Editoriales y Opiniones

Proceso

21/07/2022

El martes 19 de julio de 2022, el mismo día que cientos de familiares de detenidos durante el régimen de excepción salieron a las calles para pedir su liberación, la Asamblea Legislativa, con 67 votos de la bancada oficial y sus aliados, aprobó la cuarta prórroga del régimen vigente desde el 27 de marzo. Para los marchantes, la mayoría mujeres, sus familiares fueron capturados injustamente y el amor y el sufrimiento por ellos y ellas los hicieron salir a las calles, a algunos, según relataron, por primera vez en sus vidas. La solicitud de la prórroga la hizo el Gobierno a través de los titulares del gabinete de seguridad. El argumento es el mismo de hace casi 4 meses: seguir capturando a pandilleros. El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, que recientemente engrosó la retahíla de funcionarios en la Lista Engel, solicitó dispensa de trámite para que la iniciativa ingresara en la agenda y la aprobaran de manera exprés, sin pasar por el estudio de la Comisión respectiva.

En la petición, los funcionarios detallaron que después de 100 días de Estado de Excepción han capturado a más de 46 mil personas, se han decomisado más de mil armas de fuego, se incautaron más de 1,300 vehículos, decomisado más de 1 millón de dólares en efectivo y casi 50 mil porciones de droga. A los funcionarios y a los diputados que dieron sus votos para la prórroga se les olvidó decir que la mayoría de los y las detenidas viven en el umbral de la pobreza y en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, por lo que no tienen acceso a una defensa legal y son víctimas de la arbitrariedad y el sometimiento de los jueces a los deseos del Ejecutivo. Mucho menos reconocieron que, según las estadísticas, más de la mitad de los detenidos son menores de 30 años, lo que refleja una persecución contra la población joven y pobre. Tampoco mencionaron ellos –sí lo hicieron legisladores de la oposición- a los miles de casos que han sido denunciados como detenciones injustas, arbitrarias y que algunas reúnen las características de desaparición forzada. Y por supuesto, no hicieron mención de los más de 60 asesinatos que han ocurrido en los centros penales cuando estaban ya bajo la tutela del Estado. Para los funcionarios del Gobierno estos son solo daños colaterales, como lo resumió el mismo Vicepresidente de la República, y como también han afirmado algunos académicos que han dejado a un lado la razón y la dignidad.

Ciertamente el pueblo salvadoreño está harto del daño infligido por las pandillas y de estar esclavizados en sus propias colonias. Precisamente por eso, ha aumentado la tolerancia a medidas desesperadas que se llevan de encuentro a inocentes. En la actual administración presidida por Bukele no valen las razones ni las evidencias. Está a la vista que las medidas extraordinarias que se vuelven ordinarias, como el Estado de Excepción, abren las puertas a que se cometan graves injusticias y abusos por parte de las autoridades. Pero el gobierno extiende y extenderá el régimen de excepción porque tiene un alto respaldo social y porque el presidente no tiene otra medida exitosa de la cual agarrarse. Además, como sucedió también durante la pandemia, la medida le permite al Gobierno seguir evadiendo los procedimientos legales para el uso del dinero, la rendición de cuentas y la transparencia, ausentes en toda su administración. Es decir, el régimen de excepción, además de ser popular, se presta para la corrupción.

Lo de Bukele no es nuevo como la mayoría de cosas que hace, aunque las presente como novedades históricas. En los gobiernos de Arena, una política estrella en materia de seguridad fueron los Estados de Emergencia. En las políticas de Mano Dura fueron comunes los Estados de Emergencia que se extendían indefinidamente mediante decretos legislativos o ejecutivos. Las medidas se implementaron cuando el país vivía una “emergencia” en materia de seguridad, pero se extendieron hasta convertirse en casi permanentes. Por ejemplo, la Constitución avala el uso de efectivos del Ejército en labores de seguridad pública durante situaciones extraordinarias. La historia reciente nos revela que la Fuerza Armada ha sido parte fundamental de las medidas de seguridad pública de manera ininterrumpida desde las políticas manoduristas, llegando a ser la protagonista de la seguridad pública en este gobierno de Bukele.

Como se sabe, el régimen de excepción suspende los derechos de asociación, a la intimidad en las comunicaciones, el derecho a la defensa, conocer las razones de la detención y extiende el periodo de detención preventiva de 72 horas a 15 días. Desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que la medida revela es la incapacidad gubernamental de combatir la criminalidad dentro del respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Y cuando cualquier medida que se implemente lleve intrínseca la violación a cualquier derecho humano, esa medida está mal planteada.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 97.

En general, la lógica de actuación del Gobierno de Bukele suele seguir los mismos tres pasos. En primer lugar, se selecciona una temática, actividad o instancia que genera descontento o insatisfacción entre la población. Ese descontento se exacerba para que la gente acepte cualquier medida con tal de librarse de la situación o problema. Luego, en segundo lugar, se promete crear un nuevo escenario que traerá grandes beneficios. Finalmente, el Gobierno implementa unas acciones que, pese a ser presentadas como históricas y novedosas, en realidad causan tantos o mayores problemas que lo que se pretendía superar.

Bajo esta lógica se abordó el nepotismo de las administraciones anteriores. Mientras con escarnio público eran despedidos del Gobierno familiares de dirigentes del FMLN, hermanos, primos, tíos, compadres y empleados de las empresas del presidente comenzaron a ocupar cargos importantes, arrastrando a la vez a sus propios familiares. Los nuevos funcionarios no fueron nombrados por sus competencias profesionales y principios éticos, sino por su lealtad personal al mandatario. El resultado está a la vista: un gabinete incapaz de gestionar la cosa pública y que en muchas facetas supera los vicios de sus antecesores.

Con esa lógica también se destituyó a magistrados, jueces y fiscales para nombrar a otros dóciles a Casa Presidencial. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia dejó de ser la máxima administradora de la justicia del país para convertirse en ejecutora de las decisiones del Ejecutivo, sumándose a una Asamblea Legislativa convertida en simple tramitadora de las iniciativas presidenciales y una Fiscalía que persigue a opositores y protege a los miembros del oficialismo. Sobre el Tribunal Supremo Electoral se cierne ya el peligro de dejar de ser el administrador de los procesos electorales para transformarse en mero legitimador del ansia de continuidad de Bukele.

El mismo libreto se siguió para suprimir el Fodes, argumentando que las municipalidades no lo usaban bien o, peor aún, lo malversaban, y crear, como una especie de sustituto, la Dirección de Obras Municipales. Esto supuso un retroceso de décadas en el camino de la descentralización. Ahora las municipalidades dependen de las decisiones de una instancia al servicio del presidente. El mandatario ha logrado que la gente pase de decir: “La alcaldía arregló esta calle”, a expresar agradecida: “Nayib mandó a repararla”.

Ahora es el turno del deporte más popular del país. Ante las acciones del Indes contra la Federación Salvadoreña de Fútbol, algunos periodistas y cronistas deportivos opinan que lo único importante es que se den cambios en una estructura deportiva caracterizada por la arbitrariedad, la opacidad y la mediocridad. Sin embargo, es pura ingenuidad pensar que estos vicios serán subsanados por un Gobierno que padece de lo mismo. Lo que está pasando con el fútbol hay que contextualizarlo en la enfermiza obsesión del Ejecutivo por controlar todo el poder. Se aprovecha el descrédito de los dirigentes del futbol profesional; se prometen cambios de raíz para mejorarlo y convertirlo en exitoso. Si sucede lo ya acostumbrado, el resultado será más arbitrariedad, más opacidad y más mediocridad, pero sufragados con los impuestos de la ciudadanía.

Por José M. Tojeira, S.J.

A todos los seres humanos la conciencia nos pide buscar la verdad y a decirla. Y, sin duda, en estos tiempos de propaganda, fabricación artificial de imagen, relativismo y “posverdad”, la búsqueda de la verdad, que debe ser simultáneamente personal y colectiva, se vuelve mucho más necesaria que en otras épocas. Ya hace sesenta y un años, en la Encíclica Pacem in Terris, el Papa S. Juan XXIII decía que todos estamos llamados a “establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad”. Resuenan en este mensaje las palabras de Jesús en el evangelio de Juan anunciando que “la verdad nos hará libres”. La verdad que no excluye valores humanos básicos y que invita siempre al amor y la fraternidad, al contrario de las técnicas de la posverdad que tratan de repetir consignas y afirmaciones hasta que resultan creíbles, aunque sean falsedades carentes de valores. En ese sentido la verdad nos resulta hoy más desafiante cuando escuchamos al Papa Francisco, en la “Fratelli tutti” diciéndonos que en la actualidad, y con frecuencia, “la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz”.

En El Salvador los grandes testigos de la verdad, han sido los mártires, seguidores del Señor Jesús que de nuevo en el evangelio de Juan nos decía que “para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad”. Ellos insistieron en la necesidad de que los salvadoreños viviéramos como hermanos en un momento en el que la violencia y el odio, la injusticia y la represión, se cebaba en los más débiles. Y les tocó por ello asumir la cruz que ya el Señor había anunciado a sus discípulos cuando les decía que “el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”.

Hoy nos toca a todos los cristianos poner la verdad en la solidaridad con los que sufren, desterrar las mentiras y cambiar la polarización y las llamadas al odio. Debemos esforzarnos por entendernos, dialogar y buscar juntos ese bien común que está en la Constitución de la República, además de en la Doctrina Social de la Iglesia, y que hay que entender como “el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. Dicho esto por el Concilio Vaticano II hace casi sesenta años, hoy los expertos en desarrollo le dan totalmente la razón cuando dicen que el desarrollo humano pasa necesariamente por el pleno desarrollo de las capacidades humanas de cada persona y por la aportación a todos de capacidades adquiridas que son de conocimiento y propiedad común.

Al final, la verdad más importante que debemos tener en cuenta los cristianos tiene una doble cara complementaria. La cara del principio básico y concreto que hay que cumplir, y el rostro de las víctimas que soportan y reclaman la privación de sus derechos . Sobre el agua, un derecho de todos, hay que tener claro el principio universal de agua accesible y sana en el hogar. Y hay que escuchar a quienes no la tienen y a quienes defienden el derecho a ella. La verdad del bien común se centra siempre en el cambio social que nos exige la fe y la caridad cuando vemos hermanos nuestros careciendo de derechos de humanidad. Nada justifica la marginación, la violencia, la venganza o el odio en sociedades que están llamadas a la fraternidad y a construir un proyecto común de colaboración y solidaridad. Cuando los Padres de la Iglesia decían que “la verdad está desnuda” se referían a Jesús crucificado. Es la verdad del amor que carga con la cruz para superar las cruces que cargan los oprimidos por el pecado y la injusticia. Como decían los obispos en Puebla, los rostros de nuestros hermanos sufrientes, víctimas de la pobreza injusta y de estructuras sociales insolidarias.

Uno de los elementos distintivos del Gobierno de Nayib Bukele es el establecimiento de nuevas narrativas respecto a situaciones y problemas sociales. Frente a la tendencia de las pasadas administraciones a dialogar con los organismos internacionales, exponer análisis y discutir con alguna racionalidad posibilidades de futuro, el Gobierno actual ha optado por el pensamiento simple. Las nuevas ideas se convierten así en eslóganes publicitarios puros. Ciertamente, el pensamiento complejo de las administraciones anteriores tenía una buena dosis de hipocresía: aunque prometían la superación de vulnerabilidades y gobernar para los pobres, no solo no respondieron a las exigencias sociales de las mayorías, sino que avalaron prácticas corruptas. El oficialismo tampoco es ejemplo de coherencia, pero su discurso simple resulta más inteligible para la gente y toca fibras emocionales largo tiempo reprimidas.

En la sociedad salvadoreña, los vínculos familiares se viven con intensidad, la solidaridad frente a las catástrofes es fuerte y hay un amplio sentimiento de compasión ante el que sufre. Pero a raíz de diversas y añejas injusticias, y de aspiraciones de ascenso social frustradas, abundan los resentimientos y complejos, a lo que se suma el machismo y sus diversas violencias. Las nuevas narrativas apuntan a ese bajo mundo de sentimientos frustrados. La culpa de todo lo que pasa, afirma el oficialismo, está en el pasado, y por ello solo hay dos opciones: o el futuro presidido y dirigido por Nuevas Ideas, o el pasado de los corruptos de siempre. Las instituciones solo sirven si obedecen al que manda y se ciñen sin discusión a los lineamientos de la propaganda. El plan establecido consiste en tocar las emociones, generar odio contra todo disenso y hablar de un futuro maravilloso cuya realización depende de la reelección del presidente. De este modo se ha creado una especie de nacionalismo gubernamental, y desde ahí se llama traidor a cualquier persona o institución crítica, amenazándola incluso con confundirla con criminales y delincuentes. El ojo por ojo, la mentira desvergonzada y la estigmatización son propios de estas nuevas narrativas.

La forma atinada de responder a este pensamiento simple es la coherencia personal a, y defensa de, los valores expresados en los derechos humanos. El pensamiento complejo no tiene que ser abstracto o indescifrable, pero sí proponer proyectos de realización común comprensibles para la población. Alguna gente se ha cansado de los derechos humanos debido a la manipulación gubernamental pasada y actual de los mismos. Sin embargo, los derechos humanos son la base del humanismo democrático y del desarrollo basado en la solidaridad y en la igual dignidad. La coherencia, la resistencia y la perseverancia son virtudes necesarias cuando el cinismo, la manipulación de la verdad y el culto a la apariencia se alzan como si fueran valores. Frente a quienes llaman bien al mal y mal al bien, y se imponen desde la propaganda y la fuerza, solo queda el camino de la fidelidad a la verdad de la realidad y a las necesidades de una convivencia justa y humana. Tarde o temprano, ese andar termina derrotando a quienes abusan del poder y buscan sustituir la verdad con sus mentiras.

Editorial UCA

Mientras los voceros y propagandistas del régimen aseguran que han transformado el país, que hoy El Salvador es mucho mejor que hace tres años, la realidad dice otra cosa. Para mantener su espejismo, el oficialismo cuenta con sus propios medios de comunicación y realiza enormes gastos en propaganda, ha reclutado un ejército de replicadores de falsas noticias y un grupo de ilusionistas que a diario vende lo que no existe, lo que ellos llaman “la otra cara”.

Ciertamente, el régimen dice la verdad cuando afirma que en sus tres años de gobierno ha transformado el país, pero miente cuando afirma que este se encamina hacia un futuro de prosperidad y bienestar. En este trienio se ha retrocedido en aspectos clave para el desarrollo nacional y el bienestar de la gente. Se ha debilitado la economía, se ha comprometido las finanzas públicas por el incremento del endeudamiento a niveles inéditos, se ha fragmentado más el tejido social atizando el odio entre hermanos y la polarización, se ha perdido la credibilidad ante la comunidad internacional, se ha destruido el Estado de derecho y se han desactivado los controles al ejercicio del poder propios de un sistema democrático.

El cambio más trascendental que ha logrado el oficialismo en estos tres años es la transformación del sistema político democrático en uno autocrático. Todo el poder lo concentra ahora el presidente de la República. Él decide lo que legisla la Asamblea Legislativa y a quién juzga o libera el órgano judicial. Bukele acabó con la independencia de poderes, que es lo propio de un sistema republicano y una de las principales bases de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, el Ejecutivo ha extendido su poder hasta las municipalidades, al quitarles los fondos que recibían del presupuesto nacional y pasarlos a la Dirección de Obras Municipales. De ese modo, el Gobierno decide en qué obras y en qué municipios se utiliza el dinero que antes administraban las alcaldías. Hoy todo el mundo sabe que nada se hace en el país si no está ordenado o aprobado por Casa Presidencial.

Con esta concentración de poder en una sola persona, la población ha quedado totalmente desprotegida, no cuenta con ningún apoyo estatal para hacer valer la ley y defender sus derechos. Fácil fue para el régimen aprobar un estado de excepción por 120 días; fácil aprobar las modificaciones legales para que sin necesidad de estado de excepción se pueda continuar violando los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Hoy los jueces decretan prisión para cientos de personas de las que no tienen ninguna evidencia de que hayan cometido un delito; lo hacen simplemente por agradar al presidente o por temor a represalias.

Cada vez más salvadoreños viven la pesadilla de ser capturados sin justificación alguna o por haber sido acusados anónima y falsamente de pertenecer a una pandilla. Ante la pérdida del Estado de derecho y la instauración de este orden perverso, las familias no tienen modo de demostrar que su pariente es honesto y trabajador, que no debe nada, y que, por tanto, debe ser puestos en libertad de inmediato. Así, la pesadilla pasa a ser colectiva, atormentando tanto a unos como a otros, y no limitándose al tiempo de detención: cuando los injustamente capturados recuperen su libertad, cargarán el estigma de haber estado presos bajo la acusación de ser pandilleros, lo que les afectará de por vida, aunque no sea verdad. De este modo, el régimen de Bukele está destruyendo la vida de miles de jóvenes y sus familias.

No solo la seguridad se encuentra a la deriva. El discurso presidencial también desvaría entre la desmemoria y la incapacidad operativa. Ocho funcionarios, seis de ellos ministros, no pudieron dar cuenta del mal estado de la infraestructura nacional. En su comparecencia, una vez rendida la pleitesía debida a su jefe, los ministros atribuyeron los daños causados por la tormenta tropical Bonnie a los regímenes anteriores, a la población mal educada y al cambio climático. Las inundaciones, los derrumbes y las vías de comunicación intransitables, los techos colapsados de los hospitales, la inhabitabilidad de las escuelas y los muertos, todo ello es “herencia de 30 años de mala administración” de Arena y del FMLN, “resultado de un desorden urbanístico […] que nunca se corrigió”, el “alcantarillado es viejo, obsoleto”, “los techos datan de décadas”, “nos heredaron un sistema hospitalario paupérrimo” y “un país completamente destruido”.

La población tiene también, según los funcionarios, mucha culpa en lo ocurrido, porque tira la basura incivilizadamente en cualquier sitio y bloquea los desagües, y porque “durante décadas se dejó vivir a cientos de miles de familias sobre o bajo un talud y en todas las quebradas”, con lo cual “muchas casas a la orilla del río fueron minadas y se fueron al río”. Y, por último, el cambio climático, pues “el agua creció de manera tan fuerte que incluso los puentes se doblaron y no era por escombros, era por la simple fuerza del agua”.

Pero, en su momento, Bukele anunció triunfante: “Estamos remodelando toda la red hospitalaria” y, subrayó, “no son reparaciones cosméticas”. Al parecer, olvidaron los techos. Y, en esa misma línea, el ministro responsable de las obras públicas saludó orgulloso como un éxito de Bukele la reparación de la cárcava que se volvió a abrir. Por eso, borró el tuit y aclaró que la reparación fue otra. Los ministros han olvidado que el mismo Bukele desautorizó sus excusas hace tiempo. En “los primeros seis meses o el primer año de un gobierno, pues, tendrá los problemas heredados, pero ya después de varios años, llega el momento en que tienes que asumir que la responsabilidad es tuya”.

Atrapados, los ministros atribuyeron el desastre al cambio climático y al calentamiento global, dos cuestiones que no figuran en la agenda de Bukele. No firmó el Acuerdo de Escazú sobre la protección del medioambiente, porque “no se puede dejar de construir viviendas”, y descartó el cuidado del planeta como “tramitología” contraria a la expansión del capitalismo depredador. Muy consternados debieron sentirse los ministros para recurrir a un argumento ignorado por su jefe. En cualquier caso, en tres años no se han ocupado de las zonas protegidas ni del riesgo ambiental. Todo lo contrario, han autorizado proyectos que han aumentado la vulnerabilidad del país a los fenómenos climatológicos.

Es cierto que heredaron una infraestructura deteriorada, pero han tenido tres años para comenzar a reconstruirla y a mejorarla. En lugar de asumir el desafío, optaron por la comodidad y se han conformado con hacer promesas fantásticas. Ningún tren, aeropuerto o ciudad, ni siquiera la turística, es viable sin una infraestructura sólida. Bukele se contenta con repartir dispositivos electrónicos en el sistema educativo mientras las escuelas se caen a pedazos. Ofrece “nacer con cariño”, pero sin financiamiento. Invierte en una cárcel gigantesca o en un hospital para mascotas, mientras muchos de sus seguidores viven en sitios de alto riesgo no voluntariamente, sino porque no tienen donde vivir digna y seguramente.

La tormenta tropical puso en evidencia el abandono en el que se encuentran el territorio y sus habitantes. Los datos disponibles muestran que la capacidad de ejecución de los ministros que dieron la cara es muy baja y su comparecencia no fue la más feliz. Conscientes de su fracaso, alegaron que “cerrar las heridas de décadas […] no es fácil” y volvieron a prometer, sin plazo de cumplimiento, trabajar “para una solución integral”, de tal manera que los damnificados “ya no vivan en una zona vulnerable”. Nadie se atreva a dudar que “se mantiene esa promesa del presidente”.

Un gobernante sensato ya habría despedido a estos ministros por inútiles. Pero Bukele está atrapado. No los puede despedir sin asumir la responsabilidad de lo ocurrido, ya que toda la actividad gubernamental depende directamente de él. Sus ministros solo cumplen órdenes. En tres años no han avanzado en la reducción de los riesgos medioambientales, en la prevención de los desastres y en la capacidad para responder pronta y eficazmente a los fenómenos naturales. Dinero no les ha faltado, sino ejecución eficaz. Rápidos en el tuit, pero lentos en el hacer. De palabrería fácil, pero cortos en las obras.

“Nosotros no estamos para dar excusas”, dijo Bukele en su momento, “sino para trabajar al máximo por los salvadoreños”. Eso es, precisamente, lo que hicieron sus ministros: acusar a otros. Si ya alcanzaron su máximo rendimiento, su competencia es mínima.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por los interés en juego y todas las señales al respecto, era solo cuestión de tiempo para que la reelección presidencial fuera impuesta por el oficialismo como tema de la agenda política y pública. Ante los argumentos y falacias que al respecto se ventilan a diario, conviene volver la mirada al texto de la Constitución para dilucidar si el asunto en verdad ameritaba una interpretación constitucional o ya estaba claramente abordado en la máxima ley de la República.

En su primer ordinal, el artículo 152 dice que no puede ser candidato a mandatario “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154, que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Por otra parte, el artículo 75, ordinal cuarto, manda que pierdan los derechos de ciudadano “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Según el artículo 131, ordinal décimo sexto, la Asamblea Legislativa debe “desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un presidente provisional”. Finalmente, el artículo 88 establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

¿Son claros los artículos anteriores o dan lugar a confusión? Independientemente de la conclusión racional a la que se llegue, las posturas ya han sido tomadas. Es sintomático que quienes se oponen a la reelección citan casi siempre los textos constitucionales y que quienes la apoyan suelen aludir más bien a la voluntad popular, antes que a la ley. Lo que vive El Salvador no es nuevo. En Nicaragua, la Constitución establecía que los presidentes podían ser reelectos una vez, pero no para períodos consecutivos. En 2009, la Corte Suprema avaló la reelección de Ortega y dejó abierta la puerta para una reelección indefinida. Ortega fue el último en pronunciarse sobre su propia reelección, hasta que el pueblo supuestamente se lo pidió. Después de 2006, se reeligió en 2011, 2016 y 2021 en unos comicios amañados. En total, contando su primer mandato (1985-1990) y sus años como coordinador de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1981-1984), Ortega lleva aproximadamente 25 años en la presidencia nicaragüense.

El otro caso es el de Honduras, con Juan Orlando Hernández. Allí también la Constitución prohibía la reelección. En 2016, Hernández, como presidente en funciones, recurrió a la sustitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional para poner a los suyos, que manipularon la Constitución y avalaron su reelección para un segundo período (2018-2022). El mandatario dijo entonces que la mayoría del pueblo hondureño apoyaba su reelección y que, por tanto, era el pueblo quien tenía que decidir.

Se afirma que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La máxima cabe extenderla para el pueblo que no toma lecciones de los desaciertos de sus vecinos. El presidente Nayib Bukele ha recorrido el mismo camino que Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. En consecuencia, cabe suponer que su destino será o bien el del mandatario de Nicaragua, que resiste en su trono bañado en desprestigio y aislamiento internacional, o el del expresidente hondureño, que enfrenta la justicia en un sistema al que no podrá comprar ni del cual podrá escapar.

Rodolfo Cardenal

07/07/2022

La construcción idílica más reciente de Casa Presidencial, el “salto más grande […] en educación” gracias al reparto de dispositivos electrónicos y el padre amoroso con su hija, se hizo añicos de la mano del asesinato de tres agentes de la PNC. Un serio revés en una guerra supuestamente exitosa. La obsesión presidencial con llevar cuenta de los días con “cero homicidios” quedó mal parada. El día siguiente, un militar retirado fue asesinado. Poco después hubo otro homicidio en oriente, más varios pandilleros muertos en presuntos enfrentamientos con la Policía. Los homicidios no han desaparecido. Estos hechos sangrientos evidencian de nuevo que Bukele no controla el territorio y, por tanto, tampoco puede proteger a sus agentes. Los ha convertido en “héroes” para evadir la indefensión con la que los despliega en un territorio no controlado. La desorganización es tal que ni siquiera ha podido explicar con claridad lo ocurrido.

La respuesta al asesinato de los agentes (las otras víctimas no interesan) ha sido la usual: despliegue militar y mediático “con mayor penetración” y, sobre todo, “visible para la población”; arremetida contra los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; y promesa de mayor represión. El monólogo presidencial que siguió a los hechos está plagado de expresiones que traslucen el desconcierto del amor propio herido: “los pandilleros son tontos”, “las pandillas van a pagar”, “no vamos a retroceder”, “ahora verán la verdadera fuerza del Estado”, “estamos combatiendo al mismo demonio”, “vamos a arreciar la lucha […] sin importar quién se queje”.

Es desconcertante que un mandatario que apuesta fuerte por la violencia armada haya pensado que podía librar una guerra sin bajas en sus filas. La rabia que el monólogo trasluce evidencia la insensatez con la que decide, sin medir las consecuencias. Las bajas están directamente relacionadas con la opción por la violencia. El llamado gabinete de seguridad ha calculado mal sus fuerzas y sus capacidades. Si tanto aprecia la vida de sus agentes, parece que ha llegado el momento de replantear la opción guerrerista y buscar alternativas que no los hagan correr riesgos innecesarios.

Asombrosamente, los directores del control territorial no advirtieron el peligro que corrían los agentes asesinados, pero, en cuestión de horas, identificaron y capturaron a sus asesinos. Si la persecución y la detención han sido tan eficaces, cómo explican que su inteligencia no haya detectado el peligro e impedido los asesinatos. Si los capturados son los asesinos, dicha inteligencia los conoce bien y pudo anticipar el ataque. O no son los asesinos ni existe inteligencia alguna. No sería la primera vez que el régimen presenta a inocentes como asesinos. El gabinete de seguridad debe una explicación a los familiares de los agentes y a la opinión pública. La falta de claridad y la manipulación mediática de los hechos trivializan la tragedia de los agentes y constituyen una burla cruel al dolor de sus familiares y sus amistades.

El gabinete de seguridad oculta su torpeza en la desinformación. Contrario a lo que asegura Bukele, el régimen de excepción no “ha sido vital para alcanzar múltiples resultados en la guerra contra las pandillas”. El desconocimiento del plan y sus objetivos impide apreciar esos “múltiples resultados”. Los únicos constatables son los tres agentes asesinados, la transformación de las cárceles en campos de concentración y la presencia activa de las pandillas en el territorio. De hecho, así lo reconoce él mismo, en su monólogo, al afirmar, a la defensiva, que estas “siguen afuera con la capacidad de causar mucho daño, dolor y muerte”. Un desliz iluminador que desmiente el éxito del plan de control territorial y de la excepción.

Es temerario sostener que a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos “no les importa” el asesinato de los agentes. Sí les importan y no es “motivo de celebración”, ni para ellos, ni para los medios de comunicación. El malogro de la seguridad lleva a desbarrar para escabullir las responsabilidades presidenciales. Precisamente, esa es la razón por la cual esos organismos sostienen que la guerra no es la solución. La contradicción disgusta mucho a Bukele, más que el fracaso de sus proyectos.

En cualquier caso, dichos organismos no son las responsables de la violencia social. Desde hace ya tres años, el único responsable de la seguridad ciudadana es Bukele y su gabinete. Su gran desacierto consiste en la incapacidad para captar la complejidad de la violencia social, en ordenar medidas simplistas y en no medir las consecuencias de decisiones arrebatadas. Ejemplo típico de ello es la orden de desplegar operativos en “zonas aledañas y otras partes relacionadas del país”, es decir, en cualquier lado, para “castigar a los responsables, sean autores materiales, intelectuales y financistas”, es decir, no sabe quiénes son en realidad. Dicho de otra manera, la seguridad ciudadana está a la deriva, al igual que las otras realidades de la vida nacional.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Recientemente, el estado de excepción fue abordado de dos maneras radicalmente diferentes entre sí por dos figuras públicas del país, el cardenal Rosa Chávez y el vicepresidente de la República. El cardenal dijo con claridad que la persecución del crimen debe hacerse de una manera diferente a la actual; es decir, investigando, cumpliendo las leyes vigentes, respetando los derechos de las personas, evitando al máximo las injusticias y el sufrimiento. El vicepresidente llamó “guerra” al estado de excepción, invocó el derecho humanitario para justificarla, afirmó que en todo conflicto bélico hay “daños colaterales” y que, al final, los errores son pocos, y aunque se deben corregir, no le quitan el mérito a las acciones.

Frente a la posición humanista del cardenal, partidario de que la lucha contra el crimen se lleve a cabo desde la civilidad, el vicepresidente resta importancia a los errores e injusticias que se están cometiendo. ¿Los 45 mil privados de libertad son presos de guerra? ¿Se les aplicarán los Convenios de Ginebra, que protegen a los combatientes capturados? ¿Hay en el país una guerra civil? Frente al “balance altamente positivo” y la “operación correcta” de los que habla el vicepresidente, está la frase pensada, cristiana y pacifista del cardenal: “Todo ser humano merece un trato digno. Ha habido muchos excesos [durante el estado de excepción] y está documentado, no hay que normalizarlo; hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona, sea culpable o inocente”. Frente a la indiferencia ante el dolor de las personas y sus familias que han sufrido injusticias, está la razón cordial que habla de seres humanos.

Mientras el cardenal pide reflexión, el vicepresidente amenaza: “Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del Gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos". Esa afirmación despierta nuevas preguntas: ¿la peculiar guerra de la que habla el vicepresidente permite la violación de derechos humanos?,¿defender la dignidad humana, incluso de los malvados, es delito de guerra? Por su lado, el cardenal recuerda que los detenidos son seres humanos, que entre ellos hay un buen número de inocentes y que la persecución del crimen no implica tratos crueles y degradantes. Las palabras del vicepresidente, dividiendo al país en buenos y malos, y estableciendo la guerra de unos contra otros, no son prudentes ni dignas de un profesional. Que un abogado y docente universitario se exprese de ese modo es incomprensible, trágico.

El país necesita racionalidad y sensibilidad humana. Hablar de guerra es prescindir de valores democráticos, es declararse incapaz de aplicar la legislación vigente, es optar por la fuerza bruta en lugar de por la inteligencia, la investigación y la justicia. Optar por el lenguaje guerrerista abre la puerta a que, tarde o temprano, se justifiquen crímenes. En la historia del país abundan ejemplos al respecto. ¿Para combatir la delincuencia es necesario repetir la sistemática violación de derechos humanos que se dio durante la guerra civil? ¿No hay más opción que regresar al pasado?

La tormenta Bonnie mostró con claridad y evidencia que el Gobierno de El Salvador carece de planes para casi todo, incluyendo la gestión de riesgo ante eventos naturales; su forma común de actuar es la improvisación. La tormenta fue detectada días antes de que pasara frente a la costa del país. Se conocía perfectamente su procedencia, ruta, potencial de viento y lluvia, tiempo y zonas de impacto. A pesar de ello, no se tomaron las medidas para proteger a la población. Como ya es habitual, en lugar de actuar con anticipación (desalojar a los habitantes de las zonas con peligro de inundación o de deslaves, y colocarlos en albergues, por ejemplo), se optó por hacer a posteriori.

En esencia, Bonnie no fue distinta a otras tormentas de gran intensidad que han caído sobre el área metropolitana de San Salvador. Las localidades más afectadas fueron las de siempre, aquellas cuya vulnerabilidad es de sobra conocida porque resultan dañadas evento tras evento, como la colonia Santa Lucía y las comunidades aledañas al río Acelhuate en la zona de La Chacra. A pesar de esta pública vulnerabilidad, en los tres años de gestión de Nayib Bukele no se han revisado ni reformulado los mapas de riesgo, ni se ha trabajado en un plan nacional o departamental de reducción de riesgos, como la ley lo establece. Sin ellos no es posible tomar las acciones de prevención y mitigación requeridas para proteger eficazmente a la población que vive en zonas vulnerables.

A falta de prevención, la acción reactiva se improvisa y es desproporcionada. En el caso de Bonnie, se declaró una emergencia nacional y se suspendió en el país toda actividad de los centros educativos (incluso las administrativas) a pesar de que la tormenta no había afectado a la mayoría del territorio nacional ni se avizoraban nuevos eventos climáticos peligrosos. La suspensión debió aplicarse solo en las zonas que habían sido afectadas por las lluvias torrenciales del sábado 2 de julio y en las que era riesgoso que la niñez y la juventud se desplazará a sus lugares de estudio. Tan desproporcionada fue la medida que incluyó la suspensión de las actividades educativas virtuales.

La suspensión por tres días, cuya prolongación se anunciaba cada día en la noche, no solo privó a todos los niños y jóvenes salvadoreños de su educación (ya muy afectada por la pandemia), sino que creó incertidumbre y ansiedad. Además, perjudicó el desempeño organizativo de las instituciones educativas. Así es difícil que la educación mejore y adquiera los niveles de calidad que el desarrollo del país requiere. El ministro de educación, consciente de lo injustificado y absurdo de la medida, se apoyó en el poder del miedo: amenazó con sanciones y desplegó a funcionarios que verificaron in situ el cumplimiento de la suspensión, ignorando la libertad de la que gozan por ley las instituciones educativas privadas.

Atemorizar es ya una práctica de rigor del Gobierno de Bukele. Se utilizó para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria; se utiliza para acallar las voces críticas y para que la población no reclame sus derechos. Los cambios en el código penal y los abusos que el estado de excepción permite son útiles para controlar a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Un Gobierno de esta naturaleza, tan amigo de la improvisación y el miedo, no tiene la capacidad para resolver los problemas nacionales. Sin interés en llegar a soluciones atinadas, planificadas y consensuadas, atemoriza a la población para que acate sin rechistar sus órdenes, por absurdas que sean.