Editoriales y Opiniones

Editorial UCA

Es muy distinto cómo dice el Gobierno que está el país y su gente, y cómo lo perciben observadores independientes y la comunidad internacional. Mientras la ingente propaganda oficial afirma que El Salvador ya es otro país, uno de los lugares más seguros del mundo, que va camino a la prosperidad gracias al bitcóin, etc., los datos afirman otra cosa. Para comenzar, si El Salvador es el lugar donde se cumplirán los sueños de todos sus habitantes, no se explica por qué la migración, lejos de reducirse, ha aumentado. Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 se contabilizaron casi 50 mil compatriotas detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. 30 de cada 100 personas dicen que quisieran migrar y, en promedio, 300 salen cada día buscando oportunidades que en su propia tierra se les niegan.

Por otro lado, un país seguro es aquel donde se respetan los derechos humanos. Pero Amnistía Internacional y otros organismos han denunciado que el Gobierno está violando masivamente los derechos humanos con el estado de excepción. Destacan las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos, así como la muerte de más de 30 personas capturadas. Aunque a muchos esto les es indiferente y otros tantos más bien lo aplauden, lo cierto es que la barbarie impera. Tampoco es seguro un país en el que se persigue a las voces críticas. Reporteros sin Fronteras denunció el 2 de junio que el Gobierno multiplicó los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando así en la población la imagen de una prensa enemiga. Y sigue abierto el tema de la intervención de las comunicaciones a opositores y críticos de la administración Bukele a través del programa Pegasus. Otro dato: gracias al estado de excepción, el país ocupa el primer lugar en el mundo en número de presos por cada 100 mil habitantes. Es decir, ninguna otra nación en el planeta encierra a tan alta proporción de su gente como El Salvador.

Un buen país garantiza un nivel de vida digno para toda su gente. Hasta el momento, la apuesta por el bitcóin ha fracasado y las agencias calificadoras de riesgo han rebajado la calificación de El Salvador a un nivel que indica que hay una alta probabilidad de que no pague sus deudas. Además, en la región centroamericana, El Salvador será el país que menos crecerá, tal y como ha sucedido desde los años noventa. Finalmente, un país democrático es aquel que rinde cuentas a su población, pero El Salvador es el país peor evaluado de Centroamérica por falta de transparencia presupuestaria. El país tiene la nota más baja de la zona; está 24 puntos abajo de Guatemala, a 22 de Costa Rica, a 16 de Honduras y un punto abajo de la sufrida Nicaragua.

Por el momento, pese a los embates de la realidad, cada vez más contundentes y abundantes, la burbuja del país publicitado se mantiene firme. Y sobre la firmeza de esa ilusión es de lo poco que hay certidumbre en El Salvador.

Proceso

03/06/2022

Hace tres años, Nayib Bukele llegó al Gobierno. Prometió liberar al país de la corrupción y de los vicios de “los mismos de siempre”. En su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2019, Bukele dijo “nos comprometimos a ser un mejor El Salvador; nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño”. El grueso de las acciones de su gobierno, por el contrario, han seguido un camino diferente al de sus discursos.

Durante tres años, el Gobierno de Bukele ha desmantelado los pocos avances en materia de institucionalidad democrática logrados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ha demostrado que su Gobierno carece de planificación y propuestas de políticas públicas que brinden soluciones estructurales y sostenibles a los graves problemas del país. Sobre todo, estos tres años han demostrado que la transparencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son prescindibles si obstaculizan la voluntad del presidente.

A lo largo de su gestión, Bukele ha focalizado esfuerzo y recursos en la cooptación de casi todas las instituciones del Estado. Desde que los diputados oficialistas destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, el pasado 1 de mayo de 2021, ya no se puede hablar de separación de poderes. Asimismo, la ciudadanía ha perdido la posibilidad de acceder a información pública básica, como el costo de los viajes del presidente, los planes de salud o de vacunación, el costo de las computadoras y laptops para el sistema educativo público, el costo total de la implementación del bitcóin, etc. Las posibilidades de ejercer algún tipo de control ciudadano sobre las acciones del Ejecutivo son nulas. Pese a ello, y gracias al trabajo del periodismo independiente, se han conocido graves casos de corrupción, especialmente relacionados con las compras de insumos médicos durante la emergencia causada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, más allá de la cooptación del Estado, de la concentración de poder en el presidente y de la corrupción, los tres años del actual Gobierno han visto el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Como prueba de lo anterior, haremos alusión a algunos temas. Por ejemplo, el Gobierno de Bukele se ha caracterizado por otorgar, con enorme facilidad, permisos ambientales para grandes proyectos urbanísticos que limitarán aún más el acceso al agua en comunidades pobres del país. En otros casos, los proyectos de inversión pública del Ejecutivo, como el Aeropuerto del Pacífico, desplazarán a comunidades y pondrán en riesgo la biodiversidad de la zona. Hasta el día de hoy, es imposible saber qué acciones está tomando el Ejecutivo para mitigar los riesgos y daños que este tipo de inversiones conllevan, si es que se está tomando alguna.

De igual forma, en tres años de gobierno, los programas dirigidos hacia las mujeres salvadoreñas han sufrido enormes retrocesos. Para 2022, el presupuesto otorgado para el desarrollo de estos programas sufrió un recorte de $563,185, según reportes periodísticos. Programas como el de Agricultura Familiar y Amanecer Rural, que tenían un enfoque de género, perdieron sus asignaciones presupuestarias por completo, mientras que el programa de Ciudad Mujer ha sufrido también drásticas reducciones presupuestarias.

Las poblaciones de los municipios más pobres del país también están viendo una afectación en los servicios y proyectos desarrollados por las alcaldías, luego de que la Asamblea Legislativa, por petición del Gobierno, les redujera significativamente la asignación del Fodes (Fondo para el Desarrollo de los Municipios de El Salvador) y centralizara los fondos en la Dirección de Obras Municipales (DOM). En los últimos días, incluso alcaldes pertenecientes al partido del presidente han señalado que no han podido cumplir con las obras que la población demanda, ya que no cuentan con los recursos para ello.

En materia de seguridad pública, aunque la disminución en las cifras de homicidios es innegable, existen pruebas suficientes de que dicha disminución no es atribuible a la ejecución del Plan Control Territorial, sino a negociaciones entre el Gobierno y las principales pandillas del país. Como en administraciones anteriores, dichas negociaciones han ocurrido en total secretismo. Cuando estos pactos fracasan, comienza nuevamente el derramamiento de sangre y las víctimas resultan ser casi siempre personas trabajadoras sin vinculaciones con pandillas, como ocurrió entre los días 25 y 27 de marzo, cuando fueron asesinadas 87 personas.

En tres años, pues, ha quedado más que demostrada la poca estima que el Gobierno de Bukele tiene para con los derechos humanos de la población cuando de proteger su imagen se trata. Luego de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno se rompiera, a petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que se ha prorrogado en dos ocasiones y en el que han tenido lugar prácticas propias del terrorismo de Estado, sobre todo contra jóvenes provenientes de barrios o comunidades empobrecidas y estigmatizadas. En este contexto, distintas organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de casos de detenciones arbitrarias, golpizas, torturas y decesos en centros penales.

Podemos decir entonces que van tres años de un Gobierno en el que se han consolidado la corrupción, la concentración de poder y las graves violaciones a los derechos humanos, mientras los problemas del país siguen agobiando a la mayoría de la población, aunque la maquinaria de propaganda, con sus cientos de voceros a sueldo, intenten vender lo contrario.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 91.

Editorial UCA

En el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa al cumplirse los tres años del actual Gobierno, algunos asistentes exhibieron carteles pidiendo la reelección del mandatario. Llama la atención que eso sucediera precisamente en la casa de quienes están obligados bajo juramento a defender la Constitución, que prohíbe taxativamente la reelección en el período inmediato posterior a la finalización de un ejercicio presidencial. Los textos no dejan ninguna duda. El Artículo 152 dice que “no podrán ser candidatos a presidente de la República: 1º.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154 afirma que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Y con dedicatoria a quienes puedan hacer propaganda de la reelección, el artículo 75, en el apartado cuarto, sentencia que “pierden los derechos de ciudadano [...] los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

Además, la Constitución niega la posibilidad de ser presidente en el siguiente período al “cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia”. Tampoco puede “el que haya sido presidente de la Asamblea Legislativa o presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del período presidencial”. Y lo mismo dice de los ministros, los militares e incluso del director de la PNC. En otras palabras, ninguno de los que han acompañado al presidente en el ejercicio del poder puede ser candidato a la Presidencia en el período siguiente. Pese a todo lo anterior, los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional dicen que el presidente de la República puede reelegirse al final su período. La imaginación y la creatividad de estos magistrados es grande. Especialistas en interpretaciones caprichosas, pretenden cambiar el significado de las palabras con resoluciones artificiosas, interpretando lo blanco como negro y viceversa, según las conveniencias del momento. La sentencia que emitieron para avalar la reelección inmediata es tan exigua, limitada y falta de razones como la ley del bitcóin.

La interpretación de los magistrados va en contra del contexto y la literalidad constitucional, y esto puede deberse a ignorancia manifiesta, incapacidad racional, falta de independencia o voluntad de servir a un poder distinto al propio. Saltarse el significado de las palabras y sustituirlo por intereses personales no conduce a la democracia. La fidelidad a la intención del legislador constitucional y a la misma Constitución es esencial para el desarrollo armónico de una sociedad como la nuestra, tan necesitada de fortaleza institucional y tan sujeta a los caprichos de quienes consideran al poder político y judicial como instrumentos a su servicio. Por de pronto, la reelección del actual mandatario se consolida a bases de trampas, gritos destemplados y desfachatado desprecio a la democracia.

Editorial UCA

Poco después de la publicación de la última encuesta del Iudop, un funcionario del Gobierno publicó este tuit: “Tuvieron que repetir la encuesta, pero les salió peor”. La intención era obvia: mostrar un dato del sondeo de opinión que beneficia a la actual administración. Cuestionar la ética de trabajo del Iudop le resultó obligado para no poner en entredicho la narrativa gubernamental sobre la UCA. Al respecto, lo primero a aclarar es que no hay tal encuesta repetida, sino que se trata de dos encuestas diferentes. La primera, presentada el 25 de mayo, se enfocó en exclusiva en la percepción ciudadana sobre el estado de excepción. La segunda, publicada el 2 de junio, versa sobre la evaluación ciudadana del Gobierno, que el Iudop realiza todos los años desde hace décadas.

En la primera se preguntó a la población su opinión sobre el estado de la delincuencia a partir del 27 de marzo, fecha en que se aprobó el estado de excepción; el 78.7% de los y las encuestadas respondió que había disminuido. En la encuesta de evaluación de gobierno, la pregunta sobre la delincuencia fue de carácter general, sin relacionarla a una medida o acción gubernamental en concreto; un 88.2% de los encuestados respondió que había disminuido. Aunque la respuesta sea coincidente, se trató de dos preguntas distintas, de dos encuestas también distintas. Por otra parte, hay que hacer notar que en el primer sondeo, del 78.7% que dijo que la delincuencia había disminuido, una cuarta parte (24.8%) piensa que las capturas masivas se hacen para mejorar la imagen del presidente.

Las encuestas de la UCA buscan dar voz a la población, especialmente para que los tomadores de decisión la escuchen y la atiendan. La credibilidad y el reconocimiento, nacional e internacional, del Iudop es producto del profesionalismo y ética mostrados en sus 35 años de vida; fruto de su trabajo independiente, ajeno a las presiones e intereses de cualquier grupo de poder. La percepción favorable de la población sobre el presidente y su gestión es mayoritaria y, como siempre, fiel a su profesionalismo, el Iudop la comunicó tal cual. De igual manera, si la opinión de la población llegara a cambiar, los datos se publicarán tal cual.

Ahora bien, convendría para la buena marcha del país que, en medio de su regocijo por el mayoritario respaldo social obtenido, el Ejecutivo repare en que, en la encuesta sobre el estado de excepción, el 16.7% piensa que los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo obedecieron a la ruptura del pacto entre el Gobierno y las pandillas, y que 20.8% de la gente en el área urbana conoce a personas que han sido capturadas de forma injustificada. En la encuesta de evaluación, ciertamente, la mayoría aprueba la gestión del Ejecutivo, pero las opiniones favorables han decrecido en el último año, lo menos valorado es la situación económica y 84 de cada 100 personas no se sienten beneficiadas por el bitcóin. La gente no vive de sueños ni de tuits que pretenden ser ingeniosos; necesita oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por Rodolfo Cardenal, S. J.

El presidente guarda silencios sonoros sobre los temas que ponen en riesgo su popularidad y destaca aquellos que la alimentan, para así presentarse como el mejor gobernante de todos los tiempos. El clamor de las madres y de las esposas a las puertas de las cárceles, donde ha encerrado a sus hijos y parejas, desafía esa astuta estrategia. Si por acaso, algún día, Bukele se vuelve a presentar ante ellas para pedirles su confianza, qué les dirá. Quizás se atreva a decirles que sus hijos o sus parejas son criminales. Eso ya lo saben muchas de ellas. Lo que suplican es información sobre su estado de salud, su estatuto judicial, visitarlos y proveerlos de los bienes indispensables que el carcelero mayor les niega. Quizás les diga que no los educaron bien. Ellas le responderán que les negaron esa oportunidad. La necesidad las obligó a trabajar fuera del hogar todo el día y sus hijos quedaron abandonados, sin quién viera por ellos. La escuela no les ofreció mayor cosa, la comunidad tampoco y las iglesias estaban ausentes.

Y a las madres que saben que sus hijos no son pandilleros, qué les dirá. Esas mujeres no quieren disculpas hipócritas, sino la liberación inmediata de sus hijos y sus parejas, o al menos, tener noticias de ellos. Qué podría decir a las madres abandonadas con hijos que mantener y deudas que pagar. Qué les dirá a los menores que han quedado abandonados a su suerte, porque a sus progenitores se los llevó la redada. ¿Que su esposa se ocupará de ellos cuando “nacer con cariño” logre incluirlos? Muchos detenidos son pandilleros y criminales, y sus familiares no lo niegan. Pero otros muchos no lo son. Y bastantes andan sueltos, porque no son objetivo de la vendetta presidencial.

Si alguna vez Bukele se atreve a visitar sus colonias, cómo les explicará la represión a aquellas que colaboraron en sus campañas electorales, en la distribución de los paquetes de alimentos durante la pandemia y en la promoción de las candidaturas de sus diputados y alcaldes. ¿Que olviden lo ocurrido para comenzar de nuevo? Sus diputados, que dicen acercarse a la población para contarle cómo su labor legislativa coloca al país en el rumbo correcto, no tienen valor para sentarse y escuchar el drama de estas mujeres, a quienes sin vergüenza llaman “madres luchadoras e incansables” y “mujeres bellas que dedican tiempo y amor a sus hijos”. Se desdicen en elogios a la madre irreal, mientras desprecian y maltratan a las madres reales. A una alcaldesa del partido oficial la dejaron con la palabra en la boca cuando comenzó a relatar las necesidades de la juventud de su municipio para solicitarles ayuda. El jefe de estos diputados dice sentirse muy seguro en el Soyapango actual, pero omite que se desplaza rodeado de guardaespaldas.

Bukele ignora el clamor de las mujeres en vela permanente delante de sus cárceles. Se sirvió de ellas para llegar al poder y ahora las utiliza de nuevo para consolidar su popularidad sin importarle sus congojas. Atribuir la seguridad y el orden actual en las comunidades al terrorismo de Estado es un engaño. Más que orden, Bukele ha instaurado un desorden institucionalizado, cuya sensación de seguridad descansa en la injusticia y la violencia. Los entusiastas no debieran olvidar que los pandilleros capturados han campado por sus respetos durante tres años, amparados en la tregua. Y que muchos otros no son perseguidos.

Las madres y las esposas le dicen clara y valientemente a Bukele que no abandonarán a sus hijos y sus parejas, sean o no criminales. Las primeras noticias sobre las torturas, el hambre, la sed y las enfermedades a las que están sometidos han aumentado la angustia de estas mujeres. Los más de veinte homicidios ocurridos dentro de los muros de las prisiones estatales las mantienen atemorizadas. Pero ni la zozobra, ni el miedo las han doblegado. Al contrario, han fortalecido su decisión de mantener la guardia, a pesar de pernoctar en la intemperie, de estrujar sus maltrechas economías y del trato grosero y cruel de los guardianes. Bukele intentó dispersarlas. Les envió sus fuerzas represivas y una tanqueta para amedrentarlas. Sus verdugos desmantelaron sus campamentos improvisados y las alejaron aún más de los portones de las prisiones. Todo en vano. Esas mujeres no han cedido y se mantienen en pie de lucha contra el régimen militar. No pueden retornar a sus hogares sin saber de sus hijos y sus parejas.

Las mujeres en vigilia delante de las cárceles son una protesta clamorosa contra la dictadura de los Bukele y un llamado desesperado a la sensatez y la humanidad. La injusticia y la violencia las han convocado desde los rincones más diversos del país, las han unido y las han hermanado para plantar cara a la opresión del autoritarismo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso

Desde hace un par de meses el centro de la atención nacional lo ocupa el régimen de excepción, lo que en sí mismo ya es un signo de la eficacia mediática del gobierno. La población, en general, aprueba el estado de excepción, en parte, por la labor de la propaganda oficial. El “capturómetro” fue la noticia del día durante las primeras semanas, posteriormente los “efectos colaterales” del régimen se han ido abriendo camino en la agenda nacional. Los casos de capturas de personas no vinculadas con las pandillas desfilan diariamente por los medios de comunicación, el sufrimiento de madres, padres, esposas y demás familiares de los detenidos pernoctando en las afueras de los penales, esperando que se les haga el milagro de la liberación de sus parientes, ha llegado a límites con signos de una crisis humanitaria.

Pero el gobierno, aprovechando que los y las detenidas acaparan los reflectores, sigue adelante con otras medidas para avanzar en el rumbo que el presidente y el grupo al que representa les ha trazado. Recordemos que en septiembre de 2021, un decreto aprobado por las y los diputados que tramitan las peticiones del Ejecutivo obligó al retiro a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz y a fiscales que tuvieran 30 años de carrera o 60 años de edad o más. El decreto retiró a un tercio de los 690 jueces de los que contaba el país en ese momento. El argumento del presidente del primer órgano del Estado fue “no más jueces corruptos ni justicia a la medida de los grupos de poder”. Ser juez mayor de 60 años se convirtió entonces en sinónimo de corrupción en el juicio inmisericorde de los troles y de los partidarios incondicionales del presidente. En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Compensación Económica por servicios prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Salvo algunas excepciones como la de Romeo Auerbach, que se acogió al decreto a principios de 2022, siendo diputado desde mayo de 2021, según testimonios de personas que se acogieron a la ley, el retiro no fue propiamente voluntario sino coaccionado. Más de un ciento de empleados y empleados se “acogieron” al retiro y casi 40 de ellos pertenecían al área de capacitación del TSE, una de las más grandes del tribunal y la que cuenta con el personal con más experiencia y más conocedor del sistema electoral. Mientras tanto, puestos importantes de dirección han sido cambiados y ocupados por personas seleccionadas por la fidelidad partidaria a quien domina el TSE y no por sus capacidades y méritos profesionales. La consecuencia más visible es que los procesos y las decisiones dentro del TSE han pasado, de hecho, ha engrosar la interminable lista de información reservada que ya ni el mismo sindicato de empleados del TSE puede conocer y frente a lo cual guarda un silencio que solo puede explicarse porque sus afiliados no quieren engrosar la también cada vez más larga lista de despedidos. De esta manera, de modo silencioso, el árbitro de las elecciones en El Salvador, está promoviendo cambios que deberían encender las alarmas. La cereza en el pastel de la cooptación de toda la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo puede ser la también cooptación de la institución encargada de garantizar la integridad del sistema electoral, de tal suerte que, como las otras instancias públicas, respondan a las órdenes de Casa Presidencial y no al cumplimiento de la ley.

Por otra parte, el 11 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Retiro y otorgamiento de compensación económica al personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayor de 60 años. Se estima que unos 3,000 policías y miembros de la ANSP deberán someterse al retiro. Esta medida llega después de que trascendió una supuesta posición crítica creciente de miembros de la institución policial que se resistían al sometimiento a los militares y a realizar capturas, en el marco del régimen de excepción, de personas que no llenaban los requisitos para ser considerados pandilleros. Fuentes internas de la policía confirmaron la ausencia generalizada de enfrentamientos durante las capturas y consideran que la PNC es capaz de llevar adelante esta lucha en el marco del respeto a la ley.

En una lectura un tanto superficial, los retiros “voluntarios” de jueces, personal del TSE y policías, puede leerse como una oportunidad para dar paso a nuevas generaciones. Pero yendo un poco más al fondo, también pueden leerse como deshacerse de las personas que, por su experiencia, han desarrollado un pensamiento propio dentro del marco legal, inadmisible en el funcionariado del bukelismo. Además de lo anterior, los rumores sobre la eventual aprobación de leyes con dedicatoria para anular a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil, más el refuerzo presupuestario a la Fiscalía General de la República para el espionaje telefónico, son indicios evidentes de que el perfil autoritario sigue avanzando a grandes pasos en el país.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 90.

Siete audios de un alto funcionario confirman la tregua con las pandillas y su ruptura, que costó la vida a 87 personas. Carlos Marroquín (“Lente”) se presenta como el enlace entre ellas y Bukele (“Batman”), y asegura que este les concedió privilegios, incluso permitió la salida del país de uno de sus líderes, buscado por la justicia nacional y la estadounidense. De acuerdo con este testimonio, no ha habido más plan de seguridad que la tregua. Las extorsiones, los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos, ocurridos durante los dos años y medio que duró, fueron consentidos por Bukele. El Estado de terror que no pocos le agradecen ahora no lo impuso porque la seguridad le importe, sino porque la MS lo desafió.

Inesperadamente, cuando el régimen parecía marchar sobre ruedas, contradicciones en la cúpula presidencial dieron al traste con la tregua y Bukele se quedó sin su plan de control territorial. “Torero”, responsable de la seguridad, y “Lobo”, el carcelero de la dictadura, se confabularon para capturar a varios líderes de la MS, que, como ha sido usual, se desplazaban con un salvoconducto en un vehículo oficial, conducido por un empleado público de confianza. Según la recapitulación de Lente, la MS dio 72 horas para liberarlos, pero Batman “se lo tomó a mal […] ‘a mí no me anden amenazando’”. En lugar de disciplinar a sus colaboradores, optó por escarmentar a la MS con la devastación de los vecindarios donde la pandilla opera.

Los audios permiten asomarse a la relación de Batman con las pandillas. Lente, un operador con amplia experiencia en esos trances desde la época de la alcaldía, creó “condiciones a los [pandilleros] de adentro y también a la gente de aquí de la calle, que son las comunidades, la gente más pobre”, y sacó del país al líder prófugo de la justicia. “Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala”, dijo, para “ayudarles a todos y […] demostrarles mi lealtad y confianza”. Todo eso mientras levanta “cubos” para reconstruir “el tejido social”. Cuando la tregua naufragaba, pidió a los pandilleros “que paren, que ahorita paren, que me den chance para ver si logramos retomar”. No lo consiguió. Pero les adelantó que la situación “se va a poner peor en las comunidades […] pongan en alerta a la gente”, ya que “ahí dentro están torturando a la gente […] están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales”. Decepcionado, agregó, “no es para eso para lo que hemos luchado”.

Se escapa a la imaginación cómo dos altos funcionarios de Bukele, Torero y Lobo, sabotearon la tregua con las pandillas, desautorizaron a su arquitecto y colocaron a Batman ante los hechos consumados. La centralización del poder no es tan sólida como parece. Todavía más sorprendente es que, en lugar de poner orden en las filas de sus colaboradores más cercanos, descargue su cólera contra la población de menores ingresos y menos oportunidades. Un despropósito con unos costos humanos inaceptables. Batman no ha sido engañado por la MS, sino víctima de las luchas internas de poder de su entorno más cercano. Ha caído en una trampa de la cual es difícil escapar sin daño, porque las consecuencias del terror desatado son impredecibles. Muy seguro de sí mismo, el régimen de los Bukele ha sido boicoteado desde dentro. Sus enemigos no están fuera, tal como suele quejarse, sino en los laberintos del poder presidencial.

Ni siquiera Lente, el hombre de confianza de Batman en la relación con las pandillas, es muy de fiar. Juiciosamente, ha tomado distancia de su jefe. “Yo no quiero jugar con ustedes [los pandilleros] pero siento que él sí está ahorita, está jugando, él piensa que ya los topó al cerco […] y yo no quiero pues caer ahí en ese juego”. Lente no solo los puso sobre aviso sobre de la amenaza que se cernía sobre ellos, sino también cuestiona la eficacia de la represión estatal. Termina su comunicación con protestas de devoción a los pandilleros: “Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden”.

Al encargado del “tejido social” solo le interesa la seguridad y el bienestar de los pandilleros. La violencia de las pandillas y la ruptura social causada por la venganza de Bukele le tienen sin cuidado. Tampoco a Batman le importa la tragedia humana causada por su insensatez. Las fuerzas detrás del naufragio de la tregua han comprometido gravemente el futuro de su régimen, al exponer, ante quien quiera ver, sus contradicciones, su impotencia y, en último término, su inhumanidad.

En una palabra, Batman no es confiable. Los Jokers lo desacreditaron y lo dejaron enfrentado a una crisis carcelaria, jurídica y humanitaria de grandes proporciones.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

30/05/2022

Más allá de su problemática legalidad y de la aceptación que haya podido tener, la ampliación del régimen de excepción deja un mal sabor en tanto que abre la puerta a que se cometan graves injusticias y abusos. Diversas instituciones defensoras de derechos humanos han informado sobre abundantes casos de detención arbitraria durante este tiempo; una de ellas es el Idhuca, que publicó recientemente un informe sobre setenta casos. En el documento destaca que la mayoría de los detenidos está en el umbral de la pobreza o de la vulnerabilidad económica y social, no tiene acceso a defensa y sufre la arbitrariedad y dependencia de los jueces respecto a presiones del Ejecutivo. Además, más de la mitad son menores de 30 años. En otras palabras, los datos indican que, en esencia, se está persiguiendo a la población joven y pobre, golpeando así el desarrollo humano y equitativo de El Salvador. Maltratar a la juventud de un país es sentar las bases de fuertes conflictos sociales en el futuro.

La información que se le brinda a los detenidos es escasa. Del supuesto delito del que se les acusa se van enterando por parte; les dicen una cosa al detenerlos y otra en la audiencia inicial. Muchos son cabeza de hogar y tienen hijos pequeños. Algunos están detenidos por haber sido juzgados antes, a pesar de que en su momento se les declaró inocentes. Ciertos modos de las autoridades para llevarse a las personas tienen todos los aspectos de los delitos de detención ilegal y de privación de libertad. En un caso hubo suficientes agresiones como para calificar de tortura el trato dado al detenido. En otros, el allanamiento de morada de parte de los agentes de policía fue evidente. Los datos de los setenta casos presentados en el Idhuca coinciden con los recabados por otras instituciones defensoras de derechos humanos. La arbitrariedad, la falta de pruebas, el juicio anticipado son parte del abuso existente que afecta a centenares de personas. Si fuera cierto que, como dijo el presidente, hay un 1% de error en las detenciones realizadas durante el régimen de excepción, habría 300 privaciones de libertad injustas. Quienes se han movido en los tribunales afirman que el número de detenciones ilegales es muy superior al 1%.

Nadie duda de la inmoralidad de los delitos cometidos por miembros de las maras, como tampoco de la inmoralidad de diferentes formas de corrupción del pasado y del presente. Sin embargo, tanto los pandilleros como los corruptos deben ser juzgados con todas las garantías judiciales que dan la ley salvadoreña y los convenios y tratados ratificados por el país. Que los agentes de los cuerpos de seguridad tengan carta blanca para comportarse de espaldas a la moral, la ética y los derechos humanos solo conducirá a la consolidación de la cultura de la fuerza y del desprecio a las leyes de convivencia. La prolongación del estado de excepción por tercer mes entraña el peligro de convertir al sistema judicial en una especie de brazo no de la ley, sino de la arbitrariedad y el abuso.

El miércoles 25 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la segunda prórroga por treinta días del estado de excepción, de modo que al final de la misma el país habrá pasado 90 días bajo dicho régimen. La decisión se justificó desde la necesidad de seguir capturando pandilleros a lo largo y ancho del país. Esta es la actual política gubernamental: limpiar las calles de delincuentes, privando de libertad al mayor número posible de ellos, sin importar si en el proceso se captura a gente honrada y trabajadora; a juicio de las autoridades, esto último es solo un efecto colateral. De paso, se aprovecha el estado de excepción para seguir evadiendo la rendición de cuentas, la transparencia y el control sobre el uso de los fondos públicos y las contrataciones del Ejecutivo.

Ese mismo miércoles se dieron a conocer dos estudios de opinión pública, uno de la Universidad Francisco Gavidia y otro de la UCA, en los que se recoge la percepción de la población sobre esta temática. Los resultados de ambos dejan claro que el Gobierno de Nayib Bukele mantiene el estado de excepción basado en el amplio respaldo que este encuentra entre la población. Una vez más, el presidente se apalanca en la popularidad para impulsar acciones de escaso beneficio para el país. La medida se considera un éxito en la medida que ha logrado disminuir considerablemente la delincuencia. Pero no podría esperarse otro resultado: aquí o en cualquier parte del mundo, cuando se decreta un estado de excepción y se realizan detenciones masivas, la delincuencia disminuye de inmediato.

El incremento de la presencia de las fuerzas de seguridad y de las posibilidades de ser detenido es razón más que suficiente para desincentivar el accionar delincuencial. Por esa razón, la delincuencia es mucho menor bajo regímenes dictatoriales en los que la fuerza bruta manda o en sociedades donde la investigación y la eficiencia policial son muy altas, pues las posibilidades de que los delitos queden impunes es baja. También la delincuencia es menor en aquellos países con altos niveles de desarrollo y bienestar, con mayor justicia social e igualdad de oportunidades. El Salvador ha elegido el camino del autoritarismo en lugar de construir las condiciones para que haya oportunidades de vida para todos sus habitantes.

Las pérdidas derivadas del estado de excepción son grandes. Muy pocos reparan en el hecho de que el deseo de migrar se ha incrementado y que efectivamente el número de personas saliendo del país es cada vez mayor. Una sangría constante de talento que nos empobrece. Además, la idea que en el exterior se tiene del estado de excepción empuja a muchos a no viajar a El Salvador. Es poca atractiva la imagen de una fuerza policial y militar cada vez menos respetuosa de los derechos humanos y más propicia a cometer abusos con total impunidad.

A la mayoría de la población parecen importarle poco los efectos negativos del estado de excepción, por mucho que hoy la gran mayoría esté más expuesta a las arbitrariedades y abusos de las autoridades. Menos aún preocupa la situación en los centros penales, que día a día se vuelve más inhumana: el hacinamiento y la insalubridad crecen exponencialmente, la alimentación es insuficiente, no se garantiza ni el mínimo acceso al agua, los maltratos se multiplican, se niega la medicina… Estas condiciones solo pueden ser calificadas como graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Violaciones que sufren tanto los responsables de delitos como los que han sido detenidos de forma arbitraria, sin ninguna prueba fehaciente en su contra de haber cometido un ilícito.

Mientras todo esto pasa y la maquinaria de propaganda oficial se afana en hacer creer a la población que se está luchando contra el crimen, una investigación periodística confirmó que funcionarios de alto nivel, muy cercanos al presidente, han negociado con las pandillas, y que incluso uno de ellos sacó del país a una de sus líderes, sobre el cual pesaba una solicitud de extradición de la justicia estadounidense. El silencio presidencial ante la noticia ha sido elocuente y confirma el fariseísmo de este régimen: por un lado, protege a criminales de altos vuelos y los oculta de la justicia; por otro, suspende derechos constitucionales y reprime sin compasión ni distingos bajo la bandera de una supuesta guerra contra la delincuencia.

La insensibilidad generalizada ante esta situación encuentra su explicación en el hastío de la población después de tantos años de inseguridad y en la cultura racista, excluyente y aporofóbica. Esa insensibilidad es muestra clara de la pérdida de los valores cristianos de la solidaridad y la amistad social, que han sido sustituidos por la sed de venganza y la polarización social. Ante ello, vale citar el llamado del papa Francisco a “reencontrarnos (...) con los más pobres y vulnerables, que están en las periferias, alejarnos de los populismos, que explotan la angustia del pueblo, sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización”. El obispo de Roma lo tiene claro: “El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. (...) Seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano, y que no crean espacios de

Por José M. Tojeira, S.J.

No se puede dudar que la futura fuerza y vitalidad de la Iglesia dependerá de la incorporación de los que hoy son jóvenes a una fe eclesial profundamente enraizada en Cristo, con su libertad evangelizadora y su amor profético a todos, y especialmente a los pobres. En esta Iglesia nuestra que quiere estar siempre “en conversión pastoral y en salida”, de corazón abierto y martirial

y que quiere transformar la realidad “para testimoniar el Reino de Dios”, la preocupación por los jóvenes es permanente. Ya al principio de nuestro Plan Pastoral 2019-2024, en el primer objetivo específico, que trata de mantener la coherencia entre fe y vida se hace una referencia a la importancia del “acercamiento entre jóvenes y adultos para superar la ruptura intergeneracional”. Por ello resulta indispensable fijarnos en la situación de los jóvenes.

En diferentes apartados, los documentos de Aparecida recalcan la problemática de los jóvenes latinoamericanos, no muy diferente de la situación de nuestros jóvenes y adolescentes salvadoreños. Se nos invita a conocer su situación para poder hablar su lenguaje y ayudarles a encontrarse en la fe con Cristo como amigo y compañero de camino hacia la maduración personal y hacia el amor cristiano fraterno y solidario. Los obispos en Aparecida eran muy conscientes de la difícil situación de nuestros jóvenes, con sistemas educativos poco competentes, con orientaciones educativas más preocupadas por la competitividad y el mercado que por los valores humanos, con una globalización que fomenta la búsqueda individual del éxito y el placer al tiempo que desecha, olvida y, a veces, incluso persigue a los no triunfadores. Todo ello en sociedades marcadas por la desigualdad y la pobreza.

No es diferente la situación en El Salvador. Nuestros jóvenes son los que reciben los peores salarios, los que se ven más obligados a migrar, la mayoría de los que pueblan nuestras cárceles, los que más han sufrido el dolor de familias disfuncionales o separadas, los más asediados por el consumo, por la violencia, por la droga y por todo tipo de propaganda. En estos meses de estado de excepción han sido los más hostigados y perseguidos. De hecho, de los un poco más de 26.000 detenidos en el último mes y medio, más de dos terceras partes son jóvenes entre 18 y 30 años. La necesidad de llegar a los jóvenes resulta imperiosa en medio de estas situaciones. De hecho en nuestras iglesias encontramos jóvenes que son profundamente generosos, una vez convertidos y entregados al Evangelio, sirven con alegría y vibran con mayor emoción ante nuestros mártires. Nuestra situación no es mala, pero resulta indispensable dedicarles tiempo, trabajar con ellos y formarles adecuadamente en la fe y en la Doctrina Social de la Iglesia. Es un reto para los padres y servidores, muchos de ellos también necesitados de formación en el pensamiento social de la Iglesia, y un desafío para nosotros sacerdotes, necesitados de un lenguaje y una pedagogía, como dice Aparecida, que además de impulsar la fe, conduzca a una formación “gradual para la acción social y política y el cambio de estructuras conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y los necesitados”.

La juventud y dinamismo de un alto porcentaje de nuestro clero es siempre promesa de una Iglesia en crecimiento. Pero viendo los problemas de nuestros jóvenes es necesario multiplicar esfuerzos. En la última reunión del clero, uno de los participantes insistía en que si bien la Iglesia ha crecido hacia dentro y ha profundizado en la fe y en el crecimiento espiritual, debemos redoblar esfuerzos para convertirnos en una Iglesia en salida y evangelizadora, ir más allá de nuestros templos e incidir en la historia de nuestro país. El trabajo con los jóvenes nos toca a todos, sacerdotes y laicos formados. Esta sociedad nuestra, con cambios tan acelerados en todos los aspectos, necesita nuevas generaciones de cristianos capaces de amar, servir y construir una sociedad más fraterna, justa y pacífica. O como dice el Concilio Vaticano II, personas que convertidos a Cristo como nuestra cabeza y gozando de la libertad de los hijos de Dios y la fuerza de su Espíritu, tengan “como fin el dilatar más y más el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra” (Lumen Gentium 9)