Editoriales y Opiniones

El contenido del Plan Control Territorial siempre ha sido un misterio, a pesar de ser el proyecto estrella del Gobierno de Bukele, impulsado desde el día en que inició su mandato. Lo poco que se sabe es que consta de diversas fases y que las primeras implicaron un amplio despliegue de militares y policías por todo el país, dotados de cascos y chalecos antibalas. A ello siguieron onerosas compras de vehículos, armamento y diverso equipo tecnológico que, según las autoridades, servirían para una más eficaz persecución de pandilleros y del crimen organizado. El Plan alcanzó también a los centros penitenciarios, extremando las medidas extraordinarias ya aplicadas por el Gobierno anterior a fin de evitar cualquier comunicación de los privados de libertad con el exterior.

En la versión oficial, gracias a la implementación del desconocido Plan Control Territorial, se logró llevar tranquilidad a las comunidades más violentas del país, bajar los homicidios y los índices de victimización de manera significativa. Más tarde, investigaciones periodísticas revelaron que la causa de estas mejoras no radicaba en los esfuerzos institucionales, sino en un pacto entre las pandillas y el Gobierno, fruto de negociaciones realizadas de espalda a la población. Pero en los tres primeros días de abril algo provocó que las pandillas decidieran matar a mansalva, llegando a cometer 62 homicidios el 2 de abril, el número de asesinatos en un día más elevado desde el fin de la guerra. Es muy probable que esta ola de homicidios haya sido la modalidad que las pandillas escogieron para presionar al Gobierno a darles una nueva prebenda.

A raíz de la matanza, el Gobierno parece haber emprendido un nuevo plan, cuyo primer paso fue la declaración de un régimen de excepción por 30 días que suspendió algunas garantías constitucionales. A continuación se efectuaron miles de capturas, muchas de ellas indiscriminadas y con derroche de violencia. En simultáneo, la Asamblea Legislativa aprobó más recursos para la Policía y el Ejército, y reformó el Código Penal para incluir nuevos delitos, aumentar las penas y no limitar el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser juzgada. Además, aprobó disposiciones que le permiten al Gobierno imponer silencio en todo lo que haga referencia a las pandillas. La adición al Código Penal del artículo 345C es en realidad una mordaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, a la vez que una violación al derecho de la población a estar informada.

Por su parte, el presidente ha acompañado todo este proceso declarando la guerra a las pandillas y lanzando continuas amenazas de tratos denigrantes a los privados de libertad. Bukele ha llegado a asegurar que no le causa problema irrespetar los derechos de los detenidos y ha acusado a las instancias internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos de estar del lado de los criminales. Todo apunta a que el nuevo plan, más allá del combate a la actividad delictiva en el país, también pretende dar herramientas para ejercer un mayor control sobre la población. Aprovechando el río revuelto de la violencia, se han limitado los derechos constitucionales y se ha legislado con la ambigüedad suficiente para utilizar las reformas y los nuevos delitos en contra de quien sea. Dado el historial de este Gobierno, lo más seguro es que la oposición, las instancias críticas y todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la verdad y la justicia serán las primeras víctimas.

Al ver policías armados registrando en la calle a niños que van a la escuela, es obligatorio que nos preguntemos por la situación de los derechos del niño en nuestro país. Si a los registros se une el aumento de penas a los menores de edad que cometen algún acto ilegal y que se les quiera juzgar como si fueran adultos, la preocupación aumenta ostensiblemente. Y eso aunque el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología presuma de firmar excelentes convenios con Unicef. Llevar a cabo buenas acciones en favor de los niños no tapa ni borra las acciones estructurales, como lo son el aumento de penas contra el menor infractor, que dañan derechos. También los criminales de guerra, en muchas partes del mundo, trataban bien a los niños que no pertenecían a los sectores de los que desconfiaban.

La Ley Penal Juvenil de 1994 significó un cambio positivo para El Salvador. Los legisladores reconocían que el Código de Menores hasta entonces existente no respondía “a los principios reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”. Era obvia la brutalidad de una legislación que metía en la cárcel, a veces durante años en espera de juicio, a niños de 16 años y los mezclaba con delincuentes adultos en prisiones como Mariona, en aquel tiempo plagada de corrupción, violencia y droga. El país había suscrito unos años antes la Convención sobre los Derechos del Niño, y al ratificarla quedó comprometido a que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.

Los diputados actuales parece que no han leído esa convención convertida en ley de la República desde su ratificación. Ley, por cierto, incluso superior a las leyes ordinarias que ellos puedan aprobar. Y parece que no la han leído porque piensan en la cárcel como primer recurso y tratan de que permanezcan en ella durante el período más largo posible. Curiosa realidad de que la ley de los “corruptos” de1994 sea más humana y más coherente con convenciones internacionales y con la Constitución que la ley de los diputados “limpios de todo pecado” de este 2022.

La Convención sobre los Derechos del Niño descansa sobre cuatro puntos indispensables para la legislación de cualquier país que la haya ratificado: la no discriminación del niño o niña, la primacía del interés superior del menor, la garantía de sobrevivencia con pleno desarrollo de sus capacidades y la participación infantil. Es difícil entender cómo se combinan estos principios con la tendencia a responder cada vez con más violencia estatal y legal a las infracciones de los niños. Cuando se quiere construir cultura de paz, resulta indispensable comenzar desde la primeras generaciones. Pero para ello debe haber alguna forma de cambio o conversión en los adultos respecto al uso de la violencia. Si continuamos pegando a los niños como castigo, estos últimos cuando sean adultos tendrán la tendencia a seguir pegando a quienes les molesten.

Al nivel del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, resulta indispensable reducirla lo más que se pueda, especialmente en lo que se refiere a los niños infractores, pues el comportamiento del Estado influye fuertemente y configura buena parte de los criterios de acción de quienes en él conviven. El Estado termina siendo responsable de la violencia de los adultos si es cruel con los niños o alimenta la crueldad contra el menor infractor. Si desde el poder estatal se habla sistemáticamente de perseguir en vez de dialogar, se insulta y se polarizan los debates, condenando a quien no coincide en criterios, no se puede después afirmar que estamos trayendo paz al país. Quienes gustan de defender el castigo duro con la frase veterotestamentaria “Ojo por ojo, diente por diente” no sería malo que meditaran en un texto del libro del Eclesiástico 20, 4: “Como pasión de eunuco por desflorar a una moza, así el que ejecuta la justicia con violencia”.

En su libro Los costos de la desigualdad en Latinoamérica, el profesor de Oxford Diego Sánchez-Ancochea describe el impacto económico, social y político de la desigualdad. El libro hace referencia a que el descontento de la población genera condiciones para el ascenso de líderes populistas que “son críticos de los políticos tradicionales y aman presentar la realidad en blanco y negro. Ellos son los únicos buenos, protegiendo al pueblo de la oligarquía y defendiendo a las naciones de amenazas externas”. Sin lugar a duda, la descripción resulta familiar. El presidente Bukele ha catalogado de oposición a todo el que no comparta el 100% de sus propuestas, se ha presentado como la alternativa de “los mismos de siempre” y ataca constantemente a organismos internacionales que cuestionan con justa razón sus continuos arrebates autoritarios.

A pesar de sus numerosos ataques a la democracia, Bukele ha logrado mantener su popularidad. En ese sentido, vale la pena recordar la advertencia de Martín-Baró: “La ausencia de un conocimiento profundo, amplio y científico sobre la realidad de El Salvador nos lleva a menudo a confundir los problemas del pueblo salvadoreño con los problemas que a nosotros nos pueden preocupar, interesar o aparecer como más importantes”. Ciertamente, es difícil apreciar el respeto a la Constitución, la transparencia o el debido proceso cuando esto ha subsistido con un modelo económico excluyente, con la necesidad constante de emigrar para solventar las necesidades más básicas y con profundas desigualdades. Precisamente, Bukele se montó sobre el descontento generado por estas faltas para impulsar su victoria presidencial en 2019. Esta popularidad combinada con un manejo propagandístico de la pandemia le sirvió a su partido para obtener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, Sánchez-Ancochea nos advierte que este tipo de líderes tienden a empeorar las condiciones de vida de las personas a través de la profundización de la desigualdad generada por la inestabilidad política y económica que estos gobiernos promueven. Nuevamente, lo anterior parece una adecuada descripción del presidente y su círculo. Afanados con el poder y con su popularidad, han sido incapaces de realizar transformaciones profundas, a pesar de contar con el control total de los distintos órganos del Estado.

En seguridad pública, por ejemplo, su tan publicitado —pero poco transparente— Plan Control Territorial resultó ser un fracaso. De haber funcionado, no es posible explicarse el repunte exorbitante de homicidios y la necesidad de un régimen de excepción en el que las personas, principalmente la de zonas más empobrecidas, son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La represión como única solución al problema de la seguridad pública no es nada novedoso, tampoco el acuerdo con pandillas a espaldas de la población. Desesperado por mantener su popularidad, el presidente ha hecho alarde de la violación a derechos humanos y ha insultado sin titubear a quien lo cuestiona.

En relación con las condiciones económicas, el Gobierno de Bukele no ha realizado una tan sola medida que permita pensar que nos dirigimos a un modelo económico diferente, que no dependa de la expulsión constante de compatriotas. Por el contrario, según datos del Banco Central de Reserva, las remesas pasaron de representar el 21% del PIB previo a la pandemia en 2019 a 26.2% del PIB en el año 2021. Lo anterior muestra una mayor necesidad de este flujo de ingreso y una mayor dependencia del exterior.

La más publicitada propuesta económica ha sido la incorporación del bitcóin como moneda de curso legal. Esta medida ha sido tan inútil como poco transparente. Hasta la fecha, no se sabe el monto exacto al que se adquirió el criptoactivo, ni siquiera si realmente se compró. Lo que inicialmente pareció un intento de desdolarización, liderado por quienes no comparten más que la peculiaridad de ser hermanos del presidente, ahora se ha convertido en un intento desesperado por lograr colocar deuda pública en un mercado que desconfía de la capacidad de pago de un Gobierno que no respeta ni sus propias leyes.

Por su parte, los problemas políticos se han incrementado. Los diputados del oficialismo no se molestan en cuestionar ninguna de las medidas que vienen de la presidencia, los casos de presunta corrupción sin posibilidad de ser investigados abundan, la transparencia le estorba al mandatario, el país se encuentra aislado internacionalmente y el militarismo es prioridad gubernamental.

En suma, la exclusión y el descontento que la acompaña permitieron a Bukele llegar a la presidencia y le han bastado para mantener su popularidad. Lejos de encontrar soluciones a los problemas estructurales, el país se encuentra en una crisis social disfrazada de un combate efectivo a las pandillas, la crisis económica se avecina y los problemas políticos se agravan. El futuro cercano es poco alentador. La esperanza radica en que como población nos cuestionemos seriamente los resultados obtenidos con el Gobierno actual y que comprendamos que la acumulación desmedida de poder y la solución de los problemas estructurales son dos objetivos excluyentes.

* Armando Álvarez, docente del Departamento de Economía.

La violencia continúa siendo en El Salvador un problema grave. Hace pocos años nuestro arzobispo nos ayudó con su carta pastoral, titulada con unas palabras del salmo 55, 9, que decía “veo en la ciudad violencia y discordia”. Hoy estamos viviendo en un régimen de excepción y restricción de derechos ciudadanos motivado por un repentino auge de homicidios. Pero la violencia sigue sintiéndose en muy diferentes niveles de la vida de las personas. La violencia homicida como camino de solución de conflictos y necesidades, la agresión al débil, la pobreza y la desigualdad, el abuso sexual y el machismo, el autoritarismo de personas e instituciones, los discursos de odio, son expresiones de esa realidad violenta en la que nos movemos. Hay mucha gente buena en El Salvador. Pero lamentablemente la violencia se ha afianzado de demasiadas formas en la cultura y en las formas de relacionarse con el prójimo. El cardenal Rosa Chávez decía con acierto en su homilía del 24 de marzo en catedral, que si San Óscar Romero viviera en estos días “alzaría fuerte su palabra para que no permitamos que se aplaste la dignidad del pueblo pobre que sufrió la masacre de El Mozote. El deber de guardar la memoria no es negociable porque sin memoria no hay futuro”. Y es cierto, porque si a alguien protegía y defendía nuestros santo era a quienes no tenían voz para defender sus derechos. Y si algo denunciaba era precisamente el desprecio y la marginación del pobre, de su dignidad y de su memoria. Problema que en buena parte continúa vigente.

La Iglesia, que cuenta con el legado del Evangelio, sabe bien que los medios pacíficos y no violentos son los mejores para construir sociedades fraternas. La violencia construye su poder sobre la fuerza bruta. Solo así consigue lo que ni la palabra, ni la moral, ni el derecho le permitirían conseguir. El espíritu cristiano se opone al mismo tiempo a la violencia como brutalidad impositiva y doblegadora de voluntades, y al conformismo e indiferencia ante las injusticias sociales o históricas. Sabe pedir perdón cuando se equivoca y busca siempre reconstruir la fraternidad desde la no violencia. Ante el Estado, que tiene el monopolio de la violencia defensiva de la sociedad, la Iglesia pide un uso de la misma proporcional, sujeto a leyes, protegiendo además los derechos básicos del agresor al que hay que controlar e incluso en ocasiones privar de algunos de sus derechos, pero sin olvidar que es también persona. El trato violento y cruel que hemos visto recientemente en las redes contra los privados de libertad refuerzan la cultura de la violencia en vez de conquistar la paz. Construir paz social, amistad entre los seres humanos, entendimiento y diálogo, es tarea fundamental no solo de las Iglesias sino también de cada cristiano en la medida de sus posibilidades.

Cuando la tendencia en nuestro país se concentra en responder a la violencia con violencia, sin examinar las causas de la misma, y además respondiendo sin moderación, la Iglesia alza su voz y su palabra. A cada cristiano nos corresponde enfrentar los diversos aspectos de la violencia que con demasiada frecuencia se cruzan en nuestra vidas. Porque el machismo es violencia y se traduce con frecuencia con brutalidad en abuso y violación. Lo mismo que la agresividad sin freno, tan presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, que con frecuencia se refleja en un tráfico con tasas epidémicas de muerte y daño severo. El alcoholismo o la corrupción que con frecuencia se defiende violentamente frente a quienes la descubren o enuncian, son también elementos que fomentan la violencia. Y lo mismo podemos decir de la injusticia estructural reflejada en la desigualdad en campos como el económico, las pensiones, la salud y tantos otros valores y bienes injustamente repartidos. Estamos rodeados de violencia, e incluso las mejoras en aspectos tan graves como el homicidio no han logrado sacar al total de los asesinatos de la categoría de epidemia. La cuaresma es tiempo de conversión. Por eso mismo debemos aprovechar este tiempo para examinar nuestra cultura personal y social, erradicar de nosotros hábitos o costumbres que acepten o fomenten la violencia, y convertirnos en constructores sociales de paz y amistad social. La muerte del Señor crucificado por nuestras actitudes violentas nos anima siempre a resucitar con Él en solidaridad y vida fraterna.

El miedo al enemigo persiste siempre en el poderoso, especialmente cuando sus cuentas no están claras. Y el miedo es mal consejero. Pese a haber arrasado con sus triunfos electorales, el Gobierno tiene miedo de quienes fueron derrotados. Y eso le ha llevado a impulsar acciones de ataque, desprestigio y venganza preventiva contra sus opositores. Ve como rivales políticos en el mediano y largo plazo a los partidos tradicionales, especialmente al FMLN y Arena, que aún conservan parte de su maquinaria electoral. Por eso los fustiga, persigue y acusa llamándoles “los mismos de siempre”, “los del pacto de corruptos” y un largo etc. Pero el mismo miedo que le posee le conduce a identificar toda crítica, por bien intencionada que sea, con los mencionados partidos. No importan ni la honradez, ni el hecho de que anteriormente se hubiera criticado a los partidos tradicionales. El interés de estos políticos con miedo a perder el poder es simplemente destruir la credibilidad de cualquiera que les enfrente, metiendo a todos en el mismo cesto.

Y ahí entran el periodismo crítico, las instituciones y organizaciones con tradición de incidencia social, académicos y religiosos que se atreven a levantar la voz ante los desmanes oficiales. El ámbito de los derechos humanos, según los medios gubernamentales, está plagados de ONG que solo buscan dinero. Incluso instituciones internacionales serias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reciben su ración de insultos cuando señalan abusos gubernamentales. El miedo manda y por eso la mentira crece. Y la mentira requiere que toda la información oficial se oculte del escrutinio público. Es el miedo el que lanza a estos funcionarios a una búsqueda permanente por demostrar que mandan, controlan y castigan, para que nadie se atreva a contradecirles. Por eso hoy exhiben a los privados de libertad semidesnudos y sometidos con violencia, y ordenan rebajarles la cantidad de comida, mantenerlos encerrados sin ver el sol y quitarles las colchonetas en las que duermen. Contagian así su miedo a otros, creando un clima de incertidumbre y temor.

Cuando el poder abusivo tiene miedo, da palos de ciego y ve un posible enemigo en cualquier persona. Al final, tarde o temprano, ese miedo termina dejándolo desnudo moralmente y le lleva a perder todo lo que ambicionaba. Siempre se ha dicho que la violencia engendra violencia. Sin embargo, la violencia de quienes tienen miedo de perder el poder o el prestigio no solo multiplica la violencia, sino que también pulveriza las bases morales de la convivencia e imposibilita apostar por un proyecto de futuro común y fraterno.

Editorial UCA

Poco se sabe de las 87 personas que fueron asesinadas en los tres últimos días de la semana pasada, menos aún de las razones por las que acabaron con su vida y quiénes fueron sus victimarios. Parece que tampoco importa mucho, pues las autoridades no han visto necesario investigar a fondo cada una de esas muertes. La preocupación mayor no es la vida segada de cada una de las personas asesinadas ni el dolor de sus familias; lo que preocupa es lo abultado del número de homicidios. Un número que niega la existencia de una verdadera política de combate al crimen y que pone en evidencia el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública. Con esta ola de asesinatos, ya son tres las ocasiones en los últimos doce meses que se produce un incremento súbito de los homicidios. Además, la cifra promedio de homicidios diarios ha ido aumentando paulatinamente desde el año pasado.

La respuesta ha sido decretar estado de excepción y poner en marcha un gran operativo de las fuerzas de seguridad —probablemente el más grande de la última década— con el fin de capturar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, en cuatro días han capturado a dos mil quinientas personas, en su mayoría jóvenes de barrios pobres y marginales acusados de ser pandilleros. Unos posiblemente sean parte de esos grupos criminales, pero muchos otros el único delito que han cometido es ser pobres y vivir entre pobres.

La acción del Gobierno obedece más a un afán de venganza que de justicia. Esto se manifiesta tanto en las miles de detenciones arbitrarias e indiscriminadas efectuadas con violencia como en los mensajes de las cuentas sociales de las autoridades, incluyendo la del presidente. Solo un afán de venganza explica la imposición de castigos masivos, independientemente de la responsabilidad individual en los homicidios ocurridos el fin de semana. Castigos a los privados de libertad, negándoles el sol y la alimentación; castigos a las familias de los barrios pobres y estigmatizados; castigos a miles de jóvenes por el hecho de ser jóvenes; acusaciones a los defensores de los derechos humanos; permiso a las fuerzas de seguridad para el uso letal de la fuerza.

Estos hechos han causado una enorme preocupación porque no resuelven el problema; son solo una reacción coyuntural. Una vez más se aplican medidas que han mostrado su fracaso a lo largo de los más de 20 años de combate a las pandillas. Medidas que lejos de acabar con este flagelo, lo han fortalecido. Las redadas masivas, el uso indiscriminado de la fuerza, la violación a los derechos humanos, la mezcla de inocentes con culpables, la estigmatización de los barrios pobres y de ciertas comunidades son prácticas a las que también recurrieron los Gobiernos de Arena y del FMLN sin obtener ningún resultado. Causan preocupación porque pagan justos por pecadores, se fomenta el odio entre hermanos y se refuerza la idea, en una sociedad de por sí violenta, que la fuerza es la forma idónea para solucionar los problemas. Tampoco resolverá el problema ninguna de las nuevas leyes ni ninguna de las reformas. Mucho menos la adquisición de más armamento para el Ejército y la Policía.

La criminalidad en El Salvador es un asunto complejo. Su solución pasa por abandonar la cultura de la violencia a todo nivel y ofrecer a los jóvenes horizontes y oportunidades que eleven su autoestima de forma constructiva. Pasa por intervenir en las zonas de exclusión y violencia con trabajadores sociales, psicólogos y educadores que posibiliten la integración familiar y social de sus habitantes. Pasa por acabar con la injusticia social que le niega cualquier oportunidad de desarrollo a una mayoría de la población. Pasa por ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida que respondan a la dignidad de todo ser humano. Esta es la apuesta que debe hacer El Salvador si quiere vivir en paz y libertad.

Dos días sangrientos han bastado para echar por tierra el Plan Control Territorial, una de las joyas de la corona más apreciadas por Bukele. El súbito aumento de los homicidios, 14 el viernes y 62 el sábado, pusieron en evidencia que quien controla el territorio son las pandillas. Dos días antes, para mayor escarnio, la prensa oficialista mostró al ministro de Defensa y al jefe de la Policía inaugurando la cuarta fase de dicho plan. Las pandillas no solo aumentaron los homicidios, sino que, al hacerlo, dejaron a Bukele desconcertado. El régimen de excepción no es la respuesta adecuada. La crisis no ha sido provocada por la asociación y manifestación de personas. Suprimir el derecho de defensa y prolongar la detención administrativa no viene al caso. Interceptar las comunicaciones no añade nada, porque el régimen ya lo hace. Y las redadas y las vejaciones no necesitan de dicho régimen. La medida pretende más bien mostrar a un mandatario decidido y duro.

La provocación ocurre, justamente, cuando este recibe como jefes de Estado a fanáticos de las criptomonedas, o “inversionistas”, según el oficialismo. Mientras Bukele los halaga con viajes en helicóptero, cenas de gala, visitas turísticas y regalos costosos —todo a cuenta del contribuyente— para que adquieran los Bonos Volcán, las pandillas asesinan indiscriminadamente y abandonan, desafiantes, los cadáveres en la vía pública, testigos mudos de su poder de fuego, de su brutalidad y de su impunidad. El fantasioso mundo de Casa Presidencial es completamente distinto al de la calle. El elevado gasto militar, policial y tecnológico ha resultado de poca utilidad para proteger a la población. La enajenación presidencial de la realidad nacional es total.

Sorprendido por las pandillas, a Bukele no se le ha ocurrido nada mejor que imponer el régimen de excepción. La decisión, según su propia confesión, la tomaron mientras “tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás”, es decir, es una decisión a ciegas. La suspensión de garantías constitucionales no neutralizará a los pandilleros. De hecho, el estado de excepción no impidió siete homicidios más. La redada de miles de personas, por tener, según la Policía, “algún tipo de vinculación” con los homicidios, satisface a las mentes autoritarias y represivas, pero evade la raíz del conflicto. La Fiscalía difícilmente podrá probar ante un juez imparcial esa vinculación. Tampoco le interesa, dado que el fiscal está en plan de “cacería”. En cualquier caso, si la afirmación policial es verdadera, por qué no las capturaron antes y así habrían evitado los homicidios.

La reacción del régimen revela la naturaleza de la crisis de seguridad. Los pandilleros han gozado de libertad hasta ahora, gracias a un entendimiento con Bukele que luego, por una razón ahora desconocida, se rompió. Mientras aquellos reducían los homicidios, el presidente se congratulaba del éxito de su Plan Control Territorial. El aumento repentino de los asesinatos lo ha dejado en el aire. Desorientado, furioso e impotente, Bukele ha lanzado una serie de órdenes incoherentes. A los pandilleros, que “paren de matar ya o [los detenidos] la van a pagar también”, ya les “decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol”. A los jefes policiales y militares, “dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y […] defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, es decir, que disparen a matar sin temor, ya que gozan de impunidad. De esa manera se cumple la amenaza del carcelero mayor, quien advirtió a los pandilleros que “ya no van a alcanzar a llegar a un penal”. A los jueces que “favorezcan a los delincuentes”, es decir, que cumplan la ley, no los perderá de vista, porque la justicia del régimen es vejatoria y vengativa.

Las pandillas asesinaron más de lo permisible para presionar a Bukele. Tal vez, como insinúa un diputado, por razones económicas. Bukele, por su lado, les ha respondido con la persecución de los pandilleros en libertad y empeorando aún más las ya malas condiciones de los penales. De esa manera, tal vez sin pensarlo, ha legitimado a las pandillas como su contraparte. En medio deja a la población, víctima de los desvaríos de ambos. Bukele no busca acabar con las pandillas como aparenta, sino que vuelvan a la mesa de negociación. El planteamiento es incomprensible, porque su posición para negociar es débil. Las pandillas controlan el territorio y él debe ceder a sus demandas para salvar su gestión y su cara. Dicho de otra manera, Bukele es rehén de las pandillas.

La única manera de escapar de esa trampa, en la cual él mismo se metió, es reconocer que la negociación con las pandillas fue un grave error y lanzar un plan integral de seguridad ciudadana. En la práctica, ambas cosas son impensables. El narcisismo es una barrera infranqueable. La presidencia de Bukele depende de las pandillas.

Por Rodolfo Cardenal, S.J., director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador ha vuelto a ser noticia mundial por la violencia; esta vez, por un dantesco repunte de homicidios. El régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa por orden del presidente de la República, fue la respuesta oficial al hecho, y es lo que ha acaparado los reflectores desde entonces. Los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y el 27 de marzo le infligen al país otra herida en su endeble tejido social y tienen como antecedentes los repuntes de mayo y noviembre del año pasado. Al igual que hoy, en esas ocasiones los homicidios cesaron de golpe, volviendo al nivel habitual luego de un par de días. Es evidente que ninguna alza de homicidios de esta envergadura puede ser espontánea. La difícil pregunta a responder es, entonces, cuál fue la causa. Hay varias versiones.

Según la oficial, las pandillas decidieron asesinar a mansalva debido a la efectividad de las medidas de seguridad pública implementadas por el Gobierno. Otras fuentes señalan la posibilidad de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno haya sufrido un impase. La desavenencia se debería al incumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno a cambio de bajar los homicidios. También se afirma que los homicidios habrían ocurrido para forzar al Ejecutivo a no retroceder en su decisión de no extraditar a los líderes de las pandillas. La ola de asesinatos tendría, entonces, el objetivo de presionar a Bukele para que cumpla compromisos previos y/o ciertas demandas. En ese sentido, la respuesta del Gobierno estaría enfocada a medir fuerzas con los grupos criminales organizados.

El tiempo e investigaciones independientes aclararán cuál es la causa real. Pero cualquiera que esta sea, hay cosas que no han cambiado ni, al parecer, cambiarán. En primer lugar, las pandillas detentan un poder inmenso. Son ellas las que controlan el territorio y tienen la llave para violentar el país o pacificarlo. Frente a ese poder, el Plan Control Territorial es papel mojado, si es que en realidad existe. Por otra parte, quien pone la mayoría de muertos es el pueblo pobre, tanto del lado de las víctimas como de los victimarios. Es la gente de a pie la que paga las mayores consecuencias de las malas decisiones o actuaciones de los gobernantes.

Es claro que el presidente y los funcionarios ya desistieron de tener en cuenta la opinión internacional sobre el rumbo del país. En este sentido, la actuación gubernamental está dirigida a recuperar el respaldo perdido al interior de El Salvador. El descrédito que han acumulado en el mundo diplomático se ha visto acrecentado por acciones inadmisibles en un contexto medianamente democrático. Las expresiones que avivan el odio y llaman a la violencia son vistas con estupefacción fuera de nuestras fronteras, pero aplaudidas por un buen grupo de salvadoreños. Sin embargo, la apuesta por la represión, aunque popular, es vieja y ha fracasado siempre. La represión por sí sola nunca acabará con el problema de la violencia; más bien la profundiza.

Luego de un descenso sostenido del número de homicidios en los últimos años, El Salvador sufre desde hace unos días una epidemia de asesinatos. Lo sucedido entre el viernes y el sábado recién pasados es muestra clara de que el control territorial continúa en manos de la delincuencia organizada. Al reflexionar sobre la deficiencias estatales en materia de seguridad pública, lo primero que se observa es que la PNC mantiene un planteamiento de control de la delincuencia más basado en la represión que en la investigación, la inteligencia y la anticipación a la acción delictiva. De hecho, según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, el abuso de la fuerza por parte de la Policía aumentó en 2021 con respecto al año anterior. Por mucho que los enfrentamientos armados inicien por la acción de los delincuentes, que haya más muertos que heridos en el bando de estos apunta claramente a un abuso de la fuerza letal. Esto lleva a que este tipo de abusos se conviertan en la práctica en ejecuciones extrajudiciales. Además, las fosas clandestinas y el involucramiento en ellas de personas cercanas a la Policía e incluso de miembros de la corporación confirman la existencia de una grave problemática.

Responder a una ola de asesinatos con un estado de excepción muestra, en definitiva, que la tendencia al abuso de la fuerza se ha naturalizado en la mayoría de las esferas gubernamentales. Por otra parte, la ola de asesinatos evidencia lo que viene diciendo el Observatorio Universitario de Derechos Humanos desde hace tiempo: la cultura de la violencia, lejos de reducirse, se consolida día a día. Frente a esta situación es necesario buscar caminos de solución que no repitan la respuesta violenta, sino que se enfoquen tanto en enfrentar las causas estructurales y culturales de la violencia como en mejorar sustancialmente la investigación policial y depurar de malos agentes a la PNC. En esta línea, es imprescindible retirar a los jefes policiales incapaces de aplicar las formas de investigación adecuadas para la situación del país. Es significativo que las primeras promociones de la PNC continúen al mando; es decir, desde hace más de 20 años. Las mismas personas, intercambiándose unas con otras, han dirigido la política criminal y la investigación del crimen.

Seleccionar nuevos mandos pertenecientes a las generaciones más jóvenes de la Policía, emprender una reforma que fortalezca el área de investigación, mejorar los mecanismos de control interno para evitar la corrupción y la violencia arbitraria de algunos agentes, y profundizar la coordinación con la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto serán medidas mucho más eficaces en el mediano plazo que decretar estado de excepción, imponer castigos en los penales o cualquier otra medidas coercitiva que se pueda implementar. Hay suficientes datos para pensar que las negociaciones con los delincuentes han sido las que consiguen la reducción de homicidios. Pero negociar con el delito solamente refuerza el poder del mismo. Cambiar esa política es del todo necesario.

Hace 42 años monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo, mártir y santo, fue asesinado por los escuadrones de la muerte para acallar su voz, para que no siguiera denunciando los abusos y atropellos que se cometían contra su pueblo, para evitar que dijera lo que en verdad estaba pasando en el país. San Romero podría haberse callado, tuvo buenas ofertas para hacerlo, recibió importantes presiones de adentro y de fuera de la Iglesia para que dejará de señalar los pecados estructurales de la sociedad salvadoreña. Monseñor habría sido otro si en lugar de hablar de la verdad, hubiera enfocado su mensaje en un espiritualismo desencarnado, como hacía la mayoría de los obispos de ese entonces. Pero él no pudo traicionar los valores del Evangelio, no pudo dejar de defender a los pobres, a los agentes de pastoral y a todas aquellas personas que eran oprimidas, violentadas, perseguidas, desaparecidas y asesinadas. No pudo dejar de decir que esas injusticias no eran fruto de la voluntad divina. Defender la vida y denunciar el mal que la amenazaba y destruía, condenar la injusticia desde el púlpito de la catedral, sus cartas pastorales y la radio YSAX, era su obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. Eso le costó la vida y lo llevó a la santidad, y lo convirtió en un icono universal de la verdad y de los derechos humanos.

Hace algo más de 32 años, Lucía Cerna puso en jaque a la Fuerza Armada al dar testimonio de lo que había visto en el campus de la UCA en la madrugada del 16 de noviembre. El testimonio de Lucía despejó las dudas acerca de los autores de la masacre. Lucía vio a los militares uniformados que irrumpieron en la Universidad y cometieron el atroz crimen. Ella tuvo el valor de hablar y sacar a luz la verdad sobre los asesinatos. Hubiera sido mucho más sencillo para ella y su familia permanecer en silencio. Su testimonio la llevó al exilio y le causó graves perjuicios. Fue secuestrada en Miami e interrogada por el FBI y por militares salvadoreños durante una semana completa, mediante amenazas y presiones de todo tipo lograron quebrarla física y psicológicamente, hasta que finalmente les dijo lo que querían escuchar. Pero ya no importaba, la verdad de Lucía había dado la vuelta al mundo. Gracias a su entereza y valentía para relatar lo que había visto y oído, hoy es sabido que miembros del Ejército decidieron, planificaron y asesinaron a los seis jesuitas de la UCA, a Julia Elba y a su hija Celina.

San Romero y Lucía son ejemplos de fuerza y del enorme valor de la verdad, así como del alto costo que puede llegar a tener el compromiso con ella. Ninguno de los dos se planteó la posibilidad de mentir; la verdad había que decirla costara lo que costara. Y por eso son reconocidos. El 24 de marzo, día del martirio de Romero, ha sido declarado Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. La historia de Lucía y de su testimonio será hoy más conocida en el mundo gracias a la película de Imanol Uribe, Llegaron de noche, una obra que busca, según su director, darle a la verdad el valor que tiene “en estos tiempos en que [...] importa poco”. Si la verdad importa poco en general, en El Salvador menos aun. La mentira es política de Estado. Como en el pasado, se ofende y desacredita a quienes hablan con la verdad y la defienden. Se miente sin empacho con el fin de mantener a la gente en engaño, justificar los abusos del poder, esconder la corrupción y amedrentar a los “enemigos internos”. Sin embargo, como nos enseñan Lucía y monseñor Romero, los embustes tienen vida corta y el destino de sus autores no es otro que la ignominia. Tarde o temprano, la verdad desnuda sus intrigas e inhumanidad.