Editoriales y Opiniones

Por Rodolfo Cardenal

La cantinela del régimen contra las organizaciones de derechos humanos es una muestra de debilidad y de pobreza intelectual. Si está tan seguro de su posición política y de su popularidad, por qué presta tanta atención a unas cuantas organizaciones que lo señalan por violar sistemáticamente los derechos humanos. Si está tan convencido de la eficacia de la soberanía nacional, por qué pierde el tiempo y gasta energías en los organismos internacionales. Si está persuadido de estar habilitado para ejercer el poder absoluto, las diatribas contra las instituciones nacionales independientes es un desvarío.

Tal vez el origen del malestar sea el temor de que ese discurso acabe por penetrar en la opinión pública y encienda la chispa de una movilización popular masiva. Si una porción significativa de los actuales seguidores locales del régimen toma conciencia de la contradicción entre sus derechos civiles, políticos, sociales y humanos, y la realidad que experimenta diariamente, la popularidad presidencial puede comenzar a resquebrajarse. Otra posibilidad, sin excluir la anterior, es la susceptibilidad frente a la crítica y la disidencia, propia de figuras inseguras y con poco bagaje intelectual para defender sus ideas y sus decisiones. Son personalidades acostumbradas a ordenar y a ser obedecidas automáticamente, tal como revelan los tuits de los funcionarios.

Sea lo que sea, el hecho incontrovertible es que el Bukele autoritario, antidemocrático y violador de los derechos de la ciudadanía ya es un referente obligado de la prensa internacional. Bukele figura en compañía de los Bolsonaro, los Maduro, los Díaz-Canel y los Ortega latinoamericanos. Un artículo de The Economist del 18 de junio, dedicado a la criptocracia, concluye que “una moneda volátil y un líder volátil sugieren un futuro volátil para El Salvador”. Ningún otro mandatario nacional, ni siquiera los coroneles de la dictadura, había recibido semejante distinción. El sarcasmo contra la prensa internacional y la institucionalidad internacional contribuye a confirmar ese juicio negativo sobre el presidente que quiso ser cool. De ahí que sea un desgaste innecesario insistir en la descalificación y el insulto. La forma más eficaz para modificar esa imagen negativa es cambiar el rumbo de la gestión gubernamental. Pero, por ahora, eso no es posible. La vanidad y el orgullo, combinados con la inseguridad y la impaciencia, son obstáculos insalvables.

Además de las limitaciones personales, las circunstancias lo desaconsejan. En Washington, la posición de Bukele está muy comprometida. Sobre él se cierne, amenazadora, la sombra del expresidente de Honduras, extraditado y sentado ante un tribunal estadounidense, acusado de varios crímenes. Según fuentes gubernamentales estadounidenses, algunos de los colaboradores más cercanos de Bukele podrían ser inculpados, en un tribunal de Nueva York, por “actividades criminales transnacionales graves”; en concreto, tráfico de drogas, secuestro, tráfico y trata de personas, asesinato, extorsión y chantaje. La acusación se fundamenta en las declaraciones de varios testigos salvadoreños, recabadas en los últimos meses por una fuerza de tarea. Los testimonios de los líderes de la MS-13, cuya extradición Bukele niega, podrían ampliar la acusación hasta alcanzar la cima del poder presidencial. Por eso, a uno lo envió a Guatemala y a otro lo resguarda en una casa de seguridad. Estos líderes son la excepción del régimen de excepción.

Washington ha dejado entrever también que no duda de la relación de la tregua con el descenso de los homicidios ni de la participación directa de Bukele. La filtración no es un descuido de funcionarios inexpertos, sino un mensaje para él y los suyos. Washington tiene claro que el plan de control territorial es una patraña y que la represión es insostenible. Y deja claro el futuro que aguarda a Bukele y los suyos si se mantienen en sus trece. Estos tienen las de perder, al igual que el expresidente hondureño y su hermano. Es cuestión de tiempo. Las fuentes aseguran que Washington valora el momento oportuno para iniciar la acción judicial.

Sin embargo, no todo está perdido. La negociación con Washington es una salida. Si Bukele aceptara extraditar a los criminales reclamados por la justicia estadounidense, respetar la institucionalidad democrática y sacrificar a los corruptos más connotados de su entorno entregándolos a la justicia, Washington tal vez mire hacia otro lado y haga borrón y cuenta nueva. No sería la primera vez, y lo suele hacer sin asco. Bukele, en cambio, obtendría la legitimidad derivada de Washington, el refinanciamiento que necesita desesperadamente y quizás, incluso, hasta le toleraría la reelección.

El dilema de Bukele es la ruina nacional y personal, o la negociación. No rectificar implica fracasar a corto plazo y, probablemente, enfrentar a un juez estadounidense a mediano plazo. Negociar exige una buena dosis de modestia y de oportunismo político, cualidades que ya practicó cuando negoció la tregua. Sus colegas ya han marcado el camino. Desde hace un tiempo, Washington sostiene conversaciones tanto con Maduro como con Ortega. Y ha relajado las sanciones a Cuba.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, murió dentro del penal. Según el informe de Medicina Legal entregado a la familia, la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulación. El joven fue capturado arbitrariamente por autoridades de la Policía Nacional Civil, en el marco del Régimen de Excepción, la noche del 18 de abril en su vivienda ubicada en Jucuapa, departamento de Usulután. 

Solórzano Hernández fue llevado a las bartolinas de Jucuapa y luego se trasladó al penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. 

Al joven, que era taxista, le decretaron detención provisional en la audiencia inicial por el delito de organizaciones terroristas. La familia asegura que sin pruebas lo mantuvieron en la cárcel, esperando la programación de una segunda audiencia que nunca llegó. 

El jueves 7 de julio, por la tarde, las calles de Jucuapa se llenaron de amigos y familiares para dar el último adiós a Adrián. Lágrimas y tristeza inundaron a la decenas de personas que acompañaron el féretro. 

Según su familia, el joven era una persona muy querida en la zona, incluso ayudaba a muchos miembros de su familia y amigos.

Quizá los daños causados por las últimas tormentas convenzan de una vez de que el 88% del territorio nacional es altamente vulnerable y que el 95% de la población vive expuesta a algún tipo de riesgo. La mezcla de vulnerabilidad y fenómenos naturales intensos es explosiva, pues causa desastres sociales, económicos y humanos. La reciente tormenta Bonnie dejó dos muertos, decenas de evacuados y cuantiosas pérdidas materiales. Hace 15 días, las lluvias de junio, de acuerdo a los reportes de Protección Civil, provocaron la muertes de ocho personas. Las de junio de 2020, hace dos años, en plena pandemia, se saldaron con 30 personas muertas, una desaparecida y 12 mil 651 refugiadas. Ese mismo año, a finales de octubre, un deslave dejó nueve muertos y arrasó las viviendas de la comunidad Los Angelitos, en el municipio de Nejapa.

Por la falta de planificación del desarrollo urbano, las grandes ciudades del país han crecido de manera desordenada, solo respondiendo al afán de lucro de las empresas inmobiliarias. Esto ha provocado que se usen los suelos con vocación forestal para levantar complejos habitacionales, las zonas de recarga hídrica para construir carreteras o diversas infraestructuras. Con el mismo propósito se ha desviado los cauces de ríos y quebradas. Todo esto le está pasando factura al país, afectando en mayor medida a los más pobres. La ciencia y la experiencia demuestran que los desbordamientos se incrementan cuando se altera o interviene la circulación natural de los cursos de agua; que los desbordamientos ocurren sobre todo en zonas altamente desforestadas y en barrios y colonias que no cuentan con sistemas efectivos de alcantarillado o canales de desagüe. Si, como se pretende, se impermeabiliza el valle El Ángel,la ingente cantidad de agua que hoy en día se infiltra en el terreno buscará salida sobre lo construido, abriéndose así la posibilidad permanente de una tragedia.

El problema del progresivo deterioro ambiental del territorio salvadoreño no es una cuestión de los últimos años, sino de décadas. Sin embargo, pese a esta situación límite, no parece que vaya a haber cambios. La administración actual no ha mostrado ningún interés en distanciarse del modelo depredador y explotador de los bienes naturales. Al contrario, ha acelerado el otorgamiento de permisos ambientales para grandes construcciones sin tomar en cuenta el daño ecológico que puedan causar; ha aprobado una Ley General de Recursos Hídricos que beneficiará a los grandes inversores privados; ha mostrado inclinación por la minería metálica industrial. Si no se hace nada para contrarrestar la destrucción del medioambiente, cada vez serán más frecuentes las escenas de destrucción, dolor y luto. Si nada cambia, el país seguirá de emergencia en emergencia, ahogándose en su falta de capacidad de planificación y prevención.

Por José María Tojeira, S.J.

Cada vez que el presidente habla en contra de quienes trabajan en los derechos humanos, un coro de voces gubernamentales repiten sus frases. Ante el asesinato de tres policías en una emboscada, el discurso oficial repite la misma consigna: “Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa”. En primer lugar, decir eso es mentir, porque a toda persona con sentido del deber y de los derechos ciudadanos le indigna el asesinato del prójimo, tenga el oficio que tenga. Y en segundo lugar, ese discurso es la misma cantinela que los militares utilizaban durante la guerra civil para acusar a los organismos de derechos humanos de solo defender a los terroristas. Tal vez por eso el partido Nuevas Ideas rechaza los Acuerdos de Paz, para que no se note la semejanza de algunos de sus discursos con el militarismo retrógrado del pasado. Aunque no se cumplieran plenamente por parte de los partidos firmantes, los Acuerdos de Paz implican un rechazo a ese tipo de discurso y una apoyo real a la democracia y al respeto de los derechos. Sin embargo, la sensibilidad gubernamental antiderechos ya no critica a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fruto de aquellos Acuerdos. El gusto del oficialismo por las instituciones controladas debe estar satisfecho con la actitud de un procurador incapaz de decir una palabra seria respecto a los abusos cometidos durante el régimen de excepción y en los recintos carcelarios. Ello no es extraño dado los asesores de los que se está rodeando, expertos en disimular violaciones a derechos humanos.

La repetición de este discurso se desenmascara solo. Las instituciones defensoras de derechos humanos no suelen llamar violadores de derechos a los criminales; simplemente saben que son delincuentes y que deben pagar el precio de sus fechorías. En cambio, acusan a los Gobiernos o a sus instituciones de violadores de derechos humanos cuando agreden a personas inocentes y cuando defienden a los perpetradores de esos abusos. De eso es de lo que se acusa hoy al Gobierno de Nayib Bukele: de meter presas a personas que después tiene que soltarlas porque no han hecho nada y de manejar a jueces corruptos que condenan sin pruebas fehacientes. Todas las personas están obligadas a cumplir las leyes que exigen respeto a los derechos humanos. Los criminales son los que violan esas leyes. Los funcionarios del Estado tienen la obligación de defender esos derechos estipulados por las leyes. Cuando no lo hacen, violan derechos humanos. Al Estado le corresponde investigar si sus funcionarios violan derechos o no. A la ciudadanía consciente le corresponde denunciar cualquier violación de derechos.

Cuando las cosas no están claras y cuando los abusos se quieren ocultar, permitir o incluso alentar, la tendencia es atacar a las instituciones defensoras de derechos humanos. En todos los países se tiende a violar derechos humanos, especialmente de personas pertenecientes a sectores desprotegidos. Basta ver la situación de nuestros migrantes o de los migrantes africanos para darnos cuenta de que incluso las democracias desarrolladas violan los derechos humanos. Pero hay una diferencia entre las democracias y los regímenes autoritarios: en una democracia desarrollada no se ataca a quienes denuncian violaciones de derechos llamándoles defensores de criminales; en los regímenes autoritarios se acude siempre a ese discurso. Un discurso peligroso, porque en la medida en que se repite en una sociedad de cultura violenta, puede desatar la agresión física y termina destruyendo algo básico para la convivencia pacífica y fraterna: el respeto a las leyes y a las normas que rigen la vida social y que garantizan los derechos y deberes de todos. No hay democracia plena sin respeto a los derechos humanos. Quien defiende la violación de esos derechos termina por hacer desaparecer tanto la democracia como la paz y la amistad social que todos necesitamos para convivir. A los organismos de derechos humanos y a las ONG sí les importan las personas y sus derechos, así como la democracia. Por eso hablan y por eso son atacados.

La situación en Nicaragua es indignante. Y por ello resulta necesario que quienes en Centroamérica aman la democracia, la concordia y la amistad social no la pierdan de vista. El homicidio, la detención ilegal, los juicios fraudulentos, quitarle el pan de la boca a los pobres… todo está permitido para perpetuarse en el poder. El dueto Ortega-Murillo se ha convertido en un régimen autoritario que repite los abusos contra la dignidad de las personas cometidos por dictadores del pasado. Hablan de socialismo mientras enriquecen desde el Estado a sus parientes y niegan derechos básicos a muchos ciudadanos. Definen a Nicaragua como un país cristiano mientras persiguen a quienes defienden desde la fe los derechos de la gente. Hablan de grandes proyectos, incluido un canal transoceánico, mientras desposeen a los campesinos de sus tierras. Los legados más importantes del gobierno sandinista los revierten ahora quienes antes decían ser revolucionarios y desde el poder aprendieron a defender sus beneficios valiéndose de la manipulación y la fuerza.

El último de los pasos del régimen nicaragüense ha sido la cancelación de la personería jurídica de las hermanas Misioneras de la Caridad, dedicadas exclusivamente a la ayuda y socorro de la población más pobre y marginada. Ellas administran comedores y asilos orientados a atender ancianos, enfermos de sida, niños de la calle, exprostitutas, etc. La eliminación de su personería e inmediata expulsión del país solo puede explicarse a partir del odio oficial a quienes desde la sociedad civil trabajan en favor de los más necesitados. Al Gobierno nicaragüense, el hambre, el abandono familiar, la carencia de medicinas y de otros servicios básicos no le importan. El control de las comunicaciones busca que la única voz sea la de la dupla gubernamental. La conquista del poder total es el camino emprendido por el régimen Ortega-Murillo. Ni siquiera el derecho religioso de dar pan al hambriento es permitido en esta “Nicaragua socialista, cristiana y solidaria”, como la nombra hipócritamente el oficialismo. La superstición y la dictadura se han dado la mano para hundir al vecino país en el atraso y la insolidaridad.

Al leer el debate sobre la abolición de la esclavitud en la Asamblea Nacional Constituyente tras la independencia de Centroamérica, queda claro que los ideales democráticos e igualitarios estaban detrás del proceso independentista. Pero los intereses particulares, localistas y autoritarios no tardaron en imponerse. La codicia de las élites económicas, la corrupción del liderazgo y el militarismo convirtieron pronto a los países del istmo en parte del grupo de naciones más atrasadas de América. En la actualidad, nuevos autoritarismos violentos y corruptos, aliados a un militarismo nunca debidamente desactivado, impiden caminar hacia el desarrollo humano sostenible. En Nicaragua impacta el hecho de que precisamente quienes lucharon contra el somocismo sean ahora los que revivan las dinámicas dictatoriales, incluso con mayor dogmatismo y crueldad. Ojalá que las fuerzas democráticas que siguen vivas en Centroamérica sean lo suficiente solidarias y eficaces para detener el abuso en Nicaragua y revivir los ideales de una federación fraterna, democrática y justa.

Es tanto un deber como una necesidad condenar con determinación el reciente asesinato de tres miembros de la PNC en Santa Ana, ofrecer condolencias a la corporación policial y a las familias de los agentes, y agradecer a los miembros de la Policía por su trabajo al servicio de la población y por su disposición de combatir el crimen respetando la ley, pese a los riesgos. Justo es que estas tres nuevas víctimas de la dinámica homicida del país reciban un reconocimiento institucional. Esta tragedia debe contribuir a que se tome conciencia del riesgo que asumen a diario los policías, quienes con frecuencia cumplen su labor a pecho descubierto, sin la protección (cascos y chalecos antibalas) de la que gozan los miembros de la Fuerza Armada asignados a tareas de seguridad. También debe animar a fortalecer su capacidad de investigación y persecución del crimen con los medios técnicos y científicos disponibles hoy en día, para que así no tengan que arriesgar innecesariamente su vida.

El apoyo que la PNC requiere es la apuesta decidida por una formación de calidad para aspirantes y agentes, más y mejores recursos técnicos y científicos para la inteligencia, de modo que sea posible presentar pruebas contundentes sobre la culpabilidad de delincuentes y criminales. Contar con una policía profesional, técnica y humana fue el ideal detrás de la creación de la PNC, a la que debían pertenecer hombres y mujeres no solo uniformados, sino sobre todo bien formados, capaces de realizar su trabajo con vocación de servicio y cercanía a la población, con responsabilidad, inteligencia y pleno respeto a los derechos humanos. Una Policía que, de acuerdo a la ley que le dio origen y la sigue rigiendo, “tendrá por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos”.

Para desgracia del país y sus ciudadanos, la historia de la PNC ha sido otra: no ha contado con los recursos necesarios para un buen trabajo; muy pronto se rebajaron los requisitos para ingresar a ella o no fueron exigidos ni comprobados como corresponde; no se paga una remuneración adecuada y congruente con la responsabilidad y el riesgo de ser policía en un país con altos índices de criminalidad. Tampoco se la dotó de un sistema de previsión que respaldará a los policías y sus familias en caso de sufrir daños físicos o mentales a causa de los riesgos que implica su trabajo o perder la vida en acto de servicio. Se permitió la corrupción, debilitando primero y luego anulando la labor de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que tiene un rol fundamental para el apego a las normas propias de policías democráticas, que realizan su trabajo con pleno respeto a los derechos humanos. Por ello, junto a excelentes policías también hay en la corporación personas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser agente, incluso algunos de ellos han llegado a los más altos puestos sin contar con los méritos necesarios.

La lucha contra el crimen, la garantía de la seguridad pública y la efectiva protección de la vida de los policías pasa por fortalecer a la PNC, dotándola de los medios y recursos necesarios; reconocer la importancia de su labor al servicio de toda la sociedad; y hacer de ella una policía modélica por su capacidad técnica y por su respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. A ello debe apostarle El Salvador para tener éxito en la lucha contra el crimen y rendir honesto homenaje a los agentes que fallecen o resultan heridos en el cumplimiento del deber.

Por José M. Tojeira, S.J.

En estos tiempos de promesas, populismo y propaganda masiva, la sociedad civil ha mostrado mayor capacidad de oposición que la sociedad política. Y ello tiene su lógica. La sociedad civil se interesa por sus intereses particulares (aunque sean parte del interés común de todos). Y cuando los gobiernos no cumplen o no se interesan en sus propuestas, la capacidad de movilización de la sociedad civil aumenta. Hasta ahora las grandes manifestaciones de protesta contra el régimen actual las han organizado y llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil. Los grupos LGBTIQ, como lo manifestaron el día del orgullo gay, los veteranos, el movimiento feminista, los defensores de la ecología o de los DDHH, grupos religiosos comprometidos con el bien común y otros, son hoy los sectores que critican los defectos, muchos de ellos graves, de nuestra democracia, al tiempo que manifiestan públicamente sus propias reivindicaciones. Sin embargo, las peticiones y reclamos de estos grupos funcionan relativamente aisladas. Y de ese relativo aislamiento proviene una real debilidad. Porque los políticos autoritarios pueden fácilmente lidiar con reivindicaciones concretas. Lo único que realmente les inquieta son los proyectos políticos que puedan convertirse en alternativa al poder que detentan.

Sin embargo, la sociedad civil, aunque busque fines particulares, tiene con frecuencia un concepto de universalidad de derechos del que carecen regímenes autoritarios, corruptos o falsamente democráticos. Y es esa universalidad de derechos la que tiene que impulsar cuando quiere incidir en política. En ese sentido resulta necesario que las distintas fuerzas de la sociedad civil logren elaborar una plataforma de reivindicaciones que sirvan tanto de reclamo como de inspiración para posibles fuerzas políticas que deseen realmente convertirse en alternativa al poder. No se trata de construir un programa político, pero sí una agenda básica de reivindicaciones en las que todos los grupos y organizaciones estén de acuerdo. Una especie de plataforma que pueda ganar adeptos progresivamente y con la que tenga que dialogar cualquier tendencia política o ideológica que quiera llegar al poder. Ni siquiera se trata de llegar a acuerdos con un partido político concreto, sino de tener tal fuerza, por lo concreto y necesario de sus planteamientos, que todos los grupos políticos se vean obligados a dialogar y a incorporar, con los matices que sean, parte del proyecto de la sociedad civil dentro de sus programas. Aunque la gestión de lo público le corresponde a quienes gobiernan, la sociedad civil no puede dejar lo público exclusivamente en las manos y voluntades de los políticos. La democracia nos corresponde a todos y la sociedad civil, aunque se enfoque en algunos aspectos parciales de lo público, no puede renunciar al bien común general. Y particularmente en la situación salvadoreña, urge la preocupación por el bien común.

Mantener un diálogo permanente entre los diversos grupos es buscar un entendimiento común de lo que es El Salvador actual y de lo que necesita como país y como comunidad de personas con igual dignidad, derechos y obligaciones. Las manifestaciones multitudinarias irritan al poder y animan a quienes son críticos con el mismo, porque muestran las fisuras y grietas que existen en los poderes que se consideran absolutos. Pero mientras no pongan en cuestión las comodidades, ventajas, mentiras y falsas promesas del poder, difícilmente conseguirán que los derechos que reclaman se conviertan en una realidad sólida, adecuadamente aceptada por la misma sociedad en la que se mueven. Solo una agenda sustancialmente democrática, inspirada en los Derechos Humanos y capaz de unificar reivindicaciones y de entender el poder de otra manera puede lograr un cambio. Los partidos políticos han sido hasta el presente incapaces de plantear una propuesta democrática seria. El afán de mantenerse en el poder fue para ellos siempre más importante que la fidelidad a principios básicos de democracia. A la sociedad civil le corresponde, en esta coyuntura histórica, impulsar las bases de una democracia social y de derecho que ofrezca esperanza a todos los salvadoreños.

En la cultura popular se dice que para comprender a otra persona hay que ponerse en sus zapatos. Quizá esa máxima sea útil para analizar las acciones presidenciales. Por sus declaraciones, cabe entender que para el presidente la democracia se reduce a las elecciones y el voto ciudadano es un cheque en blanco. Eso le da licencia para administrar el Estado como su patrimonio, lo exime de rendir cuentas, le faculta para especular con el dinero público y justifica que su palabra valga más que cualquier ley, incluso la Constitución.

Para el mandatario, liderazgo equivale a autoritarismo. El líder firme es aquel al que todos los poderes del Estado le obedecen y al que se somete toda la institucionalidad pública. El verdadero líder, para el presidente, es aquel que no tolera la disidencia; todo el que no lo respalda es oposición y, por tanto, enemigo del pueblo al que él encarna. No tiene necesidad de dialogar con nadie porque él sabe lo que el pueblo necesita.

En la mentalidad de Bukele, una conferencia de prensa es un monólogo, aunque decorado con algunas preguntas retóricas que le sirven para hablar de algunos temas que le interesan o para extenderse en algo que quiere recalcar. Su experticia es la comunicación unidireccional y por ello no tiene capacidad de hablar sin perder la compostura sobre asuntos que no han sido pactados previamente.

El presidente entiende la soberanía como la libertad de hacer cualquier cosa sin que ninguna instancia del ámbito global tenga derecho a opinar. Para él, la normativa universal sobre los DDHH o los convenios internacionales suscritos por el Estado son papel mojado. Si una persona o instancia denuncian violaciones a derechos humanos es un injerencista y amigo de las pandillas.

Para él, la verdadera realidad es la virtual. Por eso la gente debe entender que el país ya es otro en tan solo tres años de gobierno. Si la propaganda oficial dice que el sistema de salud ya es mejor que antes o que la educación pública supera en calidad a la privada es porque así es. Asimismo, el aeropuerto en La Unión, la ciudad del bitcóin y el plan control territorial existen porque así lo dice la publicidad gubernamental. Y desde esta misma base hay que entender la frase repetida hasta el cansancio: “Los cambios están a la vista”; a la vista de las pantallas gracias a la maquinaria propagandística.

En la visión presidencial, el mundo se divide en dos: los que lo aplauden y vitorean, y los que no. Así, los que lo respaldan son los suyos y los que critican alguna de sus medidas son oposición. Quienes denuncian abusos y delitos son marionetas de algún titiritero, nacional o extranjero; los que señalan las transgresiones a los derechos humanos, amigos de las pandillas. Por su obediencia, los miembros del Ejército y de la Policía son los verdaderos héroes de la patria; el personal de salud que denuncia el abandono en el que se encuentra, no. Los pobladores de barrios y colonias populares donde operan pandillas merecen toda la furia del aparato represivo; la juventud de barrios exclusivos, no se toca.

En una sociedad de por sí polarizada y corroída por una cultura machista y violenta, la mentalidad maniquea, oportunista y destructiva del mandatario cosecha éxitos rotundos para él y los suyos. Mientras, el país retrocede día a día hacia los años ochenta.

Editorial UCA

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El 26 de junio se celebró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Unos días antes, en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un nutrido grupo de instituciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, denunció la intolerable situación que actualmente se vive en el sistema penitenciario. El número de fallecidos con signos de violencia, la detención arbitraria, el hacinamiento y el maltrato son prácticas en continuo crecimiento desde que comenzó el régimen de excepción. A pesar de haber sido invitado a la audiencia, el Gobierno no asistió ni envió representación. Dados los testimonios y datos documentados por la sociedad civil, va tomando cada vez más cuerpo la sospecha de que en las prisiones y en los procesos de encarcelamiento se tortura. En este contexto, la indiferencia de diversas instituciones estatales se convierte en complicidad.

En su artículo 27, la Constitución prohíbe “toda especie de tormento”. Además, El Salvador es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En los cuatro documentos, que son ley de la República y de mayor importancia que la ley secundaria generada por la Asamblea Legislativa, se prohíbe taxativamente la tortura. Por ello, todos los funcionarios vinculados a los encarcelamientos masivos deberían atender el llamado que el secretario general de la ONU hizo en el día dedicado a las víctimas de tortura: “Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.

Desde hace años, el Idhuca viene solicitando a cada Gobierno de turno que ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Eso permitiría luchar eficazmente contra la tortura. Sin embargo, al igual que los Gobiernos del FMLN, la administración de Bukele no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por sobreponerse a los señalamientos de que en el país se maltrata a los detenidos. Actualmente, la exhibición degradante ante los medios de comunicación, la reducción de la cantidad de comida y la entrega de cadáveres con señales de golpes son indicios suficientes de tortura.

La tortura es un crimen de lesa humanidad cuando se aplica a grupos particulares desde instancias estatales. Y se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin [...] de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido [...] cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Las autoridades del Gobierno deben reflexionar con seriedad, si no por humanidad, al menos por conveniencia propia: llegará un día en el que el sistema judicial y la Fiscalía serán independientes del Ejecutivo. Y en este momento muy probablemente revivirá el interés de investigar los crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.

La mayoría de responsables de la cosa pública, desde el presidente de la República hasta los funcionarios públicos de base, presentan un país que va por buen camino, en el que todo está mejorando, que se dirige aceleradamente a un futuro de prosperidad y de bienestar. Por supuesto,la realidad es otra. El régimen de Bukele ha logrado que gran parte de la población crea en sus promesas y deseé que la ilusión de un país de maravillas se haga realidad. Ello explica su alto nivel de apoyo después de tres años de gestión, así como el respaldo ciudadano a las políticas que se está implementando, a pesar de que algunas de ellas han sido un fracaso, como la apuesta por el bitcóin, que solo ha supuesto pérdidas millonarias; y de que otras, como la pretensión de capturar a todos los miembros de las pandillas, violen los derechos humanos, causen zozobra y sufrimiento entre las familias más pobres y excluidas.

Vender un sueño y hacer creer que se materializa le está siendo relativamente fácil al presidente. Pero en lo que fracasa es en efectivamente convertir el sueño en realidad. Para ello no solo requeriría de recursos de los que no dispone, sino también, y sobre todo, de un cambio cultural y educativo en la población, y de un plan de nación bien pensado, aspectos de los que el Gobierno adolece por completo. Los magos de la imagen y la propaganda, muy capaces de fabricar y ofrecer ilusiones, no se caracterizan por ser expertos en planes y estrategias para convertir las ideas en realidad. El Salvador, más bien, se aleja cada vez más del sueño que abandera su mandatario. Que más de 60 mil compatriotas hayan sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el último año es un buen indicador de que el país de Bukele no se corresponde con el país de la gente. Los salvadoreños siguen buscando afuera alternativas de vida que no encuentra acá, y en esa gesta están dispuestos a correr riesgos cada vez mayores.

En el Salvador de la gente, el incremento acelerado del costo de la vida ha llevado a que la mayoría de las familias se hayan estrechado el cinturón. La mayor parte de los adultos mayores vive con limitaciones de todo tipo y depende de la ayuda de sus familiares, pues no recibe ningún tipo de ayuda del Estado (el sistema de salud ni siquiera cuenta con especialistas en geriatría). Los policías y maestros reclaman por un retiro digno que el actual sistema de pensiones no es capaz de ofrecer. Han fallecido decenas de personas en los centros penitenciarios sin que se investiguen las causas y muchas otras han sido detenida sin que nadie pueda probar su participación en actividades delictivas. La realidad también habla de las dificultades en las finanzas públicas, que resultan insuficientes para cubrir los gastos y siembran dudas de si el Estado tendrá la capacidad para pagar sus deudas en el corto y mediano plazo. A todo ello se añade la ausencia total de información sobre la gestión gubernamental y el uso de los fondos públicos. Ello no es un descuido, sino parte de la estrategia de la ilusión: no se rinden cuentas a fin de ocultar lo mal que están las cosas. Esta opacidad que caracteriza a la administración Bukele confirma que se está gobernando de espaldas a la población.

Aunque la mayoría de la población vive encandilada con la ilusión presidencial, si no se logra al menos avanzar significativamente en la consecución de ese sueño que se promete y que se presenta como que ya fuera una realidad en algunos aspectos, el desencanto ciudadano se reanimará. Vendrán entonces los ayes a puerta cerrada o la represión de un pueblo indignado por haber sido estafado una vez más.