Editoriales y Opiniones

De acuerdo con la encuesta de opinión pública más reciente del Iudop, el 43.8% de los salvadoreños considera que la economía es el principal problema que enfrenta el país. Lo anterior es coherente con los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2021, que señala que los hogares en pobreza extrema pasaron de representar el 4.5% en 2019 al 7.8% en 2021. La situación se agrava en la zona rural. En el mismo período, los hogares en pobreza extrema pasaron de 5.2% a 10.4%. Si bien la crisis inflacionaria global impacta directamente en los indicadores de pobreza (a través de los incrementos de los precios de la canasta básica alimentaria), los mayores niveles de inflación se han registrado en el año 2022, por lo que su efecto todavía está por observarse.

Aunque existen factores estructurales y externos que contribuyen a explicar la delicada situación económica de El Salvador, el manejo propagandístico y poco transparente de la pandemia cargan con una cuota importante de responsabilidad. En una reciente investigación periodística de El Faro se señalan indicios de corrupción en la adquisición de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno de Bukele. De acuerdo con la publicación, el extinto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía investigaba irregularidades en la asignación de 10 contratos para la entrega de los artículos incluidos en los paquetes alimentarios. Lo anterior se suma a una previa investigación del periódico digital en el que se señala a Osiris Luna de vender 42 mil sacos de alimentos del programa de emergencia.

Lo anterior no es únicamente reprochable en términos legales y éticos, también es cuestionable por su impacto económico. Ante la caída de remesas y exportaciones que sufrió El Salvador durante los primeros meses de 2020, la economía salvadoreña se vio urgida del ingreso de dólares desde el exterior para contar con recursos que permitieran seguir operando internamente e importando bienes y servicios. Parte de estos recursos se obtuvieron a través de los $2,000 millones de deuda pública aprobada en 2020 para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por Covid-19. El Fondo sirvió también para financiar las canastas alimentarias entregadas a la población. En ese momento, lo recomendable era —en la medida de lo posible— producir internamente los bienes entregados en la canasta alimentaria. De esta manera, se pudo haber disminuido la salida de dólares, dinamizado la economía interna y reducido la necesidad de endeudamiento externo. Sin embargo, como señala la investigación de El Faro, muchos de los bienes entregados en la canasta se importaron.

El valor de las importaciones de algunos de los bienes de la canasta se incrementó sustancialmente en 2020 (año de crisis) en contraste con 2019. Por ejemplo, la importación de pastas pasó de $11.4 millones en 2019 a $27 millones en 2020; la de harinas de cereales, de $8.2 millones a $19.8 millones; la de la partida SAC 1901 que incluye la leche en polvo, de $57.4 millones a $85.5 millones; la de la partida SAC 1604 que incluye el atún, de $10 millones a $26.2 millones.

En el agregado, el déficit comercial pasó del 16% del PIB en 2019 al 18% en 2020 y al 25% en 2021. Es importante señalar que algunas importaciones eran ineludibles entre 2020 y 2021. En 2021, por ejemplo, se importaron $158 millones en vacunas, de los cuales $43 millones provenían de Estados Unidos y $94 millones de China. En ese sentido, no se critica la entrega de la canasta alimentaria o la adquisición de vacunas, sino la falta de transparencia y planificación que, lejos de contribuir a dinamizar la economía interna, han agravado la dependencia de importaciones.

Un mayor déficit comercial implica un mayor deterioro de la producción interna y una mayor necesidad de entrada de dólares a través de remesas y de endeudamiento externo. Esto se da en un contexto en el que las remesas podrían desacelerase ante el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y en el que el Gobierno de El Salvador ha encontrado dificultades para colocar nueva deuda pública. En ese sentido, en los próximos años la economía salvadoreña podría enfrentar dificultades para cubrir su necesidad de flujo de dólares, lo que en la práctica se observaría como una reducción del consumo privado y público, que a su vez podría incrementar el desempleo o la informalidad. A pesar de este escenario poco alentador, la medida económica más publicitada del Gobierno sigue siendo la introducción del bitcóin (o colón-dólar), que de ninguna manera parece resolver los problemas descritos.

“El dinero alcanza cuando nadie roba”, repetía Bukele cuando era candidato. La afirmación es falsa. Como muestra nuestra delicada situación económica, sin modificaciones estructurales al funcionamiento del modelo económico, el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Por supuesto, la situación se agrava ante la corrupción, la falta de transparencia, el nepotismo y el manejo propagandístico en la toma de decisiones de política económica. La administración de Bukele no parece interesada ni en modificar el modelo ni en eliminar estas prácticas.

* Armando Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía.

Desde el martes 23 de agosto se está celebrando en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. Se ha partido del hecho incontestable de que el agua en general, y en particular la destinada al consumo humano, “está bajo una presión sin precedentes debido al rápido aumento de las temperaturas”. La preocupación sobre la situación del agua es cada vez mayor. Fuentes del Banco Mundial afirmaron recientemente que una de cada cuatro personas vive en zonas del planeta donde no hay suficiente agua. Nuestro país, encandilado con promesas de bienestar y desarrollo, parece ajeno en el terreno gubernamental y legislativo a esa preocupación.

A pesar de que El Salvador tiene una pluviosidad anual mayor a la de muchos países desarrollados, el servicio de agua adolece de serios fallos en términos de calidad y acceso. Se privilegia el uso industrial sobre el derecho de las personas. Además, por la proliferación de proyectos residenciales orientados al 20% de la población que goza de mejores condiciones económicas, se tiende a convertir el acceso al agua de calidad en un servicio cada vez más exclusivo para quienes gozan de ingresos altos. La explotación irresponsable de acuíferos y la destrucción de yacimientos y zonas de recarga hídrica por la construcción de residenciales privilegiadas y centros comerciales se han convertido en prácticas habituales. El desinterés por cuidar los ríos, repoblar forestalmente los cerros y valles, y proteger los acuíferos subterráneos pintan un panorama pesimista sobre el futuro inmediato.

Para colmo de males, en el país, las consecuencias del cambio climático no son tenidos en cuenta. Los científicos que estudian con seriedad la problemática advierten que los efectos del fenómeno serán más duros en las zonas tropicales. Pero la ciencia no parece llegar a la conciencia del Gobierno. Desde el Estado no se trabaja la prevención, estudio y planificación de respuestas adecuadas a un futuro asolado por sequías más largas e inundaciones más violentas y destructivas. Los próximos años serán clave para la protección y cuido del agua. Ya se ha desaprovechado la oportunidad de legislar adecuadamente al respecto. En la medida en que no se cuide el agua, las enfermedades gastrointestinales y renales continuarán golpeando a amplios sectores de la población e impidiendo alcanzar las metas de desarrollo recomendadas por las Naciones Unidas.

La vida en el país estará cada día más en riesgo si desde el Estado no se toma la decisión de cuidar y proteger el agua en serio, tanto de la contaminación como del abuso de empresas que la entienden solo como un bien económico de acceso fácil. Algunas naciones con una precipitación pluvial semejante a la nuestra tienen planes y proyectos para implementar la gratuidad del agua para consumo humano y saneamiento. En esa línea, la explotación comercial del líquido (sea para riego o para elaboración de bebidas embotelladas, por ejemplo) debe aportar impuestos o recursos que garanticen el acceso universal al agua potable y para el saneamiento de las viviendas. Un país como el nuestro, con tantas carencias y necesidades, no puede darse el lujo de seguir distraído en pirotecnias y castillos de arena, ignorando la crisis hídrica inminente.

La historia de El Salvador ha estado marcada por la ausencia de paz y las consecuentes inseguridad y violencia. Desde formas de violencia muy visibles, como la ejercida por el Estado para reprimir a los ciudadanos en defensa de los intereses de diversos grupos de poder antes y durante la guerra civil, y la que las pandillas aplican en los territorios que dominan, hasta otras más sutiles y no tan evidentes, como la violencia estructural, que ha mantenido el status quo de una sociedad fundada en la injusticia y la desigualdad, condenando a la pobreza a la mitad de su gente.

En el último lustro, la población salvadoreña ha manifestado constantemente que la violencia, la inseguridad y la criminalidad constituyen uno de los principales problemas del país, junto al desempleo, la economía y el alto costo de la vida. Los largos años de inseguridad y de violencia en las calles, en los barrios y en el transporte colectivo; las muchas vidas destruidas por el crimen; las tantas ilusiones y sueños frustrados han hecho que vivir en el país sea una especie de infierno para una importante parte de los salvadoreños. Demasiados de ellos, además de sufrir diversas carencias, han tenido que soportar una violencia, tanto estructural como criminal, que les ha empobrecido aún más, les ha obligado a abandonar sus hogares y los ha estigmatizado por habitar en lugares con presencia de pandillas.

No es de extrañar que ante esta situación se acepte sin mayor reparo la imposición de un estado de excepción que, según las autoridades, permitiría perseguir y erradicar a los grupos delincuenciales, y poner fin de una vez por todas a la violencia, devolviendo la seguridad a la población, aunque ello suponga la limitación de los derechos constitucionales. Pero no hay que llamarse a engaño: por ese camino no se logrará la paz y la seguridad anheladas. En su encíclica Paz en la tierra, el papa Juan XXIII afirma que la paz verdadera solo es posible si se “funda en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. No habrá paz, pues, mientras se violen los derechos a la vida, a la integridad personal, a disponer de los medios necesarios para vivir con dignidad. No habrá paz sin el debido respeto a las personas, sin posibilidad de acceder a la verdad, sin derecho a manifestarse y expresar opiniones libremente, sin acceso a la información de los asuntos públicos. No habrá paz si no se facilita a toda persona la posibilidad de trabajar y recibir un salario justo, si se anula el derecho a legítima defensa, si la justicia avala arbitrariedades y abusos.

Basta analizar la realidad que vive gran parte de la sociedad salvadoreña para concluir que el país está lejos de tener aquello que el papa Juan XXIII señalaba como necesario para lograr la paz. Más bien, en cuestión de derechos humanos y calidad de vida se han dado retrocesos significativos en los últimos años. Retrocesos que, al darle nuevas alas a la violencia estructural, están sentando las bases para la profundización de la inseguridad y el fortalecimiento de la cultura de la violencia.

Por Rodolfo Cardenal, S.J.

El proyecto de Constitución del vicepresidente promete un nuevo Estado “democrático” y “moderno”, “un modelo político” de larga duración. Según su patrocinador, es tan novedoso que Bukele lo adoptará como “programa de gobierno”. Asume, pues, el vicepresidente que este se reelegirá. Pero el proyecto conserva “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia”. Otra contradicción es que una nueva Constitución ya fue descartada por el presidente de la legislatura, es decir, por el mismo Bukele, a quien la Corte Suprema ya dio vía libre para reelegirse. El “empoderamiento” ciudadano mediante “el referéndum y la consulta revocatoria del mandato”, dos joyas para el vicepresidente, carece de valor en un régimen que desconoce la institucionalidad democrática.

El compromiso democrático del vicepresidente tampoco es creíble. Criminaliza a la prensa por utilizar fuentes que ponen en evidencia las conspiraciones del Ejecutivo. Desvaloriza la negociación con las pandillas con la falsa distinción entre acción personal y acción estatal. El funcionario que negocia acuerdos con las pandillas actúa a título personal, porque “eso sigue sin ser una política de Estado”. Tampoco lo es sacar del país a uno de los líderes de las maras reclamado por Washington. Cuando le preguntan si investigan las actividades de este funcionario que actúa por su cuenta, alega que eso “está fuera de mi campo de acción. Es el gobierno que debe decidir eso”. O sea, el vicepresidente no forma parte de la administración del Estado.

La arbitrariedad de la excepción vuelve a ser motivo de tropiezo. El vicepresidente no solo reitera la existencia de “víctimas inocentes y daños colaterales”, sino también abunda con otra frase trillada: “La gente se ve afectada porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Una afirmación inaceptable en un constitucionalista, ya que legitima la ilegalidad. Pero, esa, según él, “no es una política de Estado”. Y, otra vez, se embrolla, ya que, justamente antes, afirmó que “la política de Estado es proteger a la población”. La confusión deriva en mentira. Es materialmente imposible que “más del 95% de las capturas” de los más de 40 mil detenidos hayan sido “validadas por los jueces”. La masividad de las audiencias impide que los fiscales, los defensores y los jueces valoren la prueba contra los detenidos. Los fiscales y los jueces simplemente ratifican la acción policial y militar.

No satisfecho, el vicepresidente arremete contra los pastores evangélicos, uno de los sectores sociales que más ha hecho para rescatar y reintegrar a los pandilleros en la comunidad, algo que no figura en la agenda gubernamental. El esfuerzo de los pastores, según la jurisprudencia vicepresidencial, los convierte en criminales, al igual que el periodista que utilizó una fuente de las pandillas. Pero no al funcionario presidencial mencionado en los audios. La obcecación ciega. En lugar de atender al contenido de los audios, ataca al mensajero; y en vez de apreciar el bien que hacen los pastores, los acusa de criminales y terroristas. El contacto con los pandilleros, en sí mismo, incrimina. Sin embargo, la intolerancia vicepresidencial pone de manifiesto el fuerte arraigo social de las pandillas, la imposibilidad de acabar con ellas con la violencia y el terror, y el abismo que separa al régimen de Bukele de la realidad popular. Sin pretenderlo, el vicepresidente dice más de lo que quisiera.

La guerra que el régimen dice estar ganando a las pandillas es una muy peculiar, porque su enemigo está fundamentalmente desarmado y, en consecuencia, su capacidad de fuego es muy limitada. La cantidad de armas capturadas es ridícula en comparación con la cantidad de detenidos por Bukele. Este dato confirma que el desafío no es fundamentalmente militar, sino social, económico y cultural. Pese a ello, aquel persiste en gastar millones de dólares en armamento y equipo de guerra. Dado el carácter del enfrentamiento, esas adquisiciones tienen una finalidad muy distinta a la atribuida por el régimen. En ningún caso constituyen, como alegan los militares, “una necesidad básica e indispensable”.

Las bondades jurídicas, sociales y políticas del proyecto de Constitución son anuladas por la gimnasia mental del vicepresidente en su esfuerzo por justificar los atropellos de la dictadura de la cual forma parte. No es realista que un régimen arraigado en la inconstitucionalidad se interese en un orden constitucional. Un vicepresidente creíble reconocería la brutalidad de la represión policíaca y militar, la violencia clasista, la obstrucción deliberada del derecho de defensa a más de 50 mil prisioneros, la negación del derecho de sus familiares a estas informados sobre su paradero y su situación jurídica y personal, la responsabilidad gubernamental en las muertes acaecidas en las cárceles y, en un palabra, la inexistencia del Estado de derecho.

Eso no ocurrirá, porque la credibilidad implica honestidad e independencia. Y en la actualidad, quien se propone ser decente y libre, cae en desgracia, es decir, es despojado de las prebendas y los privilegios. El vicepresidente no está dispuesto a jugarse el cargo en la defensa de la constitucionalidad y la ciudadanía.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La captura y desaparición del tuitero Luis Rivas es, además de una nueva afrenta al imperio de la ley y una grave violación a los derechos humanos, una demostración del poder de la familia del presidente. Con el hecho queda claro que ahora está prohibido fotografiar en situaciones comprometedoras a parientes del mandatario y que es delito denunciar el uso indebido de recursos del Estado por parte de personas que no ocupan ningún cargo en el Gobierno. Quienes claman por la libertad de Rivas temen que el régimen esté haciendo tiempo para montar un caso y mantenerlo cautivo. En realidad, por como están las cosas, la familia Bukele puede esgrimir cualquier excusa, pues tiene a sus pies al poder judicial, a la PNC y a la Fiscalía.

Centroamericana atraviesa horas sombrías por el desmantelamiento de la democracia y el Estado de derecho. Nicaragua va a la vanguardia con un régimen que cada día se sobrepasa a sí mismo en sus modos autoritarios. Como en los tiempos monárquicos, al país de Darío lo dirigen los esposos Ortega Murillo. El hijo mayor de Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo, cumple las funciones de protocolo y es el administrador de los negocios familiares relacionados con el petróleo y la energía. Laureano Ortega Murillo dirige la Agencia pro-Nicaragua, gestora de la inversión extranjera. Otros hijos de la pareja presidencial son asesores gubernamentales o dirigen los medios de comunicación.

En Honduras, la llegada a la presidencia de Xiomara Castro animó esperanzas de cambio democrático. Si embargo, siete meses después del inicio de su gestión, han hecho su aparición viejos vicios, entre ellos el nepotismo. Castro nombró como su asesor privado a su esposo, Manuel Zelaya Rosales, derrocado en 2009 por un golpe de Estado. Ahora, frente a la permanente comparecencia de Zelaya ante los medios de comunicación, algunos sectores comienzan a preguntarse quién realmente gobierna el país. Además, Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, es diputado; el hijo de este, José Manuel Zelaya, fue nombrado ministro de Defensa; Xiomara Hortensia Zelaya Castro, hija de la pareja presidencial, es diputada; y Héctor Manuel Zelaya Castro, otro de los hijos, es secretario privado de la primera dama.

En El Salvador, hermanos, primos, amigos y compadres del presidente ocupan cargos de alto nivel. Uno de sus hermanos dirige el Indes y otros tres, sin nombramiento oficial, deciden sobre diversos aspectos de la vida nacional. Aunque repiten que su apoyo es ad honorem, utilizan los recursos del Estado a su antojo. En otro círculo de íntimos estaría el primo de Bukele, presidente de Nuevas Ideas; su tío, encargado de la Secretaría de Comercio en Inversión; el actual presidente de la Asamblea Legislativa, fiel al mandatario hasta el extremo; y una retahíla de amigos de la niñez y compadres que ocupan cargos públicos sin que su nombramiento haya obedecido a la competencia y méritos profesionales.

En Nicaragua, Honduras y El Salvador se han impuesto, pues, gobiernos de familia que mienten continuamente, se presentan como defensores de causas nobles mientras minan derechos ciudadanos o despotrican contra la corrupción y el nepotismo a la vez que se enriquecen con dinero público.

A propósito de la persecución de la dictadura nicaragüense contra miembros de la Iglesia Católica, las reacciones han sido diversas, desde la estupefacción hasta la justificación. En especial han llamado la atención hechos como la expulsión de las Misioneras de la Caridad y el arresto domiciliario del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores de su diócesis. De parte de los que intentan justificar lo injustificable he escuchado básicamente dos tipos de versiones: la primera apunta a que los religiosos y religiosas son agentes del imperialismo extranjero que quieren dar golpe de Estado al clan familiar y por eso está bien que se les expulse o encarcele. La segunda da razones que tienen que ver con las actuaciones de las personas de la iglesia. A estos últimos quiero referirme. El argumento de los primeros no resiste la más mínima crítica.

Entre los que tratan de explicar la persecución contra el clero he escuchado que los hombres de sotana han perdido el respeto de la gente; primero porque algunos viven en la opulencia mientras la feligresía pasa penurias; segundo, por los muchos casos de pederastia que han hecho que la confianza en ellos se derrumbe. Un tercer argumento remite a que una cosa es evangelizar y otra meterse en política. En el corto espacio que permite esta sección, quisiera responder puntualmente a estos señalamientos. Sin pretender restarle importancia a los lamentables casos en los que el estilo de vida de algunos prelados y sacerdotes son un verdadero antitestimonio y a los condenables delitos de pederastia que son un lastre para la iglesia, estas razones no son frecuentemente causa de persecución y de muerte. La falta de testimonio de seguimiento al Jesús que optó por los pobres es éticamente inaceptable, pero rara vez se persigue a un sacerdote por esta razón. Los casos de pederastia que han salido a la luz pública han sido motivos de escarnio social y de juicios legales por parte del Estado, pero persecución por ello, que yo sepa, no se tiene registrada.

Sin embargo, como nos recordó monseñor Romero, la verdad siempre será perseguida1, y toda persona o colectivo que diga y defienda la verdad será perseguida. A quienes se reprime, se expulsa y se encarcela son a aquellas personas que incomodan al régimen, porque lo cuestionan, porque denuncian las injusticias y la mentira. La gran mayoría de sacerdotes y pastores evangélicos asesinados durante la guerra civil de El Salvador y después de eso, lo han sido por su compromiso por cambiar el país y decir la verdad. Porque la verdad molesta a los poderosos. A quienes quieren justificar la represión y el encarcelamiento de personas de iglesia los invito a revisar la historia reciente de El Salvador para que comprueben que lo que está a la base de la persecución es el compromiso con los pobres y con la justicia. Cito solo los nombres de sacerdotes y pastores asesinados porque a ellos se dedica esta reflexión, aunque estamos conscientes de que son muchos más los mártires laicos y laicas que ofrendaron su vida por la justicia.

El presidente más cool del “mundo mundial”, que despierta entusiasmo tanto dentro del país como en la diáspora nacional, tiene otra dimensión, sin la cual su figura queda inconclusa. Genialidades como el bitcóin y su ciudad libertaria, el aeropuerto oriental y el tren costero, la seguridad y ahora otro centro turístico de primerísimo nivel, asumiendo que fueran reales, no constituyen más que la cara amable de Bukele. Sus intervenciones proyectan la realidad deseada y, por eso, crean expectativas. Aunque concretara sus promesas, el régimen tiene otra faceta, de la cual no se puede prescindir sin mutilar la identidad presidencial.

La cara amable de Bukele es complementada por otra tenebrosa, que ni siquiera tiene el decoro de ocultar. El encanto fascinante es también perversidad, que detiene caprichosamente a pandilleros y no pandilleros, desintegra familias, deja hijos en el abandono, crea caos en los reducidos ingresos familiares y genera angustia en sus familiares. El día menos pensado, estos pueden descubrir que su pareja, su hermano o su hijo han muerto, torturados o desamparados, en las cárceles de Bukele. Los hogares populares viven en zozobra constante. Intempestivamente, los esbirros fuerzan la entrada en las viviendas, interrogan a sus habitantes, los amenazan con cárcel o simplemente capturan a quienes se les antoja. Erradicar a las pandillas es un pretexto para aterrorizar a la población.

Los entusiastas seguidores de Bukele no solo deben prestar atención a la cantidad de detenidos y la reducción de los homicidios como señal incuestionable de su éxito, sino también al drama humano que transparentan los testimonios de los familiares de los detenidos arbitraria e indefensamente. Las narraciones relatan la brutalidad de los policías y los soldados de Bukele, y las consecuencias de sus acciones despóticas. Una de esas voces acepta que persiga a los criminales, pero no a los inocentes, y discrepa del trato que reciben unos y otros. No es drama, expresa otra voz de una pequeña ciudad costera: “Ellos realmente son mucho peor que las tres pandillas juntas”. Una madre interpela a la esposa de Bukele para se coloque en su lugar y piense cómo se sentiría si su hija fuera víctima de una injusticia como la que sufren las madres de los detenidos.

Los que ahora dicen gozar de seguridad luego de haber experimentado el control territorial de las pandillas y aquellos otros que, desde la distancia, admiran la determinación de Bukele para acabar con ellas deben ser conscientes de que esa seguridad y esa determinación descansan en una enorme injusticia. La paz asentada en la bestialidad policíaca y militar no es verdadera. La tranquilidad de unos pocos es humillación, tortura y muerte para la mayoría; abandono y hambre para quienes aguardan el retorno de sus seres queridos. Contentarse con esta situación es egoísmo sumo y engaño grande.

Bukele ha exhibido su doble cara al anunciar la construcción de otro centro turístico, con carreteras de primer nivel y miradores asombrosos, dotado de mercados, hoteles y restaurantes con calidad Michelin. El proyecto es simultáneamente positivo y perverso. Lo que será diversión para los extranjeros y los nacionales que puedan pagarla coexistirá con la tragedia de miles de familias a las cuales se les niega la justicia. Los presuntos beneficiarios locales, directos e indirectos, son las mismas víctimas de la brutalidad policial y militar. Una cruel ironía. La buena noticia es que la inversión de alrededor de cien millones de dólares no tiene fuente de financiamiento.

Si Bukele y su gabinete de seguridad están ganando la guerra contra las pandillas y si la seguridad y la paz son palpables, ¿por qué el presidente compareció rodeado de más de una docena de hombres con armas de guerra? Si él mismo se siente tan inseguro, incluso entre los suyos, que acudieron a escuchar sus novedades, ¿cómo ha de sentirse el ciudadano común y corriente, aquel que reside en los vecindarios populares y utiliza el transporte público? Es inexplicable que un mandatario tan popular y simpático como Bukele se presente ante una reducida audiencia cercado por un fuerte contingente militar. El líder realmente popular confía en sus seguidores, su mejor protección. ¿O será que ese despliegue obedece a su debilidad por los juegos militares? En cualquier caso, la exhibición de fuerza revela mucha debilidad e inseguridad.

Igualmente indescriptibles son el vicepresidente y su proyecto de Constitución. El funcionario asegura que el nuevo texto constitucional contiene “un nuevo concepto de Estado moderno y democrático” y “una ampliación del catálogo de derechos fundamentales”. La experiencia de más de tres años muestra que Bukele no está interesado en tal Estado ni en ninguna Constitución. Por consiguiente, ampliar los derechos de la ciudadanía es irrelevante. Más aún, el mismo funcionario que lo anuncia como gran novedad justifica la violación flagrante de esos derechos. Si la intención del vicepresidente es honesta, su trabajo ha sido en vano. Los textos jurídicos, por excepcionales que sean, no cambian la realidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el año 2000, los países del mundo reunidos en la Asamblea de las Naciones Unidas se propusieron ocho objetivos, que llamaron los Objetivos del Milenio, con la pretensión de alcanzarlos en 15 años. Las ocho metas buscaban poner el bien común de la humanidad en el centro del trabajo de Naciones Unidas, disminuyendo las brechas y desigualdades entre países y entre grupos humanos, y trabajando en beneficio de aquellos cuya vida y derechos son más claramente amenazados.

En concreto, los Objetivos del Milenio apuntaban a erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medioambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Algunos países se los tomaron muy en serio y los utilizaron como guía para formular e impulsar planes y políticas. Sin embargo, a nivel mundial se avanzó poco: llegado 2015, los Objetivos solo se habían alcanzado parcialmente.

De los ocho, el primero de ellos, eliminar la extrema pobreza y el hambre, fue el más ampliamente aceptado, ante el cual nadie razonable se atrevía a poner reparos. Quizás por ello, entre 2000 y 2015, el número de personas con hambre disminuyó en 100 millones. Pero el optimismo duró poco: el hambre ha vuelto a crecer en el mundo. Diversos datos indican que, al finalizar el año 2021, 828 millones de personas pasan hambre (el 12% de la población mundial). Pese a ello, la ONU no cesa en su empeño por erradicar ese flagelo. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone alcanzar el objetivo de hambre cero en 2030.

En El Salvador, el problema del hambre está muy presente. Según la FAO, casi un millón de personas pasan hambre en nuestro país, lo que representa aproximadamente el 15% de la población. Con el actual encarecimiento de los alimentos, los altos precios de los insumos agrícolas (especialmente los fertilizantes) y la sequía que afecta la zona oriental, es mayor el riesgo de que el hambre y la malnutrición aumenten. Por otra parte, nuestros hábitos alimenticios y las políticas públicas en materia agrícola y de producción de alimentos no contribuyen al consumo de dietas más nutritivas, que incluyen abundantes hortalizas y frutas. El panorama nacional es sombrío, pues, como se sabe, la malnutrición y el hambre causan severas deficiencias en el crecimiento y el desarrollo infantil. A nivel mundial, a efecto de ellas, el 28.7% de la niñez padece problemas de crecimiento y desnutrición aguda.

Los retos para el Gobierno (en particular, para los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Economía) están claros: no solo reducir o erradicar el hambre, sino también crear las condiciones necesarias para una mejor y más nutritiva dieta alimenticia. Aumentar y diversificar la producción agrícola, desanimar el consumo de alimentos nocivos para la salud (los ricos en grasas y azúcares, por ejemplo) y controlar los precios de aquellos que son básicos para una vida sana son tres macroacciones que tendrían gran impacto en el desarrollo de la población. Por desgracia (una más entre tantas otras), las prioridades gubernamentales se alimentan de sueños, no de realidades.

La crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018 dejó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 asesinados, aunque los organismos locales fijan la cifra en 684; el Gobierno de Ortega-Murillo solo reconoce 200. Luego se desató una avalancha de violaciones a derechos humanos elementales, especialmente entre quienes cuestionan la legitimidad del régimen. Desde entonces, el Gobierno ha cerrado más de un millar de organizaciones y asociaciones civiles, entre las que se cuentan la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Asociación de Otorrinolaringología, la Operación Sonrisa (dedicada a operar el labio leporino de niños de escasos recursos) y el Instituto Juan XXIII (dedicado a construir viviendas y apoyar a familias pobres). También cerró 23 medios de comunicación; ha dejado al país sin periódicos impresos al impedir la importación de papel; y ordenó la confiscación de frecuencias, edificios y equipos de los medios independiente Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.

Ha cancelado a los partidos de la oposición y enviado a prisión a sus adversarios a través de juicios escandalosamente amañados. En el afán de eliminar toda voz no oficialista, emprendió una campaña contra miembros de la Iglesia católica. En marzo de este año, expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw. En julio, expulsó a las Misioneras de la Caridad, congregración fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Y en medio de un clima de agresiones contra templos católicos y tras varios días de acoso policial, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quedó arrestado el 4 de agosto en su sede episcopal junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores, acusados de “instigar al odio” y “organizar a grupos violentos”. El 15 de agosto, el orteguismo arrestó al sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco del municipio de Mulukukú. Además, el régimen ha arrestado a empresarios que dirigían el Consejo Superior de la Empresa Privada, ha prohibido procesiones religiosas y usurpó la sede en el país de la Organización de Estados Americanos.

En el vecino país está prohibido disentir. Quienes lo hicieron están desterrados, encerrados o enterrados. Empujado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se hunde en una dinámica dictatorial que nada envidia al somocismo. Desde la acera de enfrente, Nayib Bukele toma nota.

El Gobierno de El Salvador es ahora omnipresente y muy poderoso. Domina los poderes legales como el Ejército, la Policía y la Asamblea. Domina los poderes culturales, como los medios de comunicación, las redes sociales o los discursos religiosos. Y también domina los poderes paralegales a través de procesos como su cuidadosa negociación con líderes de las principales pandillas salvadoreñas.

Gracias a este poder, el Gobierno es capaz de decidir no solo sobre qué tema hablamos en la sociedad, sino qué enfoque hacemos sobre esos temas. Esa capacidad del Gobierno ha construido una ciudadanía del “ojo por ojo”. Nuestros actuales gobernantes, en lugar de utilizar su inmenso poder para incidir de forma intencionada en la construcción de ciudadanías críticas y solidarias, han construido y reforzado un discurso de venganza, de odio y de mentira. La ciudadanía del ojo por ojo es la que responde a la violencia con violencia, la que no tolera la crítica y la que sueña con un país en donde todas las personas piensen igual. Incluso aunque en la vida cotidiana se den cuenta de que esto es imposible, la constante manipulación de las emociones lleva a muchos a burlarse de los otros, a los insultos constantes y a la falta de tolerancia. La desconfianza reina en este tiempo de nuevas ideas.

Sin embargo, a pesar de ese poder, hay procesos políticos que el Gobierno y su equipo de comunicación no pueden controlar. Esto es lo que podemos llamar: “los límites de la comunicación”. El primer límite ha sido un límite cultural. El fútbol. Si bien el escritor Alessandro Barico, en su libro sobre Los bárbaros, reflexiona sobre la pérdida del alma del fútbol, el uruguayo, Eduardo Galeano, nos ha recordado que esta es “la única religión sin ateos”. Quizá ambos autores exageren un poco pero apuntan un síntoma epocal. En el ámbito cultural de nuestro tiempo, el fútbol se encuentra en el centro de las emociones. Fin del debate. Las ciudadanías del ojo por ojo, tan dispuestas a no negociar, están dispuestas a mucho si ello les permite continuar con un fútbol que es tradición y sueño de una nación que se inventa. Y eso, el Gobierno no supo entenderlo a cabalidad.

El segundo límite de la comunicación haría sonreír a Marx y a muchos economistas. A pesar de los muchos intentos para que hablemos de otros temas, la situación económica que la sociedad salvadoreña atraviesa no consigue ser manejada por el aparato gubernamental. La caída del bitcoin está ahí. También sigue ahí el peligro real de la pérdida de las pensiones y, sobre todo, el alto costo de la vida, que hace que cada vez más familias empiecen a recortar sus gastos cotidianos. Que lo digan los más de sesenta mil salvadoreños capturados en la frontera sur de Estados Unidos en lo que va del año. Esa conversación sigue. Y si el Gobierno sigue incentivando el ojo por ojo, puede provocar un estallido social en la medida que la población descubra que las medidas de austeridad no son precisamente populares en el gobierno actual y que los salarios de más de cinco mil dólares abundan entre los funcionarios, mientras que el pueblo sufre hambre y padece de muchas privaciones.

El tercer límite de la comunicación tiene que ver con ese universo oscuro y poco transparente del crimen organizado y la represión estatal. La receta más explosiva de acuerdo a las pocas moralejas que la historia nos deja. Hasta hoy, todos los gobiernos que llegaron después de la firma de los Acuerdos de Paz consiguieron que en este país se instalara un mito: acá no hay crimen organizado, lo que hay son pandillas. Acabemos con los mareros y la violencia terminará. Sin embargo, esta telenovela es bastante conocida y hasta el día de hoy no ha terminado nunca bien. Porque la violencia no para, porque hay estructuras criminales, que pueden llamarse pandillas, traficantes, secuestradores, asesinos que tienen distintos niveles de vinculación y connivencia con el Estado. Y a eso se le llama crimen organizado. La comunicación del “diente por diente” ha empezado a salir mal en la medida en que controles internacionales señalan cada vez más a funcionarios del Gobierno por su complicidad con el debilitamiento democrático.

Y el mayor problema es que todos perdemos. En un Estado sin controles, en una sociedad sin rendición de cuentas y con información que no se transparenta, en un tiempo con unos funcionarios acostumbrados a instalar su propia verdad desde la prepotencia y la burla, en un país que ha hecho de la matonería su política pública, ya no importará quién gobierne, porque la tentación de perdurar la herencia de estas ideas viejísimas en el país de los nuevos autoritarismos es mucha. Ojalá estas ideas sean simplemente una alerta y no una profecía. Debemos, como sociedad, renunciar a la ciudadanía del ojo por ojo y la política del diente por diente. Debemos encontrar las nuevas razones de nuestra esperanza.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 99.