Editoriales y Opiniones

El Gobierno actual difícilmente abandonará las elecciones; cómo las implementará es otro tema. Su tendencia a erosionar la democracia parece seguir una especie de manual. Sin embargo, eso no le impide seguirse autodenominando como democrático. Hasta hace unos años, el sistema de gobierno salvadoreño siempre había sido catalogado como democracia imperfecta. Diferentes países del mundo habían apoyado o liderado una variedad de procesos y proyectos para mejorar el sistema judicial, aumentar la conciencia democrática de la ciudadanía e ilustrar sobre la gobernanza. Ello con la finalidad de contribuir a que El Salvador pasara de una democracia imperfecta a una moderna y desarrollada, en la que gobiernan las leyes, no las personas. La administración de Bukele ha preferido seguir un camino diferente, acrecentando el autoritarismo y la sujeción de prácticamente toda la institucionalidad del Estado al Ejecutivo. Por tanto, no extraña que analistas y estudiosos de la democracia ya no nos califiquen como democracia imperfecta, sino como un régimen de gobierno híbrido que mantiene algunos rasgos democráticos mientras destruye o daña aspectos clave como la separación de poderes.

Los pasos en este proceso de erosión democrática han sido claros. El primero, crear expectativas de cambio (algunos miembros del partido en el poder hablan de “nueva era”) y agudizar la polarización del país. El segundo, interpretar la ley de modo arbitrario y mostrar autoridad y fuerza, apoyándose en el Ejército y la Policía, para acto seguido aprovechar la debilidad de la cultura democrática y de las instituciones para apoderarse de estas. Una vez conquistada electoralmente la Asamblea Legislativa, la destitución de funcionarios de órganos de control democrático se llevó a cabo con facilidad. El tercer paso fue girar orden de captura contra algunas personas que podrían tener liderazgo en una posible oposición partidaria, encarcelándolos mediante un proceso turbio y sin respetar la presunción de inocencia. Comenzó así a haber presos políticos y una cantidad considerable de gente con criterio e influencia democrática abandonó el país.

Hasta el momento, la búsqueda de controlar el pensamiento constituye el último paso. Los medios de comunicación independientes están sometidos a distintas formas de presión y acoso. Cualquier idea que diverge de las del poder es atacada en las redes, llegando incluso a las amenazas de muerte. La propaganda y los insultos son hoy asunto diario. Se arremete contra la sociedad civil crítica, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos. Se aboga por el autoritarismo y por la imposición de castigos arbitrarios aprovechándose de la sed de venganza causada por la historia de impunidad, escaso desarrollo y corrupción de los últimos 30 años. Impresiona el contraste entre la suavidad con la que se trata a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y la dureza que se dispensa a opositores políticos o a ciudadanos estigmatizados por su condición socioeconómica.

Al menos de momento, este camino ha culminado en un estado de excepción que se está utilizando para demostrar poder y hacer un ejercicio de autoridad e impunidad que sirva de aviso a los opositores. Si se invoca el derecho de guerra para justificar detenciones masivas, no parece lejano el día en el que se criminalice la libertad de expresión frente a la situación política y social. Volver al respeto a los derechos humanos es el único camino razonable para salir de esta erosión sistemática de la democracia.

Por José María Tojeira, SJ

En este tiempo en el que vivimos un “estado de Excepción” que limita derechos ciudadanos, ha habido, de hecho, una fuerte polémica sobre los Derechos Humanos. Ha habido personalidades que se han burlado de quienes trabajan esos temas, o incluso han acusado a instituciones defensoras de derechos de dedicarse a hacer negocio con el tema. En ocasiones algunos líderes políticos han dado a entender que solo el Estado es el fiel cumplidor de los Derechos Humanos. En ese contexto resulta necesario reflexionar y recordar lo que la Iglesia nos dice sobre los Derechos Humanos. Recordemos el discurso del Papa Juan Pablo II, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1979, en la que tocó específicamente ese tema.

En ese discurso afirmaba el Papa que el documento fundamental de las Naciones Unidas era “la Declaración universal de los Derechos del Hombre, del hombre como individuo concreto y del hombre en su valor universal. Este documento es una piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano” hacia su progreso de la vida moral. Los derechos humanos son así, en la mentalidad y pensamiento de Juan Pablo II, una moralidad externa al poder político, que sirve a los ciudadanos y al propio Estado para medir su desarrollo humano. De modo que el camino fundamental, que conduce social y políticamente al desarrollo humano “pasa a través de cada hombre, a través de la definición, el reconocimiento y el respeto de los derechos inalienables de las personas y de las comunidades de los pueblos”.

En ese sentido los Derechos Humanos deben ser siempre garantía de paz. El no a la guerra y al armamentismo está vinculado a ellos. Porque como dice el Papa, “el espíritu de guerra, en su significado primitivo y fundamental, brota y madura allí donde son violados los derechos inalienables del hombre”. Al contrario, su plena vigencia nos ayuda a saber respetar la igual dignidad de todo ser humano, a aceptar la responsabilidad solidaria de “satisfacer las necesidades esenciales del hombre” y el ejercicio de sus libertades, y conducirle así “a su plena dimensión humana”. Los derechos humanos son en este sentido parte de los valores espirituales de la humanidad, que deben ser prioritarios frente a los valores materiales, que tienen su importancia pero que no pueden sustituir a los valores básicos morales.

Entre las amenazas a los valores espirituales el Papa nos dice los siguiente: “el abismo entre la minoría de los excesivamente ricos y la multitud de los miserables es un síntoma muy grave en la vida de toda sociedad”. Para vencer esta amenaza el Papa insiste en la libertad religiosa como vínculo moral con el bien común y los Derechos Humanos, así como el respeto a todos los valores que surgen del espíritu humano. El Papa termina su alocución a la Asamblea general de la ONU expresando su deseo de un futuro mejor para los que entonces eran niños, y para que todos los seres humanos “puedan vivir y fortificarse con la fuerza moral” de los derechos humanos. Ellos son la mayor garantía de la paz entre los pueblos y dentro de las mismas naciones. La defensa de los Derechos Humanos es, pues, para quienes seguimos al Señor Jesús, una responsabilidad cristiana, pues es un instrumento indispensable tanto para la convivencia en paz y respeto y amistad social, como para el desarrollo de los valores ciudadanos y éticos.

Al servicio de la persona

José María Tojeira

03/05/2022

La Constitución de El Salvador afirma desde el inicio de su texto que el Estado está al servicio de la persona humana. Así, sin distinciones ni matices. Y por eso mismo asegura para todos la salud, la educación, la seguridad, el bienestar económico y la justicia social. Sin embargo, quienes nos han gobernado en el pasado y nos gobiernan ahora han sido incapaces de cumplir con las afirmaciones constitucionales. Al fin, y después de mucho trabajo de la sociedad civil, el Estado ha entregado los restos de seis campesinos asesinados en mayo de 1980 en la masacre en el río Sumpul y Las Aradas. En algo tan sencillo e indispensable humanamente como devolver los restos mortales de víctimas inocentes y seres queridos, el Estado ha tardado 42 años. Y solamente lo ha hecho con las familias de muy pocas víctimas. A nivel judicial, el caso de El Sumpul continúa estancado. Los jueces y la Fiscalía tienden a dejar el trabajo de investigación en manos de la sociedad civil, despreocupándose de cumplir con sus obligaciones. La entrega de cadáveres de personas asesinadas injustamente debería de ir acompañado de una petición de perdón estatal y de otras formas de reparación. Muy poco de eso hubo. Los parientes de las víctimas celebraron una misa en la parroquia de la UCA y se volvieron con sus pequeños féretros para su original Chalate.

En el país conservamos una idea del Estado errónea. Tendemos a pensar que es el gran patrón que da de beneficios a sus amigos y a quienes le respetan. E incluso pensamos que algunos funcionarios con cargos importantes, civiles o militares, tienen más derechos que cualquier ciudadano. Por eso el autoritarismo y la violencia estatal han sido verdaderas plagas en el funcionamiento estatal. Las actuales capturas de jóvenes, con frecuencia indiscriminadas, son una muestra más de que esa concepción del Estado todopoderoso y gran patrón no solo sigue presente, sino que trata de permanecer sin crítica. La persecución del delito no puede hacerse prescindiendo de la ley. Detener a inocentes solo porque son jóvenes, viven en zonas marginales o caminan cerca de soldados que tienen la orden de llenar una cuota de detenidos es incompatible con una Constitución como la nuestra, apoyada en los derechos humanos y que pretende establecer un Estado de derecho. Los delincuentes continúan siendo personas a pesar de sus delitos; generan, por tanto, obligaciones al Estado cuando este se ocupa de ellos, como por ejemplo en las cárceles. Pero el Estado-patrón tiende siempre a olvidarlo. Así lo demuestra el hecho de la prolongación del estado de excepción por la simple razón del caos creado en los tribunales por el excesivo flujo de personas y por la dificultad e incluso incapacidad de la Fiscalía de dar trámite a tanto caso.

Definitivamente, el Estado tiene que poner un alto a este modo de tratar a la ciudadanía. Debe investigar el delito, mejorar la capacidad de la Fiscalía —infradotada para la función estatal que tiene— y aumentar la capacidad de investigación de la Policía, así como corregir con mayor energía a los agentes que incumplan normas y procedimientos. A la ciudadanía se la debe tratar con respeto. Detener para llenar cuotas, además de ilegal e inconstitucional, es una total falta de respeto a las personas. Como lo es también el grito intemperante de un ministro que se atrevió a decir que cualquiera que se manifestara el 1 de mayo, como tantos sindicalistas y gente de bien lo han hecho desde hace tantos años, sería tenido como un defensor de las pandillas. Acusar de defensores de criminales, de terroristas y de pandilleros a todos aquellos que piden respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos es una ofensa a la Constitución y a todas las personas que quieren vivir en coherencia con las leyes. Las acusaciones del ministro parecen más las amenazas de un capataz de finca que la de alguien que debe defender la Constitución. Aumentar la capacidad de diálogo y escucha de los funcionarios se ha vuelto una de las necesidades más urgentes de El Salvador.

Editorial UCA

El estudio de opinión realizado por el Iudop a finales de 2021 mostró que el 93% de la población percibía un significativo aumento en el costo de los alimentos. Esa percepción tenía una base real: según la Digestyc, el costo de la canasta básica alimentaria tuvo un significativo incremento en los últimos meses del año pasado. El mismo comportamiento se observa en el primer trimestre de 2022. Y el valor de la canasta básica alimentaria ha seguido creciendo. Su precio en marzo de 2022 fue un 5.8% superior a un año antes. También el índice de precios al consumidor muestra un incremento del 6.7% entre marzo de 2022 y el mismo mes del año pasado. Estamos, por tanto, ante un incremento del costo de la vida mucho más elevado que en los años recientes; esta dinámica no se había observado en El Salvador desde 2011.

Sin duda, ello está golpeando la economía familiar. De hecho, la población ya lo afirmaba en diciembre: el 60% consideraba que el costo de la vida había aumentado mucho y el 46.6% señalaba que se había visto obligado a dejar de adquirir algunos alimentos porque no le alcanzaban los ingresos. Otros manifestaron que habían tenido que prestar para llegar a fin de mes. Incluso en algunos hogares alguno de los miembros tuvieron que dejar de estudiar debido a la falta de recursos económicos. Esta situación es preocupante, pues, entre otras cosas, afecta la ya deteriorada situación nutricional de muchas familias. Los hábitos alimenticios del 50% de las familias reflejan un déficit calórico del 25% y déficits en minerales y vitaminas. Y los alimentos que la población afirma estar dejando de consumir por su mayor costo son los que proporcionan mayor cantidad de calorías y nutrientes.

Dada la limitación del mercado laboral, que apenas ofrece empleo formal a un millón de salvadoreños, la situación no se resolvería incrementando el salario mínimo, pues la gran mayoría de la población trabaja por cuenta propia, no depende de un sueldo. En la encuesta del Iudop, el 56.2% de la población afirmaba que el incremento del salario mínimo que tuvo lugar en agosto de 2021 ayudó poco o en nada a aliviar la economía familiar. No son pocas las familias salvadoreñas que ni siquiera logran juntar ingresos equivalentes a un salario mínimo.

Considerando la situación económica a nivel mundial, las ramificaciones del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la dependencia de El Salvador de la importación de una gran variedad de productos y la fragilidad de la economía nacional, no hace falta ser pesimista para afirmar que vienen tiempos muy difíciles para el país. Un panorama que se ensombrece aún más por la incapacidad del Gobierno de buscar entendimientos para resolver los problemas nacionales y elaborar un verdadero plan de desarrollo económico. Incapacidad a la que se suman las erróneas decisiones que en materia económica se han tomado, entre las que destaca la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. A la fecha, esta medida solo ha servido para incrementar el nivel de riesgo del país y ahuyentar la inversión.

Una acción necesaria para reducir los efectos negativos de este contexto es incrementar la producción nacional, tanto de alimentos como de cualquier otro producto de consumo. Esto disminuiría la dependencia del exterior. Asimismo, mucho ayudaría aumentar la producción de los artículos de exportación, dado los mejores precios del mercado internacional. Producir más y mejor es, pues, una de las muy pocas opciones que tiene El Salvador para salir adelante en la coyuntura actual.

Si el hechizo de Bukele se esfumara una medianoche cualquiera, tal vez no lejana, ¿podría gobernar con niveles mínimos de aceptación? Esto no tanto porque la opinión pública le preocupe en demasía, sino porque el deseo de reconocimiento general, típica del narcisismo, quedaría insatisfecho. Si Bukele se las arreglara para ganar las próximas elecciones, le resultaría cuesta arriba dirigir el país con el ego por los suelos. La cuestión no es ociosa, aun cuando el terrorismo ha elevado su popularidad. Diversos análisis financieros coinciden en señalar el grave riesgo de la suspensión del pago de la deuda, lo cual se suma a la creciente inflación y a la recesión económica. El bitcóin, la gran apuesta para evadir la crisis financiera, parece estar agotado. Y para colmo de males, una de las pandillas más grandes ha puesto en ridículo el Plan Control Territorial. El terrorismo estatal ha salvado por ahora la situación, al desviar la atención. Cuando pase, el embrujo volverá a estar en peligro.

El tiempo sigue su marcha. Bukele ya cruzó el ecuador de su mandato. En esta primera parte, hay más descalificaciones, insultos y condenas que obras, más promesas que cumplimientos. Abunda el anuncio de grandes proyectos, sin detalles, sin alcances ni financiamiento. Hasta hace poco, el auditorio presidencial era entretenido con el desfile de los anarquistas de las criptomonedas. Después vino el escándalo del busero. La última ocurrencia, el régimen de excepción, es señal clara de agotamiento y desesperación. Los gritos desaforados del presidente de la legislatura en sesión plenaria no corresponden a un alto funcionario satisfecho con su posición y seguro de sí mismo. Son gritos de impotencia y miedo. El terror es popularmente muy rentable, pero su impacto es pasajero y, más importante aún, no es solución para el desafío planteado por las pandillas, no solo porque se ensaña con una de ellas, sino también porque se va por las ramas y olvida ir a la raíz.

La proyección de Bukele como un líder único sin par y como arquitecto genial de un mundo nuevo, el polo opuesto a sus depravados antecesores, ha traído alivio a los desencantados y frustrados con la política tradicional. Sin embargo, existen indicios de que ese hechizo puede terminar. Si llegara a deshacerse, ¿qué será de sus colaboradores más íntimos? ¿Volverán sus hermanos a cuidar de su capital, acrecentado a su paso por la presidencia? ¿Abandonarán Casa Presidencial los venezolanos y los otros extranjeros? Los ambiciosos que pululan en los pasillos presidenciales y legislativos pelearán por la herencia de los Bukele. O tal vez un general de nuevo cuño se apodere del sillón presidencial y prometa elecciones, según el patrón tradicional. Los ministros, los diputados, el fiscal y los magistrados judiciales, acostumbrados a ser mandados en lo que hacen y dicen, se perderán desorientados. Quizás se animen a regresar por donde vinieron, mientras aguardan, agazapados, una nueva oportunidad para medrar.

Ese líder brillante y aclamado puede perder el control. No es tan genial ni tan poderoso como parece. Adolece de la inseguridad del narcisista en un grado sumo. Por eso se revuelve contra la crítica, la disidencia y la oposición. Ansía el reconocimiento universal y nunca tiene suficiente. Gobernar con mínimos de popularidad, después de haber estado donde ningún presidente ha estado, sería insufrible. Las demostraciones de fuerza no deben confundir. Los narcisistas hacen alardes de poder para ocultar su fragilidad y su inseguridad. El miedo a la debilidad los atormenta. Ellos mismos son su peor enemigo. Anhelan seguridad psíquica, pero actúan de manera autodestructiva, con lo cual siempre creen encontrarse asediados por las fuerzas del mal, mientras culpan a los demás de sus fracasos y frustraciones.

Por su lado, los incondicionales confunden las cualidades personales de Bukele con la identidad nacional. Para ellos, Bukele es El Salvador. Una reducción atroz. Se han despojado voluntariamente de su historia, su memoria, su identidad y su dignidad. Han renunciado a su razón, a su voluntad, a sus valores y a sus sentires. Algunos han aceptado incluso que sus familiares guarden prisión por días sin término sin acusación formal. Han sacrificado lo mejor de sí mismos al ídolo que han erigido en su luz y su todo. Creen ingenuamente que responderá por ellos y los salvará. Ignoran que si el encanto se deshace, el ídolo desaparecerá, así como apareció.

La desaparición del hechizo es una posibilidad real. El régimen de Bukele ha perdido fuerza, su imaginario da señales de agotamiento y su liderazgo pierde lustre. En un esfuerzo supremo, ha soltado a los policías y los soldados para que aterroricen las zonas populares, con el aplauso de quienes piensan que la represión y la venganza resolverán la violencia. Si el Estado terrorista se consolida, el embrujo puede prolongarse. Pero en ningún caso es eterno. Ese es el gran error de los fascinados con un presidente que juega con un capirucho de plata mientras el país naufraga sin dirección.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

Organizaciones sociales, periodistas, académicos y personas interesadas en el rumbo del país dedican tiempo y esfuerzo a analizar la lógica de actuación del Gobierno de Bukele, pero muy poco a la comprensión de la lógica de la población. Por su naturaleza, cualquier Gobierno está sometido al escrutinio tanto de la institucionalidad pública de control como de las organizaciones que ejercen esa función desde la sociedad. En un contexto en que se ha cooptado la institucionalidad oficial que controla el ejercicio del poder, las instancias ciudadanas han redoblado sus esfuerzos de contraloría, dando cuenta del guion que sigue el Gobierno. Un guion que ha resultado ser clásico.

Primero, lo importante para el populismo autoritario es llegar al poder, valiéndose de marketing, discursos, sondeos de opinión y promesas que no se plantean para ser cumplidas, sino para ilusionar a los electores. Mientras se denigra y desacredita al adversario, la propaganda se encarga de enaltecer las bondades del líder y crear el espejismo de un país feliz si se vota por él. Segundo, el populista autoritario justifica con argumentos dicotómicos (“nosotros contra ellos”, “el bien contra el mal”) la urgente necesidad de su presencia, de su rol que supera la legalidad, a fin de que todos entiendan la obligación de obedecerle.

Tercero, llegado al poder, la meta es quedarse indefinidamente, alargar el mandato todo lo que se pueda. Para ello se reforma la Constitución, se la lee a conveniencia o se recurre a un plebiscito. La continuidad en el poder es requerida para finalizar proyectos inconclusos, limpiar al país de enemigos, alcanzar el paraíso prometido, etc. La legitimidad, además, viene de la aprobación popular, no de la ley. Cuarto, se cambian las reglas y se domestica a las instituciones, de modo que la nueva institucionalidad trabaje toda en función del líder, sin cortapisas ni controles de ningún tipo. Con el tiempo llega la concentración y personalización del poder.

La actual administración no ha hecho más que seguir la ruta de otros populismos autoritarios. Eso no significa que no alarme. Por supuesto, corroborar que el camino andado en Venezuela o Nicaragua es similar al que, de manera mucho más acelerada, se sigue El Salvador, genera temor. Lo que falta explicar es el porqué del respaldo social al presidente. A pesar de las reiteradas advertencias de que el país marcha al despeñadero, una gran mayoría sigue creyendo en quien ofreció una nueva historia de bonanza y verdadera democracia.

A las familias de las zonas marginales parece no importarles que los trescientos dólares repartidos durante la pandemia hayan sido parte de un mecanismo populista y propicio para la corrupción. Los señalamientos y alertas de la sociedad civil crítica no han llegado a quienes han recibido las dádivas gubernamentales con los brazos abiertos después de años de olvido, las personas que están hartas de la violencia y del miedo a las pandillas, aquellos a los que la institucionalidad democrática o el Estado de Derecho nunca les fue útil en su lucha diaria para sobrevivir en medio de un modelo excluyente. En el país se ha entendido bien la lógica del poder, pero no la de la gente. Y en ello radica gran parte del problema para vislumbrar una estrategia alternativa a la del fracaso que se avecina.

Por Rodolfo Cardenal, S.J.

La represión del régimen de Bukele ha dejado en evidencia que el fenómeno de las pandillas tiene más envergadura que los mismos pandilleros. El pandillero caído en las redadas pertenece a un grupo familiar, inserto en las zonas más deprimidas del país. Los reclamos de ese grupo —en particular, de las mujeres— patentizan la existencia de lazos de mutua dependencia. El grupo familiar vive del salario, más bien bajo, de los miembros con empleo y de la rentabilidad criminal. Puede objetarse que de haber llevado una vida honrada habrían evitado la cárcel y sus consecuencias afectivas y económicas. Cabe preguntar también si esos pandilleros, muchos de ellos criminales, algunos mentalmente enfermos, tenían alternativa. Dicho de otra manera, si las condiciones de vida hubieran sido más igualitarias, humanas y dignas, ¿la pandilla habría sido una alternativa?

La otra cara de la represión es la de los detenidos que no son pandilleros o que lo fueron. Su núcleo familiar sufre las mismas consecuencias que las del pandillero. El castigo implacable del régimen contra los “terroristas” se ensaña también con los inocentes, por el simple hecho de residir en una zona de bajos ingresos y sin servicios básicos aceptables, por ser joven, obrero o estudiante, por parecer pandillero o por capricho de los policías y los soldados. Las víctimas de esta represión tienen conciencia clara de padecer una tremenda injusticia. La incapacidad y la falta de voluntad del régimen para verificar su culpabilidad agregan injuria a la injusticia.

La represión se ceba en las zonas abandonadas por el Estado desde la época de Arena. Al igual que entonces, cuando por fin el Estado se hace presente, es para aterrorizar. Bukele aterroriza para acabar con los terroristas, con lo cual hace de su guerra un enfrentamiento entre terroristas. El terror de Bukele es masivo por la cantidad de víctimas e indiscriminado porque castiga de manera antojadiza. Es extremadamente salvaje, porque tortura, e incluso mata a golpes, a los capturados, pandilleros o no, y porque los somete a tratos crueles y degradantes. Sin embargo, la guerra es desigual y tiene mucho de ficción, porque los terroristas contra los que lucha Bukele no oponen resistencia.

El Estado negó sistemáticamente una vida digna y humana a los habitantes de las zonas que ahora castiga con terror implacable, por convivir con pandilleros y otros criminales. Al parecer, la idea es romper la red de relaciones sociales donde aquellos se mueven. No es verdad que “quien nada debe, nada teme”, porque la gente está a merced de la arbitrariedad y la brutalidad de los soldados y los policías. Hay mucho que temer, porque ellos deciden quién desaparece en las cárceles de Bukele. Tampoco es cierto que “abril ha sido el mes más seguro de la historia”, porque la seguridad del terror es parcial y pasajera. Ha traído seguridad a las clases privilegiadas, pero no a las mayorías, que sobreviven malamente. Entre las voces que protestan, algunas han increpado a Bukele por pagarles tan mal su contribución para llegar al poder y para mantener su popularidad.

La injusticia del capitalismo neoliberal se consuma con la barbarie de los policías y los soldados del régimen, similar a la de la época de los coroneles y los generales de la otra guerra. Al igual que entonces, la “orden superior” es razón suficiente para que los funcionarios, los fiscales y los jueces ejecuten una “limpieza” que, a juzgar por los hechos, no solo encierra a pandilleros, sino también castiga la desigualdad y la pobreza. Los habitantes de los territorios reprimidos son sospechosos, peligrosos y, por tanto, objetivo legítimo del terror estatal.

No se trata de condonar los crímenes de la pandilla, sino de arrojar luz sobre la complejidad de este fenómeno social violento. Aunque puestos a condonar, no hay razón aparente para ser implacable con los pandilleros y tolerante con los corruptos. Tan terroristas son unos como otros. Pero ya se sabe, el terrorista es el de abajo, el de arriba siempre es paladín del orden y de la libertad. La acción violenta terrorista como último y único medio eficaz no transforma la sociedad, sino la hace más violenta e inhumana de lo que ya era; la polariza aún más y reafirma las fronteras entre las clases sociales; crea tensiones explosivas incontrolables e impide la búsqueda de soluciones racionales y consensuadas a graves problemas estructurales.

Aparte de ser éticamente inaceptable que un fin bueno permita cualquier utilización de medios malos, el terror estatal solo es exitoso a corto plazo. A mediano y largo plazo, ¿qué hará Bukele con las decenas de miles de capturados? ¿Dejarlos morir de hambre, de enfermedad, de maltrato y de abandono, en una versión nacional de los campos de concentración? No puede retenerlos mucho tiempo sin que la situación se vuelva inmanejable. La opción es atractiva, pero, entonces, solo podrá gobernar con la represión y el terror.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya una buena cantidad de años, el papa Juan XXIII, fijándose en las necesidades de los trabajadores, defendía la necesidad de socializar bienes básicos para todo el mundo. Algunos años después, otro papa santo, Juan Pablo II, enfatizaba la prioridad del trabajo sobre el capital. En nuestros días, el papa Francisco ha insistido permanentemente en la justicia social y en la distribución justa de los beneficios del trabajo. El trabajo, nos dice Francisco, debe ser “una instancia de humanización y de futuro”, “un espacio para construir sociedad y ciudadanía”. En El Salvador, donde el trabajo suele estar desprotegido y mucha gente recibe una paga que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas familiares, es de rigor que los trabajadores exijan justicia social. La concentración del ingreso en pocas manos, el enriquecimiento de algunos y la marginación de muchos, hace brotar un sentimiento de protesta que debe ser, por un lado, expresado con civismo y, por otro, escuchado con atención por parte del Estado.

Cuando algunos funcionarios, amparados en el estado de excepción recientemente prolongado, amenazaron a quienes deseaban manifestarse el 1 de mayo, olvidaron que la situación de exclusión y explotación en la que se hallan muchos trabajadores es una de las causas de la delincuencia. En este sentido, reclamarle al Estado y exigirle tener en cuenta los derechos del trabajo, superiores en muchos aspectos a los derechos del capital, es promover la paz y la justicia. Lo contrario, amenazar con detención a quienes desean manifestarse no solo es una negación de un derecho humano básico, sino verdadera complicidad con la violencia. Buena parte de la deshumanización existente en el país comienza con la deshumanización del trabajo, con la explotación y los salarios insuficientes para llevar una vida digna. Pensar que la injusticia estructural no tiene nada que ver con la violencia delictiva es una ingenuidad. Los trabajadores que se manifiestan para reclamar mejores condiciones de vida son enemigos de la violencia; quienes los acosan o insultan son promotores de violencia, impunidad e injusticia.

La insistencia de diversos funcionarios en desacreditar los reclamos de los trabajadores, la revisión de buses con clara dedicatoria a los posibles manifestantes, la tendencia a apoyar y apoyarse en dirigentes sindicales domesticados para despreciar a los que salen a las calles son muestras de un Gobierno incapaz de diálogo social. Además, cuando a pesar de la crisis económica que sacude al país se gasta en espectáculo y propaganda para presentar al público a los “verdaderos sindicalistas”, lo hecho logra lo contrario de lo que se pretende. Creer que con una política tan negativa al diálogo se construirá un “nuevo El Salvador” equivale a regar fuera del tiesto no solo de la democracia, sino de una política racional y legítima. Juan Pablo II entendía la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un paso fundamental “en el camino del progreso moral de la humanidad”. El artículo 23 de la Declaración insiste en el derecho al trabajo con salario digno tanto para quien lo realiza como para su familia. Y añade que el derecho de toda persona a sindicalizarse y defender sus intereses como trabajador es siempre legítimo. Oponerse a la manifestación de ciertos sindicatos solo porque se mantienen fuera de la órbita de influencia del Gobierno es oponerse al desarrollo social, al desarrollo económico con justicia y al desarrollo moral del país.

Editorial UCA

29/04/2022

La decisión de Nayib Bukele de hacer frente a las pandillas mediante capturas masivas sin fin acuerpadas por un estado de excepción deja claro que su Gobierno o no tenía ningún plan para el combate a la delincuencia, o este ha fracasado estrepitosamente. Las detenciones han estado acompañadas de múltiples violaciones a los derechos humanos y hacen a un lado la presunción de inocencia. Como ya han mostrado algunos medios de comunicación y cientos de publicaciones en las redes sociales, se está privando de libertad no solo a personas presuntamente vinculadas con las pandillas, sino también a gente honrada que no ha cometido ningún delito. La práctica de primero detener y después investigar es totalmente contraria a los principios democráticos. La dinámica que está aplicando el Gobierno impide la adecuada defensa de los detenidos; mete a inocentes y culpables en un mismo saco, sin importar la grave injusticia que ello conlleva.

El presidente y sus ministros han dicho que no harán ningún caso a las alertas y denuncias tanto nacionales como internacionales, y que seguirán adelante hasta encarcelar a todo aquel que consideren sospechoso. Alardean de haber privado de libertad a miles de personas sin disparar una sola bala, lo cual es mentira, pues hay evidencia de personas fallecidas en enfrentamientos con policías. Tampoco reconocen que algunos de los detenidos han muerto mientras estaban privados de libertad. Sobre estas muertes el Gobierno tiene toda la responsabilidad y deberá rendir cuentas tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general.

Cuando se utiliza la fuerza bruta para resolver conflictos, los cuerpos de seguridad se envalentonan y cometen cada vez más graves atropellos contra la población, desatando una espiral de violencia que puede llegar hasta límites muy peligrosos. El Salvador conoce muy bien de esto. Generaciones de adultos no olvidan los terribles abusos y arbitrariedades de los cuerpos de seguridad existentes hasta el año 1992; cuerpos que tuvieron que ser eliminados precisamente por su historial de graves violaciones a los derechos humanos, por su barbárico perfil asesino.

Cuando el presidente acusa a las organizaciones defensoras de derechos humanos de ser cómplices de los criminales y de no amparar a los buenos ciudadanos, se iguala a los gobernantes dictatoriales que en el pasado repetían la misma cantaleta. Los derechos humanos son de todas las personas, no solo de las que a juicio de un mandatario son “buenas”. De hecho, para dar plena seguridad a las personas “buenas”, es absolutamente necesario el respeto a los derechos humanos de toda la población.

Agobiados por el actuar de las pandillas, muchos aplauden estas medidas gubernamentales. Acabar con la delincuencia es una necesidad y una demanda popular, sí, pero ello no justifica lo que ahora se está haciendo. El combate a las pandillas no pasa por atropellar a amplios sectores de la población y vanagloriarse de ello. Gobernar bien es resolver los conflictos en el marco de la ley, respetando siempre la dignidad de todas las personas, sin excepciones.

Que la democracia esté en franco retroceso de lo poco que había avanzado, no es algo exclusivo de El Salvador; lamentablemente es un fenómeno global. Nos han precedido Venezuela, Nicaragua, Turquía, Brasil y un largo etcétera. Según el informe sobre el estado de la Democracia en el mundo 20211, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo supera al número de países en fase democrática, una tendencia que ya lleva un lustro. En América Latina la mitad de las consideradas democracias de la región han sufrido erosión democrática, con Brasil a la cabeza. Esta constatación no debiera ser motivo de consuelo. Más bien es una oportunidad para aprender de otros pueblos que han sido llevados a situaciones que terminaron atropellando sus derechos humanos fundamentales, cuando habían prometido mejorar su vida y desarrollar los países. Hay varias lecciones que se pueden extraer de estas experiencias. Quizá nada nuevo que no conozcamos; algunas de ellas ya se han vivido o se están viviendo en el país, otras solo se insinúan amenazantes en el horizonte. Como muchas veces lo evidente es lo menos obvio para los ojos, vale la pena el intento de enumerarlas para ver si de verdad aprendemos de ellas.

En primer lugar, los retrocesos democráticos en la actualidad utilizan otra vía que los que se dieron en el pasado. Antes, la democracia se desmontaba a través de golpes de Estado. Países europeos los experimentaron entre las dos guerras mundiales y en otras latitudes se vivió durante la Guerra Fría. Hoy la amenaza principal proviene de líderes políticos que llegan al poder gracias a elecciones democráticas. Son elegidos por sus pueblos pero se vuelven una amenaza autocrática cuando, “para mantenerse en el poder, intentan restringir libertades, así como debilitar sistemas de control políticos y administrativos”2. En el siglo XXI, la democracia está siendo desmontada en muchos países por líderes que llegaron a gobernar gracias a las elecciones libres, pero que después buscan expandir sus poderes eliminando la democracia.

En segundo lugar, estos líderes no solo llegan y buscan mantenerse en los gobiernos a través de elecciones, sino que manipulan el apoyo de la población para expandir sus poderes. “Paradójicamente, instrumentalizan el proceso electoral para desmantelar las normas e instituciones que permiten que las elecciones sean justas y libres”3. Usan el respaldo social electoral para justificar la toma de los otros poderes y para neutralizar a las instituciones del control democrático. Recurren, para justificar sus actuaciones que contrarían la Constitución que juraron respetar, a la voluntad del pueblo que los eligió. Reforman la Constitución o hacen un entuerto de interpretación, para poder reelegirse. Un signo inequívoco del desmantelamiento de la democracia es que terminan desnaturalizando el sistema electoral que hizo posible su llegada, para hacer imposible la llegada de otros. Venezuela y Turquía tuvieron elecciones que se consideraron competitivas, pero sus regímenes terminaron siendo autocráticos.

En tercer lugar, los políticos que viven de la política, es decir, del dinero público, se aprovechan de las necesidades de la gente y juegan con su sufrimiento. Los líderes autocráticos de este tiempo aprovecharon la pandemia para consolidar su poder. Varios politólogos advirtieron en el 2020 “acerca del peligro de mayor corrupción y autocratización en ciertos países, así como del peligro de fortalecimiento de líderes o movimientos populistas”4. La emergencia sanitaria fue la ocasión propicia para pedir más recursos, para saltarse las rendiciones de cuentas y favorecer a quien detenta el poder y sus socios. Un cuarto elemento es que el común denominador de los líderes autocráticos es que eliminan la imparcialidad de la ley. La meta es usar y abusar de la ley para protegerse a sí mismo y a los aliados y perseguir a los opositores.Para los opositores persecución, para los propios, impunidad. A esto los especialistas le llaman “legalismo autocrático”. La corrupción y la autocracia van de la mano. Si se elimina la rendición de cuentas horizontal, si se cooptan los organismos de control del ejercicio del poder es para ocultar el uso indebido y la apropiación de fondos públicos. El presidente Hugo Chávez, a pesar de su discurso, creó un sistema en que sus simpatizantes, especialmente sus amigos capitalistas, “podían obtener contratos con el Estado sin licitaciones, acceso especial a una tasa de cambio favorable, protección de auditorías fiscales y un trato conveniente de parte del sistema legal”5. Por eso es común que grandes proyectos de infraestructura se den directamente a allegados y son una fuente apetecida de enriquecimiento.

Finalmente, un quinto elemento es que el líder autocrático miente sin ningún rubor. La verdad no importa, cualquier cosa la puede sustituir, aunque sea un disparate. Si alguien cuestiona lo que afirma el líder, una jauría de kaibiles digitales lo acosarán y lincharán. No hay espacio para el pensamiento propio, solo para quienes entonan la misma canción del poder.

Las cinco son lecciones que deberían ser conocidas por los y las salvadoreñas. Lamentablemente parece que no es así… hasta ahora. Ojalá que cuando lo obvio se haga evidente, todavía se pueda reaccionar.

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Referencia

1. "Informe sobre el estado mundial de la democracia 2021. Fomento de la resiliencia en una era de pandemia". https://www.idea.int/gsod-events

2. Gülboy Laebens, M. (2019) “Enemigos Internos, democracia y amenazas de autoctatización”; Nueva Sociedad, N° 282. https://nuso.org/articulo/enemigos-internos-democracia-y-amenazas-de-autocratizacion/

3. Ibidem

4. Azpuru, D. (2020); “El riesgo de retroceso democrático en América Latina durante la pandemia”. Agenda Pública. https://agendapublica.elpais.com/noticia/13557/riesgo-retroceso-democratico-am-rica-latina-durante-pandemia

5. Javier Corrales, en un artículo del NYT el 5 de marzo de 2020. https://www.nytimes.com/es/2020/03/05/espanol/opinion/trump-hugo-chavez.html

* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 86.