Editoriales y Opiniones

La independencia de Bukele, como todo lo suyo, no tiene parangón en el país ni en la región. La del 15 de septiembre de 1821 palidece ante la desconexión actual del país del mundo exterior. Los movimientos de 1811 y 1814 no llegaron hasta donde él ha conseguido llegar, en poco más de tres años. Aparentemente, El Salvador nunca ha sido tan libre de las potencias imperiales, de los poderes financieros y de los organismos internacionales. En teoría, el país es libre y soberano para decidir su destino por sí mismo, pero siempre mediado por Bukele. El fundamento de está “verdadera independencia” es el aislamiento del entorno regional e internacional. El planteamiento entusiasma a los nacionalismos extremistas y a los populismos radicales.

Entusiasmos y fanatismos aparte, el país depende del dólar, una moneda extranjera, cuya adopción lo dejó sin política monetaria. La criptomoneda, que traería libertades inéditas e impulsaría un sorprendente despegue económico, languidece. La economía nacional —en particular, la sostenibilidad del dólar— depende, en gran medida, de las remesas de la diáspora: sin sus dólares sería imposible salvar el déficit existente entre las importaciones y las exportaciones, y cumplir con los compromisos internacionales. La actividad económica, orientada predominantemente a la exportación, depende de los mercados y los precios internacionales, de las cadenas de abastecimiento y de los derivados del petróleo. El crecimiento económico depende de la inversión extranjera, otro capítulo que sería resuelto por los millonarios de la criptomoneda. Pero, así como vinieron, se fueron sin dejar rastro de los miles de millones de dólares que el régimen aguarda ansioso. Los contratos, tan bien aprovechados por los intermediarios locales para enriquecerse, están vinculados a las transnacionales y al capital extranjero.

El aislamiento, disfrazado de libertad, soberanía e independencia, del que tanto se enorgullecen Bukele y sus socios, repercute directamente en una actividad económica débil, un crecimiento económico lánguido, una inversión externa mínima y mayor flujo de emigrantes. La independencia de Bukele es, pues, poco independiente. Los entusiastas y los extremistas no deben perder de vista que celebran una independencia de desempleados, de hambrientos, de enfermos y de violentados.

Atrincherado tras sus fronteras, el régimen se siente libre para hacer lo que se le antoja, sin preocuparse por lo que dirá la comunidad internacional. Bukele no hace viajes oficiales después de las curiosas visitas a Naciones Unidas, China, Turquía y Qatar. No asiste a las cumbres presidenciales ni a los foros internacionales. Tampoco recibe a los embajadores. Su Casa Presidencial le brinda una comodidad inigualable. Guardado por perdonavidas, evita el fastidio de presentarse como uno más entre sus pares y el apuro de responder a sus interpelaciones. Tal vez piensa que ninguno de ellos contribuirá a hacerlo un gobernante de provecho para su pueblo. Ciertamente, ninguno de ellos tiene paciencia para escuchar su grandilocuente monólogo autoritario. La reclusión, el aislamiento y el empobrecimiento son las notas fundamentales de la “soberanía” de Bukele.

El ejercicio de esa “soberanía” lo priva de aportar en las encrucijadas donde se decide el futuro de la humanidad y de la oportunidad de colocar al país en el concierto de las naciones y acceder a la cooperación internacional. Simultáneamente, se priva de la legitimidad asociada a la presencia y la participación en esos espacios. La única que le queda es la popularidad, con la que justifica la injusticia y la opresión. El precio pagado por un orgullo presidencial que solo se reconoce a sí mismo es alto. Pareciera que el modelo a seguir es el de Corea del Norte, pero sin misiles nucleares.

En unos tiempos tan globalizados como los que corren, ensayar el aislamiento de la comunidad internacional es delirante. Si solo se tratara de un capricho familiar, podría entenderse. Pero las consecuencias devastadoras que el ejercicio de esa “soberanía” tiene para la sociedad, sobre todo, para sus mayorías, hacen de ella un desatino mayúsculo. Invitarlas a “disfrutar” del desfile de las fuerzas militares que las oprimen como su “verdadera independencia” es sarcástico, ofensivo y humillante.

Esa independencia tiene mucho de la dependencia de siempre. El imperialismo del pasado se ha replegado, pero ha adquirido nuevas formas. Una de las más insidiosas es el capitalismo transnacional neoliberal, tan despiadado como aquel. La dictadura oligárquica y militar ha sido sustituida por una nueva elite depredadora y privilegiada, tan corrupta como la de siempre y resguardada por el Ejército, por una policía militarizada y por jueces venales, igual que antes. La dependencia de los mercados internacionales sigue intacta. Las importaciones son ahora mucho más necesarias y voluminosas que en el pasado.

La razón, la honestidad y el sentido común impiden “disfrutar” un desfile, fundamentalmente militar, para celebrar la llamada “verdadera independencia”. La honestidad con la realidad llama a reconocer esas dependencias y a esforzarse para encontrar la manera de sacarles provecho, en beneficio del pueblo salvadoreño, en lugar de encubrirlas con el mismo discurso nacionalista de siempre.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya algunos días inició el proceso para investigar y seleccionar, entre los candidatos que se presentan, al próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Aunque esta elección es de suma importancia para el desarrollo democrático de El Salvador, muy rara vez se ha tomado en serio. Entre los elegidos para el cargo ha habido personas muy dignas, pero también otras marcadas por la corrupción o la ineficacia. Además, en general, la clase política y las instituciones estatales no han sido respetuosas con los informes y recomendaciones de la Procuraduría. En el actual proceso en marcha, los candidatos que han asistido a la comisión parlamentaria responsable de revisar las capacidades personales para el cargo no han dado muestra de siquiera entender en qué consiste la defensa de los derechos humanos, al igual que los diputados que los han interrogado. No importa que la proclamación de los derechos humanos sea considerada un hito en el proceso de desarrollo de la conciencia moral de la humanidad, para los diputados oficialistas la utilidad y conveniencia del poder priva sobre cualquier otro criterio.

En este contexto, es necesario recordar, en primer lugar, que los derechos humanos son patrimonio del pueblo social e individualmente, son universales, es decir, todas las personas pueden reclamarlos y exigir su cumplimiento; y para todas las instituciones del Estado constituyen un deber: están obligadas no solo a respetarlos, sino también a impulsarlos. La simple omisión u olvido de los mismos constituye una falta que puede y debe ser reclamada por los afectados y por toda la ciudadanía partidaria de la convivencia democrática. En circunstancias especiales, algunos derechos básicos pueden restringirse en favor del bien común, pero nunca anularse totalmente. Sin embargo, en El Salvador, ciertos factores históricos y políticos han rebajado la calidad de los derechos de todos.

Los derechos a la educación, a la salud, a un medioambiente sano, al bienestar económico, a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley han enfrentado y enfrentan serias limitaciones e incumplimientos. La irresponsabilidad, incluida la ignorancia culpable de una parte de los jueces, es grande ante tratados, convenciones y protocolos de derechos humanos ratificados por el país y que, por tanto, son parte de la legislación nacional. Por ello, el procurador de derechos humanos no solamente debe defender los derechos concretos de la ciudadanía, sino que debe ser conciencia nacional de las limitaciones en este campo y ejemplo de integridad y apego a la ley para un sistema judicial hasta ahora incapaz de tomarse en serio el derecho convencional. Personas complacientes con los abusos de poder del Estado, nepotistas o gente que cambia de opinión según sea la coyuntura política no sirven para dirigir la Procuraduría. Lamentablemente, los candidatos al cargo solo han atinado a expresar su acuerdo con la normativa reguladora del actual estado de excepción, que es fuente de un amplio número de atropellos y abusos.

A un año de la entrada en vigencia de la ley que hizo del bitcóin moneda de curso legal en el país, ha quedado patente el gran fracaso de esa decisión, que fue rechazada desde un inicio por el 80% de los salvadoreños. A pesar de la propaganda gubernamental, del incondicional apoyo del presidente de la República y del enorme gasto realizado en promover la criptomoneda (más de 200 millones de dólares entre fideicomiso, cajeros, billetera Chivo y saldo de 30 dólares de bienvenida), hoy por hoy, según un sondeo de La Prensa Gráfica, el 78% de los salvadoreños no acepta ni recibe el bitcóin como medio de pago. Pero el estrepitoso fracaso no se debe únicamente al rechazo ciudadano y al despilfarro de recursos públicos que mucha falta hacen para cubrir necesidades básicas de la población. El bitcóin ha causado un grave perjuicio a la nación al cerrarle las puertas de importantes instituciones financieras (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) y disparar su nivel de riesgo, lo que significa que el país no goza de confianza por parte de los inversionistas y que para conseguir financiamiento en el mercado internacional tendrá que pagar tasas de interés elevadísimas. A pesar de ello, el Gobierno sigue empecinado en su solitaria apuesta por el bitcóin y parece no estar dispuesto a derogar la ley respectiva.

Por otra parte, el 8 de septiembre se conmemoró el día internacional dedicado al periodismo, una profesión necesaria y fundamental para que la ciudadanía tenga información confiable de lo que acontece en su país y en el mundo entero. Un oficio que solo es posible realizar a plenitud si se respeta la libertad de expresión, tipificada como un derecho humano. Sin embargo, en el país, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalan desde hace meses el incremento de las amenazas al trabajo periodístico, las cada vez más frecuentes situaciones de acoso o agresión por parte de policías o funcionarios públicos. Este clima de rechazo al trabajo periodístico independiente es un aspecto más de la vocación autoritaria del régimen político actual. Ello debe preocupar a toda la ciudadanía, como preocupa a la comunidad internacional. De hecho, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que El Salvador está experimentando una retroceso en el tema de libertad de expresión y que el número de agresiones a periodistas ha venido en aumento. Así lo afirma el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca: “El Salvador no era parte de los países que más agresiones policiales a periodistas aportaba a las distintas instancias que monitorean y hacen estadísticas regionales, y recientemente lo empezamos a ver. Recibimos muchos reportes sobre agresiones, restricciones y un ambiente hostil para la prensa”.

Y mientras estas cosas suceden, el funcionario que debería velar por la defensa y goce de los derechos humanos guarda silencio o dice no ver graves violaciones a dichos derechos. Paralelamente, en las entrevistas que está realizando la Asamblea Legislativa en el marco del proceso de elegir al nuevo procurador de derechos humanos, no se observa ninguna preocupación en los diputados oficialistas por encontrar a un candidato idóneo, sino más bien lo contrario: descubrir cuál será más dócil y apoyará más decididamente las acciones del Gobierno. Hasta el momento, ninguno de los entrevistados ha mostrado la firmeza e independencia requeridas para cumplir con la delicada función que la Constitución le asigna al procurador de derechos humanos. Muy en su costumbre, los legisladores de Nuevas Ideas se preparan para, entre discursos grandilocuentes desconectados de la realidad, elegir a un funcionario sin capacidad ni vocación de cumplir con lo que la ley le exige.

La mentira descarada es normal en las comparecencias de los funcionarios de Bukele. ¡Qué más pueden hacer para mantener la ficción y el abultado salario y los privilegios de su cargo! Al de obras públicas se le hundió una colonia que en marzo dio por segura y Los Chorros se le derrumban como en los viejos tiempos. Los de la seguridad reiteran sin sonrojo que el país “vive una de las mejores etapas en el tema de derechos humanos” y que “en períodos anteriores no se vivía este clima de seguridad y respeto a los derechos de las personas, incluyendo a los detenidos” por la excepción. A la injusticia se suma el sarcasmo. Estos mensajeros omiten que ese “clima de seguridad” está reservado solo para la quinta parte de la población.

Otro funcionario alega temerariamente que la excepción no responde “al crimen siendo criminal, porque no lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer jamás”. Quizás por eso los certificados de los fallecidos en las prisiones atribuyen las muertes al “edema pulmonar”, aun cuando las huellas de la tortura y la desatención médica son evidentes. El funcionario pretende hacer creíble estas afirmaciones agregando que “trabajan cerca con otras instituciones para ‘respetar’ los derechos de los privados de libertad”. Una colaboración inverosímil con la llamada “justicia colectiva”, que pretende procesar judicialmente a los detenidos no individualmente, como ordena la jurisprudencia, sino en “grupos de delincuentes”, a menos que esas instituciones se hayan desentendido de los derechos humanos. El desparpajo alcanza la sublimidad cuando asegura que “primero renunciamos antes de mandar nuestras fuerzas del orden a ejecutar al que aparentemente ‘es pandillero’”. Así, pues, el funcionario reconoce que “ejecutan” al pandillero, pero no a quien solo lo aparenta.

Otro elemento del gabinete de seguridad parece querer salvar el pellejo delimitando sus responsabilidades. Según este funcionario, no capturan “solo por tener tatuajes”, pues están familiarizados con “los códigos de los tatuajes de todas las pandillas” y “las fuerzas del orden están capacitadas para distinguir entre el tatuaje delictivo y artístico”. En caso de duda, consultan el registro policial. Los testimonios de los familiares de los capturados niegan la existencia de esa finura. Las mismas fuentes policiales son incapaces de identificar la pertenencia a una determinada pandilla de más de la mitad de los capturados. Las redadas son tan antojadizas que ninguno de los municipios con más detenidos se encuentra entre los más violentos de 2020 y aquellos con la mayor cantidad de homicidios no figuran entre los que tienen el mayor número de capturas. El colmo de la incuria es que el líder de una pandilla, entregado por Guatemala en abril, ha vuelto a ser capturado, en el mismo sitio, por las autoridades de aquel país.

El colofón de esta serie de hipocresías lo colocó el presidente de la legislatura para quien “hoy sí hay una verdadera libertad en el país”, ya que, “por primera vez, la gente está sintiendo la libertad y la paz que tanto ha venido demandando desde los Gobiernos anteriores”. La conclusión lógica es, entonces, que existen dos países completamente diferentes: el nuevo, que acapara toda la atención del régimen, y el de siempre, que no amerita ninguna. El primero es el de los polos turísticos costeros con pretensiones de mundo rico, ruedas incluidas. El otro se inunda, se hunde o se derrumba, acumula desechos contaminantes, sus escuelas se desmoronan y las esperas de quienes buscan salud son interminables. El primero acapara la poca inversión disponible, el otro se queda sin nada.

Los habitantes del país de los Bukele gozan de libertad, de tranquilidad y de posibilidades para medrar impunemente. Los habitantes del otro país son delincuentes terroristas, sin oficio ni beneficio y, por definición, peligrosos. Los primeros no solo son buenos, sino totalmente buenos. Todos son honrados, virtuosos, creíbles y competentes, porque todos ellos se encuentran bajo la sombra protectora de los Bukele. Los otros no son solo malos, sino completamente malos. Hagan lo que hagan, siempre son malos. Por eso, están hacinados en las cárceles y sus familiares son maltratados, humillados y desinformados por las llamadas “fuerzas del orden”. La información y la investigación son totalmente innecesarias, porque los seguidores de Bukele son buenos. Argumentar y probar la maldad de los malos está excusado, basta con capturar y, si se ofrece, matar. Criticar el ordenamiento social de los buenos es traición, equivale a consentir la maldad, la perversión y el crimen.

El presidente de Chile planteó una pregunta aún sin respuesta. No conoce personalmente a Bukele, “porque [este] no participa en las cumbres”. Sin embargo, su ausencia “genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?”. Muy probablemente, esta pregunta no tendrá respuesta. Bukele encuentra un refugio mucho más confortable en las encuesta de popularidad. Una confrontación con sus colegas latinoamericanos resultaría insoportable.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Mientras se remozan algunas calles de la capital, se inaugura un parque de diversiones con cinco juegos mecánicos donados por China en el Puerto de la Libertad y se hace público el primer caso de viruela símica, sigilosa pero alarmantemente crece el costo de la vida en el país. La escalada de precios ha obligado a la población a rebuscarse cambiando su dieta alimenticia, disminuyendo las porciones de sus comidas, mudándose a marcas más baratas o hasta dejando de comer un tiempo.

El costo de la canasta básica urbana, según la Digestyc, alcanzó en mayo los $227.39, que son $26.35 más que su costo en mayo del año pasado, que representan un aumento del 13%, el precio más alto que se tiene registrado desde el año 2001. El costo de la vida, que va más allá de la Canasta Básica Ampliada (dos veces el costo de la canasta básica), también se ha disparado. De acuerdo al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) el costo de la vida en El Salvador de hoy supera los $700 mensuales. Quiere decir que el salario mínimo actual del país apenas cubriría la mitad del costo real de la vida. Algunos alegremente aseguran que el país tiene una canasta básica más barata que la de los países vecinos. En algunos casos esto es cierto, sin embargo, lo que no se dice es que en El Salvador la canasta básica solo tiene 22 productos mientras que en Costa Rica, por ejemplo, contiene más de 50. Como ha sido toda la vida, la presente crisis afecta a los más pobres. ¿Cómo hacen las familias que tienen como ingreso un salario mínimo? ¿Y las que se rebuscan en el día a día y no llegan ni a eso? ¿Sobreviven con remesas? En medio de un ambiente de aparente seguridad y tranquilidad que pregonan las autoridades, la gente está pasando hambre. El último informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021” de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave ha aumentado en el país pasando de un 42% entre 2014-2016 a un 46.5% durante el período de 2019-2021. Por su parte, el “Análisis de inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF, El Salvador”, proyectó que para los meses de junio y agosto de 2022, 1,043,661 personas en inseguridad alimentaria necesitan acciones urgentes de parte del Estado salvadoreño, con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, asistencia monetaria y redistribución de activos. Las familias viviendo en pobreza y pobreza extrema han aumentado. No es casual que se estime que 12 mil estudiantes universitarios abandonaron sus carreras este año. No es de extrañar que 300 compatriotas salgan diariamente con rumbo al norte. Que el año escolar 2022 haya comenzado con 100 mil estudiantes menos, probablemente sea, en parte, producto del aumento de la pobreza.

Para colmo, las penurias de miles de familias son “buenas” para los que se aprovechan de la política. En la realidad de sobrevivencia la toma de conciencia social y política se vuelve completamente irrelevante para la gente. Para la mayoría de la población no importa quién gobierne, ni quién sea, ni de dónde venga. Lo que le importa a la gente que solo sobrevive es que le resuelvan sus problemas de subsistencia, de alimentación, seguridad y empleo. Quién sea, su trayectoria, sus intenciones y la manera en que resuelva los problemas, sale sobrando. Si quien llega al poder es un gobierno populista, autoritario o dictatorial, no es importante.

La cuestión de fondo es si quien gobierna resuelve de verdad la realidad de sobrevivencia o no. Si se pone la esperanza en que alguien más lo haga, pero el estómago sigue apretando, el dinero cada vez alcanza menos y no mejora las condiciones de vida, sino todo lo contrario, la esperanza también mudará de lugar y entonces se comprenderá que la esperanza de mejorar era solo un espejismo.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 101.

Recientemente, un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, publicaron un informe sobre violaciones de derechos cometidas entre el 27 de marzo, fecha en la que comenzó el régimen de excepción, y el 31 de julio. El régimen de excepción, que la Constitución prohíbe que dure más de 30 días, se ha convertido en normalidad de arbitrariedades y abusos. Los defensores de derechos humanos registran 3,186 denuncias concretas, en su gran mayoría contra la PNC. Si bien en muchas democracias la Policía es acusada de violaciones a derechos básicos, los números en El Salvador exceden por mucho lo que podría considerarse como contingencias normales del actuar policial. La repetición no solo de denuncias, sino de procedimientos reñidos con los derechos humanos y con los convenios internacionales ratificados por El Salvador lleva a la convicción de que se vive una situación en la que el autoritarismo y el abuso gubernamental se han convertido en la única ley vigente en el país.

En general, con sus más y sus menos a lo largo de su relativamente breve existencia, la PNC no ha destacado por capacidad de investigación del delito ni por respeto a los derechos humanos. La presencia de agentes en activo en casi todos los grupos de exterminio que se ha logrado desarticular es clara muestra de una cultura institucional de irrespeto a las protecciones y garantías legales de los ciudadanos. Ha agravado la situación la permanencia en el mando de miembros de las tres primeras promociones de oficiales, muchas veces enfrentados entre sí por sus diferentes relaciones y procedencia política. A algunos se les ha perdonado conductas y faltas que debieron haberles apartado de todo puesto de responsabilidad; a otros, según la conveniencia política, se les ha abierto casos de forma amañada.

La ausencia de convicciones y de cultura democrática, la falta de exigencia y de supervisión adecuada de respeto a los derechos humanos, y la prolongada permanencia en el mando de oficiales estrechamente ligados a un pasado muy poco civil han contribuido a la existencia de una Policía de bajo perfil profesional e inclinada al uso de la fuerza bruta. El régimen de excepción continuado, amparado por una Fiscalía politizada y por un sistema judicial obediente y no deliberante, se ha convertido en manos de la PNC en una oportunidad para dejar salir lo peor de su cultura. Por supuesto, no todos los miembros de la corporación participan en eso, pero los datos permiten afirmar que el actual liderazgo policial impulsa modos de proceder reñidos con los derechos humanos. Y no está solo.

En los funcionarios del Gobierno de Bukele predomina el discurso hostil tanto a los defensores de derechos como a los procedimientos que defienden la dignidad humana. En el largo plazo, ello fortalece el arraigo de la cultura de la violencia y la arbitrariedad. Los esfuerzos generados en diferentes momentos históricos en favor del Estado de derecho y la cultura democrática, así como el diálogo previo y posterior a los Acuerdos de Paz, han quedado en la diana de los ataques gubernamentales. Aunque en la institucionalidad estatal, incluida la PNC, hay personas no solo conscientes del valor imprescindible de los derechos humanos, sino también críticas frente a los abusos de poder, el miedo ha creado una fuerte tendencia al silencio y a la parálisis de acciones coherentes con la legalidad. Como institución heredera de los Acuerdos de Paz, la Policía debe rectificar su actual modo de proceder. De lo contrario, habrá razón para decir, a la luz del discurso presidencial, que es fruto de un permanente pacto de corruptos.

Editorial UCA

La vida no es ni ha sido fácil para la mayoría del pueblo salvadoreño. A lo largo de la historia nacional ha habido algunas épocas de bonanza y tranquilidad, pero han sido muy pocas y cortas. Fuera de un pequeño grupo que vive en la abundancia, que ha sido favorecido por los poderes de turno y por un sistema económico que privilegia el capital sobre el trabajo, al oportunismo sobre la honradez y la dedicación, la mayoría lucha contra viento y marea para sobrevivir y salir adelante. Y en la actualidad, la conjunción de diversas circunstancias ha creado un ambiente aún más difícil y hostil que está perjudicando de diversas maneras a muchos hogares.

Aunque el alto incremento del costo de la vida golpea a la población en general, pone en especial aprieto al segmento de menores ingresos, limitando su capacidad adquisitiva, ya de por sí muy ajustada. Para ellos, las deudas crecen y no hay modo de equilibrar las finanzas domésticas. Miles de hogares han visto disminuir sus ingresos en estos últimos años a causa de la pandemia, ya sea por la muerte de la jefa o jefe de familia, o por la pérdida del empleo de uno de sus miembros, o por el cierre del pequeño negocio que garantizaba el sustento familiar. Otros son asesinados o detenidos en el camino hacia el norte. Según las estadísticas, en el último año, cerca de 14 mil personas han pasado a engrosar el sector en condiciones de pobreza.

Por otro lado, miles que antes estaban expuestos a los embates de la violencia pandilleril ahora sufren detención arbitraria en el marco del estado de excepción, el cual ha cambiado el principio de inocencia (toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario) por el principio de culpabilidad (todos son culpables mientras no se compruebe su inocencia). Además, cualquier ciudadano que levanta la voz para disentir de la versión oficial de la realidad se arriesga a ser perseguido por un régimen intransigente y antidemocrático, con vocación autoritaria, que ha destruido el Estado de derecho y ha dejado al pueblo salvadoreño sin posibilidad de defensa ni de justicia independiente, pronta y cumplida.

Es posible que algunos encuentren en estas palabras un dramatismo exagerado o las vean como propias de aves de mal agüero. Con seguridad, la mayor parte de quienes así piensan tienen la fortuna de no sufrir violencia o privación alguna; sin duda forman parte del 20% que goza de una vida segura y acomodada. Sin embargo, más allá de las burbujas de privilegio, no es fácil mantener la esperanza y la fe ante tantas dificultades y calamidades, pero ambas son fundamentales para salir adelante. Es preciso tener fe en que esta situación será superada, así como se superaron en el pasado otras igual de duras. Las crisis pueden aplastar a un pueblo o empujarlo a sacar lo mejor de sí mismo. Hasta hoy, El Salvador se ha caracterizado por lo segundo.

Nuestra gente ha encontrado siempre la fuerza para salir adelante, con su esfuerzo diario, con su honestidad, con su solidaridad. Esta capacidad de resistir ante las dificultades y las frustraciones mostrada por generaciones previas debe ser hoy imitada para superar los obstáculos que nos impiden vivir con tranquilidad, dignidad y libertad. No es momento de desesperar. Todo aquel que ama a El Salvador y su gente debe perseverar, dejar a un lado los pretextos y excusas, y tener la confianza de que el bien siempre acaba triunfando sobre el mal. No hay que desesperar.

La apuesta más reciente del régimen de Bukele es la unión centroamericana. El anuncio del interés unionista llega a través del vicepresidente. En teoría, la propuesta es de gran trascendencia para el país y la región. Aparentemente, se propone hacer realidad un proyecto que desde la federación de la década de 1820 ha sido intentado en repetidas ocasiones con idéntico resultado adverso. Fuerzas centrífugas de diversa naturaleza lo han hecho imposible. El intento más duradero y provechoso fue el mercado común de la década de 1960. Curiosamente, el componente que se integró más eficazmente fue el militar. El Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana aspiran a ser los preludios de un proyecto sin visión y voluntad políticas.

Al parecer, Bukele, según su vicepresidente, desea transformar el actual Sistema de Integración Centroamericana en una unión regional similar a la Unión Europa, incluido el actual Parlamento Centroamericano, que se convertiría en una legislatura vinculante para todas las partes. Se trataría, por tanto, de remplazar la costosa instancia burocrática actual por una supranacional que articularía a los poderes del Estado, en todos los ámbitos de la vida nacional, de los cincos países centroamericanos, más Belice, Panamá y República Dominicana. El trasfondo de la iniciativa es la manía de Bukele de refundar o modificar lo que encuentra en su camino, a veces sin hacer mayor diferencia que cambiar el nombre. En este caso, se trata del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que, según el vicepresidente, “requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo”.

La nueva de propuesta de integración regional es tan novedosa como inviable. Ninguno de los países centroamericanos está dispuesto a renunciar a su soberanía para conformar una instancia gubernativa suprarregional vinculante. El Salvador menos que los otros. Ciertamente, la revisión y actualización del Protocolo de Tegucigalpa es conveniente. Pero un régimen que repudia constantemente a la comunidad internacional y su normativa, porque alega tener derecho a decidir su destino por sí mismo, no parece tener vocación regional. En un régimen de unidad regional como el propuesto, la legislatura y el sistema judicial no estarían a merced de la voluntad de Bukele; tendría que negociar con los representantes de los otros socios potenciales de la unión. Las decisiones legislativas no podrían contradecir la regional y las acciones judiciales estarían sometidas a la revisión de las instancias regionales, cuya sentencia sería inapelable. El argumento de la popularidad para justificar el autoritarismo, la militarización y la violación de los derechos humanos caería en la obsolescencia.

¿Aceptaría Bukele una disposición regional que suprimiera la excepción, la tortura y la negación de los derechos procesales de los detenidos? ¿Renunciaría a lo que ha dado en llamar “justicia colectiva” (evacuar, arbitraria e ilegalmente, los procesos judiciales de las decenas de miles de detenidos)? ¿Investigaría los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad y sus carceleros, y la corrupción? ¿Acataría las sentencias de un órgano de justicia suprarregional, derivadas de una apelación, por ejemplo, en el caso de El Mozote o de las otras masacres, incluida la de la UCA? ¿Paralizaría los proyectos que aumentan el riesgo medioambiental? ¿Abandonaría el bitcóin para salvaguardar la estabilidad financiera y fiscal de la región? ¿O piensa tal vez que las contrapartes de la unión regional acatarán sus dictados?

Los otros dos miembros del Triángulo Norte tampoco están dispuestos a someter sus decisiones a la supervisión de instancias suprarregionales. Nicaragua no solo se ha alejado de las otras cuatro naciones centroamericanas, sino también de la comunidad internacional. Costa Rica siempre se ha mostrado cautelosa ante estas iniciativas. En parte, porque se considera superior a sus contrapartes; en parte, porque sospecha de las intenciones de sus vecinos. Un acuerdo político tan sencillo como el CA-4, que facilitaba la circulación entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, duró poco. La falta de voluntad política y el concepto decimonónico de soberanía dieron al traste con la apertura de las fronteras. Mucho más difícil será llegar a acuerdos sobre temas tan complejos como la uniformidad fiscal y arancelaria, de la cual se ha hablado bastante, pero sin concretar. Belice y Panamá, aunque ubicadas en la misma región, tienen una historia y una realidad muy diferente a las de sus contrapartes. Ya no se diga República Dominicana.

La meta es ambiciosa, pero los intereses y la miopía política la vuelven inalcanzable. Mucho tiene que cambiar y muy velozmente para alcanzar acuerdos sustantivos en 2024, tal como desea el vicepresidente. Un presidente con vocación centroamericana habría mostrado un claro interés regional y se habría acercado a sus colegas para trabajar con ellos el plan. Un anuncio de trascendencia regional debe ser hecho regionalmente, no en solitario por un funcionario que no sabe bien de qué habla. El vicepresidente expresa más deseos que posibilidades reales. Quizás solo le encargaron lanzar otro globo distractor.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La apuesta más reciente del régimen de Bukele es la unión centroamericana. El anuncio del interés unionista llega a través del vicepresidente. En teoría, la propuesta es de gran trascendencia para el país y la región. Aparentemente, se propone hacer realidad un proyecto que desde la federación de la década de 1820 ha sido intentado en repetidas ocasiones con idéntico resultado adverso. Fuerzas centrífugas de diversa naturaleza lo han hecho imposible. El intento más duradero y provechoso fue el mercado común de la década de 1960. Curiosamente, el componente que se integró más eficazmente fue el militar. El Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana aspiran a ser los preludios de un proyecto sin visión y voluntad políticas.

Al parecer, Bukele, según su vicepresidente, desea transformar el actual Sistema de Integración Centroamericana en una unión regional similar a la Unión Europa, incluido el actual Parlamento Centroamericano, que se convertiría en una legislatura vinculante para todas las partes. Se trataría, por tanto, de remplazar la costosa instancia burocrática actual por una supranacional que articularía a los poderes del Estado, en todos los ámbitos de la vida nacional, de los cincos países centroamericanos, más Belice, Panamá y República Dominicana. El trasfondo de la iniciativa es la manía de Bukele de refundar o modificar lo que encuentra en su camino, a veces sin hacer mayor diferencia que cambiar el nombre. En este caso, se trata del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que, según el vicepresidente, “requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo”.

La nueva de propuesta de integración regional es tan novedosa como inviable. Ninguno de los países centroamericanos está dispuesto a renunciar a su soberanía para conformar una instancia gubernativa suprarregional vinculante. El Salvador menos que los otros. Ciertamente, la revisión y actualización del Protocolo de Tegucigalpa es conveniente. Pero un régimen que repudia constantemente a la comunidad internacional y su normativa, porque alega tener derecho a decidir su destino por sí mismo, no parece tener vocación regional. En un régimen de unidad regional como el propuesto, la legislatura y el sistema judicial no estarían a merced de la voluntad de Bukele; tendría que negociar con los representantes de los otros socios potenciales de la unión. Las decisiones legislativas no podrían contradecir la regional y las acciones judiciales estarían sometidas a la revisión de las instancias regionales, cuya sentencia sería inapelable. El argumento de la popularidad para justificar el autoritarismo, la militarización y la violación de los derechos humanos caería en la obsolescencia.

¿Aceptaría Bukele una disposición regional que suprimiera la excepción, la tortura y la negación de los derechos procesales de los detenidos? ¿Renunciaría a lo que ha dado en llamar “justicia colectiva” (evacuar, arbitraria e ilegalmente, los procesos judiciales de las decenas de miles de detenidos)? ¿Investigaría los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad y sus carceleros, y la corrupción? ¿Acataría las sentencias de un órgano de justicia suprarregional, derivadas de una apelación, por ejemplo, en el caso de El Mozote o de las otras masacres, incluida la de la UCA? ¿Paralizaría los proyectos que aumentan el riesgo medioambiental? ¿Abandonaría el bitcóin para salvaguardar la estabilidad financiera y fiscal de la región? ¿O piensa tal vez que las contrapartes de la unión regional acatarán sus dictados?

Los otros dos miembros del Triángulo Norte tampoco están dispuestos a someter sus decisiones a la supervisión de instancias suprarregionales. Nicaragua no solo se ha alejado de las otras cuatro naciones centroamericanas, sino también de la comunidad internacional. Costa Rica siempre se ha mostrado cautelosa ante estas iniciativas. En parte, porque se considera superior a sus contrapartes; en parte, porque sospecha de las intenciones de sus vecinos. Un acuerdo político tan sencillo como el CA-4, que facilitaba la circulación entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, duró poco. La falta de voluntad política y el concepto decimonónico de soberanía dieron al traste con la apertura de las fronteras. Mucho más difícil será llegar a acuerdos sobre temas tan complejos como la uniformidad fiscal y arancelaria, de la cual se ha hablado bastante, pero sin concretar. Belice y Panamá, aunque ubicadas en la misma región, tienen una historia y una realidad muy diferente a las de sus contrapartes. Ya no se diga República Dominicana.

La meta es ambiciosa, pero los intereses y la miopía política la vuelven inalcanzable. Mucho tiene que cambiar y muy velozmente para alcanzar acuerdos sustantivos en 2024, tal como desea el vicepresidente. Un presidente con vocación centroamericana habría mostrado un claro interés regional y se habría acercado a sus colegas para trabajar con ellos el plan. Un anuncio de trascendencia regional debe ser hecho regionalmente, no en solitario por un funcionario que no sabe bien de qué habla. El vicepresidente expresa más deseos que posibilidades reales. Quizás solo le encargaron lanzar otro globo distractor.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Mientras medios y personalidades gubernamentales atacan a las instituciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, la procuraduría del ramo tiende a presentar un situación positiva. El lenguaje, los comunicados sobre las cárceles y las distinciones a funcionarios públicos durante una supuesta “cumbre” de defensores “oficiales” de derechos humanos insisten en el buen funcionamiento del respeto a los derechos de las personas, incluidos los de las personas privadas de libertad arbitrariamente. Este tipo de farsa publicitaria puede ser entendida dentro del deseo del actual procurador de derechos humanos de ser reelegido, pero, en realidad, se convierte en un alineamiento con el odio y rechazo a los derechos humanos que medio y agentes afines al Gobierno expresan con frecuencia. Incluso el Ejército, que presume de recibir constantes charlas y formación sobre derechos humanos, manifiesta su desprecio hacia la sociedad civil defensora de dichos derechos. Para ello basta escuchar las declaraciones del ministro de defensa insistiendo en que las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil son “a conveniencia de ellas”, ya que “si no tienen qué señalar pierden su trabajo”.

En paralelo a la celebración de la supuesta “cumbre”, las autoridades gubernamentales hablaban de “flagrancia permanente” de todos aquellos que pertenecen o han pertenecido a las maras. Una barbaridad jurídica que en la práctica se convertiría en cadena perpetua, contradiciendo el artículo 27 de la Constitución de la República. La suspensión de la temporalidad de los procesos penales, supeditándola “a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme", se convertirá, como en el pasado, en fuente permanente de injusticia para numerosos procesados, cuya condena o absolución no tendrá fecha de resolución y dependerá de la pereza de los jueces o de la voluntad política de la que dependen muchos juzgadores. Escuchar al ministro Villatoro diciendo que están llevando a cabo una “justicia colectiva” o “justicia comunitaria” nos convence de la poca profesionalidad y el escaso conocimiento del derecho de este funcionario. Hablar, como lo hace el ministro, de “pseudosalvadoreños” solo recuerda al fatídico Roberto D’Abuisson, que distinguía entre el “verdadero pueblo salvadoreño” y los falsos salvadoreños, dignos de cualquier castigo, por brutal que fuera. El premio dado al ministro tras ese tipo de discurso no habla bien de la calidad del procurador.

La cereza del pastel de la “justicia comunitaria” parece querer ponerla el vicepresidente de la República afirmando que el 80% de los pastores evangélicos están vinculados a las pandillas. Dado el gusto de los funcionarios gubernamentales por las condenas generales, las declaraciones del vicepresidente podrían parecer normales. Pero la ignorancia, el atrevimiento y la irresponsabilidad demostrada en ese modo de expresarse no puede pasarse por alto. Es evidente que los pastores evangélicos en su conjunto han hecho más en favor de El Salvador y de los valores cívicos de la ciudadanía que los presuntuosos análisis y las sospechas vicepresidenciales. Denigrar y atacar de ese modo a servidores de la Palabra de Dios que sistemáticamente han defendido valores morales y espirituales muestra la baja calidad de un régimen empeñado en descalificar a cualquier persona con conciencia crítica. El Gobierno necesita urgentemente dialogar con la sociedad civil, abandonar la pose de ser los propietarios absolutos de la verdad y reconocer que, aunque de diferentes maneras, todos los que tienen posiciones divergentes respecto a las políticas actuales de seguridad desean también lo mejor para El Salvador. De lo contrario, las “cumbres” de derechos humanos solo servirán para demostrar que el Gobierno de Nayib Bukele tiene una deficiencia grave en ese campo.