una sentencia sobre el tema interpretando la Constitución de forma que se pueda elegir. Inmediatamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que cumpliría la sentencia, que de por sí es una sentencia de obligatorio cumplimiento". Las reacciones no se hicieron esperar, porque las palabras del prelado se entendieron como un apoyo a la pretensión del presidente. Las reacciones, la mayoría, incluyendo la del mismo presidente y sus seguidores, respaldaron al arzobispo, otras, entre las que estuvieron las de feligreses, sacerdotes y obispos, se distanciaron de sus declaraciones. Tanto revuelo generaron sus palabras, que monseñor Escobar Alas emitió una aclaración grabada en video que fue absolutamente infructuosa. La historia enseña que el principal argumento utilizado por las dictaduras, para legitimarse, es que el dictador “representa” la voluntad popular. La postura del arzobispo era innecesaria ya que la propaganda política y la manipulación política -de este gobierno- en la mayoría de medios de comunicación se encarga de reforzar la idea de que es el pueblo el que pide la reelección. El arzobispo pudo dar “voz” a las organizaciones sociales que desfilaron en la calles de San Salvador -el 15 de septiembre-, las cuales exigían justicia y respeto a los derechos humanos; sin embargo, optó por reforzar el principal argumento que utiliza el oficialismo para justificar la reelección.

¿Pero a qué tipo de dictadura se mueve el país?

Es complicado en este momento proponer un tipo de dictadura, pero una primera aproximación es que se trata de una dictadura totalitaria en contraposición a autoritaria Y es totalitaria ya que se basa en el monopolio de los instrumentos coercitivos: policía, ejército, burocracia gubernamental, control de las magistraturas. De igual manera, se fomenta la fascinación de la masas con el dictador y se agrega -poco a poco- el control de los medios de comunicación masiva y la educación; es decir, se observa que la pretensión de la clase política dirigente es hacia un control total de las vidas colectivas y privadas de los ciudadanos. Además, aunque la propaganda política vende a la dictadura como revolucionaria (“un nuevo país, ahora verdaderamente independiente'') en el fondo se trata de un movimiento político conservador del statu quo, principalmente el económico, con la incorporación de una nueva oligarquía que busca una porción del pastel económico. Y finalmente, en cuanto al origen de la dictadura, se trata de una dictadura política (no militar ni burocrática) constituida por una facción política de los partidos tradicionales, oportunista y arribista, con una intensidad ideológica alta de tipo fascista.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 105.

La debilidad de los Gobiernos y su incapacidad de resolver los problemas nacionales ha hecho que en América Latina retornen formas de militarismo. Algunos países más avanzados en el campo del desarrollo, especialmente en el cono sur, han conseguido mantener a los militares en sus cuarteles. Pero en otros, y de un modo muy particular en Centroamérica, los militares han vuelto a tener prestigio después del descrédito a causa de los crímenes cometidos en los años ochenta del siglo pasado y de la corrupción que rodeó a sus altos mandos. El afán de resolver rápido las cosas, el tema de la seguridad y la tendencia al uso de la fuerza cuando las instituciones legales no funcionan contribuyeron a este retorno del militarismo. El Salvador no ha sido la excepción. Ya los Gobiernos previos al actual protegieron a criminales del pasado y, en general, trataron al Ejército con guante de seda. La administración de Nayib Bukele, consciente del creciente rol de la Fuerza Armada en la vida política, ha buscado establecer una alianza más allá de lo que la actual Constitución dispone. “Amor con amor se paga”, afirma el dicho popular. Haciéndolo suyo, la comunicación gubernamental nos dejó ver recientemente al militar ministro de Defensa aplaudiendo con entusiasmo al presidente al este anunciar que se presentará a la reelección.

Tras una inicial apariencia de independencia respecto al Ejército, con la eliminación del nombre de Monterrosa de los muros de la brigada de San Miguel y las promesas —fallidas— a las víctimas de El Mozote, todo ha vuelto a la tendencia de antes. Aunque, por supuesto, revestida con las características de la propaganda del Gobierno actual, capaz de convertir en simulacro de bondad lo que en realidad es abuso de la fuerza. El apoyo preferencial a la Fuerza Armada ha sido evidente en hechos ni correctos, ni, mucho menos, ejemplares. El cierre de archivos militares respecto a la masacre de El Mozote y de otros crímenes del pasado no es nuevo, pero en esta ocasión se llevó a cabo impidiendo con gente armada el derecho de un juez a revisar la documentación militar. La presencia amedrentadora de soldados en la Asamblea cuando el presidente se la tomó por la fuerza visibilizó a un Ejército capaz de saltarse las normas básicas de la democracia. El involucramiento en tareas de seguridad con frecuencia abusivas, tanto durante los días duros de la pandemia como en el semestre que llevamos de régimen de excepción, ha puesto a la Fuerza Armada, aunque de forma limitada de momento, en la dirección de los antiguos esquemas de seguridad nacional que tanto daño causaron en América Latina. El aumento considerable en el presupuesto militar, la pretensión de duplicar el número de efectivos e incluso la idea absurda y fallida del servicio militar obligatorio suenan al mismo tiempo a premio para la Fuerza Armada y a amenaza para la ciudadanía.

El problema es legal y moral. Desde la legalidad, el Ejército tiene funciones muy concretas. Y ciertamente el cuido de la seguridad ciudadana no es una de ellas. La tendencia militar a funcionar con el dualismo amigo-enemigo y a convertir en guerra cualquier acción encomendada para corregir problemas sociales convierte a los ejércitos en mecanismos de contención social muy peligrosos para seguridad de las personas. Desde la moralidad, un Ejército como el nuestro, con una historia de violencia muy trágica y oscura, no es el mejor instrumento para acumular funciones de seguridad. Y más en la medida en que ha sido incapaz, como institución, de reconocer los crímenes cometidos en la guerra civil. El reconocimiento de los errores resulta siempre indispensable para que las instituciones no los repitan. Y cuando los errores no son tales, sino crímenes de lesa humanidad, la petición institucional de perdón se vuelve indispensable. El hecho de que en buena parte de América Latina se esté utilizando a la Fuerza Armada para reforzar poderes civiles con tendencia autoritaria no es bueno para la historia social de nuestros países. Entre nosotros, la democracia necesita crecer en el campo de la legalidad, fortalecerse más desde el respeto a la ley que desde el cultivo de la fuerza.

Por Omar Serrano*

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En este tiempo está de moda recurrir a la voluntad de las mayorías para justificar cualquier medida, incluso aquellas que contradicen las reglas de convivencia nacional expresadas en la Constitución. La frase en latín “vox populi, vox Dei” ha sido repetida para sostener que la voz de la mayoría tiene la razón y es el argumento de fondo del oficialismo. Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos que revelan que las mayorías también se equivocan.

Cuentan que en el siglo XIV, durante la Peste Negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad que se estima que mató a casi la mitad de la población de Europa, una gran mayoría de la gente estaba convencida de que la enfermedad era un castigo divino por sus pecados. La manera de librarse de ese castigo era flagelándose duramente para satisfacer la ira de Dios. Pero al percatarse que los autocastigos no funcionaban, argumentaban que el arrepentimiento no era sincero y que había que flagelarse con más dureza, con mayor brote de sangre a través de latigazos más fuertes. Mucha gente lo hacía en las plazas. Este ejemplo es elocuente, pero hay muchos más que reflejan que la mayoría también yerra. Uno de los más citados es el referendo de Poncio Pilato en el que la mayoría de la población pidió la liberación de Barrabás y no la de Jesús. No por ser mayoría tenían la razón. En el mismo sentido se puede hablar del gran respaldo popular a Hitler. Por otra parte, durante siglos enteros era normal creer que había razas superiores y, por tanto, con el derecho a someter, esclavizar y hasta eliminar a las inferiores. En nombre de esta creencia se sometió a la población negra y a los pueblos originarios de América. Una discriminación muy evidente y lamentablemente vigente hasta nuestros días, es el de la supuesta superioridad natural del hombre sobre la mujer. Además, son incontables los ejemplos en que los pueblos se han equivocado, con mayúscula, al elegir a sus gobernantes. Las mayorías no son infalibles. Y con esto no estamos afirmando que la población decidía algo estando conscientes de que no estaba bien. No, probablemente la mayoría de personas pensaban que estaban actuando bien y que hacían lo correcto. Fue la historia la que demostró después que se equivocaron.

Una lección que nos deja la historia de la humanidad es que los grandes cambios frecuentemente están marcados por la protección de las minorías y por líderes o lideresas que se oponen a las ideas establecidas y aceptadas por las mayorías. Ha sido así porque a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de discriminación contra minorías y contra los más débiles. Así se persiguió, encerró y asesinó a los judíos, así el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, así hoy se sigue discriminando a la mujer, a la población LGBTI+ y a todo aquel o aquella que se atreve a pensar por su cuenta. Afortunadamente, también en la historia hemos tenido a un Nelson Mandela y a un Martin Luther King para luchar por la igualdad de las razas, a un Giordano Bruno, precursor de Galileo Galilei, que descubrió algo que contradecía la creencia de la mayoría. Afortunadamente existen hombres y mujeres valientes y comprometidas que siguen luchando por la equidad de género.

Cuando se recurre a un argumento que la historia ha refutado muchas veces, corremos el riesgo de argumentar con algo falso. Una falacia es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia está en un argumento convincente, el cual parece bien construido, pero al analizarlo detenidamente comprobamos que es mentira. Vox populi vox Dei ha sido, muchas veces, una falacia, es decir, un argumento incorrecto, equivocado en la historia de la humanidad que, lamentablemente, se sigue utilizando.

* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 105.

Rodolfo Cardenal

La negligencia de los escribanos presidenciales es evidente. La mala calidad de sus producciones no deja en buen lugar a su patrón. El argumento central de las dos últimas intervenciones de Bukele, con pocos días de diferencia, es inconsistente. El descuido no es, pues, de detalles, sino sustancial. El discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas giró alrededor de la libertad, una libertad añorada, por la cual “un pueblo unido” lucha. Pero según el discurso del 15 de septiembre, esa libertad es un hecho irrefutable: “Por primera vez tenemos libertad de verdad”. Y no satisfecho, Bukele insistió en dos momentos que “las decisiones valientes que hemos tomado junto al pueblo salvadoreño son las que nos han permitido tener seguridad, libertad y paz”.

La incongruencia tal vez obedezca a que los auditorios eran diferentes. Ante el nacional, Bukele presentó la libertad como un logro personal ya conseguido: “Ahora El Salvador toma sus propias decisiones [...] eso les ha quedado claro a todos”. Y lo celebró con un gran desfile militar, aun cuando el Ejército no ha librado al país de ninguna potencia extranjera y la “guerra contra las pandillas” es una metáfora, porque no hay enfrentamiento ni intercambio de fuego vivo. Ante el auditorio de Naciones Unidas —desierto, por cierto—, Bukele insistió en que la libertad está por llegar. El cambio de perspectiva le dio pie para arremeter contra unos países ricos y poderosos que no le permitirían “escoger hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos lograr”. Así, pues, la libertad adquiere entidad diferente, según el público. Al adquirir entidad diferente, según el auditorio, la libertad es una excusa para ventilar la animadversión contra los críticos.

El discurso recurre a licencias retóricas para dramatizar esa animosidad. El Salvador no es el país más pequeño del continente, ni su pueblo lucha unido lucha contra países ricos y poderosos, ni contra las pandillas. Una simple verificación de la extensión territorial de las naciones americanas desmiente la primera licencia. Tampoco el pueblo lucha unido contra nadie ni Bukele decide junto a él. Los soldados y los policías reprimen, pero, en sentido estricto, no combaten. Y aunque provienen del mismo pueblo contra el que descargan su agresividad, no constituyen todo el pueblo, ni mucho menos. Bukele no decide al lado del pueblo. Al contrario, mantiene su distancia. Los turistas no encontrarán ningún pueblo unido, sino dividido entre quienes viven muy bien y los que la pasan muy mal, entre los que aplauden la represión y los que la sufren injustamente. Una división alimentada por la mentira, el insulto y el odio.

Estas licencias sirven a Bukele para presentarse como víctima de “un grupo de países poderosos, que no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que creen que también son dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos”. Cabe recordar aquí que cuando esos países han explotado y oprimido al pueblo salvadoreño, ha sido siempre con la colaboración activa de fuerzas nacionales, entre las más destacadas, el Ejército, al que él tiene en muy alta estima y consideración.

La libertad que Bukele añora y reclama lo eximiría de la observancia de los derechos humanos y de cualquier otra responsabilidad como el calentamiento global, la persecución del lavado de dinero y la corrupción, o la extradición de criminales. Está convencido de que la mejor forma de gobernar es sin cortapisas de ninguna clase. De ahí que haya solicitado a la comunidad internacional crear “un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio destino”, es decir, “queremos ser amigos, pero no pueden venir a mandar a nuestra casa”. La petición no ha tenido eco. No así las denuncias de la inconstitucionalidad de la reelección. The Economist de esta semana descalifica la reelección como “una gran mentira” de Bukele.

Su comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas no llamó la atención. Las delegaciones dejaron vacío el auditorio. Ni siquiera la presidencia de la sesión estuvo al completo. Los presidentes de Chile y Colombia, con apuestas desafiantes y portadores de grandes expectativas, suscitaron más interés que el mandatario salvadoreño. El vacío de la comunidad internacional no es simple casualidad; es un desaire a El Salvador y a su presidente. El concierto de las naciones le pagó sus desplantes con la misma moneda. La comunidad internacional es más libre y tiene más criterio y olfato político que los likes locales.

La pobreza del discurso presidencial es pasmosa. Deja de lado la grave crisis mundial, no contiene novedades ni aportes valiosos. Repite lo mismo de siempre. El presidente habla de sí mismo y se queja de la incomprensión y la malevolencia de los demás. Tal vez ha llegado el momento de reconocer que la egolatría y la dictadura no son de recibo. El soliloquio sobre la libertad y la victimización cayó en saco roto.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el aniversario de la independencia salvadoreña se marcó un hito histórico en el devenir de los Gobiernos civiles del país: Nayib Bukele anunció que correrá como candidato a la presidencia, en clara afrenta al artículo 152 de la Carta Magna. El anuncio lo realizó durante cadena nacional de radio y televisión, en horario de mayor audiencia y rodeado de su séquito de fieles, provenientes de los todos los órganos del Estado.

La posible reelección de Bukele parte de al menos tres grandes condiciones que han permitido este atrevido acto de inconstitucionalidad. El primero tiene que ver con el contexto político regional; a saber, los triunfos y fracasos de las izquierdas latinoamericanas que pretendían ser la respuesta al desencanto con enquistados partidos de derecha conservadores y capitalistas. Izquierdas que, sin embargo, no lograron dar giros importantes en sus países. Además, el comportamiento de muchos funcionarios de dichos Gobiernos de izquierda se caracterizó por aquello mismo que quisieron erradicar: corrupción, nepotismo, opacidad, manipulación del aparato público y continuidad del capitalismo. El Salvador no fue ajeno a ello. De hecho, el actual mandatario se gestó en la misma izquierda que ahora calla cuando se habla del tema o se escandaliza y trata de romper lazos con su otrora ungido.

La segunda condición, a nivel nacional, radica en el desgaste ciudadano ante las disputas partidistas de la derecha y la izquierda, que no pudieron dar solución a las problemáticas que aquejan a las grandes mayorías desfavorecidas del país. Bukele y sus allegados han sido lo suficientemente estratégicos para capitalizar a su favor ese gran hartazgo ciudadano con la política tradicional. Por último, la tercera condición es el éxito del mandatario en desmantelar y socavar todas las instancias de gobierno que pudieran cuestionar su quehacer, sumado al trabajo realizado para validar jurídicamente la reelección sin cuestionamiento alguno; es decir, eliminar cualquier acceso a la información pública y cooptar la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República.

Vale señalar que también el anuncio del presidente Bukele es posible por la desorganización de los movimientos sociales, los cuales aún no encuentran un rumbo común y de coincidencia. Del surgimiento de una plataforma común e incluyente dependerá que la esperanza de evitar una dictadura se mantenga, sostenga y llegue a buen fin.

* José Alejandro Álvarez Ramírez, docente del Departamento de Economía.